AC4509-2021 (2021-02194-00)<\/p>\n
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AC4509-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02194-00 <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda- y el despacho Primero Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, atinente al conocimiento de la acci\u00f3n popular instaurada por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Banco Davivienda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En defensa del bien colectivo, el demandante interpuso acci\u00f3n popular en contra de la aludida entidad, argumentando que \u00abno Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con interprete (sic) profesional ni con un gu\u00eda interprete (sic) profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, tras pregonar que \u00abla vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb, precis\u00f3 que \u00abel sitio del domicilio y de la vulneraci\u00f3n, los aporto en la parte final de mi acci\u00f3n Constitucional\u00bb, a saber, \u00abSitio de vulneraci\u00f3n: CIENAGA MAGDALENA\/CARRERA 11 N\u00b0 8 – 25\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que las \u00abnotificaciones\u00bb del \u00abaccionado\u00bb se han de efectuar en la \u00abCalle 7 Nro 7 16 la Virginia Rda\u00bb. <\/p>\n
A partir de la anterior denuncia, el gestor solicit\u00f3 a la judicatura ordenar a la sociedad accionada que \u00abcontrate de planta un profesional interprete (sic) y un profesional gu\u00eda interprete (sic) de planta en el inmueble de la entidad accionada a fin de cumplir ley 982 de 2005, art 8 en un t\u00e9rmino NO MAYOR A 30 DIAS o contrate con entidad id\u00f3nea CERTIFICADA por el ministerio de educaci\u00f3n nacional la IDONEIDAD de la entidad con que se Certifique la idoneidad de la entidad contratada. A fin q (sic) no se contraten con personal NO IDONEO (sic)\u00bb; adicionalmente, que \u00abse verifique la existencia de se\u00f1ales visuales, sonoras y auditivas para este tipo de poblacional\u00bb; entre otras (PDF \u00ab01. ACCION POPULAR\u00bb). Al asunto se le asign\u00f3 el n\u00famero de radicado 2020-00427-00. <\/p>\n
2. El escrito inicial fue asignado al despacho Promiscuo del Circuito de la Virginia, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 14 de enero de 2021, admiti\u00f3 la demanda (PDF \u00ab02. 2020-00427 ADMITE AP cienaga\u00bb). Posteriormente, por auto de 16 de abril del 2021, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y rechaz\u00f3 la acci\u00f3n por falta de competencia. En consecuencia, orden\u00f3 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Ci\u00e9naga – Magdalena (reparto), en tanto consider\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con lo anterior, observa el Despacho que en un principio no debi\u00f3 ser admitida la presente acci\u00f3n popular por carecer de competencia para conocer sobre la misma, dada cuenta que la parte accionada es el Banco Davivienda de la CARRERA 11 N\u00ba 8 – 25 en CIENAGA MAGDALENA. (\u2026) <\/p>\n
No es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados. (\u2026) <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, aunque el actor popular decidi\u00f3 presentar su demanda ante el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, tal proceder no se ajusta a las opciones que le otorga el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del domicilio principal de la demandada, por cuanto pese a que en este municipio existe una sucursal de la entidad financiera accionada, ese motivo no es suficiente para que se radique el conocimiento sobre el asunto en esta localidad, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares. <\/p>\n
Se desprende entonces de lo analizado que, este Despacho no es el competente para conocer de la acci\u00f3n popular impetrada por SEBASTI\u00c1N COLORADO; en consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular, y en su lugar se rechazar\u00e1 la demanda y se ordenar\u00e1 su env\u00edo a los Juzgados Civiles del Circuito de CIENAGA MAGDALENA, a fin de que sea tramitada all\u00ed, por tratarse de la municipalidad en la que se encuentra ubicada la Sede de la entidad bancaria en la que se presente la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda\u00bb (PDF \u00ab04. 2020-00427 DECLARA NULIDAD, RECHAZA POR COMPETENCIA\u00bb) <\/p>\n
4. Por auto de 29 de abril de 2021, la autoridad judicial de la Virginia desat\u00f3 el recurso horizontal propuesto, resolviendo \u00abNO REPONER los autos de 16 de abril de 2021, proferidos dentro de las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 64003189001-2020 (\u2026) 00427\u00bb (PDF \u00ab08. Resuelve recurso AP 2020-00403 a 2020-00492\u00bb). <\/p>\n
5. Cumplidos los tr\u00e1mites, el expediente fue entregado al despacho Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga. Sin embargo, en resoluci\u00f3n de 15 de junio del 2021, opt\u00f3 por abstenerse de avocar conocimiento del presente asunto. En consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello, expres\u00f3 que <\/p>\n
\u00abHaciendo un examen del expediente se advierte que la demanda fue avocada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, ADMITI\u00c9NDOLA5 el 14 de enero de 2021, a pesar de que en el ac\u00e1pite de Notificaciones se se\u00f1alaba como lugar de vulneraci\u00f3n carrera 11 N\u00b0 8 \u2013 25 de Ci\u00e9naga. <\/p>\n
Posteriormente, mediante auto del 16 de abril de abril del a\u00f1o en curso, Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia \u2013 Risaralda declar\u00f3 la nulidad por falta de competencia territorial, y aunque se impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n por el accionado SEBASTI\u00c1N COLORADO, fue resuelto el 19 de abril de forma desfavorable, disponiendo la remisi\u00f3n a esta Agencia Judicial. <\/p>\n
Con fundamento en lo motivado, puede afirmarse sin mayores ambages que la pretendida falta de competencia declarada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u2013 Risaralda, dentro del proceso de marras, no se configur\u00f3 por su \u201cSANEAMIENTO\u201d al PRORROGARSE por mandato legal, y por tal, este Despacho Judicial NO AVOCAR\u00c1 el conocimiento de la acci\u00f3n popular, provocando el CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, remitiendo el expediente a la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para que desate la controversia suscitada, como superior funcional com\u00fan de ambos Juzgados, al ser circunscripciones judiciales diferentes\u00bb (PDF \u00ab14 AUTO NO AVOCA CONOCIMIENTO Y CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ACCI\u00d3N POPULAR – RAD. 2021- 00052\u00bb). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Pereira y Santa Marta, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico establece factores de competencia para definir a qu\u00e9 funcionario judicial le corresponde el conocimiento de determinado asunto. Tales criterios, incluso, pueden ser concurrentes. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de acciones populares, el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (se subraya). <\/p>\n
La Corte en un pronunciamiento que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que: <\/p>\n
[L]a rese\u00f1ada norma consagra un evento de \u201cconcurrencia de fueros\u201d, que en el \u00e1mbito del \u201cfactor Territorial\u201d posibilitan al \u201cactor popular\u201d la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n ha explicado en reiteradas oportunidades, se\u00f1alando que \u201cel gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno s\u00f3lo de los fueros o de varios de ellos, (\u2026), evento ante el cual, iterase, le corresponder\u00e1, a su arbitrio, determinar por cu\u00e1l de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos t\u00e9rminos deja definida la competencia, la que, por excepci\u00f3n, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos id\u00f3neos refuta la atribuci\u00f3n efectuada por el demandante (CSJ AC013-2016, 12 ene. 2015, rad. 2015-03159). <\/p>\n
El anterior lineamiento atribuye al actor popular la facultad de definir ante que autoridad jurisdiccional ventila el asunto, teniendo como derroteros el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado -a prevenci\u00f3n del gestor-. Una vez materializada dicha escogencia, resulta vinculante para el funcionario ante el cual se efect\u00faa. <\/p>\n
4. En el asunto objeto de estudio, la Sala advierte que, de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, el lugar consignado como de ocurrencia de los hechos fue la ciudad de Ci\u00e9naga, ubicando el sitio de la vulneraci\u00f3n en la Carrera 11 No. 8-25 de dicha municipalidad. No obstante, el actor radic\u00f3 la demanda en La Virginia (Risaralda), ciudad en la que asever\u00f3 que el Banco Davivienda ten\u00eda su domicilio -\u00abCalle 7 No. 7-16 la Virginia Rda\u00bb-. <\/p>\n
Fue por tal raz\u00f3n que la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, mediante auto de fecha 14 de enero de 2021, dio por acreditado los requisitos del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y avoc\u00f3 conocimiento de la demanda, present\u00e1ndose as\u00ed, la prorrogabilidad de la competencia. <\/p>\n
En el punto, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026Al juzgador, \u2018en l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u2018en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (\u2026) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla\u2026\u00bb (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). <\/p>\n
5. Bajo dicha hermen\u00e9utica y revisadas las actuaciones jurisdiccionales, se evidencia que el funcionario judicial avoc\u00f3 el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n asumiendo de esta manera su competencia. Por tanto, no pod\u00eda a su arbitrio separarse del conocimiento del asunto, a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, circunstancia que no acaeci\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala indic\u00f3 que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d1. <\/p>\n
Asimismo, en un caso de an\u00e1logo temperamento destac\u00f3 <\/p>\n
6. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Despacho Promiscuo del Circuito de La Virginia -Risaralda- para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para conocer de la acci\u00f3n popular de la referencia, quien deber\u00e1 continuar con su tr\u00e1mite. Rem\u00edtase el expediente. <\/p>\n
SEGUNDO. Comunicar lo decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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