AC4478-2021 (2021-03221-00)<\/p>\n
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AC4478-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03221-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Cuarto Civil Municipal de Tunja, pertenecientes a los distritos judiciales de las respectivas ciudades, para conocer de la demanda ejecutiva con garant\u00eda real del FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA) frente a JOS\u00c9 JAIRO BETANCOURT RODR\u00cdGUEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En ejercicio de la hipoteca constituida a su favor mediante la escritura p\u00fablica No. 2336 del 18 de noviembre de 2016, otorgada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Tunja, respecto de un inmueble de propiedad del accionado, ubicado en dicha ciudad, la accionante solicit\u00f3 librar orden de apremio para que con el producto de la venta en p\u00fablica subasta del predio se le pague el capital y los intereses adeudados, que se relacionan en el pagar\u00e9 No. 4234912 y en el aludido instrumento. <\/p>\n
En la demanda se atribuy\u00f3 la competencia a los juzgadores de Bogot\u00e1, \u201cen virtud del art. 28 #10 del C.G.P., por ser el FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1\u201d1. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de la ciudad de destino rechaz\u00f3 el libelo, con sustento en que la entidad demandante cumple con las condiciones previstas en el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y que, por consiguiente, \u201c(\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de que el domicilio de quien pretende demandar sea la ciudad de Bogot\u00e1, lo cierto es, que it\u00e9rese se pretende la ejecuci\u00f3n de acciones de derecho real, pues se trata de perseguir el inmueble hipotecado y el cual se encuentra ubicado en el municipio de Tunja \u2013 Boyac\u00e1, luego, siendo as\u00ed las cosas su conocimiento radica en cabeza exclusiva de los Jueces Civiles Municipales de dicho municipio\u201d2. <\/p>\n
3. La convocante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n para que se revocara la providencia, sin embargo, el juzgado lo neg\u00f3 de plano mediante auto del 22 de junio de 2021. <\/p>\n
4. Recibidas las diligencias por el juez Cuarto Civil Municipal de Tunja, rehus\u00f3 tambi\u00e9n la competencia y plante\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, con sustento, b\u00e1sicamente, en que \u201cresulta di\u00e1fano que, el canon del art\u00edculo 29 del estatuto procesal civil, soluciona el anterior conflicto, pues este da prevalencia a la competencia en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes (\u2026) al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado y tener su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., cimienta la competencia y dicho territorio\u201d3. <\/p>\n
5. Propuesta as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva con garant\u00eda real, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten qu\u00e9 foro aplicar, si la regla general contenida en el numeral s\u00e9ptimo o el foro privativo de que trata el numeral d\u00e9cimo, todos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. <\/p>\n
A su vez, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. (Negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Sobre la expresi\u00f3n \u201cmodo privativo\u201d, la Corte dijo: <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha se\u00f1alado que \u201c[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l\u201d. (\u2026)4. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior, que cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, y es que, en este sentido, el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada en la p\u00e1gina web de la entidad, se advierte que la convocante es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero de Orden Nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica5. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as empresas industriales y comerciales del Estado\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable, en consecuencia, al predicarse respecto del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ese fuero privativo y prevalente establecido en consideraci\u00f3n a su calidad, la demanda ser\u00e1 competencia del juzgado de su domicilio principal <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la competencia legalmente est\u00e1 atribuida al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Municipal de Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n al citado fuero privativo del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Se informar\u00e1 de esta decisi\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, corresponde conocer de la acci\u00f3n promovida por el Fondo Nacional del Ahorro frente a Jos\u00e9 Jairo Betancourt Rodr\u00edguez. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 6, anexo 001. Demanda. Exp. virtual <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 2, anexo 003. Auto rechaza por competencia ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 a 3 Anexo 001. Auto no avoca propone conflicto de competencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC de 2 de oct. 2013, Rad. 2013-02014-00, memorado en AC1401-2018. <\/p>\n
5\u0002 Folios 10 a 12 c. 1. Ib\u00eddem. <\/p>\n
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