SC3540-2021 (2012-00647-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3540-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-015-2012-00647-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Rafael Francisco Bautista Moller frente a la sentencia de 28 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que en su contra promovi\u00f3 el Banco Caja Social -BCSC- SA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, el 18 de diciembre de 2012, solicit\u00f3 se declarara que le pertenece el dominio pleno y absoluto de los predios identificados con folios n.\u00b0 50N-20136351, 50N-20136328 y 50N-20136343 y, como consecuencia, se condene al accionado a restituirlos, por poseerlos de mala fe, junto a los frutos naturales o civiles percibidos o que haya debido percibir con mediana inteligencia, tasados en $218.163.422, sin derecho al pago de expensas. <\/p>\n
2. La reclamaci\u00f3n se sustent\u00f3 en la siguiente plataforma f\u00e1ctica (folios 97 a 104 y 108 del cuaderno 1): <\/p>\n
2.2. El tradente adquiri\u00f3 el predio de Inversiones Perdomo Palmera Ltda., por documento p\u00fablico n.\u00b0 6411 de 19 de octubre de 1993 otorgado en la Notar\u00eda 23 de la misma ciudad, el cual se aport\u00f3 como anexo a la demanda. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 que, como Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda no cumpli\u00f3 con las obligaciones connaturales a la daci\u00f3n en pago, al no efectuar la entrega material de los inmuebles, promovi\u00f3 un juicio abreviado de entrega del tradente al adquirente, en el cual Rafael Francisco Bautista Moller present\u00f3 oposici\u00f3n bajo el argumento de que era su poseedor. <\/p>\n
2.4. Record\u00f3 que el enjuiciado propuso una soluci\u00f3n amistosa del asunto, con el pago de $30.000.000, para lo cual arrim\u00f3 a la entidad bancaria el contrato de promesa que celebr\u00f3 con Rafael Francisco Bautista Moller, el 1\u00b0 de diciembre de 1995, junto con sus otros\u00edes. <\/p>\n
2.5. Rehus\u00f3 que pudiera ser obligada al cumplimiento de las obligaciones del dador en pago, ni su existencia impide la prosperidad de las acciones judiciales a que tiene derecho como adquirente. <\/p>\n
2.6. Remarc\u00f3 que el poseedor ingres\u00f3 al predio el 1\u00b0 de diciembre de 1995, como lo reconoci\u00f3 en la diligencia de oposici\u00f3n y se afirm\u00f3 en el documento de promesa, constituy\u00e9ndose en un detentador irregular am\u00e9n de su mala fe y ausencia de justo t\u00edtulo. <\/p>\n
3. Notificado el convocado neg\u00f3 algunos hechos, clarific\u00f3 otros y propuso las excepciones intituladas: \u00abt\u00edtulo posterior a la posesi\u00f3n. El banco suscribi\u00f3 la daci\u00f3n 5 a\u00f1os despu\u00e9s de estar poseyendo el demandado\u00bb, \u00abcarencia del derecho para demandar la reivindicaci\u00f3n por parte de la demandante\u00bb, \u00abprevalencia del derecho del opositor pese al triunfo del adquirente\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb, \u00abextinci\u00f3n del derecho de dominio\u00bb, \u00abacci\u00f3n equivocada\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb (folios 312 a 333 del cuaderno 2). <\/p>\n
4. Despu\u00e9s de que el demandado convoc\u00f3 a las personas indeterminadas que pudieran verse afectadas con la defensa de prescripci\u00f3n adquisitiva (folio 427 idem), el curador ad litem acept\u00f3 algunos hechos, manifest\u00f3 que otros no le constan y propuso la defensa de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb (folios 441 y 442). <\/p>\n
5. El Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 no probadas las excepciones y orden\u00f3 a \u00abRafael Francisco Bautista Moller restituir al demandante la posesi\u00f3n del Apartamento 102, garajes 1 y 2\u2026 dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia\u00bb, junto al pago de $73.996.847 por frutos civiles (folios 445 y 446). <\/p>\n
6. Al desatar la alzada interpuesta, el superior confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo con base en los argumentos que se exponen en lo subsiguiente (folios 9 a 11 del cuaderno 3). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n debe restringirse a los reparos concretos planteados ante el a quo, desech\u00f3 las alegaciones del demandado que excedieron ese marco; en particular, la relativa a la falta de resoluci\u00f3n de todas las excepciones planteadas y la ausencia de valoraci\u00f3n del pago parcial del cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n
2. Adentr\u00e1ndose en el fondo del asunto, manifest\u00f3 que en el sub lite est\u00e1n demostrados los supuestos para acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, como son la titularidad del dominio del demandante, la posesi\u00f3n del convocado y la identidad del bien. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan los certificados de libertad y tradici\u00f3n de los inmuebles materia de litigio, BCSC SA aparece inscrita como propietaria, con apoyo en el t\u00edtulo contenido en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 de 6 de noviembre de 2001, de la Notar\u00eda 31 de Bogot\u00e1, por la cual el se\u00f1or Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda le hizo una daci\u00f3n en pago, quien a su vez adquiri\u00f3 el dominio por compra a Perdypal Ltda., seg\u00fan el documento p\u00fablico n.\u00b0 6411 de 19 de octubre de 1993 de la Notar\u00eda 23 de igual localidad. <\/p>\n
De otro lado, el convocado confes\u00f3 que era poseedor de los bienes reclamados, con origen en la promesa celebrada el 1\u00b0 de noviembre de 1995 con Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda, raz\u00f3n para reclamar la prescripci\u00f3n adquisitiva en su favor. <\/p>\n
3. Desestim\u00f3 que la anterioridad de la posesi\u00f3n, frente a la daci\u00f3n en pago, sirviera para impedir la reivindicaci\u00f3n, pues si bien la ley protege la detentaci\u00f3n material, presumiendo la condici\u00f3n de due\u00f1o de quien la retiene, lo cierto es que el propietario puede oponer su derecho siempre que est\u00e9 respaldado por una cadena ininterrumpida de t\u00edtulos que sean antepuestos a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, despu\u00e9s de ratificar que la demandante es titular del derecho de dominio y desechar su calificaci\u00f3n como nuda propietaria, seg\u00fan lo invocado por el accionado, remarc\u00f3 que la entidad bancaria demostr\u00f3 la cadena de t\u00edtulos desde el a\u00f1o de 1993, data anterior a los actos de se\u00f1or\u00edo que arrancaron en 1995. <\/p>\n
4. Rehus\u00f3 que la promesa celebrada entre Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda y Rafael Francisco Bautista Moller, el 1\u00b0 de noviembre de 1995, fuera oponible a la entidad bancaria, ya que \u00e9sta no hizo parte de la convenci\u00f3n, tesis de soport\u00f3 en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que entre la reivindicante y el reivindicado no existi\u00f3 una relaci\u00f3n contractual, siendo inoponible la conformada entre los se\u00f1ores Dur\u00e1n Garc\u00eda y Bautista Moller, la cual tendr\u00e1 que ser dirimida en otro litigio. <\/p>\n
5. Finaliz\u00f3 con la denegaci\u00f3n de la usucapi\u00f3n pretendida, porque no se cumpli\u00f3 con el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la ley 791 de 2002, ya que antes del vencimiento del plazo decenal se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, bajo el argumento de que la presente acci\u00f3n se promovi\u00f3 el 14 de diciembre de 2012 y la notificaci\u00f3n al accionado se hizo dentro del plazo fijado en la legislaci\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandado sustent\u00f3 el recurso extraordinario en su oportunidad y propuso dos (2) reproches (folios 6 a 22 del cuaderno Corte), admitidos el 7 de noviembre de 2017 (folio 24), los cuales ser\u00e1n resueltos de forma conjunta por servirse de consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Aleg\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 946, 947, 950, 952 y 964 del C\u00f3digo Civil, por errores de hecho manifiestos en la apreciaci\u00f3n del contrato de promesa de 1\u00b0 de diciembre de 1995, la daci\u00f3n en pago contenida en la escritura p\u00fablica de 6 de noviembre de 2001 y el auto de 13 de septiembre de 2012 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que en la sentencia confutada s\u00f3lo se mencionara la daci\u00f3n en pago para afirmar que el demandante aparece inscrito como propietario y que Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda adquiri\u00f3 el predio desde 1993, sin ning\u00fan an\u00e1lisis de la promesa de compraventa, ni del fallo del Tribunal que reconoci\u00f3 como poseedor al demandado, lo que constituye una pretermisi\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Despu\u00e9s de recordar la naturaleza de la acci\u00f3n reivindicatoria, remarc\u00f3 que el Tribunal desconoci\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n de Rafael Francisco Bautista Moller sobre los inmuebles que se pretenden reivindicar por el Banco demandante es anterior a la celebraci\u00f3n del contrato de daci\u00f3n en pago mediante el cual el Banco citado le fue transferido el dominio de los mismos\u00bb, y asegur\u00f3 que \u00abel Banco demandante persigue la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n de un bien del que jam\u00e1s la ha tenido y cuyo derecho de dominio adquiri\u00f3 sin que \u00e9sta le fuera entregada\u00bb (folios 16 y 17 del cuaderno Corte), situaciones que imped\u00edan la viabilidad de la mencionada pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Achac\u00f3 el impugnante el desconocimiento de iguales mandatos que los citados en precedencia, as\u00ed como del canon 1602 del C\u00f3digo Civil, por haber dado prevalencia a la posesi\u00f3n inscrita o tabular sobre la material, en dem\u00e9rito de la tesis opuesta que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia en providencia de 27 de abril de 1955. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, para la procedencia de la reivindicaci\u00f3n, debe demostrarse tanto el derecho de dominio del promotor, como que su posesi\u00f3n es m\u00e1s extensa que la del convocado, con el fin de derruir la presunci\u00f3n de dominio que protege a este \u00faltimo, para lo cual transcribi\u00f3 el fallo de 23 de mayo de 1988. <\/p>\n
Rememor\u00f3 que en el derecho romano la reivindicaci\u00f3n s\u00f3lo era posible cuando un due\u00f1o, que ha perdido la posesi\u00f3n, buscaba su recuperaci\u00f3n; sin embargo, en los casos en que la detentaci\u00f3n tenga como origen una relaci\u00f3n contractual, \u00abla restituci\u00f3n de ese bien en virtud de la acci\u00f3n reivindicatoria, requiere, previamente la aniquilaci\u00f3n del contrato que a la posesi\u00f3n le dio nacimiento\u00bb (folios 20 y 21), como lo ha dicho el \u00f3rgano de cierre en providencias de 12 de marzo de 1981 y 2016. <\/p>\n
Con el anterior marco denunci\u00f3 que, a pesar de encontrarse comprobado que Rafael Francisco Bautista Moller celebr\u00f3 un contrato de promesa el 1\u00b0 de diciembre de 1995, sobre el cual se pretende la reivindicaci\u00f3n, no se tuvo en cuenta que \u00abmientras ese contrato de promesa de compraventa no se aniquile por su declaraci\u00f3n de nulidad, o por decretarse la resoluci\u00f3n por incumplimiento, o por decretarse la extinci\u00f3n de las obligaciones contractuales\u2026 la acci\u00f3n reivindicatoria es inviable\u00bb (folio 22). <\/p>\n
Rehus\u00f3 que se accediera a la restituci\u00f3n sin considerar que el demandante adquiri\u00f3 el dominio de la misma persona con quien el convocado celebr\u00f3 un contrato de promesa, y que entreg\u00f3 la posesi\u00f3n despu\u00e9s de recibir la suma de $33.000.000. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente se\u00f1\u00e1lese que las censuras refulgen incompletas, por dejar de lado puntos centrales de la sentencia confutada e insistir simplemente en los argumentos de instancia, en desconocimiento de las reglas t\u00e9cnicas del recurso extraordinario. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso establece, como requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, que las acusaciones sean formuladas \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb (numeral 2\u00b0). <\/p>\n
Frente a la completitud, la jurisprudencia tiene dicho que la acusaci\u00f3n debe ser \u00abenvolvente y sim\u00e9trica\u00bb, lo cual significa \u00abque debe referirse a las razones nodales de la decisi\u00f3n y no a cualquier argumento\u00bb; por tanto, \u00aben la hip\u00f3tesis de abordarse en casaci\u00f3n cuestiones dichas al paso o ajenas a los motivos fundantes del fallo cuestionado, o si si\u00e9ndolas, la demanda sustentatoria del recurso extraordinario no las comprende todas, empero, cada una con poder suficiente para prestarle base firme, nada se sacar\u00eda con denunciar y demostrar ciertos errores de juzgamiento, si los otros motivos torales que no han sido confutados seguir\u00edan sosteni\u00e9ndola\u00bb (SC003, 12 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00445-01). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, las censuras deben dirigirse con acierto hacia los argumentos nucleares del fallo de segundo grado, con el fin de derruirlo en su integridad, pues de dejar alguno de ellos sin cuestionamiento \u00e9ste se mantendr\u00e1 en pie, por fuerza de las presunciones de legalidad y acierto de las cuales llega revestido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, el ejercicio dial\u00e9ctico connatural a la impugnaci\u00f3n exige del opugnante la refutaci\u00f3n de las premisas decisionales de la providencia, como una forma de desvirtuar su justificaci\u00f3n interna o externa, haciendo que su quebranto devenga como un colof\u00f3n irrefutable. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese lo dicho por la jurisprudencia sobre el punto: <\/p>\n
[S]i impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado por la Sala)\u2026 (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00b0 2007-00181-01). <\/p>\n
1.2. Empero de lo comentado, en el primero de los embistes se arguy\u00f3 que, conforme a las probanzas que integran el expediente, el inicio de la posesi\u00f3n es anterior a la daci\u00f3n en pago, raz\u00f3n para rehusar la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n, m\u00e1xime porque no puede recuperarse una tenencia que nunca ha sido disfrutada. <\/p>\n
Con este argumento se dej\u00f3 de lado la raz\u00f3n principal que sirvi\u00f3 al ad quem para confirmar el fallo de primer grado, como es que, si bien el ordenamiento jur\u00eddico otorga una protecci\u00f3n especial al poseedor presumi\u00e9ndolo due\u00f1o, esta garant\u00eda puede ser doblegada cuando el propietario demuestra que su derecho est\u00e1 apoyado en una cadena ininterrumpida de t\u00edtulos, cuyas ra\u00edces son anteriores a la data inicial en que arranc\u00f3 la detentaci\u00f3n. <\/p>\n
De forma literal asegur\u00f3: \u00abla cuesti\u00f3n se simplifica a anular la presunci\u00f3n del dominio del poseedor con la demostraci\u00f3n de un t\u00edtulo anterior por parte de quien es propietario inscrito\u00bb (minutos 11:07:29 a 11:07:40 de la audiencia de 28 de junio de 2017). <\/p>\n
Y como en el caso \u00abel Banco BCSC S.A. acredit\u00f3 la cadena de t\u00edtulos con data anterior a la posesi\u00f3n alegada por el recurrente, espec\u00edficamente desde el a\u00f1o 1993, concretamente se aport\u00f3 copia autenticada de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 del 6 de noviembre de 2001, de la Notar\u00eda 31 del c\u00edrculo de esta ciudad, en virtud de la cual el se\u00f1or Ernesto Jim\u00e9nez Dur\u00e1n Garc\u00eda dio en pago al actor los bienes y el instrumento n.\u00b0 6411 del 19 de octubre de 1993, por medio del cual el se\u00f1or Jimeno Dur\u00e1n adquiri\u00f3 los predios de la sociedad Perdypal Ltda.\u00bb, mientras que \u00abel demandado, Rafael Francisco Bautista Moller, entr\u00f3 a detentarlos con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o tiempo despu\u00e9s, esto es, desde el 1 de diciembre de 1995, con estribo en un contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con el se\u00f1or Dur\u00e1n Garc\u00eda\u00bb, refulge que debe ceder la presunci\u00f3n de dominio y asentirse en la reivindicaci\u00f3n (minutos 11:12:05 a 11:13:19 idem). <\/p>\n
Estos razonamientos, soportados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quedaron impolutos en el escrito casacional, pues en el cargo ninguna menci\u00f3n se hizo a las pruebas que, apreciadas por el Tribunal, demuestran la cadena de t\u00edtulos que dieron lugar al dominio de la entidad bancaria y su potencialidad para desvirtuar la presunci\u00f3n dominis que abrigaba a Rafael Francisco Bautista Moller, con la consecuencia de habilitar la reivindicaci\u00f3n, incluso por quien siendo due\u00f1o no ha detentado la cosa. <\/p>\n
Se incurri\u00f3, entonces, en pretermisi\u00f3n de un argumento fundamental del fallo confutado, motivo para rehusar el estudio de la acusaci\u00f3n, pues al margen de la veracidad de sus razonamientos, \u00e9stos no desdicen de la conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
1.3. Lo mismo sucede con la siguiente acusaci\u00f3n, en la que, adem\u00e1s de reiterar el planteamiento antecedente, agreg\u00f3 que en el fallo se desconoci\u00f3 que la posesi\u00f3n de Rafael Francisco Bautista Moller fue recibida como consecuencia de un contrato de promesa que celebr\u00f3 con Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda, a la postre dador en pago en beneficio de BSCS SA, lo que impon\u00eda a la entidad bancaria derruir dicho v\u00ednculo negocial para recuperar la detentaci\u00f3n. <\/p>\n
Nuevamente el recurrente olvid\u00f3 controvertir la respuesta que el Tribunal expres\u00f3 frente a este argumento, como es que el negocio preparatorio le era inoponible al reivindicante, por no haber participado en el mismo, con independencia de que en ambos participara Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda. <\/p>\n
En el fallo criticado se dijo: <\/p>\n
En ese sentido cumple precisar que los efectos de la rese\u00f1ada promesa resultan inoponibles al demandante, como quiera que \u00e9ste no hizo parte de esa negociaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Es decir que, sin desconocer la jurisprudencia que trajo a colaci\u00f3n ac\u00e1 el apoderado de la parte recurrente, dicho en palabras m\u00e1s sencillas, esa no es aplicable al caso concreto porque, como bien lo dijo tambi\u00e9n el abogado de la parte demandante, ac\u00e1 entre la parte que pretende reivindicar y el se\u00f1or Rafael Francisco Bautista no existe ning\u00fan contrato. En el evento que entre ellos s\u00ed existiera una relaci\u00f3n contractual, en virtud de la cual el se\u00f1or Bautista hubiese entrado a poseer, ah\u00ed s\u00ed le ser\u00eda oponible ese contrato y no se podr\u00eda pretender la reivindicaci\u00f3n. La relaci\u00f3n contractual que tuvo con el se\u00f1or Jim\u00e9nez es asunto, o debe ser asunto, de otro expediente (11:13:18 a 11:15:56 de la audiencia de 28 de junio de 2017). <\/p>\n
A partir del efecto relativo de los contratos, entonces, el ad quem estim\u00f3 que un negocio celebrado entre el tradente y un tercero, sin vincular al adquirente posterior, le resulta por completo extra\u00f1o a este \u00faltimo, quien por tanto podr\u00e1 acudir a la acci\u00f3n reivindicatoria sin derruir el contrato que origin\u00f3 la posesi\u00f3n. <\/p>\n
La perspicuidad que rodea este argumento no sirvi\u00f3 para concitar en el impugnante su cr\u00edtica, m\u00e1s all\u00e1 de insistir en que el anterior propietario celebr\u00f3 una promesa de compraventa y, en raz\u00f3n de la misma, el poseedor ingres\u00f3 al inmueble, sin mencionar lo tocante a su oponibilidad a BCSC SA con el fin de falsear las conclusiones dogm\u00e1ticas que sirvieron de soporte al veredicto. <\/p>\n
Puesto en un plano diferente, si la finalidad de la casaci\u00f3n es socavar el fallo de alzada, en el sub examine esta labor transitaba por demostrar que el negocio preparatorio vinculaba a BCSC SA o, dicho en otras palabras, le era oponible, imponiendo de esta forma la obligatoriedad de extinguir el contrato que sirvi\u00f3 de inicio a la posici\u00f3n. Como ninguna apreciaci\u00f3n se iz\u00f3 en cualquiera de estos sentidos, ora por v\u00eda indirecta o por la senda directa, se evidencia que el cargo resulta insuficiente. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a que la acusaci\u00f3n no controvierte \u00ablas razones de la sentencia atacada para llegar a la conclusi\u00f3n opuesta\u00bb, aflora la \u00abincompletitud que impide el estudio de aqu\u00e9lla en sede extraordinaria\u00bb (AC2707, 10 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2016-46013-01). <\/p>\n
2. Con todo, aunque se dejaran de lado las pifias t\u00e9cnicas denunciadas, el argumento jur\u00eddico central de las acusaciones deviene insubstancial, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n reivindicatoria no est\u00e1 estatuida s\u00f3lo para proteger la posesi\u00f3n perdida por quien disfrutaba de ella, sino que tambi\u00e9n lo est\u00e1 para permitir que el due\u00f1o goce de la misma cuando, sin importar la causa, no la detenta. <\/p>\n
Trasluce que la reivindicaci\u00f3n est\u00e1 estructurada para tutelar la propiedad e impedir que, por fuerza de la usucapi\u00f3n, se pierda en beneficio de quienes ejercen actos de se\u00f1or\u00edo. De all\u00ed que la codificaci\u00f3n civil se refiera al dominio como sustrato de la vindicaci\u00f3n, sin m\u00e1s consideraciones, a condici\u00f3n de que se dirija contra el poseedor y recaiga sobre bienes individualizados. <\/p>\n
La jurisprudencia tiene dicho: <\/p>\n
Al respecto vale recordar, como se hizo en CSJ SC 7 oct. 1997, rad. 4944, que \u2018(\u2026) uno de los atributos del derecho de dominio es el de persecuci\u00f3n, en virtud del cual el propietario puede ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria a fin de obtener la restituci\u00f3n del bien que no se encuentra en su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesi\u00f3n. Ello supone, como en forma reiterada ha sido se\u00f1alado por la Corte, que, de un lado, se demuestre el derecho de dominio sobre la cosa que el actor pretende reivindicar y, por otra parte, que este derecho haya sido \u00abatacado en una forma \u00fanica: poseyendo la cosa, y as\u00ed es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho. Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una ha de triunfar en el juicio de fondo\u2019 (Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX, P\u00e1g. 85). De tales requisitos, sin dificultad se infieren otros dos: la singularidad del bien objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria o de una cuota indivisa sobre el mismo, y la identidad entre el bien respecto del cual el actor es titular del derecho de dominio y el pose\u00eddo por el demandado (SC433, 19 feb. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00266-02). <\/p>\n
Tesis con hondo respaldo en nuestra juridicidad, constituy\u00e9ndose en doctrina probable de la Corporaci\u00f3n, para lo cual basta citar los pronunciamientos de 13 de julio de 1938 (GJ XLVI n.\u00b0 1938), 22 de agosto de 1941 (GJ LII, n.\u00b0 1978), 25 de febrero de 1969 (GJ CXXIX, n.\u00b0 2306, 2307 y 2308), 5 de septiembre de 1985, 13 de octubre de 2011 (exp. n.\u00b0 00530) y 8 de agosto de 2016 (SC10825), entre muchos otros, sin que en ninguno de estos casos se haya previsto el requisito de que se duele el censor, como es que el adquirente haya detentado materialmente la cosa en alg\u00fan momento. <\/p>\n
2.2. Ciertamente, cuando en el derecho romano se abri\u00f3 paso a la posibilidad de una \u00abacci\u00f3n de petici\u00f3n de cosas particulares\u00bb (\u00a7 1 Libro VI del T\u00edtulo I del Digesto), que \u00abcompete a aquel que adquiri\u00f3 el dominio\u00bb (\u00a7 23), se exigi\u00f3 que la restituci\u00f3n fuera reclamada por el comprador que, despu\u00e9s de recibir la cosa, \u00abhaya perdido la posesi\u00f3n\u00bb (\u00a7 50 ejusdem); de esta forma, la acci\u00f3n vindicatoria naci\u00f3 con un car\u00e1cter eminentemente restaurativo de la tenencia perdida. <\/p>\n
Regla explicable por la influencia del derecho alem\u00e1n, con una arraigada tutela del denominado \u00abderecho a poseer\u00bb (gewere o saisine), que otorgaba una menor importancia al elemento de la titularidad y privilegiaba la utilizaci\u00f3n efectiva de las cosas. <\/p>\n
Sin embargo, tal exigencia desapareci\u00f3 en el derecho medieval, que dio mayor valor al dominio, en detrimento de cualquiera otra expectativa. De all\u00ed que en este sistema, adem\u00e1s de consagrarse la prohibici\u00f3n de venta de cosa ajena, se ordenara que la infracci\u00f3n a este mandato concediera al propietario la posibilidad de \u00abrecuperar [la cosa] con todos los frutos, incluyendo los partos, siempre que se pruebe que es suyo y que no lo mand\u00f3 vender\u00bb1. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, si \u00abel comprador conoc\u00eda que el vendedor no era propietario de la cosa comprada, [deb\u00eda] devolverla a su leg\u00edtimo propietario\u00bb2, sin ning\u00fan tipo de protecci\u00f3n en raz\u00f3n de su posesi\u00f3n, a quien por el contrario se le sancionaba con un monto equivalente al precio que hubiera pagado. <\/p>\n
A partir de esta prevalencia, que por s\u00ed misma permit\u00eda truncar la posesi\u00f3n, se explica que la reivindicaci\u00f3n \u00fanicamente reclamara que fuera promovida por el due\u00f1o, sin m\u00e1s requerimientos; aunque, claro est\u00e1, con algunas excepciones explicables por la agilidad del comercio: \u00abDe ese modo, en el siglo XVII\u2026 se adopt\u00f3 una m\u00e1xima que librara al poseedor mobiliario de eventuales ataques de quien predicaba ser despojado de su propiedad. Para ello, la defensa del poseedor se encontraba en la premisa \u2018en materia de muebles la posesi\u00f3n vale como t\u00edtulo\u2019, liber\u00e1ndole de presentar su t\u00edtulo frente a quien discutiera su derecho, con lo cual la posesi\u00f3n le serv\u00eda de t\u00edtulo frente al propietario que hubiera resultado v\u00edctima de despojo\u00bb3. <\/p>\n
2.3. Este contexto es explicativo de las disposiciones patrias sobre vindicaci\u00f3n, en el sentido de que para ejercer esta acci\u00f3n basta con ser due\u00f1o (art\u00edculo 950), as\u00ed como que se dirija contra el actual poseedor (art\u00edculo 952), exceptu\u00e1ndose \u00ablas cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almac\u00e9n u otro establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase\u00bb. <\/p>\n
Se descarta, por tanto, que trat\u00e1ndose de la reivindicaci\u00f3n de bienes inmuebles corresponda al demandante probar que en alg\u00fan momento detent\u00f3 la cosa, como lo reclama el recurrente; en su lugar, una vez acreditado el dominium, por medio de un t\u00edtulo inscrito, es procedente ordenar la restituci\u00f3n sin m\u00e1s formalidades, \u00ab[s]i as\u00ed no fuera, el due\u00f1o inscrito de un inmueble, cuya inscripci\u00f3n no ha sido cancelada, se hallar\u00eda en imposibilidad de promover acci\u00f3n reivindicatoria contra el ocupante que sin t\u00edtulo inscrito le desconoce su derecho, y dejar\u00eda de ser cierto que la acci\u00f3n de dominio corresponde al due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restitu\u00edrsela\u00bb (SC, 27 feb. 1937). <\/p>\n
En suma, la legitimaci\u00f3n activa estar\u00e1 satisfecha con la prueba de \u00ab[q]ue media un hecho jur\u00eddico apto para dar existencia a aquella relaci\u00f3n entre persona y cosa en que la propiedad consiste\u00bb (SC, 5 jun. 1947), \u00aben virtud del cual el propietario puede ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria a fin de obtener la restituci\u00f3n del bien que no se encuentra en su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesi\u00f3n\u2026 es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho\u2026 (Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX, P\u00e1g. 85)\u00bb (negrilla fuera de texto; SC, 9 ag. 1995, exp. n.\u00b0 4553). <\/p>\n
No se trata de dar cabida a la posesi\u00f3n inscrita, como lo aleg\u00f3 el impugnante, sino de reconocer los alcances de la acci\u00f3n de dominio, la cual puede ejercerse contra el poseedor que desconoce el se\u00f1or\u00edo del due\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Interpretaci\u00f3n que encuentra apoyadura adicional en el canon 951 de la codificaci\u00f3n privada, el cual consagr\u00f3 una acci\u00f3n equivalente a la reivindicatoria para quien, sin demostrar propiedad, \u00abha perdido la posesi\u00f3n regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Instituto concebido para \u00abconservar o recuperar la posesi\u00f3n de bienes ra\u00edces, o de derechos reales constituidos en ellos\u00bb, para lo cual \u00abno se tomar\u00e1 en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue\u00bb, aunque la exhibici\u00f3n de los t\u00edtulos servir\u00e1 \u00abpara comprobar la posesi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 979). <\/p>\n
Entonces, el detentador de la cosa que se ha visto privado de su se\u00f1or\u00edo, tiene una acci\u00f3n aut\u00f3noma para recuperarla; de all\u00ed que extender esta exigencia a la acci\u00f3n reivindicatoria, exclusiva del due\u00f1o, vaciar\u00eda de contenido a esta \u00faltima, haciendo m\u00e1s gravosa su invocaci\u00f3n, al requerir de la prueba del dominio y de la posesi\u00f3n anterior, lo que constituye una hermen\u00e9utica carente de sind\u00e9resis. <\/p>\n
Sobre este punto la jurisprudencia tiene sentado: <\/p>\n
Debe anotarse que el art\u00edculo 946 del C. Civil, que define la acci\u00f3n reivindicatoria no exige como requisito de ella que el due\u00f1o haya perdido la posesi\u00f3n de la cosa, sino simplemente que no est\u00e9 en posesi\u00f3n de ella, de modo que bien puede ejercerla el que haya adquirido el dominio del bien que se haya en manos de un tercer poseedor, o contra el que se la ha arrebatado y se ha convertido en un poseedor \u00fatil. Y no puede hablarse que dicha acci\u00f3n solo la pueda adelantar el que prueba la posesi\u00f3n regular, porque el art\u00edculo 951 del C.C. que cita el impugnante, se refiere al caso especial de la llamada acci\u00f3n publiciana, que la norma citada consagra en forma excepcional en beneficio del poseedor regular que se halla en v\u00eda de ganar la cosa por prescripci\u00f3n ordinaria (27 en. 1966, GJ 2280, p. 43). <\/p>\n
Esta sumatoria de razones dejan sin soporte los embates del casacionista, ante la ausencia de un indebido entendimiento de las normas que gobiernan la controversia. <\/p>\n
3. Se agrega a lo dicho que la sentencia cuestionada sigui\u00f3 con estrictez la doctrina jurisprudencial de este \u00f3rgano de cierre, sobre las exigencias probatorias que deben satisfacerse cuando el dominio del reivindicante es posterior al inicio de la detentaci\u00f3n, raz\u00f3n para denegar una inadecuada aplicaci\u00f3n de las normas sobre posesi\u00f3n y reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Y es que la Corte, con el objeto de compatibilizar la vindicaci\u00f3n con el inciso segundo del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, el cual consagra que \u00ab[e]l poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u00bb, impuso una exigencia adicional a la mera demostraci\u00f3n de la titularidad del demandante, consistente en que el dominio emane de una cadena de tradiciones con antig\u00fcedad superior al arranque de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Con la sentencia de 27 de mayo de 1920, la Corporaci\u00f3n trajo a la memoria la postura decantada en aqu\u00e9l entonces: <\/p>\n
Acatando los derechos que la mera posesi\u00f3n da al poseedor, aunque sea irregular, puesto que ella puede llevarlo a la adquisici\u00f3n del dominio por medio de la prescripci\u00f3n extraordinaria, y con el fin de evitar que esa posesi\u00f3n sea injustamente arrebatada por medio de contratos ficticios, ha establecido la Corte, en reiteradas decisiones, la doctrina de que en el caso de pugna entre una posesi\u00f3n material y un t\u00edtulo registrado de fecha posterior a la inicial de aquella posesi\u00f3n, y no respaldado por otro t\u00edtulo legal anterior a la misma, el t\u00edtulo debe ceder a la posesi\u00f3n (GJ XXVIII, 1921, p. 70). <\/p>\n
Ejemplificada a\u00f1os m\u00e1s tarde de la siguiente forma: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las situaciones a que puede dar lugar el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria la Corte ha dicho: \u2018Prescindiendo de la acci\u00f3n admitida por el art\u00edculo 951 del C\u00f3digo Civil, semejante a la publiciana del derecho romano, y concretando el estudio a la consagrada por el art\u00edculo 950 ibidem, pueden contemplarse varios casos: Ll\u00e1mase Pedro el demandante y Juan el demandado. PRIMER CASO. Pedro, con t\u00edtulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya sucesi\u00f3n principi\u00f3 en 1911.-Debe triunfar Pedro. SEGUNDO CASO. Pedro, con un t\u00edtulo registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesi\u00f3n principi\u00f3 en 1909. Debe triunfar Juan. – TERCER CASO. Pedro, con un t\u00edtulo registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesi\u00f3n comenz\u00f3 en 1909 y presenta adem\u00e1s otro t\u00edtulo registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por m\u00e9rito de su t\u00edtulo sino por m\u00e9rito del t\u00edtulo de su autor (SC, 5 jun. 1947). <\/p>\n
Tesis depurada, en el sentido de se\u00f1alar que no es necesario que el demandante \u00abform[e] una cadena completa que se remonte hasta el t\u00edtulo originario\u00bb (SC, 18 jul. 1936), en tanto \u00ab[l]a declaraci\u00f3n de propiedad, que en juicio reivindicatorio procede a la entrega, no da ni reconoce al reivindicante un dominio absoluto o erga omnes; a penas respectivo, es decir, frente al poseedor\u00bb; adem\u00e1s, de exigirse la \u00absolidez de todas las piezas que componen una cadena infinita seria la probatio diab\u00f3lica, que el buen sentido rechaza como necesaria para decidir conflictos sobre propiedad privada entre particulares\u00bb (SC, 26 feb. 1936). <\/p>\n
Postura replicada, entre otras tantas, en las providencias de 27 de mayo de 1936 (GJ XLIII, p. 595), 2 de abril de 1941, 12 de agosto de 1942, 24 de marzo de 1943, (GJ LV, p. 245), 9 de junio de 1952 (GJ LXXII, p. 554), 31 de agosto de 1954 (GJ LXXVIII), 1\u00b0 de junio de 1955 (GJ LXXX, p. 389), 22 de febrero de 1956 (GJ 2163-2164, p. 88), 2 de junio de 1958 (GJ LXXXVIII, p. 65), 30 de abril de 1963, 16 de abril de 1969 (GJ 2310-2312, p. 43), 2 de diciembre de 1970, 28 de abril de 1977, 11 de abril de 1978, 23 de septiembre de 1982 (SC622), 19 de septiembre de 2000 (exp. n.\u00b0 5405) y 10 de febrero de 2003 (exp. n.\u00b0 6788). <\/p>\n
Por tanto, cuando en el presente caso el ad quem dio prevalencia a la cadena de t\u00edtulos de BCSC SA, conformada por las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 4946 de 6 de noviembre de 2001 y 6411 del 19 de octubre de 1993, debidamente inscritas en los folios n.\u00b0 50N-20136351, 50N-20136328 y 50N-20136343, sobre la posesi\u00f3n de Rafael Francisco Bautista Moller, con data inicial de 1\u00b0 de diciembre de 1995, actu\u00f3 de conformidad con el mejor entendimiento de los mandatos que regulan la posesi\u00f3n y la reivindicaci\u00f3n, en descr\u00e9dito de los argumentos propuestos en la senda extraordinaria. <\/p>\n
3.2. Incluso, una revisi\u00f3n detenida de la situaci\u00f3n jur\u00eddica permite alivianar la carga que pesa sobre la demandante, con el fin de demostrar su dominio, en tanto le hubiera bastado, en principio, con aportar la prueba de la tradici\u00f3n para sacar avante su pretensi\u00f3n reivindicatoria, junto a los t\u00edtulos que permitan identificar adecuadamente el bien traditado, siempre que de \u00e9stos emane la cadena de enajenaciones por un tiempo superior a la data en que inici\u00f3 la posesi\u00f3n. <\/p>\n
3.2.1. Esta exigencia resultaba explicable por el funcionamiento del sistema registral colombiano, caracterizado por su diseminaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, con la ley de 1\u00b0 de junio de 1844, sobre registro de instrumentos p\u00fablicos y anotaci\u00f3n de hipotecas, se dio cabida al primer estatuto org\u00e1nico sobre la materia, con la idea de regularizar el dominio en la naci\u00f3n que estaba en proceso de consolidaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, ante las dificultades en el flujo de informaci\u00f3n y los riesgos del centralismo, esa funci\u00f3n se dej\u00f3 en manos de cada cant\u00f3n, haciendo de la inscripci\u00f3n un mecanismo para dar mayor autenticidad a los actos inscritos, permitir su oponibilidad y conceder efectos jur\u00eddicos a la tradici\u00f3n. M\u00e1ximas que fueron ratificadas por el C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2.2. Con el T\u00edtulo XLIII del estatuto privado, a la postre derogado por el decreto 1250 de 1970, se asign\u00f3 a la inscripci\u00f3n la tarea de \u00abdar publicidad\u00bb y \u00ab[d]ar mayores garant\u00edas de autenticidad y seguridad de los t\u00edtulos, actos o documentos que deben registrarse, haciendo intervenir en su guarda y confecci\u00f3n un n\u00famero mayor de funcionarios y precavi\u00e9ndolos de los peligros a que quedar\u00edan expuestos si la constancia de tales actos, t\u00edtulos y documentos existiera en s\u00f3lo una oficina\u00bb (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2637). <\/p>\n
Para la satisfacci\u00f3n de estas necesidades se dispuso un registro descentralizado, adelantado en todas las capitales de territorios y lugares en que existieran notar\u00edas (art\u00edculo 2638), por medio de libros ordenados alfab\u00e9ticamente por el nombre de los inmuebles e intervinientes en el acto sujeto a registro (art\u00edculo 2644). <\/p>\n
El asiento se efectuar\u00eda imponiendo \u00abuna nota al pie del t\u00edtulo expresando la fecha en que se ha verificado la inscripci\u00f3n o registro, y el folio o folios del libro o libros en que consta aquella diligencia\u00bb (art\u00edculo 2669), constituy\u00e9ndose en una condici\u00f3n necesaria para hacer fe en juicio (art\u00edculo 2673). <\/p>\n
Se trataba de un sistema fragmentario y formal, con el objetivo de reforzar las condiciones de autenticidad y seguridad de los actos sujetos a registro, de all\u00ed que la constancia emanada del entonces registrador fuera un complemento de la demostraci\u00f3n del dominio. <\/p>\n
De all\u00ed que las discordancias entre los actos escriturarios y su registro, fueran resueltas en favor de los primeros, como lo prescrib\u00eda el precepto 2664: <\/p>\n
No se anular\u00e1 el registro por falta de alguna o algunas de las designaciones prevenidas en los anteriores art\u00edculos de este cap\u00edtulo, siempre que, por lo que del mismo registro conste y por lo que resulte del t\u00edtulo al cual se refiere el registro, pueda venirse en conocimiento de lo que en tal registro se eche menos; pero la falta de la firma del registrador s\u00ed induce nulidad en la diligencia de registro en que ocurriere la falta. <\/p>\n
El C\u00f3digo Judicial de 1931, en sinton\u00eda, prescribi\u00f3 que \u00ab[l]a escritura p\u00fablica, para ser estimada como prueba, se presenta por las partes en copia autorizada por el funcionario encargado del protocolo y con la nota de haberse hecho el registro en la forma debida\u00bb (art\u00edculo 630); y orden\u00f3 que \u00ab[p]ara acreditar la suficiencia de un t\u00edtulo registrado, cuando, la ley hable de t\u00edtulos de esa naturaleza, se presenta el t\u00edtulo mismo con la correspondiente nota de registro; y se acompa\u00f1a tambi\u00e9n un certificado del respectivo registrador de instrumentos p\u00fablicos en que se exprese que el registro del t\u00edtulo designado por su n\u00famero y fecha no ha sido cancelado por ninguno de los tres medios indicados en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo Civil; y que los registros anteriores al actual, comprendidos en un per\u00edodo de diez a\u00f1os, se han cancelado, al tenor del mismo art\u00edculo, hasta llegar al \u00faltimo registro\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. Por la ley 40 de 1932, sobre reformas civiles al registro y matr\u00edcula de la propiedad y nomenclatura urbana, se hicieron algunos cambios al procedimiento existente, centralizando las anotaciones en las cabeceras municipales, con una organizaci\u00f3n de los inmuebles diferenciada entre rurales y urbanos, pues los primeros eran listados por su nombre, mientras que los segundos por su nomenclatura (art\u00edculo 21). <\/p>\n
Si bien se dio cabida a la matr\u00edcula inmobiliaria, por medio de p\u00e1ginas destinadas exclusivamente a cada fundo (art\u00edculo 24), lo cierto es que su funcionamiento depend\u00eda de que los titulares lo solicitaran ante la autoridad registral, o fuera necesario realizar la anotaci\u00f3n de alguno de los actos se\u00f1alados en la ley (art\u00edculo 22). <\/p>\n
Este sistema de anotaciones carec\u00eda de integridad, lo que imped\u00eda otorgarles plena credibilidad sobre la titularidad del dominio, en tanto nada imped\u00eda que existieran t\u00edtulos registrados en el sistema anterior sin reflejo en el nuevo. De all\u00ed que el certificado del registrador s\u00f3lo sirviera para demostrar la existencia de la matr\u00edcula y los actos glosados en el mismo. <\/p>\n
3.2.4. Con el decreto 1250 de 1970 se crearon las matr\u00edculas como se conocen en la actualidad, basadas en folios individuales (art\u00edculo 5\u00b0), imponi\u00e9ndose el registro de todos los actos que pudieran afectar el dominio, para lo cual deb\u00eda entregarse una copia del documento a registrar a la autoridad encargada (art\u00edculo 18). <\/p>\n
Asimismo se consagr\u00f3 el deber, para el funcionario administrativo, de calificar el escrito sometido a registro antes de su inscripci\u00f3n, con el fin de establecer si los actos eran registrables o implicaban falsa tradici\u00f3n, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, dejando constancia en una columna especial del folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se fij\u00f3 que el padr\u00f3n est\u00e1 compuesto de las fases de radicaci\u00f3n, calificaci\u00f3n, inscripci\u00f3n y certificaci\u00f3n (art\u00edculo 22), aunque se acot\u00f3 la evaluaci\u00f3n jur\u00eddica a la determinaci\u00f3n de las inscripciones que d\u00e9 lugar el documento (art\u00edculo 24). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se clarific\u00f3 que \u00ab[n]inguno de los t\u00edtulos o instrumentos sujetos a inscripci\u00f3n o registro tendr\u00e1 m\u00e9rito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenaci\u00f3n, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostraci\u00f3n no se requiera legalmente la formalidad del registro\u00bb (art\u00edculo 45). <\/p>\n
Igualmente, se consagr\u00f3 que los registradores deb\u00edan evaluar los actos ante ellos expuestos con el fin de determinar si implicaban falsa tradici\u00f3n, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, dejando constancia en una columna especial del folio de matr\u00edcula inmobiliaria, secci\u00f3n creada precisamente para dicho prop\u00f3sito en el art\u00edculo 7\u00b0, a cuyo tenor se dijo que existir\u00eda \u00ab[l]a Sexta columna, para la inscripci\u00f3n de t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n, tales como la enajenaci\u00f3n de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio\u00bb.. <\/p>\n
Por \u00faltimo y en concordancia con el precepto mencionado, facult\u00f3 a las oficinas de registro para que certificaran la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los inmuebles sometidos a la ley, \u00abmediante la reproducci\u00f3n fiel y total de las inscripciones respectivas\u00bb (art\u00edculo 60). <\/p>\n
Tal atribuci\u00f3n, de cara a la creaci\u00f3n de un estatuto especializado para el ejercicio de la actividad administrativa, signific\u00f3 un espaldarazo al valor jur\u00eddico del registro, al concebir cada anotaci\u00f3n como un acto administrativo, gobernado por la presunci\u00f3n de legalidad y sometido a los mecanismos de control propios de la administraci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.5. La ley 1579 de 2012, por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos p\u00fablicos y se dictan otras disposiciones, acentu\u00f3 los rasgos del decreto 1250 de 1970, pero con mayor dosis de seguridad jur\u00eddica frente a la informaci\u00f3n contenida en el registro, al punto que consagr\u00f3 como uno de sus objetivos \u00ab[d]ar publicidad a los instrumentos p\u00fablicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes ra\u00edces\u00bb (literal b del art\u00edculo 2\u00b0). <\/p>\n
As\u00ed se advierte en el precepto 3\u00b0, al consagrar como reglas fundamentales del sistema que \u00ab[s]olo son registrables los t\u00edtulos y documentos que re\u00fanan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripci\u00f3n\u00bb (literal b del art\u00edculo 3\u00b0) y que \u00ab[l]os asientos registrales gozan de presunci\u00f3n de veracidad y exactitud, mientras no se demuestre lo contrario\u00bb (literal d idem). <\/p>\n
Exigencias que se materializan en el proceso de calificaci\u00f3n, en tanto la autoridad deber\u00e1 hacer un an\u00e1lisis jur\u00eddico para establecer que los documentos presentados cumplen las exigencias legales (art\u00edculo 16), so pena de que se suspenda el tr\u00e1mite (art\u00edculos 18 y 19) o se inadmita el registro (art\u00edculo 22); a m\u00e1s de que conserv\u00f3 el deber del registrador de sentar si el acto ante \u00e9l radicado implica falsa tradici\u00f3n, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio (par\u00e1grafos 2 y 3 del art\u00edculo 8\u00b0). <\/p>\n
Luego, la decisi\u00f3n registral dej\u00f3 de ser una formalidad para fines de oponibilidad y avanz\u00f3 hacia una herramienta de verificaci\u00f3n jur\u00eddica, que incluso puede advertir sobre ilegalidades o falsedades, de all\u00ed que sus anotaciones se presuman, por mandato legal, veraces y exactas. <\/p>\n
3.3. El anterior recorrido muestra que la fiabilidad que puede dispensarse a la certificaci\u00f3n emanada del certificador ha aumentado con el paso del tiempo; en otras razones, por cuanto el decreto 1250 de 1970, adem\u00e1s de reunificar los registros, concedi\u00f3 un rol activo al proceso de calificaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, en tanto con la ley 1579 se estableci\u00f3 que el registro debe estar precedido es una decisi\u00f3n reflexiva, que supone una evaluaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, dando lugar a un acto administrativo en los t\u00e9rminos del canon 70 de la ley 1437 de 2011, los cuales \u00abse presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicci\u00f3n de la Contencioso Administrativo\u00bb (art\u00edculo 88 ibidem), presunci\u00f3n ratificada por el canon 3\u00b0 de la primera; lo que de paso revela que cualquier usuario tiene a su alcance medios judiciales id\u00f3neos de defensa frente a la actuaci\u00f3n registral, en caso de considerar que fue adelantada en detrimento de sus derechos, incluyendo la solicitud de suspensi\u00f3n provisional para detener sus efectos de forma inmediata (art\u00edculo 231 ejusdem); sin perjuicio de los mecanismos prejudiciales que sirven para su control, como el tr\u00e1mite administrativo (art\u00edculos 59 y 60). <\/p>\n
Luego, en la actualidad, la certificaci\u00f3n expedida por el registrador da cuenta, no s\u00f3lo del asentamiento en el registro inmobiliario, sino tambi\u00e9n de la existencia del t\u00edtulo traslaticio y su conformidad jur\u00eddica, constituy\u00e9ndose por s\u00ed misma en una prueba id\u00f3nea de la propiedad, sin perjuicio de que, en atenci\u00f3n al tipo del proceso, deba aportarse tambi\u00e9n el documento traslaticio que permita identificar correctamente el bien sobre el cual recae el derecho. <\/p>\n
3.4. Aplicado a los procesos reivindicatorios, cuando el demandante aporte el certificado registral con su demanda, estar\u00e1 demostrando tanto el t\u00edtulo que sirvi\u00f3 para la adquisici\u00f3n de su derecho, como la tradici\u00f3n; este entendimiento guarda coherencia con la protecci\u00f3n a la confianza depositada por los administrados en los mencionados certificados, por mandato de la buena fe registral. <\/p>\n
La Sala tiene dicho in extenso: <\/p>\n
[N]o pueden hacerse cesar mec\u00e1nicamente conocidas reglas de protecci\u00f3n de la apariencia establecidas en favor de terceros de buena fe exenta de culpa, v\u00edctimas en cuanto tales de error, excusable a plenitud, ante determinadas circunstancias objetivas cre\u00edbles que, en la especie de cuyo estudio ahora se ocupa esta corporaci\u00f3n, derivan nada menos que de la llamada \u201cfe p\u00fablica registral\u201d, espina dorsal como se sabe del sistema de publicidad inmobiliaria hoy en d\u00eda regulado en sus lineamientos centrales por el Decreto Ley 1250 de 1970. En efecto, para nadie es desconocido que aun con menoscabo de principios inspirados en la m\u00e1s pura l\u00f3gica racional, expresados de distintas maneras en textos positivos y en consonancia con los cuales se afirma que nadie puede transferir lo que no tiene y, asimismo, se predica la exigibilidad de razonable diligencia en la penetraci\u00f3n de meras apariencias para seguridad propia de quienes act\u00faan en el tr\u00e1fico jur\u00eddico, el derecho moderno ha adelantado mucho en la protecci\u00f3n de la buena fe, lo que depende, al decir de autorizados expositores (Andreas Von Thur. Teor\u00eda General del Derecho Civil Alem\u00e1n, Vol. II, Cap. Primero, Num. 49), \u2018….de que, en muchos casos, el amplio y multiforme desarrollo de la circulaci\u00f3n econ\u00f3mica actual no permite a las partes conocer exactamente la situaci\u00f3n jur\u00eddica; deben poder confiar en que sea ella tal como se les presenta. Luego cuando existen ciertas condiciones, la ley protege esa confianza y hace que se produzcan los efectos que a ra\u00edz de su opini\u00f3n err\u00f3nea el agente ten\u00eda raz\u00f3n de esperar, y que para el agente de buena fe sean menos graves los efectos que el factum real producir\u00eda en perjuicio suyo\u2026\u2019, agregando a rengl\u00f3n seguido que esta acci\u00f3n tutelar de la ley en defensa de la buena fe, concebida como un estado de conocimiento err\u00f3neo y no reprochable con relaci\u00f3n a un t\u00edtulo o relaci\u00f3n jur\u00eddica que interesa a quien padece una equivocaci\u00f3n de tal naturaleza, \u2018…no es posible sin perjuicio para el titular verdadero; los derechos existentes son da\u00f1ados en la misma medida en que la circulaci\u00f3n negocial resulta beneficiada…\u2019 Dicho en otras palabras, la ley toma en consideraci\u00f3n la buena fe libre de toda culpa con el exclusivo prop\u00f3sito de proteger la honestidad en la circulaci\u00f3n de los bienes, honestidad que por lo dem\u00e1s el ordenamiento presume debido a lo que suele identificarse en la teor\u00eda como una prerrogativa general de probidad consagrada inclusive como valor superior a nivel constitucional (Art. 83 de la C. N), y es por eso, precisamente, por lo que los genuinos terceros que llevan a cabo negocios adquisitivos o traslaticios de derechos reales tomando causa de quien es titular registral investido de la indispensable legitimaci\u00f3n para el efecto, confiando por ende en aquello que sobre el particular el registro inmobiliario hace p\u00fablico y exige en consecuencia consultar, adquieren por principio una posici\u00f3n inatacable no obstante la ineficacia sobreviniente, o la eficacia claudicante por motivos ocultos, de los actos jur\u00eddicos que les sirvieron de base a esas inscripciones anteriores, evit\u00e1ndose entonces, por este camino transitado de vieja data por la doctrina jurisprudencial en nuestro medio (G, J. Ts. XLIII, pag. 45, XLV, pag. 403, y LIII, pag. 508) (SC, 23 jul. 1996, exp. n.\u00b0 4713). <\/p>\n
3.5. Este nuevo planteamiento tiene la virtud de hacer efectivo el derecho sustancial del reivindicador, sin perjuicio de la carga que pesa sobre sus hombros por demostrar todos los supuestos de su pretensi\u00f3n, en especial, la identificaci\u00f3n del inmueble, la cual en la mayor\u00eda de los casos pasa por aportar el t\u00edtulo del cual emana su derecho real. <\/p>\n
Y es que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en el proceso reivindicatorio \u00abno se trata de establecer la suficiencia de los \u2018t\u00edtulos\u2019 de propiedad del actor mediante la verificaci\u00f3n de la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restituci\u00f3n se depreca\u00bb (SC, 28 sep. 2009, rad. n.\u00b0 2001-00002-01). <\/p>\n
3.6. La anterior hermen\u00e9utica guarda coherencia con la distinci\u00f3n entre t\u00edtulo y modo, pues deja que cada uno de ellos cumpla el rol que tiene asignado en nuestro sistema normativo. <\/p>\n
Tr\u00e1igase a la memoria que aqu\u00e9l es el acto de desprendimiento voluntario de la propiedad que da pie al deber de tradir, mientras que el \u00faltimo es el mecanismo que consolida la propiedad en el nuevo titular. El \u00abt\u00edtulo o causa (titulus) [es]\u2026 la fuente de la obligaci\u00f3n de dar o transferir el derecho por un sujeto a otro, y el modo (modus acquirendi) [es]\u2026 la tradici\u00f3n mediante la cual se cumple dicha obligaci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 745 del C\u00f3digo Civil\u00bb (SC, 23 jul. 2010, rad. n.\u00b0 2005-00084-01). <\/p>\n
Ha dicho esta Sala: <\/p>\n
[B]ien es verdad que, dada la fuente roman\u00edstica que inspir\u00f3 al legislador colombiano, en nuestro ordenamiento jur\u00eddico se diferencia claramente el t\u00edtulo del modo; si el t\u00edtulo no es m\u00e1s que la actividad o situaci\u00f3n del sujeto que lo ubica en una cualquiera de las fuentes de las obligaciones, ocurriendo ello, de all\u00ed no emanan sino apenas obligaciones; meros derechos personales. Ya el contrato. Este t\u00edtulo no dice sino que un sujeto se oblig\u00f3; que restringi\u00f3 su libertad en la medida en que hoy est\u00e1 sujeto a una determinada actitud, que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. El que contrata, es cierto, simplemente es un contratante; hay que suponer que de all\u00ed necesariamente surgieron obligaciones, pues que el contrato es por antonomasia, bien pudiera decirse, la gran f\u00e1brica de obligaciones. <\/p>\n
Hasta ese momento para nada se ha rozado el concepto del derecho real; porque para que \u00e9ste brote o simplemente mude, es menester que ocurra algo m\u00e1s que el simple t\u00edtulo: en t\u00e9rminos concisos, que quien result\u00f3 obligado por ese t\u00edtulo, cumpla; esto es, que extinga la obligaci\u00f3n. As\u00ed, el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde ya en cabeza del comprador, porque hasta all\u00ed no han realizado m\u00e1s que el simple t\u00edtulo. Ese algo m\u00e1s, que de menos se echa, es que el vendedor cumpla la obligaci\u00f3n de transferir el dominio; lo que acontecido v\u00e1lidamente, toma el nombre de tradici\u00f3n, que es precisamente el modo que hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a la realizaci\u00f3n del t\u00edtulo se suma la del modo, prod\u00facense ah\u00ed s\u00ed consecuencias jur\u00eddicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradici\u00f3n, deja de serlo, porque tal derecho real de domino se ubica entonces en cabeza del adquirente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue m\u00e1s que un mero comprador o simple contratante (SC, 20 jun. 2000, exp n.\u00b0 5617). <\/p>\n
Por ser el t\u00edtulo el origen al d\u00e9bito traslaticio, su aportaci\u00f3n al proceso \u00fanicamente devela cu\u00e1l es el nexo o ligaz\u00f3n que se teji\u00f3 entre enajenante y adquirente, sin servir de demostraci\u00f3n del dominio, para lo cual se requiere la prueba del modo, en tanto a partir de \u00e9ste es que se adquiere la propiedad. <\/p>\n
Luego, una vez probado el modo por medio del certificado de libertad y tradici\u00f3n de bienes inmuebles, se acredita la cadena de titularidades, sin perjuicio de las dem\u00e1s probanzas exigidas para demostrar aspectos tocantes a la misma, como sus linderos. <\/p>\n
Esto explicar\u00eda que en asuntos tan relevantes como acreditar el dominio y otros actos materia de inscripci\u00f3n, como el ejercicio de la prescripci\u00f3n adquisitiva, el embargo o el remate judicial, basta que el interesado arrime el certificado de marras. <\/p>\n
3.7. En el sub examine, como la demandante arrim\u00f3 el certificado registral, que da cuenta de que su propiedad se origin\u00f3 de una cadena de enajenaciones que data incluso antes de 1993, se tiene que prob\u00f3 su titularidad por un lapso superior al reclamado por el poseedor, de all\u00ed que este documento fue suficiente para comprobar este requisito. <\/p>\n
Ahora bien, en caso de que el convocado quisiera cuestionar la interpretaci\u00f3n o los efectos de los t\u00edtulos registrados y que sirven de soporte a la alegaci\u00f3n del reivindicante, as\u00ed debi\u00f3 plantearlo en el tr\u00e1mite judicial, reclamo que brilla por su ausencia. <\/p>\n
4. Con todo, y al margen de las consideraciones precedentes, encuentra la Sala que una revisi\u00f3n a profundidad del primero de los embates deja en evidencia que los errores de hecho denunciados no se configuraron. <\/p>\n
4.1. El numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, \u00ab[s]i se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De este enunciado surge pac\u00edfico que s\u00f3lo podr\u00e1n dar paso a la anulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de segundo grado las pifias que refuljan sin mayores dilucidaciones, a partir de una contrastaci\u00f3n entre las consideraciones del veredicto y los medios suasorios objetivamente considerados, que muestren una suposici\u00f3n, pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n, y que tengan aptitud para modificar el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Contexto dentro del cual resulta exiguo que el impugnante haga una relaci\u00f3n de dislates probatorios o que para su demostraci\u00f3n efect\u00fae complicados esfuerzos argumentativos, pues tal proceder es propio de las instancias y, por completo, extra\u00f1o al remedio casacional. <\/p>\n
La Sala tiene dicho: <\/p>\n
Cuando el cargo se construye acusando la comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico que comporta la violaci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, su acreditaci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria cuestionada sea manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada (SC4966, 18 nov. 201, rad. n.\u00b0 2011-00298-01). <\/p>\n
4.2. En el cargo se arguy\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n del contrato de promesa de 1\u00b0 de diciembre de 1995, de la daci\u00f3n en pago de 6 de noviembre de 2001, y del auto de 13 de septiembre de 2012 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto el sentenciador desatendi\u00f3 las fechas en que se realizaron estas manifestaciones, las personas que intervinieron y el reconocimiento de la calidad de poseedor de Rafael Francisco Bautista Moller, de all\u00ed que pretermitiera que el \u00abbanco no tuvo jam\u00e1s la posesi\u00f3n material de los inmuebles que le fueron dados en daci\u00f3n en pago y cuya reivindicaci\u00f3n pretende\u00bb (folio 15 del cuaderno Corte). <\/p>\n
4.3. Sin embargo, tales desaciertos hermen\u00e9uticos no ocurrieron, pues, adem\u00e1s de la parquedad antes denunciada, el Tribunal arrib\u00f3 a iguales colofones que los planteados por el demandado en el escrito de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, lo que descarta la existencia de un yerro de juzgamiento. <\/p>\n
Efectivamente, en el fallo criticado se encontr\u00f3 probado el dominio desde el a\u00f1o 2001, con ocasi\u00f3n del documento de daci\u00f3n en pago y su respectivo registro: <\/p>\n
N\u00f3tese que el banco demandante, seg\u00fan anotaci\u00f3n n.\u00b0 03, 04, 04, que hacen relaci\u00f3n a dos (2) garajes y un apartamento\u2026, tiene la condici\u00f3n de propietario, am\u00e9n de que aport\u00f3 copia autenticada de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 del 6 de noviembre de 2001, corrida en la Notar\u00eda 31 de esta ciudad, en virtud de la cual el se\u00f1or Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda se lo dio en pago; es m\u00e1s, ados\u00f3 el instrumento n.\u00b0 6411 de 19 de octubre de 1993, por medio del cual el mencionado Dur\u00e1n Jimeno los adquiri\u00f3 de la sociedad Perdypal Ltda. (minuto 11:02:34 a 11:04:04 de la audiencia de 28 de junio de 2017). <\/p>\n
De forma agregada el ad quem estim\u00f3 comprobada la posesi\u00f3n, as\u00ed como su antelaci\u00f3n a la propiedad de BCSC SA, con soporte en el reconocimiento expreso que hizo el demandado sobre su condici\u00f3n jur\u00eddica: <\/p>\n
Igualmente tenemos que el demandado, incluso desde la contestaci\u00f3n de la demanda, confes\u00f3, y as\u00ed lo ha sostenido en el curso del proceso, ostenta la condici\u00f3n de poseedor, al punto elev\u00f3 como medio exceptivo la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, efecto para el cual adujo que cumpl\u00eda con los requisitos para hacerse al dominio de los predios mencionados (11:04:05 a 11:04:40) <\/p>\n
Estas conclusiones se respaldaron en el contenido del contrato de promesa, a efectos de correlacionarlo con el inicio de la posesi\u00f3n y el dominio alegado, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Para resolver la cuesti\u00f3n importa precisar que la acci\u00f3n reivindicatoria\u2026 exige la acreditaci\u00f3n de un t\u00edtulo de dominio anterior a la posesi\u00f3n del demandado, presupuesto que se exige en aras de desvirtuar la detentaci\u00f3n material con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que insoslayablemente debe predicarse de la pasiva, conforme al art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, debi\u00e9ndose entonces enfrentar los t\u00edtulos del actor con la posesi\u00f3n alegada\u2026 <\/p>\n
[L]a cuesti\u00f3n se simplifica a anular la presunci\u00f3n del dominio del poseedor con la demostraci\u00f3n de un t\u00edtulo anterior por parte de quien es propietario inscrito\u2026 <\/p>\n
[P]ronto se advierte que la decisi\u00f3n habr\u00e1 de confirmarse, como quiera que Banco BCSC SA acredit\u00f3 la cadena de t\u00edtulos con data anterior a la posesi\u00f3n alegada por el recurrente, espec\u00edficamente desde el a\u00f1o 1993\u2026, pues mem\u00f3rase que el demandado, Rafael Francisco Bautista Moller, entr\u00f3 a detentarlos con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o tiempo despu\u00e9s, esto es, desde el 1 de diciembre de 1995, con estribo en un contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con el se\u00f1or Dur\u00e1n Garc\u00eda, como se dijo anterior propietario inscrito, punto que por dem\u00e1s es pac\u00edfico\u2026 (minutos 11:05:33 a 11:13:18) <\/p>\n
No cabe duda de que Tribunal y recurrente, al un\u00edsono, arribaron a id\u00e9nticas conclusiones f\u00e1cticas, esto es: (i) con ocasi\u00f3n del contrato de promesa celebrado en el a\u00f1o 1995 se entreg\u00f3 al demandado la posesi\u00f3n de los inmuebles en controversia, (ii) la entidad financiera adquiri\u00f3 el derecho de dominio seis (6) a\u00f1os m\u00e1s tarde del inicio de la detentaci\u00f3n, y (iii) la demandante no ha disfrutado f\u00edsicamente de los bienes. <\/p>\n
Ahora bien, ciertamente el sentenciador de segundo grado lleg\u00f3 a estas deducciones sin considerar los documentos relativos al incidente de oposici\u00f3n a la entrega; empero, esta pretermisi\u00f3n resulta intrascendente frente a la univocidad de los instrumentos persuasivos mencionados en precedencia. Y es que, las pruebas invocadas por el Tribunal, seg\u00fan su ontolog\u00eda son di\u00e1fanas en se\u00f1alar que: <\/p>\n
(i) el 1\u00b0 de diciembre de 1995 se firm\u00f3 una promesa de compraventa entre Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda y Rafael Francisco Bautista Moller, sobre los predios con matr\u00edculas n.\u00b0 050-20136351, 050-20136328 y 050-20136343 (folios 23 a 26 del cuaderno 1); <\/p>\n
(ii) por escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 de 6 de noviembre de 2001, Ernesto Jimeno Dur\u00e1n Garc\u00eda manifest\u00f3 celebrar un contrato de daci\u00f3n en pago, sobre los predios mencionados, en favor de BCSC SA (folios 3 a 45), el cual fue inscrito; y <\/p>\n
(iii) en la demanda se afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n inici\u00f3 el 1\u00b0 de diciembre de 1995 (folio 100), hecho asentido en la contestaci\u00f3n de Rafael Francisco Bautista Moller a partir de lo afirmado por el \u00abH. Tribunal Superior de Bogot\u00e1-Sala Civil\u00bb (folio 314 del cuaderno 1A). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en el cargo postrero el impugnante tambi\u00e9n se doli\u00f3 de que no se considerara que \u00abla posesi\u00f3n fue entonces adquirida por Rafael Francisco Bautista Moller originada en una relaci\u00f3n contractual. Por ello, mientras ese contrato de promesa de compraventa no se aniquile por su declaraci\u00f3n de nulidad, o por decretarse la resoluci\u00f3n por incumplimiento, por decretarse la extinci\u00f3n de las obligaciones contractuales por mutuo disenso\u00bb (folio 22 del cuaderno Corte). <\/p>\n
5.1. Este razonamiento, m\u00e1s all\u00e1 de la incompletitud mencionada p\u00e1ginas atr\u00e1s, desatendi\u00f3 la interpretaci\u00f3n que jurisprudencialmente se ha dispensado a la posesi\u00f3n que tiene una fuente contractual, de all\u00ed la vacuidad de su estudio con el fin de derruir el veredicto confutado. <\/p>\n
Esto debido a que, si bien se acepta que \u00abla pretensi\u00f3n reivindicatoria [se] excluye de suyo [en] todos los casos en que la posesi\u00f3n del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato celebrado entre el due\u00f1o y el actual poseedor\u00bb; esto \u00fanicamente es dable \u00ab[c]uando quiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no contra la voluntad del due\u00f1o que contrat\u00f3, sino con su pleno consentimiento\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, 12 mar. 1981, GJ 2407). <\/p>\n
Por el contrario, \u00absi el due\u00f1o no ha celebrado negocio jur\u00eddico alguno en cuya virtud la posesi\u00f3n del bien que se reivindica haya pasado a los demandados, la tesis expuesta no tendr\u00e1 cabida aunque en el contexto que le corresponde siga siendo jur\u00eddicamente correcta. En efecto, no existir\u00e1 entonces un contrato que vincule al actor con los demandados, y, por consiguiente, para aquel la pretensi\u00f3n ser\u00e1 extracontractual, mientras que \u00e9stos no podr\u00e1n hacer valer contra el due\u00f1o, como causa para vedar la reivindicaci\u00f3n, un acto celebrado con persona distinta, porque esto lo impide el principio de la relatividad de los contratos\u00bb (SC, 5 ag. 2002, exp. n.\u00b0 6093). <\/p>\n
De forma m\u00e1s reciente se record\u00f3: \u00abPor imperio del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, el citado contrato\u2026 es ley \u00fanicamente entre las partes, no con relaci\u00f3n a quienes no lo son, como respecto del accionado; de suerte que cuanto con base en \u00e9l hubiesen estipulado las pactantes de la posesi\u00f3n, en nada aprovechar\u00eda al demandado, en su condici\u00f3n de tercero\u00bb (SC10825, 8 ago. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00213-01). <\/p>\n
Conclusi\u00f3n con apoyadura en los principios del pacta sunt servanda -lo pactado obliga- y res inter alios acta -la cosa hecha entre unos-, contenidos en los art\u00edculos 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil, los cuales reclaman que el contrato s\u00f3lo obligue a quienes intervienen en \u00e9l, sin exigir su observancia por parte de terceros. <\/p>\n
S\u00f3lo en cuanto el due\u00f1o haya sido el que, por fuerza de un negocio jur\u00eddico, diera cabida a la posesi\u00f3n, se le cierra la posibilidad de acudir a la reivindicaci\u00f3n, como forma de honrar el acuerdo celebrado con el poseedor. En caso contrario, mal podr\u00eda verse atado por un contrato del que no hizo parte. <\/p>\n
5.2. En el sub examine, como el contrato de promesa que, seg\u00fan el criterio de Rafael Francisco Bautista Moller le permiti\u00f3 entrar en posesi\u00f3n, fue celebrado por una persona diferente a la demandante, mal podr\u00eda impedirse a este \u00faltimo que hiciera uso de la reivindicaci\u00f3n y avocarlo a que persiguiera la extinci\u00f3n de un negocio del que no hizo parte, ni estuvo al tanto de su celebraci\u00f3n o ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdase que el documento preparatorio de 1\u00b0 de diciembre de 1995 fue suscrito por Beatriz Palmera de Perdomo, en su condici\u00f3n de mandataria de Ernesto Jimeno Dur\u00e1n y Jos\u00e9 Francisco Bautista Moller (folio 220 del cuaderno 1), haci\u00e9ndose una \u00fanica menci\u00f3n a la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Colmena, para denotar que el promitente comprador se subrogar\u00eda en la obligaci\u00f3n hipotecaria vigente con esta entidad (folio 221 idem), sin vincularla de ninguna manera por medio de su declaraci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
Subsiguientemente, como la entidad financiera no se oblig\u00f3 por el contrato de promesa de compraventa, de suerte que pudiera colegirse que entreg\u00f3 voluntariamente la posesi\u00f3n, no se le cierra la puerta a la vindicaci\u00f3n promovida, como de forma acertada lo sostuvo el Tribunal. <\/p>\n
Ante la correcci\u00f3n de los argumentos jur\u00eddicos esgrimidos por el sentenciador de instancia, se desestiman los errores que sobre el particular propuso el casacionista, en descr\u00e9dito de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En resumen, los embistes est\u00e1n llamados al fracaso por su incompletitud, ante la ausencia de los dislates achacados y la insubstancialidad de los argumentos jur\u00eddicos que pretenden probarse. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso se condenar\u00e1 en costas al recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 28 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que en su contra promovi\u00f3 BCSC SA. <\/p>\n
Se condena en costas al recurrente en casaci\u00f3n. El magistrado ponente fija por concepto de agencias en derecho la suma de diez (10) s.m.l.m.v., los cuales se incluir\u00e1n en la liquidaci\u00f3n que habr\u00e1 de realizarse. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
SC3540-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-015-2012-00647-01 <\/p>\n
Con todo respeto por el Magistrado Ponente y por quienes aprobaron el proyecto de sentencia de la referencia, discutida y aprobada en sala del 8 de julio de 2021, en el proceso promovido por el Banco Caja Social -BCSC- SA. Contra Rafael Francisco Bautista Moller, quien recurri\u00f3 en casaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, me permito ACLARAR MI VOTO para se\u00f1alar que comparto plenamente la decisi\u00f3n tomada en cuanto reconoce la legalidad de la sentencia recurrida extraordinariamente y que resuelve NO CASAR, reclamando adem\u00e1s del recurrente que no hizo la labor que exige la ley para demostrar el error alegado en la providencia atacada en casaci\u00f3n. Como se dijo en la misma providencia: \u201cEn otros t\u00e9rminos, las censuras deben dirigirse con acierto hacia los argumentos nucleares del fallo de segundo grado, con el fin de derruirlo en su integridad, pues de dejar alguno de ellos sin cuestionamiento \u00e9ste se mantendr\u00e1 en pie, por fuerza de las presunciones de legalidad y acierto de las cuales llega revestido en casaci\u00f3n. (\u2026) Total que, el ejercicio dial\u00e9ctico connatural a la impugnaci\u00f3n, exige del o pugnante la refutaci\u00f3n de las premisas decisionales de la providencia, como una forma de desvirtuar su justificaci\u00f3n interna o externa, haciendo que su quebranto devenga como un colof\u00f3n irrefutable.\u201d <\/p>\n
Y agrega lo exigido por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso como requisitos de la demanda de casaci\u00f3n: \u201cQue las acusaciones sean formuladas \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb\u201d. <\/p>\n
Por eso concluye que si la acusaci\u00f3n no es \u00abenvolvente y sim\u00e9trica\u00bb, o sea referida a \u00ablas razones nodales de la decisi\u00f3n y no a cualquier argumento\u00bb; porque si se abordan en casaci\u00f3n \u201ccuestiones ajenas a los motivos fundantes del fallo cuestionado, o si si\u00e9ndolas, la demanda sustentatoria del recurso extraordinario no las comprende todas, empero, cada una con poder suficiente para prestarle base firme, nada se sacar\u00eda con denunciar y demostrar ciertos errores de juzgamiento, si los otros motivos torales que no han sido confutados seguir\u00edan sosteni\u00e9ndola\u201d (SC003, 12 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00445-01). <\/p>\n
En el caso, las causales invocadas y los hechos aducidos no alcanzan a derruir la decisi\u00f3n del ad quem, pues en la misma sentencia se sostiene que en el caso \u201c\u00abel Banco BCSC S.A. acredit\u00f3 la cadena de t\u00edtulos con data anterior a la posesi\u00f3n alegada por el recurrente, espec\u00edficamente desde el a\u00f1o 1993, concretamente se aport\u00f3 copia autenticada de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 del 6 de noviembre de 2001, de la Notar\u00eda 31 del c\u00edrculo de esta ciudad, en virtud de la cual el se\u00f1or Ernesto Jim\u00e9nez Dur\u00e1n Garc\u00eda dio en pago al actor los bienes y el instrumento n.\u00b0 6411 del 19 de octubre de 1993, por medio del cual el se\u00f1or Jimeno Dur\u00e1n adquiri\u00f3 los predios de la sociedad Perdypal Ltda.\u00bb, mientras que \u00abel demandado, Rafael Francisco Bautista Moller, entr\u00f3 a detentarlos con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o tiempo despu\u00e9s, esto es, desde el 1 de diciembre de 1995, con estribo en un contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con el se\u00f1or Dur\u00e1n Garc\u00eda\u00bb, refulge que debe ceder la presunci\u00f3n de dominio y asentirse en la reivindicaci\u00f3n (minutos 11:12:05 a 11:13:19 idem). <\/p>\n
Estos razonamientos, soportados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quedaron impolutos en el escrito casacional, pues en el cargo ninguna menci\u00f3n se hizo a las pruebas que, apreciadas por el Tribunal, demuestran la cadena de t\u00edtulos que dieron lugar al dominio de la entidad bancaria y su potencialidad para desvirtuar la presunci\u00f3n dominis que abrigaba a Rafael Francisco Bautista Moller, con la consecuencia de habilitar la reivindicaci\u00f3n, incluso por quien siendo due\u00f1o no ha detentado la cosa.\u201d <\/p>\n
Se incurri\u00f3, entonces, en pretermisi\u00f3n de un argumento fundamental del fallo confutado, motivo para rehusar el estudio de la acusaci\u00f3n, pues al margen de la veracidad de sus razonamientos, \u00e9stos no desdicen de la conclusi\u00f3n del Tribunal.\u201d (Parte del proyecto) <\/p>\n
No obstante, lo anteriormente dicho, considero un desatino total y a la vez un irrespeto con la Sala, que se haya pretendido un cambio doctrinal o jurisprudencial innecesario para sustentar la posici\u00f3n de la providencia cuando la parte interesada hab\u00eda cumplido con todos los requisitos que la doctrina legal probable vigente exige para probar la calidad de propietario. <\/p>\n
As\u00ed se dijo: \u201cEn otras palabras, ante la existencia de una certificaci\u00f3n expedida por el registrador, que da cuenta de un asentamiento en el registro inmobiliario, previa revisi\u00f3n de la legalidad del t\u00edtulo que le sirvi\u00f3 de base, dable es tener por probado la existencia de este \u00faltimo, la satisfacci\u00f3n de los requerimientos normativos, y la cadena de titulares, constituy\u00e9ndose en una prueba id\u00f3nea del dominio.\u201d <\/p>\n
Y concluye: \u201c3.4. El cambio jurisprudencial que ahora se efect\u00faa guarda coherencia con la protecci\u00f3n que esta Sala ha dispensado a la confianza que los administrados han depositado en los mencionados certificados, por mandato de la buena fe registral, a\u00fan en desmedro del contenido de los t\u00edtulos que acreditan el dominio.\u201d <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, a fuerza de ser repetitivo, que en la misma providencia se dej\u00f3 sentado que \u00abel Banco BCSC S.A. acredit\u00f3 la cadena de t\u00edtulos con data anterior a la posesi\u00f3n alegada por el recurrente, espec\u00edficamente desde el a\u00f1o 1993, concretamente se aport\u00f3 copia autenticada de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 4946 del 6 de noviembre de 2001, de la Notar\u00eda 31 del c\u00edrculo de esta ciudad, en virtud de la cual el se\u00f1or Ernesto Jim\u00e9nez Dur\u00e1n Garc\u00eda dio en pago al actor los bienes y el instrumento n.\u00b0 6411 del 19 de octubre de 1993, por medio del cual el se\u00f1or Jimeno Dur\u00e1n adquiri\u00f3 los predios de la sociedad Perdypal Ltda.\u00bb, entonces no se ve claro para qu\u00e9 en el proyecto se hace un esfuerzo inmenso, innecesario y realmente sobrante para buscar que no se exigiera el t\u00edtulo o la cadena de t\u00edtulos que ya fueron allegados, adem\u00e1s del certificado de registro, para demostrar el dominio. \u00bfEsta discusi\u00f3n hubiera sido \u00fatil si faltaran los t\u00edtulos, pero estando aportados para qu\u00e9 abogar para que no se hubieran exigido? Para nada, y solo parece que un inter\u00e9s de reformar lo que no hace falta puede mover esta parte de la providencia. Pero m\u00e1s grave a\u00fan, que un comentario o un estudio inconducente pase a llamarse por el ponente como \u201cUN CAMBIO JURISPRUDENCIAL\u201d pues a pesar de sentar en el principio de la providencia que la decisi\u00f3n atacada viene apoyada en jurisprudencia decantada de la Corte, despu\u00e9s de un minucioso estudio hist\u00f3rico jur\u00eddico de la figura del registro pase a proponer, o \u201cimponer\u201d la no necesidad de t\u00edtulos, termina diciendo que oper\u00f3 un cambio jurisprudencial, el cual era innecesario para la decisi\u00f3n y por lo tanto no es tema de la decisi\u00f3n, pero adem\u00e1s, las aclaraciones de voto anunciadas por cuatro magistrados, le impiden a este estudio constituir una modificaci\u00f3n de la doctrina. <\/p>\n
Debe quedar claro pues que esa discusi\u00f3n, interesante s\u00ed, pero fuera de lugar en esta providencia, no alcanza los votos para modificar la doctrina al respecto, acto que exige de ciertas formalidades que se vienen olvidando en la sala, dando lugar a que por intereses no claros se busque introducir paso a paso modificaciones que muchas veces nada aportan a la juridicidad del pa\u00eds y m\u00e1s bien alimentan egos innecesarios. <\/p>\n
Por estas razones que dejo expuestas, quiero poner en claro que apoyo la decisi\u00f3n de fondo, pero llamo la atenci\u00f3n al respeto por la jurisprudencia y la doctrina nacionales que no pueden modificarse en forma inopinada y sin el procedimiento que para ello se debe mantener. <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-015-2012-00647-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, pues si bien acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de no casar el fallo que el 28 de junio de 2017 profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no comparto la tesis expuesta en el numeral 3.2. de las consideraciones, no solo porque (i) el cambio jurisprudencial que all\u00ed se propone resulta innecesario para resolver este conflicto, sino tambi\u00e9n porque, en mi sentir, (ii) la postura novedosa que propone no encuadra en los criterios de conducencia que consagra nuestro ordenamiento procesal civil. <\/p>\n
(i) En cuanto a lo primero, es innegable que una de las tareas cardinales de esta Corporaci\u00f3n, como tribunal de casaci\u00f3n, es asegurar que las pautas sustanciales de derecho privado sean interpretadas y aplicadas con plena observancia de la Constituci\u00f3n y de manera consistente con las necesidades \u2013cambiantes\u2013 de la sociedad. Acorde con ello, la resoluci\u00f3n de los litigios debe hacerse con apoyo en reglas que consulten esa realidad, y como esta evoluciona constantemente, la hermen\u00e9utica jur\u00eddica debe tambi\u00e9n transformarse, siempre en pos de garantizar un orden justo y maximizar el bienestar com\u00fan. <\/p>\n
Ahora bien, reconocer la inconveniencia de un marco legal excesivamente est\u00e1tico no debe conducir a obviar la seguridad jur\u00eddica, pues esta tambi\u00e9n constituye un principio esencial de todo estado social de derecho. Por consiguiente, aunque las posturas de la Corte no constituyan dogmas inmutables, por regla general su precedente debe respetarse, salvo que se evidencie la necesidad de su variaci\u00f3n y se justifique suficientemente la procedencia de la soluci\u00f3n novedosa que propone acogerse en lo sucesivo. <\/p>\n
Y aunque resulte evidente, a ello cabe agregar que la necesidad de modificar el precedente debe estar relacionada con el sentido de la decisi\u00f3n judicial que se adopta; es decir, tal variaci\u00f3n no se puede abordar solamente desde un marco te\u00f3rico, sino que la postura novedosa de la Corporaci\u00f3n ha de tener su primera aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la disputa sometida a su escrutinio. Lo anterior obedece a la naturaleza de la funci\u00f3n jurisdiccional \u2013orientada, precisamente, a la composici\u00f3n de conflictos particulares, no a la creaci\u00f3n de normas abstractas\u2013, pero tambi\u00e9n a la forma en la que se construyen consensos decisorios al interior de un \u00f3rgano colegiado. <\/p>\n
La providencia objeto de estas l\u00edneas ilustra bien este punto. N\u00f3tese que la variaci\u00f3n jurisprudencial que se propuso no altera en nada la soluci\u00f3n de la controversia, pues exist\u00edan razones suficientes para despachar desfavorablemente la impugnaci\u00f3n extraordinaria de la parte convocada. Por consiguiente, el n\u00facleo argumentativo sobre el cual la Sala de Casaci\u00f3n edific\u00f3 su acuerdo podr\u00eda estar asentado sobre la decisi\u00f3n de no casar el fallo del tribunal, y no necesariamente vinculado con la nueva postura que se propone \u2013que ata\u00f1e a la prueba de la \u201ccadena de t\u00edtulos\u201d que debe exhibir el reivindicante\u2013, lo cual termina minando el protagonismo de ese trascendental punto en el debate. <\/p>\n
Por lo expuesto, estimo que no es pertinente modificar un precedente de la Corte si esa modificaci\u00f3n no conlleva un cambio decisional. De lo contrario, pueden terminar introduci\u00e9ndose variaciones jurisprudenciales con escaso nexo con el prop\u00f3sito de solucionar la controversia que se estudia. <\/p>\n
(ii) De otro lado, considero oportuno insistir en que, conforme lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil, los derechos personales nacen de las fuentes obligaciones, seg\u00fan advertencia del art\u00edculo 1494 \u00eddem \u2013en un listado no exento de pol\u00e9micas, por circunscribirlas a los ejemplos all\u00ed encasillados\u2013, a lo que cabe agregar que, conforme al art\u00edculo 673, \u00ablos modos de adquirir el dominio son la ocupaci\u00f3n, la accesi\u00f3n, la tradici\u00f3n, la sucesi\u00f3n por causa de muerte y la tradici\u00f3n\u00bb, sin perjuicio de la adjudicaci\u00f3n y la creaci\u00f3n, derivados de reg\u00edmenes especiales. <\/p>\n
Esa distinci\u00f3n, contrario a lo generalizadamente sostenido, implica que los derechos personales surgen de la simple realizaci\u00f3n de la fuente obligacional, mientras que los derechos reales se derivan exclusivamente de la realizaci\u00f3n de los modos, con la expresa salvedad normativa de la tradici\u00f3n (que exige coexistir con el t\u00edtulo) y la surgida de la naturaleza jur\u00eddica del mutuo y la prenda civil, que al momento de su materializaci\u00f3n generan al mismo tiempo derechos reales y personales, por ser t\u00edtulos traslaticios y constitutivos, respectivamente. <\/p>\n
En punto a lo anterior, tambi\u00e9n cabe recordar que los t\u00edtulos con vocaci\u00f3n traslaticia aluden a fuentes obligacionales realizadas, es decir, existentes y v\u00e1lidas, que en s\u00ed mismas no tienen la aptitud jur\u00eddica de transferir el derecho patrimonial vinculado a la relaci\u00f3n negocial, pues solo contienen la prestaci\u00f3n de dar que debe satisfacerse mediante el modo \u2018Tradici\u00f3n\u2019, el cual, sin duda alguna, es un pago de aquella prestaci\u00f3n, que se cumple mediante la efectiva transferencia de derecho. <\/p>\n
De esta \u00edndole son la compraventa, la permuta, la donaci\u00f3n y el aporte en sociedad, etc., en los cuales es f\u00e1cil advertir que al ser realizados, es decir, efectivamente perfeccionados, las partes quedan obligadas a dar, lo cual requiere de una conducta posterior para extinguir ese d\u00e9bito jur\u00eddico, que ha de satisfacerse mediante el modo Tradici\u00f3n, ideado con tales fines en la normativa civil colombiana y que es lo que hace pertinente, solo para este caso, la expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 745 del C\u00f3digo Civil, al demandar la coexistencia del t\u00edtulo (fuente obligacional realizada con prestaci\u00f3n de dar de la cual son eventos los ya enlistados) y el modo (exclusivamente la tradici\u00f3n en atenci\u00f3n al hecho de que la prestaci\u00f3n debida es de dar, la cual s\u00f3lo puede solucionarse por esta v\u00eda). <\/p>\n
En ese sentido, si se quiere demostrar una \u201ccadena de t\u00edtulos\u201d en el marco de un proceso reivindicatorio, no parece posible hacerlo \u00fanicamente con la aportaci\u00f3n de la prueba del modo. Ahora bien, como el t\u00edtulo, trat\u00e1ndose de inmuebles, debe constar por escritura p\u00fablica \u2013seg\u00fan exigencia del art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil\u2013, este solo puede demostrarse con su aportaci\u00f3n, conforme las reglas de conducencia que se\u00f1ala el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. Al modificar el precedente aludido, se dej\u00f3 sin efecto esta regla probatoria, y termin\u00f3 desvirtu\u00e1ndose el sentido de la coexistencia de t\u00edtulo y modo que reclama nuestro ordenamiento en trat\u00e1ndose de la traditio. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-015-2012-00647-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de no casar la sentencia proferida el 28 de junio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, aclaro mi voto respecto de una parte de la motivaci\u00f3n expuesta en su definici\u00f3n. <\/p>\n
De manera puntual considero que los numerales 3.2 a 3.74 de las consideraciones expuestas para resolver los embates, son a todas luces impertinentes, por cuanto el tema que all\u00ed se plantea es ajeno a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar al proceso, a su definici\u00f3n en las instancias del juicio y, por lo mismo, a los reproches que el impugnante propuso por la v\u00eda escogida. Adem\u00e1s, resultan por completo innecesarias, si en cuenta se tiene que al tamiz del an\u00e1lisis efectuado, el fracaso de la senda extraordinaria se estableci\u00f3 a partir de las siguientes premisas: i) las censuras resultan incompletas al dejar de lado puntos centrales de la sentencia confutada; ii) el argumento jur\u00eddico central aducido deviene \u201cinsubstancial\u201d; iii) la sentencia cuestionada atendi\u00f3 la jurisprudencia de la Corte sobre las exigencias probatorias cuando el dominio del reivindicante es posterior al inicio de la detentaci\u00f3n y, iv) los errores de hecho denunciados en el primer cargo no se configuraron. <\/p>\n
En mi criterio, las deficiencias t\u00e9cnicas y de razonamiento advertidas ten\u00edan peso suficiente para conducir al fracaso de los cargos; adem\u00e1s, por lo que las elucubraciones contenidas en esos apartados son extra\u00f1as al debate jur\u00eddico que suscita la resoluci\u00f3n de este asunto. De ah\u00ed que ese raciocinio solo constituya obiter dictum del fallo por ser complementario, pero en modo alguno hace parte de su ratio decidendi al no concernir al thema decidendum propio de la controversia. <\/p>\n
La anterior precisi\u00f3n es importante, por cuanto, en las condiciones descritas, la argumentaci\u00f3n cuestionada en esta aclaraci\u00f3n, no tiene trascendencia para erigirse como fundante de doctrina probable en esa materia con car\u00e1cter vinculante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 18965, toda vez que, se insiste, no sirvi\u00f3 de soporte para la resoluci\u00f3n de un problema espec\u00edfico planteado en casaci\u00f3n, por lo que constituye un dicho al paso que resulta completamente prescindible al no tener incidencia alguna en el sentido de la decisi\u00f3n. Aparte habr\u00e1 seguramente otra oportunidad en que sea menester abordar el estudio de la disyuntiva aqu\u00ed planteada como obiter dictum, porque as\u00ed lo exija la resoluci\u00f3n del embate, que ameritar\u00e1 reflexionar con mayor detenimiento sobre la doctrina jurisprudencial imperante y la necesidad de replantearla. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos dejo plasmada mi aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Evoluci\u00f3n del principio romano de la validez de la venta de cosa ajena en el derecho medieval espa\u00f1ol. En Actas de II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Vol. 2, Universidad de Murcia – Universidad de Oviedo, 1998, p. 129. <\/p>\n
2\u0002 Idem, p. 130. <\/p>\n
3\u0002 Luz M. Mart\u00ednez Velencoso, Prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria y adquisitiva del dominio por usucapi\u00f3n: \u00bfDos figuras en liza?. En Revista para el An\u00e1lisis del Derecho, n.\u00b0 2\/2013, p. 5. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gs. 24 a 37 del fallo. <\/p>\n
5\u0002 \u00abTres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en C-836-2001, siempre y cuando se entienda \u00abque la Corte Suprema de Justicia, como juez de casaci\u00f3n, y los dem\u00e1s jueces que conforman la jurisdicci\u00f3n ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, est\u00e1n obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia\u00bb <\/p>\n
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SC3540-2021 (2012-00647-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC3540-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-015-2012-00647-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Rafael Francisco Bautista […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}