ATC1452-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1452-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00161-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 9 de agosto de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luisa In\u00e9s Vargas Contreras contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a la petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la entidad accionada, con la falta de respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el \u00ab13 de febrero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Por este motivo reclama, entonces, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, que se ordene a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, \u00abde respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n radicado en su sede f\u00edsica en la ciudad de Monter\u00eda el d\u00eda 13 de febrero de 2019, a trav\u00e9s de formulario\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que, pese a que desde la calenda referida en l\u00edneas anteriores solicit\u00f3 \u00abla cancelaci\u00f3n de una de las dos c\u00e9dulas vigentes\u00bb, petici\u00f3n que reiter\u00f3 en el mes de febrero de 2021, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil \u00ab[n]o obstante haber transcurrido un n\u00famero considerable de meses (\u2026) no ha dado contestaci\u00f3n a lo peticionado\u00bb, circunstancia que dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En auto del 29 de julio pasado, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a la entidad criticada para que ejerciera su derecho de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la aludida accionante, fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que est\u00e1 dirigida espec\u00edficamente en contra de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no frente al representante legal o su titular; bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 20211; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la dependencia acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem2, la competencia para conocer del presente caso en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales. <\/p>\n
2. Luego, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, como entidad p\u00fablica del orden nacional, la competencia para conocer de la presente demanda de tutela, en primera instancia, corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales de Monter\u00eda, sitio en donde la accionante radic\u00f3 la demanda de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, conforme al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso en armon\u00eda con lo dispuesto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 de la misma obra, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha considerado que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1312-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ver entre otros, CSJ ATC554-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales de Monter\u00eda (reparto), pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada no se dirige frente al Registrador Nacional del Estado Civil, sino a la entidad. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 9 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Rem\u00edtase el expediente digital a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales de Monter\u00eda (reparto), con el fin de que se imprima el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedido. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
2\u0002 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
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