ATC1447-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1447-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00559-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2021 dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Laura Vanessa G\u00f3mez Hern\u00e1ndez contra la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla y la EPS SANITAS, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al m\u00ednimo vital, supuestamente conculcada por las entidades acusadas al considerar que no le asiste derecho al pago completo de su licencia de maternidad. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que en diciembre de 2020 empez\u00f3 a trabajar en la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla, precisando que se encontraba en el 5\u00ba mes de gestaci\u00f3n y que fue afiliada a la EPS Sanitas. <\/p>\n
Relata que su hijo naci\u00f3 de manera prematura el 18 de febrero de 2021, por lo que su empleador mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 0246 de 6 de marzo hoga\u00f1o le concedi\u00f3 licencia de maternidad, y \u00abcumpli\u00f3 a cabalidad con los pagos de los meses de la licencia garantiz\u00e1ndo[le] el m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
Aduce que la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla solicit\u00f3 el recobro a la referida EPS, no obstante, esta se neg\u00f3 a realizarlo \u00abpor no haber sido afiliada al inicio de su embarazo, por tal motivo hizo un pago parcial a la contralor\u00eda (\u2026) 32 d\u00edas de los 133 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Indica que en el informe preliminar emitido con ocasi\u00f3n de la auditor\u00eda regular para la vigencia 2020 la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica evidenci\u00f3 que en la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla \u00ab(\u2026) al momento del nombramiento de la funcionaria, la misma se encontraba afiliada a la EPS en calidad de beneficiaria, y sus aportes como cotizante se realizaron a partir de la vinculaci\u00f3n de la entidad, esto es, dos meses\u00bb, raz\u00f3n por la cual desatendi\u00f3 lo preceptuado en la sentencia T-490 de 2015, puesto que procedi\u00f3 al pago de 133 d\u00edas, mientras que s\u00f3lo ten\u00eda derecho al reconocimiento de 32 d\u00edas. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en virtud de lo anterior fue requerida por parte de la entidad en la que trabaja, para que procediera a devolver el dinero que le fue pagado en exceso, por lo que considera que \u00abla disputa entre la EPS, LA CONTRALOR\u00cdA Y LA AUDITOR\u00cdA est\u00e1n afectando [sus] derechos constitucionales resaltando que la contralor\u00eda hizo lo que en la ley le correspond\u00eda hacer pagar[le] la licencia, pero la auditor\u00eda y la EPS lo est\u00e1n conminando a que no se le reconozca el pago de la licencia y que ninguno asuma este deber legal de cumplirlo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene (i) a la EPS Sanitas \u00ab(que se allan\u00f3 a la mora), resuelva lo que le corresponde ante la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla\u00bb, (ii) a la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica \u00abque modifique lo que planteo (sic) en su informe sobre las mujeres embarazadas al obtener un trabajo, y que garantice el derecho al m\u00ednimo vital\u00bb, (iii) a la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla \u00abque cese la toga (sic) gesti\u00f3n encaminada al recobro del pago de la licencia de maternidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia, para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo se dirige contra (i) la Auditor\u00eda General de la Rep\u00fablica, entidad del orden nacional, (ii) la Contralor\u00eda Distrital de Barranquilla, y (iii) la EPS Sanitas, por lo que siguiendo la segunda regla de reparto contenida en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, la competencia estar\u00eda atribuida a los jueces del circuito. <\/p>\n
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo involucra a varias entidades p\u00fablicas del orden nacional y, de conformidad con la referida norma, \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En este orden, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a los Juzgados del Circuito de Barranquilla para lo de su competencia. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo (emitido el 30 de agosto de 2021) se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2021 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla (Reparto) para que sea asumido el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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ATC1447-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1447-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00559-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57187\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}