AC4410-2021 (2021-03335-00)<\/p>\n
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AC4410-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03335-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la citada acci\u00f3n constitucional, el promotor manifest\u00f3 que la entidad financiera quebranta prerrogativas e intereses de car\u00e1cter colectivo, toda vez que \u201cno cuenta en sus inmuebles donde presta el servicio al p\u00fablico a nivel pa\u00eds, con ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u201d. Aunque inicialmente se\u00f1al\u00f3 que el \u201cagravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d, precis\u00f3 despu\u00e9s que este acontece en la \u201cCALLE 33 C # 88 a 01\/MEDELL\u00cdN\u201d, y que el domicilio de la contraparte es la Virginia, Risaralda, lugar donde radic\u00f3 la demanda1. <\/p>\n
2. El Despacho Promiscuo del Circuito de la preanotada localidad, luego de admitir el libelo2, lo rechaz\u00f3 nulitando lo actuado, y remiti\u00e9ndola por competencia a sus hom\u00f3logos de Medell\u00edn, mediante auto de 21 de abril de 2021, aduciendo en lo esencial, que \u201cno es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d3. <\/p>\n
3. Frente a la antedicha determinaci\u00f3n, el actor interpuso el recurso de reposici\u00f3n fundado en que el juzgado estaba \u201cdesconociendo la jurisdicci\u00f3n perpetua y olvidando que no es parte procesal4\u201d; sin embargo, result\u00f3 infructuoso, pues la misma fue mantenida en prove\u00eddo del 21 de mayo de esta anualidad5. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, una vez recibidas las diligencias, el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn se abstuvo igualmente de asumir conocimiento y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve6, tras considerar, en lo fundamental, que \u201c\u2026se considera que el competente para conocer esta acci\u00f3n popular es el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda, porque avoc\u00f3 el conocimiento. Luego, deb\u00eda seguir conociendo el proceso, por lo menos hasta que fuese alegada la falta de competencia por el convocado, en atenci\u00f3n al deber legal de impulsarla oficiosamente, y en aplicaci\u00f3n del conocido principio de la perpetuatio iurisdictionis\u201d. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7. <\/p>\n
No obstante, cuando el funcionario pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que se traduce en que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, impidi\u00e9ndole al juzgador desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 ib\u00eddem. <\/p>\n
4. Revisado el panorama expuesto en l\u00edneas anteriores, la Corte observa en el sub-lite, en primer lugar, que el precursor radic\u00f3 la acci\u00f3n p\u00fablica en la Virginia, y se\u00f1al\u00f3 ese municipio como domicilio del extremo pasivo, mientras que endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas colectivas a la sede bancaria de la sociedad accionada ubicada en la \u201cCALLE 33 C # 88 a 01\/MEDELL\u00cdN\u201d; y, en segundo t\u00e9rmino, que, pese a ese confuso contexto, el juzgador de la localidad ubicada en Risaralda, admiti\u00f3 el libelo, y en efecto asumi\u00f3 la atribuci\u00f3n mediante auto de 15 de marzo hoga\u00f1o, aduciendo que cumpl\u00eda los requisitos previstos para ello en el canon 18 de la Ley 472 de 1998, calificaci\u00f3n que le impide ahora repelerla motu proprio, en tanto que no fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otra forma, lo visto significa que aun cuando la dupla de posibilidades ante los que la ley le permite acudir al gestor no concurren en el operador judicial de la Virginia, \u00e9ste valor\u00f3 positivamente la demanda, sin que la sociedad enjuiciada elevara cr\u00edtica alguna, por lo que esa determinaci\u00f3n emerge inmutable, tal y como lo ha destacado la Sala en lo relativo a la inmodificabilidad de la competencia, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u2018cuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u2019 de suerte que \u2018si por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u2019\u201d8. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose provisto la admisi\u00f3n de la demanda y dispuesto la notificaci\u00f3n de los interesados en el pleito, no cab\u00eda desprenderse de su conocimiento, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d9. <\/p>\n
5. Como corolario, surtida la admisi\u00f3n de la aludida controversia constitucional, lo atinado era que su impulso oficioso lo continuara el estrado Promiscuo del Circuito de La Virginia, dado que la falta de competencia ni siquiera fue discutida por la compa\u00f1\u00eda convocada, pues se itera, la aceptaci\u00f3n inaugural de la atribuci\u00f3n vincul\u00f3 esa Funcionaria con el proceso, de ah\u00ed que repudiarlo, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitir\u00e1 el expediente a fin de que prosiga el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, y de ello se pondr\u00e1 al tanto a la otra autoridad judicial concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina, para que adem\u00e1s se defina lo concerniente al desistimiento de la acci\u00f3n y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
1\u0002 Anexo. 001. Acci\u00f3n popular escrito. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Auto 15 de marzo de 2021. Anexo 02. AUTO ADMISORIO A.P..2021-00676 <\/p>\n
3\u0002 ANEXO. 004. AUTO DECLARA NULIDAD Y RECHAZA POR COMPETENCIA RAD 00520 Y OTRAS AP DE MEDELL\u00cdN. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Cdno. 006. SOLICITUD DE REPOSICI\u00d3N. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Anexos 1 a 4 c. proceso ordinario petici\u00f3n de herencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 013.202100184. propone Conflicto. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
9\u0002CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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