AC4494-2021 (2021-01746-00) <\/p>\n
AC4494-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-01746-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Sucre – Santander y el despacho S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito interpuesta por Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. – TGI S.A. ESP- contra Elvira Olarte de Pe\u00f1a y Segundo Pe\u00f1a Vargas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Promiscuo Municipal de Sucre, Santander – Reparto\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abque se imponga como cuerpo cierto servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente con fines de utilidad p\u00fablica, a favor de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA S.A. ESP (\u2026), sobre el predio rural denominado como \u201cBUENAVISTA\u201d, ubicado en la vereda CUCHINA, jurisdicci\u00f3n del municipio de SUCRE, departamento de SANTANDER (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abpor la competencia territorial de la ubicaci\u00f3n del bien inmueble en que se ejercita el derecho real de servidumbre (\u2026)\u00bb. (fls. 3-8 del PDF \u00ab01EscritoDeDemanda\u00bb). <\/p>\n
2. El escrito inicial correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Sucre \u2013 Santander, el que admiti\u00f3 la demanda el 12 de febrero del 2019 (fl. 84 del PDF \u00ab01EscritoDeDemanda\u00bb). Por virtud de ello, el 15 de febrero siguiente se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial en el predio sirviente (fl. 88 del PDF ibidem). En auto posterior, se orden\u00f3 vincular a la Agencia Nacional de Tierras \u00aben su calidad de administradora de las tierras bald\u00edas\u00bb (fl. 131 del PDF ibidem). <\/p>\n
3. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 26 de octubre de 2020, se declar\u00f3 incompetente para conocer de la acci\u00f3n y remiti\u00f3 las diligencias a los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1 – reparto. Al respecto, fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00ab en atenci\u00f3n a lo antes mencionado (Auto AC140-2020) el juzgado declararse competente para seguir conociendo este asunto, por el factor subjetivo, en raz\u00f3n a la calidad de las partes, teniendo en cuenta que la parte demandante es una Empresa Prestadora de Servicio P\u00fablico, regida por la ley 142 de 1994, seg\u00fan los hechos de la demanda, la cual tiene como domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., por tal raz\u00f3n es aplicable el art\u00edculo 28 numeral 10\u00ba del C.G.P., en concordancia con el art\u00edculo 29 y ib\u00eddem (Prelaci\u00f3n de la competencia, el cual se\u00f1ala: es prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026\u201d\u00bb (fl. 168 ibidem). <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue asignado al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1. No obstante, mediante resoluci\u00f3n del 02 de febrero de 2021, opt\u00f3 por de este asunto y, entonces, promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el conocimiento del caso debi\u00f3 seguir siendo conocido por el Juzgado Dos Promiscuo de Sucre Santander, toda vez que, la demanda fue admitida por ese despacho el 12 de febrero de 2019; de all\u00ed que una vez aprehendida la competencia, es solamente la parte pasiva la que tiene la potestad para rebatirla a trav\u00e9s de las herramientas que ha dispuesto el legislador para ello; caso contrario sin lugar a dudas, el conocimiento queda en la sede judicial que admiti\u00f3 la demanda y quien deber\u00e1 tramitarla hasta el final y por ende para el caso en concreto no se puede dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 28 ibidem, como lo hizo el citado estrado judicial, pues la entidad demandante renunci\u00f3 a ese beneficio\u00bb (fls. 1-2 del PDF \u00ab04AutoDeclaraIncompetencia\u00bb). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Bogot\u00e1 y San Gil, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2012-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. n\u00b0 2012-00974, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto dispuso que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera que, en principio, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica una encrucijada que debe ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Pues bien, preliminarmente, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en fijar la competencia de este tipo de procesos en el juez del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo esa l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa. Es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se estim\u00f3 que si bien el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP. Esto ya que este \u00faltimo canon regula lo atinente a la prevalencia del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en prove\u00eddo AC140-20201, en el cual, esta Corte decidi\u00f3 unificar jurisprudencia respecto al tema de marras. As\u00ed, en un caso de contornos similares, la Corporaci\u00f3n se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, en l\u00ednea de principio. Sin embargo, en el evento en que una de las partes sea entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real ) y 10\u00b0 (subjetivo ) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?2 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
6. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito sobre un inmueble situado en la vereda Cuchina, en el municipio de Sucre -Santander- que promovi\u00f3 la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP contra Elvira Olarte de Pe\u00f1a y Segundo Pe\u00f1a Vargas. <\/p>\n
6.1. Sobre la naturaleza de la demandante se advierte que esta es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones. Tal informaci\u00f3n aparece en el art\u00edculo 1\u00b0 de sus estatutos sociales, frente a cuya naturaleza jur\u00eddica se precisa que: \u00abLa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como una sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La Sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, y ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil\u00bb3. <\/p>\n
6.2. Aunado a lo anterior, el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e14, tiene el 99.995568% de acciones5, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como juez natural al de su domicilio principal. <\/p>\n
Referente a la naturaleza jur\u00eddica de la convocante como par\u00e1metro determinante de la competencia, esta Corte en un asunto de similares caracter\u00edsticas indic\u00f3 que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por: Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se encuentran ubicados los bienes\u00bb (CSJ AC103-2021, 25 ene., rad. 2020-03030-00, citado en AC3693-2021, 25 ago., rad. 2021-02991-00). <\/p>\n
7. En cuanto a la perpetuatio jurisdictionis, se destaca que no es procedente su aplicaci\u00f3n en el caso en concreto. En efecto, por tratarse de una competencia determinada por el factor subjetivo representa una excepci\u00f3n al principio de prorrogabilidad de la competencia, de tal forma que no aplica el principio de la jurisdicci\u00f3n perpetua. <\/p>\n
En tal sentido, el auto AC140-2020 se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEs decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
8. Por lo explicado en precedencia, procede remitir la presente demanda al S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Segundo Promiscuo de Sucre – Santander, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
2\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n