ATC1448-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1448-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2021-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali el pasado 2 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos Vergara Arango contra el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de dicha ciudad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderada, el solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales \u00aba la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n, petici\u00f3n y debido proceso\u00bb, que estima conculcadas por el funcionario querellado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se ordene al aludido delegado \u00abentregar todo el descubrimiento completo y f\u00edsico a costa de su despacho, pues mi prohijado no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para asumir este costo como lo precept\u00faa el art. 337 numeral 5-d, el escrito anexo debe contener todos estos anexos, no que la defensa debe ir y fotocopiar y perseguir al fiscal para que lo entregue [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo del pasado 2 de septiembre el tribunal a quo no accedi\u00f3 al auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por el promotor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que, si bien el funcionario accionado es un fiscal delegado ante dicha corporaci\u00f3n, lo cierto es que, para el caso concreto act\u00faa o interviene en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de aquella ciudad, despacho que adelanta la fase de juzgamiento dentro del proceso 2012-02086 seguido contra Juan Carlos Vergara Arango por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento il\u00edcito de manera que la regla de competencia aplicable a este asunto es la contenida en la primera parte del numeral 4 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021) que indica: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra un fiscal, relativa a su actuaci\u00f3n al interior de un proceso penal, se radica en la autoridad superior de aquella ante la que el aludido funcionario interviene la que, para el presente asunto, no es otra que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, al tenor de la disposici\u00f3n normativa acabada de citar, por ser el superior funcional del juzgado de conocimiento. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
En este orden, de conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando la remisi\u00f3n del asunto a la respectiva oficina judicial para que sea sometida a reparto entre los magistrados que componen la Sala Penal de dicha colegiatura. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1 <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Juan Carlos Vergara Arango, inclusive, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial de Cali para que, previo reparto, el asunto sea asignado a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de dicha ciudad a efectos de que asuma el conocimiento y disponga lo que considere. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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