SC3791-2021 (2009-00143-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3791-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 20001-31-03-003-2009-00143-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C, primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., contra la sentencia de 18 de diciembre de 2013, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia de Descongesti\u00f3n, en el proceso seguido por Manuel Antonio Palacio Torres, quien cedi\u00f3 los derechos a Silvestre Marcelo Aroca Cotes, frente a la entidad recurrente. <\/p>\n
1.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. La pretensi\u00f3n. El demandante solicit\u00f3 declarar la existencia de los seguros grupo de vida, con cobertura de incapacidad total permanente, y de accidentes personales. Como consecuencia, condenar a la convocada a pagar las sumas aseguradas con intereses moratorios. <\/p>\n
1.2. Los hechos. El actor ajust\u00f3 con la convocada los dos amparos citados. Los valores asegurados ascendieron a $40\u2019000.000, el de vida e incapacidad total permanente, y a $200\u2019000.000, el de accidentes personales. Ambos vigentes desde el 27 de abril de 2007, hasta el 27 de abril de 2008. <\/p>\n
El 19 de enero de 2008, el precursor sufri\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito. Las fracturas de columna y brazo sufridas le ocasionaron p\u00e9rdida de la capacidad laboral en el equivalente al 96.59%. As\u00ed lo dictamin\u00f3, el 12 de junio de 2008, la Fundaci\u00f3n M\u00e9dico Preventiva. Y el 22 de agosto, siguiente, la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar. <\/p>\n
El Instituto de Medicina Legal, por su parte, determin\u00f3 una incapacidad definitiva de sesenta d\u00edas. Adem\u00e1s, secuelas m\u00e9dico legales permanentes en la deformidad f\u00edsica y en la perturbaci\u00f3n funcional tanto del miembro superior derecho como del \u00f3rgano de locomoci\u00f3n. <\/p>\n
El accionante se desempe\u00f1aba en el magisterio. Las valoraciones efectuadas por neurolog\u00eda, neurocirug\u00eda, fisiatr\u00eda, medicina interna y medicina laboral, conllevaron a decidir la separaci\u00f3n del cargo que desempe\u00f1aba. <\/p>\n
La aseguradora objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n. Adscribi\u00f3 las lesiones del accidente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral solo del 34.96%. Las dem\u00e1s patolog\u00edas eran anteriores, no cubiertas por la p\u00f3liza. El fundamento es falso. La Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de manera alguna hizo distinci\u00f3n. Fuera de esto, estaba obligada a practicar todos los ex\u00e1menes antes de perfeccionar el seguro y ocurrir el siniestro. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo. <\/p>\n
1.3. La r\u00e9plica. La interpelada resisti\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
1.3.1. Relacionado con el seguro de vida y cobertura de incapacidad permanente, adujo nulidad relativa. Argument\u00f3 enfermedades preexistentes: \u00e1cido p\u00e9ptica con hernia hiatal, artritis erosiva y astigmatismo. <\/p>\n
El actor no declar\u00f3 las dolencias. En el formulario dispuesto, por el contrario, se\u00f1al\u00f3 que \u00abnunca hab\u00eda padecido problemas de est\u00f3mago, duodeno, enfermedades del recto, es\u00f3fago, ves\u00edcula, h\u00edgado, diarreas frecuentes o enfermedades del sistema digestivo, ni hab\u00eda sufrido problemas de salud no contemplados en el cuestionario\u00bb. <\/p>\n
1.3.2. Asociado con la p\u00f3liza de accidentes personales, adujo \u00abausencia de cobertura\u00bb de las lesiones sufridas. <\/p>\n
En su sentir, la desmembraci\u00f3n y la incapacidad total permanente estaba cubierta cuando las lesiones corporales eran consecuencia directa y \u00fanica de un accidente amparado. No obstante, el porcentaje de incapacidad laboral establecido proven\u00eda de m\u00faltiples patolog\u00edas, en tanto, las cobijadas solo ascend\u00edan al 34.96 %. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, el 18 de mayo de 2012, declar\u00f3 infundadas las defensas y conden\u00f3 a la entidad accionada a pagar las sumas aseguradas con intereses moratorios. <\/p>\n
1.5. La segunda instancia. Confirm\u00f3 lo decidido, al resolver la alzada de la demandada. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. La reticencia o inexactitud del tomador del seguro acerca del estado del riesgo, como causa de nulidad relativa, deb\u00eda ser de tal entidad que hubiera retra\u00eddo al asegurador de celebrar el seguro o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas. El hecho no fue demostrado. <\/p>\n
La relevancia de la omisi\u00f3n o defectuosa declaraci\u00f3n del estado del riesgo, no se refer\u00eda, salvo pregunta expresa, a la gravedad de la dolencia padecida. Hac\u00eda relaci\u00f3n al hecho que, conocido, \u00abhubiera permitido a la aseguradora tomar libremente a plena conciencia la decisi\u00f3n de asumir el riesgo en las condiciones iniciales o hacerlo en diferentes\u00bb. <\/p>\n
Cuando el tomador se sustrae a informar una enfermedad preguntada, permite entender que no la sufre. Si la padece, origina el contrato con la creencia de hechos que en realidad no existen. Y conduce a la aseguradora a \u00abemitir el consentimiento fundada en el error, lo cual se sabe, es un vicio del consentimiento generador de anulabilidad\u00bb. <\/p>\n
2.2. En el caso, el asegurado respondi\u00f3 negativamente el cuestionario presentado acerca de los problemas de salud inquiridos en aparatos, sistemas u \u00f3rganos descritos. Con la demanda present\u00f3 copia de su historia cl\u00ednica. All\u00ed constaba que, en marzo de 2006, se le diagnostic\u00f3 gastritis, hernia hiatal, artritis erosiva antral moderada y lumbago. Y esos padecimientos no los inform\u00f3. <\/p>\n
La reticencia o inexactitud pudo haber ocurrido. La aseguradora, empero, no debi\u00f3 contentarse con acreditar esos hechos. Le incumb\u00eda demostrar que, de haber conocido el estado de salud descrito, en efecto, la habr\u00eda retra\u00eddo de contratar. Como no cumpli\u00f3 la carga, no le asist\u00eda la raz\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El juzgado orden\u00f3 a la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar y La Guajira identificar la incapacidad laboral generada por el accidente de otras patolog\u00edas. <\/p>\n
La instituci\u00f3n describi\u00f3 que el actor sufri\u00f3 p\u00e9rdida de fuerza en la mano derecha; dolor lumbar con irradiaci\u00f3n espor\u00e1dica a la pierna; imposibilidad para agacharse, subir, bajar escaleras, correr, caminar en punta del pie y tal\u00f3n, y para el movimiento de columna dorso lumbar. <\/p>\n
Atribuy\u00f3 los hallazgos al trauma de columna. As\u00ed mismo, \u00abuna p\u00e9rdida de capacidad laboral de 50.20 % seg\u00fan Decreto 917 de 1999 que, homologado para el Magisterio, queda en un porcentaje del 75.15 por ciento con origen en accidente com\u00fan (tr\u00e1nsito) seg\u00fan decreto 3135 de 1968\u00bb. <\/p>\n
Las secuelas en la salud, por tanto, eran consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito sufrido por el demandante. La prueba evacuada ven\u00eda revestida de \u00abinmediaci\u00f3n al ser el resultado del contacto directo con la v\u00edctima\u00bb. Contrario a lo \u00abextra\u00eddo de la realizada por la aseguradora BBVA que se bas\u00f3 \u00fanicamente en las historias cl\u00ednicas\u00bb. <\/p>\n
2.4. En la p\u00f3liza se impuso una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 75%. No obstante, si el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, permit\u00eda acceder a la pensi\u00f3n cuando tal incapacidad era igual o superior al 50%, quiere decir que la restricci\u00f3n estipulada transgred\u00eda la ley. <\/p>\n
Con todo, conforme al segundo dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, el porcentaje fue sobrepasado. Esto en virtud de la \u00abhomologaci\u00f3n que se hace al ser el tomador integrante del Magisterio\u00bb. <\/p>\n
2.5. Concluye as\u00ed el Tribunal que el recurso de apelaci\u00f3n no se encontraba fundado. <\/p>\n
3. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
3.1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Seg\u00fan la recurrente, el ad quem consider\u00f3 que la reticencia o inexactitud del estado del riesgo, por s\u00ed, no era causal de nulidad relativa. Dijo que se requer\u00eda demostrar, adem\u00e1s, que la aseguradora, de haber conocido las circunstancias reales, la habr\u00eda retra\u00eddo de contratar o a incluir condiciones m\u00e1s onerosas. <\/p>\n
En su sentir, la exigencia adicional era ajena a la norma. La equivocaci\u00f3n estuvo en no tener como suficiente la acreditada reticencia e inexactitud. <\/p>\n
3.2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.2.1. Fuera de discusi\u00f3n se encuentra que la reticencia o inexactitud de la declaraci\u00f3n del tomador acerca de las cuestiones que permiten establecer el estado del riesgo asegurado, conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro. As\u00ed lo establece, en general, el art\u00edculo 1058, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo de Comercio1. Y lo reafirma, para el espec\u00edfico seguro de vida, el canon 1158, ib\u00eddem2. <\/p>\n
La pregunta a responder es si la prueba de la reticencia o inexactitud, sin m\u00e1s, era suficiente para decretar la nulidad relativa o implicaba demostrar algo adicional. En concreto, acreditar que el asegurador, de haber conocido la informaci\u00f3n en forma completa, se habr\u00eda sustra\u00eddo de celebrar el contrato o lo hubiera ajustado en t\u00e9rminos distintos. <\/p>\n
3.2.2. El art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio incorpora la \u00abbuena fe\u00bb como principio rector de los actos mercantiles. A su vez establece que se rigen por \u00abtodo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad natural\u00bb. <\/p>\n
En el contrato de seguro, la buena fe, en todo cuanto tenga que ver con la realidad del riesgo, cobra inusitada importancia y se califica como de ub\u00e9rrima bona fidei. Entre otras razones, al ser los tomadores o asegurados, dada su inmediaci\u00f3n con los intereses asegurables, quienes mejor conocen las circunstancias concretas que los rodean. Por esto se dice que las aseguradoras, en estos casos, estar\u00edan a merced de la declaraci\u00f3n del solicitante. <\/p>\n
Ello, sin embargo, no significa una conducta totalmente pasiva del asegurador. Atendiendo su cariz profesional, el legislador comercial le insin\u00faa proactividad. En el seguro de vida, al decir que as\u00ed la aseguradora \u00abprescinda del examen m\u00e9dico\u00bb (art\u00edculo 1158) el tomador debe ser sincero al declarar el riesgo, en el fondo, ante la alternativa de corroborar o no tal manifestaci\u00f3n, le est\u00e1 indicando a aquella obrar con diligencia y prudencia. <\/p>\n
Sin perjuicio de la declaraci\u00f3n, dirigida o espont\u00e1nea, obtenida del tomador acerca del estado real del riesgo, el asegurador, en l\u00ednea de principio, no debe conformarse con la carga de sinceridad que incumbe a aquel. La Corte, atendiendo las circunstancias en causa, ha matizado la intervenci\u00f3n de la aseguradora. Alrededor suyo, tiene dicho, gira la \u00abpotestad (\u2026) de adelantar sus propias pesquisas en pos de evaluar qu\u00e9 tan probable puede ser el advenimiento del riesgo y, por l\u00f3gica consecuencia, del nacimiento de la obligaci\u00f3n condicional que el seguro radica en \u00e9l\u00bb3. Todo, dijo en otra ocasi\u00f3n, \u00abmediante (\u2026) indagaciones, investigaciones o pesquisas adelantadas (\u2026) en forma voluntaria (ex voluntate) o facultativa, apoyado en expertos\u00bb4. <\/p>\n
La uberrimae bona fidei, por lo tanto, se predica tanto del tomador o asegurado como del asegurador. En palabras de la Sala, seg\u00fan los antecedentes antes citados, al \u00abmismo tiempo es bipolar, en raz\u00f3n de que ambas partes deben observarla, sin que sea predicable, a modo de unicum, respecto de una sola de ellas\u00bb. De modo que le corresponde al tomador expresar con sinceridad las circunstancias en que se halla, pero tambi\u00e9n al asegurador se le impone una labor de verificaci\u00f3n, de investigaci\u00f3n, de diligencia, de \u201cpesquisa\u201d como ya los hab\u00eda exigido al interpretar el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, sobre el entendimiento del texto en cuesti\u00f3n, en el antecedente de casaci\u00f3n civil de 19 de abril de 1999, expediente 4929, en el cual la Sala preconiz\u00f3 que la buena fe es \u00abun postulado de doble v\u00eda (\u2026) que se expresa \u2013entre otros supuestos- en una informaci\u00f3n rec\u00edproca\u00bb, tesis reiterada el 2 de agosto de 2001, y reafirmada en el de el 26 de abril del 2007. Estos precedentes antes citados, pero que ahora recaba la Sala, estructuran una recia doctrina probable (art\u00edculos 4\u00ba de la Ley 169 de 1896, y 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) sobre el car\u00e1cter bilateral de la buena fe, pero tambi\u00e9n sobre la obligaci\u00f3n de indagaci\u00f3n en cabeza de la aseguradora. <\/p>\n
De tal modo que en la interpretaci\u00f3n de la regla 1058 del C\u00f3digo de Comercio, tocante con la reticencia, los deberes de conducta frente a la buena f\u00e9 son de doble v\u00eda, pero a la aseguradora le incumbe adoptar una conducta activa, para retraerse de la celebraci\u00f3n del contrato o para estipular condiciones m\u00e1s onerosas, porque se trata de una buena fe calificada que por la posici\u00f3n dominante de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras al hallarse en mejores condiciones jur\u00eddicas, t\u00e9cnicas y organizacionales frente al usuario del seguro, tambi\u00e9n les compete. Precisamente la ley las autoriza para proponer un cuestionario al tomador, y a partir del mismo, es c\u00f3mo las profesionales del seguro deben tomar las acciones necesarias para determinar el estado del riesgo del tomador. Fundadas en el cuestionario o en su investigaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el tomador, es como pueden asumir la determinaci\u00f3n de no contratar o de hacelo en condiciones m\u00e1s onerosas. La obligaci\u00f3n emanada del 1058 es bifronte, cobija a las dos partes. <\/p>\n
La regla, entonces, es que ninguno de los contratantes, mientras estuvo a su alcance, puede recargarse en el otro para evadir responsabilidad. El obrar de ambos debe estar guiado por una diligencia suma, especial, m\u00e1xima. Y esto la diferencia de la exigida com\u00fanmente en los dem\u00e1s negocios jur\u00eddicos. As\u00ed, relacionado con el estado de salud del potencial asegurado, por dem\u00e1s comprobable, el tomador debe declararlo sinceramente conforme al cuestionario propuesto, y la aseguradora, valorarlo a efectos de decidir si prescinde o no del examen m\u00e9dico5. <\/p>\n
3.2.3. Frente a la existencia de reticencias o inexactitudes, sin embargo, la sanci\u00f3n de nulidad relativa del seguro no necesariamente se impone. Ello ocurre, por una parte, cuando la aseguradora ha conocido o debi\u00f3 conocer el estado del riesgo (art\u00edculo 1058, in fine, del C\u00f3digo de Comercio6), no obstante, lo cual, acept\u00f3 celebrar el negocio aseguraticio. En este caso se entiende que ninguna dificultad avizor\u00f3 para otorgar el consentimiento. Y por otra, cuando despu\u00e9s de celebrado el contrato la aseguradora se allan\u00f3 a los vicios, expresa o t\u00e1citamente. <\/p>\n
Como tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, \u00abno toda reticencia o no toda inexactitud est\u00e1n llamadas, ineluctablemente, a eclipsar la intentio del asegurador (\u2026). De ah\u00ed que, en determinadas y muy precisas circunstancias, en puridad, puede mediar un ocultamiento; aflorar una distorsi\u00f3n o fraguarse una falsedad de \u00edndole informativa y, no por ello, irremediablemente, abrirse paso la anulaci\u00f3n en comento\u00bb7. <\/p>\n
La nulidad relativa del seguro, por tanto, es excepcional. De manera alguna puede originarse en el conocimiento real o presunto de la aseguradora acerca del estado del riesgo. Tampoco cuando convalida o acepta los vicios en forma expresa o t\u00e1cita. En esas hip\u00f3tesis se entiende que cualquier posibilidad de enga\u00f1o, no se ha consumado, sino que, por el contrario, se ha superado. <\/p>\n
3.2.4. El problema surge cuando las reticencias o inexactitudes a\u00fan persisten. De un lado, por no haber sido conocidas real o presuntamente por la compa\u00f1\u00eda aseguradora. Y de otro, cuando el empresario del riesgo no ha saneado los vicios sobrevivientes expresa o t\u00e1citamente. En estas hip\u00f3tesis, las faltas susceptibles de dar al traste con el contrato de seguro tambi\u00e9n deben ser excepcionales. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina, la sanci\u00f3n de nulidad relativa del seguro solo se produce si los vicios de la declaraci\u00f3n del estado del riesgo son \u00abrelevantes\u00bb8. Para la jurisprudencia constitucional, \u00absiempre y cuando recaigan sobre hechos o circunstancias relevantes o influyentes respecto del riesgo\u00bb9. En el mismo sentido esta Corporaci\u00f3n al asentar: <\/p>\n
\u00abAhora, es incuestionable que la ley no ha consagrado una pormenorizada relaci\u00f3n de los hechos que determinan el estado del riesgo en el contrato de seguro (numerus clausus), sin que tampoco pueda pasarse por alto que las circunstancias que ofrezcan incidencia en un evento concreto, in casu, pueden carecer de ella en otro distinto. Por tal raz\u00f3n, compete al juez, en cada caso espec\u00edfico, dado que se trata de una quaestio facti, auscultar y validar, desde la \u00f3ptica del singular contrato de seguro sub judice, cu\u00e1les acontecimientos f\u00e1cticos pudieran interesar o incidir en el asentimiento del asegurador y cu\u00e1les no (juicio de relevancia o de trascendencia) (\u2026)\u00bb10 <\/p>\n
Lo dicho implica demostrar la reticencia o inexactitud. Igualmente, la incidencia de los vicios en el consentimiento. Esto \u00faltimo sin aquello, desde luego, no es posible ponderar. Se trata, entonces, de requisitos que se encadenan. De ah\u00ed que tambi\u00e9n se debe probar c\u00f3mo el asegurador, en el caso de haber conocido la informaci\u00f3n ocultada, tergiversada o falseada, se habr\u00eda \u00abretra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas\u00bb (art\u00edculo 1058, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo de Comercio). <\/p>\n
3.2.5. La carga de la prueba de tales elementos, por supuesto, gravita sobre quien alega la nulidad relativa del seguro, bien por v\u00eda de acci\u00f3n, ya como excepci\u00f3n. <\/p>\n
Los art\u00edculos 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 167 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed lo establecen. Seg\u00fan su tenor, \u00abincumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. Principios que responden al aforismo \u00abonus probandi incumbit actori; reus excipiendo fit actor\u00bb. <\/p>\n
El asegurador, cuando invoca la sanci\u00f3n de nulidad le corresponde demostrar las hip\u00f3tesis normativas dichas. Acreditada la reticencia o inexactitud en la manifestaci\u00f3n del estado del riesgo, a su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaraci\u00f3n contrariando la realidad. Lo mismo, empero, no sucede con la relevancia o trascendencia. La raz\u00f3n estriba en que la infidelidad en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato o de hacerlo en condiciones m\u00e1s onerosas es una cuesti\u00f3n predicable del asegurador. <\/p>\n
3.2.6. En el caso, el Tribunal no encontr\u00f3 la prueba de la trascendencia o incidencia de las inconsistencias manifestadas por el actor, Manuel Antonio Palacio Torres, contenidas en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, en la voluntad expresada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., la interpelada. <\/p>\n
La recurrente no discute esa conclusi\u00f3n probatoria, inclusive, as\u00ed sea equivocada. Su posici\u00f3n se justifica, en tanto, pone en entredicho es la hip\u00f3tesis normativa a ser demostrada. Si fue adicionada desacertadamente al art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, esto, por s\u00ed, arrasar\u00eda lo discurrido en el campo de los hechos y su prueba. En caso contrario, se mantendr\u00eda vigente, al margen del acierto. <\/p>\n
El error iuris in iudicando, sin embargo, no se configura. El art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio habla de dos conductas. La del tomador o asegurado, respecto de las reticencias o inexactitudes en la descripci\u00f3n del estado del riesgo. Y la del asegurador, conocidas esas inconsistencias, la posibilidad de haberse \u00abretra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas\u00bb. Ambos hechos son los que, como se remata en el inciso final del mismo precepto, \u00abproducen la nulidad relativa del seguro\u00bb. <\/p>\n
De nada sirve afirmar y demostrar la insinceridad del tomador o asegurado, si no se hace saber ni se acredita c\u00f3mo esa conducta influy\u00f3 en el consentimiento del asegurador. Esto, porque como se anot\u00f3, no toda reticencia o inexactitud aflora en la nulidad del seguro. Algunas, al haberlas subsanado o aceptado en forma expresa o t\u00e1cita luego de celebrar la convenci\u00f3n. Otras, por cuanto conocidas, real o presuntamente, antes de ajustar el contrato, con todo, asinti\u00f3 la voluntad. Y las dem\u00e1s, al ser intrascendentes. Estas \u00faltimas, mientras no se demuestre su incidencia, ante la falta de otra explicaci\u00f3n posible, debe seguirse que son nimias o insignificantes. <\/p>\n
La trascendencia dicha, desde luego, no puede confundirse con el nexo causal del hecho que causa el siniestro. En el acta 73 del Subcomit\u00e9 de Seguros del Comit\u00e9 Asesor para la Revisi\u00f3n del C\u00f3digo de Comercio se observ\u00f3 que \u00abno hay necesidad de establecer relaci\u00f3n ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro\u00bb12. Empero, que la reticencia o inexactitud se relacione o no con el hecho del infortunio, es algo totalmente distinto a la magnitud de la falta. Seg\u00fan la incidencia que haya tenido en el consentimiento, al fin de cuentas, es lo que va a determinar la nulidad relativa. <\/p>\n
Relacionado con el requisito de la trascendencia, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al exigirlo. La norma la contempla. Establece que la reticencia o inexactitud, como causa de nulidad relativa del seguro, tiene lugar cuando de haberla conocido el asegurador lo \u00abhubiere retra\u00eddo de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas\u00bb. <\/p>\n
3.2.7. Para finalizar, la respuesta al cargo por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del 1058 del C\u00f3digo de Comercio, debe tenerse en cuenta que \u00e9sta Corte, con relaci\u00f3n a la reticencia, ha venido haciendo una lectura del precepto siguiendo los principios, derechos y valores constitucionales, tal cual se ha venido razonando, construyendo algunos criterios o est\u00e1ndares: 1. Buena fe. Mediante una doctrina probable, tal cual qued\u00f3 atr\u00e1s trasuntada, la buena fe tambi\u00e9n cobija a la aseguradora, para hacer pesquisas al momento de la celebraci\u00f3n del contrato sobre las condiciones de asegurabilidad del tomador. La buena fe se presume y la ub\u00e9rrima bonna fides, se aplica por igual para los contratantes, y as\u00ed por ejemplo, en la declaraci\u00f3n de voluntad, como la del riesgo, se hallan arropadas por la presunci\u00f3n de validez, de modo que quien alega el motivo de ineficacia, debe proporcionar los elementos de convicci\u00f3n para demostrar el vicio, porque antes del decreto se reputa v\u00e1lida13. 2. La mala fe debe probarse. Lo anterior conduce a establecer, que compete a la aseguradora, probar la mala fe por parte del tomador o del asegurado, para inferir si proced\u00eda retraerse del contrato o modificar las condiciones econ\u00f3micas del mismo. 3. La necesidad de probar el nexo de causalidad o el efecto trascendente entre la declaraci\u00f3n de voluntad reticente o inexacta en el riesgo o en el siniestro; siendo necesario demostrar esa relaci\u00f3n consecuencial de causa a efecto, o de concordancia entre lo inexacto u omitido y el siniestro. Es decir, se debe establecer cual fue la trascendencia de la preexistencia y la situaci\u00f3n m\u00e9dica que genera el siniestro. 4. El deber y la posibilidad de practicar ex\u00e1menes m\u00e9dicos, cuando se trata del seguro de vida, por discurrir con un aspecto crucial y un derecho fundamental del tomador-beneficiario de la prestaci\u00f3n aseguraticia. Este punto por ejemplo, aparece en la sentencia T-832 de octubre de 2010, entre otras. 5. La obligaci\u00f3n de hacer una interpretaci\u00f3n pro consumatore de la p\u00f3liza al tratarse de un contrato de adhesi\u00f3n. Tanto, en diversos recursos de casaci\u00f3n, como en materia de tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, en reciente acci\u00f3n constitucional por unanimidad, en la radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2020-00827-00, la Sala realz\u00f3 la doctrina de la sentencia T-282 de 2016, donde se explican algunos de los criterios expuestos antes: <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, la obligaci\u00f3n de las aseguradoras para determinar el pago o no de una indemnizaci\u00f3n excede la de demostrar la ocurrencia de una presunta preexistencia no comunicada por el tomador. [\u2026] <\/p>\n
\u00ab22. Es por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la existencia de la figura de la \u201creticencia\u201d, deber\u00e1 demostrar el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, de forma clara y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte contractual que tiene la carga de probar dicho elemento objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad en el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00abEl hecho de que la carga de la prueba de la relaci\u00f3n de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro recaiga en la aseguradora previene que los usuarios reciban objeciones por raz\u00f3n de preexistencias que en nada inciden con la ocurrencia del siniestro. Esta medida tiene como prop\u00f3sito evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab23. Ahora bien, la Sala resalta que, tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la aseguradora que alega reticencia, adem\u00e1s de probar este elemento objetivo: a saber, el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro, tiene la obligaci\u00f3n de probar el elemento subjetivo, esto es, la mala fe del tomador. En consecuencia, la aseguradora tiene una doble carga: i) por un lado, probar que existe una relaci\u00f3n inescindible entre la condici\u00f3n m\u00e9dica preexistente y el siniestro acaecido, y ii) por otro, demostrar que el tomador actu\u00f3 de mala fe, y que voluntariamente omiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de dicha condici\u00f3n\u00bb (negrillas del texto original y subrayas de la Sala) <\/p>\n
Sin embargo, la premisa de la causalidad a la que alude la tutela de la radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2020-00827-00, al citar la sentencia T-282 de 2016, ya hab\u00eda sido expuesta por esta Sala en varias providencias, como en la siguiente: <\/p>\n
\u00abResulta tan significativo lo expuesto en los p\u00e1rrafos anteriores, que si la (\u2026) aseguradora \u2013en su oportunidad- hubiera conocido los (\u2026) hechos alusivos al riesgo, muy seguramente, dependiendo de su fuerza intr\u00ednseca, de su adecuaci\u00f3n causal, se hubiera abstenido de contratar o, por lo menos, no en las mismas condiciones econ\u00f3micas, criterio (\u2026) prohijado por la codificaci\u00f3n comercial para establecer, a manera de ‘progn\u00f3sis p\u00f3stuma’, s\u00ed en efecto las reticencias o las inexactitudes en que haya incurrido el otrora candidato a tomador, conforme a las circunstancias, fueron determinantes de cara al juicio volitivo realizado por el asegurador, situaci\u00f3n frente a la cual, en caso afirmativo, ser\u00e1 procedente la declaratoria de la nulidad (\u2026). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Establecido lo que precede (\u2026), se torna imperativo registrar que en la legislaci\u00f3n colombiana, per se, no toda reticencia o no toda inexactitud est\u00e1n llamadas, ineluctablemente, a eclipsar la intentio del asegurador (\u2026). De ah\u00ed que en determinadas y muy precisas circunstancias, en puridad, puede mediar un ocultamiento; aflorar una distorsi\u00f3n o fraguarse una falsedad de \u00edndole informativa y, no por ello (\u2026) abrirse paso la anulaci\u00f3n (\u2026), dado que en punto tocante con vicisitudes advertidas -o advertibles- por la entidad aseguradora durante la fase reservada a la formaci\u00f3n del v\u00ednculo aseguraticio (\u2026) el legislador elimin\u00f3 la posibilidad de decretar la sanci\u00f3n ex lege asignada a las prenotadas reticencia o inexactitud: la nulidad relativa (\u2026)\u00bb14. <\/p>\n
Y esa forma de comprender la reticencia, vino a ser reiterada en la T-027 de 2019 por la Corte Constitucional, enfatizando que la aseguradora deb\u00eda acreditar: i) El nexo causal entre las patolog\u00edas que padec\u00eda el tomador para la \u00e9poca en que suscribi\u00f3 el contrato de seguro (preexistencia) y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, y ii) La mala fe al celebrar dicho negocio jur\u00eddico; carga que en el presente caso no se atendi\u00f3. En este antecedente, dijo la hom\u00f3loga constitucional: <\/p>\n
\u00ab\u201c(\u2026) [L]a carga que tiene la aseguradora de estipular en el texto de la p\u00f3liza, en forma clara y expresa, las condiciones generales en donde se incluyan todos los elementos de la esencia del contrato y los que se consideren convenientes para determinar el riesgo asegurable, de forma tal que, si se excluye alguna cobertura, \u00e9sta deber\u00e1 ser determinable para que, en forma posterior, la entidad aseguradora no pueda alegar en su favor las ambig\u00fcedades o vac\u00edos del texto elaborado por ella. <\/p>\n
\u00ab[E]l deber de aplicar la interpretaci\u00f3n pro consumatore, es decir, que en casos en los cuales se verifique la existencia de cl\u00e1usulas ambiguas o vagas, \u00e9stas deber\u00e1n interpretarse a favor del usuario, en virtud del art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n y del art\u00edculo 1624 inciso 2 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u00ab[D]esplegar todas las conductas pertinentes para, por una parte, fijar adecuadamente las condiciones del contrato de seguro y, por otra parte, comprobar el elemento subjetivo en la configuraci\u00f3n de reticencia. Sobre el despliegue de las conductas pertinentes, podr\u00eda decirse que ellas est\u00e1n encaminadas a que el asegurador verifique que, efectivamente, hay correspondencia entre la informaci\u00f3n brindada y el estado real del tomador (o asegurado). Esta correspondencia se logra a trav\u00e9s de acciones tales como: a) elaborar una declaraci\u00f3n de asegurabilidad que le permita al tomador (o asegurado), informar sinceramente sobre su estado de salud \u2013en otras palabras, elaborar declaraciones con cuestionarios adecuados y no simples declaraciones generales\u2013; b) solicitar la autorizaci\u00f3n a la historia cl\u00ednica y realizar una verificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n hecha por el tomador o asegurado, para poder establecer las condiciones contractuales y; c) en algunos casos, realizar los ex\u00e1menes m\u00e9dicos pertinentes para corroborar lo declarado por el tomador o asegurado\u00bb15. <\/p>\n
3.2.7. El cargo, en consecuencia, se encuentra llamado al fracaso. <\/p>\n
3.3. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
3.3.1. Acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1036, 1037, 1045, 1054, 1056, 1072 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.3.2. Seg\u00fan la censura, el Tribunal se equivoc\u00f3 al fijar la incapacidad del demandante, Manuel Antonio Palacio Torres, superior al 75%. <\/p>\n
3.3.2.1. Desacert\u00f3 al valorar el escrito de aclaraciones y complementaci\u00f3n del dictamen elaborado por la Junta Regional de Invalidez. <\/p>\n
Para el efecto se tomaron los par\u00e1metros del Decreto 917 de 1999. Conforme a esa normatividad el resultado de invalidez equival\u00eda al 50.20%. El perito, no obstante, decidi\u00f3 aplicar el decreto 1335 de 1968, por cuanto el actor se \u00abdesempe\u00f1aba como docente del magisterio\u00bb. Esa consideraci\u00f3n, dice, es jur\u00eddica, no f\u00e1ctica, y es distinta al \u00abgrado de invalidez en trat\u00e1ndose de un contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
3.3.2.2. Pretiri\u00f3 el testimonio de C\u00e9sar Augusto Carrascal Anzo\u00e1tegui, m\u00e9dico laboral, autor del dictamen aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda. En su declaraci\u00f3n explic\u00f3 que la incapacidad del precursor es inferior al porcentaje estipulado (75%) para la ocurrencia del riesgo amparado en la p\u00f3liza accidentes personales. <\/p>\n
Acota, por esto, la incapacidad de la Junta Regional de Invalidez es equivocada. Resultaba de tomar patolog\u00edas anteriores que aquejaban al demandante. Todo sin relaci\u00f3n alguna con el accidente de tr\u00e1nsito. Y no era posible aplicar el decreto 3135 de 1968, como tampoco la normatividad del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pues el hecho del siniestro no ocurri\u00f3 en ejercicio de la actividad laboral. Correspond\u00eda, entonces, era aplicar el Decreto 917 de 1999. <\/p>\n
3.3.2.3. Cercen\u00f3 el dictamen elaborado por C\u00e9sar Augusto Carrascal Anzo\u00e1tegui, aportado con la contestaci\u00f3n a la demanda. Prueba con la cual se demostraba que las lesiones producidas en el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en enero de 2008, \u00fanicamente generaron una incapacidad equivalente el 34.96%. La experticia, sin embargo, fue descartada por haberse sustentado en la historia cl\u00ednica y no en el examen directo del paciente. <\/p>\n
3.3.3. Considera la recurrente, por tanto, que el fallo impugnado debe ser casado y proceder de conformidad. <\/p>\n
3.4.1. Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1602 del C\u00f3digo Civil, 1056 del C\u00f3digo de Comercio y 38 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
3.4.2. Para la censura, el Tribunal se equivoc\u00f3 al confrontar la cobertura del contrato de seguro, una incapacidad total permanente superior al 75%, con la constitutiva de invalidez laboral, 50% o m\u00e1s, establecida en el r\u00e9gimen de seguridad social. Esto, para significar que aquella era contraria a esta \u00faltima. <\/p>\n
El error consisti\u00f3 en aplicar al r\u00e9gimen de los seguros comerciales privados el sistema de seguridad social. Lo mismo, al exigir, contrariando la autonom\u00eda privada, una incapacidad laboral igual o superior al 50%. <\/p>\n
3.4.3. Solicita, en consecuencia, casar la sentencia del ad-quem, revocar la del juzgado y negar las pretensiones. <\/p>\n
3.5. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.5.1. El estudio conjunto de los cargos se justifica. Como se observa, ambas acusaciones se refieren al seguro de accidentes personales. Si bien el Tribunal consider\u00f3 que la cobertura de incapacidad laboral amparado no deb\u00eda ser superior al exigido en el sistema de seguridad social, cierto es, encontr\u00f3 que el porcentaje al respecto demostrado hab\u00eda sido superior al 75% estipulado en la p\u00f3liza. <\/p>\n
El cargo tercero, por tanto, solo tendr\u00eda trascendencia en la hip\u00f3tesis de quedar desvirtuado que el porcentaje de incapacidad laboral sufrido en el accidente era inferior a dicho 75%. En definitiva, la acusaci\u00f3n enderezada por la v\u00eda directa, pende de lo que se fije probatoriamente en el punto. <\/p>\n
3.5.2. Los errores de hecho en casaci\u00f3n, bien se sabe, se refieren a la materialidad y objetividad de las pruebas. Por una parte, se asocian con su presencia f\u00edsica en el proceso. Por otra, con la fijaci\u00f3n de su contenido. Lo primero ocurre cuando se omiten o se inventan. Y lo segundo, supuesta su verificaci\u00f3n material, cuando se tergiversan por adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. <\/p>\n
Requieren para su estructuraci\u00f3n, adem\u00e1s, en cualquier hip\u00f3tesis, que sean manifiestos o evidentes, esto es, perceptibles a los sentidos. Igualmente, trascendentes o incidentes, lo cual traduce en que hayan determinado la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto. <\/p>\n
Las faltas, por lo mismo, deben referirse a cada prueba en particular. Si para verificarlas se confrontan medios, los errores ser\u00edan inexistentes. Dicho trabajo supone que los distintos elementos de juicio fueron valorados en forma acertada en los campos material y objetivo. La labor de mostrar incompatibilidades, concatenaciones, exclusiones y conclusiones probatorias, o de controvertir la licitud o legalidad de las pruebas, corresponde a pol\u00e9micas de raciocinio o de diagnosis jur\u00eddica y no de los sentidos. <\/p>\n
Los problemas de fijaci\u00f3n de hechos, menos pueden confundirse con su subsunci\u00f3n normativa. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial implica para el recurrente aceptar todo el contenido f\u00e1ctico en la forma como fue se\u00f1alado por el Tribunal. En tal caso, los errores iuris in iudicando se relacionan \u00fanicamente con la aplicaci\u00f3n, inaplicaci\u00f3n y alcance de los preceptos que, conforme a los hechos establecidos, eran los llamados a gobernar el caso. <\/p>\n
3.5.3. Las precisiones anteriores son de capital importancia hacerlas, en direcci\u00f3n de resolver los errores de hecho probatorios enrostrados. <\/p>\n
3.5.3.1. Relacionado con la apreciaci\u00f3n del escrito de aclaraciones y complementaciones del dictamen de la Junta Regional de Invalidez, los errores son inexistentes. <\/p>\n
Para la censura, dicha prueba determin\u00f3 una invalidez del 50.20%, todo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 917 de 1999. Esto mismo lo advirti\u00f3 el ad-quem, al concluir \u00abuna p\u00e9rdida de capacidad laboral de 50.20 % seg\u00fan Decreto 917 de 1999 que, homologado para el Magisterio, queda en un porcentaje del 75.15 por ciento con origen en accidente com\u00fan (tr\u00e1nsito) seg\u00fan decreto 3135 de 1968\u00bb. <\/p>\n
En lugar de disensos probatorios lo que se aprecia son consensos. La divergencia radica es en las equivalencias consagradas para el personal \u00abdocente del magisterio\u00bb. Esa cuesti\u00f3n, como se advierte en el mismo cargo, ata\u00f1e es a un \u00abasunto jur\u00eddico\u00bb, no factual, por \u00abentero distinta a la determinaci\u00f3n del grado de invalidez en trat\u00e1ndose de un contrato de seguro\u00bb. En \u00faltimas, el problema ser\u00eda de subsunci\u00f3n normativa del hecho probado. <\/p>\n
3.5.3.2. La declaraci\u00f3n del m\u00e9dico laboral, C\u00e9sar Augusto Carrascal Anzo\u00e1tegui, as\u00ed como el dictamen que el mismo deponente realiz\u00f3 para ser aportado con la respuesta a la demanda, nada pudo ser valorado erradamente. <\/p>\n
El Tribunal, simplemente, encontr\u00f3 desvirtuadas esas pruebas. Esto implica que la existencia material de tales medios no solo fue constatada, sino que su contenido no fue tergiversado. Distinto es que no se les haya dado cr\u00e9dito. De un lado, por venir revestido el dictamen de la Junta Regional de Invalidez de \u00abinmediaci\u00f3n al ser el resultado del contacto directo con la v\u00edctima\u00bb. De otro, porque la prueba sobre el particular proveniente de la \u00abaseguradora BBVA (\u2026) se bas\u00f3 \u00fanicamente en las historias cl\u00ednicas\u00bb. <\/p>\n
Las faltas, en la hip\u00f3tesis de haber existido, ser\u00edan de valoraci\u00f3n de las pruebas en conjunto conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica. Independientemente de los porcentajes de incapacidad indicados en el dictamen aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda y en el testimonio del m\u00e9dico laboral, la aseguradora debi\u00f3 aplicarse a poner de presente que la prueba infirmada no era la aportada por ella, sino la que proven\u00eda de la Junta Regional de Invalidez. <\/p>\n
3.5.4. Lo discurrido lleva a seguir que los errores estrictamente jur\u00eddicos denunciados en el cargo tercero, no se configuran. La vida de los mismos pend\u00eda de desvirtuar las conclusiones del Tribunal que se\u00f1alaban la homologaci\u00f3n del porcentaje de incapacidad permanente superior al 75%, ciertamente, al pactado en la p\u00f3liza. <\/p>\n
Como tiene explicado la Corte, \u00ab(\u2026) cuando la sentencia se basa en varios motivos jur\u00eddicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u00bb16. <\/p>\n
Significa lo dicho que en el eventual caso de haberse equivocado el Tribunal al hacer actuar el porcentaje de incapacidad laboral establecido en el sistema de seguridad social, por encima del pactado en la p\u00f3liza de accidentes personales, la sentencia no podr\u00eda ser casada. Esto al quedar indemne que dicho porcentaje, en todo caso, fue sobrepasado, todo, en virtud de la \u00abhomologaci\u00f3n que se hace al ser el tomador integrante del Magisterio\u00bb. <\/p>\n
Empero, en el fondo del asunto, el presunto yerro tambi\u00e9n deviene deleznable por dos razones: La primera tocante con la legalidad de la prueba pericial rendida por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n, que de ning\u00fan modo se halla incursa en yerro facti in iudicando en la modalidad de derecho, por cuanto ese medio no es inconducente o ineficaz, para estimar p\u00e9rdidas de capacidad laboral en el \u00e1mbito aseguraticio, pues para su funci\u00f3n proced\u00eda como organismo autorizado por el ordenamiento para realizar la calificaci\u00f3n de la invalidez, como un aut\u00e9ntico perito calificado, conforme al art\u00edculo 3 numeral 1\u00ba del Decreto 2463 de 200117, vigente para entonces18, y seg\u00fan el cual, se dispon\u00eda: \u00abCalificaci\u00f3n del grado de p\u00e9rdida de la capacidad laboral. Corresponder\u00e1 a las siguientes entidades calificar el grado de p\u00e9rdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad: <\/p>\n
\u00ab1. Las juntas regionales de calificaci\u00f3n de invalidez decidir\u00e1n sobre las solicitudes de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuaci\u00f3n ser\u00e1 como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificaci\u00f3n de invalidez tambi\u00e9n actuar\u00e1n como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compa\u00f1\u00edas de seguros cuando se requiera calificar la p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb (se subraya). <\/p>\n
La segunda raz\u00f3n que torna eficaz la prueba pericial de la Junta, en relaci\u00f3n con la p\u00f3liza, tiene que ver con cuanto se razona l\u00edneas adelante, en el \u00edtem siguiente, en lo relativo a los deberes mayores con relaci\u00f3n a los textos de las p\u00f3lizas, que por virtud de la posici\u00f3n dominante corresponden al asegurador. <\/p>\n
3.5.5. No puede perderse de vista que las \u00ablesiones corporales\u00bb deb\u00edan provenir directamente del riesgo de accidentes personales; por lo tanto, la incapacidad total permanente deb\u00eda estar estrechamente vinculada con el quehacer o actividad del asegurado. <\/p>\n
As\u00ed se previ\u00f3 en la cl\u00e1usula primera de la p\u00f3liza. Una de las \u00abp\u00e9rdidas o inutilizaci\u00f3n\u00bb amparadas, precisamente, se relacionaba con la \u00abincapacidad total y permanente que le impida al asegurado desempe\u00f1ar en forma total y permanente su ocupaci\u00f3n habitual o empleo para el cual est\u00e9 razonablemente calificado por causa de su educaci\u00f3n, entrenamiento o experiencia y cuyo dictamen de invalidez indique una p\u00e9rdida funcional igual o superior al 75%\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que la condici\u00f3n del asegurado como \u00abdocente del magisterio\u00bb era preponderante. Las \u00abp\u00e9rdidas o inutilizaci\u00f3n\u00bb deb\u00edan estar atadas a su profesi\u00f3n. De ah\u00ed que, al margen de las diferencias entre el r\u00e9gimen de seguridad social y las coberturas de las p\u00f3lizas de seguros, resultaba razonable aplicar los porcentajes establecidos para el personal docente del magisterio. <\/p>\n
La posibilidad de restricci\u00f3n en la determinaci\u00f3n de los porcentajes de incapacidad total permanente debi\u00f3 pactarse expresamente. En el caso, que solo aplicaban las establecidas en el Decreto 917 de 1999, contentivo del Manual \u00danico para la calificaci\u00f3n de invalidez19, y no el resultado de la homologaci\u00f3n prevista para el personal docente del magisterio, aludido en el Decreto 1335 de 1968. Como as\u00ed no fue estipulado, la profesi\u00f3n del asegurado es la que prevalece para dichos prop\u00f3sitos. Precisamente, se trata de la aplicaci\u00f3n de los principios, valores y derechos que desde el ordenamiento, partiendo de la supremac\u00eda constitucional irradian todas las leyes, tal como el principio pro consumatore, previsto en las reglas del derecho del consumidor y usuarios de servicios. <\/p>\n
En el punto, recu\u00e9rdese, que la Sala, as\u00ed como la Corte Constitucional, han venido sosteniendo que como el contrato de seguros es de adhesi\u00f3n, y que en la actividad, la compa\u00f1\u00eda ostenta posici\u00f3n dominante, los deberes son superiores. El m\u00e1ximo juez constitucional en el punto, al acrisolar con mayor rigor, su doctrina, recientemente ha dicho: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el asegurador, al ser quien ostenta la posici\u00f3n dominante y quien define las condiciones del contrato de seguro, est\u00e1 sujeta a unos deberes mayores. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) El primero de ellos consiste en la carga que tiene la aseguradora de estipular en el texto de la p\u00f3liza, en forma clara y expresa, las condiciones generales en donde se incluyan todos los elementos de la esencia del contrato y los que se consideren convenientes para determinar el riesgo asegurable, de forma tal que si se excluye alguna cobertura, \u00e9sta deber\u00e1 ser determinable para que, en forma posterior, la entidad aseguradora no pueda alegar en su favor las ambig\u00fcedades o vac\u00edos del texto elaborado por ella. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026)El segundo \u2013consecuencia del primero\u2013 es el deber de aplicar la interpretaci\u00f3n pro consumatore, es decir, que en casos en los cuales se verifique la existencia de cl\u00e1usulas ambiguas o vagas, \u00e9stas deber\u00e1n interpretarse a favor del usuario, en virtud del art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n y del art\u00edculo 1624 inciso 2 del C\u00f3digo Civil\u00bb20. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la interpretaci\u00f3n de la p\u00f3liza debi\u00f3 realizarse por la aseguradora siguiendo el principio pro consumatore, resolviendo toda duda a favor del asegurado o usuario, y adem\u00e1s, en la p\u00f3liza m\u00edsma debi\u00f3 expresar que exclu\u00eda para el tomador la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial de los docentes, o los dem\u00e1s aspectos que ahora reprocha con relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n aseguraticia, mediante cl\u00e1usulas expresas y claras, las coberturas o los asuntos que no cobijaba o los cl\u00e1usulas convenientes para estimar de manera precisa el riesgo asegurable. <\/p>\n
3.5.6. Lo expuesto es suficiente para negarle prosperidad a cualquiera de los cargos conjuntados. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 18 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia de Descongesti\u00f3n, en el proceso seguido por Manuel Antonio Palacio Torres, quien cedi\u00f3 los derechos a Silvestre Marcelo Aroca Cotes, frente a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de la demandada recurrente. Ante la oposici\u00f3n formulada, en la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000.oo) por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo pertinente vuelva el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Con salvamento de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-003-2009-00143-01 <\/p>\n
De acuerdo a lo expresado en la sala de decisi\u00f3n, me permito sustentar mi SALVAMENTO DE VOTO frente a lo decidido por la sala mayoritaria del 26 de noviembre de 2020, que decidi\u00f3 no casar la sentencia del d\u00eda 18 de diciembre de 2013. <\/p>\n
Se sabe que tanto la decisi\u00f3n de primera instancia como la que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, condenaron a la recurrente a pagar al asegurado las sumas pactadas en el contrato de seguro, lo cual fue motivo de inconformidad de la entidad aseguradora en ambas instancias, y ahora en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n se acus\u00f3 la sentencia de violar de manera directa el art\u00edculo 1058 del c\u00f3digo de comercio al negar la nulidad relativa del contrato a causa de la reticencia, pues lo expresamente dicho por la norma respecto a las sanciones legales establecidas en la ley para el caso de callar o declarar en forma inexacta sobre el estado de riesgo, fue modificado agregando condiciones que la ley no trae. <\/p>\n
En consecuencia, considero que ha debido casarse la sentencia recurrida con fundamento en el cargo primero propuesto, es decir aceptando que el contrato de seguro estuvo afectado de nulidad relativa a Causa de la reticencia. <\/p>\n
En las explicaciones dadas por los otros dos votos disidentes, que comparto plenamente, se explic\u00f3 claramente c\u00f3mo la posici\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Civil, que es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria respecto al tema, ha sido constante en la interpretaci\u00f3n de la norma invocada por la recurrente sin agregarle exigencias adicionales relacionadas con la relaci\u00f3n de causalidad o demostraciones relacionadas con la mala fe. <\/p>\n
No obstante, para no repetir los argumentos dados en los mencionados escritos, considero suficiente referirme a ellos para se\u00f1alar que, no solo sustentan una aclaraci\u00f3n como en ellos se manifiesta sino que constituyen una verdadera posici\u00f3n de salvamento de voto porque fijan de manera certera una razones y fundamentos que son contrarios a los expuestos en el proyecto aprobado, y que por lo tanto no es un mero desacuerdo con la parte motiva de la sentencia sino que en forma total est\u00e1n en contra de la decisi\u00f3n o parte resolutiva de la sentencia. <\/p>\n
Primero que todo, considero que la providencia recurrida invoca de manera inadecuada y absurda el precedente constitucional en materia de tutela sin advertir que no constituye jurisprudencia en el campo civil, pues dichos estudios se refieren exclusivamente a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales de los solicitantes y con efectos interpartes sin capacidad para reformar la doctrina legal probable de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, como se explic\u00f3 claramente en uno de los votos disidentes, dicho precedente no ha sido consistente y constante, sino que por el contrario, viene dando tumbos sin encontrar unidad y permanencia. Y finalmente, que la misma Corte Constitucional ha reconocido en m\u00e1s de una providencia, que la funci\u00f3n de interpretar esos contratos no le corresponde a esa jurisdicci\u00f3n sino a la civil. <\/p>\n
En el otro voto en contra tambi\u00e9n se recuerda cu\u00e1l es la posici\u00f3n doctrinal de esta Corte, advirtiendo que no ha operado ning\u00fan cambio de jurisprudencia con las formalidades que ello precisa, no bastando para que aparezca una nueva doctrina la existencia ocasional de posiciones diferentes pero no conscientes de esa mutaci\u00f3n. Tampoco puede variarse la doctrina con decisiones de tutela, as\u00ed sean de esta misma sala, mucho menos si se introduce de manera subrepticia o por equivocaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, considero que hay nulidad relativa o anulabilidad del contrato ante la reticencia del tomador\u201d porque al momento de suscribir el contrato cuando en la \u201cdeclaraci\u00f3n del estado de riesgo\u201d, no se inform\u00f3 de circunstancias importantes relacionadas con el estado de salud, o calla que se padece de patolog\u00edas m\u00e9dicas antes conocidas, sin la condici\u00f3n de tener que demostrar la existencia de mala fe, demostrar que se actu\u00f3 de mala fe y mucho menos la relaci\u00f3n de causalidad entre lo callado y la existencia del riesgo, precisamente porque se vici\u00f3 el consentimiento desde que se celebr\u00f3 el contrato y no desde que ocurri\u00f3 el hecho causante del da\u00f1o. Por esa raz\u00f3n debi\u00f3 casarse la sentencia recurrida y en su lugar proceder a negar las pretensiones de la demanda actuando la corte como tribunal de instancia. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, no solamente dejo sentada mi oposici\u00f3n a lo decidido en la sentencia, sino que adem\u00e1s dejo constancia de la imposibilidad de que una decisi\u00f3n as\u00ed tomada pueda constituir fundamento para una doctrina legal probable. <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-003-2009-00143-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, con relaci\u00f3n a los argumentos compendiados en el numeral 3.2.7. de esta providencia (ff. 16 a 18), pues en ese aparte se reproduce un fallo de tutela21 con el que pretende modificarse \u2013sin ser ello necesario para definir la suerte del recurso extraordinario\u2013 el precedente de la Corte en materia de reticencia, acogiendo una tesis que, adem\u00e1s de insular, es contraria al pac\u00edfico entendimiento de la doctrina y jurisprudencia especializadas sobre aquel vicio del contrato de seguros. <\/p>\n
1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de seguro de vida grupo deudores. <\/p>\n
Antes de analizar la problem\u00e1tica planteada, considero necesario insistir en que, a diferencia de lo que se sugiri\u00f3 en la providencia materia de estas l\u00edneas, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional no ha expresado una postura un\u00edvoca frente a los efectos de la reticencia en la aludida tipolog\u00eda aseguraticia (contratos de seguro de vida grupo deudores). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese el marco f\u00e1ctico de este tipo de litigios: el deudor de un cr\u00e9dito, que a su turno es asegurado en el marco de un \u00abseguro de vida grupo deudores\u00bb22, fallece o sufre una enfermedad o accidente que afecta sensiblemente su capacidad laboral23, materializ\u00e1ndose el riesgo asegurado. El obligado o sus familiares, seg\u00fan el caso, reclaman la efectividad del seguro24 (esto es, el pago total del saldo del cr\u00e9dito a la entidad acreedora), pedimento que la aseguradora niega dado que aquel hab\u00eda omitido declarar sinceramente el estado del riesgo, al no poner de presente alg\u00fan padecimiento que afectaba su salud para una \u00e9poca anterior a la fecha de celebraci\u00f3n del negocio aseguraticio, comprometiendo as\u00ed su validez. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita da origen a una tensi\u00f3n evidente, entre (i) La aplicaci\u00f3n estricta de las reglas positivas del ordenamiento mercantil25, especialmente el principio de \u00abub\u00e9rrima buena fe\u00bb26, propio del contrato de seguro, que permiten inferir que cualquier doblez del asegurado al declarar el estado del riesgo da lugar a la nulidad relativa del negocio aseguraticio27; y (ii) La morigeraci\u00f3n de la carga del asegurado, atendiendo a su estado de debilidad manifiesta (que lo hace sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional28), la posici\u00f3n contractual dominante de la aseguradora y su condici\u00f3n de profesional en la materia, circunstancias que aminorar\u00edan la relevancia de una declaraci\u00f3n omisiva, en procura de mantener la validez del contrato de seguro. <\/p>\n
Entre ambas opciones hermen\u00e9uticas ha trasegado la Corte Constitucional, tanto al analizar decisiones judiciales relacionadas con esta tem\u00e1tica, como al evaluar directamente la conducta de las aseguradoras sin un juicio declarativo precedente, dando origen a un arduo debate (que no est\u00e1 zanjado definitivamente), de cuya definici\u00f3n depende no solo la suerte de los asegurados, sino tambi\u00e9n la estructura jur\u00eddico-econ\u00f3mica de esta rama especial\u00edsima de los seguros de personas. <\/p>\n
El primer pronunciamiento relevante para reconstruir la l\u00ednea de pensamiento de la Corte Constitucional se dio cuando dicho cuerpo colegiado declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, tras precisar que <\/p>\n
\u00ab(…) al asegurador no se le puede exigir que inspeccione toda la masa de riesgos que contractualmente asume, debe reconocerse que \u00e9l contrae sus obligaciones, en la mayor\u00eda de los casos, solamente con base en el dicho del tomador (\u2026). Aseverar que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei contractus, significa, ni m\u00e1s ni menos, sostener que en \u00e9l no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad com\u00fanmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la m\u00e1xima calidad, esto es, llevadas al extremo\u00bb (Sentencia C-232 de 1997). <\/p>\n
Varios a\u00f1os despu\u00e9s, en la sentencia T-832 de 21 de octubre 2010, la Corporaci\u00f3n modific\u00f3 ese entendimiento, concluyendo, a partir de precedentes jurisprudenciales relacionados con el contrato de seguro de salud (y la fecha de acaecimiento del siniestro en amparos de incapacidad total y permanente29), que la aseguradora accionada hab\u00eda sido \u00abnegligente al omitir realizar los respectivos ex\u00e1menes m\u00e9dicos o exigir la entrega de unos recientes, para as\u00ed determinar el estado de salud de la peticionaria\u00bb. <\/p>\n
Esta regla fue recogida en la sentencia T-086 de 16 de febrero de 2012, en la que se dijo que <\/p>\n
\u00ab(…) en desarrollo del principio de la buena fe, las partes deben declarar con exactitud las circunstancias que constituyen el estado del riesgo, con el fin de asegurar la libertad y transparencia en la contrataci\u00f3n. En caso de reticencia o inexactitud, bien por declarar la verdad a medias o con errores o mediante el encubrimiento de la verdad en la declaraci\u00f3n, se produce la nulidad relativa del contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en ese entendimiento, se consider\u00f3 que la reticencia en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo y la exculpaci\u00f3n de la omisi\u00f3n del asegurado ante la ausencia de ex\u00e1menes m\u00e9dicos previos son debates que \u00abcorresponden estrictamente a la esfera del derecho comercial\u00bb y que, por lo mismo, deben ventilarse ante los jueces ordinarios civiles, siguiendo las reglas previstas en la normativa mercantil. <\/p>\n
Sin embargo, en la siguiente oportunidad en la que la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 sobre este punto, esto es, en la sentencia T-342 de 13 de junio de 2013, la posici\u00f3n fue otra vez alterada (retomando la que se plasm\u00f3 en T-832 de 2010), aduciendo que, como la aseguradora \u00abomiti\u00f3 realizar los respectivos ex\u00e1menes m\u00e9dicos o exigir la entrega de unos recientes, para determinar el estado de salud del demandante\u00bb, no pod\u00eda alegar la \u00abpreexistencia\u00bb de la patolog\u00eda que dio origen a la incapacidad laboral definitiva. <\/p>\n
Vale anotar que en la providencia en menci\u00f3n empez\u00f3 a vislumbrarse una herramienta discursiva para resolver disputas de esta \u00edndole, seg\u00fan la cual la sola presencia de una enfermedad preexistente no ser\u00eda sin\u00f3nimo de reticencia, raciocinio incuestionable cuyo protagonismo en esta l\u00ednea jurisprudencial solo se explica por el uso anal\u00f3gico de reglas dise\u00f1adas para seguros de salud, en los que algunas preexistencias30 se asimilan a exclusiones. <\/p>\n
No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia T-193 de 1 de abril de 2014, confirm\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo que reclam\u00f3 una aseguradora en contra de la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, Corporaci\u00f3n que hab\u00eda ordenado la efectividad de un seguro de vida grupo deudores sin reparar en la reticencia en la que hab\u00eda incurrido el asegurado. <\/p>\n
A su juicio, el yerro del ente accionado habr\u00eda derivado del desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, seg\u00fan el cual <\/p>\n
\u00ab(…) el asegurado (…) debe informar sinceramente sobre su estado de salud, para los efectos de los riesgos que se pretenden asegurar, sin que le sea exigible, al asegurador entrar a realizar indagaciones o escudri\u00f1amiento sobre la declaraci\u00f3n emitida por el futuro asegurado o tomador, puesto que se presume una buena fe extrema en quien se pretende asegurar\u00bb. <\/p>\n
Aun a pesar de lo expl\u00edcito de este aserto, al d\u00eda siguiente la pluricitada Corporaci\u00f3n dict\u00f3 la sentencia T-222 de 2014, con la que volvi\u00f3 al otro extremo del debate constitucional, sentando las siguientes subreglas de interpretaci\u00f3n: (i) no necesariamente los casos de preexistencias son sin\u00f3nimo de reticencia, ya que el primer evento es objetivo, mientras que el segundo es subjetivo. Por tanto, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, y (iii) la reticencia no ser\u00e1 sancionada si el asegurador conoc\u00eda o pod\u00eda conocer los hechos en los que la misma se fundamenta. <\/p>\n
Una semana despu\u00e9s, la Corporaci\u00f3n en cita emiti\u00f3 la providencia T-245 de 2014, en la que evalu\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de denegar las pretensiones de un asegurado que hab\u00eda omitido declarar que padec\u00eda VIH para la fecha de celebraci\u00f3n del negocio aseguraticio. En esta ocasi\u00f3n, se concluy\u00f3 que el actuar de esa magistratura no merec\u00eda reproche, comoquiera que exigir al asegurado declarar su estado real de salud \u00abno resulta ser una exigencia desproporcionada, y s\u00ed evita que posteriormente el contrato sea declarado nulo\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en la sentencia T-437 de 2014 se retomaron las tres subreglas expuestas en la precitada sentencia T-222 de ese mismo a\u00f1o31, l\u00ednea de pensamiento que pareci\u00f3 consolidarse con la expedici\u00f3n de los fallos T-830 de 2014 y T-316 de 2015, en los que se precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) las aseguradoras tienen un conjunto de cargas o deberes que deben cumplir para impedir que con su actuar lesionen derechos fundamentales de sus usuarios (\u2026). No pueden alegar en su defensa que el tomador\/asegurado incurri\u00f3 en reticencia si conoc\u00edan o pod\u00edan conocer los hechos que dieron lugar a dicha reticencia, como en aquellos eventos en los que se abstuvieron de comprobar el estado de salud del asegurado al momento de tomar el seguro, por medio de la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes m\u00e9dicos o la exigencia de unos recientes\u00bb. <\/p>\n
Esta argumentaci\u00f3n fue reafirmada en los prove\u00eddos T-393 y T-452 de 2015, pero a rengl\u00f3n seguido, en la sentencia T-570 de 2015, la Corte Constitucional insisti\u00f3 en que la reticencia exige prueba de la mala fe del asegurado, pero consider\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es la v\u00eda id\u00f3nea\u00bb para pronunciarse sobre el fen\u00f3meno de decaimiento contractual en cita. Y en contrav\u00eda con esa determinaci\u00f3n, en esa misma jornada se expidi\u00f3 la sentencia T-577 de 2015, en la que se dijo lo contrario, arguyendo que \u00abdebido a que la buena fe se presume en todas las actuaciones, corresponde (\u2026) a las entidades aseguradoras probar la mala fe de los accionantes en la celebraci\u00f3n de los contratos [de seguro]\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se profiri\u00f3 la sentencia T-770 de 2015, en la que se dejaron de lado las subreglas construidas a partir del fallo T-222 de 2014, para utilizar de nuevo la argumentaci\u00f3n expuesta en los albores del debate (especialmente en T-832 de 2010), seg\u00fan la cual la falta de un examen m\u00e9dico previo justifica la eliminaci\u00f3n de los efectos de cualquier posible reticencia del asegurado; y m\u00e1s adelante, en sentencia T-024 de 2016 la Corte Constitucional retorn\u00f3 a la tesis de las cargas contractuales y probatorias de la aseguradora, solo para dejarla de lado (impl\u00edcitamente) menos de dos semanas despu\u00e9s, cuando en el fallo T-058 de 2016 volvi\u00f3 a asignar al juez ordinario la calificaci\u00f3n de la conducta del asegurado al declarar el estado del riesgo. <\/p>\n
La hip\u00f3tesis de la improcedencia de la tutela como herramienta para definir controversias contractuales del linaje de las aqu\u00ed referidas fue inmediatamente abandonada, pues en la decisi\u00f3n T-240 de 2016 se defendi\u00f3 la soluci\u00f3n del precedente mayoritario, aunque ahora a partir de una innovadora soluci\u00f3n: el seguro debe hacerse efectivo ante la ausencia de prueba de un nexo causal entre la patolog\u00eda cuya declaraci\u00f3n omiti\u00f3 el asegurado y aquella que origin\u00f3 el riesgo asegurado (la incapacidad laboral definitiva). <\/p>\n
Esta tesis, que fue la que innecesariamente intent\u00f3 reiterarse en el fallo objeto de estas l\u00edneas, sin amplio detalle sobre su incidencia frente a la teor\u00eda general del contrato de seguro, ni frente al debate concreto, se reiter\u00f3 en la providencia T-282 de 2016, donde la Corte Constitucional recab\u00f3 en que, en el asunto all\u00ed analizado, \u00abno se cumple el elemento objetivo de la reticencia, esto es, una preexistencia cuya relaci\u00f3n con la ocurrencia del siniestro est\u00e9 debidamente probada\u00bb. <\/p>\n
Dicha forma de razonar, que en mi respetuosa opini\u00f3n no concuerda cabalmente con la naturaleza misma de la instituci\u00f3n, como intentar\u00e9 explicarlo luego, fue abandonada en el siguiente pronunciamiento del \u00f3rgano de cierre ya citado, esto es, la sentencia T-501 de 2016, en la que se ratific\u00f3 que la calificaci\u00f3n de la conducta del asegurado desborda la \u00f3rbita de competencias del juez de tutela, buscando adem\u00e1s rectificar la postura orientada a exigir ex\u00e1menes m\u00e9dicos previos, aduciendo que <\/p>\n
\u00ab(…) si se desdibuja la obligaci\u00f3n de declarar sinceramente el estado del riesgo, exigiendo siempre \u2013a pesar del mandato legal32\u2013 la carga de realizar un examen m\u00e9dico y, por ende, de asumir los siniestros por enfermedades no declaradas, se estar\u00eda desconociendo el principio [de buena fe] que debe regir la actuaci\u00f3n de los contratantes, dando lugar a una relaci\u00f3n minada por la desconfianza y por la necesidad de descubrir aquello que la otra parte no est\u00e1 interesada en dar a conocer\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s pareci\u00f3 desecharse tal argumentaci\u00f3n, porque al expedir la sentencia T-670 de 2016, la Corte Constitucional se decant\u00f3 por apoyarse en el razonamiento relativo a la necesidad de demostrar la mala fe del asegurado para franquear el paso al alegato de reticencia, todo lo cual vino a ser revalidado en T-251 de 2017, en la que, luego de reconstruir (parcialmente) el debate antes resumido, se concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) quienes deben probar la reticencia son las aseguradoras, es decir, demostrar que el tomador actu\u00f3 de mala fe al momento de suscribir el contrato de seguro. En cuanto a las preexistencias, las compa\u00f1\u00edas de seguros act\u00faan negligentemente si no realizan los ex\u00e1menes m\u00e9dicos o exigen la entrega de unos recientes para as\u00ed verificar el verdadero estado de salud del asegurado. En suma, a pesar de existir enfermedades previas a la celebraci\u00f3n del contrato, ello no implica reticencia porque el deber de desvirtuar la buena fe estar\u00eda en cabeza de la compa\u00f1\u00eda de seguros\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se dict\u00f3 el fallo T-027 de 2019, en el que, sin muchos pormenores, se aplic\u00f3 una de las distintas hermen\u00e9uticas utilizadas al evaluar la reticencia en materia de seguros de vida grupo deudores: la necesidad de probar un nexo entre la patolog\u00eda cuya declaraci\u00f3n se omiti\u00f3 y la estructuraci\u00f3n del siniestro: <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional ha sostenido que el asegurador debe: a) probar la mala fe del tomador (o asegurado), pues solo el asegurador sabe si la enfermedad omitida lo har\u00eda desistir del contrato o hacerlo m\u00e1s oneroso y; b) demostrar el nexo de casualidad entre la preexistencia aludida y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro, a fin de evitar que las aseguradoras adopten una posici\u00f3n ventajosa y potencialmente atentatoria de los derechos fundamentales de los tomadores, los cuales se encuentran en una especial situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en virtud de la suscripci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A lo dicho se suma que, al optar por los precedentes que conforman el marco dogm\u00e1tico de cada una de sus sentencias, esa Colegiatura ha omitido referirse a las decisiones judiciales que contrar\u00edan la posici\u00f3n que se pretende defender en el momento, lo cual es especialmente llamativo frente a la sentencia C-232 de 1997, de cuyas conclusiones se separan (t\u00e1citamente) todas las decisiones que componen la tesis preponderante de la jurisprudencia, sin explicar por qu\u00e9 deb\u00eda dejarse de lado lo discurrido en ese fallo de constitucionalidad33. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, dest\u00e1case que la Corte Constitucional ha juzgado sin unidad de criterio la interpretaci\u00f3n del ordenamiento mercantil respecto de la reticencia efectuada por \u00f3rganos judiciales (en el marco de litigios civiles), y la que hacen las aseguradoras sobre el mismo tema, esto es la efectividad de un seguro de vida grupo deudores por reticencia del asegurado34. <\/p>\n
Por todo lo anterior, en el asunto sub examine resultaba forzoso rememorar completamente las l\u00edneas de pensamiento de los \u00f3rganos de cierre de la jurisdicci\u00f3n civil y constitucional, ya que un an\u00e1lisis fragmentario podr\u00eda llevar a pensar, improcedentemente, que posturas que son insulares y vacilantes constituyen un precedente consolidado, al que, por v\u00eda general, deber\u00edan plegarse los funcionarios judiciales. <\/p>\n
2. La reticencia en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Previamente qued\u00f3 sentado que la l\u00ednea de pensamiento que replic\u00f3 la Corte en el considerando 3.2.7., no constituye la \u00fanica postura de la Corte Constitucional frente a la problem\u00e1tica relacionada con la reticencia en seguros de vida grupo deudores. Pero a ello cabe adicionar que la tesis que se mostr\u00f3 como precedente constitucional consolidado, seg\u00fan la cual el \u00e9xito de la defensa de reticencia pende de la demostraci\u00f3n del \u00abnexo causal entre las patolog\u00edas que padec\u00eda el tomador para la \u00e9poca en que suscribi\u00f3 el contrato de seguro (preexistencia) y la condici\u00f3n m\u00e9dica que dio origen al siniestro\u00bb, es contraria a la postura que esta Corporaci\u00f3n ha defendido de manera inmodificable, en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Para explicar este punto, es pertinente recordar los rasgos de la reticencia, mencionados en reciente sentencia CSJ SC5327-2018, dic. 13: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con el art\u00edculo 1058 del C. de Co. la reticencia o inexactitud en que incurra el tomador del seguro acerca del estado del riesgo genera nulidad relativa del contrato, siempre que los datos omitidos o imprecisos sean relevantes para la calificaci\u00f3n del estado del riesgo. <\/p>\n
Esa inadvertencia, para afectar la validez de la convenci\u00f3n, debe ser trascendente, toda vez que, si la declaraci\u00f3n incompleta se concentra en aspectos que, conocidos por la aseguradora, no hubieran influido en su voluntad contractual, ninguna consecuencia se puede derivar en el sentido sancionatorio mencionado, todo lo cual se funda en la lealtad y buena fe que sustenta los actos de este linaje. <\/p>\n
De ese modo, son relevantes, al decir de la norma en cita, las inexactitudes y reticencias cuando \u00abconocidas por el asegurador, lo hubieren retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas (…)\u00bb, vale decir, la relevancia de la omisi\u00f3n o defectuosa declaraci\u00f3n del estado del riesgo tiene qu\u00e9 ver directamente con datos esenciales para la cabal expresi\u00f3n de la voluntad. <\/p>\n
(…) El tomador o el asegurado, en cumplimiento de la buena fe comercial, debe dar una informaci\u00f3n clara y fidedigna sobre el aspecto puntual que se le indaga, relativo al inter\u00e9s asegurable, pues si as\u00ed no lo hace, conduce a la compa\u00f1\u00eda a contratar con base en la creencia de hechos diversos a los que en verdad existen, esto es, la lleva a emitir el consentimiento cimentado en el error, lo cual es, sin duda, un vicio del consentimiento generador de nulidad relativa. <\/p>\n
Ahora bien, esas inexactitudes y reticencias son predicables del tomador, ya que \u00e9ste es el obligado \u201c… a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador (…)\u201d, como lo refiere el canon 1058 del C. de Comercio. De manera que, si \u00e9l conoc\u00eda la circunstancia omitida o pod\u00eda conocerla, hay lugar a la sanci\u00f3n de nulidad relativa por reticencia, pero si ignoraba ese hecho, por ejemplo, porque era del resorte del asegurado, cuando \u00e9ste es persona diferente del tomador, no es posible hablar de aquella. <\/p>\n
(…) Aunque es clara la intenci\u00f3n del legislador en cuanto evitar que las aseguradoras resulten sorprendidas y enga\u00f1adas por el virtual tomador de un seguro que no ha reportado con total sinceridad el estado del riesgo, no es menos cierto que la etapa de formaci\u00f3n del contrato y, en especial, del consentimiento, se debe auscultar en el marco de un equilibrio de informaci\u00f3n a cargo de los intervinientes en el acuerdo. <\/p>\n
En tal virtud, paralelo al deber del potencial tomador, ya indicado, en el otro v\u00e9rtice contractual recae tambi\u00e9n una carga de investigar adecuadamente las circunstancias que rodean el estado del riesgo, al punto que no resulta posible suponer que hubo enga\u00f1o o reticencia cuando la aseguradora no cumple con esa obligaci\u00f3n, pudiendo efectivamente hacerlo (art. 1058, inciso final, del C. de Co.), como lo sostuvo esta Sala en fallo CSJ SC 02 ago. 2001, Exp. 6146, cuando expuso: \u201cPor su relevancia funcional, a la vez que por su \u00edntima conexidad con el sub lite, cumple relievar que el conocimiento del asegurador al que se ha aludido no s\u00f3lo es el real -o efectivo-, esto es el directo y consciente, como a primera vista pudiera parecer, sino tambi\u00e9n el presunto, vale decir el que emerge, ministerio legis, como corolario de la falta de diligencia radicada en cabeza de un profesional en el riesgo, predicable de ciertos y determinados hechos que, por su connotaci\u00f3n, pod\u00edan haber servido para elucidar las circunstancias fidedignas que signaban al riesgo, en su estado primigenio, seg\u00fan se pincel\u00f3 (…). Como se tiene claramente establecido, no es suficiente que se aduzca la mera gestaci\u00f3n de estado de desconocimiento o de ignorancia f\u00e1ctica acerca de unos espec\u00edficos hechos, porque es menester que dicho estado o ignorancia se generen en forma leg\u00edtima o se tornen excusables (\u2018carga de diligencia\u2019). \u2018La buena fe \u2013bien se ha afirmado- debe ser ignorancia, pero, tambi\u00e9n, ignorancia leg\u00edtima, es decir, de tal naturaleza que no haya podido superarse con el empleo de una diligencia normal\u201935, la que, en \u00faltimas, sirve para justificar la solicitud del asegurador relativa al decretum de tan severa sanci\u00f3n, puesto que \u2018…la buena fe excluye la posibilidad de un actuar culposo\u2019, contrario a \u2018…un actuar prudente, cuidadoso, diligente y previsor\u201936. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que si bien el asegurador es sujeto pasible de intensa y plausible protecci\u00f3n de cara al fraude, a la deformaci\u00f3n consciente de la realidad, o a la mera inexactitud patrocinados por determinados e inescrupulosos candidatos a tomadores que socavan el acrisolado postulado de la buena fe, aquel no puede asumir invariable e irrestrictamente, una actitud rayana en la pasividad, m\u00e1s propia de espectadores que de part\u00edcipes en una relaci\u00f3n negocial, as\u00ed sea en potencia, a fortiori cuando sobre \u00e9l gravita, como acontece en general con todo extremo de un acuerdo volitivo, un correlativo deber de colaboraci\u00f3n que, desde un \u00e1ngulo m\u00e1s solidario \u2013bien entendido, se orienta a la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s de su cocontratante, lo que espec\u00edficamente supone, seg\u00fan reconocida doctrina jusprivatista, una din\u00e1mica cooperaci\u00f3n en beneficio ajeno, v\u00edvida explicitaci\u00f3n de una de las m\u00faltiples aplicaciones del consabido postulado de conformidad con un criterio de reciprocidad, referido a la buena fe objetiva, continente de los \u2013llamados- deberes instrumentales o secundarios alusivos al comportamiento interpartes, incluido el precontractual\u201d. <\/p>\n
(…) Adicional a ello, partiendo de esa declaraci\u00f3n, puede y debe informarse sobre los contornos del riesgo, de manera que pueda contrastar la informaci\u00f3n recibida con la auscultada, y as\u00ed evaluar el peligro de una forma mucho m\u00e1s acertada, que permita arribar a un acuerdo sobre bases certeras acerca de la contingencia inesperada que se quiere amparar. De ah\u00ed, que en la sentencia citada, la Sala hubiera expuesto: <\/p>\n
\u201cA tono con lo afirmado en l\u00edneas que preceden, moderna doctrina jusprivatista, sin menoscabar ese infranqueable derecho que tiene la entidad aseguradora a ser cabal y oportunamente informada por el consumidor-asegurado (en sentido amplio) acerca del \u2018verdadero estado del riesgo\u2019 y, por contera, sin diezmar \u2013o minar\u2013 la carga de car\u00e1cter informativo que le incumbe a \u00e9ste \u00faltimo de cumplir rigurosamente con la aludida declaraci\u00f3n de ciencia, reconoce la existencia de una especie de d\u00e9bito en cabeza de la aseguradora (deber instrumental o secundario), consistente en informarse de manera complementaria y directa, seg\u00fan sea el caso, en aras de obtener una m\u00e1s completa y depurada informaci\u00f3n que le permita desarrollar adecuada y profesionalmente su objeto social y, por reflejo, el del reasegurador, cuando \u00e9ste interact\u00faa, en otro plano contractual, en calidad de asegurador del reasegurado (asegurador directo). <\/p>\n
En este espec\u00edfico sentido, es importante agregar que, en materia informativa, como secuela de la buena fe y, en particular, del postulado de la cooperaci\u00f3n negocial, el l\u00edmite o el conf\u00edn de la carga de informar al otro radica, precisamente, en el deber de informarse a s\u00ed mismo, en la medida de lo posible, y de las circunstancias que rodean cada asunto, observaci\u00f3n que coincide con la opini\u00f3n expresada por los juristas galos Gerard Cas y Didier Ferrier, seg\u00fan la cual existe claramente \u2018…una relaci\u00f3n dial\u00e9ctica entre la obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n, de una parte y, de la otra, el deber de informarse\u201937, el que a juicio de un sector de la dogm\u00e1tica jur\u00eddica, como ya se ha referido, est\u00e1 enclavado en otro deber, a\u00fan de mayor espectro: el de cooperaci\u00f3n, signado por un criterio de reciprocidad negocial, tan propio de la ratio contractual\u201d\u00bb. <\/p>\n
De lo anotado se infiere que la reticencia, entendida como la omisi\u00f3n consciente de circunstancias que agravan el estado del riesgo \u2013y que no conoc\u00eda o deb\u00eda conocer la aseguradora\u2013, es un vicio que se presenta en la etapa anterior a la celebraci\u00f3n del convenio aseguraticio (la fase precontractual a que alude el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio), en la medida que altera la base f\u00e1ctica sobre la cual la entidad financiera edifica su consentimiento para contratar, en las condiciones en las que lo hace. <\/p>\n
Expresado de otro modo, la falta de sinceridad en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo adultera el consentimiento expresado por las partes al celebrar el contrato de seguro, contrariando as\u00ed uno de los requerimientos que prev\u00e9 el ordenamiento para obligarse por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad (art\u00edculo 1502-2, C\u00f3digo Civil). De ah\u00ed que ese vicio conlleve la nulidad relativa del contrato de seguro, y no una sanci\u00f3n distinta. <\/p>\n
En ese orden, carecer\u00eda totalmente de incidencia que las circunstancias agravantes del estado del riesgo que fueron omitidas no hubieran dado lugar al siniestro, pues a\u00fan en ese supuesto, la formaci\u00f3n del consentimiento del asegurador seguir\u00eda viciada, lo que necesariamente afecta la validez misma del v\u00ednculo negocial. <\/p>\n
Sobre el particular, ha explicado la doctrina especializada: <\/p>\n
\u00ab[N]o importa que la circunstancia silenciada no hubiera influido lo m\u00e1s m\u00ednimo en la producci\u00f3n del siniestro: la experiencia de los grandes n\u00fameros, que la hac\u00eda considerar en la mente del asegurador como una circunstancia agravante del riesgo, no se destruye en modo alguno por una prueba contraria posterior al contrato (…). El juez determina (…) si la circunstancia silenciada o inexactamente declarada era tan grave que alterara esencialmente la opini\u00f3n del riesgo, no importa que falte todo nexo causal entre aquella circunstancia y la muerte del asegurado. El magistrado, que juzga de la validez del consentimiento dado por la compa\u00f1\u00eda, debe remontarse al momento en que se estipulaba el contrato y se ignoraba cu\u00e1l habr\u00eda de ser su suerte\u00bb38. <\/p>\n
Tambi\u00e9n lo ven\u00eda afirmando esta Sala de Casaci\u00f3n, de manera (hasta ahora) invariable: <\/p>\n
\u00ab(…) esa reticencia acreditada en el proceso, que de otra parte no tiene porqu\u00e9 ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley, de conformidad con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, debi\u00f3 conducir a que el Tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro, sobre todo porque del acervo probatorio recaudado aflora que la compa\u00f1\u00eda de seguros no ten\u00eda motivo alguno que le generara desconfianza y le impusiera el deber profesional de auscultar el estado del riesgo a\u00fan m\u00e1s de lo que hizo, que fue examinar el estado de salud del futuro asegurado y exigir el concepto profesional del asesor y del gerente de la agencia o sucursal de la aseguradora, v\u00edctima por tanto de un enga\u00f1o que le asalt\u00f3 su buena fe\u00bb (CSJ SC, 11 abr. 2002, rad. 6825). <\/p>\n
Posteriormente, esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanci\u00f3n de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construy\u00f3 un r\u00e9gimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento com\u00fan de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado art\u00edculo 1058, no puede el int\u00e9rprete hacer distingos, observ\u00e1ndose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro\u00bb <\/p>\n
Tan evidente es esta inferencia, que la propia Corte Constitucional la defendi\u00f3 con ah\u00ednco en la sentencia C-232 de 1997, al decir que: <\/p>\n
\u00ab(…) cuando, a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una p\u00f3liza de seguro, la obligaci\u00f3n asegurativa est\u00e1 fundada en el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisi\u00f3n, anulabilidad o nulidad relativa, salga del \u00e1mbito jur\u00eddico. <\/p>\n
Esto con prescindencia de extempor\u00e1neas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relaci\u00f3n de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relaci\u00f3n causal que importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, como sostienen los demandantes, la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la g\u00e9nesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. En este sentido, el profesor Ossa escribi\u00f3: \u201cDebe, por tanto, existir una relaci\u00f3n causal entre el vicio de la declaraci\u00f3n (ll\u00e1mese inexactitud o reticencia) y el consentimiento del asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al celebrarlo en determinadas condiciones s\u00f3lo ha podido explicarse por la deformaci\u00f3n del estado del riesgo imputable a la infidelidad del tomador. Ello no significa, en ning\u00fan caso, como algunos lo han pretendido, que la sanci\u00f3n s\u00f3lo sea viable jur\u00eddicamente en la medida en que el hecho o circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como causas determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no, proveniente de una u otra causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde el punto de vista de la formaci\u00f3n del contrato\u201d (J. Efr\u00e9n Ossa G., ob. cit. Teor\u00eda General del Seguro – El Contrato, p\u00e1g. 336)\u00bb. <\/p>\n
3. Conclusiones. <\/p>\n
A partir de lo expuesto estimo improcedente sostener, como aqu\u00ed se hizo, que existe una postura uniforme de la Corte Constitucional, que impone respaldar la exigencia de acreditar un v\u00ednculo entre la reticencia y el siniestro, para viabilizar la anulabilidad del contrato de seguro. <\/p>\n
Contrario sensu, tanto en un fallo de constitucionalidad, como en la totalidad de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, se ha sostenido que la nulidad relativa derivada de la reticencia \u00abse genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro\u00bb. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Con el debido respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala, aclaro mi voto, por cuanto considero que una determinaci\u00f3n en el sentido adoptado en punto a la interpretaci\u00f3n y alcance del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, exige un an\u00e1lisis m\u00e1s profundo y riguroso, en la medida que comporta un cambio de la doctrina probable de la Corte en esta materia. <\/p>\n
1.- Tesis propuesta en el proyecto frente al cargo de \u00aberr\u00f3nea interpretaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite 3.2.7. de las consideraciones39, se dice que \u00abesta Corte\u00bb, con relaci\u00f3n a la reticencia, \u00abha venido haciendo una lectura del precepto siguiendo los principios, derechos y valores constitucionales, tal cual se ha venido razonando, construyendo algunos criterios o est\u00e1ndares\u00bb que enumera en cinco (5) premisas, resumidas as\u00ed: <\/p>\n
1) La buena fe tambi\u00e9n cobija a la aseguradora para hacer pesquisas al momento de la celebraci\u00f3n del contrato sobre las condiciones de asegurabilidad del tomador. <\/p>\n
2) Le compete a la aseguradora probar la mala fe por parte del tomador o del asegurado \u00abpara inferir si proced\u00eda retraerse del contrato o modificar las condiciones econ\u00f3micas del mismo\u00bb. <\/p>\n
3) La necesidad de probar el \u00abnexo de causalidad\u00bb y el \u00abefecto trascendente\u00bb entre la declaraci\u00f3n de voluntad reticente o inexacta en el riesgo o en el siniestro; siendo necesario demostrar esa relaci\u00f3n consecuencial de causa a efecto, o de concordancia entre lo inexacto u omitido y el siniestro. Es decir, la trascendencia de la preexistencia y la situaci\u00f3n m\u00e9dica que genera el siniestro. <\/p>\n
4) El deber y la posibilidad de practicar ex\u00e1menes m\u00e9dicos, cuando se trata del seguro de vida, por discurrir con un aspecto crucial y un derecho fundamental del tomador-beneficiario de la prestaci\u00f3n aseguraticia. <\/p>\n
5) La obligaci\u00f3n de hacer una interpretaci\u00f3n pro consumatore de la p\u00f3liza al tratarse de un contrato de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
Pese a la expresa afirmaci\u00f3n de que dichos postulados se extra\u00edan de consideraciones de \u00abesta Corte\u00bb, lo cierto es que en su hilo argumentativo se omite hacer expresa referencia a fallos de casaci\u00f3n en los que se haya abordado el tema de la reticencia con el enfoque aqu\u00ed expuesto, o definido los 5 puntos que, a manera de sub reglas, procura condensar esta sentencia. Por el contrario, soslayando ese soporte en decisiones de ese talante, a la postre, la tesis propuesta solo tiene como marco de referencia algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, quedando en el vac\u00edo la posibilidad de confrontar los mentados est\u00e1ndares con pronunciamientos espec\u00edficos de esta Sala en los que hubiere reconsiderado su posici\u00f3n en punto a los efectos jur\u00eddicos de la reticencia en los contratos de seguro de vida, por lo que el argumento esgrimido bajo ese supuesto comporta una falacia ad verecundiam, o por apelaci\u00f3n a la autoridad. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en el numeral 4 expresamente se refiere como fuente una sentencia de la Corte Constitucional y no de esta Corporaci\u00f3n, y en el 5\u00b0, aunque se dice que esa exigencia est\u00e1 consagrada \u00abtanto, en diversos recursos de casaci\u00f3n, como en materia de tutela\u00bb, lo cierto es que solo alude a un pronunciamiento de esta sala en sede constitucional -con un voto disidente y no por unanimidad como all\u00ed se dice-, en el cual, si bien se acogi\u00f3 lo expuesto en T-282 de 2016 reiterada en T-027 de 2019, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto, de todas maneras, por s\u00ed solo, no tiene el alcance de variar la doctrina de la sala en tan especializada materia, actuando en sede de casaci\u00f3n y con las repercusiones que ello comporta. <\/p>\n
Y el numeral tercero, en \u00faltimas solo qued\u00f3 sustentado con el fallo T-282-2016 que refiere la \u201cobligaci\u00f3n de las aseguradoras de probar el nexo de causalidad entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro\u201d, puesto que, si bien m\u00e1s adelante se dice que esa tesis \u00abya hab\u00eda sido expuesta por esta Sala en varias providencias\u00bb, y al efecto se cita un fragmento de SC 2 ago. 2001 exp. 614640, \u00e9ste luce descontextualizado por cuanto al revisar la sentencia de casaci\u00f3n se advierte que all\u00ed se evoca la \u201cincidencia causal\u201d en el sentido que, de haberse revelado al asegurador oportunamente el verdadero estado del riesgo, lo m\u00e1s posible es que se hubiera inhibido de contratar, lo que dista mucho de la exigencia del nexo de causalidad entre \u00ablo omitido y el siniestro\u00bb, acu\u00f1ada en este caso por la sala mayoritaria. <\/p>\n
2.- Modificaci\u00f3n de la doctrina probable de la Corte. <\/p>\n
En el citado fallo se declar\u00f3 exequible esta disposici\u00f3n, siempre y cuando se entienda \u00abque la Corte Suprema de Justicia, como juez de casaci\u00f3n, y los dem\u00e1s jueces que conforman la jurisdicci\u00f3n ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, est\u00e1n obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia\u00bb. Esos numerales aluden a la fuerza vinculante de los precedentes como doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia, sustentada en los principios de igualdad, seguridad jur\u00eddica y buena fe, as\u00ed como a la posibilidad que tiene la Corporaci\u00f3n de modificar su jurisprudencia, en caso de que juzgue \u00aberr\u00f3neas\u00bb las decisiones tomadas en el pasado, lo que le impone asumir una carga argumentativa, que es igualmente exigible a los jueces para apartarse de la doctrina probable emanada de este \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Al efecto, expuso, <\/p>\n
20. Con todo, como se dijo antes, la fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga tambi\u00e9n a la rama jurisdiccional, prohibi\u00e9ndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribuci\u00f3n implica que la Constituci\u00f3n le da un valor normativo mayor o un \u201cplus\u201d a la doctrina de esa alta Corporaci\u00f3n que a la del resto de los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a \u00e9ste \u00f3rgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas err\u00f3neas. <\/p>\n
21. La expresi\u00f3n \u201cerr\u00f3neas\u201d que predica la norma demandada de las decisiones de la Corte Suprema puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada interpretaci\u00f3n da lugar a cambios jurisprudenciales por razones distintas. En primer lugar, cuando la doctrina, habiendo sido adecuada en una situaci\u00f3n social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior. Como se analiz\u00f3 de manera general en el numeral 18 supra, este tipo de error sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En segundo lugar, la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta err\u00f3nea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jur\u00eddico. En estos casos tambi\u00e9n est\u00e1 justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo expl\u00edcita tal decisi\u00f3n. En tercer lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jur\u00eddico positivo, es decir, debido a un tr\u00e1nsito constitucional o legal relevante. (Subraya intencional). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre las anteriores dos posibilidades de variar la jurisprudencia, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c44- El respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin embargo, tambi\u00e9n es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no s\u00f3lo puede petrificar el ordenamiento jur\u00eddico sino que, adem\u00e1s, podr\u00eda provocar inaceptables injusticias en la decisi\u00f3n de un caso. As\u00ed, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qu\u00e9 ser la justificaci\u00f3n de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jur\u00eddica o una interpretaci\u00f3n de ciertas normas puede haber sido \u00fatil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero su aplicaci\u00f3n puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto hist\u00f3rico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermen\u00e9utica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jur\u00eddico se estructura en torno a una tensi\u00f3n permanente entre la b\u00fasqueda de la seguridad jur\u00eddica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realizaci\u00f3n de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-.\u201d SU-047\/99 (M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero) <\/p>\n
Debe entenderse entonces que el error judicial al que hace referencia la norma demandada justifica el cambio de jurisprudencia en los t\u00e9rminos expresados, pero no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sin un fundamento expl\u00edcito suficiente. <\/p>\n
3.- Doctrina probable de la Corte relacionada con el presente asunto. <\/p>\n
3.1.- El problema de la reticencia y sus efectos en la validez del pacto aseguraticio ha sido abordado por la Corte en m\u00faltiples ocasiones, particularmente en SC 1\u00b0 junio de 2007. exp. No. 66001-3103-004-2004-00179-01, se hizo una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, a partir del cual se establecieron tres (3) inferencias a saber: <\/p>\n
4. Del referido texto legal se puede deducir lo siguiente: <\/p>\n
4.1. Que la obligaci\u00f3n del tomador de pronunciarse sinceramente frente al cuestionario que le formula el asegurador con el fin de establecer el estado del riesgo, no tiene por fuente misma dicho contrato sino que opera en la fase previa a su celebraci\u00f3n ya que su objetivo es el de garantizar la expresi\u00f3n inmaculada de la voluntad del primero de consentir en dicho v\u00ednculo, de abstenerse de hacerlo, o de contraerlo pero bajo condiciones m\u00e1s onerosas. <\/p>\n
4.2. No importan, por tanto, los motivos que hayan movido al adquirente para comportarse sin fidelidad a la verdad, incurriendo con ello en grave deslealtad que a su vez propicia el desequilibrio econ\u00f3mico en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n que se pretende de la aseguradora, cuando se le ha inquirido para que d\u00e9 informaciones objetivas y de suficiente entidad que le permitan a \u00e9sta medir el verdadero estado del riesgo; sea cual haya sido la raz\u00f3n de su proceder, con intenci\u00f3n o con culpa; lo cierto es que la consecuencia de su actuar afecta la formaci\u00f3n del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma ra\u00edz. <\/p>\n
4.3. Es palmario que el legislador quiso arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena fe, bajo la sanci\u00f3n de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construy\u00f3 un r\u00e9gimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento com\u00fan de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido en el citado art\u00edculo 1058, no puede el int\u00e9rprete hacer distingos, observ\u00e1ndose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien tom\u00f3 el seguro. (Subraya intencional). <\/p>\n
Estos argumentos fueron reiterados en SC 25 mayo 2012 exp. 05001-3103-001-2006-00038-01; SC 1\u00b0 sep. 2010 exp. 2003-00400 y en SC2803-2016, de ese modo, la interpretaci\u00f3n y alcance de la mencionada disposici\u00f3n constituye doctrina probable de la Corte en esta materia, particularmente en aspectos como: i) no puede exigirse nexo de causalidad entre la inexactitud o reticencia y el siniestro41, ii) no es necesario establecer cu\u00e1l fue la intenci\u00f3n del tomador al callar u omitir informaci\u00f3n relevante al momento de efectuar la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, porque \u00absea cual haya sido la raz\u00f3n de su proceder, con intenci\u00f3n o con culpa; lo cierto es que la consecuencia de su actuar afecta la formaci\u00f3n del contrato de seguro, por lo que la ley impone la posibilidad de invalidarlo desde su misma ra\u00edz\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en SC 1\u00b0 sep. 2010 exp. 2003-00400, reiterada en SC 25 mayo 2012 exp. 2006-00038-01, a manera de rectificaci\u00f3n doctrinaria, dijo la Corte que \u00abla p\u00e9rdida de fuerza normativa del contrato de seguro por reticencia, no requiere la demostraci\u00f3n espec\u00edfica de que la omisi\u00f3n llevar\u00eda a la aseguradora a desistir del negocio, pues precisamente la existencia misma de la pregunta en el formulario es significativa de su importancia como insumo para ilustrar su consentimiento, es decir, si contrata o no, o si lo hace bajo ciertas condiciones econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Acerca de la exigencia de practicar ex\u00e1menes m\u00e9dicos para establecer el estado del riesgo traducido en las condiciones de salud del asegurado o tomador, en SC 02 ago. 2001 exp. 6146 la Corte se refiri\u00f3 al tema en t\u00e9rminos de facultad, y no de obligatoriedad, porque \u00aben rigor, no est\u00e1 obligada a realizarlas. No en balde, son un arquet\u00edpico plus -y no un prius-\u00bb, posici\u00f3n que fue reiterada en SC 26 abril de 2007. exp. 110013103022-1997-04528-01, CSJ SC 6 jul. 2007, rad. 1999-00359-01 y SC2803-2016. <\/p>\n
Respecto a los seguros de vida, adem\u00e1s, la Corte se ha pronunciado acerca de la inescindible relaci\u00f3n entre los art\u00edculos 1058 que regula la reticencia y el 1158 del C\u00f3digo de Comercio, conforme al cual \u00ab[a]unque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058 ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u00bb. As\u00ed, en SC2803-2016, acot\u00f3 que \u00absiendo optativa la realizaci\u00f3n de an\u00e1lisis y ex\u00e1menes para verificar el estado de salud del asegurado, quien a su vez est\u00e1 compelido en virtud de la ley a \u00abdeclarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo\u00bb, no puede decirse que lo que calla lo asume irrestrictamente el asegurador\u00bb y m\u00e1s puntualmente, en CSJ SC 6 jul. 2007, rad. 1999-00359-01, <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del estado del riesgo, no ofrece duda que el tomador de un seguro de vida tiene la carga de declararlo sinceramente (fase precontractual), seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, y lo recalca, para que de ello no quede vacilaci\u00f3n alguna, el art\u00edculo 1158 de la misma codificaci\u00f3n, al precisar que, \u201cAunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n de lugar\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es pertinente poner de relieve que esta Sala en SC 26 abr. 2007 exp. 1997-04528, al advertir la distorsi\u00f3n que efectuara el Tribunal de lo expresado por la Corte en fallos anteriores sobre aspectos relacionados con las averiguaciones que pod\u00eda hacer el asegurador en los seguros de vida, precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) no es que en toda hip\u00f3tesis el matiz profesional de la actividad del asegurador desti\u00f1a los efectos de la ausencia de sinceridad del solicitante del seguro y por ende excluya de tajo la nulidad del seguro, como apuradamente lo concluy\u00f3 el tribunal citando en apoyo el sobredicho pasaje del fallo; ni por asomo la Corte ha prohijado una tesis de semejantes alcances, ni all\u00ed ni en fallo de 2 de agosto de 2001, referido tambi\u00e9n por el ad-quem al sostener que pesando en el asegurador un deber de m\u00e1xima diligencia y previsi\u00f3n, ning\u00fan efecto pod\u00eda derivar de los vicios de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad del se\u00f1or Garc\u00eda Ord\u00f3\u00f1ez. <\/p>\n
Como f\u00e1cil se ve, otro es el contenido de esa carga de diligencia impuesta en el asegurador, de la cual, por lo dem\u00e1s, habla la mentada sentencia de 2 de agosto de 2001, donde a prop\u00f3sito de un caso donde disput\u00e1base si la sanci\u00f3n de nulidad hab\u00eda de sobrevenir fatalmente no obstante que el asegurador tuvo elementos a la mano para dudar de la fidelidad de la declaraci\u00f3n de ciencia otorg\u00f3 la cobertura, precis\u00f3 la Corporaci\u00f3n que justamente en tales eventualidades obra ese conocimiento presunto que ataja la ineficacia del contrato, en particular sobre reparar en el jaez profesional que reviste la actividad que tales instituciones desempe\u00f1an en ese \u00e1mbito. <\/p>\n
Lo del cariz profesional inherente a la actividad aseguradora es cosa que no admite discusiones. Mas, el trasunto de todo est\u00e1 en que al ponderar los alcances del concepto \u201cdebido conocer\u201d de que da cuenta la norma, es indispensable comprender que si el asegurador, teniendo a su alcance la posibilidad de hacer las averiguaciones que lo lleven a establecer el genuino estado del riesgo, omite adelantarlas, no obstante que cuenta con elementos que invitan a pensar que existen discrepancias entre la informaci\u00f3n del tomador y la realidad, queda irremisiblemente vinculado a la relaci\u00f3n aseguraticia sin que al efecto pueda invocar la nulidad para enervarla, pues en entredicho su diligencia y el cardinal principio de la prudencia \u2013en \u00faltimas su profesionalismo-, es claro que en tales condiciones emerge un conocimiento presunto de \u201clos hechos y circunstancias sobre que versan los vicios de la declaraci\u00f3n\u201d, por lo que la nulidad ya no obra, desde luego, ins\u00edstese, que el enteramiento anterior se yergue como una de las excepciones concebidas por el legislador para que la nulidad no opere fatalmente (Subraya intencional). <\/p>\n
En las providencias citadas en los ac\u00e1pites que anteceden, es evidente que la Corte hizo prevalecer su criterio en esos puntos basilares al momento de analizar los cargos atribuidos a los juzgadores de segundo grado por violaci\u00f3n directa o indirecta de normas sustanciales, en asuntos en los que estaba de por medio la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de nulidad relativa prevista en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3.3.- Las premisas referentes a que esta Sala se ha pronunciado acerca de que la aseguradora est\u00e1 obligada a probar la mala del tomador, y a la interpretaci\u00f3n \u00abpro consumatore\u00bb de las p\u00f3lizas de seguro de vida, carecen de referencias puntuales para su corroboraci\u00f3n. <\/p>\n
4.- La anterior rese\u00f1a de algunas sentencias en las que se han tratado temas estrechamente relacionados con aquellos sobre los que versa el giro jurisprudencial propuesto en este fallo, ilustra que existen precedentes vinculantes de la Sala cuya modificaci\u00f3n, en aras de la transparencia que debe orientar la actividad jurisdiccional, exige un razonamiento m\u00e1s amplio y comprensivo que involucre cu\u00e1l es el estado actual de la jurisprudencia en esta tem\u00e1tica y por qu\u00e9 se estima \u00aberr\u00f3nea\u00bb, as\u00ed como una ponderada reflexi\u00f3n sobre aquellas circunstancias de la realidad jur\u00eddica actual o de b\u00fasqueda de la justicia material que ameritan un cambio tan significativo de la hermen\u00e9utica que esta Corporaci\u00f3n le ha dispensado al art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En la definici\u00f3n del recurso extraordinario una Corte de Casaci\u00f3n tiene el deber de unificar la jurisprudencia, no de cualquier manera, ignorando, inadvirtiendo o pasando por alto pronunciamientos anteriores en una l\u00ednea coherente y consolidada, sino bajo criterios de razonabilidad que permitan a sus destinatarios, jueces y comunidad jur\u00eddica en general, comprender los motivos por los cuales se desprende de su propio precedente y estructura uno diferente, apuntalados en un verdadero principio de raz\u00f3n suficiente. <\/p>\n
5.- En la forma como qued\u00f3 estructurada esta sentencia, no puede menos que generar perplejidad en quienes la consulten, particularmente, en orden a comprender si da cuenta de una posici\u00f3n de la Corte clara y racionalmente orientada a apartarse de su precedente en cuanto a la interpretaci\u00f3n y alcance del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio en armon\u00eda con el 1158 de la misma obra, o si, simple y llanamente est\u00e1 admitiendo el efecto vinculante de los fallos dictados en acciones de tutela por distintas salas de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, es indiscutible la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional proferidas en sede de control abstracto de constitucionalidad [C] que conforme al art\u00edculo 243 de la Carta Superior hacen tr\u00e1nsito a cosa jugada y cuyos efectos son erga omnes, pues al tenor del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2067 de 1991, dichas sentencias \u201ctendr\u00e1n el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares\u201d; e igual efecto puede predicarse de aquellas dictadas en el marco de la revisi\u00f3n de fallos de tutela para unificar jurisprudencia [SU]. No obstante, trat\u00e1ndose de las sentencias dictadas por sus salas de revisi\u00f3n [T], la misma Corporaci\u00f3n ha sostenido que su car\u00e1cter vinculante emerge de la ratio decidendi.42 <\/p>\n
Para el caso en estudio, aunque es cierto que se han emitido m\u00faltiples pronunciamientos sobre esta tem\u00e1tica, tambi\u00e9n lo es que ninguno de ellos ha sido de unificaci\u00f3n, de manera que a\u00fan si lo que se pretend\u00eda era acoger tales lineamientos, debi\u00f3 escrutarse en forma m\u00e1s detallada la ratio decidendi de las distintas providencias, para establecer su valor de precedentes constitucionales, con mayor raz\u00f3n si emanan de diferentes salas de revisi\u00f3n lo que repercute en la visi\u00f3n y forma de analizar los asuntos sometidos a su discernimiento y de adoptar sus determinaciones. <\/p>\n
Ahora bien, en la materia que provoca esta aclaraci\u00f3n, tiene relevancia que, como regla general, en los fallos emitidos por las salas de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, se efectu\u00f3 el correspondiente estudio de los requisitos de procedibilidad de las acciones de amparo, entre ellos la subsidariedad, por virtud del cual, \u00e9stas devendr\u00edan improcedentes para decidir controversias suscitadas en asuntos de naturaleza contractual, y solo de manera excepcional, pueden serlo si el juez de tutela determina que los medios ordinarios de defensa judicial no son id\u00f3neos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte derechos fundamentales. <\/p>\n
En ese cometido, de manera principal, la Corte ha adoptado decisiones en dos sentidos: <\/p>\n
– Declarar improcedentes las solicitudes de protecci\u00f3n para discutir controversias contractuales y de contenido meramente econ\u00f3mico, que no superaron el an\u00e1lisis del requisito de subsidiariedad, y que por lo mismo deb\u00edan ser decididas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria (T-086-201243, T-501 de 2016 y T-734 de 2017, T-061 de 2020, entre otras). <\/p>\n
– Conceder el amparo en aquellos casos que por sus especiales caracter\u00edsticas superaron el control de procedibilidad y el requisito de la subsidiariedad por una grave afectaci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales de los accionantes, de manera que, pese a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, pod\u00eda estructurarse un perjuicio irremediable, por ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional por su estado de indefensi\u00f3n o por encontrarse en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. <\/p>\n
De otra parte, las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n conferidas en el marco de este tipo de asuntos, se emitieron en favor de personas en estado de indefensi\u00f3n en raz\u00f3n de un alto grado de p\u00e9rdida de capacidad laboral y ausencia de ingresos para solventar sus necesidades b\u00e1sicas, como aconteci\u00f3 en los casos acumulados y resueltos en T-027 de 2019, as\u00ed como en T-490 de 2009, T-832 de 2010, T-751 de 2012, T-342 de 2013, T-222 de 2014, T-240 de 2016; otras en atenci\u00f3n a que debido al incumplimiento de la aseguradora, se hab\u00eda iniciado proceso ejecutivo en contra del afectado, por ejemplo, en T-557 de 2013 y T-501 de 2016 y una importante cantidad, para brindar protecci\u00f3n a derechos fundamentales como la vida, vida digna, m\u00ednimo vital y salud (T-832 de 2010, T-751 de 2012, T-342 de 2013, T-437 de 2014, T-865 de 2014, T-240 de 2019, T-058 de 2016, T-094 de 2019, entre otras). <\/p>\n
De all\u00ed, que la reconstrucci\u00f3n de la ratio decidendi de tan disimiles situaciones y prol\u00edfica jurisprudencia constitucional sobre estas controversias en las que, adem\u00e1s, surgen con frecuencia aclaraciones y salvamentos de voto de los integrantes de las distintas salas de revisi\u00f3n, supone un seguimiento m\u00e1s detenido para establecer sin lugar a equ\u00edvocos las subreglas constitucionales creadas y su obligatoriedad. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, llama tambi\u00e9n la atenci\u00f3n que aunque este prove\u00eddo est\u00e1 guiado principalmente por decisiones de la Corte Constitucional, no se haya efectuado una ineludible cavilaci\u00f3n acerca de lo expuesto sobre el \u00edtem de la causalidad en C232 de 1997, por la cual se declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, en especial al ac\u00e1pite en que se fij\u00f3 el sentido de dicho precepto: <\/p>\n
Con base en la redacci\u00f3n de la norma y en las actas n\u00fameros 12, 13, 14, 17, 18, 52, 73, 74, 90 y 91 del Subcomit\u00e9 de Seguros del Comit\u00e9 Asesor para la Revisi\u00f3n del C\u00f3digo de Comercio (publicadas en 1983 por la Asociaci\u00f3n Colombiana de Derecho de Seguros \u201cAcoldese\u201d, Bogot\u00e1, Uni\u00f3n Gr\u00e1fica Ltda., p\u00e1ginas 91 a 99), que al decir del profesor J. Efr\u00e9n Ossa G. (q.e.p.d.), \u201cconstituyen \u00fatil material informativo para el ex\u00e9geta que desee aproximarse a la ra\u00edz de las normas legales que, conforme al T\u00edtulo V del Libro Cuarto del C\u00f3digo de Comercio, gobiernan el Contrato de Seguro\u201d, es posible afirmar que del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, surge un r\u00e9gimen estructurado sobre las siguientes bases: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
j) Como se deduce del acta n\u00famero 73, para que la nulidad relativa pueda declararse \u201c(…) no hay necesidad de establecer relaci\u00f3n ninguna de causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro\u201d. (subraya intencional). <\/p>\n
Tal aspecto fue desarrollado en las consideraciones quinta, sexta y s\u00e9ptima del mismo fallo, dado que, \u00abla demanda solicita la inexequibilidad o constitucionalidad condicionada de la nulidad relativa del seguro, pues parte de la base de que las reticencias o inexactitudes en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad tienen que estar en relaci\u00f3n de causalidad con el siniestro\u00bb. (Subraya intencional). <\/p>\n
Por lo anterior, muy a pesar de que, con posterioridad a la expedici\u00f3n de la citada sentencia que encontr\u00f3 ajustado a la Carta Pol\u00edtica el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio en su integridad -cuya fuerza vinculante emerge del art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n y del art\u00edculo 2\u00ba (inc. 1\u00b0) del Decreto 2067 de 1991-, la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n de acciones de tutela haya mirado el tema de la causalidad desde otra perspectiva, lo cierto es que nunca ha dictado por su sala en pleno una sentencia de unificaci\u00f3n [SU] sobre esa materia con efectos erga omnes; de ah\u00ed que, en el fallo que nos ocupa, ha debido la Sala analizar expl\u00edcitamente el car\u00e1cter vinculante que le est\u00e1 confiriendo a la ratio decidendi de tan dis\u00edmiles pronunciamientos, por encima de lo razonado en una sentencia de constitucionalidad. <\/p>\n
6.- Estas elucubraciones sirven para exaltar que siendo la especialidad civil de la Jurisdicci\u00f3n ordinaria el juez natural de este tipo de controversias y que en cabeza de la Corte radica la tarea de unificar la jurisprudencia, es irrefutable la trascendencia de la argumentaci\u00f3n en la que se edifique un fallo como el presente, no solo en punto a los motivos claros, contundentes y concatenados para alejarse de su doctrina probable, que supone \u00abest\u00e9 razonablemente justificado conforme a una ponderaci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos involucrados en el caso particular\u00bb44, sino tambi\u00e9n respecto al efecto que le confiere al precedente constitucional en la misma materia. <\/p>\n
7.- Ante la ausencia de una concreta y expl\u00edcita motivaci\u00f3n que abarque las razones por las cuales se impone en esta oportunidad la modificaci\u00f3n de la doctrina probable de la Corte respecto al est\u00e1ndar interpretativo del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, se pierde una invaluable oportunidad de reconsiderar las posiciones de anta\u00f1o, en menoscabo de la calidad de la carga argumentativa que ello exige, estando de por medio el respeto por los caros principios de igualdad ante la ley, buena fe y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Con mi acostumbrado respeto, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl tomador est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por el asegurador, lo hubiere retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas, producen la nulidad relativa del seguro\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abAunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 26 de abril de 2007, expediente 04528. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2001, expediente 06146. <\/p>\n
6\u0002 \u201cLas sanciones consagradas en este art\u00edculo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaraci\u00f3n, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o t\u00e1citamente\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2001, expediente 06146. <\/p>\n
8\u0002 OSSA G., J. Efr\u00e9n. Teor\u00eda General del Seguro – El Contrato. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1991. p\u00e1g. 333. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-232 de 15 de mayo de 1997. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de septiembre de 2002, expediente 7011. <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-222 de 2 de abril de 2014. En \u00faltimas, como all\u00ed se indici\u00f3, la \u00abreticencia solo existir\u00e1 siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra manera podr\u00eda, en la pr\u00e1ctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamaci\u00f3n, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta interpretaci\u00f3n pues ser\u00eda aceptar pr\u00e1cticas, ahora s\u00ed, de mala fe\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Asociaci\u00f3n Colombiana de Derecho de Seguros \u201cAcoldese\u201d. Bogot\u00e1. Uni\u00f3n Gr\u00e1fica Ltda. 1983. p\u00e1ginas 91 y ss. <\/p>\n
13\u0002 COLOMBIA, CSJ. SC Sent. del 15 de marzo de 1944, del 12 de diciembre de 1955, del 23 de septiembre de 1974, del 11 de marzo de 2004; del 13 de julio de 2005; y del 30 de junio de 2011. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC. Sentencia SC de 2 de agosto de 2001, Radicaci\u00f3n #6146. <\/p>\n
15\u0002 COLOMBIA, CConst. Sent. 027 del 30 de enero de 2019, Mg. Pon. Dr. Alberto Rojas R\u00edos. <\/p>\n
16\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 3 de junio de 2014, expediente 00218, reiterando sentencia 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199. <\/p>\n
17\u0002 COLOMBIA, Diario oficial 44.652 del 21 de noviembre de 2001. <\/p>\n
18\u0002 Teniendo en cuenta que el Decreto 1352 de 2013, derog\u00f3 aqu\u00e9llas disposiciones. <\/p>\n
19\u0002 El Manual \u00danico para la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y ocupacional, cuya expedici\u00f3n corresponde al gobierno, actualmente se encuentra contenido en el Decreto 1507 de 2014. <\/p>\n
20\u0002 COLOMBIA, C. Const. Sent. de Tutela T-027 de 2019. <\/p>\n
21\u0002 Se trata del fallo CSJ STC3465-2020, 27 may., frente al que expuse mi voto disidente. Por lo mismo, cabe anotar que esa decisi\u00f3n no puede considerarse \u201cun\u00e1nime\u201d, como se afirma en el prove\u00eddo objeto de estas l\u00edneas. <\/p>\n
22\u0002 Sobre la naturaleza de este contrato, la Sala tiene sentado que \u00ab(…) el riesgo que asume el asegurador es la p\u00e9rdida de vida del deudor [o, mutatis mutandis, su incapacidad total], evento que afecta tanto al asegurado mismo, como es obvio, como eventualmente a la entidad tomadora de la p\u00f3liza, en el entendido de que su acreencia puede volverse de dif\u00edcil cobro por la muerte de su deudor, pero el especifico riesgo asumido por la compa\u00f1\u00eda de seguros en la p\u00f3liza objeto de litigio, no es la imposibilidad de pago del deudor por causa de su muerte, porque as\u00ed fuera podr\u00eda inferirse que la p\u00f3liza pactada con un riesgo de tal configuraci\u00f3n tendr\u00eda una connotaci\u00f3n patrimonial y se asemejar\u00eda a una p\u00f3liza de seguro de cr\u00e9dito. Lo que se asegur\u00f3 es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista\u00bb (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2000, Exp. 6379. M. P. Jorge Santos Ballesteros). <\/p>\n
23\u0002 Usualmente, las condiciones generales de los seguros de vida grupo deudores estipulan como uno de los riesgos asegurados la incapacidad permanente del solvens, derivada de una calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 50%, esto siguiendo la regla del art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
24\u0002 Sobre la legitimaci\u00f3n del asegurado o de sus familiares para ejercer acciones contractuales \u2013propias del tomador\u2013 contra la aseguradora, puede consultarse la paradigm\u00e1tica Sentencia CSJ SC, 28 jul. 2005m rad. 1999 00449-01. <\/p>\n
25\u0002 Por v\u00eda de ejemplo, el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, que prev\u00e9 que \u00abEl tomador est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaraci\u00f3n no se hace con sujeci\u00f3n a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravaci\u00f3n objetiva del estado del riesgo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
26\u0002 Cfr. CSJ, SC, 6 ago. 2001, rad. 6146. <\/p>\n
27\u0002 Sobre el particular expresa la doctrina que \u00ab(…) la carga de la parte asegurada se concreta en expresar verazmente cu\u00e1les son los hechos o circunstancias que afectan el estado del riesgo, sin incurrir ni en reticencia, ni en inexactitud [las que] afectan el seguro, cuando se refieren al estado del riesgo, porque impiden al asegurador el conocimiento real de la intensidad o la probabilidad del riesgo, elementos que determinan a su vez no solo la manifestaci\u00f3n misma de la voluntad por parte del asegurador, sino el monto de la prima que este debe cobrar\u00bb (ORD\u00d3\u00d1EZ, Andr\u00e9s. Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro. Bogot\u00e1, Universidad Externado de Colombia. 2004, pp. 21-22). <\/p>\n
28\u0002 Al punto la Corte Constitucional ha sostenido que son \u00absujetos de protecci\u00f3n especial a los que se refiere el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n no son s\u00f3lo los discapacitados calificados como tales conforme a las normas legales. Tal categor\u00eda se extiende a todas aquellas personas que, por condiciones f\u00edsicas de diversa \u00edndole, o por la concurrencia de condiciones f\u00edsicas, mentales y\/o econ\u00f3micas, se encuentren en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb (Sentencia T-1040 de 2001). <\/p>\n
29\u0002 Espec\u00edficamente las sentencias T- 152 de 2006 y T-490 de 2009. <\/p>\n
30\u0002 Toda reticencia exige la presencia de una enfermedad preexistente a la celebraci\u00f3n del contrato, pero no toda preexistencia conlleva reticencia, porque la patolog\u00eda puede estar presente para ese momento sin conocimiento del asegurado. En los seguros de salud suelen excluirse las preexistencias (aun las que el asegurado desconoc\u00eda), pero ello tiene que ver con la extensi\u00f3n del riesgo que asume el asegurador, no con la validez de su expresi\u00f3n de voluntad de asegurar. <\/p>\n
31\u0002 Vale anotar que la Corte Constitucional incurri\u00f3 en un lapsus calami, pues al transcribir apartes de la aludida sentencia (la T-222 de 2014), se refiri\u00f3 a ella como la \u00absentencia T-622 de 2013\u00bb (referencia inexistente). <\/p>\n
32\u0002 Se refiere aqu\u00ed la Corte al art\u00edculo 1158 del C\u00f3digo de Comercio, a cuyo tenor \u00abaunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el art\u00edculo 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n d\u00e9 lugar\u00bb. <\/p>\n
33\u0002 Dicho sea de paso, esta conducta obvia la fuerza vinculante del precedente constitucional, explicado con largueza en la sentencia C-832 de 9 de agosto de 2001. <\/p>\n
34\u0002 Al margen de la sentencia C-232 de 1997, las \u00fanicas decisiones que favorecen abiertamente una interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio son las sentencias T-193 y T-245 de 2014, que corresponden a los casos de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
35\u0002 \u00abEmilio Betti, Teor\u00eda general de las obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, Vol. I, Madrid, 1969, p. 78. Cfme: Franz Wieacker. El principio general de la buena fe, C\u00edvitas, Madrid, 1.982, p. 66 y Manuel De La Puente. La Fuerza de la buena fe, en Contrataci\u00f3n Contempor\u00e1nea. Bogot\u00e1. 2000. P\u00e1g. 276\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
36\u0002 \u00abJorge Mosset Iturraspe, Justicia contractual, Ediar, Buenos Aires, 1.977, p. 150. Cfme: Vincenzo Roppo. Il Contratto. Giuffr\u00e9. Mil\u00e1n. 2001. P\u00e1g. 178\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
37\u0002 \u00abTrait\u00e9 de droit de la consommation, PUF, Par\u00eds, 1.986, p. 380. Cfme: P. Jourdain. Le devoir de se reinseigner, en Chronique Dalloz, Par\u00eds, 1.983, p. 139; Rub\u00e9n Stiglitz. Responsabilidad precontractual. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.992, p.90 y Derecho de seguros, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.998, p. 268 y Josep Llobet I. El deber de informaci\u00f3n en la formaci\u00f3n de los contratos. Marcial Pons. Madrid. 1.996. P\u00e1gs. 44 y 110\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
38\u0002 VIVANTE, Cesar. Derecho Comercial T. XIV (Del contrato de seguro). Ed. Adiar, Buenos Aires. 1952, p. 271. <\/p>\n
39\u0002 p\u00e1gs. 16 \u2013 21. <\/p>\n
40\u0002 P\u00e1gs. 19 \u2013 20 <\/p>\n
41\u0002 En SC 11 abr. 2002 exp. 6825, tambi\u00e9n dijo la Corte que \u00abla reticencia no tiene por qu\u00e9 ser la causa del siniestro, dado que tal exigencia no la contempla ley\u00bb. <\/p>\n
42\u0002 Cfr. C-539-2011, T-233-2017, entre otras. <\/p>\n
43\u0002 Al resolver acerca de tres acciones de tutela acumuladas. <\/p>\n
44\u0002 C-836-2001. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC3791-2021 (2009-00143-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente SC3791-2021 Radicaci\u00f3n: 20001-31-03-003-2009-00143-01 Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte Bogot\u00e1, D. C, primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso BBVA Seguros […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}