ATC1373-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1373-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2021-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Purificaci\u00f3n Garc\u00eda de la Rosa Exp\u00f3sito contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb, que dice vulneradas por el estrado accionado, por lo que solicit\u00f3 que \u00abse deje sin valor ni efecto las decisiones proferidas por\u2026 el juzgado [convocado]\u2026, en cuanto declar\u00f3 ser competente para seguir conociendo del proceso, inaplic\u00f3\u2026 los art. 2322 y ss del C\u00f3digo Civil, e inaplic\u00f3\u2026 los art. 121 y 409 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes. <\/p>\n
2.1. Purificaci\u00f3n Garc\u00eda de la Rosa Exp\u00f3sito promovi\u00f3 demanda divisoria contra Jeannie Friedmann, respecto del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 070-119231 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia dictada en audiencia del 7 de mayo de 2021, se accedi\u00f3 a la divisi\u00f3n ad valorem deprecada, precisando que \u00abes la demandada\u2026 la \u00fanica comunera que tiene derecho de propiedad sobre el 100% del valor de las mejoras elevadas en el lote de terreno\u00bb y que \u00absobre el\u2026 suelo sobre el cual se construyeron las mejoras\u2026, ambas partes tienen derecho de propiedad equivalente al 50% cada una\u00bb. Adicionalmente, se declar\u00f3 \u00aba favor de la demandada\u2026, el derecho de compra de la cuota parte del lote que est\u00e1 en venta y que es el 50% que le corresponde a la\u2026 demandante\u00bb, entre otras declaraciones. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, al iniciar la citada diligencia de 7 de mayo de esta anualidad, solicit\u00f3 al estrado accionado, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abque declarara la p\u00e9rdida de competencia en raz\u00f3n a que, desde la notificaci\u00f3n de la demanda\u2026 hasta el 12\u3000de febrero de\u30002021 hab\u00eda trascurrido el a\u00f1o\u2026, sin que la funcionaria judicial hubiera dictado la sentencia\u00bb, pero que \u00abla accionada, decidi\u00f3 no aceptar la p\u00e9rdida de competencia y continuar con el tr\u00e1mite del proceso generando con su actuaci\u00f3n una decisi\u00f3n judicial que tiene un defecto procedimental absoluto por desconocimiento, del precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, \u00abcon relaci\u00f3n a la definici\u00f3n del litigio\u00bb, destac\u00f3 que la sede judicial acusada \u00abinaplic\u00f3 los art\u00edculos 2322 del C\u00f3digo Civil\u2026\u00bb, comoquiera que las contendientes reconocieron que \u00abnunca celebraron ninguna convenci\u00f3n relativa al inmueble, en consecuencia, establecida la existencia jur\u00eddica del cuasicontrato, lo jur\u00eddico era darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 2323 del CC y ss para decidir sobre [sus] derechos\u2026\u00bb; que tambi\u00e9n inobserv\u00f3 lo reglado en el art\u00edculo 2312 y siguientes del C\u00f3digo Civil, \u00abque establecen la reglas de divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan y, en su lugar, aplic\u00f3 una regla subjetiva, decidiendo [con] su criterio personal, escindiendo el inmueble\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente, destac\u00f3 que el juzgado convocado valor\u00f3 indebidamente el recaudo probatorio e \u00abinaplic\u00f3\u2026 el art\u00edculo 409 del CGP, ya que\u2026 establece que \u201cel auto que decrete o deniegue la divisi\u00f3n o la venta com\u00fan es apelable\u201d y [el accionado]\u2026 dijo que en su \u201ccriterio personal\u201d, no proced\u00eda [dicho recurso]; neg\u00e1ndole\u2026 el derecho a la impugnaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
DEL TR\u00c1MITE SURTIDO <\/p>\n
1. La s\u00faplica constitucional correspondi\u00f3 por reparto, inicialmente, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, autoridad que lo admiti\u00f3 y profiri\u00f3 sentencia el 28 de mayo de los corrientes, accediendo a las pretensiones de la actora, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 una de las personas vinculadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Recibidas las diligencias por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con prove\u00eddo del 12 de julio de 2021, dicha autoridad declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, al considerar que \u00abha debido concurrir al tr\u00e1mite constitucional el Juez Primero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja\u00bb, comoquiera que \u00abel actor en tutela discute tambi\u00e9n la decisi\u00f3n de segunda instancia al dar tr\u00e1mite a excepciones previas en un proceso divisorio que tiene reglamentaci\u00f3n especial al tenor de lo previsto en los arts. 409 a 418 del CGP\u00bb. <\/p>\n
3. Posteriormente, dicho cuerpo colegiado admiti\u00f3, nuevamente, la tutela con auto del pasado 3 de agosto, disponiendo la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en el tr\u00e1mite censurado. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja precis\u00f3 que \u00abal verificar el escrito de tutela se establece que se cuestionan las dos decisiones judiciales adoptadas por la Juez 2\u00ba Promiscuo Municipal de Villa de Leyva de no declarar la perdida de competencia bajo los postulados del art\u00edculo 121 del CGP y la decisi\u00f3n que sobre la solicitud de divisi\u00f3n se profiriera\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Jeannie Friedmann, a trav\u00e9s de apoderada judicial, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abno hay vulneraci\u00f3n del debido proceso, no hay una pretermisi\u00f3n del tr\u00e1mite, las omisiones que discute no se evidencian en el proceso y no se estructura una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar: (i) el tr\u00e1mite dado al proceso divisorio cuestionado por parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva; (ii) la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia que reclam\u00f3, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso; (iii) el prove\u00eddo de 7 de mayo de 2021, que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n divisoria que instaur\u00f3 contra Jeannie Friedmann; y (iv) que se hubiese negado la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la prenotada providencia de 7 de mayo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n
2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, actuaciones imputables al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, teniendo en cuenta que los reproches de la promotora se circunscriben a que dicha sede judicial: (i) tramit\u00f3 indebidamente el proceso divisorio que inco\u00f3 contra Jeannie Friedmann; (ii) se neg\u00f3 a declarar su p\u00e9rdida de competencia, a pesar de estar cumplidos los presupuestos que para ello consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; (iii) resolvi\u00f3, en contravenci\u00f3n de las normas que regulan la materia, el mencionado juicio divisorio; y (iv) neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre la divisi\u00f3n, en contrav\u00eda de lo previsto en el art\u00edculo 409 del citado estatuto procesal. <\/p>\n
Ahora, no advierte la Sala que dicha s\u00faplica involucre el prove\u00eddo que dict\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, el 30 de enero de 2020, a trav\u00e9s del cual decidi\u00f3 no asumir conocimiento del asunto censurado por v\u00eda constitucional y devolvi\u00f3 el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, teniendo en cuenta que la promotora del resguardo ninguna menci\u00f3n hace sobre esa decisi\u00f3n, as\u00ed como tampoco eleva queja concreta contra la misma. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n se encuentra dirigida, exclusivamente, contra un despacho judicial de categor\u00eda municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, a quien inicialmente fue repartida y, a su vez, la impugnaci\u00f3n se encontraba a cargo de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido por el colegiado de Tunja est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, la Corte declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 12 de julio de 2021, inclusive, y ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con la finalidad de que d\u00e9 curso pertinente a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de mayo de la anualidad que avanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el asunto de la referencia, a partir del auto del 12 de julio de 2021, inclusive. <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para que d\u00e9 el tr\u00e1mite pertinente a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de mayo de la anualidad que avanza. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
5 <\/p>\n
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