AC4532-2021 (2021-03489-00) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4532-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-03489-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Cundinamarca y Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante la primera autoridad mencionada, el Fondo Nacional del Ahorro present\u00f3 demanda para que se declarara terminado el contrato de arrendamiento financiero suscrito el 11 de abril de 2018 con Marcel Alejandra Rodr\u00edguez Cruz y Samuel Leonardo Laverde Correa, por el incumplimiento de los c\u00e1nones de arrendamiento en que incurrieron desde el 5 de octubre de 2020 y, como consecuencia de ello, se ordenara la restituci\u00f3n del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 176-124610. <\/p>\n
2. En el libelo, el fondo gestor indic\u00f3 que la competencia del asunto deb\u00eda determinarse \u201cpor el lugar de domicilio de la parte demandada\u201d (archivo 06, expediente digital). <\/p>\n
3. La oficina judicial receptora, mediate auto de 24 de junio de 2021, se declar\u00f3 incompetente para conocer del asunto y dispuso su remisi\u00f3n a su hom\u00f3logo de la capital de la Rep\u00fablica, en virtud del fuero privativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 de C\u00f3digo General del Proceso, (archivo 09, expediente digital). <\/p>\n
4. Al recibir las diligencias, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite con sustento en el contenido del numeral 7\u00ba del mismo canon, por lo que suscit\u00f3 conflicto negativo de competencia (archivo 15, ib.). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso las autoridades involucradas en el conflicto invocaron dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los cuales se predica exclusividad: el real y el personal, a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en las controversias en las que \u201cse ejerciten derechos reales,\u2026,restituci\u00f3n de tenencia,\u2026\u201d el juez competente es el \u201cdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario competente es el \u201cdel domicilio\u201d de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
2.2. La presencia de estos dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio involucrado y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019 y AC1020-2019, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u201c{e}s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019 y AC3108-2019, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020 resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador, soport\u00e1ndose \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental, no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras como, aqu\u00ed sucede, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se localiza el bien sobre el cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas. <\/p>\n
4. Aplicadas las anteriores premisas a la colisi\u00f3n bajo examen, aunque el bien ra\u00edz objeto del contrato de leasing habitacional suscrito entre las partes se halla situado en Cajic\u00e1, Cundinamarca, el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete, en principio, al sentenciador de la circunscripci\u00f3n territorial a que pertenece. <\/p>\n
Lo anterior, porque quien acude a la jurisdicci\u00f3n es el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u201cuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u201d3, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogot\u00e1 (folio 1, archivo 4, expediente digital), lo que de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 del estatuto de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural al del domicilio de dicho ente. <\/p>\n
5. Bajo ese entendido, dado que el numeral 10 del citado precepto 28 de la codificaci\u00f3n instrumental asigna la competencia al fallador del \u201cdomicilio de la respectiva entidad\u201d, no cabe duda de que, en principio, el asunto deber\u00e1 ser tramitado por el juez de la capital de la rep\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, como quiera que el fondo promotor de la acci\u00f3n cuenta con una sede en Zipaquir\u00e1, lugar que, sin duda, guarda relaci\u00f3n directa con el asunto por ser el m\u00e1s pr\u00f3ximo a la ubicaci\u00f3n del predio (Cajic\u00e1) y, haber sido habilitado por las partes para el cumplimiento de las obligaciones (numeral 6\u00ba contrato, ac\u00e1pite \u201cCONDICIONES FINANCIERAS Y DESTINACI\u00cdN DEL CONTRATO\u201d), resulta pertinente su asignaci\u00f3n al juzgado de esa municipalidad, al que le fue repartido desde el comienzo, por elecci\u00f3n de la misma entidad demandante, decisi\u00f3n que no comporta desconocimiento de la regla contenida en el numeral 10 que viene de analizarse (CSJ AC3788-2019, 11 sep., rad. 2019-02833-00 reiterada en CSJ AC2649-2021, 30 jun., rad. 2021-01924.00). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 es el competente para conocer la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la promotora del proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Ley 432 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4532-2021 (2021-03489-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4532-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-03489-00 Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Cundinamarca y Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1. I. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}