ATC1481-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1481-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2021-00037-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Francisco Alberto Garc\u00eda Galindez contra el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado Civil del Circuito de Arauca en el proceso ejecutivo con radicado 2017-00481 en primera instancia y 2021-00075 en segunda. <\/p>\n
2. En sustento de su queja indic\u00f3 que Segundo \u00c1vila formul\u00f3 en su contra demanda ejecutiva asignada al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca, en la que, por auto de 14 de diciembre de 2017, libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 su notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 291 y 292 del CGP. <\/p>\n
2.1. El 5 de julio de 2019, el Juzgado convocado, dado que no se pudo notificar al demandado, orden\u00f3 su emplazamiento. <\/p>\n
2.2. El 7 de diciembre de 2020, el apoderado del ejecutado pidi\u00f3 al Juzgado de conocimiento la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.3. El 29 de abril de 2021, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito1. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la decisi\u00f3n, el ejecutante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, mediante auto de 3 de agosto de 2021, en el que revoc\u00f3 el auto apelado. <\/p>\n
2.5. El promotor de la tutela aduj\u00f3 que el Juzgado del Circuito accionado vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al considerar \u00abque con la entrada en vigencia del decreto 806 de 2020, los emplazamientos decretados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma quedaron en cabeza del secretario (\u2026), toda vez que no se le est\u00e1 dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el art\u00edculo 624 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abrevocar el auto de fecha 3 de agosto de 2021 emitido por el Juzgado Civil Del Circuito De Arauca\u00bb. <\/p>\n
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar con la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3. En el presente asunto, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a todos los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite constitucional, lo que constituye la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, que dispone que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente documental allegado, se evidencia que, mediante auto de fecha 13 de agosto de 2021, se dispuso admitir la presente acci\u00f3n de tutela instaurada contra el el Juzgado Civil del Circuito de Arauca y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de las partes intervinientes del proceso ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
El demandante en el proceso ejecutivo, esto es, el se\u00f1or Segundo \u00c1vila fue notificado del inicio del presente tr\u00e1mite tutelar, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de su apoderado judicial en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
En ese sentido, se precisa que la notificaci\u00f3n a los intervinientes se debe efectuar de manera directa y no a trav\u00e9s de sus representantes judiciales, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala: <\/p>\n
\u00aba pesar del enteramiento efectuado a los apoderados judiciales (\u2026) la notificaci\u00f3n no se efectu\u00f3 de manera directa a estos \u00faltimos como intervinientes dentro del proceso cuestionado\u2026 <\/p>\n
En un asunto de similares contornos al de ahora, se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n ante, <\/p>\n
\u2026la no vinculaci\u00f3n de (XXX) quien acumul\u00f3 un libelo de cobro compulsivo en el curso del procedimiento que motiva el reclamo constitucional, pero no se le enter\u00f3 personalmente de su existencia, sino que se le comunic\u00f3 a su mandataria, con quien no se satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes\u2026, sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; citado en ATC, 14 mar. 2013, rad. 2013-00019-01)\u00bb (CSJ ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado a partir de las notificaciones del auto que admiti\u00f3 el amparo, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de notificar de la acci\u00f3n de tutela a todos los intervinientes e interesados del proceso objeto de debate y adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, con posterioridad al auto que admite la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que, por Secretar\u00eda, se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 02AnexoTutela folio 4. <\/p>\n
<\/p>\n
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