SC3617-2021 (2015-02512-00}<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3617-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02512-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por la Sociedad Las Palmas Ltda., frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Territorial Magdalena-, en favor de Roselia Pinz\u00f3n Rojas, tr\u00e1mite al cual concurri\u00f3 la aqu\u00ed impugnante como opositora. <\/p>\n
a). ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, Roselia Pinz\u00f3n Rojas demand\u00f3 la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio \u201cEl Silencio\u201d, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-25323, ubicado en el corregimiento La G\u00f3mez del municipio de Sabana de Torres, Santander, la anulaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos celebrados desde agosto de 1992 sobre dicho bien y el decreto de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n indispensables para salvaguardar su integridad y patrimonio. <\/p>\n
Subsidiariamente, reclam\u00f3 ser compensada con un fundo de similares caracter\u00edsticas o su equivalente en dinero, por encontrarse el perseguido en zona de amenaza natural. <\/p>\n
Para soportar sus pretensiones arguy\u00f3, que tanto ella como sus tres hijos mayores, nacieron y crecieron en el inmueble materia del litigio, adjudicado el 22 de julio de 1986 a su padre Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n S\u00e1nchez (q.e.p.d.) por el INCORA (Res. n\u00ba. 1244) y vendido a \u00c1ngel Miguel Ulloa Ni\u00f1o el 3 de agosto de 1992, con ocasi\u00f3n de las amenazas de muerte del grupo guerrillero las FARC, cuyos integrantes ven\u00edan extorsionando a su familia desde el a\u00f1o 1991. <\/p>\n
Narr\u00f3 que cuando transcurr\u00eda el a\u00f1o 1992, su progenitor se neg\u00f3 a permitir que siguieran llev\u00e1ndose su ganado, lo cual increment\u00f3 las intimidaciones y los llev\u00f3 a abandonar el terreno para establecerse en el casco urbano del municipio de Sabana de Torres; sin embargo, por no lograr adaptarse al nuevo entorno, sus padres regresaron a la heredad, pero la organizaci\u00f3n criminal intensific\u00f3 el asedio, obligando a don Jos\u00e9 \u00c1ngel (q.e.p.d.), a vender su finca para satisfacer los requerimientos dinerarios del grupo delincuencial. <\/p>\n
2. El 16 de enero de 2013, el Juzgado Primero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 enterar a la ahora revisionista, quien adquiri\u00f3 la propiedad mediante compraventa protocolizada el 24 de octubre de 2008, en la Notar\u00eda Novena de Bucaramanga (E.P. 2590); vinculada al tr\u00e1mite, la opositora aleg\u00f3 haber obrado con buena fe exenta de culpa, pues compr\u00f3 la heredad diecisiete (17) a\u00f1os despu\u00e9s de los hechos que dieron lugar al proceso y antes de ello realiz\u00f3 un estudio de t\u00edtulos que le permiti\u00f3 concluir que el inicial propietario, dispuso consciente, libre y voluntariamente de su derecho de dominio, en especial, porque los actores armados ilegales, solo empezaron a hacer presencia en esa zona del pa\u00eds, a partir del a\u00f1o 1993. <\/p>\n
3. Vencido el per\u00edodo probatorio, el referido estrado judicial envi\u00f3 el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, quien acogi\u00f3 las s\u00faplicas de la reclamante al encontrar que su padre y todos los miembros de la familia, fueron v\u00edctimas de amenazas de muerte en el marco del conflicto armado colombiano, hecho que oblig\u00f3 al primero a desprenderse de su heredad por un precio irrisorio ($800.000), debiendo huir hacia el \u00e1rea urbana del municipio. <\/p>\n
Por su parte -concluy\u00f3 la precitada autoridad- la opositora no desvirtu\u00f3 los hechos expuestos por la solicitante, cuyo dicho fue coincidente con los informes del Ej\u00e9rcito Nacional y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, los cuales dan cuenta de la presencia de grupos guerrilleros en Sabana de Torres durante la d\u00e9cada de los noventa, su modus operandi en las acciones terroristas contra la poblaci\u00f3n y el alto \u00edndice de homicidios y desplazamientos forzados ocasionados por tales desmanes. <\/p>\n
Correlativamente, el colegiado encontr\u00f3 que no se hallaba acreditada la buena fe exenta de culpa de la Sociedad Las Palmas Ltda., cuya actividad comercial debi\u00f3 permitirle advertir la violencia generalizada y notoria que enfrent\u00f3 la comunidad sabanera y el exiguo precio pagado por el inmueble al padre de la actora, quien firm\u00f3 a ruego la escritura, circunstancias indicativas de un posible despojo en el marco del conflicto armado, que ameritaban prudencia de la compradora. <\/p>\n
En consecuencia, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas principales del petitum, pues no hall\u00f3 fundamento para ordenar la compensaci\u00f3n con otro fundo, ni el pago de su valor en dinero, como lo deprec\u00f3, subsidiariamente, la peticionaria (24 sept., 2013). <\/p>\n
b). EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. Amparada en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo General del Proceso, la compa\u00f1\u00eda impugnante asever\u00f3 que Roselia Pinz\u00f3n Rojas incurri\u00f3 en maniobras fraudulentas generadoras de perjuicios para su patrimonio, pues escondiendo informaci\u00f3n toral para la definici\u00f3n de la litis, indujo en error a las autoridades judiciales y administrativas, lo cual le permiti\u00f3 consolidar sus pretensiones basadas en hechos alejados de la realidad. <\/p>\n
En efecto, omiti\u00f3 indicar que su padre \u00abten\u00eda m\u00e1s predios en el municipio de Sabana de Torres, de los cuales no se sustrajo, continu\u00f3 bajo su posesi\u00f3n, luego mal har\u00eda en se\u00f1alarse que fue desplazado por los grupos al margen de la ley del predio objeto de restituci\u00f3n, pero de los dem\u00e1s que ten\u00eda en la misma zona no, m\u00e1xime cuando continu\u00f3 viviendo, comprando y vendiendo predios en el mismo municipio\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, el 12 de noviembre de 1992, Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n S\u00e1nchez (q.e.p.d.) compr\u00f3 el fundo \u201cEl Para\u00edso\u201d, ubicado en la vereda Santos Guti\u00e9rrez (E.P. 24763 de la Notar\u00eda Primera de Barrancabermeja), actualmente adscrita al municipio de Sabana de Torres y el 24 de junio de 1993 lo permut\u00f3, junto con el lote de la calle 17 No. 11-25, manzana 56 de la misma localidad, de propiedad de la demandante, quien se hizo a \u00e9l el 25 de noviembre de 1991 (E.P. n\u00ba 4563), por el inmueble con matr\u00edcula n\u00ba 300-56589 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Floridablanca, Santander. <\/p>\n
En sentir de la firma recurrente, lo anterior demuestra la mendacidad del dicho de su contraparte, pues no resulta l\u00f3gico que, unos meses despu\u00e9s de tener que abandonar y enajenar forzosamente la finca \u201cEl Silencio\u201d, don Jos\u00e9 \u00c1ngel comprara otro terreno en el mismo sitio de donde tuvo que salir huyendo. Entonces, concluy\u00f3, fue \u00abaparente [la] situaci\u00f3n de desplazamiento, terror y caos que narr\u00f3 la reclamante (\u2026) cuando para ese momento ten\u00eda una vivienda en el barrio 20 de julio de dicho municipio, y que a pesar de figurar en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-40404, en la descripci\u00f3n de cabida y linderos que se trata de un Lote de terreno urbano, es claro que el mismo ya se encontraba construido (por Roselia Pinz\u00f3n) tal y como consta en la anotaci\u00f3n No. 2 [del citado folio]. Lo cual es prueba fidedigna [de] que [la precitada] viv\u00eda all\u00ed, y ten\u00eda m\u00e1s propiedades anteriores a la fecha en que ocurri\u00f3 el presunto despojo, y que antes del mismo, ella ya viv\u00eda en la cabecera municipal de Sabana de Torres\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, el fallecido Pinz\u00f3n Rojas fue titular (i) de la construcci\u00f3n matriculada con el n\u00ba 303-20184, vendida el 14 de abril de 1993 a Alfredo Afanador Rodr\u00edguez (E.P. 2547 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga); (ii) del fundo 303-18875 adquirido el 18 de enero de 1994 y trasferido el 7 de febrero de 1995 (E.P. 32); y (iii) de la casa matriculada con el folio n\u00ba 303-25512, comprada el 28 de julio de 1995 (E.P. 269 de la Notar\u00eda \u00danica de Sabana de Torres) y enajenada en el a\u00f1o 2002 a Mar\u00eda Eugenia Valbuena Valbuena, lo cual significa que \u00abla reclamante y su padre estaban m\u00e1s que arraigados al municipio de Sabana de Torres y nunca fueron desplazados de \u00e9l u obligados a abandonar forzadamente [el] (\u2026) predio El Silencio, y siempre estuvieron vinculados a la cabecera (\u2026) del municipio, y no fue como dice la reclamante que su llegada al \u00e1rea urbana lo fue hasta el a\u00f1o 1992, y que nunca se hab\u00edan adaptado a la vida urbana (\u2026) una mentira m\u00e1s que sobresale de bulto. <\/p>\n
2. Cuestion\u00f3, por otra parte, la falta de certificaci\u00f3n de la demandante o su ascendiente como propietarios de hierros para marcar ganado, cuando en Colombia quienes se dedican a esa actividad, \u00ab(\u2026) deben tener registrado[s] ante el ICA sus predios (\u2026) siendo absurdo que una persona con 117 cabezas de ganado (m\u00e1s 4 toros) no cuente con los registros ante la autoridad competente y nunca los tuvo\u00bb. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo destac\u00f3 que, en cada uno de los negocios descritos en precedencia, los documentos respectivos fueron firmados a ruego por una tercera persona y no por el hoy occiso Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n (q.e.p.d.), circunstancia que explica porqu\u00e9 no suscribi\u00f3 directamente la escritura de compraventa del bien en litigio y despeja las dudas planteadas por el tribunal al respecto (fol. 131 a 149, Cd. Corte). <\/p>\n
c).EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n
1. El 3 de mayo de 2016 se admiti\u00f3 la demanda disponiendo su enteramiento y el traslado de ley \u00aba los intervinientes en el juicio objeto de impugnaci\u00f3n\u00bb; auto notificado a la opugnadora mediante anotaci\u00f3n en estado del 5 siguiente (fol. 175, anverso y reverso, Cd. Corte). <\/p>\n
2. El 5 de agosto posterior, se requiri\u00f3 al interesado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para que procediera a integrar el contradictorio (fol. 177, ib). <\/p>\n
3. La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, fue notificada el 26 del mismo mes y a\u00f1o (fl. 250 Cd. Corte). Dentro del t\u00e9rmino para contestar se opuso a la prosperidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, por considerar que los negocios jur\u00eddicos en cuya existencia se soporta la censura, no solo son ajenos a la controversia materia de la litis, sino que tuvieron ocurrencia en \u00e9pocas distintas a la situaci\u00f3n que all\u00ed se dilucidaba y, en todo caso, no desvirt\u00faan el despojo del que fue v\u00edctima el padre de la accionante, quien acudi\u00f3 al proceso como su heredera (fol. 191 a 200, ib). <\/p>\n
El 11 de octubre de 2016, se orden\u00f3 el emplazamiento de la peticionaria en el decurso subyacente (fol. 215) y el 1\u00ba de junio de 2017 se volvi\u00f3 a requerir a la organizaci\u00f3n recurrente, en aras de la satisfacci\u00f3n de la aludida disposici\u00f3n, so pena de dar por desistido el tr\u00e1mite (fl. 229, ib.), quien alleg\u00f3 escrito para que se abstuviera de surtir dicha diligencia; petici\u00f3n denegada el 22 de marzo de 2017 (fl. 324 Cd Corte). <\/p>\n
Tras ser requerido bajo los apremios del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, por auto de 1 de junio de 2017 (fl. 327 Cd Corte), la convocante cumpli\u00f3 dicha carga, a trav\u00e9s de publicaciones realizadas el 25 de ese mes y a\u00f1o, tras lo cual se procedi\u00f3 a designar curador ad litem para la representaci\u00f3n de la convocada (20 sep., 2017). <\/p>\n
El respectivo auxiliar de la justicia fue notificado personalmente el 23 de octubre de 2019 (fol. 338, ib) y, oportunamente, repeli\u00f3 las pretensiones del impulsor, basado en que \u00ab(\u2026) no se evidencia la existencia de colusi\u00f3n o maniobra fraudulenta por parte de [mi procurada] en el proceso, ni el demandante ha relacionado directamente en su demanda que [su] actuar (…) le haya causado perjuicios (\u2026)\u201d, pues \u201c(\u2026) el verdadero perjuicio para la [inconforme] es que no se haya contemplado ninguna compensaci\u00f3n econ\u00f3mica ante la restituci\u00f3n del bien (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n que obedece a su falta de \u00ab(\u2026) diligencia en (\u2026) el proceso de compra del bien que viene originariamente de una adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos por parte del INCORA, compraventa anterior por un valor inferior a la mitad del justo precio y en zonas de conflicto donde se vivieron fen\u00f3menos de desplazamiento forzado e, igualmente, aunque (\u2026) tuvo la opci\u00f3n de llamar a los anteriores propietarios para ser parte del proceso y enriquecer el debate y defensa de sus intereses, decidi\u00f3 asumir toda la carga del proceso y (\u2026) asumir el riesgo de las consecuencias jur\u00eddicas del fallo (\u2026)\u00bb (fol. 342 a 348, ib.). <\/p>\n
4. El 26 de mayo de 2021 se inst\u00f3 el enteramiento del Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restituci\u00f3n de Tierras de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (fol. 364, ib.), funcionario que, enterado, controvirti\u00f3 los argumentos del recurrente, por estimar que \u00ab(\u2026) la impugnaci\u00f3n extraordinaria no es la senda para formular las discusiones f\u00e1cticas y probatorias que no se plantearon ante los jueces y magistrados civiles especializados en restituci\u00f3n de tierras, pese a haber tenido la oportunidad el opositor para hacerlo o para reabrir el debate sobre circunstancias ya [discutidas]\u00bb (fol. 377 a 385, ib.). <\/p>\n
d).CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo con el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, regente del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras, \u201ccontra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, luego, es procedente el presentado por la Sociedad Las Palmas Ltda. y deber\u00e1 resolverse de conformidad con las reglas del precitado estatuto, por haber sido presentado bajo su \u00e9gida -8 de octubre de 2015-. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 del C\u00f3digo General del Proceso establece, que \u00ablos recursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
2. A voces de la regla 381 del antiguo estatuto procesal, el recurso extraordinario deb\u00eda interponerse \u00abdentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria\u00bb del fallo confutado. La presentaci\u00f3n del petitum por fuera de ese lapso conlleva su rechazo \u201csin m\u00e1s tr\u00e1mite\u201d (inc. 4\u00ba, art. 383 ibid.), pues, trat\u00e1ndose de una herramienta excepcional, a trav\u00e9s de la cual es dable quebrar la firmeza de un fallo cobijado bajo el postulado de cosa juzgada, resulta indispensable la imposici\u00f3n de un plazo perentorio, en aras de salvaguardar la seguridad jur\u00eddica de las decisiones emitidas por la administraci\u00f3n de justicia. As\u00ed lo ha sentado esta Corporaci\u00f3n en reiterada jurisprudencia: <\/p>\n
\u00abEl legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros\u00bb (CSJ SC4065-2020, 26 oct., rad. 2016-02066-00, SC2313-2018, 25 jun., rad. 2013-01848-00). <\/p>\n
2.1. No obstante, la radicaci\u00f3n oportuna del libelo introductor, en tanto actuaci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente del litigio subyacente a la revisi\u00f3n, no es suficiente para impedir la configuraci\u00f3n del memorado fen\u00f3meno preclusivo, pues compete al interesado, adem\u00e1s, cumplir con la carga procesal de integrar diligentemente el contradictorio, como lo dispone el inciso 6\u00ba del aludido precepto 383, en concordancia con las reglas 87 y 90 del mismo ordenamiento, vigente este \u00faltimo hasta el 30 de septiembre de 2012 en virtud de su derogatoria y entrada en vigencia del art. 94 del C.G.P. a partir del 1\u00b0 de octubre de ese a\u00f1o \u2013 art. 627 n\u00fam.4 CGP-, esto es, antes de la presentaci\u00f3n del recurso que en esta providencia se decide. <\/p>\n
\u00abPresentada oportunamente la demanda, este acto impedir\u00e1 que el t\u00e9rmino extintivo de la caducidad contin\u00fae corriendo, si es que el demandante en revisi\u00f3n cumple la carga de notificarla al demandado dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 del mismo C\u00f3digo. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, pierde la presentaci\u00f3n de la demanda aquel efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendr\u00e1 sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hip\u00f3tesis esta que alude a una consumaci\u00f3n de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n\u00bb (CSJ SC588-2020, 27 feb., rad. 2013-02478-00, reiterado SC, 31 oct, 2012, rad. 2003-00004-01, entre otras). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, el numeral 2\u00ba del canon 382 ibidem, impone la formulaci\u00f3n del recurso contra \u201clas personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u201d, de donde emerge con claridad un litisconsorcio necesario, sin el cual no es dable dirimir la impugnaci\u00f3n, pues \u00abla uni\u00f3n de los litigantes obedece a una imposici\u00f3n legal o resulta determinada por la naturaleza de la relaci\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica controvertida, siendo ellos, todos, titulares de la misma pretensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u201cno puede ser v\u00e1lidamente propuesta sino por varios sujetos, o frente a varios sujetos, o por varios y frente a varios a la vez\u201d (Guasp), por cuanto la decisi\u00f3n adem\u00e1s de uniforme, l\u00f3gicamente aparece como inescindible\u00bb (SC588-2020 ya citada, reiterando CSJ SC de 24 de oct. de 2000, Rad. 5387). <\/p>\n
En ese orden de ideas, para que pueda predicarse la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad con la presentaci\u00f3n en tiempo de la censura excepcional, en un juicio donde fueron dos o m\u00e1s los integrantes de cualquiera de los extremos de la lid, es indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos, dentro del plazo fijado para tal efecto. <\/p>\n
2.3. En el sub lite, el revisionista contaba con un plazo de dos (2) a\u00f1os, desde la fecha de ejecutoria del fallo criticado (8 oct. 2013) para presentar su censura y, en efecto, el respectivo libelo fue radicado en la secretar\u00eda de la Corte el mismo d\u00eda del a\u00f1o 2015, esto es, dentro del interregno concedido por el legislador. <\/p>\n
Ello, porque la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2013 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, fue notificada mediante correo electr\u00f3nico remitido a las partes el viernes 3 de octubre siguiente y al no ser pasible de casaci\u00f3n, cobr\u00f3 firmeza tres d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s (art. 331 del C.P.C.). <\/p>\n
Por lo antelado, dable es entrar a determinar si la presentaci\u00f3n de la demanda descrita tuvo la virtud de impedir la consumaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad. <\/p>\n
El auto admisorio fue notificado al convocante, por estado del 5 de mayo de 2016, luego, el a\u00f1o para enterar a sus contendientes, \u201ccontado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante\u201d(art. 94 CGP, antes 90 CPC), venc\u00eda el 6 de mayo de 2017 \u201cconforme al calendario\u201d (art. 121 C.P.C), lapso durante el cual el interesado \u00fanicamente logr\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, que tuvo lugar el 26 de agosto de 2016 (fol. 179, cd. Corte), pues la convocada Roselia Pinz\u00f3n Rojas, cuyo emplazamiento en debida forma se surti\u00f3 hasta el 25 de junio de 2017 tras sendos requerimientos de esta Corporaci\u00f3n, siendo vinculada finalmente, mediante curador ad-litem, el 23 de octubre de 2019 (fol. 338 \u00eddem), vale decir, por fuera del interregno ya establecido y, naturalmente, de los dos a\u00f1os de que trata el canon 381 citado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para que el extremo interesado cumpliera con la carga de trabar la litis, fue necesario requerirlo en dos oportunidades -5 de agosto y 1\u00ba de junio de 2017-, fecha esta \u00faltima para la cual ya hab\u00eda fenecido el lapso de que trata el art\u00edculo 90 de la antigua ley de enjuiciamiento civil. <\/p>\n
Omisi\u00f3n igualmente predicable respecto de la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Agrarios y de Restituci\u00f3n de Tierras de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n -quien por la naturaleza del asunto intervino en aquella causa- pues la entidad acudi\u00f3 al juicio el 20 de junio de 2019 reclamando su falta de notificaci\u00f3n y puesto a juicio pidi\u00f3 declarar infundada la s\u00faplica extraordinaria. <\/p>\n
Todo esto revela, inequ\u00edvocamente, que el actor no satisfizo la carga de integrar el contradictorio en el preciso t\u00e9rmino que le confer\u00eda el art\u00edculo 94 del C.G.P. – igual al que establec\u00eda el 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, motivo por el cual los plazos de caducidad corrieron ininterrumpidamente en su contra, de suerte que para el momento en que cumple con la mentada carga dicho fen\u00f3meno ya hab\u00eda acaecido. <\/p>\n
3. A\u00fan si se dejara de lado tal aspecto, la censura estar\u00eda destinada al fracaso, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
3.1. De manera uniforme esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que el recurso de revisi\u00f3n no es asimilable a una instancia adicional, de la cual el vencido en el juicio pueda echar mano a su antojo para revivir el litigio o enmendar las falencias argumentativas o probatorias en que hubiera incurrido en procura de la prosperidad de su tesis defensiva, pues este mecanismo excepcional, fue dise\u00f1ado por el legislador como una herramienta de protecci\u00f3n frente a sentencias pronunciadas \u00absin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral 9\u00ba ib\u00eddem, se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias\u00bb (CSJ SC681-2020, 4 mar., rad. 2015-00963-00). <\/p>\n
3.2. La recurrente acus\u00f3 a su contraparte de incurrir en \u00abmaniobras fraudulentas\u00bb que configuran el motivo sexto de revisi\u00f3n, por cuanto ocult\u00f3 los negocios de compraventa y permuta realizados por ella y su progenitor durante los a\u00f1os noventa, hechos que, en su sentir, de haberse conocido en el desarrollo del juicio, habr\u00edan permitido al fallador plural estructurar una decisi\u00f3n desfavorable frente a la restituci\u00f3n deprecada, amen que estos denotan que (i) Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n S\u00e1nchez ostentaba e, incluso, adquiri\u00f3 la titularidad sobre otras heredades ubicadas en el municipio de Sabana de Torres y conserv\u00f3 \u00abla posesi\u00f3n\u00bb de las mismas, despu\u00e9s de la victimizaci\u00f3n denunciada; (ii) la solicitante y sus progenitores ten\u00edan arraigo en el casco urbano de Sabana de Torres desde mucho antes del \u00absupuesto\u00bb despojo; y, (iii) el hoy fallecido Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n, acostumbraba a suscribir las escrituras p\u00fablicas mediante la figura de la \u00abfirma a ruego\u00bb, luego no es extra\u00f1o que hubiese hecho lo mismo al realizar la venta del predio \u00abEl Silencio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recrimin\u00f3 la falta de prueba sobre la actividad ganadera del causante, dada la ausencia de registro de hierros o marcas, a su nombre, en el ICA. <\/p>\n
3.3. Sobre la configuraci\u00f3n de las maniobras fraudulentas que dan lugar a la causal de revisi\u00f3n invocada, esta Sala ha establecido que se estructuran cuando \u00ab[l]as partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consiente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe (\u2026) debe, en todo quebrarse\u00bb (CSJ SC339-2019, 25 jun., rad. 2015-02695-00, CSJ SC, 30 jul. 1997, Exp. 5407). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en pronunciamiento m\u00e1s reciente se record\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[p]ara la configuraci\u00f3n de esta causal urge, pues, que \u201clos hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisi\u00f3n impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a prop\u00f3sito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad il\u00edcita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas est\u00e1 exento de vicio\u00bb (CSJ SC674-2020, 3 mar., rad. 2015-00713-00, citando CSJ SC, 3 de oct. de 1999). <\/p>\n
3.4. Son varias las razones que llevan a desestimar la censura de la sociedad recurrente. En primer lugar, porque pretende utilizar este remedio excepcional como una v\u00eda para subsanar su deficiente actividad probatoria al interior del juicio, donde su defensa vers\u00f3, exclusivamente, en torno al amplio margen de tiempo transcurrido entre la fecha del despojo denunciado y la de la negociaci\u00f3n en virtud de la cual se hizo al dominio de \u201cEl Silencio\u201d; el estudio de t\u00edtulos efectuado con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n de ese negocio; y, el desconocimiento de los hechos de violencia en el \u00e1rea rural de Sabana de Torres, para los a\u00f1os 1991 y 1992, puesto que la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico vivida en ese lugar, solo se present\u00f3 a partir del a\u00f1o 1993. <\/p>\n
Como se ve, la organizaci\u00f3n convocada al tr\u00e1mite y hoy demandante extraordinaria no aleg\u00f3 la existencia de m\u00faltiples negocios jur\u00eddicos en cabeza de la all\u00e1 reclamante ni que \u00e9sta fuera propietaria de otros bienes en esa regi\u00f3n y mucho menos, la inexistencia del registro de hierros o marcas de ganado o de la finca del causante para explotaci\u00f3n ganadera, luego es inadmisible que pretenda plantear tal debate por medio de esta senda especial. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, es evidente la falta de demostraci\u00f3n de la mala fe de la promotora del juicio subyacente a este tr\u00e1mite, pues si bien la libelista le endilga haber obrado con el \u00e1nimo de esconder la verdad para hacerse pasar por v\u00edctima de desplazamiento forzado junto a sus parientes, lo cierto es que de una mirada cuidadosa al dicho de aqu\u00e9lla, se advierte con facilidad que siempre refiri\u00f3 que una vez obligada a marcharse de sus tierras, la familia se fue a vivir al casco urbano de la misma circunscripci\u00f3n territorial, por lo que la adquisici\u00f3n de nuevos predios en ese sitio, no desdice de la veracidad de la narraci\u00f3n de la promotora, sino que la confirma. <\/p>\n
Incluso, si se miran con mayor detalle sus declaraciones, se observa que, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, la solicitante asever\u00f3 que, con el producto de la venta de 117 reses, su padre compr\u00f3 otro predio, lo cual demuestra que no tuvo intenci\u00f3n de callar o esconder esa situaci\u00f3n, en todo caso, ajena a la discusi\u00f3n central de la lid. <\/p>\n
En efecto, con la sola manifestaci\u00f3n de Roselia Pinz\u00f3n Rojas, acerca de que su progenitor compr\u00f3 otro inmueble con lo que obtuvo por la venta de su ganado, la pasiva contaba con elementos de juicio para determinar la necesidad de verificar, si era de su inter\u00e9s, el lugar de ubicaci\u00f3n de ese nuevo fundo, el valor de la respectiva transacci\u00f3n y el destino final del t\u00edtulo de dominio del predio, cosa que habr\u00eda enriquecido su teor\u00eda defensiva, la cual pudo encaminar, no solamente a acreditar su buena fe exenta de culpa, como ocurri\u00f3, sino a desvirtuar, si ese era su anhelo, la condici\u00f3n de v\u00edctimas de desplazamiento forzoso y despojo ilegal, del inicial propietario de la heredad en litigio y de su familia, como se lo permit\u00eda el art\u00edculo 81 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, como bien lo destac\u00f3 el procurador de la emplazada, correspond\u00eda a la opositora llamar al juicio a sus vendedores, quienes habr\u00edan podido dar mayores detalles del negocio celebrado por \u00c1ngel Miguel Ulloa Ni\u00f1o y Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n S\u00e1nchez (q.e.p.d.) el 3 de agosto de 1992. <\/p>\n
Lo propio puede decirse de sus reparos relacionados con la inexistencia de registro de la finca o del hoy occiso Jos\u00e9 \u00c1ngel Pinz\u00f3n S\u00e1nchez como ganadero en el ICA, por cuanto se trata de un argumento que brill\u00f3 por su ausencia en el tr\u00e1mite del juicio especial aludido y solo con la censura ahora propuesta, es que la organizaci\u00f3n inconforme busca controvertir ese aspecto y remediar, de paso, su inactividad en desarrollo de la actuaci\u00f3n materia de reproche, finalidad a todas luces, ajena al medio de control utilizado, como bien coincidieron en afirmarlo los representantes de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el curador ad-litem de la convocada. <\/p>\n
3.5. Si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que Roselia Pinz\u00f3n Rojas falt\u00f3 a la verdad o quiso ocultar los hechos tra\u00eddos a cuento por la inconforme, ninguno de los motivos expuestos por la recurrente, tendr\u00edan la capacidad de derruir las conclusiones del tribunal, pues tales descubrimientos no alteran per se la calidad de v\u00edctima del conflicto armado interno del progenitor de la all\u00e1 demandante ni descarta el despojo del que fue objeto a causa de las amenazas proferidas contra \u00e9l y su familia por parte de grupos armados al margen de la ley. <\/p>\n
N\u00f3tese que la recurrente no acredit\u00f3 que el bien \u201cEl Para\u00edso\u201d comprado por don Jos\u00e9 \u00c1ngel (q.e.p.d.), el 12 de noviembre de 1992 (E.P. 2476), quedara ubicado en el mismo sector de la finca objeto del litigio, pues si bien afirm\u00f3 que el paraje Santos Guti\u00e9rrez, donde tiene asiento el primer lote, pertenec\u00eda al municipio de Puerto Wilches, pero hoy en d\u00eda hace parte de la comprensi\u00f3n territorial de Sabana de Torres, ello no acredita, por s\u00ed mismo, que tuviese cercan\u00eda con el terreno materia del despojo, como para concluir que son falsas las denuncias de extorsi\u00f3n e intimidaci\u00f3n experimentadas en aquel lugar. <\/p>\n
Del mismo modo, el que Roselia y su padre ostentaran la titularidad sobre otras heredades que despu\u00e9s permutaron por un inmueble de Floridablanca, tampoco es se\u00f1al inequ\u00edvoca de que los miembros de la familia Pinz\u00f3n Rojas tuvieran su arraigo en el casco urbano y no en la zona rural de Sabana de Torres, pues, como acertadamente lo puso de presente el representante de la solicitante, la propiedad sobre un bien no implica, inexorablemente, que su titular lo habite, situaci\u00f3n que no fue acreditada por la ahora opugnante. <\/p>\n
Ahora, de una revisi\u00f3n general a la documentaci\u00f3n aportada con su censura excepcional por la Sociedad Las Palmas Ltda., pronto se advierte que ella da cuenta de la enajenaci\u00f3n de todas las tierras que el fallecido Pinz\u00f3n S\u00e1nchez ten\u00eda en el municipio de Sabana de Torres, circunstancia que lejos de desacreditar el dicho de su heredera, lo respalda, pues lo cierto es que el agraviado termin\u00f3 deshaci\u00e9ndose de todos sus v\u00ednculos con el lugar de donde fue violentamente desplazado. <\/p>\n
4. Con fundamento en las motivaciones expuestas en precedencia se declarar\u00e1 la caducidad del recurso de revisi\u00f3n impetrado y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas y perjuicios a la aqu\u00ed gestora, y se fijar\u00e1n agencias en derecho incluyendo la suma de $2.000.000 a favor de la solicitante en el proceso materia de impugnaci\u00f3n; para su pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada (fol. 160 y ss., cd. Corte). <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la operancia del fen\u00f3meno preclusivo de la caducidad respecto del recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado por la Sociedad Las Palmas Ltda., frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Territorial Magdalena-, en favor de Roselia Pinz\u00f3n Rojas, tr\u00e1mite al cual concurri\u00f3 la aqu\u00ed impugnante como opositora. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente, para cuyo pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada. Las costas liqu\u00eddense por secretar\u00eda e incl\u00fayase la suma de $2.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO: Devu\u00e9lvase el expediente contentivo del juicio declarativo al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: Cons\u00e9rvese el cuaderno de la Corte y arch\u00edvese en su debida oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art. 94 del C.G.P. El mismo t\u00e9rmino preve\u00eda el 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
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SC3617-2021 (2015-02512-00} HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC3617-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02512-00 (Aprobada en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}