AC4445-2021 (2021-02716-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4445-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02716-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Palermo Property Management B.V., respecto de la sentencia del \u00ab29 de octubre de 2012\u00bb proferida por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao, mediante la cual se emiti\u00f3 una condena en contra de Stive Jean-Paul Dan. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 3 de agosto de 2021, por intermedio de apoderado judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento del fallo del \u00ab29 de octubre de 2012\u00bb emanado del Tribunal de Primera Instancia de Curazao, por el cual se conden\u00f3 a Stive Jean-Paul Dan a pagar unas condenas en favor de Palermo Property Management B.V. <\/p>\n
2. Adjunto con el libelo genitor se anex\u00f3, por v\u00eda digital, el siguiente documento: \u00ab01. Exequ\u00e1tur -Palermo Property Managment B.V. VS. Stive Jean Paul Dan\u00bb, contentivo de m\u00faltiples anexos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
En Colombia, los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requisitos que deben satisfacerse, algunos de los cuales se transcriben a continuaci\u00f3n, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio: <\/p>\n
Art\u00edculo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos:\u2026 <\/p>\n
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada. <\/p>\n
Art\u00edculo 607. Tr\u00e1mite del exequatur\u2026 <\/p>\n
Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9n en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u2026 <\/p>\n
2. La Corte rechazar\u00e1 la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 al 4 del art\u00edculo precedente\u2026 (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
No se trata de exigencias vacuas, sino de condiciones que buscan salvaguardar que la sentencia, cuyo reconocimiento se persigue, tenga car\u00e1cter definitivo y satisfaga los atributos para ser considerada como un documento merecedor de valor probatorio. <\/p>\n
2. Antic\u00edpese que la solicitud deber\u00e1 rechazarse por no satisfacer los requerimientos antes transcritos, huelga decirlo: i) no se aport\u00f3 constancia de que la sentencia for\u00e1nea se encuentre debidamente ejecutoriada, y ii) la traducci\u00f3n aportada de la misma no re\u00fane los requisitos legales para otorgarle efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
2.1. Total, la falta de demostraci\u00f3n del car\u00e1cter conclusivo de la providencia a homologar cierra de plano su eventual homologaci\u00f3n, de all\u00ed que se imponga el rechazo del pedimento judicial, como sucede en el sub examine. <\/p>\n
2.1.1. Para explicar conviene se\u00f1alar que, junto a la demanda, se arrim\u00f3 la decisi\u00f3n del 29 de octubre de 2012 emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao, fruto de la acci\u00f3n civil identificada con el n.\u00b0 \u00abA.R. 55793\/2012\u00bb. <\/p>\n
Este documento est\u00e1 suscrito por \u00abE.A. Saleh\u00bb, en calidad de \u00abSecretario Judicial\u00bb del Tribunal de Primera Instancia de Curazao, quien da cuenta de que el veredicto aportado corresponde a una copia del original que reposa en la sede judicial. <\/p>\n
2.1.2. En estos documentos no se da cuenta de que el veredicto extranjero se encuentre ejecutoriado, en concreto, falt\u00f3 especificar si frente al mismo eran procedentes recursos y \u00e9stos se agotaron, o si se trata de un prove\u00eddo no susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuestos, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ, AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2.1.3. En consecuencia, la ausencia de perspicuidad sobre la firmeza del veredicto cuyo reconocimiento se pretende impide abrirle paso al tr\u00e1mite judicial, raz\u00f3n para proceder a su rechazo en aplicaci\u00f3n del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed ha actuado la Corte en casos similares al presente: <\/p>\n
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3\u2026 la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u2026 Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del tr\u00e1mite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ AC1956, 7 abr. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00644-00. En el mismo sentido AC-237, 25 ene. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00067-00, AC, 20 feb. 2015, rad. n.\u00b0 2015-00254-00). <\/p>\n
2.1.4. Es cierto que en el documento arrimado la autoridad secretarial manifest\u00f3 que se trata de \u201cprimera copia ejecutoria\u00bb; sin embargo, esta manifestaci\u00f3n, sin ninguna otra dilucidaci\u00f3n, resulta insuficiente para establecer si la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao era susceptible de ser recurrida, o si se emiti\u00f3 alg\u00fan pronunciamiento por otra autoridad que pudiera afectar su contenido. <\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto en el mismo cuerpo del veredicto se declar\u00f3 que se trata de una \u00abdecisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n provisional\u00bb (folio 174 y folio 181 del archivo digital 01. Exequ\u00e1tur -Palermo Property Managment B.V. VS. Stive Jean Paul Dan), de lo cual era dable inferir que se requer\u00edan determinaciones posteriores para lograr el alcance definitivo. <\/p>\n
No en vano la jurisprudencia ha decantado que el rechazo del exequatur es procedente cuando \u00abla reproducci\u00f3n… de la providencia objeto de… tr\u00e1mite… no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC4360, 8 oct. 2019, rad. n.\u00b0 2019-03175-00). <\/p>\n
2.2. Se suma a lo anterior que la copia de la sentencia arrimada no fue legalizada en debida forma. <\/p>\n
2.2.1. El inciso segundo del precepto 251 del actual estatuto procesal es claro en se\u00f1alar que, \u00ab[l]os documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Sobre este mandato, de cara al tr\u00e1mite de exequatur, se ha precisado que \u00abla sentencia extranjera debe presentarse en copia debidamente legalizada, para lo cual deber\u00e1 satisfacerse el tr\u00e1mite fijado por las autoridades diplom\u00e1ticas, con el fin que certifiquen la calidad del funcionario que suscribe el documento p\u00fablico, lo cual deber\u00e1 hacerse a trav\u00e9s de la autenticaci\u00f3n realizada ante el consulado o con la apostilla, seg\u00fan el caso\u00bb. (AC7244-2016 del 26 de octubre de 2016, rad. n.\u00b0 2016 <\/p>\n
02791-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Regla que encuentra su soporte en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Convenci\u00f3n sobre la Abolici\u00f3n del requisito de Legalizaci\u00f3n para Documentos P\u00fablicos Extranjeros, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 2. Cada Estado Contratante eximir\u00e1 de legalizaci\u00f3n los documentos a los que se aplica la presente Convenci\u00f3n y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente Convenci\u00f3n, la legalizaci\u00f3n significa \u00fanicamente el tr\u00e1mite mediante el cual los agentes diplom\u00e1ticos o consulares del pa\u00eds en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma al documento y, cuando proceda, la indicaci\u00f3n del sello o estampilla que llevare. <\/p>\n
2.2.2. En el caso se advierte que, frente al veredicto emanado del Tribunal de Primera Instancia de Curazao, falt\u00f3 su apostilla, con el fin de que la autoridad competente certificara la autenticidad de la firma de E.A. Saleh, a qu\u00e9 t\u00edtulo actu\u00f3 y la indicaci\u00f3n del sello o estampilla que llevare, con el fin de legalizarla y otorgarle efectos jur\u00eddicos como documento p\u00fablico. <\/p>\n
Si bien a folio 170 se trae una apostilla relativa a Myron Ferdinand Hu-A-Ng, esta s\u00f3lo da fe de que el mencionado funcionario ha visto una reproducci\u00f3n del veredicto emitido el 29 de octubre de 2012, con radicaci\u00f3n n.\u00b0 \u00abA.R. 55793\/2012\u00bb, pero no se constat\u00f3 nada, it\u00e9rese, respecto de las calidades de \u00abE.A. Saleh\u00bb, en calidad de \u00abSecretario Judicial\u00bb del Tribunal de Primera Instancia de Curazao. <\/p>\n
2.3. Finalmente, como la sentencia a reconocer se emiti\u00f3 en una lengua diferente al castellano, para su aportaci\u00f3n era indispensable que se acompa\u00f1ara la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerla por no allegada. <\/p>\n
2.3.1. El art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga, por traslucir la ausencia del documento a reconocer, conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[S]e observa que la interesada no aport\u00f3 la sentencia for\u00e1nea materia de homologaci\u00f3n con la traducci\u00f3n id\u00f3nea, esto es, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 251 ibidem, la efectuada por \u2018el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u2019 [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducci\u00f3n realizada por\u2026, respecto de esta no se demostr\u00f3 su condici\u00f3n de \u2018int\u00e9rprete oficial\u2019. <\/p>\n
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el Despacho resuelve\u2026 rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n\u00b0 2016-00111-00) (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.\u00ba 2018-00897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.\u00ba 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.\u00ba 2018-02230-00). <\/p>\n
2.3.2. En el sub examine, la convocante aport\u00f3 la sentencia proferida en el Tribunal de Primera Instancia de Curazao, sin una traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un int\u00e9rprete oficial o traductor judicialmente designado. <\/p>\n
La ausencia de una traducci\u00f3n ajustada a la ley, como se dijo, impide tenerla por aportada y otorgarle m\u00e9rito demostrativo. <\/p>\n
Es cierto que con el escrito inaugural se arrim\u00f3 una traducci\u00f3n, pero su revisi\u00f3n desvela que la misma se realiz\u00f3 por una traductora extranjera -\u00abMariselle R.E. Berm\u00fadez\u00bb-, sin que se acreditara su habilitaci\u00f3n para actuar como tal en Colombia. <\/p>\n
2.3.3. Adem\u00e1s, la traducci\u00f3n realizada por \u00abJos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn\u00bb tampoco suple la deficiencia que se ech\u00f3 de menos, por cuanto la persona que fungi\u00f3 como traductora no comprob\u00f3 su habilitaci\u00f3n para actuar en tal calidad en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
2.4. Las falencias mencionadas en precedencia llevan a repeler de plano el tr\u00e1mite, en aplicaci\u00f3n del numeral 2 del art\u00edculo 607 de la codificaci\u00f3n adjetiva en vigor. <\/p>\n
3.1. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, lo que fuerza a recordar al interesado lo dispuesto en los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, seg\u00fan los cuales no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la demostraci\u00f3n de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, es presupuesto inexcusable del exequatur y su acreditaci\u00f3n radica en cabeza del interesado1, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
A pesar de que la solicitante hace referencia en los fundamentos de derecho y en los anexos (folios 166 al 169, 210 al 225 archivo digital 01. Exequ\u00e1tur -Palermo Property Managment B.V. VS. Stive Jean Paul Dan) a lo que a su parecer es la prueba de la reciprocidad legislativa, lo cierto es que resulta pertinente recordar que para acreditar la normatividad extranjera escrita y no escrita, el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso consagra diversos instrumentos de persuasi\u00f3n a trav\u00e9s de los cuales es dable cumplir tal carga procesal, as\u00ed: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
3.2. Se suma que otro de los requisitos para otorgar la homologaci\u00f3n del prove\u00eddo extranjero es el establecido por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 \u00eddem, esto es, que \u00abno se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
3.2.1. En nuestro pa\u00eds se tiene dicho que hace parte del orden p\u00fablico procesal la adecuada notificaci\u00f3n de las partes en el proceso, en desarrollo de la garant\u00eda del debido proceso. <\/p>\n
Ha indicado la Corte, citando la jurisprudencia constitucional: <\/p>\n
En el escenario jur\u00eddico colombiano las posibilidades de defensa que se deben ofrecer en cualquier procedimiento se han desarrollado a partir de la tem\u00e1tica de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y sobre el particular la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado, que \u201c(\u2026) entre las garant\u00edas m\u00ednimas objeto de protecci\u00f3n, el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra, entre otras, (i) el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de un derecho o a la imposici\u00f3n de una obligaci\u00f3n o sanci\u00f3n; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra\u201d\u2026 (CSJ, SC, 7 dic. 2011, rad. n.\u00b0 2008-01760-00). <\/p>\n
Ahora, en el cuerpo de la sentencia emanada del Juzgado de Primera Instancia de Curazao se da cuenta que la misma fue dictada en rebeld\u00eda, en tanto \u00ab[E]l demandado no compareci\u00f3 a pesar de haber sido debidamente convocado\u00bb. Este \u00faltimo aspecto, por desvelar una situaci\u00f3n que puede contrariar las normas de orden p\u00fablico nacional, requiere ser comprobada, condici\u00f3n sine qua non para conceder el exequatur. <\/p>\n
Dicho presupuesto se pudo haber corroborado, por ejemplo, al arribar la \u00abnotificaci\u00f3n del agente judicial del 7 de mayo de 2012 en que se puso embargo cautelar en las acciones nominativas del demandado en la sociedad de responsabilidad limitada M.D.E. DEVELOPMENT CORPORATION B.V.\u00bb o la \u00abnotificaci\u00f3n del agente judicial del 8 de mayo de 2012 en que se comunic\u00f3 el mencionado embargo al demandado\u00bb, ya que la decisi\u00f3n for\u00e1nea pone de presente el supuesto env\u00edo de dichas comunicaciones a Stive Jean-Paul Dan. <\/p>\n
3.3. Agr\u00e9guese que algunos de los anexos de la demanda no cumplen con el requisito de la traducci\u00f3n al castellano seg\u00fan las exigencias adjetivas vigentes, como sucedi\u00f3 con la sentencia objeto de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, sobre los m\u00faltiples interpretes que han intervenido: i) no se alleg\u00f3 el certificado de idoneidad 507 de 2018 expedido por la Universidad Nacional de Colombia, que acredita como traductor oficial a Santiago Quiroz Pardo, ii) no se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n 3275 de 1994 del Ministerio de Justicia donde se acredita como interprete oficial a Jos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn, y iii) no se da cuenta que Mariselle R.E. Berm\u00fadez y Elvira Villegas Selma hayan sido reconocidas como traductora oficial o que cumpla los requisitos de capacitaci\u00f3n se\u00f1alados en las normas patrias para fungir en tal calidad. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, la demanda desconoce los numerales 4 y 10 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 84 de igual codificaci\u00f3n, por cuanto: <\/p>\n
a) El escrito de demanda carece de un ac\u00e1pite de pretensiones, por lo que se torna necesario la delimitaci\u00f3n clara y precisa de lo que quiere el actor con la solicitud de exequatur; <\/p>\n
b) No se identifica en el ac\u00e1pite de notificaciones, para el demandado, la ciudad a la que corresponde la direcci\u00f3n de residencia anotada; y <\/p>\n
c) Al no poder otorg\u00e1rsele un valor probatorio al Certificado de registro mercantil de la sociedad Palermo Property Managment B.V., por las razones explicadas frente a la traducci\u00f3n (folios 119 y 120 archivo digital 01. Exequ\u00e1tur -Palermo Property Managment B.V. VS. Stive Jean Paul Dan) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso no es dable tener por acreditada la presentaci\u00f3n legal de la mencionada compa\u00f1\u00eda en cabeza de \u00abKevin C. Jonckheer\u00bb. <\/p>\n
Estas insuficiencias conducir\u00edan a la inadmisi\u00f3n del libelo introductorio, en desarrollo del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 90 ibidem, sino fuera por el rechazo que debe decretarse como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, no se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a Juan Sebasti\u00e1n Guti\u00e9rrez Miranda en el sub lite. A pesar de que se verific\u00f3 la calidad de este como abogado en ejercicio seg\u00fan el registro nacional de abogados2, lo cierto es que la imposibilidad de otorgar valor jur\u00eddico al documento que acredita a \u00abKevin C. Jonckheer\u00bb como representante legal de la demandante, no procede reconocer efectos al acto de procuraci\u00f3n efectuado en nombre de la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Palermo Property Managment B.V. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, devolviendo los anexos sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC1801-2020, 10 ago, 2020 rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n