ATC1381-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1381-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00338-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud de cumplimiento del fallo proferido en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Alberto Al\u00ed Al\u00ed y Saidy Habib Posada contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores presentaron acci\u00f3n de tutela por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ocasi\u00f3n del auto AP517-2020 del 19 de febrero de 2020, emitido en el proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio que se sigui\u00f3 sobre los bienes de V\u00edctor Manuel Mej\u00eda M\u00fanera, hoy fallecido, y Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda M\u00fanera, reclamados como de su propiedad. <\/p>\n
2. El 1\u00ba de junio de 2020, Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez, aduciendo la calidad de \u00abPresidenta\u00bb de la \u00abSala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura\u00bb orden\u00f3 remitir el asunto, para tr\u00e1mite en primera instancia, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 (Expediente 110011102000202001485). <\/p>\n
3. El 14 de julio de 20201, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional fall\u00f3 la tutela, negando \u00abla protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de que trata la acci\u00f3n incoada por los ciudadanos JAIME ALBERTO AL\u00cd AL\u00cd y SAIDY HABIB POSADA contra la SALA DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb, porque no se verificaron los defectos alegados en la providencia cuestionada. <\/p>\n
4. Impugnada la anterior determinaci\u00f3n, el 8 de septiembre de 2020, \u00abla Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, dispuso \u00abREVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 el 17 de julio de 2020, a trav\u00e9s de la cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por JAIME AL\u00cd AL\u00cd y SAIDY HABIB POSADA, contra la SALA DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para en su lugar tutelar como mecanismo transitorio, el derecho al debido proceso, en conexidad al de la igualdad y propiedad, y en tal orden de ideas, ordenar a la entidad accionada en un t\u00e9rmino de 48 horas luego de notificada esta decisi\u00f3n, la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares en el asunto bajo estudio, de conformidad con las consideraciones que preceden este ac\u00e1pite\u00bb. <\/p>\n
El documento referido fue suscrito por Alejandro Meza C\u00e1rdales, Magda Victoria Acosta Walteros, Fidalgo Javier Estupi\u00f1\u00e1n, Camilo Montoya Reyes, Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Los magistrados Acosta Walteros y Montoya Reyes salvaron el voto. El magistrado Carlos Mario Cano Diosa no asisti\u00f3. <\/p>\n
5. El 9 de noviembre de 2020, los gestores presentaron solicitud de cumplimiento frente a lo resuelto en la acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato, por lo cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 requiri\u00f3 a la Sala accionada, que rindi\u00f3 informe el 13 de noviembre siguiente. <\/p>\n
6. El 28 de enero de 2021, el magistrado de conocimiento de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 dispuso el env\u00edo del expediente de la acci\u00f3n de tutela 2020-01485 a la Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia, para que esta Corporaci\u00f3n \u00abcontin\u00fae con el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb, m\u00e1s exactamente en lo atinente a \u00abresolver la solicitud de la que da cuenta el informe secretarial de fecha 12 de enero de la presente anualidad\u00bb, por la falta de competencia de la Comisi\u00f3n. <\/p>\n
Como quiera que los documentos no fueron remitidos en su totalidad, el 17 de febrero de esta anualidad, el Despacho de conocimiento devolvi\u00f3 las diligencias, para que se precisara el tr\u00e1mite que originaba la remisi\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, aclar\u00f3 que, por escrito del 17 de diciembre de 2020, \u00ablos accionantes insistieron en el cumplimiento del fallo de tutela de marras y el 12 de enero de los cursantes la secretar\u00eda de esta Comisi\u00f3n pas\u00f3 al despacho las diligencias informando la existencia de una solicitud de nulidad, no obstante, es pertinente aclarar que en realidad se trata del oficio SJ RYGG 27450, fechado el 18 de diciembre, con el que se notificaron los autos del 23 de noviembre y 11 de diciembre de 2020 con los que el entonces Magistrado Pedro Alonso Sanabria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvi\u00f3, en su orden, abstenerse de resolver el incidente de nulidad que hab\u00eda planteado la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y enviar lo actuado en esa instancia a la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con la solicitud de cumplimiento y tr\u00e1mite del incidente de desacato que, al parecer, tambi\u00e9n elevaron los accionantes ante esa Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que \u00ablo que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n es la insistencia en la solicitud de cumplimiento elevada por los accionantes por Jaime Alberto Ali Ali y Saidy Habib Posada que, tal como fue precisado en el auto del 30 de noviembre de 2020, era el tr\u00e1mite para el que se conservaba la competencia hasta el momento en que la Corporaci\u00f3n se transform\u00f3 en Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
7. El 25 de febrero de 2021, el Magistrado Ponente de esta Sala dict\u00f3 el auto ATC217-2021, en el cual indic\u00f3 que, dado \u00abque el fallo del 14 de julio de 2020 fue proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte ya se pronunci\u00f3 sobre el particular, se devuelven las diligencias a dicha Corporaci\u00f3n, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
8. El magistrado de conocimiento de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el asunto a la Corte Constitucional, por conflicto de competencia, Corporaci\u00f3n que, por auto 169 del 22 de abril de 2021, enviado con oficio A-819 del 12 de julio siguiente, consider\u00f3 que con la integraci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y de las Comisiones Seccionales, seg\u00fan lo previsto en el Acto Legislativo 02 de 2015, aquellas no ten\u00edan competencia para conocer acciones de tutela, por lo que deb\u00edan aplicarse las normas de reparto entonces vigentes, en este caso, el numeral 7 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de esta Corporaci\u00f3n, por lo cual resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPrimero. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 25 de febrero de 2021 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro del tr\u00e1mite de la solicitud de cumplimiento presentada por los se\u00f1ores Jaime Alberto Al\u00ed Al\u00ed y Saidy Habib Posada. <\/p>\n
Segundo. REMITIR el expediente ICC-3969 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi\u00f3n de fondo a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
9. El 29 de junio de 20212, la tutela fue seleccionada para revisi\u00f3n y, el 26 de agosto del a\u00f1o en curso, la Corte Constitucional dict\u00f3 auto de pruebas por el cual requiri\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u00abinforme sobre las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite de las solicitudes de cumplimiento e incidente de desacato elevadas por Jaime Alberto Al\u00ed Al\u00ed y Saidy Habib Posada respecto del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 8 de septiembre de 2020 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, a lo cual se dio respuesta el 2 de septiembre siguiente, indicando las gestiones correspondientes3. <\/p>\n
10. Surtido el tr\u00e1mite de impedimentos y habiendo sido requerida, previamente, la autoridad accionada en la acci\u00f3n de tutela de radicado 110011102000202001485 frente al cumplimiento reclamado4 corresponde a la Sala decidir el asunto, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en el auto del 22 de abril de 2021. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se d\u00e9 cumplimiento a la decisi\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
2. Frente al particular advierte la Sala que, el 21 de octubre de 2020, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, resolvi\u00f3 \u00abABSTENERSE de adoptar decisi\u00f3n alguna respecto de las medidas cautelares cuyo levantamiento fue negado en el auto AP1517 de 19 de febrero de 2020\u00bb, al considerar que: <\/p>\n
\u00ab1. El art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996 prev\u00e9 que \u00abtodas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u00bb. De ah\u00ed que \u00abno puede admitirse como existente una sentencia\u2026 (sin que) la mayor\u00eda de los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n la hubieren apoyado\u00bb. <\/p>\n
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo establece el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 76 ib\u00eddem, estaba (en el entendido de que desapareci\u00f3 con la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo No. 02 de 2015 y persiste apenas provisionalmente, mientras se conforma la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial) \u00abintegrada por siete magistrados elegidos para un per\u00edodo de ocho a\u00f1os, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno\u00bb. <\/p>\n
2. El documento que se hace pasar como una decisi\u00f3n y que se puso en conocimiento de esta Corte en la precitada comunicaci\u00f3n de 14 de octubre aparece suscrito por cuatro de los magistrados que integran la Sala, pero dos de ellos salvaron el voto. El proyecto, entonces, s\u00f3lo fue votado favorablemente por dos funcionarios, de manera que no alcanz\u00f3 el n\u00famero m\u00ednimo de apoyos para su aprobaci\u00f3n y, por ende, para adquirir la naturaleza jur\u00eddica de sentencia\u2026 <\/p>\n
En esas condiciones, el texto remitido a esta Corporaci\u00f3n no constituye providencia judicial, y del mismo, entonces, no puede derivarse ninguna orden, menos a\u00fan de car\u00e1cter vinculante, para cuyo acatamiento resulte necesario adoptar determinaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3. Desde luego, para esta Corte no pasa desapercibido que en el documento aparecen las r\u00fabricas de dos exmagistrados \u2013Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez\u2014 quienes manifestaron votar favorablemente la ponencia. <\/p>\n
Con todo, se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya participaci\u00f3n en la deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformaci\u00f3n del quorum deliberatorio y decisorio de esa c\u00e9lula judicial. <\/p>\n
3.1 Como ya se esboz\u00f3, el art\u00edculo 76 de la Ley 270 de 1996 se\u00f1ala que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura era Corporaci\u00f3n \u00abintegrada por siete magistrados elegidos para un per\u00edodo de ocho a\u00f1os, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno\u00bb. Esa regla constituye apenas la confirmaci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 254 Superior original, a cuyo tenor \u00abla Sala Jurisdiccional Disciplinaria (estaba) integrada por siete magistrados elegidos para un per\u00edodo de ocho a\u00f1os, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno\u00bb. <\/p>\n
Como ese per\u00edodo tiene definici\u00f3n constitucional, su vencimiento o culminaci\u00f3n supone la desvinculaci\u00f3n autom\u00e1tica y de pleno derecho del cargo y, por consecuencia obvia, la imposibilidad de continuar ejerciendo las funciones del mismo; ello, sin que sea necesaria la expedici\u00f3n de acto administrativo alguno que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tiene decantado que \u00ablos servidores p\u00fablicos de per\u00edodo, sea este institucional o personal, no pueden seguir ejerciendo sus funciones despu\u00e9s de que ha vencido el respectivo per\u00edodo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed lo ratific\u00f3 recientemente la Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de agosto 27 de 2020, por la cual dej\u00f3 sin efectos el fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado del 6 de febrero de 2018. All\u00ed se\u00f1al\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n del Consejo de Estado produjo un bloqueo institucional porque condujo a resultados abiertamente inconstitucionales, al ocasionar que Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria se mantengan en sus cargos por per\u00edodos superiores a ocho a\u00f1os\u00bb. Y agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl dise\u00f1o constitucional actual establece que los per\u00edodos de los Magistrados, tanto del Consejo Superior de la Judicatura como de las dem\u00e1s Altas Cortes que integran la Rama Judicial, tiene una duraci\u00f3n perentoria de ocho a\u00f1os, contados desde el momento de la posesi\u00f3n del servidor judicial\u2026. <\/p>\n
\u00abEn raz\u00f3n de lo anterior, la Sala Advierte que, en el esquema constitucional actual, los per\u00edodos de los Magistrados de las Altas Cortes tienen un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de ocho a\u00f1os contados a partir de su posesi\u00f3n, los cuales son improrrogables e inaplazables. <\/p>\n
Adicionalmente, al tratarse de per\u00edodos constitucionales individuales, la Constituci\u00f3n no prev\u00e9 la extensi\u00f3n de los mismos por la existencia de vacantes o por ausencia de nombramiento de los funcionarios respectivos o por razones personales o institucionales. <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, la interpretaci\u00f3n de la providencia objeto de la presente acci\u00f3n de tutela desencaden\u00f3 un bloqueo institucional inconstitucional, en tanto que favoreci\u00f3 que los per\u00edodos de algunos Magistrados se extendieran m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino previsto constitucionalmente, puesto que para esta Corporaci\u00f3n la contradicci\u00f3n de la regla constitucional prevista para el per\u00edodo de los Magistrados vulnera la Constituci\u00f3n. Por consiguiente, toda ampliaci\u00f3n del per\u00edodo de los Magistrados de las Altas Cortes es inconstitucional\u00bb. <\/p>\n
3.2 Es un hecho ampliamente conocido que los exmagistrados Sanabria Buitrago y Garz\u00f3n de G\u00f3mez fueron elegidos para integrar la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, consecuentemente, tomaron posesi\u00f3n de sus cargos los d\u00edas 9 de septiembre y 21 de agosto de 2008, respectivamente. <\/p>\n
Sus per\u00edodos constitucionales \u2013que se repite, lo eran de ocho (8) a\u00f1os improrrogables\u2014 culminaron de pleno derecho los d\u00edas 9 de septiembre y 21 de agosto de 2016, fechas desde las cuales, por ministerio de la Constituci\u00f3n, cesaron en el ejercicio del cargo y de sus funciones. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, surge irrebatible que los nombrados, en especial con fundamento en la sentencia SU-355 de 2020 de la Corte Constitucional, actualmente no ostentan la condici\u00f3n de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De ah\u00ed que esta Sala (a m\u00e1s de hacer patente la extra\u00f1eza que suscita que se les permita intervenir en las deliberaciones, que son reservadas y deben celebrarse \u00fanicamente \u00abcon la asistencia de los magistrados y el (la) Secretario (a)\u00bb concluya, como ya lo esboz\u00f3 y lo reitera ahora, que el texto que le fue remitido en el correo electr\u00f3nico de 14 de octubre \u00faltimo no es una sentencia judicial sino un borrador porque no fue aprobado por la mayor\u00eda de la aludida Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, considerando que dicho escrito fue elaborado por el ciudadano Sanabria Buitrago, de aqu\u00e9l ni siquiera puede predicarse que se trate de un proyecto de fallo en estricto sentido t\u00e9cnico-jur\u00eddico, como que este s\u00f3lo podr\u00eda haber sido presentado y sometido a consideraci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n por un magistrado en ejercicio de su cargo y sus funciones a quien le hubiere correspondido por reparto sustanciar la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.1. Lo anterior fue reiterado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, con oficio del 13 de noviembre de 2020, en el cual se\u00f1al\u00f3 que, \u00abConforme se consign\u00f3 en el auto de 21 de octubre de 2020 (rad. 56732), en este asunto no existe una sentencia de tutela por la cual se haya ordenado a esta Corporaci\u00f3n actuaci\u00f3n alguna y, por consecuencia, ning\u00fan incumplimiento o desacato puede atribu\u00edrsele. La supuesta decisi\u00f3n cuya ejecuci\u00f3n se reclama no es tal porque no fue votada favorablemente por la mayor\u00eda de los magistrados integrantes de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (\u2026) De ah\u00ed que la \u00fanica providencia que ha sido proferida en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) es la originada en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 (\u2026) por la cual se neg\u00f3 el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abcualquier discusi\u00f3n hermen\u00e9utica que haya podido suscitarse sobre el sentido del par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 19 del Acto Legislativo No. 02 de 2015 y su incidencia en los per\u00edodos de quienes otrora ejercieron como magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura qued\u00f3 definitivamente zanjada en la sentencia SU \u2013 355 de 27 de agosto 2020, en la cual la Corte Constitucional, con efectos de unificaci\u00f3n, expresamente clarific\u00f3 que \u00abtoda ampliaci\u00f3n del per\u00edodo de los magistrados de las altas cortes es inconstitucional\u00bb. Esa decisi\u00f3n fue emitida antes de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura expidiera el aparente fallo de tutela cuyo cumplimiento reclaman ahora los accionantes (fechado 8 de septiembre de la corriente anualidad) y, por ende, para ese momento hab\u00eda quedado ya despejada cualquier posible inquietud sobre la condici\u00f3n de exmagistrados de los ciudadanos Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez\u2026 <\/p>\n
No sobra agregar que, en cualquier caso, la competencia para adelantar y decidir el incidente de desacato promovido por los nombrados \u2013 de admitirse, en gracia de discusi\u00f3n, que existe una sentencia de tutela que pueda servirle de fundamento \u2013 radicar\u00eda exclusiva y excluyentemente en la comisi\u00f3n de acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, \u00fanica instituci\u00f3n constitucionalmente facultada para decidir sobre la libertad de los suscritos\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se advierte una conducta deliberada, irrazonable y reprochable adoptada por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. Antes bien, esta Sala encuentra que la decisi\u00f3n cuestionada est\u00e1 fundada en una amplia motivaci\u00f3n. De manera puntual, la Sala de Casaci\u00f3n Penal expuso varias imposibilidades jur\u00eddicas, que \u201ctornan imposible el cumplimiento\u201d (Cort. Const. C-SU-034 de 2018). As\u00ed las cosas, no se reconocer\u00e1 el incumplimiento que se reclama. Por ello, no se adoptar\u00e1 decisi\u00f3n alguna sobre el particular. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: ABSTENERSE de adoptar decisi\u00f3n alguna respecto del cumplimiento del fallo de tutela reclamado. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR que, por la Secretar\u00eda de la Sala, se remitan las presentes diligencias a la Corte Constitucional. <\/p>\n
TECERO: Por secretar\u00eda, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedido, lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente hab\u00eda sido proferida el 17 de junio de 2020, pero se anul\u00f3, mediante prove\u00eddo del 6 de julio siguiente. <\/p>\n