AC4455-2021 (2020-03252-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC-4455-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn y el despacho Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo singular incoado por Central de Inversiones S.A. \u00abCISA\u00bb contra Laura Fernanda Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez y Luz Elena S\u00e1nchez Menzel. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada ante el \u00abJUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (REPARTO)\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abQue se libre mandamiento de pago en contra de LOS DEMANDADOS a favor de CENTRAL DE INVERSIONES S.A con base en t\u00edtulo valor PAGAR\u00c9 No. 17080-09012380152 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($12.438.199)\u00bb. As\u00ed mismo, exigi\u00f3 el pago de \u00ablos intereses causados o que se llegaren a causar hasta el pago total de lo adeudado por los demandados en favor de la sociedad que ostenta el endoso en propiedad\u00bb1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00ab[\u2026] por el factor objetivo, estimo el total de las pretensiones al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda a 40 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, m\u00ednima cuant\u00eda y (\u2026) por raz\u00f3n de la TERRITORIALIDAD, seg\u00fan el Art. 28 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 3(\u2026)\u00bb2. Manifiesta que esta Corporaci\u00f3n en providencia anterior de fecha 29 de noviembre de 2019, bajo el radicado 11001-02-03-000-2019-03888-00 \u00ab[\u2026] ratific\u00f3 que le asiste el derecho a mi defendida CISA S.A para presentar demanda ante los juzgados civiles municipales de Medell\u00edn\u00bb <\/p>\n
2. El proceso correspondi\u00f3 al despacho Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 24 de enero de 2020, decidi\u00f3 rechazarlo de plano por falta de competencia, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 28 numeral 10\u00ba en concordancia con el 29 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00abEntonces, la consideraci\u00f3n aqu\u00ed puesta de presente, se insiste, la naturaleza jur\u00eddica de la entidad demandante, s\u00f3lo permite concluir que estamos en presencia del presupuesto normativo consignado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por consiguiente, es competente privativamente seg\u00fan la norma procesal, el Juez del domicilio de dicha entidad, que conforma al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal anexado al copiado es la Ciudad de Bogot\u00e1 D.C., de ah\u00ed que el juez competente para dilucidar lo pretendido sea el Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue asignado al Juzgado Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Bogot\u00e1. Autoridad que en resoluci\u00f3n de 22 de julio de 2020, declar\u00f3 su falta de competencia para conocer de la demanda ejecutiva y suscit\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto \u00ab(\u2026) siendo en este orden de ideas, prevalente el fuero territorial en donde CISA S.A. tiene tambi\u00e9n una de sus sucursales, es a la circunscripci\u00f3n territorial de esa sucursal espec\u00edficamente a la cual se vincula el asunto por el lugar de pago del cartulario base de ejecuci\u00f3n, de suerte que prevaleciendo bajo este entendimiento de cosas lo dispuesto por el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., no es competente este Despacho para asumir el conocimiento del asunto y fulge para esta judicatura claro el yerro del Juzgado 24 Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn al remitir las presentes diligencias a este Distrito Capital\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar que, como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Medell\u00edn y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00b0) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Empero, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, que involucren un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, conforme al numeral tercero (3\u00ba) del precepto en comento, es tambi\u00e9n competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. Es decir, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Por tanto, para la determinaci\u00f3n de la competencia en demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado, se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
Para ello la Sala determin\u00f3 que \u00abel demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstase, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, citado en AC065, 25 ene. 2021, rad. 2021-03424-00). <\/p>\n
3. Sin embargo, existen factores prevalentes sobre los anteriores generales, en tanto en procesos que se inicien \u00aben contra de una persona jur\u00eddica\u00bb, seg\u00fan el numeral 5\u00ba de la misma norma, es competente el operador judicial del \u00abdomicilio principal [de esta]. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que, para conocer de los asuntos contra personas jur\u00eddicas, el primer juez llamado a conocer del litigio es el del domicilio principal de esta, salvo que est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n (AC8666-2017, 15dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00b0 dispone que: \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Desde esa \u00f3ptica, y en aras de desatar el presente asunto, es del caso analizar lo siguiente: <\/p>\n
4.1. En primer orden, se advierte que Central de Inversiones S.A. \u00abCISA\u00bb pretende el pago de un cr\u00e9dito contenido en t\u00edtulo valor otorgado a la orden del Instituto Colombiano de Cr\u00e9dito Educativo y Estudios T\u00e9cnicos en el Exterior \u2013 ICETEX, entidad que con posterioridad se lo endos\u00f3 \u00aben propiedad y sin responsabilidad\u00bb, constando en el mismo que la obligaci\u00f3n deb\u00eda cumplirse en sus \u00abOficinas de Medell\u00edn\u00bb4 <\/p>\n
4.2. En segundo lugar, la naturaleza jur\u00eddica de la entidad demandante de conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 4819 de 2007, corresponde a la de \u00abuna sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de naturaleza \u00fanica, sujeta en la celebraci\u00f3n de todos sus actos y contratos, al r\u00e9gimen de derecho privado\u00bb, la cual es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, como lo establece el inciso 1\u00b0 del precepto 68 de la ley 489 de 1998. <\/p>\n
\u00abEl ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada\u201d (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
4.4. Desde esta perspectiva, en principio tendr\u00eda raz\u00f3n el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn para rehusar la competencia del asunto, en tanto el domicilio principal de la sociedad ejecutante es la ciudad de Bogot\u00e1, seg\u00fan su certificado de existencia y representaci\u00f3n. <\/p>\n
4.5. Sin embargo, como ya lo ha reiterado5 esta Corporaci\u00f3n en otras oportunidades para resolver aspectos con supuestos de hecho similares: <\/p>\n
\u00abnada obsta para aplicar anal\u00f3gicamente el numeral 5\u00b0 del precepto citado, cuando una persona jur\u00eddica de naturaleza estatal interviene en el juicio como demandante, en la medida en que esto desarrolla la prevalencia del fuero territorial de tales empresas p\u00fablicas o de aquellas que rigi\u00e9ndose por el derecho privado conservan su car\u00e1cter de descentralizadas por servicios del orden nacional\u00bb (AC1320-2020, 6 de Julio). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00absi se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que, para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb (AC489, 19 feb. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00319-00). <\/p>\n
5. En consecuencia, el caso de autos debe ser conocido por el despacho judicial de la sucursal o agencia de Central de Inversiones S.A. de la ciudad de Medell\u00edn, en aplicaci\u00f3n de la parte final del numeral 5\u00b0 en concordancia con el 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Esto, en atenci\u00f3n a que en los procesos contra una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a estas, como ocurre en el presente caso. En efecto, en el pagar\u00e9 base de ejecuci\u00f3n se consagr\u00f3 que en la sucursal de dicha localidad se pagar\u00eda la obligaci\u00f3n representada en tal t\u00edtulo valor, pact\u00f3 que revela c\u00f3mo la deuda cuestionada est\u00e1 vinculada a dicha sucursal. <\/p>\n
6. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn, a quien le corresponde el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Bogot\u00e1, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-17 del Cuaderno 1.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 20 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 7 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 AC1741-2020; AC1432-2020; AC564-2020, entre otros. <\/p>\n
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AC4455-2021 (2020-03252-00) AC-4455-2021 Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn y el despacho Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento del proceso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57060","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}