ATC1362-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1362-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00420-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia de 17 de agosto de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Nancy Alizeth Vesga Gualdr\u00f3n y Esther Basto Basto le instauraron al Municipio de los Santos \u2013 Santander y a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del mismo lugar, sino fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las libelistas suplicaron que se ordenara a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda accionada \u00abdecretar la nulidad de todo el proceso policivo\u00bb de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n n\u00ba 2021-006, \u00abpara que se rehaga (\u2026)\u00bb, garantiz\u00e1ndoles su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El a quo constitucional desestim\u00f3 el amparo, tras concluir que \u00abning\u00fan reproche puede hac\u00e9rsele a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda\u00bb, si se tiene en cuenta que los \u00abdemandantes se\u00f1alaron al se\u00f1or Mauricio Fernando Mora C\u00e1rdenas como la persona que perturb\u00f3 su derecho de posesi\u00f3n, sin que para el caso importe [la] (\u2026) calidad de propietarias [de las tutelantes], comoquiera que ello no se encuentra en discusi\u00f3n y, sobre todo, porque no fueron identificadas como las perturbadoras, es decir, ning\u00fan acto trasgresor se les imputa, de suerte que ning\u00fan inter\u00e9s tienen en el proceso atacado\u00bb. Adem\u00e1s, porque cuentan con otras v\u00edas para defender sus atributos iusfundamentales, como es la acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
3. Ese desenlace fue repelido por las promotoras, quienes insistieron en los argumentos inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Emerge palmario que el Tribunal de Bucaramanga carec\u00eda de aptitud para tramitar el presente resguardo, dado que la queja y pretensiones se enfilan contra dos autoridades del orden municipal, a saber, el Municipio de los Santos \u2013 Santander y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del mismo, respecto de un procedimiento policivo adelantado por la \u00faltima. De manera que ata\u00f1e a los jueces municipales de dicha localidad rituarlo en primer grado, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, conforme al cual, \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad, esta Sala sostuvo <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 2.- Ahora, conforme al art\u00edculo 198 de la ley 1801 de 2016 (\u2026), son \u2018autoridades de polic\u00eda\u2019 [Los Inspectores de Pol\u00edc\u00eda y] los corregidores, y por tanto, est\u00e1n encargados del \u2019conocimiento y la soluci\u00f3n de los conflictos de convivencia ciudadana\u2019, entre ellos, lo generados por los \u2018comportamientos contrarios a la posesi\u00f3n y mera tenencia de bienes inmuebles\u2019 (art\u00edculo 77 ejusdem). En ese marco, los interesados cuentan con las \u2018acciones de protecci\u00f3n de los bienes inmuebles\u2019, a fin de suscitar la aplicaci\u00f3n de las medidas correctivas contempladas en dicho estatuto. <\/p>\n
Bajo este panorama, si bien (\u2026) la \u2018Corte Constitucional\u2019 ha dicho que en tales eventos las \u2018autoridades de polic\u00eda ejercen funciones jurisdiccionales\u2019, no por eso puede afirmarse que la pauta llamada a fijar el funcionario habilitado para conocer de un auxilio en donde resulte implicado un Corregimiento, sea la del numeral 10 mencionado [Decreto 1069 de 2015]. <\/p>\n
Esto, porque cuando aqu\u00e9l establece que \u2018las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u2019, hace alusi\u00f3n a aquellas que por mandato de la ley sustituyen al servidor judicial que estar\u00eda facultado para dilucidar el respectivo asunto, de suerte que por virtud de esa asignaci\u00f3n puede juzgar la controversia con \u2018autoridad de cosa juzgada\u2019 (\u2026). <\/p>\n
3.- Y no es \u00e9sa la situaci\u00f3n de las \u2018autoridades de polic\u00eda\u2019, pues en tales escenarios no definen el conflicto sometido a su conocimiento, sino que en t\u00e9rminos del art\u00edculo 80 de la ley 1801 de 2016, <\/p>\n
\u201cEl amparo de la posesi\u00f3n, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de car\u00e1cter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya \u00fanica finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar\u201d. <\/p>\n
Por eso, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de los art\u00edculos 125 y 127 del Decreto 1355 de 1970, antiguo C\u00f3digo de Polic\u00eda, relativos a la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n o tenencia, estim\u00f3 que dicho \u2018procedimiento de polic\u00eda\u2019 no afecta la funci\u00f3n jurisdiccional en cabeza de los \u2018jueces\u2019. En tal virtud, puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
\u201c[e]n consecuencia, la configuraci\u00f3n procedimental adoptada por el legislador extraordinario en los art\u00edculos 125 y 127 del Decreto 1355 de 1970, es compatible con los par\u00e1metros constitucionales a un debido proceso (Art. 29 C.P.), que es seguido por la autoridad administrativa competente (Art. 28 C.P.), sin afectar la funci\u00f3n jurisdiccional atribuida a los jueces de la Rep\u00fablica por virtud del art\u00edculo 116 o a la conferida a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el art\u00edculo 250 de la Constituci\u00f3n. En esta medida, no existe vulneraci\u00f3n alguna del efecto de la cosa juzgada o del derecho de acudir a un juez natural, ya que el procedimiento que adelanta la polic\u00eda se reduce a la pr\u00e1ctica de mecanismos preventivos, de car\u00e1cter temporal y con el exclusivo prop\u00f3sito de restablecer transitoriamente una situaci\u00f3n alterada por un hecho de perturbaci\u00f3n (sentencia C-813\/14)\u00bb (negrilla del texto original) \u201c(ATC1502-2018, reiterado en ATC1763-2018). <\/p>\n
En consecuencia, se impone la invalidez de lo surtido, porque se tiene dicho que <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio expedido el 4 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto entre los Juzgados Municipales de los Santos \u2013 Santander, para que asuman el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed prove\u00eddo a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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