AC4540-2021 (2021-03254-00)<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACIO\u0301N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abARTI\u0301CULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizara\u0301 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AC4540-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (Santander) y Segundo Promiscuo de Familia de Palmira (Valle del Cauca), para conocer de la demanda de custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas promovida por Pedro1 contra Magdalena2, en relaci\u00f3n con su hijo menor de edad Manuel3. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda de custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, en contra de la progenitora de su hijo menor. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00abel domicilio del menor\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho admiti\u00f3 la demanda, notific\u00f3 a la demandada, enter\u00f3 al Defensor de Familia y al Ministerio P\u00fablico, inici\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso y, posteriormente, rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que el progenitor manifest\u00f3 en tal diligencia que fue trasladado por asuntos laborales desde el 28 de diciembre de 2020 al municipio de Palmira y que, por ende, es este el domicilio actual del menor de edad, por lo cual, remiti\u00f3 el libelo introductorio a su hom\u00f3logo de dicha urbe. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que de manera excepcional por el inter\u00e9s superior del infante no se vulnera el principio de la perpetuatio jurisdictionis sino que se da prevalencia a los derechos del ni\u00f1o, toda vez que ninguno de los padres ostenta su domicilio en Barrancabermeja, puesto que la madre est\u00e1 radicada en C\u00f3rdoba y el padre en Valle del Cauca. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, habida cuenta que la demandada no aleg\u00f3 la falta de competencia y una vez asumida est\u00e1 no puede modificarse motu proprio por el operador judicial en raz\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis; adem\u00e1s, las diferentes etapas procesales se pod\u00edan tramitar a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos, espec\u00edficamente por la plataforma Microsoft teams, con acceso a las partes del litigio desde cualquier lugar que tengan conexi\u00f3n de internet. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla especial de competencia que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb, (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En ese orden, reluce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos de custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas en los que se encuentre vinculado un menor de edad, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9stos, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. <\/p>\n
3. El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluido su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587 de 1998, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que se encuentren implicados en un proceso de custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, lo cual es igualmente aplicable cuando esa actuaci\u00f3n es remitida a la autoridad jurisdiccional en concordancia con lo previsto en el inciso 2\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las normas procesales deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales, de manera que para la asignaci\u00f3n de la competencia en el caso en concreto debe tenerse en cuenta el inter\u00e9s superior del menor, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
\u2026cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, rad. 2018-00141-01). (Resaltado ajeno al texto. AC897-2019, 14 mar., rad. n.\u00ba 2019-00465-00). <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales, direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente.\u00bb <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores, adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el menor de edad demandado se traslad\u00f3 con su progenitor al municipio de Palmira (Valle del Cauca), donde actualmente tiene su domicilio, seg\u00fan mencion\u00f3 el padre en la audiencia del canon 392 del C.G.P. de fecha 21 de julio de 2021 ante el estrado judicial de Barrancabermeja, tal como se evidencia en los audios de dicha diligencia allegados a este expediente, raz\u00f3n suficiente para dar aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00ba del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De all\u00ed que en casos de car\u00e1cter excepcional en los cuales se encuentre involucrado un menor de edad, habida cuenta de la prevalencia de sus derechos e inter\u00e9s superior, por su relevancia constitucional, debe admitirse posible la alteraci\u00f3n de la competencia inicialmente establecida. <\/p>\n
5. De otro lado, es inadmisible el argumento del mismo servidor judicial al pretender apartarse del conocimiento del asunto, en raz\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis, pues, ins\u00edstase, el domicilio del sujeto de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, a\u00fan cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00ab[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u00bb. <\/p>\n
Es decir, que el principio invocado por el juzgado de Palmira no opera cuando de por medio est\u00e1n los factores subjetivo y funcional, muestra de lo cual es el sub lite, pues la alusi\u00f3n a la menor de edad prevista en el canon 28, numeral 2\u00b0, inciso 2\u00b0 de la obra en cita, traduce la aplicaci\u00f3n de un factor subjetivo de competencia en favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
Por esto se ha indicado que \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n del principio [de la perpetuatio jurisdictionis], sin embargo, no puede ser p\u00e9treo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en circunstancias verdaderamente excepcionales. Trat\u00e1ndose de menores involucrados, en los casos en que el inter\u00e9s superior de \u00e9stos se vea seriamente comprometido, verbi gratia, cuando el cambio de domicilio resulta forzado, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte (\u2026)\u00bb, (AC2123, 29 abr. 2014, rad. 2014-00723-00). <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de est\u00e1 determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira (Valle del Cauca), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
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