ATC1318-2021<\/p>\n
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ATC1318-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00092-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 11 de agosto de 2021 por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge William Sprockel Choles contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad y la Agencia Nacional de Tierras, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los se\u00f1ores Alberto Antonio Bonivento Brito, as\u00ed como a la Defensor\u00eda del Pueblo, a Luis Uriana – Autoridad Tradicional de la Rancher\u00eda Jarijin Amana, al Incoder, al Ministerio del Interior, a la Oficina de Asuntos Ind\u00edgenas y a la Alcald\u00eda de dicho distrito, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Revisado el tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, se observa que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, no fue enterada de manera alguna del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, pese a que tiene total y plena injerencia en el asunto sub judice, tal y como se pasa a explicar: <\/p>\n
1.1. El se\u00f1or Jorge William Sprockel Choles, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso \u00abpor morosidad en el cumplimiento constitucional de perentoriedad de las decisiones\u00bb, los cuales estima vulnerados por los accionados, con la mora excesiva en la entrega del predio objeto del pleito ejecutivo hipotecario que adelant\u00f3 en contra de Alberto Alfonso Bonivento Brito, identificado con el consecutivo 1995-02339-00 <\/p>\n
1.2. Adujo el interesado, en suma, que el inmueble denominado Jarijin – Amana, identificado con matr\u00edcula No. 210\u201321043, \u00abse encuentra en la esfera del derecho privado y no [tiene] ninguna restricci\u00f3n para su comercializaci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan lo dispuesto en la \u00abResoluci\u00f3n 1160 de agosto 8 de 1990, proferida por el Instituto de Reforma Agraria INCORA, en la que se [estipula], que [seg\u00fan] la titulaci\u00f3n del predio, \u00e9ste fue adjudicado a la se\u00f1ora CELINA URIANA y que \u00e9sta, transfiri\u00f3 el derecho de dominio a t\u00edtulo de venta al se\u00f1or ESNEIDER RAFAEL BARROS JARARIYU, y este, a su vez, lo transfiri\u00f3 al se\u00f1or ALBERTO ALFONSO BONIBENTO BRITO\u00bb, as\u00ed como, por su \u00abreconocimiento urban\u00edstico en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 003\/2002, [tal y ] como lo acredita la Oficina Asesora de Planeaci\u00f3n, mediante certificaci\u00f3n fechada 20 de octubre de 2009\u00bb. <\/p>\n
1.3. Comenta que, precisamente por lo anterior, el citado se\u00f1or Bonivento Brito, constituy\u00f3 a su favor hipoteca abierta en primer grado, como garant\u00eda del cumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato de mutuo celebrado entre las partes; que debido a la mora del deudor, se inici\u00f3 el respectivo proceso ejecutivo con garant\u00eda real, el cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, bajo el radicado 1995-02339-00, juicio en el que no existi\u00f3 ninguna oposici\u00f3n por el demandado, dict\u00e1ndose sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y llev\u00e1ndose a cabo la respectiva diligencia de remate, en la que se le adjudic\u00f3 la propiedad base de la contienda. <\/p>\n
1.4. Que librado el respectivo despacho comisorio para la diligencia de entrega, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Riohacha fij\u00f3 fecha para la consecuci\u00f3n de \u00e9sta (18 de enero de 2010), sin lograr su materializaci\u00f3n, ante las oposiciones propuestas por la \u00abComunidad Ind\u00edgena de la Rancher\u00eda Jarijin Amana\u00bb, quienes dicen que aqu\u00e9l \u00abterritorio (\u2026) corresponde a tierras ancestrales, ocupadas por [ese] grupo \u00e9tnico\u00bb; que, adem\u00e1s, acudieron ante la Agencia Nacional de Tierras y la Defensor\u00eda del Pueblo, con el fin de que se suspendiera de manera definitiva la entrega del predio legalmente embargado, secuestrado y rematado, logrando tal cometido, pues la primera de esas autoridades, abri\u00f3 desde esa \u00e9poca una actuaci\u00f3n administrativa con el fin de establecer la calidad del inmueble en contienda. <\/p>\n
1.5. Alega el accionante, que pese a que ha puesto en conocimiento de tal situaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en vista de la enorme \u00abdilaci\u00f3n de las entidades antes mencionadas\u00bb, pues han transcurrido m\u00e1s de 10 a\u00f1os sin que resuelvan sobre la oposici\u00f3n de la Comunidad Ind\u00edgena aludida, este ente de control ha guardado silencio, y \u00ablo \u00fanico que ha hecho, es correr traslado a la Agencia Nacional de Tierras\u00bb, aun cuando es precisamente contra esa dependencia que versa la queja, y ha aportado las pruebas que certifican que la heredad que le fue adjudicada en remate, \u00abse encuentra en la esfera del derecho privado y no es Ancestral de ninguna comunidad ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
2. Son las anteriores circunstancias las que hacen necesaria la memorada vinculaci\u00f3n, por cuanto de los hechos narrados por el gestor de la salvaguarda, se extrae de manera contundente, que pese a que ha solicitado a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n la intervenci\u00f3n y vigilancia en el caso sub examine, en vista de la evidente tardanza de la Agencia Nacional de Tierras, autoridad que tiene a cargo la referenciada actuaci\u00f3n administrativa, abierta con el fin de establecer si puede o no calificarse como \u00abterritorio ancestral\u00bb el predio reclamado por el ejecutante con t\u00edtulo hipotecario a quien, en remate, le fue adjudicado el mismo, esa autoridad no ha efectuado ning\u00fan tipo de pronunciamiento o desplegado alguna actuaci\u00f3n, por lo cual, \u00aben vista que hasta la fecha no se han resuelto las diferentes solicitudes, peticiones y requerimientos a las entidades involucradas\u00bb, acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, tal ordenamiento promueve la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de todos aquellos terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite, pues, es claro que el fallo que llegue a emitirse concierne a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ya que la queja del promotor de la salvaguarda tambi\u00e9n tiene que ver, directamente, con el hecho de que elevadas las respectivas quejas ante esa autoridad, esta ha permanecido silente. <\/p>\n
4. Al respecto, la Corte Constitucional, ha indicado que \u00ab\u2018el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas-, integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u2018que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u00bb (C.C. SU116-2018). <\/p>\n
5. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada vinculaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a la antedicha interesada intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos, y de ser el caso, aportar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia a partir de la sentencia proferida el 11 de agosto de los corrientes, para que se disponga la vinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Riohacha para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes por el medio m\u00e1s expedito <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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