SC3781-2021 (2014-09788-01)<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3781-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2014-09788-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de once de marzo dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n elevado por Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la sentencia de 12 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por la recurrente contra Cencosud Colombia S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Declarar a la convocada incursa en actos de competencia desleal: Obstaculizaci\u00f3n del mercado, explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena, limitaci\u00f3n empresarial e inducci\u00f3n a la ruptura contractual; y, como consecuencia, condenar al pago de los perjuicios irrogados. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. En 1998, Impulso y Mercadeo S.A. y Carrefour S.A., hoy Cencosud Colombia S.A., celebraron un contrato de suministro por t\u00e9rmino indefinido. Su objeto consisti\u00f3 en prestar asistencia log\u00edstica integral y surtir g\u00f3ndolas en las tiendas y supermercados de la demandada a nivel nacional. Comprend\u00eda trasladar, organizar, acomodar y exhibir las mercanc\u00edas que comercializaba. <\/p>\n
El precio del convenio lo facturaba la pretensora cada mes a \u201ctodos los proveedores\u201d de la convocada de acuerdo con las horas personas suministradas. Esta \u00faltima, por su parte, pagaba a aquella lo \u201cfacturado mensualmente\u201d. <\/p>\n
En reuni\u00f3n celebrada el 11 de diciembre de 2012, la interpelada solicit\u00f3 a la accionante disminuir el 5% del precio del contrato para 2013. Adujo que asumir\u00eda el \u201cservicio de la operaci\u00f3n log\u00edstica integral\u201d. <\/p>\n
El 8 de enero de 2013, inform\u00f3 que manejar\u00eda directamente la operaci\u00f3n. Esto lo ratific\u00f3 el 8 de febrero, v\u00eda correo electr\u00f3nico. El plan piloto lo implement\u00f3 el 4 de marzo, en seis de sus tiendas. Y el 1\u00ba de junio, generaliz\u00f3 la estrategia y puso fin a la relaci\u00f3n comercial. <\/p>\n
La demandada, para asumir los servicios, invit\u00f3, convoc\u00f3 y contrat\u00f3 a 697 empleados de la precursora con v\u00ednculo laboral vigente; previamente, les ofreci\u00f3 la posibilidad de participar en el proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
En forma paralela, las partes estaban unidas por otro convenio similar, respecto de un \u00e1rea de los almacenes denominada \u201cBazar\u201d. Sin motivo alguno, sorpresiva y unilateralmente, en diciembre de 2013, la pasiva termin\u00f3 el contrato. A su vez, vincul\u00f3 33 empleados de la actora. <\/p>\n
Cencosud Colombia S.A., en definitiva, se \u201cbenefici\u00f3 y aprovech\u00f3\u201d de la capacitaci\u00f3n, entrenamiento y experiencia del personal de Impulso y Mercadeo S.A., previamente reclutado, seleccionado y formado. Adem\u00e1s, alter\u00f3 su organizaci\u00f3n empresarial. <\/p>\n
1.3. Contestaci\u00f3n de la demanda. La accionada resisti\u00f3 las s\u00faplicas. Neg\u00f3 participar en el mercado de abastecer g\u00f3ndolas en tiendas de cadena; solo pretendi\u00f3 surtir estanter\u00edas en sus negocios, a\u00f1adi\u00f3, esa fue la raz\u00f3n para terminar el contrato y as\u00ed lo hizo saber a la contratista. <\/p>\n
1.4. Fallo de primer grado. El 25 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio: <\/p>\n
1.4.1. Neg\u00f3 los actos de imitaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena. La interpelada, dijo, se limit\u00f3 a retomar su propia operaci\u00f3n log\u00edstica; y, no hab\u00eda prueba de la solvencia industrial, comercial y profesional de la actora. <\/p>\n
1.4.2. Declar\u00f3 la inducci\u00f3n de la convocada a romper contratos laborales, pues se hizo a 697 trabajadores de la demandante; fuera de ello, expandi\u00f3 el sector de la econom\u00eda, en tanto, asumi\u00f3 una operaci\u00f3n que no ten\u00eda y comenz\u00f3 a prestar los mismos servicios que antes recib\u00eda. <\/p>\n
Conden\u00f3 a la interpelada, por tanto, a pagar a la convocante los gastos en que hab\u00eda incurrido para capacitar al personal, los cuales tas\u00f3 en la suma de $119.630.224. <\/p>\n
1.5. Sentencia de segundo grado. Revoc\u00f3 la condena parcial y desestim\u00f3 todas las pretensiones por v\u00eda de apelaci\u00f3n de ambas partes. Para el Tribunal: <\/p>\n
1.5.1. Los hechos imputados a Cencosud Colombia S.A. no pod\u00edan subsumirse como actos de competencia desleal con fines concurrenciales. Seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00ba y 7\u00ba de la Ley 256 de 1996, las conductas deb\u00edan resultar id\u00f3neas para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado en favor de quien las realiz\u00f3 o de un tercero. <\/p>\n
La terminaci\u00f3n del convenio de suministro y la contrataci\u00f3n de trabajadores vinculados a Impulso y Mercado S.A., carec\u00edan de ese prop\u00f3sito. Su finalidad no era irrumpir o posicionar el comercio a trav\u00e9s de la prestaci\u00f3n de los mismos servicios operacionales involucrados, tampoco disputar la clientela adquirida. <\/p>\n
Conforme a las pruebas, todo obedeci\u00f3 a una estrategia para atenuar costos, sin repercusi\u00f3n en los usuarios de las tiendas o supermercados. Empero, no se prob\u00f3 c\u00f3mo la acomodaci\u00f3n de g\u00f3ndolas por una u otra empresa incidi\u00f3 en los compradores de la demandada. La actividad de la pretensora, por el contrario, se dirig\u00eda a la contratante, a la saz\u00f3n, su \u00fanico cliente, y no a terceros. <\/p>\n
En adici\u00f3n, los objetos sociales desarrollados por cada sociedad eran sustancialmente diferentes. La demandante se aplicaba a ofertar todo tipo de servicios de publicidad y mercadeo. Y la convocada, a la compra, importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n, adquisici\u00f3n, venta y comercializaci\u00f3n de productos de consumo masivo. <\/p>\n
1.5.2. Frente a lo discurrido, la vinculaci\u00f3n de personal efectuada por la interpelada, sencillamente, tuvo por objeto satisfacer una necesidad suya. Nunca mantener o incrementar su participaci\u00f3n en el mercado en perjuicio de la actividad que desarrollaba la demandante. <\/p>\n
1.6. Demanda de casaci\u00f3n. La accionante recurrente formul\u00f3 seis acusaciones. En las dos iniciales, denuncia vicios adjetivos y, en las otras, errores de juzgamiento. Sustanciadas bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, se a\u00fanan para su estudio; en un grupo, los yerros de actividad y, en otro, los enarbolados por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
2. CARGO PRIMERO Y SEGUNDO <\/p>\n
2.2. Para la censura, el Tribunal desbord\u00f3 su competencia funcional. En la apelaci\u00f3n no se combati\u00f3 la conclusi\u00f3n del juzgador de primer grado, seg\u00fan la cual, en el proceso se hallaba satisfecho el fin concurrencial. El superior, sin embargo, motu proprio, abord\u00f3 dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
2.2.1. Por lo anterior, en el cargo primero, la recurrente aleg\u00f3 incongruencia del fallo impugnado. Dice que no concordaba con la pretensi\u00f3n impugnaticia. <\/p>\n
2.2.2. En el segundo, la casacionista sostuvo que la sentencia confutada se hallaba afectada de nulidad procesal. Atinente con el fin concurrencial, se\u00f1al\u00f3 que el ad-quem carec\u00eda de competencia funcional para abordarlo. <\/p>\n
2.3. Solicita, en consecuencia, declarar estructuradas las fallas procesales y proceder de conformidad. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. El despacho conjunto de los cargos se justifica dada la identidad argumental. Esto implica consideraciones comunes. En particular, las diferencias formales entre la incongruencia objetiva (atinente a las pretensiones) y f\u00e1ctica (concerniente a los hechos), y la competencia funcional. <\/p>\n
4.2. El C\u00f3digo General del Proceso, en el art\u00edculo 281, gobierna la consonancia; literalmente, se trata de la misma regla que contemplaba el art\u00edculo 305 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Y la competencia funcional, en el art\u00edculo 328, con algunos matices, es la misma limitaci\u00f3n que preve\u00eda el art\u00edculo 357 de la ley procesal derogada. <\/p>\n
4.2.1. Establecen los preceptos, con relaci\u00f3n a la congruencia, la sentencia debe guardar correspondencia \u201ccon los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d. <\/p>\n
Con la competencia funcional, el \u201cjuez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u201d. Sin embargo, \u201ccuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u201d. <\/p>\n
4.2.2. El contraste de las normas correlaciona su campo de acci\u00f3n con los fallos de instancia y los actos procesales de las partes. La congruencia, con los hechos y pretensiones, y las excepciones de m\u00e9rito, en general, a partir de la demanda y su contestaci\u00f3n. La competencia funcional, \u00fanicamente, con el memorial de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien una y otra directriz restringe el poder decisorio de los juzgadores de grado, sus consecuencias son distintas. El desbordamiento de la funci\u00f3n invalida total o parcialmente la sentencia. La incongruencia, en cambio, no afecta su validez. Implicado con las pretensiones, lo cual supone un fallo estimatorio, solo tiene por mira ajustar o reducir excesos, o completar defectos (extra, ultra o m\u00ednima petita). Y con los hechos, erradicar no solo los inventados o imaginados por el juzgador para suplantar los realmente expuestos, sino tambi\u00e9n los efectos jur\u00eddicos derivados. <\/p>\n
Aunque resolver al margen de los contornos del debate o sin atribuci\u00f3n funcional es inconsonante, en lo conceptual, son materias aut\u00f3nomas e independientes. Cada instituci\u00f3n cuenta con regulaci\u00f3n propia. Adem\u00e1s, difieren en los materiales de comparaci\u00f3n. De ah\u00ed que una no puede estructurar la otra ni viceversa. <\/p>\n
Asociado con la construcci\u00f3n de un fallo judicial, la caracterizaci\u00f3n de cada vicio de procedimiento ha sido resaltada por la jurisprudencia. La Corte, frente a la falta de competencia funcional, a la prohibici\u00f3n de agraviar al \u00fanico apelante y a la incongruencia, lo ha puntualizado: <\/p>\n
\u201cSi bien cada una de esas causales de casaci\u00f3n tienen en com\u00fan controlar el poder de quienes se encuentran investidos de jurisdicci\u00f3n, lo cierto es que poseen identidad propia. De ah\u00ed que unos mismos hechos no pueden subsumirse, a la vez, en las distintas hip\u00f3tesis normativas que se han instituido para evitar que haya extralimitaci\u00f3n de funciones. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la competencia funcional, concebida no s\u00f3lo en consideraci\u00f3n a la distribuci\u00f3n vertical de la misma, sino tambi\u00e9n en relaci\u00f3n con la especialidad jurisdiccional para conocer de un caso particular, no puede confundirse con la materializaci\u00f3n de una cualquiera de esas atribuciones, porque una cosa es que, seg\u00fan sea el caso, el juez se encuentre legalmente facultado para resolver un recurso de apelaci\u00f3n o una pretensi\u00f3n determinada, y otra, distinta, que en cumplimiento de ese labor\u00edo, desborde los l\u00edmites de su competencia, pues para hablar de esto \u00faltimo, necesariamente se debe estar investido de lo primero. <\/p>\n
\u201cPor esto, la competencia funcional (\u2026) tiene como factor de parang\u00f3n la misma ley. En cambio, salvo las declaraciones o condenas oficiosas, la armon\u00eda o desarmon\u00eda de las pretensiones se establece cotejando lo pedido en la demanda con lo decidido en la sentencia (\u2026); al paso que la prohibici\u00f3n de la reforma en perjuicio, tiene como elementos de contraste, en general, las sentencias de instancia y el contenido del recurso de apelaci\u00f3n\u201d1. <\/p>\n
Como se observa, la extralimitaci\u00f3n de los poderes del juez de segunda instancia de manera alguna se subsume en la causal de incongruencia prevista, antes, en el art\u00edculo 368-2 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora, en el canon 336-3 del C\u00f3digo General del Proceso. El vicio, por el contrario, encuentra regulaci\u00f3n aut\u00f3noma en el numeral 5\u00ba de cada una de tales disposiciones. <\/p>\n
4.2.3. La acusaci\u00f3n alude en la cuesti\u00f3n, a la sentencia de revisi\u00f3n de 13 de abril de 2016, radicado 02126, adoptada por mayor\u00eda, para apalancar la senda escogida, alusiva a las v\u00edas para atacar extraordinariamente las disonancias entre los contornos del litigio (incongruencia) y los del recurso de apelaci\u00f3n (falta de competencia funcional). <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, es cierto, se habl\u00f3 de la \u00abcausal segunda de casaci\u00f3n\u201d. Asent\u00f3 que para el \u201cataque de ambos tipos de errores en la sentencia de segunda instancia, la ley procesal tiene reservado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que ata\u00f1en al fondo de la decisi\u00f3n, sin que tengan ninguna relaci\u00f3n con las nulidades procesales\u201d. No obstante, precisase como en otras oportunidades lo ha dicho la Corte, lo atinente al \u201cfondo de la decisi\u00f3n\u201d, suficientemente es conocido, alude al juzgamiento del caso, no a vicios de actividad, como la inconsonancia. <\/p>\n
4.2.4. Conforme a lo discurrido, el cargo de incongruencia, fundado en la ausencia de competencia funcional del Tribunal, est\u00e1 llamado a su rotundo fracaso. La recurrente, para demostrarlo, echa mano del contenido de la apelaci\u00f3n y no de los actos procesales habilitados para introducir pretensiones, hechos y excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
4.3. Todo se reduce, entonces, a verificar si, por esas mismas circunstancias, el fallo de segundo grado se encuentra afectado de nulidad procesal. <\/p>\n
4.3.1. La facultad para resolver una alzada es reglada, de modo tal, que trat\u00e1ndose de \u00fanico recurrente el juez solo est\u00e1 llamado a considerar las cuestiones que, si\u00e9ndole adversas, ha impugnado y, no puede agravar su situaci\u00f3n; empero, exceptivamente, el apelante puede soportar o sufrir decisiones en contra. Puede acaecer, cuando, en forma expresa, las excluye de la apelaci\u00f3n; ora de manera impl\u00edcita, al guardar silencio; o cuando la ley oficiosamente las impone, por disposici\u00f3n legal en temas de orden p\u00fablico, del todo imperativos, como en la oficiosidad impuesta por ley. Ello se relaciona con el principio de la personalidad e individualidad del recurso. <\/p>\n
Ese ha sido el pensamiento de la Corte. El \u201cjuez de la apelaci\u00f3n no puede (\u2026) enmendar la providencia en lo que expresamente la propia parte perjudicada no involucr\u00f3 como \u2018objeto del recurso\u00b4, as\u00ed la sentencia haya sido apelada tambi\u00e9n por la otra parte\u201d2. <\/p>\n
La competencia en la apelaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, como se observa, encuentra l\u00edmite en la conducta del agraviado y en la ley imperativa. Si acepta las decisiones adversas, expresa o t\u00e1citamente, su voluntad, en principio, debe respetarse. <\/p>\n
Lo dicho, salvo las resoluciones accidentales, cuya vida depende o es conexa con otros pronunciamientos. Tiene lugar cuando la reforma impone \u201chacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aquella\u201d. El art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo consagraba. La prerrogativa tambi\u00e9n aparece reiterada en el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.3.2. En la hip\u00f3tesis de apelaciones de ambas partes, los mismos preceptos, indistintamente de si son principales o adhesivas, habilitan al juez de segunda instancia para resolver \u201csin limitaciones\u201d. Sin embargo, la libertad se encuentra referida \u00fanicamente a los puntos de \u201ctoda la sentencia\u201d sobre los cuales los alzados coinciden en formular reparos. No involucra, por tanto, lo que es pac\u00edfico para los contendientes. <\/p>\n
La Sala lo tiene sentado. \u201c[P]uede ocurrir, como en este caso, que as\u00ed hayan impugnado todas las partes de la contienda, el juez ad-quem igualmente se encuentre maniatado por la voluntad expresamente manifestada por los recurrentes, de tal suerte, la alzada no se habilita en t\u00e9rminos absolutos frente a todo lo discutido en el litigio\u201d3. <\/p>\n
En un caso reciente donde \u201c[a]mbas partes interpusieron apelaci\u00f3n\u201d contra una sentencia estimatoria parcial, esta Corporaci\u00f3n, mutatis mutandis, refiri\u00f3 la cuesti\u00f3n. Aludiendo al monto de ciertos perjuicios, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn \u00faltimas, se trata de una decisi\u00f3n favorable al extremo demandante. Lo adverso estar\u00eda en el resto de lo pretendido. Si aquello no pod\u00eda ser apelado, como no lo fue, en ese espec\u00edfico aspecto no hay impugnaci\u00f3n bilateral. El art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, exige para obrar sin l\u00edmites en el \u00e1mbito de la competencia funcional que el asunto en cuesti\u00f3n haya sido confutado por ambas partes, bien en forma principal, ya adhesivamente\u201d4. <\/p>\n
Lo discurrido significa que solo en los temas confutados rec\u00edprocamente por los litigantes, el superior est\u00e1 llamado a actuar sin cortapisas, salvo disposiciones legales. Si apuntan a decisiones o direcciones distintas, la impugnaci\u00f3n no ser\u00eda de ambas partes, sino propia del respectivo recurrente. <\/p>\n
4.3.3. En el fallo apelado, la Superintendencia de Industria y Comercio dej\u00f3 acreditada la inducci\u00f3n a la ruptura contractual y lo relacionado alrededor. Por esto, conden\u00f3 a la demandada, Cencosud Colombia S.A., a pagar los perjuicios causados con ese comportamiento. <\/p>\n
Las dem\u00e1s pretensiones las neg\u00f3. Los hechos de la desorganizaci\u00f3n administrativa no los encontr\u00f3 probados. Relativo a los actos de imitaci\u00f3n, hall\u00f3 que la convocada se limit\u00f3 a tomar su propia operaci\u00f3n log\u00edstica y ello era permitido. La explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n de Impulso y Mercadeo S.A., dijo que hab\u00eda ausencia de prueba sobre su acreditaci\u00f3n industrial, comercial o profesional. <\/p>\n
4.3.2.1. El compendio pone de presente que ambas partes resultaron airosas en primera instancia. De ah\u00ed que el recurso de apelaci\u00f3n de la demandada no pod\u00eda ser rec\u00edproco con el de la actora respecto de las pretensiones negadas. En ese campo, sencillamente, era propio de esta \u00faltima. Se trataba de una decisi\u00f3n que favorec\u00eda a aquella. <\/p>\n
La \u00fanica posibilidad de cruzarse las partes en la alzada se entroncaba con el segmento estimatorio del fallo. La demandada, directamente perjudicada, en orden a infirmar la conducta que se subsumi\u00f3 como inducci\u00f3n al rompimiento contractual. La convocante, en aras de agravar, sobre ese espec\u00edfico punto, la situaci\u00f3n espetada contra la interpelada. <\/p>\n
En cualquiera de esas eventualidades, el Tribunal no pudo desbordar la competencia funcional. Si la apelaci\u00f3n era \u00fanicamente de la accionada, la facultad para resolver se encontraba habilitada. Y si era rec\u00edproca, con mayor raz\u00f3n, en tanto, en la estricta materia, era ilimitada. <\/p>\n
4.3.2.2. La pasiva, en todo caso, s\u00ed refut\u00f3 la decisi\u00f3n adversa. Acept\u00f3 vincular en su n\u00f3mina a trabajadores de la actora. Empero, neg\u00f3 la adecuaci\u00f3n del hecho en las hip\u00f3tesis de competencia desleal. Aleg\u00f3 y explic\u00f3 que no se trataba de una \u201cinducci\u00f3n anormal\u201d al rompimiento contractual. Protest\u00f3, adem\u00e1s, el valor de la condena por fundarla el perito en un documento \u201cprefabricado\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, no es cierto que haya quedado fuera de la apelaci\u00f3n la conclusi\u00f3n del juzgador de primer grado, seg\u00fan la cual, \u201cmaterial y probatoriamente el fin concurrencial\u201d estaba probado. Si la demandada neg\u00f3 la inducci\u00f3n a la ruptura contractual como desleal, en su sentir, por no ser \u201canormal\u201d, el sustrato tambi\u00e9n abrazaba ese fin concurrencial. La existencia de aquello, por supuesto, era lo que habilitaba considerar esto \u00faltimo. <\/p>\n
4.3.2.3. La actora tambi\u00e9n discurri\u00f3 alrededor. Se\u00f1al\u00f3 que la sustracci\u00f3n de empleados era suficiente para conceder todas las s\u00faplicas y condenas pedidas. Por esto, imput\u00f3 al a-quo error al desconocer la conducta desleal y reprochable con fines concurrenciales. En su sentir, la causa adecuada para producir todos los da\u00f1os reclamados. <\/p>\n
4.4. Los errores de procedimiento, por tanto, no se encuentran estructurados. <\/p>\n
5. CARGO TERCERO <\/p>\n
5.2. Seg\u00fan la recurrente, el Tribunal transgredi\u00f3 la normatividad desde varios frentes. <\/p>\n
5.2.1. Relacionado con el fin concurrencial, adicion\u00f3 un elemento subjetivo: El actuar intencional del agente infractor. Solo bastaba, dijo, observar si la conducta realizada era id\u00f3nea para participar o incrementar el mercado. De ah\u00ed, ninguna incidencia ten\u00eda los prop\u00f3sitos para los cuales fueron sustra\u00eddos los 697 trabajadores. <\/p>\n
5.2.2. Exigi\u00f3 identidad de objeto social entre agente infractor y agraviado. Las conductas desleales con fines concurrenciales, al contario, tambi\u00e9n sol\u00edan ocurrir entre sujetos que ofrecieran bienes y servicios diferentes. Inclusive, al margen de los clientes que cada cual tuviera. <\/p>\n
5.2.3. No aplic\u00f3, derivado de los errores anteriores, varios preceptos. Los asociados con los actos de desorganizaci\u00f3n, imitaci\u00f3n, explotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena e inducci\u00f3n a la ruptura contractual. Y los atinentes al da\u00f1o, independiente de si la conducta se realiz\u00f3 en direcci\u00f3n de obtener un resultado. <\/p>\n
5.3. Solicita, la recurrente, casar el fallo impugnado y obrar consecuentemente. <\/p>\n
6. CONSIDERACIONES <\/p>\n
6.1. La libertad de empresa y la iniciativa privada son derechos econ\u00f3micos reconocidos en el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Su ejercicio debe hacerse dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan. Y la libre competencia, como derecho de todos, supone responsabilidades. <\/p>\n
Cualquier persona se encuentra facultada para organizar una actividad econ\u00f3mica y producir bienes y servicios con el objeto de obtener utilidades. Igualmente, la posibilidad de conquistar un mercado ajustado a un marco normativo y en igualdad de condiciones. <\/p>\n
El mercado, entonces, es el escenario propicio dentro del cual se desarrollan los derechos econ\u00f3micos y la libre competencia. Tiene un contenido bifronte. Por una parte, involucra a consumidores, quienes pueden adquirir los bienes y servicios a aquellos que ofrezcan mejores beneficios. Por otra, a empresarios, ante la multiplicidad y pluralidad de oferentes en t\u00e9rminos de precios y calidad. <\/p>\n
Frente a los agentes y objetos involucrados, la cadena de producci\u00f3n y consumo de bienes y servicios, como expresi\u00f3n del derecho a libre competencia, encuentra limitaciones. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional: <\/p>\n
\u201c[E)l Estado, para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad econ\u00f3mica libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran menoscabo las libertades b\u00e1sicas que garantizan la existencia de la libre competencia. Por otro lado dichas regulaciones s\u00f3lo pueden limitar la libertad econ\u00f3mica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protecci\u00f3n de los valores superiores consagrados en la Carta\u201d5. <\/p>\n
Las Leyes 155 de 1959, 1340 de 2009 y 256 de 1996, precisamente, gobiernan las excepciones y limitaciones. La primera, regula las pr\u00e1cticas comerciales restrictivas. La segunda, dirigida a proteger la libre competencia, actualiz\u00f3 la normatividad existente \u201cpara adecuarla a las condiciones actuales del mercado\u201d (art\u00edculo 1\u00ba). Y la \u00faltima, introdujo preceptos atinentes a la competencia desleal. <\/p>\n
La importancia del Acuerdo estriba en la b\u00fasqueda de la disciplina comercial, en la utilizaci\u00f3n de medidas antidumping, normas de transparencia, garant\u00edas y regulaci\u00f3n en las pr\u00e1cticas comerciales desleales. Sin embargo, reconoce que existen una serie de pr\u00e1cticas que distorsionan el equilibrio del mercado, identificadas como conductas para la protecci\u00f3n del comercio. <\/p>\n
Por consiguiente, la competencia desleal es el conjunto de actos il\u00edcitos, irregulares o prohibidos, contrarios a la buena fe comercial, que al adulterar el ciclo econ\u00f3mico en la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n, cambio y consumo, atentan contra el buen desenvolvimiento de la vida econ\u00f3mica y empresarial, mediante actos de la m\u00e1s variada estirpe: confusi\u00f3n, reproducci\u00f3n, imitaci\u00f3n, enga\u00f1o, artificio, maledicencia, descr\u00e9dito, acuerdos anticompetitivos, prestaciones indebidas, violentamiento de secretos, aprovechamiento indebido de reputaci\u00f3n ajena. En consecuencia, las normas que la regulan constituyen un derecho ordenador del mercado en procura de relaciones transparentes, leales, equilibradas y \u00e9ticas en contra de las pr\u00e1cticas comerciales que adulteran usos y costumbres comerciales o que se ejecutan con enga\u00f1o o fraude causando perjuicios a terceros, a la comunidad o a los consumidores o a los dem\u00e1s comerciantes o empresarios. <\/p>\n
Algunas de las sentencias de esta Sala que abordan la cuesti\u00f3n las hallamos en las de 26 de julio de 1996, 9 de junio de 1998, 15 de junio de 2000, 11 de junio de 2001, 9 de abril de 2002, 19 de diciembre de 2005; adem\u00e1s, la del 12 de septiembre de 1995, en pos de prevenir las pr\u00e1cticas de competencia desleal, complementando otra del 10 de julio de 19867. M\u00e1s recientemente, se halla la sentencia del 13 de noviembre de 2013, expediente 02015. <\/p>\n
6.2. El \u00e1mbito objetivo y subjetivo de aplicaci\u00f3n de la Ley 256 de 1996, lo determina, en su orden, el mercado y los sujetos participantes. <\/p>\n
El art\u00edculo 1\u00ba, en efecto, garantiza la \u201clibre y leal competencia econ\u00f3mica mediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del art\u00edculo 10 bis del Convenio de Par\u00eds, aprobado mediante Ley 178 de 1994\u201d8. <\/p>\n
De modo general, el art\u00edculo 7\u00ba, inciso 1\u00ba, proh\u00edbe los actos de competencia desleal e insta a los sujetos involucrados en el mercado a \u201crespetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial\u201d. <\/p>\n
Los art\u00edculos 8 a 19, espec\u00edficamente, reputan como actos desleales, desviar la clientela, desorganizar a los competidores, confundir la actividad, inducir al p\u00fablico en error, realizar actos de descr\u00e9dito, hacer comparaciones sin fundamento, imitar bienes protegidos, explotar la reputaci\u00f3n ajena, violar secretos, inducir a la ruptura contractual, desconocer una ventaja competitiva e incluir cl\u00e1usulas de monopolio y restrictivas del mercado. <\/p>\n
6.3. Conforme a los art\u00edculos 2\u00ba y 7\u00ba, ib\u00eddem, tales conductas se configuran en los casos en que se realizan en el \u201cmercado con fines concurrenciales\u201d. <\/p>\n
Claro est\u00e1, siempre y cuando esa finalidad \u201cresulte contraria a las buenas costumbres mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos deshonestos en materia industrial o comercial, o bien cuando est\u00e9 encaminado a afectar o afecte la libertad de decisi\u00f3n del comprador o del consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado\u201d. <\/p>\n
6.3.1. Lo transcrito pone de presente que no todos los comportamientos materializados en el mercado con fines concurrenciales son constitutivos de competencia desleal. Tienen esa connotaci\u00f3n \u00fanicamente aquellos que resultan adjetivados, seg\u00fan sea el caso, por uno cualquiera de dichos ingredientes. La ratio legis estriba en que la competencia \u201clibre y leal\u201d tambi\u00e9n entra\u00f1a prop\u00f3sitos concurrenciales. Resultar\u00eda muy extra\u00f1a una actividad comercial en el mercado ayuna de esa precisa finalidad. Distinto es que se realice de manera \u201cdesleal\u201d. <\/p>\n
La Ley, por esto, \u201cpresume\u201d las conductas contrarias a la \u201clibre y leal\u201d competencia. El fundamento de la presunci\u00f3n radica en que el dinamismo del mercado dificulta aportar la prueba de la mala fe comercial del agente infractor. De ah\u00ed que, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 2\u00ba, ej\u00fasdem, se incurre en un acto desleal cuando, atendiendo las circunstancias de su ejecuci\u00f3n, \u201cse revela objetivamente id\u00f3neo para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero\u201d. <\/p>\n
Se trata de una presunci\u00f3n iuris tantum. El hecho deducido lo se\u00f1ala el mismo legislador. Su operatividad presupone los antecedentes o circunstancias que condujeron a establecerla. Por esto, acreditadas, el hecho indicado resulta fijado provisionalmente. La raz\u00f3n estriba en que el art\u00edculo 66, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo Civil, autoriza contraprobarlo, \u201caunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley\u201d. <\/p>\n
La carga de la prueba de los hechos de la presunci\u00f3n, desde luego, corresponde a aquel que pretende derivar consecuencias favorables. Y de los contrarios, a quien perjudica. En palabras de la Corte: <\/p>\n
\u201cM\u00e1s exactamente, incumbe a quien se ampara en una presunci\u00f3n, demostrar los \u2018antecedentes y circunstancias\u2019 de que se vale la ley para asentarla como tal, o sea, los hechos que constituyen el fundamento de la presunci\u00f3n, para que quede relevada de probar el hecho presumido. En cambio, le corresponde al adversario probar el contrario a \u00e9ste\u201d9. <\/p>\n
Lo discurrido significa, quien aduce como \u201cdesleal\u201d un acto ejecutado en el mercado por un agente comercial, debe demostrar objetivamente los hechos de la presunci\u00f3n. Y el supuesto infractor, contraprobarlos, mediante las pruebas de su \u201clibre y leal\u201d conducta. Por ejemplo, ajustada a las pr\u00e1cticas mercantiles, a la buena fe comercial y a los usos honestos, en fin; o la intrascendencia de la actuaci\u00f3n en la decisi\u00f3n del comprador o del consumidor, o en el funcionamiento concurrencial del mercado. <\/p>\n
6.3.2. La presunci\u00f3n de actos de competencia desleal, por tanto, impone acreditar tres circunstancias. El hecho prohibido por el legislador, su realizaci\u00f3n en el mercado y, su idoneidad para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el comercio en favor de quien lo realiza o de un tercero. As\u00ed se observa en las normas citadas y transcritas en el n\u00famero anterior. La Corte tambi\u00e9n lo tiene sentado: <\/p>\n
\u201cPara que se configure un acto de competencia desleal deben reunirse los siguientes requisitos: (i) que se trate de un acto realizado en el mercado; (ii) que ese acto se lleve a cabo con fines concurrenciales, esto es que resulte id\u00f3neo para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero; y (iii) que corresponda a las conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento, sea de manera general o espec\u00edfica\u201d10. <\/p>\n
La materializaci\u00f3n de la presunci\u00f3n, entonces, requiere la presencia copulativa de tales hechos. Ninguno otro adicional se exige. Estructurados se entiende que se han utilizado medios indebidos para competir, lo cual implica, a su vez, adquirir una ventaja competitiva ileg\u00edtima. Por lo mismo, desvirtuada la presunci\u00f3n de buena fe, en la subespecie de comercial, prevista en el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Y como corolario, la carga del infractor de acreditar que su conducta es leg\u00edtima <\/p>\n
6.4. Frente a lo expuesto, ninguno de los errores iuris in iudicando denunciados se estructuran. <\/p>\n
6.4.1. Dichas faltas, como es de suyo conocido, erradican cualquier controversia f\u00e1ctica o probatoria. La Corte tiene sentado que, en ese caso, en su an\u00e1lisis \u00abtrabaja con los textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb11. <\/p>\n
6.4.2. En el subj\u00fadice, lo expuesto supone que, pese a acreditarse los hechos de la presunci\u00f3n de competencia desleal, el Tribunal no los subsumi\u00f3 en sus hip\u00f3tesis normativas. Por lo mismo, lo condujo a hacer a un lado las consecuencias jur\u00eddicas correspondientes. <\/p>\n
Nada al respecto pudo tener ocurrencia. El ad-quem solo dej\u00f3 acreditada la contrataci\u00f3n que hizo Cencosud Colombia S.A. de cierto n\u00famero de empleados de Impulso y Mercadeo S.A., y ech\u00f3 de menos lo dem\u00e1s. En particular, que hubiere sido, primero, para ofertar en el tr\u00e1fico de bienes y servicios la misma actividad de operaci\u00f3n log\u00edstica que le suministraba la demandante y, segundo, para mantener o incrementar su participaci\u00f3n en el mercado. <\/p>\n
Con el personal contratado, dijo, \u201cno es que Cencosud (\u2026) haya decidido irrumpir o posicionarse en el nuevo sector del mercado a trav\u00e9s de la prestaci\u00f3n de servicios de log\u00edstica operacional o que con ello hubiera pretendido disputar a Impulso y Mercadeo su clientela\u201d. Simplemente, a\u00f1adi\u00f3, se trataba de un servicio que, por diversas razones, se hab\u00eda adquirido para \u201cbeneficio propio\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, la violaci\u00f3n directa de las normas singularizadas en el cargo, en cualquiera de sus frentes, se descarta por completo. Con independencia de los t\u00e9rminos utilizados, el juzgador acusado no exigi\u00f3 para el \u00e9xito de las s\u00faplicas, adicional al hecho prohibido, a la actividad en el mercado y al fin concurrencial, otro requisito, sea objetivo o subjetivo. S\u00f3lo hall\u00f3 demostrado el primero, no los dos \u00faltimos. La pol\u00e9mica, entonces, cual se confuta en los cargos siguientes, es netamente de tipo probatorio. <\/p>\n
6.4.3. Si bien, por \u00faltimo, el Tribunal se refiri\u00f3 a la relaci\u00f3n de competencia entre demandante y demandada, la falta de identidad que hall\u00f3 entre sus objetos sociales, tampoco la trajo a cuento como un requisito necesario. <\/p>\n
Esa relaci\u00f3n, acot\u00f3, no siempre era definitiva. La refiri\u00f3, dadas las circunstancias concretas en causa, como un \u201celemento relevante\u201d. Empero, para reafirmar que la conducta imputada a la pasiva carec\u00eda de la \u201cconnotaci\u00f3n de actos de competencia desleal con fines concurrenciales\u201d. <\/p>\n
6.5. La acusaci\u00f3n, en consecuencia, est\u00e1 llamada a rodar por el piso. <\/p>\n
7. LOS DEM\u00c1S CARGOS <\/p>\n
7.1. En todos se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2, 3, 5, 9, 14, 15 y 17 de la Ley 256 de 1996; 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil; y 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
7.2. En el cuarto, a ra\u00edz de la transgresi\u00f3n medio de los c\u00e1nones 174,175, 176, 177, 195, 198, 233, 233, 238, 252 y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; 164, 165, 166, 167, 176, 191, 194, 206, 226, 227 y 1044 del C\u00f3digo General de del Proceso. Para la censura, el Tribunal no valor\u00f3 las pruebas en conjunto ni a cada una le asign\u00f3 el respectivo valor demostrativo: <\/p>\n
Las declaraciones de Gerardo Cabrera, Teresa Fanny Godoy Castiblanco y Carlos Eduardo Correa Ben\u00edtez, en su orden, gerente y jefes o directores de dependencias de Impulso y Mercadeo S.A.; y de Franci Elena Garc\u00eda Gait\u00e1n, Directora de Recursos Humanos de Cencosud S.A. <\/p>\n
La confesi\u00f3n del representante de Cencosud Colombia S.A., los interrogatorios de los peritos Julio Ernesto Maldonado Contreras y Jorge D\u00edaz Valdiri, y los documentos anexados por los auxiliares de la justicia. <\/p>\n
7.2.1. Los errores enrostrados, dice, llevaron al Tribunal a no dejar demostradas varias circunstancias. <\/p>\n
(i) La sustracci\u00f3n de \u201c697 empleados de Impulso y Mercadeo\u201d. La finalidad de \u201cCencosud\u201d no solo de \u201cconcurrir al mercado prestando un servicio que antes no prestaba\u201d, sino de debilitar y dejar a la actora \u201csin l\u00ednea de producci\u00f3n\u201d. (ii) La situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de Impulso y Mercadeo antes y despu\u00e9s de que Cencosud \u201cirrumpiera en el mercado con la toma directa de [los] 697 trabajadores\u201d. Y (iii) el beneficio, derivado de ese hecho, de disminuir tiempos de selecci\u00f3n y capacitaci\u00f3n del personal. <\/p>\n
7.2.2. Concluye la recurrente, demostrados los hechos de la presunci\u00f3n iuris tantum del acto de competencia desleal, el Tribunal inobserv\u00f3 las normas que la gobernaban. A su turno, omiti\u00f3 atribuir las consecuencias jur\u00eddicas correspondientes, todo, con incidencia en las normas sustantivas denunciadas como violadas. En uno y otro caso, cual lo explic\u00f3 a espacio. <\/p>\n
7.3. En el cargo quinto, producto de \u201crecortar\u201d el contenido de las pruebas singularizadas en la acusaci\u00f3n anterior, as\u00ed como del escrito incoativo del proceso. <\/p>\n
7.3.1. De lo narrado por Gerardo Cabrera. La sustracci\u00f3n de los \u201c697 empleados de Impulso y Mercadeo\u201d. La facturaci\u00f3n anual de Cencosud por los servicios log\u00edsticos operacionales, antes de los hechos, $2.000 o $3.000 millones de pesos; suma que, luego de contratar al personal, \u201ciba a incrementar [su] super\u00e1vit\u201d. <\/p>\n
En el dicho de Fanny Teresa Godoy Blanco. La renuncia masiva de empleados de Impulso y Mercadeo, la disminuci\u00f3n de sus utilidades, de 700 millones en 2012, a $300 millones en 2013, la debilitaci\u00f3n comercial y financiera de la actora y, la incursi\u00f3n de Cencosud en el mercado con el servicio de operaci\u00f3n log\u00edstica. <\/p>\n
La versi\u00f3n de Franci Elena Garc\u00eda Gait\u00e1n. Lo atinente a la toma de Cencosud de la operaci\u00f3n log\u00edstica y la contrataci\u00f3n de empleados de la actora para esa finalidad. <\/p>\n
El testimonio de Carlos Eduardo Correa Ben\u00edtez. La misma conquista de empleados \u201cal d\u00eda siguiente\u201d y el cobro continuo del servicio log\u00edstico a proveedores de mercanc\u00edas. <\/p>\n
Sobre los documentos relacionados. La situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de Impulso y Mercadeo, antes y despu\u00e9s de los hechos y su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Del interrogatorio de los peritos Julio Ernesto Maldonado Contreras y Jorge D\u00edaz Valdiri, y los documentos adosados. La toma del 52% de los empleados, las posibilidades escasas de la precursora de seguir actuando en el mercado, y los efectos econ\u00f3micos. <\/p>\n
En la confesi\u00f3n del representante de Cencosud, la contrataci\u00f3n inmediata del personal de Impuso y Mercadeo, el beneficio en tiempos de selecci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de los trabajadores y, la directriz de la empresa de surtir en forma directa las g\u00f3ndolas en sus tiendas y almacenes. <\/p>\n
La demanda. Se entendi\u00f3 que los hechos imputados fueron realizados a fin de abastecer una necesidad propia o con el prop\u00f3sito de irrumpir en el comercio. Se adujeron, simplemente, para resaltar que Cencosud se mantuvo en el mercado e increment\u00f3 su participaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3.2. En sentir de la recurrente, los errores denunciados llevaron al juzgador de segunda instancia a una conclusi\u00f3n contraevidente. Todo, con incidencia en las normas denunciadas, seg\u00fan lo argument\u00f3. <\/p>\n
El Tribunal, en efecto, sostuvo que los \u201cactos desplegados por Cencosud no estaban revestidos de la finalidad concurrencial\u201d. Las pruebas y la demanda, por el contrario, indicaban que eran \u201cobjetivamente id\u00f3neos para, al menos, mantener su participaci\u00f3n en el mercado\u201d. <\/p>\n
7.4. En el cargo sexto, resultado de la comisi\u00f3n de los errores de hecho en que se incurri\u00f3 al apreciarse la demanda y, pr\u00e1cticamente, los mismos medios de convicci\u00f3n relacionados en el embate anterior. Esta vez, en la modalidad de \u201cpreterici\u00f3n\u201d u \u201comisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
La recurrente blande la misma argumentaci\u00f3n. Salvo lo dicho alrededor de los testimonios de Gerardo Cabrera y Fanny Teresa Godoy Blanco, que ahora no los menciona. <\/p>\n
7.5. Solicita la censura, casar el fallo cuestionado y en sede de instancia acoger todas las pretensiones. <\/p>\n
8. CONSIDERACIONES <\/p>\n
8.1. Los cargos se a\u00fanan para su estudio por varias razones: Refieren unas mismas normas sustanciales, los errores facti in iudicando enarbolados tienen identidad de medios, y la tem\u00e1tica de fondo planteada es semejante. Todo ello indica que de resolverse por separado la argumentaci\u00f3n ser\u00eda repetitiva. <\/p>\n
8.2. Lo primero a advertirse es que luce ex\u00f3tico atacar, a la vez, respecto de unos mismos elementos de juicio, la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho. Atados a pasos diferentes en el camino de valoraci\u00f3n probatoria, aunque sucesivos, acumularlos resulta incompatible. <\/p>\n
8.2.1. Los de hecho, ata\u00f1en a lo material y objetivo de las pruebas. Se presentan en los casos en que se omite su presencia f\u00edsica en el proceso, se suponen o se tergiversa su contenido. Esta \u00faltima modalidad, en las subespecies de adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. Y se constatan por percepci\u00f3n directa. De ah\u00ed que conciernen a los sentidos. <\/p>\n
8.2.2. En cambio, los de derecho aluden a la diagnosis jur\u00eddica de las pruebas, a su raciocinio, en forma individual y en conjunto; y lo ha reiterado la Sala, se entrelazan con los yerros jur\u00eddicos en cualquiera de las etapas del acto probatorio o con los sistemas jur\u00eddicos de incorporaci\u00f3n de la prueba o de la valoraci\u00f3n de la misma, que nada tiene que ver con la materialidad u objetividad de la prueba. Aqu\u00ed obra el pensamiento, no los sentidos. <\/p>\n
(i) En lo singular, despuntan en los casos en que se desconocen las normas que regulan su solicitud, incorporaci\u00f3n, admisi\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica, asunci\u00f3n y valoraci\u00f3n. A la par, los preceptos que involucran su contradicci\u00f3n y conducencia. Tienen lugar cuando, al decir de la Corte: <\/p>\n
\u201c[Se] exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensi\u00f3n no le atribuye a ella el m\u00e9rito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando as\u00ed no sucedi\u00f3\u00bb12. <\/p>\n
(ii) En lo relacionado con la valoraci\u00f3n de las pruebas en conjunto, se presentan en los casos en que se contrar\u00edan los dictados de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia, que son las reglas de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 176 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Ello precisa un claro objetivo. Lograr, dice la Sala, \u00abplena coherencia (\u2026), de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; y (\u2026) se tenga \u201cpor derrotero \u00fanicamente las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia (\u2026) aplicables a un determinado caso\u201d\u00bb13. <\/p>\n
Lo dicho, mediante la conjugaci\u00f3n de los m\u00e9todos anal\u00edtico y sint\u00e9tico. El primero, consistente en el estudio de lo constatado de cada prueba. El otro, traducido en el an\u00e1lisis integral y sistem\u00e1tico del todo con la parte. De esa manera, el muestrario probatorio permite sacar las inferencias respectivas. <\/p>\n
(iii) El trabajo de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, desde luego, presupone, como paso ineludible, su apreciaci\u00f3n acertada en los campos material y objetivo. <\/p>\n
\u00danicamente los hechos que, sin discusi\u00f3n posible, han quedado fijados en los elementos de juicio acopiados, sean positivos o negativos, son los que permiten su encadenamiento. Se trata de un requisito necesario para realizar la labor de mostrar incompatibilidades, concatenaciones, exclusiones y conclusiones. Todo, asidos de las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia. <\/p>\n
8.3. Frente a lo dicho, en el caso, el error de eficacia jur\u00eddica de las pruebas supone que los medios de convicci\u00f3n recaudados indicaban y negaban los hechos configurativos de la competencia desleal aducida. Solo que el sentenciador, en el ejercicio de acoplamiento probatorio, se equivoc\u00f3 al inclinarse por las causas desestimatorias. <\/p>\n
8.3.1. Confrontada la sentencia impugnada, cuya recensi\u00f3n supra qued\u00f3 efectuada, el Tribunal dej\u00f3 demostrada la vinculaci\u00f3n a la n\u00f3mina de la demandada de un n\u00famero considerable de trabajadores de la accionante. <\/p>\n
No aparece que haya dejado acreditado que la interpelada ofert\u00f3 en el tr\u00e1fico de bienes y servicios la misma operaci\u00f3n log\u00edstica de la pretensora. Tampoco, en el hipot\u00e9tico caso de haber sucedido, que lo hubiese sido para mantener o incrementar su participaci\u00f3n en el mercado. <\/p>\n
Con la contrataci\u00f3n de personal, dijo, \u201cno es que Cencosud (\u2026) haya decidido irrumpir o posicionarse en el nuevo sector del mercado a trav\u00e9s de la prestaci\u00f3n de servicios de log\u00edstica operacional o que con ello hubiera pretendido disputar a Impulso y Mercadeo su clientela\u201d. <\/p>\n
Se provey\u00f3 asimismo el servicio. Era su \u201cdestinatario exclusivo\u201d. Se reduc\u00eda a la \u201cadquisici\u00f3n (\u2026) para beneficio propio\u201d. \u201cNo se demostr\u00f3 que la acomodaci\u00f3n de las g\u00f3ndolas\u201d con el personal conquistado fuera determinante para los \u201cclientes o usuarios de los supermercados (\u2026), quienes en cualquier caso no conformaban la clientela a quien la firma demandante ofertaba sus servicios de log\u00edstica\u201d. Los clientes de la actora \u201cno eran los proveedores de Cencosud (\u2026), sino la demandada\u201d. <\/p>\n
8.3.2. En \u00faltimas, como se observa, el ad-quem ech\u00f3 de menos la prueba de los hechos configurativos de competencia desleal. Indistintamente se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00edan \u201cenmarcarse\u201d o carec\u00edan de la \u201cconnotaci\u00f3n\u201d de tales. <\/p>\n
Los errores de derecho probatorios, por lo tanto, son inexistentes. La contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, en forma individual o en conjunto, cual se explic\u00f3, no puede predicarse de aquellas que, para el juzgador, no se\u00f1alan los hechos investigados. Otra cosa es que los indicaran, no obstante, lo cual, fueron omitidos o tergiversados. Esto, precisamente, compete al resto de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
8.4. Pasa la Corte, entonces, a estudiar si las pruebas singularizadas en los cargos quinto y sexto dejan al descubierto los hechos que se reclaman en la censura. <\/p>\n
8.4.1. La competencia, en general, supone en el mercado m\u00faltiples oferentes de un mismo bien o servicio. Concierne a una disputa dirigida a posicionar determinado producto en el comercio y a conquistar una clientela. <\/p>\n
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola la define como la \u201csituaci\u00f3n de empresas que rivalizan en un mercado cuando ofrecen o demandan un mismo producto o servicio14. <\/p>\n
En el mismo sentido esta Corporaci\u00f3n. \u201cPor acto de competencia debe entenderse la disputa o contienda entre empresarios que rivalizan por un mercado, esto es, por obtener m\u00e1s clientes frente al competidor\u201d15. <\/p>\n
Su caracter\u00edstica es la presencia de plurales oferentes. Si no los hay, se tratar\u00eda de un bien o servicio objeto de monopolio o de cualquier otra situaci\u00f3n distinta. La concurrencia de varios agentes en el comercio, por tanto, permite verificar, rec\u00edprocamente, la forma como han mantenido o incrementado su participaci\u00f3n en el mercado. <\/p>\n
Es \u201cleal y libre\u201d cuando se ejerce conforme a la normatividad y en igualdad de condiciones. Y \u201cdesleal\u201d, en los casos en que los competidores se posicionan a costa o en detrimento de otro o de otros concurrentes. Claro est\u00e1, siempre que ello sea el resultado de la incursi\u00f3n en actos censurados o prohibidos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
8.4.2. La participaci\u00f3n o intervenci\u00f3n en el mercado de la parte demandada, esto, con el servicio de operaci\u00f3n log\u00edstica que le prestaba la precursora, es lo polemizado. <\/p>\n
Los cargos recaban la ocurrencia de esa circunstancia. Se apalancan en la tantas veces mencionada sustracci\u00f3n del personal. Igualmente, en los proveedores directos de la convocada, en cuanto, asociado con dicho servicio, la recurrente los reclama como sus clientes. Y alrededor de aquello y de esto enarbola los errores de hecho probatorios. <\/p>\n
(i) El Tribunal tuvo por acreditado que la accionada se hizo a un n\u00famero considerable de trabajadores de su contraparte. \u201c[P]ara asumir directamente la prestaci\u00f3n de los servicios de operaci\u00f3n log\u00edstica Cencosud convoc\u00f3 y contrat\u00f3 a 697 empleados de Impulso y Mercadeo que representaba para entonces el 52.24% de su fuerza de trabajo\u201d. <\/p>\n
La transcripci\u00f3n descarta por completo que el juzgador de segundo grado haya podido recortar u omitir las pruebas singularizadas en los cargos que indican el hecho. Con el personal contratado, dijo, \u201cno es que Cencosud (\u2026) haya decidido irrumpir o posicionarse en el nuevo sector del mercado\u201d; y blandi\u00f3, adem\u00e1s, distintas razones para el efecto. <\/p>\n
(ii) El otro cuestionamiento tampoco pudo haber pasado desapercibido. <\/p>\n
La recurrente sostiene que en la forma como se satisfac\u00eda el valor del suministro quedaba acreditada la participaci\u00f3n en el mercado de la demandada. Esto sugiere que era apenas una mandataria de la pretensora. Aquella cobraba, previa facturaci\u00f3n de esta \u00faltima, el valor de los servicios de operaci\u00f3n log\u00edstica a los proveedores de las mercanc\u00edas que comercializaba en sus tiendas y almacenes. Y luego de unos tr\u00e1mites internos, con la intervenci\u00f3n de ambas partes, recib\u00eda parte de los recursos. <\/p>\n
Si bien algunas pruebas relacionadas en las acusaciones informan que as\u00ed operaba la retribuci\u00f3n, el hecho \u00fanicamente acreditaba el procedimiento para el pago, no su manantial. En el sustrato, el argumento implicaba que los contratos de suministro no se hab\u00edan suscrito entre Impulso y Mercadeo S.A. y Cencosud Colombia S.A., sino entre aqu\u00e9lla y los proveedores de mercanc\u00edas. Solo as\u00ed ser\u00eda dable seguir que, con la sustracci\u00f3n y contrataci\u00f3n de los trabajadores de la demandante, la convocada empez\u00f3 a ofertar un servicio que antes no prestaba. <\/p>\n
En el mismo escrito incoativo del proceso, por el contrario, se afirm\u00f3 que, en 1998, Impulso y Mercadeo y Cencosud Colombia S.A., antes, Grandes Superficies de Colombia S.A., celebraron el contrato de suministro. En la demanda de casaci\u00f3n se explicit\u00f3 claramente el hecho. El objeto del contrato, se dijo, consist\u00eda en suministrar con recursos t\u00e9cnicos y humanos, infraestructura y tecnolog\u00edas propias, los \u201cservicios de asistencia log\u00edstica integral, surtido de g\u00f3ndolas y apoyo integral en la exhibici\u00f3n de productos (\u2026) para cada una de sus tiendas a nivel nacional\u201d. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n del Tribunal, por tanto, no resulta contraevidente. Ante la inexistencia de otra interpretaci\u00f3n posible, am\u00e9n de \u00fanica, no se equivoc\u00f3 al fijar material y objetivamente en los hechos y en las pruebas que los clientes de la precursora \u201cno eran los proveedores de Cencosud\u201d. La raz\u00f3n, \u201cfue la que contrat\u00f3 el servicio de operaci\u00f3n log\u00edstica, quien aprobaba las condiciones en que \u00e9ste se prestaba, quien demandaba las obras y el personal requerido y quien realizaba el pago de dicho servicio\u201d. <\/p>\n
(ii) La oferta del servicio de operaci\u00f3n log\u00edstica y el mantenimiento e incremento de la participaci\u00f3n en el mercado, en definitiva, no qued\u00f3 acreditada. La demanda genitora del proceso, por tanto, en ese preciso aspecto, tampoco pudo haber sido cercenada u omitida. <\/p>\n
Lo mismo se predica de los dem\u00e1s elementos de juicio relacionados. Todos se dirigen a mostrar la situaci\u00f3n financiera y econ\u00f3mica de la actora antes y despu\u00e9s de los hechos imputados, inclusive, como secuela, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Empero, si para el Tribunal, todos los presupuestos de la acci\u00f3n de competencia desleal no fueron demostrados, conclusi\u00f3n que en casaci\u00f3n no fue desvirtuada, ello relevaba cualquier estudio de las pruebas referentes al da\u00f1o y al perjuicio. Nada sobre el particular, entonces, pudo ser recortado o preterido. <\/p>\n
8.5. Los cargos conjuntados, igualmente, est\u00e1n llamados al fracaso. <\/p>\n
9. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 12 de octubre de 2016 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de competencia desleal incoado por Impulso y Mercadeo S.A. contra Cencosud Colombia S.A., antes Carrefour. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de la demandante recurrente. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de casaci\u00f3n fue replicado. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2014-09788-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones por las que, a pesar de que comparto el fallo de la radicaci\u00f3n, me separo de varias de sus consideraciones. <\/p>\n
1. Para negar los dos cargos iniciales, la Sala precis\u00f3 que cuando el Tribunal excede el marco de sus competencias delimitadas por el contenido de la sustentaci\u00f3n de la alzada, no comete incongruencia sino que se vicia de nulidad el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Me separo de tal razonamiento porque la corporaci\u00f3n ya hab\u00eda tomado partido por la tesis contraria (CSJ SC1916, rad. 2005-00346, 31 may. 2018), es decir, que resolver la apelaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la sustentaci\u00f3n y de los aspectos que deben resolverse oficiosamente, seg\u00fan la jurisprudencia hasta ahora en vigor, equivale a incongruencia (y no nulidad) de la decisi\u00f3n, lo cual, por ser ratio decidendi, resultaba de imperativa aplicaci\u00f3n en el caso concreto. <\/p>\n
En esta oportunidad reitero que la obligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta \u00fanicamente en la posici\u00f3n jer\u00e1rquica ostentada por la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la igualdad y la confianza leg\u00edtima de los usuarios del sistema judicial, quienes reclaman que la jurisprudencia, como fuente del derecho, no cambie abruptamente, como en esta oportunidad ha sucedido. Precisamente, las variaciones de la jurisprudencia no deben producirse por la sola circunstancia de que se considere que la nueva interpretaci\u00f3n normativa es mejor o m\u00e1s elaborada que la anterior; por el contrario, para ello se requiere que, luego de un estudio serio y ponderado, se llegue a la conclusi\u00f3n que los cambios jurisprudenciales ser\u00e1n beneficiosos para la juridicidad y no afectar\u00e1n la seguridad jur\u00eddica, estudio que en el presente caso no se efectu\u00f3. <\/p>\n
De haberse mantenido el criterio jurisprudencial hasta ahora imperante, la Sala hubiera tenido la obligaci\u00f3n de examinar de manera profunda el cargo de incongruencia planteado por la recurrente. <\/p>\n
Adicionalmente, la corporaci\u00f3n dej\u00f3 de precisar la causal de invalidez que se configura en ese tipo de eventos, a pesar de que la materia se encuentra gobernada por el principio de taxatividad o especificidad, de acuerdo con el cual solamente pueden tenerse como nulidades aquellas irregularidades as\u00ed calificadas expresamente por el legislador. <\/p>\n
2. Por otro lado, en el cargo tercero se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa de disposiciones sustanciales, entre otras razones, porque, a juicio de la impugnante, el ad quem inaplic\u00f3 la presunci\u00f3n de concurrencialidad de los actos de la convocada, prevista en el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 256 de 1996. <\/p>\n
Sin embargo, la decisi\u00f3n de cuyas motivaciones me aparto afirm\u00f3 que la mencionada ley consagra una presunci\u00f3n iuris tantum de deslealdad (no de concurrencialidad), en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La presuncio\u0301n de actos de competencia desleal, por tanto, impone acreditar tres circunstancias. El hecho prohibido por el legislador, su realizacio\u0301n en el mercado y, su idoneidad para mantener o incrementar la participacio\u0301n en el comercio en favor de quien lo realiza o de un tercero. <\/p>\n
Basta apreciar el texto de la ley 256 de 1996 para advertir que ninguna de sus disposiciones presume actos desleales; por el contrario, su canon 2\u00ba considera que si el acto \u00abse revela objetivamente id\u00f3neo para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero\u00bb, se presume que tiene un fin concurrencial. Esto es relevante pues enmarcar la presunci\u00f3n en su real dimensi\u00f3n (la concurrencialidad) impon\u00eda un examen menos somero de los dem\u00e1s cargos. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a aclarar el voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-99-001-2014-09788-01 <\/p>\n
En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, pues si bien acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de no casar el fallo que el 12 de octubre de 2016 profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, estimo que los razonamientos expuestos en la resoluci\u00f3n de los cargos primero y segundo representan una personal relaci\u00f3n del estado del arte por parte del ponente, pero no la postura de la Sala, que sobre el particular ha defendido tesis diversas, aun pendientes de unificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, como sustento de las dos primeras censuras, fincadas \u2013en su orden\u2013 en las causales tercera y quinta de casaci\u00f3n, la impugnante aleg\u00f3 que en el fallo de segunda instancia el tribunal se hab\u00eda pronunciado sobre aspectos que no fueron materia de apelaci\u00f3n. En contraposici\u00f3n, la Corte concluy\u00f3 que \u00absi la apelaci\u00f3n era \u00fanicamente de la accionada, la facultad para resolver se encontraba habilitada. Y si era rec\u00edproca, con mayor raz\u00f3n, en tanto, en la estricta materia, era ilimitada\u00bb; es decir, que el alegado desbordamiento del ad quem no se configur\u00f3. <\/p>\n
Consecuente con lo expuesto, y tras haberse descartado el supuesto de hecho en el que se fundamentaron los dos primeros cuestionamientos, se tornaba innecesario que la sentencia de casaci\u00f3n se ocupara de establecer cu\u00e1l de los motivos previamente referidos (el previsto en el numeral 3, o en el 5, del precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso) resultar\u00eda id\u00f3neo para encausar un yerro como el que denunci\u00f3 la casacionista. <\/p>\n
Cabe anotar que, como la mencionada precisi\u00f3n no era relevante para resolver aquellos cargos, constituye un simple obiter dicta; sin embargo, all\u00ed termin\u00f3 por proponerse una modificaci\u00f3n parcial del precedente de la Corte Suprema de Justicia, con relaci\u00f3n a una problem\u00e1tica (la v\u00eda procesal id\u00f3nea para corregir la mediaci\u00f3n del juez ad quem en asuntos ajenos a la sustentaci\u00f3n del remedio vertical) que, por su enorme complejidad, contin\u00faa siendo materia de debate al interior de la Sala. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo anterior, estimo pertinente insistir en que si bien los razonamientos incluidos a partir del numeral 4.3.1. de esta providencia constituyen amplias y juiciosas reflexiones sobre la materia, no hacen parte del n\u00facleo argumentativo a partir del cual la Sala de Casaci\u00f3n Civil construy\u00f3 su consenso decisorio. En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 2011, expediente 01489. Citada en fallo de 27 de julio de 2017, expediente 00363. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de abril de 2016, expediente 00177. Reiterando fallos de 4 de diciembre de 2009, radicaci\u00f3n 00103, y de 1\u00b0 de agosto de 2014, expediente 01034. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ. Civil. Sentencia de 15 de septiembre de 2016, expediente 00111. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Cfr. Sentencia de 18 de diciembre de 2020, expediente 00057. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-616 de 13 de junio de 2001, consideraci\u00f3n 42. <\/p>\n
6\u0002 Por Ley 170 de 1994 \u201cPor medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la \u00abOrganizaci\u00f3n Mundial de Comercio (OMC), suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril del mismo a\u00f1o, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino\u201d. Colombia es parte de esa organizaci\u00f3n. Su control constitucional se realiz\u00f3 por la Sentencia C-137 de 1995 M.P. Jorge Arango Mej\u00eda, de la Corte Constitucional. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Sala Plena. Demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 75, 76 y 77 del C\u00f3digo de Comercio. Mag. Pon.: Dr. Hernando G\u00f3mez Ot\u00e1lora. Aprobada por Acta 47 de julio 10 de 1986, inicialmente, luego hallamos: CSJ. Sala Casaci\u00f3n Civil. Mag. Pon. Dr. Nicolas Bechara Simancas. Frisby Ltda. Vs. Alimentos Nacionales Pinki S.A. Expediente No. 3939. 12 de septiembre de 1.995. <\/p>\n
8\u0002 Este Convenio versa sobre la protecci\u00f3n de la propiedad industrial y fue acordado el 20 de marzo de 1883, a pesar de sus revisiones sucesivas, establece las reglas b\u00e1sicas en el \u00e1mbito internacional sobre otorgamiento, aplicaci\u00f3n y trato jur\u00eddico de las patentes de invenci\u00f3n, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de f\u00e1brica o de comercio, las marcas de servicio, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Es aplicable en propiedad industrial, industria y comercio, actividad agr\u00edcolas y extractiva y, en general, a todos los productos. Relevante resultan en \u00e9l, los mecanismos de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de la competencia desleal, como actos, conductas y pr\u00e1cticas contrarias a los usos honestos industriales y comerciales. <\/p>\n
La ley aprobatoria del Convenio fue objeto de control constitucional por medio de la sentencia C-002 de 1996 con ponencia de Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. En la materia debe recordarse que el control judicial debe tener en cuenta las normas dictadas al amparo del Pacto Andino previstas en la Decisi\u00f3n 344 de la Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena, \u00abR\u00e9gimen Com\u00fan de Propiedad Industrial\u00bb, a pesar, del paulatino decaimiento y deterioro de este mecanismo de cooperaci\u00f3n subregional, y mientras se halle vigente. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 2013, expediente 02015. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de abril de 2000 (exp. 5212), citando LXXXVIII-504. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 19 de octubre de 2000, expediente 5442, reiterada en fallos de 25 de febrero de 2008, radicaci\u00f3n 006835, y de 17 de mayo de 2011, expediente 00345. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2004, expediente 7127, citando G.J. T. CCLXI-999. <\/p>\n
14\u0002 Diccionario de la Real Lengua Espa\u00f1ola. Espasa. 2002. <\/p>\n
15\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 2013, expediente 02015, ya citada. <\/p>\n
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SC3781-2021 (2014-09788-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3781-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-001-2014-09788-01 (Aprobado en Sala virtual de once de marzo dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n elevado por Impulso y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57227\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}