ATC1399-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1399-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00522-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 20 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Manotas en su condici\u00f3n de Alcalde Municipal de Sabanalarga, Atl\u00e1ntico, contra el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Revisado el tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, se observa que tanto la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, como la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, no fueron enteradas de manera alguna del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, pese a que tienen total y plena injerencia en el asunto sub judice, tal y como pasa a explicarse: <\/p>\n
1.1. El promotor del amparo, en la calidad antedicha y a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas en segunda instancia en el marco de las acciones que de este mismo linaje, promovieron los ex trabajadores de la extinta Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga E.S.P., contra dicha empresa p\u00fablica y contra la Alcald\u00eda del Municipio de Sabanalarga, con los radicados Nos. 086384089001-2011-00110-01, 086384089001-2011-00153-01 y 086384089001-2011-00168-01. <\/p>\n
1.2. Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se \u00abdejen sin efectos las decisiones adoptadas dentro de las acciones de tutelas e incidentes de desacato [antes referenciadas] (\u2026), proferidos por el Juzgado Tercero del Circuito de Sabanalarga \u2013 Atl\u00e1ntico\u00bb, lo anterior, bajo el entendido que el cumplimiento material de dichas \u00f3rdenes se torna \u00abimposible\u00bb, adem\u00e1s de comprometer el erario p\u00fablico del municipio, en lo que refiere al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la mentada empresa. <\/p>\n
2. Son las anteriores circunstancias las que hacen necesaria la memorada vinculaci\u00f3n, por cuanto de los hechos narrados por el gestor de la salvaguarda, se extrae de manera contundente, que pese a que se ha solicitado la intervenci\u00f3n y vigilancia de tales entes en el caso sub examine, teniendo en cuenta el compromiso presupuestal del citado ente territorial, la misma no ha sido efectiva, por lo que, entre otros asuntos, acude a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
3. De este modo, y en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el canon 16 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que las actuaciones que se surten dentro del rito excepcional deben ser comunicadas a todos aquellos sujetos de manera directa o indirecta, se vean involucrados en la controversia suscitada, con el fin de garantizarles la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte, es que se hace necesaria la citaci\u00f3n que se echa de menos. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, tal ordenamiento promueve la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de todos aquellos terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite, pues, es claro que el fallo que llegue a emitirse concierne a la Procuradur\u00eda y a la Contralor\u00eda Generales de la Naci\u00f3n, ya que la queja del promotor de la salvaguarda tambi\u00e9n tiene que ver, directamente, con las funciones propias que deben ejercer tales autoridades. <\/p>\n
4. Al respecto, la Corte Constitucional, ha indicado que \u00ab\u2018el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas-, integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u2018que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u00bb (C.C. SU116-2018). <\/p>\n
5. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada vinculaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a las antedichas interesadas intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos, y de ser el caso, aportar las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia a partir de la sentencia proferida el 20 de agosto de los corrientes, inclusive, para que se disponga la vinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Incorp\u00f3rense al expediente digital todos los memoriales allegados por los intervinientes en tr\u00e1mite de la presente instancia. <\/p>\n
4. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes por el medio m\u00e1s expedito <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
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