ATC1389-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-000-2021-00300-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Casilda Pe\u00f1a Herrera contra el Juzgado Segundo de Familia de esa misma ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
Ello porque no vislumbra la Corte que haya notificado del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional a la Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al estrado acusado, a efectos de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, como garant\u00eda de protecci\u00f3n de la menor que interviene en el tr\u00e1mite, quien funge como demandada en el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad que dio lugar a las actuaciones ac\u00e1 cuestionadas. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto de similares contornos en el que se indic\u00f3 que se hab\u00eda omitido citar a la Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico para que intervinieran en la tutela como garant\u00eda de la protecci\u00f3n de los derechos de los menores, se precis\u00f3 que ello guardaba: <\/p>\n
\u2026armon\u00eda con las siguientes normas de la Ley 1098 de 2006: art\u00edculo 82 numeral 11. \u00abFunciones del Defensor de Familia\u2026 11. Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de \u00e9stos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u00bb, art\u00edculo 95, par\u00e1grafo, inciso 2\u00ba. \u00abLos procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n impugnar las decisiones que se adopten\u00bb y art\u00edculo 211 \u00abLa Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley\u00bb (CSJ ATC, 11 jul. 2012, rad. 00205-01; reiterado en ATC, 20 mar. 2013, rad. 00030-01; y ATC7009-2016, 13 oct., rad. 2016-00238-01). <\/p>\n
2.1. De otro lado, tampoco se evidencia que se hubiese enterado del inicio del presente tr\u00e1mite a Susana Beatriz Baque Ch\u00e1vez, progenitora de la mencionada ni\u00f1a, omisi\u00f3n que tambi\u00e9n conlleva la invalidaci\u00f3n del asunto de marras. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Corte que el a quo constitucional inform\u00f3 de la existencia de la presente acci\u00f3n al abogado Nelson Calder\u00f3n Molina, quien funge como apoderado judicial de la parte demandada en el proceso fuente del reclamo. <\/p>\n
No obstante, en el expediente no reposa mandato judicial que facultara a dicho profesional del derecho para representar a la citada interviniente en el presente tr\u00e1mite de tutela, sin que el poder que ostenta en el asunto cuestionado, lo faculte para intervenir en esta causa constitucional. <\/p>\n
Luego, el hecho de haberse surtido el acto de enteramiento con tal abogado no subsana la falencia anotada, puesto que el fallador, cuando le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos al de ahora, se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n ante: <\/p>\n
\u2026la no vinculaci\u00f3n de (XXX) quien acumul\u00f3 un libelo de cobro compulsivo en el curso del procedimiento que motiva el reclamo constitucional, pero no se le enter\u00f3 personalmente de su existencia, sino que se le comunic\u00f3 a su mandataria, con quien no se satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes,\u2026 sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026 lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Susana Beatriz Baque Ch\u00e1vez, la Defensor\u00eda de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al estrado acusado, toda vez que al omitirla les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Susana Beatriz Baque Ch\u00e1vez, la Defensor\u00eda de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico Delegado adscritos al despacho accionado, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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