SC3377-2021 (2014-00082-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3377-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-10-002-2014-00082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por H…….. C……… V……….., frente a la sentencia de 30 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el proceso que en su contra y de S………. H……… G…….. R……, as\u00ed como de los herederos indeterminados de C………. E……… C……..V…., promovi\u00f3 Y…… G……… R………. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda, la promotora solicit\u00f3 que se declarara que su verdadero padre no es S………. H……… G…….. R…… sino C………. E……… C……..V…., de lo cual pidi\u00f3 se tomara nota en el registro civil de nacimiento. <\/p>\n
2. Las pretensiones se sustentaron, en esencia, en que la madre de la accionante sostuvo relaciones sexuales con C………. E……… C……..V…. entre los a\u00f1os 1978 y 1979. <\/p>\n
En estado de gravidez y frente al rechazo de su compa\u00f1ero sentimental, la progenitora decidi\u00f3 convivir con S………. H……… G…….. R……, quien reconoci\u00f3 a la menor como su hija (folios 1 a 5 del cuaderno 1). <\/p>\n
3. Agotado el proceso de enteramiento, H…….. C……… V……….. se opuso a las s\u00faplicas y propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n (folios 32 a 33 ibidem). El curador ad litem de los herederos indeterminados dijo acogerse a las resultas del proceso (folios 60 a 63). S………. H……… G…….. R……, a pesar de haber sido notificado (folios 11), guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero de Familia de Tunja, el 23 de mayo de 2016 (folios 126 a 137 ejusdem), accedi\u00f3 a las pretensiones por cuanto la prueba de marcadores gen\u00e9ticos demostr\u00f3 la paternidad de C………. E……… C……..V…. -probabilidad superior al 99,99%-, raz\u00f3n suficiente para excluir la de S………. H……… G…….. R……, a pesar de la ausencia de un estudio cient\u00edfico frente a este \u00faltimo. <\/p>\n
5. Al desatar la alzada interpuesta el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, con base en los argumentos que se exponen en lo subsiguiente (folios 22 a 35 del cuaderno 2). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de establecer los presupuestos procesales, diferenciar las acciones de impugnaci\u00f3n y filiaci\u00f3n, y relievar la importancia de la prueba cient\u00edfica, manifest\u00f3 que \u00e9sta permit\u00eda impugnar la paternidad de S………. H……… G…….. R……, en aplicaci\u00f3n del principio de tercero excluido, en tanto la experticia arrimada demostr\u00f3 que el progenitor real era C………. E……… C……..V…. (q.e.p.d.). <\/p>\n
Por tanto \u00ab\u2026no estando demostrada la conculcaci\u00f3n de la cadena de custodia, y\u2026 con el silencio del c\u00f3nyuge de la madre de la actora, fulge sin dubitaci\u00f3n, que el extinto C………. E……… C……..V…., es el verdadero padre de la actora\u00bb (folio 33). <\/p>\n
2. Desestim\u00f3 las irregularidades achacadas al dictamen pericial, en tanto las mismas fueron materia de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a la cadena de custodia advirti\u00f3 su correcta observancia, pues se comision\u00f3 a un juez competente para la realizaci\u00f3n de la prueba, a la exhumaci\u00f3n comparecieron las autoridades responsables y dem\u00e1s interesados, la tumba se identific\u00f3 y no \u00abhubo duda de que se trataba del cad\u00e1ver de quien ahora se solicita la paternidad, adem\u00e1s por parte del juzgado se dej\u00f3 constancia de las partes \u00f3seas extra\u00eddas y que las muestras fueron embaladas en bolsas pl\u00e1sticas de cierre herm\u00e9tico previamente rotuladas, y bajo cadena de custodia ser\u00e1n enviadas al Instituto de Gen\u00e9tica del Oriente Colombiano\u00bb (idem), sin que las partes hicieran objeci\u00f3n alguna en dicho momento. <\/p>\n
Sobre el procedimiento de aislamiento y extracci\u00f3n del ADN arguy\u00f3 que se encuentra estandarizado, sin que se probara que el laboratorio viol\u00f3 las directrices del decreto 351 de 2014 y dem\u00e1s normas aplicables, m\u00e1xime cuando aclar\u00f3 las inquietudes propuestas y en su oportunidad nada se dijo. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Interpuesto el recurso de casaci\u00f3n por el demandado se sustent\u00f3 en tiempo (folios 41 a 51 del cuaderno Corte), el cual contiene un (1) ataque por nulidad procesal. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con base en la causal quinta de casaci\u00f3n se acus\u00f3 la sentencia de ser nula de pleno derecho, por cuanto el juzgador de segunda instancia perdi\u00f3 competencia para proferirla, al exceder el t\u00e9rmino de seis (6) meses que determina el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sustento, record\u00f3 que la nueva codificaci\u00f3n entr\u00f3 en vigencia el 1\u00b0 de enero de 2016 en todos los distritos judiciales del pa\u00eds, siendo aplicable la nulidad de pleno derecho por ser de orden p\u00fablico y de imperativo cumplimiento. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el expediente fue recibido en la Secretar\u00eda del Tribunal el 7 de julio de 2016, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, y que la providencia criticada data de 30 de mayo de 2017, sin que se hubiera emitido auto de pr\u00f3rroga, lo que demuestra la configuraci\u00f3n de la nulidad deprecada, la cual es insuperable e insaneable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso (CGP) aparej\u00f3, no s\u00f3lo la consagraci\u00f3n de un sistema predominantemente oral y basado en audiencias, sino m\u00faltiples medidas para sortear la congesti\u00f3n judicial y, de esta forma, menguar la sensaci\u00f3n de injusticia ocasionada por la demora de la rama judicial en la resoluci\u00f3n de las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Dentro de estos instrumentos se encuentra el se\u00f1alamiento de t\u00e9rminos de duraci\u00f3n para el proferimiento de la sentencia de \u00fanica, primera o segunda instancia. <\/p>\n
2. Uno de los precursores de este tipo de iniciativas fue el C\u00f3digo Procesal Civil para Iberoam\u00e9rica, que en su canon 11.4. dispuso que \u00ab[t]odo sujeto de derecho tendr\u00e1 acceso a un proceso de duraci\u00f3n razonable que resuelva sus pretensiones\u00bb, para lo cual difiri\u00f3 a la leyes especiales el se\u00f1alamiento de \u00ab[l]os plazos para el dictado de las resoluciones as\u00ed como las consecuencias y sanciones correspondientes a la omisi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 183). <\/p>\n
Directriz seguida, entre otros, por los art\u00edculos 203 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso uruguayo, que definieron el t\u00e9rmino para proferir sentencia seg\u00fan lo requerido para estudiar el caso y convocar a la respectiva audiencia, aunque sin puntualizar las consecuencias de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Igual orientaci\u00f3n se encuentra en el C\u00f3digo Procesal Civil boliviano, con la previsi\u00f3n de que la extinci\u00f3n del tiempo para fallar no invalida la decisi\u00f3n, aunque dar\u00e1 lugar a las sanciones disciplinarias que sean procedentes (art\u00edculos 216 y 217 de la ley 439 de 2013). <\/p>\n
En Argentina se determin\u00f3 que las sentencias definitivas deben proferirse dentro de un espacio temporal seg\u00fan se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado (art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n), cuya inobservancia podr\u00e1 dar lugar a sanciones pecuniarias que no podr\u00e1n exceder un porcentaje de la remuneraci\u00f3n b\u00e1sica del funcionario judicial (art\u00edculo 167). <\/p>\n
En el \u00e1mbito local, el antecedente inmediato se encuentra en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 9 de la ley 1395 de 2010, el cual fij\u00f3 un plazo m\u00e1ximo para fallar y previ\u00f3 como efecto de su desatenci\u00f3n la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia para conocer del proceso, sin posibilidad de ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
Disposici\u00f3n que fue adicionada en la ponencia para el primer debate en el Senado, sustentada en la efectividad de la tutela judicial, en tanto las personas tienen derecho \u00aba obtener una decisi\u00f3n motiva[da] y razonable que ponga fin a la controversia planteada\u00bb, am\u00e9n del \u00abderecho a que los procesos se desarrollen en un t\u00e9rmino razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garant\u00edas propias del debido proceso\u00bb1. <\/p>\n
En concreto se afirm\u00f3: <\/p>\n
Buscando que el proceso tenga t\u00e9rmino m\u00e1ximo para ser resuelto, perder\u00e1 la competencia el juez que conoce de \u00e9l, cuando vencido el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia, o de seis meses para el juez o magistrado de segunda instancia, no haya proferido la correspondiente sentencia; caso en el cual, el asunto pasar\u00e1 al conocimiento de otro Juez, quien contar\u00e1 con el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses para proferir la correspondiente sentencia. De esta manera, las partes pueden tener certeza de cu\u00e1ndo ser\u00e1 resuelto su litigio, lo cual se acompasa, entre otras cosas, con el \u2018plan del caso\u2019 que hoy los jueces deben manejar en desarrollo de la direcci\u00f3n t\u00e9cnica del proceso2. <\/p>\n
3. El CGP insisti\u00f3 en la necesidad de una duraci\u00f3n m\u00e1xima admisible de los procesos, para lo cual, no s\u00f3lo sigui\u00f3 la l\u00ednea trazada por la ley 1395, en el sentido de establecer la frontera temporal de las instancias, sino que consagr\u00f3 la nulidad de pleno derecho para las actuaciones o decisiones adoptadas despu\u00e9s de su vencimiento, as\u00ed como la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del operador judicial. <\/p>\n
Establec\u00eda, en lo pertinente, el art\u00edculo 121: <\/p>\n
Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n
Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual\u2026 deber\u00e1\u2026 remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n
Excepcionalmente el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar por una sola vez el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses m\u00e1s, con explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. <\/p>\n
Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (subrayado declarado inexequible por sentencia C-443\/19). <\/p>\n
4. Razones de diverso orden subyacen a la consagraci\u00f3n de un linde temporal para el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n en las instancias, siendo de especial relevancia el derecho humano que tienen las partes a obtener un fallo en un t\u00e9rmino razonable y sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
Total, el debido proceso y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, garant\u00edas de raigambre fundamental, disciplinan que las actuaciones judiciales se adelanten, y las resoluciones se adopten, en un lapso prudencial, en tanto los ciudadanos no pueden estar bajo la zozobra de la incertidumbre temporal. <\/p>\n
Un proceso respetuoso de los derechos de las partes debe garantizar su agotamiento c\u00e9lere, de suerte que se propenda por la pacificaci\u00f3n social a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n oportuna de las controversias. No en vano la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que la mora judicial injustificada atenta contra la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por lo que su aparici\u00f3n debe solventarse con la adopci\u00f3n de las medidas necesarias para que fulgure prontamente la decisi\u00f3n definitiva3. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha dicho que la Carta Fundamental impone a los sentenciadores el deber de fallar en un plazo razonable, am\u00e9n de que \u00ab[e]l sometimiento de las autoridades p\u00fablicas encargadas de la funci\u00f3n de administrar justicia a las reglas jur\u00eddicas, espec\u00edficamente a aquellas establecidas para la tramitaci\u00f3n y definici\u00f3n de los asuntos que son sujetos a su conocimiento, repercute en la materializaci\u00f3n de valores como el de la justicia, as\u00ed como en la eficacia de una amplia gama de derechos constitucionales, incluidos aquellos que a trav\u00e9s de cada cauce procesal se pretende satisfacer\u00bb4. <\/p>\n
5. Este est\u00e1ndar hunde sus ra\u00edces en diversos tratados de derechos humanos, los cuales establecen que los procesos deben impulsarse en un t\u00e9rmino sensato, con independencia de la materia objeto de conocimiento. <\/p>\n
As\u00ed, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9, previ\u00f3 como garant\u00eda judicial que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 8-1). <\/p>\n
El Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, en palabras similares, orden\u00f3 que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a que su causa sea o\u00edda equitativa, p\u00fablicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidir\u00e1 los litigios sobre sus derechos y obligaciones de car\u00e1cter civil o sobre el fundamento de cualquier acusaci\u00f3n en materia penal dirigida contra ella\u00bb (negrilla propia, art\u00edculo 6-1). <\/p>\n
La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 27 de julio de 1981, consagr\u00f3 que \u00ab[t]odo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica\u2026 el derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial\u00bb (negrilla propia, art\u00edculo 7-1-d). <\/p>\n
La \u00abrazonabilidad\u00bb de marras, seg\u00fan diversas decisiones de tribunales internacionales, ha sido perfilada a trav\u00e9s de los est\u00e1ndares de la garant\u00eda a obtener un pronunciamiento sin delaciones indebidas o derecho a obtener una decisi\u00f3n en un plazo razonable5. En particular, por su importancia para nuestro pa\u00eds, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, siguiendo los lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegur\u00f3: <\/p>\n
El art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n tambi\u00e9n se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definici\u00f3n. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha se\u00f1alado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analiz\u00f3 este concepto, pues este art\u00edculo de la Convenci\u00f3n Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, p\u00e1rr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, p\u00e1rr. 30)\u20266. <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente puntualiz\u00f3: <\/p>\n
[E]n su jurisprudencia la Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinaci\u00f3n de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por s\u00ed misma, una violaci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales. Asimismo, este Tribunal ha se\u00f1alado que el \u2018plazo razonable\u2019 al que se refiere el art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n se debe apreciar en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. <\/p>\n
La Corte usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectaci\u00f3n generada en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona involucrada en el proceso\u2026 <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destaca que los retrasos causados por las acciones u omisiones de cualquiera de las dos partes se deben tomar en cuenta al analizar si el proceso ha sido llevado a cabo en un plazo razonable\u2026 <\/p>\n
La Corte recuerda que es el Estado, a trav\u00e9s de sus autoridades judiciales, quien debe conducir el proceso. Al respecto, conforme la legislaci\u00f3n procesal civil aplicable al presente caso, el juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, manteniendo la igualdad de las partes en el proceso, vigilando que la tramitaci\u00f3n de la causa procure la mayor econom\u00eda procesal y evitando la paralizaci\u00f3n del proceso\u20267 <\/p>\n
Luego, la sind\u00e9resis de los t\u00e9rminos procesales es una exigencia propia al debido proceso, cuyo cumplimiento est\u00e1 en cabeza de los \u00f3rganos judiciales, quienes tienen el deber de adelantar la actuaci\u00f3n con estricto apego a los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, so pena de vulnerar m\u00faltiples garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Este fin \u00abvincula al sistema jurisdiccional de determinado pa\u00eds a organizarse y estructurarse de tal forma que se eviten retrasos que comprometen su eficacia y credibilidad\u00bb8. <\/p>\n
6. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en materia de tutela, hizo eco del CGP y de los caros postulados que sirvieron de fundamentaci\u00f3n al interregno para fallar, as\u00ed como las gravosas consecuencias de su incumplimiento. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, despu\u00e9s de algunas vacilaciones9, entendi\u00f3 que el art\u00edculo 121, al establecer el m\u00e1ximo temporal para decidir en \u00fanica, primera y segunda instancia, fij\u00f3 un t\u00e9rmino objetivo, cuyo desconocimiento no pod\u00eda ser admitido en ning\u00fan escenario, ni permitirse su pr\u00f3rroga o extensi\u00f3n por razones diferentes a las se\u00f1aladas por el propio legislador, so pena de que el sentenciador perdiera competencia para emitir cualquier decisi\u00f3n y que, de hacerlo, la misma fuera anulable10. <\/p>\n
Verbi gracia, en el prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2019 esta Sala afirm\u00f3 que \u00abel entendimiento objetivo que esta Corporaci\u00f3n ha dado del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso implica que la consecuencia de la extinci\u00f3n de tal plazo sin definirse la instancia es la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia y, por contera, la nulidad de pleno derecho de las actuaciones posteriores\u00bb (STC16801, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2018-00225-01; reiterada STC12476, 16 sep. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00220-01). <\/p>\n
De forma m\u00e1s detallada expuso: <\/p>\n
[C]orrecto es entender que la circunstancia de no dictarse el fallo en la oportunidad fijada por el legislador, trae consigo la inmediata p\u00e9rdida de la competencia del juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinci\u00f3n del plazo para ello, adelantar ninguna actividad procesal, al punto que si la realiza, \u00e9sta es irregular, de pleno derecho. <\/p>\n
Significa lo anterior, que las actuaciones extempor\u00e1neas del funcionario son nulas por s\u00ed mismas y no porque se decreten. La nulidad deriva del mandato del legislador y no de su reconocimiento judicial. Por ello, no hay lugar al saneamiento del vicio, ni a la convalidaci\u00f3n de los actos afectados con \u00e9l. La invalidaci\u00f3n se impone y, consiguientemente, siempre debe ser declarada, incluso en los casos en que ninguna de las partes la reclame (STC9598, 22 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00133-01). <\/p>\n
7. Empero de lo comentado, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional, al ponderar la finalidad del art\u00edculo 121 del CGP con las consecuencias que pod\u00edan derivarse de su aplicaci\u00f3n infranqueable, estableci\u00f3 que, si bien la previsi\u00f3n de un plazo para decidir en las instancias se aviene con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como la p\u00e9rdida de competencia por su desconocimiento y la nulidad de los actos realizados por fuera del mismo, esto no sucede con la insaneabilidad de la invalidez ni la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica. <\/p>\n
Consider\u00f3 la Corte Constitucional que estas \u00faltimas consecuencias transgreden los mandatos fundamentales, por cuanto (i) desconocen las reglas que rigen las nulidades procesales, (ii) alargan la resoluci\u00f3n de litigios con la incorporaci\u00f3n de nuevos debates, (iii) permiten el aprovechamiento de la deslealtad procesal, y (iv) autorizan trasladar expedientes entre diversas sedes judiciales, en desmedro del principio de inmediaci\u00f3n. <\/p>\n
In extenso explic\u00f3: <\/p>\n
[L]a Sala concluye que la circunstancia de que la nulidad de las actuaciones procesales que se surten con posterioridad a la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia sea autom\u00e1tica, entorpece no solo el desarrollo de los tr\u00e1mites que surten en la administraci\u00f3n de justicia, sino tambi\u00e9n el funcionamiento del sistema judicial como tal, por las siguientes razones: (i) primero, remueve los dispositivos dise\u00f1ados espec\u00edficamente por el legislador para promover la celeridad en la justicia, como la posibilidad de sanear las irregularidades en cada etapa procesal, la prohibici\u00f3n de alegarlas extempor\u00e1neamente, la facultad para subsanar vicios cuando al acto cumple su finalidad y no contraviene el derecho de defensa, y la convalidaci\u00f3n de las actuaciones anteriores a la declaraci\u00f3n de la falta de competencia o de jurisdicci\u00f3n; (ii) segundo, el efecto jur\u00eddico directo de la figura es la dilaci\u00f3n del proceso, pues abre nuevos debates sobre la validez de las actuaciones extempor\u00e1neas que deben sortearse en otros estrados, incluso en el escenario de la acci\u00f3n de tutela, las actuaciones declaradas nulas deben repetirse, incluso si se adelantaron sin ninguna irregularidad, y se debe reasignar el caso a otro operador de justicia que tiene su propia carga de trabajo y que no est\u00e1 sometido a la amenaza de la p\u00e9rdida de la competencia; (iii) tercero, la norma genera diversos traumatismos al sistema judicial, por la aparici\u00f3n de nuevos debates y controversias asociadas a la nulidad, el traslado permanente de expedientes y procesos entre los despachos hom\u00f3logos, la configuraci\u00f3n de conflictos negativos de competencia, la duplicaci\u00f3n y repetici\u00f3n de actuaciones procesales, y la alteraci\u00f3n de la l\u00f3gica a partir de la cual distribuyen las cargas entre las unidades jurisdiccionales; (iv) finalmente, el instrumento elegido por el legislador para persuadir a los operadores de justicia de fallar oportunamente para evitar las dr\u00e1sticas consecuencias establecidas en el art\u00edculo 121 del CGP, carece de la idoneidad para la consecuci\u00f3n de este objetivo, pues la observancia de los t\u00e9rminos depende no solo de la diligencia de los operadores de justicia, sino tambi\u00e9n de la organizaci\u00f3n y el funcionamiento del sistema judicial, y del devenir propio de los procesos, frentes estos que no son controlables por los jueces\u2026 <\/p>\n
La existencia de un plazo inexorable, tras el cual todas las actuaciones adelantadas por el juez que pierde la competencia se entienden nulas de pleno derecho, de suerte que deben ser repetidas por un nuevo operador de justicia, tampoco favorece los derechos de las partes\u2026 <\/p>\n
Por \u00faltimo, y tal como lo pusieron en evidencia algunos intervinientes, la medida ha favorecido maniobras que podr\u00edan comprometer la lealtad procesal, como aquella, al parecer recurrente, de guardar silencio cuando vence el plazo legal, y \u00fanicamente alegar la nulidad cuando el juez mantiene el conocimiento del asunto y falla de manera adversa a una de las partes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte coincide con los planteamientos que se han vertido por fuera de este proceso, en el sentido de que \u2018la norma sufre deficiencias desde su propia concepci\u00f3n, puesto que parece no haber previsto los efectos del traslado del proceso de un despacho a otro; situaci\u00f3n que se torna particularmente riesgosa si se tiene en cuenta que el respeto del principio de inmediaci\u00f3n resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema procesal oral. Tambi\u00e9n se resalta que la norma no contiene ninguna previsi\u00f3n frente a la eventualidad de que el funcionario al que le es remitido el expediente, no falle dentro de los seis meses posteriores a su recepci\u00f3n, vac\u00edo frente al cual podr\u00edan surgir dos interpretaciones: a) no procede ninguna sanci\u00f3n, en virtud del principio de legalidad; o b) vuelve a ser aplicable la remisi\u00f3n del expediente al siguiente juez o magistrado que sigue en turno a quien pierde competencia. Ambas posibilidades son indeseables, puesto que no solucionan la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite del proceso; el cual, de hecho, podr\u00eda llegar a tener una duraci\u00f3n indefinida. Por \u00faltimo, se considera que esta medida puede afectar a aquellos despachos que registren un buen rendimiento, al desequilibrar sus cargas (v.gr. en el caso en que un juzgado que registre altos egresos reciba m\u00faltiples casos por el bajo rendimiento de sus pares). Esta disposici\u00f3n es, pues, incompatible con la naturaleza y los objetivos del CPA (Art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso)\u2019 (C-443\/19). <\/p>\n
Deviene, como efecto de este pronunciamiento, que la extinci\u00f3n del marco temporal para el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional no conduce inexorablemente a la p\u00e9rdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o t\u00e1cito se quebrantar\u00e1n tales consecuencias, dentro del marco del art\u00edculo 136 del CGP, a saber: <\/p>\n
La nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla. 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada\u2026 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa. <\/p>\n
Dicho de otra manera, queda fuera de dubitaci\u00f3n que, con ocasi\u00f3n de la exclusi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de las expresiones \u00abde pleno derecho\u00bb y \u00abautom\u00e1tica\u00bb, contenidas en el original canon 121 del CGP, para que se produzcan los efectos invalidantes despu\u00e9s de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que act\u00fae o de que se profiera el veredicto final, pues en caso contrario se saneara el vicio y se dar\u00e1 prevalencia al principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales. <\/p>\n
8. Frente al nuevo texto legal, la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 que despu\u00e9s de conocido \u00abque la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n de \u2018pleno derecho\u2019 contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del CGP,\u2026 significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP)\u00bb (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00299-01). <\/p>\n
Poco tiempo despu\u00e9s reiter\u00f3: <\/p>\n
La Sala en la providencia AC5139-2019 de fecha 3 de diciembre del a\u00f1o que avanza, al reexaminar la tem\u00e1tica concerniente a si la nulidad por falta de competencia por vencimiento del plazo para adoptar la providencia pertinente es o no saneable, estando en sede de casaci\u00f3n, y ante la posibilidad que solo se utilice dicha herramienta jur\u00eddica como \u00faltima carta para quebrar la sentencia cuya decisi\u00f3n le result\u00f3 contraria al impugnante extraordinario, como ocurri\u00f3 en el sub examine, no obstante de haber tenido el recurrente la oportunidad para invocarla oportunamente, se apart\u00f3 de la doctrina expuesta como juez constitucional en el sentido de que dicha nulidad debe formularse tempestivamente, so pena que quede saneada, y, por tanto, no hay lugar a su reconocimiento, doctrina que se encuentra orientada significativamente a realizar los derechos, principios y valores constitucionales\u2026 (AC791, 6 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2014-00033-01). <\/p>\n
Recientemente se dijo: <\/p>\n
Al respecto es necesario aclarar que el aludido motivo de invalidaci\u00f3n no es de aquellos insubsanables, como as\u00ed lo determin\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019, al declarar la exequibilidad condicionada del inciso sexto de la citada norma salvo la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d, precisando que la irregularidad procesal all\u00ed establecida \u00abdebe ser alegada antes de proferirse la sentencia\u00bb y \u00abes saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Y si bien esta Sala, en sede de tutela, en algunas oportunidades se\u00f1al\u00f3 que tal irregularidad era insubsanable, dicha postura fue recogida en el escenario de casaci\u00f3n (AC2199, 9 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2016-00370-01). <\/p>\n
9. Precisado el anterior estado del arte, brota que el \u00fanico cargo propuesto en casaci\u00f3n debe rehusarse, pues la nulidad invocada como fundamento del recurso fue saneada dentro del tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
9.1. Es cierto, como lo arguy\u00f3 el casacionista, que el expediente lleg\u00f3 a la secretar\u00eda del Tribunal el 5 de julio de 2016 (folio 2 del cuaderno 2), fue repartido al d\u00eda siguiente (folio 1), y pas\u00f3 al despacho de conocimiento al segundo d\u00eda h\u00e1bil (folio 3). <\/p>\n
El magistrado sustanciador admiti\u00f3 el recurso (folio 4), otorg\u00f3 traslado para alegar (folio 5), resolvi\u00f3 un incidente de nulidad -por indebida notificaci\u00f3n- (folio 20) y el 30 de mayo de 2017 se aprob\u00f3 el proyecto de sentencia (folios 22-35), notificada por estado a la siguiente data (folio 35). <\/p>\n
As\u00ed que el t\u00e9rmino para resolver la apelaci\u00f3n venci\u00f3 el 11 de enero de 2017, d\u00eda h\u00e1bil siguiente al vencimiento de los seis (6) meses se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del CGP, por no haberse proferido auto que extendiera el plazo normativo; por tanto, la providencia de 30 de mayo ciertamente se emiti\u00f3 despu\u00e9s extinguido el t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
9.2. No obstante, lo cierto que en el proceso ninguna de las partes invoc\u00f3, antes de la emisi\u00f3n del fallo de segundo grado y despu\u00e9s de extinguido el plazo para decidir, la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad y que, por tanto, el proceso tuviera que pasar a otra autoridad judicial, de manera que este yerro fue saneado por el comportamiento pasivo de los sujetos procesales. <\/p>\n
En efecto, dispone el art\u00edculo 136 que \u00ab[l]a nulidad se considerar\u00e1 saneada\u2026 [c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente\u00bb (numeral 1), huelga explicarlo, cuando el interesado, a pesar de configurar el desatino procesal, es ab\u00falico en su proposici\u00f3n, pues con este comportamiento da a entender que renuncia a la misma y que no la enarbolar\u00e1 en lo sucesivo. <\/p>\n
La lealtad y probidad procesal imponen que \u00ab[l]os errores de procedimiento deben corregirse inmediatamente, mediante impugnaci\u00f3n por el recurso de nulidad; si as\u00ed no se hiciere, las nulidades que deriven de esos errores se tienen por convalidadas\u00bb11. Adem\u00e1s, \u00abel mandato del non venire contra factum proprium -venire contra factum non potest-, tambi\u00e9n conocido como estoppel\u2026 proh\u00edbe que un sujeto pueda realizar actos contrarios a sus comportamientos anteriores, so pena de inobservar la buena fe\u00bb (CSJ, AC3917, 20 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2009-01117-01). <\/p>\n
Tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
Es apenas obvio que s\u00f3lo la parte afectada puede saber y conocer el perjuicio recibido, y de una u otra manera lo revelar\u00e1 con su actitud; mas h\u00e1cese patente que si su inter\u00e9s est\u00e1 dado en aducir la nulidad, es de suponer que lo har\u00e1 tan pronto como la conozca, como que hacerlo despu\u00e9s significa que, a la saz\u00f3n, el acto procesal, si bien viciado, no le represent\u00f3 agravio alguno; am\u00e9n de que reservarse esa arma para esgrimirla s\u00f3lo en caso de necesidad y seg\u00fan lo aconseje el vaiv\u00e9n de las circunstancias, es abiertamente desleal (SC, 11 mar. 1991). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como a partir del 12 de enero de 2017 el demandado tuvo la oportunidad de solicitar al juzgador que declarara la p\u00e9rdida de competencia temporal y remitiera el expediente al magistrado siguiente en turno, sin que lo hiciera antes del proferimiento de la sentencia de alzada -30 de mayo-, con este proceder sane\u00f3 la nulidad a que se refiere el conocido art\u00edculo 121. <\/p>\n
Acceder a la casaci\u00f3n del prove\u00eddo de segundo grado, a pesar de que el impugnante omiti\u00f3 alegar la nulidad invocada extraordinariamente en el momento procesal oportuno, refleja un comportamiento contrario a la lealtad procesal, no s\u00f3lo con la contraparte, sino con la administraci\u00f3n de justicia, que debe ser rechazado desde todo punto de vista. <\/p>\n
9.3. Advi\u00e9rtase que, contrario a lo aseverado por el recurrente, la nulidad en referencia es saneable, am\u00e9n de que una vez se expuls\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico la locuci\u00f3n \u00abde pleno de derecho\u00bb, la misma qued\u00f3 sometida al r\u00e9gimen general de ineficacias procesales, uno de cuyos rasgos distintivos es precisamente la convalidaci\u00f3n (cfr. SC, 19 dic. 2011, rad. n.\u00b0 2008-00084-01), como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
La jurisprudencia tiene por admitido que la \u00abposibilidad de saneamiento, expreso o t\u00e1cito, \u2026 apareja la desaparici\u00f3n del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el inter\u00e9s p\u00fablico, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas\u00bb (SC, 1\u00b0 mar. 2012, rad. n.\u00b0 2004-00191-01). <\/p>\n
De manera que, como el art\u00edculo 136 de la nueva codificaci\u00f3n procesal estableci\u00f3 \u00fanicamente como insaneables las \u00abnulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb, qued\u00f3 por fuera de esta categor\u00eda la causada por el vencimiento del plazo m\u00e1ximo para fallar. <\/p>\n
As\u00ed lo conceptu\u00f3 expresamente la Corte Constitucional: <\/p>\n
[S]eg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresi\u00f3n de \u2018de pleno derecho\u2019, la nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores (C-443\/19). <\/p>\n
Explicado de otra forma, en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la p\u00e9rdida de competencia temporal, menos a\u00fan despu\u00e9s de la inexequibilidad parcial de la misma, deber\u00e1 acudirse al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aqu\u00e9lla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n es compatible con la finalidad que subyace al t\u00e9rmino para decidir, el cual busca salvaguardar las expectativas de las partes en torno a una decisi\u00f3n oportuna, por lo que fue erigido en beneficio de ellas, quienes podr\u00e1n renunciar a su protecci\u00f3n en caso de que consideren que el juzgador debe continuar conociendo de la controversia, aunque se hubiera agotado su competencia temporal. <\/p>\n
9.4. Con todo, como con el proferimiento de la sentencia confutada, el 30 de mayo de 2017, se satisfizo la finalidad del acto procesal cuestionado, sin violar el derecho de defensa del opugnante, el saneamiento de la nulidad emana tambi\u00e9n por fuerza del numeral 4\u00b0 del canon 136 del CGP. <\/p>\n
Precisamente, el veredicto de fondo se emiti\u00f3 despu\u00e9s de escuchar las censuras propuestas por el demandado el 8 de junio (folios 142-143 del cuaderno 1) y el 12 de octubre de 2016 (folios 6-8 del cuaderno 2), y con el mismo se desat\u00f3 de manera definitiva la controversia. <\/p>\n
Luego, las partes tienen a buen recaudo una decisi\u00f3n final que resolvi\u00f3 los extremos de la litis, con lo cual se colm\u00f3 su prop\u00f3sito al concurrir a la jurisdicci\u00f3n, sin que en ning\u00fan momento deprecaran la necesidad de sustituir al sentenciador por la demora en su tramitaci\u00f3n, siendo contrario a la econom\u00eda procesal que se pretenda la anulaci\u00f3n de la sentencia para lograr una nueva en un momento posterior. <\/p>\n
10. Corolario de lo expuesto es que, ante la convalidaci\u00f3n de la causal de nulidad deprecada, deber\u00e1 rehusarse la invalidez pretendida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 349 del CGP se condenar\u00e1 en costas al recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que el escrito de sustentaci\u00f3n no fue replicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 30 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el proceso promovido por Y…… G……… R……… contra H…….. C……… V……….., S………. H……… G…….. R…… y los herederos indeterminados de C………. E……… C……..V….. <\/p>\n
Se condena en costas al recurrente en casaci\u00f3n. El magistrado ponente fija la suma de seis (6) s.m.l.m.v. por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
La publicaci\u00f3n de la sentencia se har\u00e1 por relator\u00eda con supresi\u00f3n de los nombres de las partes. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Gaceta del Senado de la Rep\u00fablica n.\u00b0 481, a\u00f1o XVIII, 10 jun. 2009, p. 2 y 3. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, p. 6. <\/p>\n
3\u0002 STC7308, 25 may. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00097-01,; STC14173, 5 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02696-00; STC11798, 13 sep. 2018, rad. n.\u00b0 2018-02513-00. <\/p>\n
4\u0002 CC, T-186\/17. <\/p>\n
5\u0002 Eduardo Oteiza, Jurisprudencia y debido proceso. La Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana. En Michele Taruffo et. al., La misi\u00f3n de los Tribunales Supremos, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 132. <\/p>\n
6\u0002 Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia 29 en. 1997. <\/p>\n
7\u0002 Caso M\u00e9moli Vs. Argentina, sentencia 22 ag. 2013. <\/p>\n
8\u0002 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Panor\u00e1mica del Derecho Procesal constitucional y Convencional, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 914. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. STC21350, 14 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2017-02836-00. <\/p>\n
10\u0002 Cfr. STC8849-2018, STC14483-2018, STC14507-2018, STC14827-2018 y STC233-2019, entre otras. <\/p>\n
11\u0002 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3\u00aa Ed., Buenos Aires, Depalma Editor, 1958, p. 191. <\/p>\n
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SC3377-2021 (2014-00082-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC3377-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-10-002-2014-00082-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por H…….. C……… […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}