ATC1315-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1315-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01495-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada a trav\u00e9s de apoderado judicial por Lucy Arguello Campo, accionante dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, respecto del fallo STC10506-2021 del pasado 18 de agosto, mediante el cual se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n proferida el 20 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, para en su lugar, negar por improcedente el amparo por \u00e9sta rogado frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013Nivel Central y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la igualdad y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Nivel Central \u2013Divisi\u00f3n Fondos y Cobro Coactivo, y, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, Seccional Santa Marta, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado para hacer efectivo el pago de la multa impuesta en su contra mediante auto AL5445-2015 pronunciado por la primera Colegiatura en cita. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en sentencia adiada 20 de octubre de 2020, accedi\u00f3 parcialmente al amparo deprecado, motivo por el cual, de un lado, \u00abTUTEL[\u00d3] el derecho fundamental al debido proceso de LUCY ARGUELLO CAMPO y, en consecuencia, ORDEN[\u00d3] a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial que en el t\u00e9rmino de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del (\u2026) fallo, otorgue respuesta a las excepciones formuladas al mandamiento de pago ordenado por esa entidad el 25 de febrero de 2019, teniendo en cuenta las consideraciones de es[a] determinaci\u00f3n\u00bb; por otra parte, \u00abNEG[\u00d3] el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, defensa y petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Impugnada esa decisi\u00f3n por la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia del 18 de agosto de los corrientes la dej\u00f3 sin valor ni efecto, para entonces, desestimar protecci\u00f3n rogada, luego de establecer, en suma, que, aun cuando la interesada insisti\u00f3 en que la multa que le fue impuesta por no haber procedido a sustentar un recurso extraordinario de casaci\u00f3n, perdi\u00f3 vigor luego del proferimiento de la sentencia C-492 del 14 de septiembre de 2016 de la Corte Constitucional, sumado a la teor\u00eda de haber sido quebrantados los principios de favorabilidad y pro homine, lo cierto es, que lo realmente pretendido era atacar decisiones que dado su car\u00e1cter administrativo, desbordaban al esfera de competencia del Juez de tutela, haci\u00e9ndose improcedente la salvaguarda por incumplimiento del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. El abogado de confianza de la accionante, mediante escrito radicado v\u00eda email el pasado 27 de agosto, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n del referido fallo, por los siguientes motivos, a saber: i) \u00absi se niega por improcedente el amparo impetrado por Lucy Arguello Campo frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Nivel Central, en qu\u00e9 condiciones queda la accionante frente al art\u00edculo 29 Constitucional, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, pues ella est\u00e1 siendo vulnerada por el debido proceso, derecho amparado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; ii) que \u00abestablece la decisi\u00f3n, \u2018\u2026 mant\u00e9ngase inc\u00f3lume el fallo de primer grado.\u2019 Siendo as\u00ed, (\u2026) por qu\u00e9 en los considerandos en el numeral 2 dice circunscribirse a los argumentos de la impugnaci\u00f3n, sin embargo, manifiesta en el numeral 2.1 \u2018para la Sala resulta di\u00e1fano que la finalidad de la accionante, es atacar decisiones que por su car\u00e1cter administrativo no compete resolver al juez de tutela\u2019\u00bb, argumento \u00e9ste que no fue atacado por el impugnante, como tampoco, el an\u00e1lisis del derecho a la igualdad invocado; iii) \u00abACLARE ya que correspond\u00eda a su Despacho valorar la Resoluci\u00f3n No. 002 del 24 de abril 2019, acto administrativo que supuestamente resuelve las excepciones presentadas a nombre de Lucy Arguello Campo, sobre la cual se sustenta la impugnaci\u00f3n para dar constatado el derecho fundamental de petici\u00f3n. Argumenta la accionada en la impugnaci\u00f3n que insiste y persiste en la inexistencia de la violaci\u00f3n al Derecho Fundamental de Petici\u00f3n toda vez que fue atendida y despachada negativamente. Siendo as\u00ed, el fallo no se circunscribe a la impugnaci\u00f3n lo que lo hace incongruente\u00bb; y, que \u00ab[s]e\u00f1ala la decisi\u00f3n \u2018y en su oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2019. En cuanto al t\u00e9rmino de env\u00edo para eventual revisi\u00f3n, la Corte Constitucional en sentencia C-1716 de 2000, declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 32 del decreto 2591 de 1991. En este caso, solicito se ACLARE la decisi\u00f3n, pues dejarlo a la oportunidad que tenga la Sala de Casaci\u00f3n Civil, deja a mi poderdante sin la posibilidad de propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos\u00bb, circunstancias anteriores que, seg\u00fan sus dichos, de manera contundente afectaron los derechos de su mandante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En virtud de los art\u00edculos 285 a 287 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite de la tutela por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, la providencia emitida en sede de tutela es susceptible de i) aclaraci\u00f3n cuando existan \u00abconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella\u00bb; ii) correcci\u00f3n en el evento en que \u00abse haya incurrido en un error puramente aritm\u00e9tico\u00bb o en aquellos \u00abcasos de error por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de \u00e9stas, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella\u00bb; y iii) adici\u00f3n en tanto se \u00abomita la resoluci\u00f3n de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo dispuesto en los preceptos antes transcritos, y luego de examinar los razonamientos en los que se hizo consistir la solicitud, la Sala evidencia que, b\u00e1sicamente, los motivos que tuvo esta Corporaci\u00f3n para revocar la decisi\u00f3n censurada y desestimar el amparo constitucional invocado, quedaron claramente anotados y explicados en el fallo de segundo grado; y, que lo relativo al criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de fundamento para adoptar tal determinaci\u00f3n, as\u00ed como la manera en que se abord\u00f3 su estudio, no merece reproche v\u00e1lido a trav\u00e9s de la pretendida aclaraci\u00f3n, pues, en estricto sentido, ning\u00fan yerro se cometi\u00f3 en el memorado an\u00e1lisis, como tampoco existe alguna sombra de duda que haga necesaria una explicaci\u00f3n adicional a las ya anotadas en la determinaci\u00f3n de segundo grado. <\/p>\n
3. Por tanto, en el caso sub judice no hacen presencia los supuestos f\u00e1cticos a que aluden las apuntadas normas, situaci\u00f3n que impide entonces acceder a lo solicitado, am\u00e9n que claramente se anot\u00f3 que el eje central en que se sustent\u00f3 la sentencia, fue en que \u00abindependientemente que insista en la inaplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n, ya que, en su criterio, la multa perdi\u00f3 vigor luego del proferimiento de la sentencia C-492 del 14 de septiembre de 2016 por parte de la Corte Constitucional, sumado a la teor\u00eda que fueron vulnerados los principios de favorabilidad y pro homine, para esta Sala resulta di\u00e1fano que la finalidad de la accionante es atacar decisiones que por su car\u00e1cter administrativo no compete resolver al juez de tutela. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, por regla general se ha dicho que los actos administrativos son ajenos a ser examinados por aqu\u00e9l operador, pues \u00e9ste no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados (CSJ STC8803-2021). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado: \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (ejusdem)\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se cit\u00f3 reciente pronunciamiento de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil donde se analiz\u00f3 un caso de similares matices al de marras y se anot\u00f3, que \u00ab[i]gualmente huelga memorar que la precursora tiene a su disposici\u00f3n el remedio id\u00f3neo para ventilar sus inquietudes contra el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra que \u00abla acci\u00f3n de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la desigualdad que le enrostra a los actos administrativos; incluso est\u00e1 habilitada para deprecar como medida cautelar desde el comienzo la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos (num. 3), conforme lo contempla el canon 230 \u00eddem. (CSJ STC3449-2020, 19 may. 2020, rad. 00136-00, reiterada en STC8803-2021)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por las razones que en el fallo cuestionado se indicaron, no cabe duda que las controversias planteadas por la promotora carec\u00edan de fundamento jur\u00eddico, hecho por el cual no pod\u00edan salir avante. <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la solicitud elevada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
Primero: NIEGA la aclaraci\u00f3n de la sentencia STC10506-2021. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedido lo resuelto en esta providencia, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
3 <\/p>\n
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ATC1315-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente ATC1315-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01495-03 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}