ATC1457-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1457-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03474-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Pereira, ya que ambos despachos judiciales rehusaron conocer de la petici\u00f3n de amparo formulada por Adriana Mabel Garc\u00eda contra la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A la primera de las mencionadas agencias judiciales le fue repartida la impugnaci\u00f3n al fallo de tutela de 30 de julio de 2021 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n promovida por Adriana Mabel Garc\u00eda contra la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Polic\u00eda Nacional; que, a trav\u00e9s de auto de 15 de septiembre de los corrientes, declar\u00f3 \u00abla nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio\u2026 dictado el 15 de julio de 2021\u00bb, remitiendo el conocimiento del asunto a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal del Pereira, al considera que \u00abera necesaria la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, autoridad judicial que conforme lo manifest\u00f3 la actora, conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela 2021-00118-00, ordenando aparentemente la suspensi\u00f3n del examen de aptitudes y conocimiento dentro del proceso de selecci\u00f3n n\u00b0 632 de 2018, como quiera que es menester determinar lo acontecido en el tr\u00e1mite constitucional en menci\u00f3n, a fin de establecer con precisi\u00f3n si se cumplen o no en el presente asunto los requisitos de procedibilidad del mecanismo tutelar\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Pereira, a quien fue asignado el asunto, plante\u00f3 conflicto negativo de competencia, al considerar que \u00abde los hechos de la demanda y las pruebas allegadas con ella, se infiere con claridad que la se\u00f1ora Adriana Mabel Garc\u00eda, quien reside en Ibagu\u00e9, dirigi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional \u00fanicamente contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Polic\u00eda Nacional, como entidades involucradas en el tr\u00e1mite del mencionado concurso de m\u00e9ritos cuyo comportamiento recrimina, entre otras cosas, por citar a prueba de conocimientos en medio de la pandemia por Covid-19, desconocer una orden judicial de suspensi\u00f3n del concurso y no pronunciarse aun respecto de la excusa m\u00e9dica que ella present\u00f3 para justificar su inasistencia a la aplicaci\u00f3n de la prueba\u00bb, por lo que la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira es aparente, pues, itera, la gestora \u00abno lo hace responsable de tales situaciones ya que, se repite, simplemente se le nombra como conocedor de otra acci\u00f3n de tutela contra aquel concurso de m\u00e9ritos, en el que adopt\u00f3 una serie de medidas que supuestamente desconocieron las entidades que s\u00ed son accionadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No hay duda de que en esta Corporaci\u00f3n radica la competencia para dirimir el referido conflicto, al tenor del art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n de que los despachos enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales. <\/p>\n
2. En el sub lite se advierte que la controversia planteada va dirigida a determinar qu\u00e9 estrado debe conocer la queja constitucional de la actora contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC y el Ministerio de Defensa Nacional -Polic\u00eda Nacional, destacando que la gestora considera vulnerados sus derechos de primer orden con ocasi\u00f3n del actuar de dichos entes, toda vez que el 21 de junio de 2021 adelantaron las pruebas de aptitudes y conocimiento de la convocatoria n\u00b0 632 de 2018, sin tener en cuenta que con fallo de tutela anterior, tales pruebas hab\u00edan sido suspendidas, sumado a que, para esa data, hab\u00eda sido diagnosticada con covid 19. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon primero del decreto 333 de 2021, establece que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb, siendo el principal objetivo de la anterior disposici\u00f3n facilitar al afectado en sus derechos fundamentales la elecci\u00f3n del juez que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, de tal suerte que la competencia por el factor territorial est\u00e1 instituida a prevenci\u00f3n por el sitio en que, seg\u00fan las afirmaciones de la demanda, ocurren los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generatriz del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el de domicilio o el de residencia de la parte accionante, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
2.2. Asimismo, el numeral primero de la citada norma (art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, decreto 1069 de 2015) indica que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.3. En el caso bajo examen, se extrae que, adem\u00e1s, de que el domicilio de la accionante est\u00e1 ubicado en Ibagu\u00e9, raz\u00f3n le asiste a lo dicho por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Pereira, pues el reparo de la gestora se encaja en el actuar de la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil -CNSC y el Ministerio de Defensa Nacional -Polic\u00eda Nacional, tras citar a las pruebas de aptitudes y conocimiento, sin tener en cuenta lo dicho en un fallo de tutela anterior; lo que se deduce que, por lo explicado, correspond\u00eda, tal como ocurri\u00f3, al Juzgado Treinta y Nueva Civil Municipal de Bogot\u00e1 el conocimiento de esta tutela. <\/p>\n
Ahora, que la accionante hubiese relatado en los hechos que las autoridades accionadas no atendieron la medida provisional dictada en la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2021-00118 que conoci\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, no desvirt\u00faa la conclusi\u00f3n antedicha, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira se torna \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, las quejas de la actora se dirigen a cuestionar, exclusivamente, el actuar la Comisi\u00f3n Nacional del Estado Civil -CNSC y el Ministerio de Defensa Nacional -Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
3. Luego, el despacho al cual inicialmente correspondi\u00f3 por reparto la demanda de tutela, esto es, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, es el competente para conocerla, por lo que, de contera, la impugnaci\u00f3n al fallo emitido por ese estrado judicial, le corresponde a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, se resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar que el competente para conocer de la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela emitido el 30 de julio de 2021 por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 es la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, al cual se dispone remitir el expediente. <\/p>\n
Segundo. Lo anterior implica el decaimiento emitido el 15 de septiembre de 2021 por medio del cual el Tribunal de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 la nulidad de las actuaciones surtidas por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, bajo su supuesta incompetencia. <\/p>\n
Tercero. Comunicar esta decisi\u00f3n al interesado y a los despachos involucrados. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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