AC4550-2021 (2018-00234-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC4550-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15759-31-03-003-2011-00131-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la parte accionante para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 6 de noviembre de 2020, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso de pertenencia de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta y Helena de la Cruz G\u00f3mez Acosta contra Aura Marina G\u00f3mez de Due\u00f1as, Mar\u00eda del Carmen G\u00f3mez de Acevedo, Felipe y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez Herrera como herederos de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, as\u00ed como respecto de los dem\u00e1s sucesores desconocidos y personas indeterminadas. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes pidieron declarar que adquirieron, por prescripci\u00f3n extraordiaria, el predio \u00abLa Calera\u00bb de la vereda Tebgua, hoy Bellavista de Mongu\u00ed, Boyac\u00e1 y, en consecuencia, oficiar a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Sogamoso, para lo pertinente. <\/p>\n
Expusieron que ese bien fue adquirido por su padre Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn, en com\u00fan y proindiviso mediante la escritura n\u00ba 1467 de 23 de octubre de 1985 y desde entonces lo posey\u00f3 en forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e interrumpida, adem\u00e1s, compr\u00f3 los derechos a los comuneros Leopoldo Orozco y Ana Sof\u00eda G\u00f3mez a trav\u00e9s de la escritura n\u00ba 343 de 27 de marzo de 1962 de la Notar\u00eda Primera de Sogamoso. <\/p>\n
El 20 de diciembre de 1968 adquir\u00f3 el derecho de cuota de Mar\u00eda Leonor Due\u00f1as; el 28 de diciembre de 1968 el de Gonzalo Due\u00f1as Barrera; el 13 de diciembre de 1969 el de Gabriel Due\u00f1as; el 23 de marzo de 1973 el de Mar\u00eda Audolina Due\u00f1as de C\u00e1rdenas y el 8 de febrero de 1976 el de Antonio Monta\u00f1ez, estos dos \u00faltimos comprados por Eulalia Acosta de G\u00f3mez, esposa de Rafael G\u00f3mez Holguin, vendedores que eran hijos de Isabel Barrera Due\u00f1as, heredera de los comuneros Ramos Vergara y Eusebio Barrera y mediante compra verbal su padre obtuvo los derechos de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez, seg\u00fan recibo de 6 de noviembre de 1962. <\/p>\n
Desde la muerte de Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn, ocurrida el 6 de octubre de 1973, han ejercido posesion quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida sobre el inmueble, pues les fue adjudicado en la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9l, seg\u00fan consta en la escritura n\u00ba 985 de 4 de junio de 1983 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Sogamoso (fls. 1 a 10, c.1). <\/p>\n
2.- El curador ad litem que representa a los sucesores indeterminados de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Guar\u00edn y la colectividad, dijo aceptar lo probado (fls. 67 a 69, c.1). <\/p>\n
2.1.- Mar\u00eda del Carmen G\u00f3mez de Acevedo, Felipe y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez Herrera, herederos de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, alegaron \u00ab[e]l no cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la legislaci\u00f3n civil colombiana para tener derecho a la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de domino\u00bb y \u00ab[l]a falta de identificaci\u00f3n plena del inmueble objeto de la pertenencia\u00bb (fls. 70 a 75, c.1). <\/p>\n
2.2.- \u00c1ngela Patricia, Miguel Antonio y Harol Enrique Bol\u00edvar G\u00f3mez propusieron \u00ab[i]nexistencia de actos de posesi\u00f3n en cabeza de los demandantes\u00bb e \u00ab[i]nexistencia de los presupuestos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos para demandar mediante la acci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb (fls. 123 a 127, c.1). <\/p>\n
2.3.- Aura Mar\u00eda G\u00f3mez de Due\u00f1as guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso dict\u00f3 sentencia el 25 de septiembre de 2019, en la que neg\u00f3 las pretensiones tras advertir que no hay certeza del inicio de la posesi\u00f3n de los pretensores y los conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
4.- El superior, al resolver la alzada de los recurrentes, confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n con los siguientes razonamientos: <\/p>\n
La prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva busca convertir al poseedor de un bien en due\u00f1o si demuestra mediante actos positivos, como aquellos a los que solo da derecho el dominio, que lo ha detentado de forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, durante el tiempo que prev\u00e9 la ley, siempre que pueda ganarse por esa v\u00eda, adem\u00e1s, no requiere justo t\u00edtulo y su buena fe se presume. <\/p>\n
La escritura n\u00ba 1467 de 23 de octubre de 1958 prueba que Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn adquiri\u00f3 el predio La Calera en sociedad con su hermano Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, Ang\u00e9lica Herrera de G\u00f3mez, Leopoldo Orozco y Sof\u00eda G\u00f3mez de Orozco y luego le compr\u00f3 a los dos \u00faltimos sus derechos, seg\u00fan consta en la escritura n\u00ba 343 de 27 de marzo de 1962, lo que hace concluir que desde el 23 de octubre de 1958 Rafael y Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn entraron a poseer, en com\u00fan y proindiviso, el bien en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
El folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 095-19437 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sogamoso da cuenta que el 18 de enero de 1983 se enajenaron derechos y acciones del inmueble a Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, padre de los demandados, acto protocolizado en la escritura n\u00ba 1724 de 27 de diciembre de 1983, pero como el bien ven\u00eda con falsa tradici\u00f3n y estaba englobado con terreno de Luis Gabriel Due\u00f1as, en la sentencia de 4 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, en el sucesorio n\u00ba 1999-00337, orden\u00f3 su divisi\u00f3n en tres lotes: La Calera; La Calera n\u00ba 1 y La Calera 2. <\/p>\n
El lote La Calera, de una hect\u00e1rea y 1.200 metros, le fue adjudicado a Luis Gabriel Due\u00f1as con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 095-102305; La Calera 1, de tres hect\u00e1reas y 5.000 m, le correspondi\u00f3 a Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn; y a los pretensores se les adjudic\u00f3 La Calera 2, de una hect\u00e1rea y 1.000 m con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 095-110990, pero ese estrado neg\u00f3 la entrega de los bienes por haber sido solicitada de forma tard\u00eda. <\/p>\n
Tras el deceso de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, La Calera 1 le fue adjudicado a las demandadas Mar\u00eda del Carmen G\u00f3mez de Acevedo y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez de Pati\u00f1o en la escritura n\u00ba 2437 de la Notar\u00eda Tercera de Sogamoso y, seg\u00fan se demuestra con el certificado especial, ellas son titulares de parte del predio La Calera, lo cual coincide con la versi\u00f3n de los testigos Luis Gabriel Due\u00f1as, Epimenio Ojeda Ladino y Rafael Acevedo Ciabato, quienes indicaron que los litigantes son codue\u00f1os de una parte del predio La Calera y que no hay una l\u00ednea divisoria o mojones que delimiten sus fundos, pero s\u00ed una divisi\u00f3n catastral. <\/p>\n
Los accionantes incumplieron la carga probatoria porque aunque allegaron un recibo para sustentar que su progenitor le compr\u00f3 a Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn los derechos y acciones que le correspond\u00edan respecto a La Calera, ese escrito no da cuenta del referido acto jur\u00eddico y si bien indicaron que sus actos de se\u00f1or\u00edo han consistido en dos construcciones que cuentan con servicios de agua y luz, en la inspecci\u00f3n judicial se observ\u00f3 que estas mejoras fueron hechas en el predio La Calera 2 que a ellos corresponde. <\/p>\n
Aunque alegan como posesi\u00f3n la quema de piedra caliza, el testigo F\u00e9lix Ladino adujo que esa labor se hizo hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os y que en 2001 cercaron la finca, seg\u00fan lo expuso F\u00e9lix Siabato Agudelo, que indic\u00f3 haber sido el obrero que hizo esa tarea; empero, los demandados probaron que ellos pagan los impuestos de la Calera 1 de 2005 a 2010 y de 2013 a 2018 y su progenitor sald\u00f3 los a\u00f1os 1996 a 2004. <\/p>\n
La posesi\u00f3n que alegan los accionantes no ha sido pac\u00edfica sino violenta porque los herederos de Gregorio Nacianceno demostraron que han ejercido actos de se\u00f1or\u00edo sobre el predio, tanto que el 26 de enero de 2003 las partes se citaron ante el Comando de Polic\u00eda de Mongu\u00ed, con el fin de suspender actividades en la finca hasta que se fijen los linderos; el 14 de abril de 2003 fumigaron los pastos y el 26 de abril de 2003 ingresaron un tractor para arar la tierra, seg\u00fan consta en la denuncia hecha por los accionantes; posteriormente; el 2 de mayo de 2011 cortaron \u00e1rboles de eucalipto del predio La Calera 1, pero no los pudieron retirar porque los impulsores llamaron a la Polic\u00eda de Mongu\u00ed; el 12 de diciembre de 2015 los convocados cercaron el predio, pero en la noche Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta destruy\u00f3 dicho encerramiento e impidi\u00f3 su continuidad. <\/p>\n
Las pruebas, incluidos los testimonios, son contradictorias sobre el inicio de la posesi\u00f3n que los gestores alegan; tampoco se sabe desde cu\u00e1ndo han detentado actos de se\u00f1or\u00edo sobre La Calera 1, pues la tenencia por prolongada que sea no muta a posesi\u00f3n, salvo que se compruebe su transformaci\u00f3n. Entonces, como no se demostr\u00f3 que han ejercido posesi\u00f3n quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida durante el tiempo que prev\u00e9 la ley, se confirma la sentencia apelada que deneg\u00f3 las pretensiones (fls. 20 a 27, c. 3). <\/p>\n
5.- Los accionantes interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (7 dic. 2020). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo con escrito que contiene dos cargos por la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed: <\/p>\n
a).- El primero acusa la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 764, 2512, 2518, 2521, 2522, 2531, 2532 y 1873 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como 174, 176, 226 y 236 del C\u00f3digo General del Proceso, a causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de algunas pruebas. <\/p>\n
Aduce que el tribunal pretiri\u00f3 el real contenido de la escritura n\u00ba 1467 de 1958 que demuestra c\u00f3mo el predio La Calera fue adquirido en sociedad por Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn, Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, Ang\u00e9lica Herrera de G\u00f3mez, Leopoldo Orozco y Sof\u00eda G\u00f3mez, as\u00ed como la escritura 343 de 27 de marzo de 1962, en la que el primero les compr\u00f3 los derechos a estos dos \u00faltimos comuneros. <\/p>\n
Omiti\u00f3 los documentos privados que dan cuenta que el 28 de diciembre de 1968 Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn adquiri\u00f3 los derechos de Gonzalo Due\u00f1as Barrera, que el 20 de diciembre de 1968 compr\u00f3 los de Mar\u00eda Leonor Due\u00f1as, que el 13 de diciembre de 1969 adquiri\u00f3 los de Gabriel Due\u00f1as, que el 23 de marzo de 1973 compr\u00f3 los de Mar\u00eda Eudora Due\u00f1as de C\u00e1rdenas y que el 8 de febrero de 1976 adquiri\u00f3 los de Antonio Monta\u00f1ez, toda vez que estos dos \u00faltimos le vendieron a su esposa Eulalia Acosta de G\u00f3mez y pas\u00f3 por alto la compra verbal que aqu\u00e9l le hizo a Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, seg\u00fan recibo que justifica esa transacci\u00f3n. <\/p>\n
Esas piezas prueban que los vendedores se despojaron de la posesi\u00f3n desde que hicieron esas negociaciones y descartan que desde ese momento hubiera existido divisi\u00f3n material de La Calera, pues cada quien vendi\u00f3, en com\u00fan y proindiviso, sus derechos, luego ello desvirt\u00faa la conclusi\u00f3n del tribunal consistente en que no existe prueba del momento en que los actores entraron en posesi\u00f3n del bien. <\/p>\n
Pretiri\u00f3 la escritura n\u00ba 985 de 4 de junio de 1983 de la Notar\u00eda Segunda de Sogamoso que protocoliz\u00f3 la sucesi\u00f3n de Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn e hizo que los accionantes pasaran a ser titulares del fundo y continuaran con la posesi\u00f3n que en vida ejerci\u00f3 su padre desde octubre de 1958, reforzada con la escritura 343 de 27 de marzo de 1962 y con los documentos privados de venta de derechos y acciones a los hermanos Due\u00f1as Barrera, m\u00e1xime cuando han conservado ese poder\u00edo mediante resoluciones policivas, administrativas y judiciales, a pesar de los intentos de perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
Se equivoc\u00f3 el ad quem al colegir que el predio est\u00e1 materialmente dividido, pues la sucesi\u00f3n adelantada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Sogamoso no conllev\u00f3 su fraccionamiento, toda vez que esa autoridad neg\u00f3 la entrega. Es m\u00e1s, aunque se practic\u00f3 secuestro este fue levantado con auto de 13 de febrero de 2013 del Juzgado Promiscuo Municipal de Mongu\u00ed, Boyac\u00e1, en el que fall\u00f3 un incidente de desembargo y estableci\u00f3 que la posesi\u00f3n del bien le corresponde a Helena de la Cruz G\u00f3mez Acosta. <\/p>\n
A causa de esos yerros, inaplic\u00f3 las normas que regulan la posesi\u00f3n y la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, as\u00ed como el art\u00edculo 1873 del C\u00f3digo Civil que dispone que cuando se vende el mismo bien a varias personas, se debe preferir a quien primero entr\u00f3 en posesi\u00f3n, como ocurri\u00f3 con Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn, quien detent\u00f3 el bien hasta el d\u00eda de su deceso (6 oct. 1973) y le transmiti\u00f3 ese poder\u00edo a sus herederos a quienes se adjudic\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura n\u00ba 985 de 4 de julio de 1983 de la Notar\u00eda Segunda de Sogamoso. <\/p>\n
Obvi\u00f3 el auto en el que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso neg\u00f3 la entrega del bien, as\u00ed como las Resoluciones 006 de 31 de enero de 1990 de la Alcald\u00eda de Mongu\u00ed, la n\u00ba 050 de la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1, la n\u00ba 011 de 11 de agosto de 2003 dictada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Mongu\u00ed; la n\u00ba 006 de 15 de diciembre de 2011 de la Alcald\u00eda Municipal del Mongu\u00ed que determin\u00f3 que Mar\u00eda del Carmen, Felipe y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez Herrera han perturbado la posesi\u00f3n que Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta ejerce sobre el predio La Calera y orden\u00f3 restablecerla, as\u00ed como la n\u00ba 069 de 27 de mayo de 2019 que decidi\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 11 de marzo de 2016 de la Secretar\u00eda General y de Gobierno con funciones de Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda dentro de una querella de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n y determin\u00f3 que hab\u00eda cosa juzgada. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 el prove\u00eddo del Juzgado Promiscuo Municipal de Mongu\u00ed que resolvi\u00f3 un incidente de levantamiento de embargo adelantado por Helena de la Cruz G\u00f3mez Acosta dentro de la sucesi\u00f3n del causante Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn y que dej\u00f3 sin efecto el secuestro del predio La Calera, as\u00ed como el testimonio de Luz Marina Avella Due\u00f1as, colindante del inmueble en disputa, trasladado al proceso. Si hubiera apreciado esas pruebas habr\u00eda concluido que los accionantes han pose\u00eddo el fundo que reclaman desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os y han frustrado diversos intentos de perturbaci\u00f3n por parte de los demandados, tanto as\u00ed que diversas autoridades les han amparado ese poder\u00edo. <\/p>\n
Err\u00f3 al colegir que Mar\u00eda del Carmen, Felipe y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez Herrera y otros, ejercitaron posesi\u00f3n, ya que la documental y testimonial prueban lo contrario, luego, la conclusi\u00f3n del fallador fue contraevidente porque los actores probaron su se\u00f1or\u00edo sobre el bien; adem\u00e1s, omiti\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial realizada el 15 de julio de 2003, los interrogatorios de parte de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta y Helena de la Cruz G\u00f3mez Acosta y los testimonios de F\u00e9lix Siabato Agudelo, Alonso Guauque Due\u00f1as y Juan Florencio Agudelo Pacheco, que demuestran que el bien no est\u00e1 dividido y desvirt\u00faan la posesi\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
Dej\u00f3 de analizar las pruebas como lo dispone el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, pues de haberlo hecho el resultado ser\u00eda otro porque habr\u00eda visto que est\u00e1 demostrado el animus y el corpus de los pretensores, as\u00ed como los dem\u00e1s supuestos de la acci\u00f3n (fls. 1 a 23). <\/p>\n
b).- El segundo denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 764, 2512, 1518, 2521, 2522, 2531, 2532 y 1873 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como 174, 176, 226 y 236 del C\u00f3digo General del Proceso, a causa de errores de derecho. <\/p>\n
El tribunal dej\u00f3 de valorar las pruebas en conjunto, ya que prescindi\u00f3 de la inspecci\u00f3n judicial y del peritaje, as\u00ed como de las declaraciones de F\u00e9lix Siabato Agudelo, Alonso Guaque Due\u00f1as y Juan Florencio Agudelo Pacheco que fueron trasladados de otro proceso de pertenencia adelantado anteriormente entre las mismas partes. <\/p>\n
Omiti\u00f3 apreciar la escritura n\u00ba 1467 de 1958, as\u00ed como la 3433 de 27 de marzo de 1962, as\u00ed como los documentos privados con los que Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn adquiri\u00f3 algunos derechos y acciones del predio La Calera, el auto que neg\u00f3 la entrega del bien, las Resoluciones 006 de 31 de enero de 1990, proferida por la Alcald\u00eda de Mongu\u00ed, la n\u00ba 050 de la Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1, la n\u00ba 011 de 11 de agosto de 2003 dictada por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Mongu\u00ed; la n\u00ba 006 de 15 de diciembre de 2011 de la Alcald\u00eda Municipal del Mongu\u00ed que determin\u00f3 que Mar\u00eda del Carmen, Felipe y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez Herrera han perturbado la posesi\u00f3n que Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta ejerce sobre el predio La Calera y orden\u00f3 restablecerla, as\u00ed como la n\u00ba 069 de 27 de mayo de 2019 que decidi\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de 11 de marzo de 2016 de la Secretar\u00eda General y de Gobierno con funciones de Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda dentro de una querella y determin\u00f3 que hab\u00eda cosa juzgada porque se pretend\u00eda revivir un proceso policivo de amparo a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Hizo un inadecuado an\u00e1lisis de la testimonial, pues pas\u00f3 por alto que el a quo omiti\u00f3 aplicar el numeral segundo del art\u00edculo 221 adjetivo, de ah\u00ed que la versi\u00f3n de los testigos Epimenio Ojeda, Rafael Hernando Acevedo Siabato y Luis Gabriel Due\u00f1as no fue espont\u00e1nea, sino que se les hizo decir hechos que desconocen. El primero adujo desconocer el predio y que lo que sabe se lo cont\u00f3 Gregorio G\u00f3mez Holgu\u00edn; el segundo dijo haber sido secuestre, pero no conocer si el fundo est\u00e1 dividido; y el tercero, que dio dos versiones, una en la inspecci\u00f3n judicial y la otra en la fase de instrucci\u00f3n y juzgamiento, es contradictorio y ofrece poca credibilidad, pues fue evasivo y habl\u00f3 sobre lo que le conven\u00eda; adem\u00e1s, pretiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de F\u00e9lix Siabato Agudelo, Alonso Guaque Due\u00f1as y Juan Florencio Agudelo Pacheco. <\/p>\n
No debi\u00f3 buscar el inicio de la posesi\u00f3n de los gestores, ni su prueba, en testimonios y medios aislados, sino en sus interrogatorios y declaraciones arrimados como prueba trasladada, as\u00ed como en la documental aportada. De haber apreciado esos medios en conjunto otro ser\u00eda el resultado, toda vez que los actores probaron haber ejercido sobre el fundo los actos a que refiere el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil (fls. 23 a 27). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 \u00aben vigencia en todos los distritos judiciales del pa\u00eds el d\u00eda 1\u00b0 de enero de 2016, \u00edntegramente\u00bb, por lo que rige para todos los efectos la presente impugnaci\u00f3n planteada el 19 noviembre de 2020, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el r\u00e9gimen del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del art\u00edculo 625 del primer estatuto citado, seg\u00fan el cual \u00ablos recursos interpuestos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
2.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
3.- Si se acude al numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la violaci\u00f3n indirecta de una norma jur\u00eddica sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, es forzoso precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarse y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC3415-2018, reiterado en AC1804-2020, se destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4.- La demanda propuesta no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
a).- El primer cargo es incompleto porque omite confrontar la tesis del tribunal en torno a que la posesi\u00f3n de los impulsores no ha sido pac\u00edfica porque los herederos de Gregorio Nacianceno han ejercido actos de se\u00f1or\u00edo sobre el predio La Calera, tanto que el 26 de enero de 2003 las partes se citaron ante el Comando de Polic\u00eda de Mongu\u00ed con el fin de suspender actividades en la finca hasta tanto no se fijen los linderos; el 14 de abril de 2003 fumigaron los pastos y el 26 de abril de 2003 ingresaron un tractor para arar la tierra seg\u00fan denuncia hecha por los pretensores; el 2 de mayo de 2011 cortaron \u00e1rboles de eucalipto de La Calera 1, pero no los pudieron retirar porque los impulsores llamaron a la Polic\u00eda de Mongu\u00ed; el 12 de diciembre de 2015 los convocados cercaron el predio, pero en la noche Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta destruy\u00f3 la cerca e impidi\u00f3 su continuidad. <\/p>\n
Fue as\u00ed como el tribunal concluy\u00f3 que \u00ab\u2026la posesi\u00f3n pretendida por los demandantes no ha sido pac\u00edfica, sino por el contrario se ha realizado con violencia, incumpliendo el segundo requisito indispensable para la prosperidad de la acci\u00f3n de pertenencia\u2026\u00bb, luego ese argumento, referido a la ausencia de uno de los elementos de la acci\u00f3n ejercida, deb\u00eda ser combatido en casaci\u00f3n, pero dej\u00f3 de ser confrontado. <\/p>\n
Tampoco confronta las premisas del fallo consistentes, una de ellas, en que el recibo con el que se pretendi\u00f3 probar el v\u00ednculo jur\u00eddico en virtud del cual Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn le compr\u00f3 a Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn los derechos y acciones del predio La Calera, no demuestra que se haya realizado de manera efectiva esa venta; y la otra, en que las construcciones y los servicios p\u00fablicos en ellas incluidos fueron realizados en \u00abLa Calera 2\u00bb, de propiedad de los accionantes y no en el terreno que pretenden adquirir. <\/p>\n
Ese defecto torna inaceptable la acusaci\u00f3n, pues, aun si los censores tuvieran raz\u00f3n, ser\u00eda imposible quebrar el fallo disputado porque los referidos pilares, que no fueron controvertidos, y que, seg\u00fan se vio, le sirven de soporte a sus conclusiones, lo mantendr\u00edan inc\u00f3lume. <\/p>\n
Como se record\u00f3 en CSJ AC1805-2020, <\/p>\n
Tambi\u00e9n es desenfocado porque censura al ad quem de haber establecido que el predio est\u00e1 materialmente dividido producto de la sucesi\u00f3n adelantada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Sogamoso e indica que ese proceso no conllev\u00f3 su fraccionamiento porque esa autoridad neg\u00f3 su entrega a los adjudicatarios, pero omite confrontar la verdadera raz\u00f3n por la que el fallador coligi\u00f3 que el fundo s\u00ed est\u00e1 separado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el tribunal dedujo que despu\u00e9s de la muerte de Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Holgu\u00edn, el inmueble \u00abLa Calera 1\u00bb le fue adjudicado a los demandados Mar\u00eda del Carmen G\u00f3mez de Acevedo y Mar\u00eda del Tr\u00e1nsito G\u00f3mez de Pati\u00f1o, tal como consta en la escritura n\u00ba 2437 de la Notar\u00eda Tercera de Sogamoso y que, seg\u00fan se demuestra con el certificado especial, ellas son titulares de parte del predio \u00abLa Calera\u00bb, lo cual coincide con la versi\u00f3n de los testigos Luis Gabriel Due\u00f1as, Epimenio Ojeda Ladino y Rafael Acevedo Ciabato, quienes, seg\u00fan expuso, indicaron que los litigantes son codue\u00f1os de una parte del predio \u00abLa Calera\u00bb y que aunque no hay una demarcaci\u00f3n o mojones que delimiten sus fundos, s\u00ed hay una divisi\u00f3n catastral. <\/p>\n
Entonces, era esa la premisa que deb\u00eda ser combatida, no aqu\u00e9lla, lo que muestra que el ataque es asim\u00e9trico porque omite confrontar las verdaderas razones que dio el tribunal para establecer que el predio \u00abLa Calera\u00bb est\u00e1 catastralmente dividido y que los codue\u00f1os saben y respetan tal situaci\u00f3n, seg\u00fan la versi\u00f3n un\u00edsona de los testigos Luis Gabriel Due\u00f1as, Epimenio Ojeda Ladino y Rafael Acevedo Ciabato. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020, se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
Como si fuera poco, no demuestra los yerros de facto atribuidos al tribunal ni su incidencia en el resultado. <\/p>\n
N\u00f3tese que cuestiona la omisi\u00f3n de diversas probanzas, entre ellas las escrituras n\u00ba 1467 de 1958 y n\u00ba 343 de 27 de marzo de 1962, mediante las cuales Rafael G\u00f3mez Holgu\u00edn adquiri\u00f3 una parte del fundo La Calera, as\u00ed como los documentos privados que dan cuenta de diversas compras hechas a algunos de los comuneros y diversas resoluciones policivas, administrativas y judiciales, que, seg\u00fan dicen, prueban plenamente el momento desde el cual despunt\u00f3 su posesi\u00f3n y los diversos actos que han efectuado para defender y postergarla en el tiempo, a pesar que el tribunal s\u00ed ponder\u00f3 esos medios y les otorg\u00f3 valor demostrativo cuando se refiri\u00f3, en concreto, a las distintas negociaciones celebradas sobre el predio La Calera, lo que descarta el cercenamiento denunciado. <\/p>\n
Otra cosa, bien distinta, es que haya dejado de extraer de ellas los hechos que alegan los recurrentes porque no los hall\u00f3 configurados, sin que por ello se le pueda acusar de omitirlas porque tal situaci\u00f3n es extra\u00f1a a lo acaecido. <\/p>\n
b).- El segundo cargo, que se propuso como error de derecho, no fue debidamente estructurado porque se limita a cuestionar la falta de apreciaci\u00f3n de algunos medios suasorios y, a partir de esa base, entra a criticar las conclusiones probatorias del fallador en procura de imponer la visi\u00f3n que sobre el punto tienen los censores y en ello agotan todos sus esfuerzos, sin preocuparse por mostrar los defectos de iure que alegan, es decir, el yerro en la ponderaci\u00f3n de los testimonios de Epimenio Ojeda, Rafael Hernando Acevedo Siabato y Luis Gabriel Due\u00f1as, ni la falta de valoraci\u00f3n conjunta de la prueba, a pesar que esta \u00faltima censura impon\u00eda acreditar que el fallador analiz\u00f3 los medios de convicci\u00f3n de forma aislada o separada y omiti\u00f3 buscar sus puntos de enlace o coincidencia, lo que hace que la acusaci\u00f3n sea inid\u00f3nea. <\/p>\n
c).- Si se hiciera abstracci\u00f3n de esas deficiencias, tampoco ser\u00eda viable aceptar los cargos, habida cuenta que ambos incurren en entremezclamiento de errores. <\/p>\n
El primero, que denuncia error de facto, se adentra a cuestionar aspectos relacionados con el de iure, pues aduce que el tribunal dej\u00f3 de valorar las pruebas en conjunto como lo impone el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El segundo, que alega error de iure, discute la ponderaci\u00f3n objetiva de la prueba y se dedica a criticar que el ad quem pretiri\u00f3 parte de ella, a pesar que debi\u00f3 valorarla para establecer que los hechos de la demanda estaban demostrados y que la prescripci\u00f3n deb\u00eda prosperar. <\/p>\n
Esa mixtura hace que los embates sean irresolubles, porque, como viene de ser expuesto, los dos se adentran a cuestionar aspectos extra\u00f1os a la modalidad seleccionada en cada uno, lo que significa que se desviaron del rumbo trazado, sin que tal circunstancia pueda ser superada al revestir notable gravedad comoquiera que el error de hecho tiene que ver con la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba y se presenta en los casos en que el sentenciador la pretermite, supone o altera, mientras que el de iure se refiere a defectos en su contemplaci\u00f3n jur\u00eddica, ya sea porque le resta m\u00e9rito demostrativo al medio que lo tiene o, por el contrario, se le otorga al que carece de \u00e9l, siempre que, en uno y otro caso, ello haya influido en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Es por eso que si se alega error de hecho no se puede cuestionar la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba porque a ella no pudo haber llegado el fallador al haber errado en la valoraci\u00f3n material como fase previa; en cambio, si se plantea error de derecho debe aceptarse que el tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el contenido material de la evidencia, solo que err\u00f3 en su calificaci\u00f3n jur\u00eddica porque le otorg\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a un medio que carec\u00eda de \u00e9l o dej\u00f3 de concederle peso al que s\u00ed lo ten\u00eda. <\/p>\n
Ello explica por qu\u00e9 no se puede aceptar la fusi\u00f3n o amalgamiento evidenciado, toda vez que los errores de hecho y de derecho tienen que ver con situaciones disimiles para las cuales la ley ha previsto un camino propio a trav\u00e9s del cual debe alegarse, uno y otro, por separado, sin que pueda la Corte dejar de lado tal hibridismo, porque la casaci\u00f3n es un recurso formal, dispositivo y extraordinario sujeto a unas reglas formales de t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, ambos ataques son abstractos y confusos porque parten de generalidades en aras de que se vuelva a ponderar la evidencia acoplada al plenario y, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n, sugieren una nueva lectura probatoria en la forma y hac\u00eda la direcci\u00f3n que anhelan los recurrentes, en la que se d\u00e9 por establecido el inicio de la posesi\u00f3n y su prolongaci\u00f3n en el tiempo que la ley exige, de forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad, lo que los torna inid\u00f3neos. <\/p>\n
Lo anterior porque esta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba en sentido opuesto a la del ad quem, sino para hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n pugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas, porque tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC760-2020 se reiter\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01 y AC2195-2016). <\/p>\n
5.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n presentada por Gregorio Nacianceno G\u00f3mez Acosta y Helena de la Cruz G\u00f3mez Acosta en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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AC4550-2021 (2018-00234-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC4550-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15759-31-03-003-2011-00131-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}