ATC1402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1402-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00269-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince (15) de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 17 de agosto de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Lida Astrid Chila G\u00f3mez en nombre propio y como agente oficiosa de Mar\u00eda Eva G\u00f3mez de Chila, contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, Ministerio de Salud Nacional\u00b8 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Tolima, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales y los de su progenitora, a la dignidad humana, a la vida, al trabajo en condiciones dignas y seguras, a la salud, a la familia y \u00abde la tercera edad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al impartir \u00f3rdenes para regresar a su trabajo de manera presencial, como educadora de la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Francisco Jos\u00e9 de Caldas de Natagaima \u2013 Tolima. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el Ministerio de Salud Nacional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Tolima, \u00abdejen de impartir cualquier orden, directriz, circular o cualquier otra manifestaci\u00f3n estatal que atente contra los prenotados derechos y pongan en riesgo los derechos a la salud y vida digna de [su] madre y los [suyos]\u00bb; y que del mismo modo se ordene a esas autoridades, \u00absuspender provisionalmente los efectos jur\u00eddicos de las m\u00faltiples disposiciones administrativas impartidas a fin de retornar a la presencialidad sin ning\u00fan tipo de seguridad para los educandos, educadores y sus familias de la Instituci\u00f3n Educativa Francisco Jos\u00e9 de Caldas de Natagaima \u2013 Tolima. Ello hasta que se tengan las \u00f3ptimas condiciones del retorno a clases presenciales\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que su progenitora Mar\u00eda Eva G\u00f3mez de Chila tiene 90 a\u00f1os de edad, y desde hace aproximadamente 13 a\u00f1os ha padecido, entre otras patolog\u00edas, de \u00abtiroidectom\u00eda por c\u00e1ncer\u00bb, y en julio de 2019 le hallaron una nueva \u00abmasa\u00bb que la tiene en estado cr\u00edtico con necesidad de observaci\u00f3n constante, motivo por el cual vive con ella y ha asumido su cuidado; del mismo modo, ella padece de \u00abcoriocarcinoma de ovario derecho\u00bb, siendo entonces ambas personas vulnerables, en especial ante la pandemia generada por el Covid\u201319. <\/p>\n
Afirma que est\u00e1 vinculada como docente de la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Francisco Jos\u00e9 de Caldas de Natagaima, Tolima, y desde el inicio de la anotada coyuntura mundial ha ejercido sus funciones desde casa a trav\u00e9s del uso de los medios de la informaci\u00f3n, sin que se haya generado ning\u00fan reporte negativo por la manera como desempe\u00f1a su trabajo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que debido a decisiones de diferentes autoridades, como son la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que \u00abpr\u00e1cticamente emiti\u00f3 una coerci\u00f3n laboral sobre los docentes estatales, se les conmin\u00f3 a las secretar\u00edas de educaci\u00f3n de las entidades territoriales e incluso a cualquiera otra certificada, para que retomaran la educaci\u00f3n presencial\u00bb, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Tolima imparti\u00f3 las circulares No. 175 de julio 13 de 2021 y No. 202 de julio 26 de 2021, donde reiter\u00f3 la obligaci\u00f3n de los educadores de retornar a los planteles educativos a ejercer sus funciones. <\/p>\n
Finalmente asegura, que esas \u00f3rdenes estatales no diferencian entre personas que como ella y su mam\u00e1 padecen de \u00abcomorbilidades diagnosticadas\u00bb, ni les asegura las medidas m\u00ednimas para evitar el contagio del virus del Covid-19, a la par que la Instituci\u00f3n Educativa T\u00e9cnica Jos\u00e9 de Caldas no cuenta tampoco con dichas condiciones especiales, aun cuando adquiri\u00f3 unos lavamanos port\u00e1tiles y goza de buenos espacios, situaci\u00f3n que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n a su favor y de su agenciada, por parte del juez constitucional. <\/p>\n
3. Mediante decisi\u00f3n del 17 de agosto de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por incumplir con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, \u00abal contar la afectada con mecanismos de defensa judicial ordinarios ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, como lo son los medios de control contemplados en la Ley 1437 de 2011, los cuales cumplen con los criterios de eficacia e idoneidad para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que la accionante considera amenazados por la administraci\u00f3n, no siendo la acci\u00f3n de tutela el instrumento para evitar un perjuicio irremediable en esta ocasi\u00f3n, al no proceder tampoco como mecanismo de amparo transitorio, toda vez que sobre el perjuicio reclamado es pertinente solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos que considera transgresores, instrumento cuyo uso se encuentra previsto en el art\u00edculo 233 ib\u00eddem desde la formulaci\u00f3n de la demanda y sobre el cual su tr\u00e1mite es expedito\u00bb. <\/p>\n
4. La sentencia fue impugnada por la accionante, lo que justifica la presenta del asunto en esta instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el presente asunto, Mar\u00eda Lida Astrid Chila en nombre propio y como agente oficiosa de su progenitora Mar\u00eda Eva G\u00f3mez de Chila, cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, las circulares No. 175 de julio 13 de 2021 y No. 202 de julio 26 de 2021, emitidas por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Tolima, por \u00abcoerci\u00f3n laboral sobre los docentes estatales\u00bb efectuada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con que se conmina a las educadores estatales a retornar a cumplir sus deberes de manera presencial, ataque que busca se inapliquen esas manifestaciones de la administraci\u00f3n, por no estar garantizadas las condiciones de seguridad en los planteles educativos, que minimicen el riesgo de contagio de Covid \u2013 19. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Esta Sala ha indicado, que son los cargos esbozados en el escrito de protecci\u00f3n los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, por lo que se colige que la presente se enfila contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Secretar\u00eda Departamental de Educaci\u00f3n del Tolima, esto es, contra una autoridad del orden nacional y otra del departamental, y al tenor del numeral 11 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, esa disparidad de niveles impone que, entre los jueces habilitados, el asunto sea conocido por el de mayor jerarqu\u00eda. <\/p>\n
3. Ahora bien, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 de la citada normativa consagra, que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra \u00abcualquier autoridad organismo, o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb; entonces, resulta evidente que la salvaguarda debi\u00f3 ser conocida en primera instancia por los Juzgados del Circuito, mas no por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, motivo por el cual se invalidar\u00e1 lo actuado en la presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito o con categor\u00eda de tal, del municipio de El Guamo, Tolima, ya que dentro de su circuito judicial tiene comprendido al municipio de Natagaima, donde se presenta la vulneraci\u00f3n alegada, autoridad aquella que asumir\u00e1 el conocimiento en primera instancia de la queja constitucional. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto entre otros CSJ ATC813-2021 y ATC683 – 2021). <\/p>\n
5. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de El Guamo, Tolima, o con categor\u00eda de tal, para que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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