AC4393-2021 (2021-01749-00)<\/p>\n
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AC4393-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01749-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tausa (Cundinamarca) y Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer Despacho, Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. demand\u00f3 a Douglas Christopher Ceballos Michot en procura de que se imponga una servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente sobre el predio denominado \u00abPers\u00e9polis\u00bb, fijando la competencia por la ubicaci\u00f3n del bien, con apoyo en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 86 al 90, archivo 2 pdf. <\/p>\n
2.- Una vez subsanado el libelo, el estrado lo admiti\u00f3 mediante prove\u00eddo de noviembre 8 de 2018 en el que orden\u00f3 notificar y correr traslado a los llamados. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo diligencia de inspecci\u00f3n judicial, que adelant\u00f3 el 3 de abril de 2019. <\/p>\n
El 25 de febrero de 2020, invocando lo dicho por la Corte en AC140-2020, resolvi\u00f3 desprenderse del asunto y orden\u00f3 remitirlo a sus hom\u00f3logos de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3.- Asignado al Juzgado Sexto Civil Municipal de esta capital, mediante auto de 11 de septiembre de 2020 lo rechaz\u00f3 en raz\u00f3n a la cuant\u00eda y lo envi\u00f3 a los juzgados de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple del mismo lugar. <\/p>\n
4.- El Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, argumentando que por el factor territorial el caso corresponde a quien inicialmente recibi\u00f3, am\u00e9n de que ya ven\u00eda tramit\u00e1ndolo. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el conflicto de competencia surgi\u00f3 entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre servidumbre, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de\u2026servidumbre\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ibidem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en un lugar distinto a su vecindad. Adem\u00e1s, la entrega anticipada que por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) de art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb, y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad es preciso hacer referencia al criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se observa que el juzgado de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que no tuvo en cuenta la doctrina que consolid\u00f3 la Sala en el prove\u00eddo AC140-2020 que, aplicada a este evento, respalda la postura del estrado de Tausa. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, aunque la controversia se inici\u00f3 y tramit\u00f3 ante esa autoridad, en todo caso el fuero previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso ata\u00f1e a un \u00abfactor subjetivo\u00bb con prelaci\u00f3n (art. 29 ibidem.), que impide la prorrogabilidad de la competencia (art. 16 ib.) y descarta la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetutatio jurisdictionis, muy a pesar del criterio que esgrimi\u00f3 el \u00faltimo receptor. <\/p>\n
Es pertinente recordar que, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u00ab[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u00bb, dentro de las que se encuentra la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., en la medida que es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, acorde con la Ley 142 de 1994, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la que el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 tiene el 99,995568% de las acciones que la integran1, lo que indica que se trata de una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
En consecuencia, resulta evidente que la aqu\u00ed demandante es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, el que resulta, entonces, aplicable, y al ser la capital del pa\u00eds su domicilio, es ese el lugar donde debe ser adelantado este ritual, dado que la competencia del juzgado de Tausa, no se prorrog\u00f3 como qued\u00f3 explicado. <\/p>\n
La presente determinaci\u00f3n guarda armon\u00eda con lo resuelto AC3055-2021 y AC1060-2021, en donde se desataron asuntos similares, en los que la demandante era la misma compa\u00f1\u00eda de gas. <\/p>\n
4. En suma, se resolver\u00e1 la disputa en el sentido de asignar el asunto al juez que gener\u00f3 el conflicto, a quien se le remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para que la asuma, y se comunicar\u00e1 lo definido al otro estrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C. es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n