SC3792-2021 (2006-00126-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3792-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 73268-31-03-001-2006-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron Jorge Eduardo y Juan Fernando Angarita Galeano, y Olga Teresa Galeano de Angarita, contra la sentencia de 19 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por los recurrentes contra Molinos Roa S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Los demandantes solicitaron declarar simulados relativamente la daci\u00f3n en pago y los convenios de arriendo y subarriendo y, encubiertas una transacci\u00f3n y administraci\u00f3n anticr\u00e9tica. Como consecuencia, pidieron decretar la nulidad absoluta de los contratos ocultos o la nulidad relativa de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
En subsidio, declarar resueltas la daci\u00f3n en pago, la transacci\u00f3n y la administraci\u00f3n anticr\u00e9tica. En su defecto, la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. Las s\u00faplicas se fundamentaron en los hechos que se compendian. <\/p>\n
1.2.1. Ante un eventual proceso concordatario contra Jorge Eduardo Angarita Galeano, las partes transigieron, el 12 de mayo de 1996, unas obligaciones atrasadas a su cargo. Se fijaron en la cantidad de $634\u2019000.000. <\/p>\n
1.2.2. El acuerdo consisti\u00f3 en excluir la acreencia del concordato. Su pago se realizar\u00eda durante dos a\u00f1os y medio con cinco cosechas de arroz, las cuales ser\u00edan financiadas por la demandada. Deducidos los costos y gastos de la inversi\u00f3n, el 70% se imputar\u00eda a la obligaci\u00f3n y el 30% como \u00abadministraci\u00f3n a favor del deudor anticr\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
1.2.3. En garant\u00eda de lo pactado, mediante escritura p\u00fablica 527 de 12 de mayo de 1996 de la Notar\u00eda Segunda del Espinal, los actores transfirieron a la convocada el dominio del fundo El Hobal, previ\u00e9ndose su devoluci\u00f3n una vez cancelada la deuda. Se acord\u00f3 tambi\u00e9n, para las siembras del cereal, el arriendo de los lotes Irlanda, Veg\u00f3n y Monte Grande, y el subarriendo de los Cauchos y Tortugas. <\/p>\n
Seg\u00fan fue estipulado, los gastos notariales y de registro corr\u00edan por cuenta de los accionantes. Igualmente, los impuestos del inmueble durante el tiempo en que el bien estuviera a nombre de la demandada. <\/p>\n
1.2.4. Cinco semanas despu\u00e9s, Molinos Roa S.A., aduciendo problemas contables internos, exigi\u00f3 aclarar la escritura p\u00fablica para ajustar el valor del inmueble, insertado en $115\u2019000.000, a la cantidad de $703\u2019000.000. La suma inclu\u00eda valores no establecidos, alteraba la realidad de lo pactado y generaba sobrecostos para los precursores en el equivalente a $287\u2019000.000. <\/p>\n
1.2.5. Debido a la falta de aceptaci\u00f3n de f\u00f3rmulas de avenimiento, la interpelada decidi\u00f3 solicitar la entrega del terreno enajenado. Enarbol\u00f3 su calidad de propietaria. <\/p>\n
1.3. El escrito de r\u00e9plica. La demandada defendi\u00f3 la realidad y sinceridad del negocio ajustado. Adujo que se opuso a recibir el pago de su cr\u00e9dito, el cual ascend\u00eda a $838\u2019987.659, en la forma ofrecida. Con todo, decidi\u00f3 tomarlo ante la insuficiencia de garant\u00edas de la deuda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el predio fue recibido por $703.000.000 y el saldo se pagar\u00eda con el producto de cosechas de arroz, conforme se consign\u00f3 en el acta de 12 de mayo de 2006. Tambi\u00e9n se estipul\u00f3 que ella fungir\u00eda como propietaria de los cultivos y Jorge Eduardo Angarita su administrador. <\/p>\n
Los accionantes, acot\u00f3, solicitaron no incluir el monto de la daci\u00f3n en pago. Sostuvieron que les generar\u00eda m\u00e1s costos e impuestos. En todo caso, la finca fue avaluada el 22 de marzo de 2006, en $510\u2019992.500. <\/p>\n
Los actores, adem\u00e1s, pidieron incluir la opci\u00f3n de recompra del fundo cuando pagaran en su totalidad la obligaci\u00f3n. Esto explicaba la raz\u00f3n por la cual en el interregno asumieron gastos de valorizaci\u00f3n y tributos. <\/p>\n
Niega, sin embargo, la transacci\u00f3n y anticresis. Dice que lo concertado fue la forma de administrar los cultivos de su propiedad. Igualmente, una posible opci\u00f3n de compra una vez saldadas por completo las obligaciones. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El 29 de mayo de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal declar\u00f3 simulada en forma absoluta la daci\u00f3n en pago y los contratos de arriendo y subarriendo. Como secuela, restituir el dominio de El Hobal a los actores y condenar a la convocada a pagar perjuicios por $10.558\u2019078.682. <\/p>\n
Hall\u00f3 probados varios indicios. La ausencia de deudas de Olga Teresa Galeano de Angarita y Juan Fernando Angarita con la pasiva. El bien segu\u00eda en administraci\u00f3n y posesi\u00f3n de los precursores. La obligaci\u00f3n solucionada no era determinada ($115\u2019000.000 o $703\u2019000.000). Frente a otros acreedores, el inter\u00e9s de Molinos Roa S.A. se notaba, en tanto, encabezar\u00eda el pago en el concurso. Los mismos contratos de tenencia reflejaban ese trato preferente. La \u00abexistencia de un proceso penal y la medida de aseguramiento impuesta\u00bb contra empleados de la convocada. Y el equilibrio econ\u00f3mico que se pretendi\u00f3 restablecer denotaba la realidad de la garant\u00eda. <\/p>\n
1.5. El recurso de apelaci\u00f3n. Ambas partes se alzaron contra lo decidido. <\/p>\n
1.5.2. Los demandantes, por su parte, reclamaron reparar integralmente los perjuicios y la indexaci\u00f3n hasta la fecha o la ejecutoria del fallo impugnado. <\/p>\n
1.6. La segunda instancia. Revoc\u00f3 la decisi\u00f3n apelada y neg\u00f3 todas las pretensiones. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. El indicio de simulaci\u00f3n derivado de la ausencia de deudas de los copropietarios Juan Fernando Angarita Galeano y Olga Teresa Galeano de Angarita a favor de Molinos Roa S.A., era inexistente. Si la daci\u00f3n en pago es un modo de solucionar obligaciones, el hecho tambi\u00e9n lo pod\u00eda realizar cualquier persona por el deudor Jorge Eduardo Angarita Galeano. <\/p>\n
Tampoco se necesitaba entregar el inmueble en garant\u00eda de los cr\u00e9ditos. Mediante escritura p\u00fablica 1195 de 29 de octubre de 2003, los convocantes hab\u00edan hipotecado a la demandada el predio El Hobal. <\/p>\n
El acuerdo no fue intempestivo. El 15 de marzo de 2006, Jorge Eduardo Angarita Galeano propuso extinguir las obligaciones con el 50% de la hipoteca existente y la recuperaci\u00f3n del otro 50% en el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os. El mismo d\u00eda, conforme a las conversaciones adelantadas, concret\u00f3 la oferta de entregar hect\u00e1reas proporcionales a lo adeudado y avaluado, obtener la rebaja del 50% de los intereses y la posibilidad de recuperar el \u00e1rea del pago. <\/p>\n
La cercan\u00eda del testigo Eduardo D\u00edaz Cabrera con la familia Angarita Galeano, no pod\u00eda pasar desapercibida, pues corrobor\u00f3, inclusive por hab\u00e9rselo dicho Jorge Eduardo, la entrega de las tierras en daci\u00f3n de lo debido. <\/p>\n
En los escritos de 20 y 29 de junio, y 29 de septiembre de 2005, los actores recordaron a la convocada las obligaciones adquiridas y reclamaron su cumplimiento. <\/p>\n
El apoderado de Jorge Eduardo, en el concordato que se promovi\u00f3, objet\u00f3 el cr\u00e9dito presentado por Molinos Roa S.A., precisamente, asido de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
2.2. Frente a lo anterior, el contrato celebrado era real y cierto. En ninguna parte se estableci\u00f3 su realizaci\u00f3n para excluir la obligaci\u00f3n del tr\u00e1mite concordatario. <\/p>\n
Para nada importaba que la soluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n fuera \u201cparcial\u201d, pues subsistir\u00eda en el \u201csaldo\u201d no extinguida. Y la obligaci\u00f3n era determinada, pues el mismo deudor acept\u00f3 que ascend\u00eda a $634\u2019000.000. <\/p>\n
El precio insertado de la daci\u00f3n en pago, cercano al aval\u00fao catastral del inmueble, ten\u00eda como mira evitar impactos fiscales. La imposici\u00f3n fue de los enajenantes no de la adquirente. Esto explicaba el motivo por el cual la convocada pretendi\u00f3 acercar el negocio a la realidad. Si fuere simulado, ello no habr\u00eda ocurrido. <\/p>\n
Aunque la hipoteca no fue cancelada, se trataba de algo intrascendente, pues, cuando el mismo acreedor adquiere la finca gravada, la garant\u00eda se extingue autom\u00e1ticamente. El C\u00f3digo Civil no admite la hipoteca de cosa propia. <\/p>\n
El documento de 12 de mayo de 2006, no reflejaba la posesi\u00f3n del deudor porque el inmueble lo ostentaba como administrador; ello aparec\u00eda en las pruebas documentales y en los testimonios de Mario Augusto Mossos Angarita, Jos\u00e9 Ra\u00fal S\u00e1nchez Navarro y Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Guarnizo. <\/p>\n
Las partes, en todo caso, iniciaron la ejecuci\u00f3n del acuerdo de 12 de mayo de 2006. Esto no habr\u00eda ocurrido si fuere simulado. Pagaron los servicios e impuestos previstos y materializaron la administraci\u00f3n de Jorge Eduardo Angarita Galeano, cual se reflejaba en los informes semanales. <\/p>\n
2.3. En lo dem\u00e1s, si la daci\u00f3n en pago era real, la retroventa no indicaba la simulaci\u00f3n. Y al no probarse la confabulaci\u00f3n, esto imped\u00eda concluir que la \u00abtransacci\u00f3n mediante una administraci\u00f3n anticr\u00e9tica\u00bb era oculta. <\/p>\n
El contrato de anticresis supon\u00eda trasladar el predio al acreedor para que con sus frutos se pagara el cr\u00e9dito. En el caso, dicha labor no se le confiri\u00f3 a la demandada, sino al mismo deudor Jorge Eduardo Angarita Galeano. <\/p>\n
2.4. El acuerdo de 26 de mayo de 2006, no conten\u00eda ninguna transacci\u00f3n por no contener concesiones rec\u00edprocas, simplemente, se pagaba en parte una obligaci\u00f3n y no se conced\u00eda o transfer\u00eda un derecho. <\/p>\n
2.5. La lesi\u00f3n enorme no se encontraba instituida para la daci\u00f3n en pago; por esto, la pretensi\u00f3n al respecto enderezada resultaba improcedente. <\/p>\n
2.6. Por las anteriores razones, el ad-quem concluy\u00f3 que la sentencia materia de apelaci\u00f3n deb\u00eda revocarse. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
3.1. Acusa la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1627, 1766, 1965-3, 2407, 2457 y 2458 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2 Seg\u00fan los recurrentes, el Tribunal incurri\u00f3 en la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.2.1. Omiti\u00f3 los aval\u00faos de El Hobal para la \u00e9poca del pago. El de la inspecci\u00f3n judicial de 23 de septiembre de 2011, $1.253\u2019906.012, y el de 7 de julio de 2009, tra\u00eddo de la acci\u00f3n revocatoria en el concordato, $1.402\u2019050.000. Y el de 2 de febrero de 2009, $1.325\u2019185.500. <\/p>\n
Si el negocio jur\u00eddico ajustado era cierto, debi\u00f3 seguirse que la deuda fue solucionada en su totalidad. En efecto, conforme a lo fijado en el proceso, se trataba de una acreencia que oscilaba entre $637.000.000 y $800.000.000. <\/p>\n
No se entiende, entonces, c\u00f3mo la obligaci\u00f3n no se extingui\u00f3 y se suscribi\u00f3 un acuerdo adicional para solucionar un saldo con el producto de cosechas de arroz. La \u00fanica explicaci\u00f3n posible es, la daci\u00f3n en pago nunca ocurri\u00f3; menos por un valor irrisorio de $115\u2019000.000. <\/p>\n
3.2.2. Tergivers\u00f3 el acuerdo de 12 de mayo de 2006. Le hizo decir que cubrir\u00eda el saldo de la obligaci\u00f3n. All\u00ed solo se indicaba que toda la deuda se pagar\u00eda con el valor de cinco cosechas de arroz en un lapso de dos a\u00f1os y medio. <\/p>\n
La presencia simult\u00e1nea de la daci\u00f3n en pago y del acuerdo privado indicaba la simulaci\u00f3n de la primera y la prevalencia del segundo. Por lo mismo, dos indicios graves de inexistencia de la transferencia del dominio. El derivado de los gastos del predio a cargo de los enajenantes y el proveniente del convenio de devoluci\u00f3n de la propiedad una vez cancelada la totalidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Prueba de lo anterior, el juzgador no estableci\u00f3 el saldo debido. Y no pod\u00eda hacerlo, en tanto, el pacto consisti\u00f3 en asegurar El Hobal para el pago del cr\u00e9dito de Jorge Eduardo Angarita con cinco cosechas de arroz, nada m\u00e1s. <\/p>\n
El predio, por tanto, s\u00ed se entreg\u00f3 a Molinos Roa S.A. en anticresis, no como due\u00f1a. Jorge Eduardo Angarita, simplemente, ejerci\u00f3 \u00ablabores de administraci\u00f3n\u00bb en terrenos suyos, pero en desarrollo de lo estipulado. No lo hizo en calidad de administrador de propiedades de la convocada. <\/p>\n
3.2.3. Pretiri\u00f3 las actas 052 y 053 de 24 de marzo y 21 de abril de 2006 del Comit\u00e9 Directivo de Molinos Roa S.A. En ellas aparec\u00eda la intenci\u00f3n de recibir el fundo, bien en garant\u00eda o venderlo, ya en pago de la deuda, al ser el \u00fanico activo de Jorge Eduardo Angarita. La situaci\u00f3n anterior no era la \u00fanica, pues los mismos documentos hablaban de otro deudor embargado y suger\u00edan como salida destrabar su finca al saber de un interesado en adquirirla. <\/p>\n
Se demuestra as\u00ed que la demandada conoc\u00eda la eventual quiebra de su deudor. Igualmente, que con la entrega del 50% de la finca se cancelar\u00eda la totalidad de la obligaci\u00f3n. Del mismo modo, su inter\u00e9s en quedarse con las tierras dadas en garant\u00eda por los agricultores. <\/p>\n
3.2.4. Pas\u00f3 por alto las explicaciones de Jorge Eduardo Angarita. Se\u00f1al\u00f3 que todo fue ideado y elaborado por Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez, abogada, y Oscar Eladio Giraldo Valencia, funcionarios de la accionada, despu\u00e9s del Comit\u00e9 Directivo de 24 de marzo de 2006. Solo que le pidieron dos misivas con fecha de 15 de marzo de 2006, aunque una se haya recibido el 29, siguiente. Si las cosas ocurrieron de esa manera, el estudio de la propuesta se habr\u00eda efectuado durante el transcurso del citado comit\u00e9, pero no se hizo. <\/p>\n
Supuso la prueba de demandas y procesos contra Jorge Eduardo Angarita. Por ende, la causa de la entrega del inmueble en daci\u00f3n en pago. Sin embargo, ning\u00fan tr\u00e1mite ejecutivo o posible cautela fue acreditado. <\/p>\n
Ignor\u00f3 que la abogada Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez presion\u00f3 al deudor. Le manifest\u00f3 que no lo embargar\u00eda si le ayudaba con algunos favores personales. As\u00ed aparec\u00eda en la queja disciplinaria instaurada en su contra. <\/p>\n
No tuvo en cuenta los escritos de Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez. En ellos cobraba honorarios por tres diligencias de secuestro que nunca realiz\u00f3. Su monto, $63.797.243, equivalente al 10% de la deuda, fue pagado, seg\u00fan los comprobantes de consignaci\u00f3n allegados al expediente. Y se pretendi\u00f3 cargarlo a la deuda de Jorge Eduardo Angarita. <\/p>\n
Desech\u00f3 la investigaci\u00f3n disciplinaria contra la citada profesional y los contratos donde a los actores los hizo figurar coarrendatarios suyos. Pruebas indicativas de que actuaba en favor de sus intereses y de presiones ejercidas. <\/p>\n
Los anteriores errores llevaron al juzgador a pasar por alto que la abogada de la convocada manej\u00f3 a su antojo lo relacionado con la deuda de Jorge Eduardo Angarita. Igualmente, la daci\u00f3n en pago y el acuerdo de 12 de mayo de 2006. De paso, evitar ser descubierta por no promover las acciones judiciales pertinentes contra el deudor. <\/p>\n
3.2.5. Dej\u00f3 establecido, sin estarlo, la cancelaci\u00f3n de la hipoteca. Para la interpelada era m\u00e1s prudente mantener el gravamen. Por una parte, al ser la daci\u00f3n en pago una garant\u00eda de cumplimiento del acuerdo privado. Por otra, ante la posibilidad de revertir el dominio del predio una vez pagadas las obligaciones. La vigencia de la hipoteca, entonces, constitu\u00eda un indicio de simulaci\u00f3n <\/p>\n
3.2.6. Ignor\u00f3 que, si la intenci\u00f3n de las partes era extinguir las obligaciones, ninguna explicaci\u00f3n ten\u00eda evadir su monto y en su lugar insertar un precio del bien irrisorio. Tampoco resultaba l\u00f3gica la falta de entrega del fundo, no obstante, su posterior administraci\u00f3n por el deudor. <\/p>\n
3.2.7. Supuso la cancelaci\u00f3n parcial de la obligaci\u00f3n con la daci\u00f3n en pago, cuando esto no fue estipulado. Lo mismo, el monto total de lo adeudado. Y, por \u00faltimo, la entrega del inmueble, como consecuencia de tergiversar lo actuado en el proceso policivo posesorio. <\/p>\n
De ser cierta la daci\u00f3n en pago, la modificaci\u00f3n del monto de la escritura, beneficiar\u00eda a los demandantes, no a la accionada. Las reglas de la experiencia imponen que al deudor le interesa entregar el bien por el mayor valor posible. La importancia de determinar el valor de la obligaci\u00f3n radicaba en saber, no si se pag\u00f3 en exceso, sino si fue cubierta totalmente. Si se sald\u00f3 la deuda, el acuerdo paralelo de pago quedar\u00eda sin explicaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.8. Malinterpret\u00f3 los testimonios de Campo El\u00edas Perdomo Guti\u00e9rrez, Maribel \u00c1lvarez D\u00edaz y Mario Augusto Mossos Angarita. Concluy\u00f3 la realidad de la daci\u00f3n en pago y la insuficiencia del bien para cubrir la obligaci\u00f3n. Empero, las declaraciones quedaron desvirtuadas con el precio de la hacienda, m\u00e1s de $1.100\u2019000.000, seg\u00fan los peritos. <\/p>\n
Cercen\u00f3 la declaraci\u00f3n de Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Guarnizo. La tuvo en cuenta solo para soportar lo que implicaba hacer la escritura aclaratoria por una cuant\u00eda superior. Como contador de Jorge Eduardo Angarita siempre supo de la garant\u00eda, no de la venta, y de su vigencia mientras se cancelaba la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Releg\u00f3 el testimonio trasladado de la fiscal\u00eda del Gerente General de Molinos Roa S.A., Hernando Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. En soporte de la tesis de los actores, manifest\u00f3 que Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez y Oscar Eladio Giraldo Valencia dejaron de trabajar para la empresa al mismo tiempo, todo, por incompetencia profesional y deslealtad. <\/p>\n
Excluy\u00f3 la declaraci\u00f3n de Maribel \u00c1lvarez D\u00edaz. Conforme a su dicho, por instrucciones de la abogada Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez se realizaron documentos espurios para solicitar el amparo posesorio y esto condujo a la iniciaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal por el delito fraude procesal. Prueba con la cual se infirmaba tanto la seriedad de la daci\u00f3n en pago como la buena fe de la demandada. <\/p>\n
3.3. Concluyen los recurrentes que, en la posici\u00f3n del Tribunal, por una deuda de $637\u2019000.000, terminar\u00edan pagando alrededor de $1.600\u2019000.000. De un lado, el inmueble avaluado en m\u00e1s de $1.100\u2019000.000. Y de otro, la ganancia neta de las cinco cosechas de arroz, seg\u00fan el perito Mario Alonso Gonz\u00e1lez, cada una por $125\u2019000.000. <\/p>\n
3.4. Solicitan, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y, en sede de instancia, declarar la simulaci\u00f3n relativa de la daci\u00f3n en pago con las consecuencias inherentes, y condenar al pago de los perjuicios acreditados. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. Los art\u00edculos 1766 del C\u00f3digo Civil y 254 del C\u00f3digo General del Proceso, antes 267 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, constituyen las bases sobre las cuales se ha elaborado toda la teor\u00eda de la simulaci\u00f3n en sus dos vertientes de absoluta y relativa. <\/p>\n
4.1.1. La instituci\u00f3n, en esencia, comporta un problema de discrepancia entre el prop\u00f3sito real de las partes y lo ostensible. Se suscita por voluntad de quienes bajo ropaje de un pacto descartan sus efectos o los concretan en unos diferentes. Es una convenci\u00f3n aparente, ya por no existir, bien al diferir de la declarada. <\/p>\n
Para esta Corporaci\u00f3n, \u00ab[s]i bien se espera de los individuos, en ejercicio de su autonom\u00eda privada, que expresen de manera fidedigna las relaciones jur\u00eddicas, existen eventos en que, por circunstancias diversas, inclusive sin estar impregnadas de ilicitud e inmoralidad, emiten declaraciones disconformes con la realidad, dando as\u00ed lugar al fen\u00f3meno de la simulaci\u00f3n (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
El fingimiento, consecuentemente, puede ser absoluto o relativo. El primero, tiene lugar cuando los protagonistas no desean de ninguna manera la realizaci\u00f3n del convenio manifestado y lo hallan ausente por completo. El segundo, ocurre cuando la intenci\u00f3n de los participantes se encamina a celebrar un negocio jur\u00eddico distinto al expresado. En v\u00eda de ejemplo, bajo una compraventa encubren una donaci\u00f3n; tambi\u00e9n ciertas estipulaciones, como el verdadero precio; u ocultan la real identidad de los contratantes. <\/p>\n
4.1.2. Lo normal es que el designio de los contratantes concuerde con su volici\u00f3n real y el pacto se tenga como verdadero y eficaz. La carga de remover el velo que lo arropa y exponer su contenido a la luz, corresponde a quien lo impugna. As\u00ed, debe demostrar la distorsi\u00f3n entre la voluntad declarada y la genuina. <\/p>\n
Urdido el acuerdo falso en la sombra, los art\u00edfices evitan descubrir sus aut\u00e9nticos designios. El sigilo, la mentira y el enga\u00f1o son sus aliados. Persisten, inclusive, en testimoniar las propias mentiras. De ah\u00ed que la prueba indiciaria sirva para dejarlos en evidencia, pero esto no significa desplazar los medios directos. Para la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza misma del negocio que se espera descubrir, caracterizado por haberse realizado en la privacidad de los contratantes y con la firme intenci\u00f3n de que permaneciera oculto, es de esperarse que no se hayan dejado mayores vestigios de su existencia; de ah\u00ed la dificultad de demostrarlo mediante probanzas directas. No obstante, las m\u00e1ximas de la experiencia constituyen un mecanismo eficaz e irreemplazable a fin de determinar la presencia de ese negocio secreto. <\/p>\n
\u00abLa simulaci\u00f3n \u2013expres\u00f3 FERRARA\u2013, como divergencia psicol\u00f3gica que es de la intenci\u00f3n de los declarantes, se substrae a una prueba directa, y m\u00e1s bien se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido el contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aqu\u00e9l y circunstancias que lo acompa\u00f1an. La prueba de la simulaci\u00f3n es indirecta, de indicios, de conjeturas (per coniecturas, signa et urgentes suspiciones) y es la que verdaderamente hiere a fondo la simulaci\u00f3n, porque la combate en el mismo terreno\u2019 (\u2026). <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, es a trav\u00e9s de la inferencia indiciaria como el sentenciador puede, a partir de hechos debidamente comprobados y valorados como signos, arribar a conclusiones que no podr\u00edan jam\u00e1s revelarse de no ser por la mediaci\u00f3n del razonamiento humano. De ah\u00ed que a este tipo de prueba se le llame tambi\u00e9n circunstancial o indirecta, pues el juez no tiene ning\u00fan contacto sensible (emp\u00edrico) con el hecho desconocido, pero s\u00ed con otros que \u00fanicamente el entendimiento humano puede ligar con el primero. <\/p>\n
\u00abSon entonces los testimonios, declaraciones, confesiones, documentos, o cualquier otro tipo de prueba directa, valorados en conjunto, lo que permitir\u00e1 arribar \u2013por medio de la inferencia indiciaria\u2013 al hecho desconocido pero cognoscible que qued\u00f3 en la estricta intimidad de los contrayentes por propia voluntad\u00bb2. <\/p>\n
4.2. La daci\u00f3n en pago es un modo aut\u00f3nomo de extinguir obligaciones preexistentes. Se caracteriza porque el acreedor y deudor acuerdan sustituir la prestaci\u00f3n debida por una distinta. En sentir de la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se trata de un modo o mecanismo aut\u00f3nomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligaciones (negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el accipiens, le entrega a \u00e9ste un bien diferente para solucionar la obligaci\u00f3n, sin que, para los efectos extintivos aludidos, interese si dicha cosa es de igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se deben mirar como equivalentes. Como el deudor no satisface la obligaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n -primitivamente- debida, en sana l\u00f3gica, no puede hablarse de pago (art. 1626 C.C.); pero siendo la genuina intenci\u00f3n de las partes cancelar la obligaci\u00f3n preexistente, es decir, extinguirla, la daci\u00f3n debe, entonces, calificarse como una manera -o modo- m\u00e1s de cumplir, supeditada, por supuesto, a que el acreedor la acepte y a que los bienes objeto de ella ingresen efectivamente al patrimonio de aquel. No en vano, su origen y su sustrato es negocial y m\u00e1s espec\u00edficamente volitivo. Por tanto, con acrisolada raz\u00f3n, afirma un sector de la doctrina que \u2018La daci\u00f3n en pago es una convenci\u00f3n en s\u00ed misma, intr\u00ednsecamente diversa del pago\u2019, agreg\u00e1ndose, en un plano auton\u00f3mico, que se constituye en un \u2018modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a t\u00edtulo de pago a su acreedor, y con el consentimiento de \u00e9ste, de una prestaci\u00f3n u objeto distinto del debido\u00bb3. <\/p>\n
La daci\u00f3n en pago, como se observa, es un acuerdo de voluntades con particularidades propias que permiten diferenciarla de otras figuras convencionales, como la compraventa, la compensaci\u00f3n, la novaci\u00f3n y el pago mismo. Es un modo singular de solucionar obligaciones que abreva en la autonom\u00eda de la voluntad y la libertad contractual, por cuya virtud, el deudor, con la aquiescencia del acreedor, cumple su prestaci\u00f3n con un objeto diferente al inicialmente convenido. <\/p>\n
4.3. Los errores de hecho, bien se sabe, se relacionan con la apreciaci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n, y con la estimaci\u00f3n de las pruebas. Aquellos ocurren en caso de tergiversarse sus contenidos. Los probatorios, cuando se omite la presencia f\u00edsica de los elementos de juicio en el proceso, se suponen o distorsionan. Esta \u00faltima modalidad, en las subespecies de adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. <\/p>\n
En cualquier hip\u00f3tesis las faltas deben ser manifiestas y trascendentes. Su constataci\u00f3n se hace en forma directa, por ello concierne a los sentidos, no al descernimiento o raciocinio. Adem\u00e1s, tienen que incidir en la decisi\u00f3n final en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto. <\/p>\n
4.4. En el caso, inclusive como corolario del recurso de casaci\u00f3n, los demandantes alegan que la daci\u00f3n en pago controvertida es simulada relativamente. Sostienen que fue ajustada para garantizar el pago de obligaciones a su cargo, esas s\u00ed reales, en favor de la interpelada, mediante la aplicaci\u00f3n de un porcentaje de cosechas de arroz a sembrar en varios predios, entre ellos el involucrado, cuya financiaci\u00f3n estar\u00eda a cargo de esta \u00faltima. A su vez, sustraer dicho activo de un eventual concordato. <\/p>\n
4.4.1. Seg\u00fan la escritura p\u00fablica 527 de 12 de mayo de 2006, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo del Espinal, el inmueble de marras, en efecto, fue entregado en daci\u00f3n en pago. Su contenido no precisa el valor de las obligaciones que, por sustituci\u00f3n, se extingu\u00edan. <\/p>\n
El documento privado de la misma fecha, reafirma que los ahora demandantes, recurrentes extraordinarios, \u201centregan a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago\u201d el predio. Se acord\u00f3 tambi\u00e9n arrendar y subarrendar a la interpelada otros lotes, para, a su costa, sembrar y cosechar arroz, todo, bajo la administraci\u00f3n directa de Jorge Eduardo Angarita, \u201cdesde la preparaci\u00f3n hasta su recolecci\u00f3n y entrega final\u201d. <\/p>\n
En el mismo instrumento se da cuenta (estipulaci\u00f3n 10), que, recogida y liquidada cada cosecha, de un total de \u201ccinco\u201d, con deducci\u00f3n de sus costos, el \u201csaldo se aplicar\u00e1 al 70% a la deuda actual a cargo de Jorge Eduardo Angarita Galeano, Olga Teresa Galeano de Angarita y Juan Fernando Angarita Galeano, y el 30% restante se entregar\u00e1 a Jorge Eduardo Angarita, a t\u00edtulo de administraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Se estipul\u00f3 igualmente (cl\u00e1usula 11), que \u201cuna vez se cancele la totalidad de las deudas a cargo de Jorge Eduardo Angarita Galeano, Olga Teresa Galeano de Angarita y Juan Fernando Angarita Galeano, y se halle a paz y salvo por todo concepto, Molinos Roa har\u00e1 la escritura de la finca El Hobal a nombre de Jorge Eduardo Angarita o a la persona que \u00e9l designe\u201d. En el entretanto, en el numeral 12 se dijo que los \u201cpagos por impuestos, valorizaciones y dem\u00e1s (\u2026) ser\u00e1n a cargo de Jorge Eduardo Angarita, as\u00ed como tambi\u00e9n los gastos de transporte, notariales y registro\u201d. <\/p>\n
4.4.2. Se resalta lo anterior con el prop\u00f3sito de dar alcance a la acusaci\u00f3n. Al fin de cuentas, es su detonante, pues no solo constituye la fuente de toda la controversia, sino que, por lo mismo, los errores de hecho probatorios enrostrados se asocian o se refieren a ese contenido. <\/p>\n
En la misma demanda de casaci\u00f3n, los recurrentes aceptan, por una parte, que \u201cde los hechos fijados en el proceso se establec\u00eda que la deuda oscilaba entre los 637 millones, 703 millones o incluso 800 millones\u201d. Sin embargo, la reconocen en \u201c$637\u2019000.000 millones\u201d. <\/p>\n
Por otra, conforme al mismo libelo extraordinario, los impugnantes, indistintamente, sostienen que la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes se encontraba consignada en las estipulaciones 11 y 12, transcritas. En concreto, el \u201cpacto de retorno del inmueble a su propietario o a quien \u00e9l dijera\u201d. Ello, desde luego, una vez cancelada la \u201cdeuda actual\u201d con el porcentaje aplicado de las cosechas (70%), o la \u201ctotalidad de las deudas\u201d a cargo de los precursores, y se hallen \u201ca paz y salvo por todo concepto\u201d. <\/p>\n
Aunque en el escrito casacional se guarda silencio sobre la ejecuci\u00f3n de lo pactado, se deja entrever que no fue cumplido. Primero, al insistirse en la \u201ctesis sostenida por los demandantes\u201d, seg\u00fan la cual, la accionada, \u201ca los pocos d\u00edas de firmado el acuerdo estaba desconociendo los t\u00e9rminos del mismo e inflando la deuda con conceptos que no hab\u00edan sido acordados\u201d. Segundo, cuando se dice, en el ac\u00e1pite \u201ctrascendencia de los errores\u201d, que los \u201cAngarita terminar\u00edan pagando alrededor de 1.600 millones al Molino\u201d, resultado de sumar, \u201cen el entendido que se cumpliera con los pagos estipulados en el acuerdo\u201d, el 70% de cinco cosechas, cada una con ganancia aproximada de $125\u2019000.000, y el valor real del inmueble demostrado, m\u00e1s de \u201c$1\u2019100.000.000. <\/p>\n
4.5. Frente a lo discurrido, pasa la Corte a examinar si los errores de hecho denunciados se estructuran. <\/p>\n
4.5.1. Lo primero a advertirse es que, conforme al contenido del acuerdo privado, en lo pertinente transcrito, no se dijo que el 70% de la ganancia neta de las cinco cosechas de arroz se aplicar\u00eda al \u201csaldo\u201d de la obligaci\u00f3n a cargo de los convocantes. Como el Tribunal as\u00ed lo concluy\u00f3, salta a la vista, sin m\u00e1s, que incurri\u00f3 en el error de hecho manifiesto denunciado alrededor a lo largo del cargo. <\/p>\n
Lo visto en el acuerdo es que el predio El Hobal fue entregado en daci\u00f3n en pago para quedar solucionadas todas las obligaciones dinerarias de los actores para con la convocada. Si con las ganancias de los cultivos de arroz solo se pagaba un \u201csaldo\u201d, esto significaba que, cumplido el particular, Molinos Roa S.A. ten\u00eda que retornar el dominio del inmueble \u201ca nombre de Jorge Eduardo Angarita o a la persona que \u00e9l designe\u201d. No obstante, si el predio tambi\u00e9n fue entregado en pago de los \u201c$637\u2019000.000 millones\u201d que se reconoce se deb\u00edan, ninguna justificaci\u00f3n ten\u00eda que con pagar \u00fanicamente un saldo se aplicaba el \u201cpacto de retorno\u201d. <\/p>\n
La \u00fanica explicaci\u00f3n posible es que, como igualmente se predica a lo largo de la acusaci\u00f3n, cuando se afirma menor la deuda y mayor el valor de la finca, que la misma fue entregada para extinguir todas las obligaciones existentes. Por lo mismo, que la daci\u00f3n en pago ajustada es real y cierta. De ah\u00ed que el error denunciado, pese a ser manifiesto, no es trascendente, que es otra de las caracter\u00edsticas exigidas para su configuraci\u00f3n. <\/p>\n
Si lo anterior fue incumplido, total o parcialmente, la pol\u00e9mica es muy otra. Aunque en el libelo incoativo del proceso se plante\u00f3 la desatenci\u00f3n contractual, la cuesti\u00f3n se abandon\u00f3 en casaci\u00f3n. La acusaci\u00f3n, en su contexto, solo se dirigi\u00f3 a mostrar la simulaci\u00f3n relativa de la daci\u00f3n en pago, nada m\u00e1s, pese a que, en segunda instancia, las dem\u00e1s pretensiones igualmente fueron desestimadas. <\/p>\n
4.5.2. Aunque lo anterior es suficiente para negarle prosperidad a toda la acusaci\u00f3n, pues, por s\u00ed, reafirma la seriedad y sinceridad del negocio realizado, las dem\u00e1s faltas enrostradas tampoco se estructuran. Todo lo anterior, al margen de los errores en la estructuraci\u00f3n del libelo incoatorio entre la simulaci\u00f3n y la nulidad, tesis de etapas doctrinales pret\u00e9ritas, que super\u00f3 con claridad esta Corte, para dejar deslindadas las dos instituciones. <\/p>\n
4.5.2.1. El \u201cpacto de retorno\u201d, si bien resulta extra\u00f1o a la daci\u00f3n en pago, insularmente, no es indicativo de simulaci\u00f3n. La Corte, refiri\u00e9ndose a la cl\u00e1usula de retroventa en la compraventa, lo dej\u00f3 sentado: <\/p>\n
\u201cLa venta con pacto de retracto no puede, por s\u00ed sola, reflejar un negocio simulado, puesto que \u00e9ste se ofrece, tal como lo tiene entendido la doctrina, cuando se enderezan las voluntades, de manera distinta a lo que en verdad quieren las partes, para hacer producir efectos externos completamente apartados del prop\u00f3sito neqocial. <\/p>\n
\u00abNo se puede hablar de simulaci\u00f3n en una venta con pacto de retracto por el hecho de que se requiera de un dinero, y ser \u00e9ste el inter\u00e9s inmediato en el vendedor. No. El que vende con retroventa m\u00e1s que un prop\u00f3sito de disposici\u00f3n persigue un dinero, que al no alcanzarlo mediante el mutuo acude al pacto de retro como una manera \u00e1gil y r\u00e1pida de lograr el objetivo. Empero, la voluntad cuando se expresa en sentido de vender s\u00ed es real o, mejor, querida, bajo la especial circunstancia de poder readquirir el bien con el pago de lo pactado o de lo consignado como precio de venta. No le es dable, entonces, al vendedor arg\u00fcir, luego, que no deseaba enajenar la cosa sino de manera simple recibir un dinero y entregar la cosa en garant\u00eda, porque esto se presenta con otros actos jur\u00eddicos inconfundibles como es, precisamente, el mutuo con hipoteca, que, por tanto, debe ser consignado en exacto sentido\u201d4. <\/p>\n
Aunque la retroventa es un acuerdo accesorio a la compraventa, nada impide incluirla en negocios jur\u00eddicos afines. Mientras la instituci\u00f3n no se desnaturalice y se ajuste a normas imperativas, la autonom\u00eda de la voluntad y libertad contractual la hace posible en asuntos compatibles. <\/p>\n
En el caso el \u201cpacto de retorno\u201d fue establecido y nadie lo puso en tela de juicio. Las partes, por el contrario, se valen de su contenido para reafirmar sus posiciones. Existiendo la causa de la daci\u00f3n en pago, las obligaciones a cargo de los pretensores, acto que nadie desconoce, sencillamente, por cuanto se estipul\u00f3 como el veh\u00edculo para hacer realidad el retorno del dominio de la finca a sus anteriores titulares, cumplidas ciertas circunstancias. <\/p>\n
El indicio de simulaci\u00f3n edificado en torno a dicha estipulaci\u00f3n, por tanto, no tiene cabida, por lo mismo, no fue apreciado erradamente. Menos cuando, como lo resalt\u00f3 el Tribunal, inclusive, sin protesta alguna en casaci\u00f3n, el referido acuerdo privado tuvo inicios de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Entre otras, labores ejecutadas por Jorge Eduardo Angarita Galeano en los predios destinados a las cosechas de arroz, \u201criego, trasplante, guada\u00f1a, abono laboreo, limpia de canales, fumigaci\u00f3n, alquiler de equipo l\u00e1ser, servicios de asistencia t\u00e9cnica, labores varias, descapotes\u201d, todo, entre el \u201c3 de junio y el 5 de agosto de 2006\u201d; e informes semanales del mismo labrador a partir del 15 de mayo de 2006. Adem\u00e1s, la supervisi\u00f3n de Molinos Roa S.A., por intermedio del testigo Mario Augusto Mossos Angarita. <\/p>\n
4.5.2.2. Los errores de apreciaci\u00f3n de los aval\u00faos del inmueble y el precio irrisorio consignado en la escritura de daci\u00f3n en pago, tambi\u00e9n quedan descartados. Aleg\u00e1ndose que el valor del predio exced\u00eda la cuant\u00eda de las obligaciones pagadas, por lo mismo, todas se entend\u00edan que fueron cubiertas, en consecuencia, en esa hip\u00f3tesis, el problema ser\u00eda de desequilibrio econ\u00f3mico y no de ausencia de precio o de uno fingido. <\/p>\n
El punto lo consider\u00f3 el ad-quem. Con independencia del acierto, se\u00f1al\u00f3 que el \u201cargumento contemplado en el hecho de que si el predio el HOBAL [sic] vale al menos ($1.000\u2019000.000.oo), raz\u00f3n por la cual, rebasa la cantidad adeudada, en este caso, es un aserto que est\u00e1 por fuera de los lindes de la acci\u00f3n de prevalencia toda vez que, si hubo pago excesivo, \u2018[e]n el exceso no hab\u00eda deuda, y por ello se puede repetir\u2019 tema este propio de otra clase de acci\u00f3n\u201d (el resaltado corresponde a cita de doctrina5). <\/p>\n
La controversia, por tanto, no es de materialidad ni de objetividad de las pruebas. En la hip\u00f3tesis del exceso de pago, el error ser\u00eda de subsunci\u00f3n normativa del respectivo hecho. El Tribunal, como se observa, en forma expresa, lo desech\u00f3 como indicio de simulaci\u00f3n. Y en ninguna parte se confuta el particular por el cauce correspondiente. <\/p>\n
4.5.2.3. La inexistencia del error de hecho anterior, deja igualmente sin piso las faltas con respecto a la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Campo El\u00edas Perdomo Guti\u00e9rrez, Maribel \u00c1lvarez D\u00edaz y Mario Augusto Mossos Angarita. La equivocaci\u00f3n, en realidad, no es intr\u00ednseca a cada declaraci\u00f3n, sino que se hacen derivar del \u201cerror denunciado y demostrado\u201d sobre los aval\u00faos del predio. Comprobado que sobre el particular en ning\u00fan desatino se incurri\u00f3, lo propio debe decirse de su consecuente. <\/p>\n
4.5.2.4. La versi\u00f3n de Julio C\u00e9sar Rodr\u00edguez Guarnizo, contador de Jorge Eduardo Angarita, se dice fue cercenada, en cuanto tambi\u00e9n declar\u00f3 la garant\u00eda. Si bien manifest\u00f3 el hecho, la falta es inexistente, en tanto, el deponente confirma el \u201cpacto de retorno\u201d. Atest\u00f3 que con el producto de las \u201ccosechas (\u2026) se pagar\u00eda el mismo pasivo y otros\u201d. <\/p>\n
El Tribunal, simplemente, le rest\u00f3 credibilidad al declarante, empero, este reproche es distinto de su mutilaci\u00f3n. La raz\u00f3n, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3, al margen del acierto, \u201cporque no aparece ajustado a la realidad que la daci\u00f3n se aplique a un saldo menor de la obligaci\u00f3n y no al significativo de aquella\u00bb\u201d. <\/p>\n
4.5.2.6. Lo mismo debe decirse de las frustradas acciones policivas entabladas por la demandada contra los accionantes. Si el acuerdo privado, en \u00faltimas, se frustr\u00f3, al margen de las pol\u00e9micas sobre el cumplimiento o incumplimiento, esto permite concluir, en l\u00ednea de principio, que el dominio derivado de la daci\u00f3n en pago se consolid\u00f3 y que la detentaci\u00f3n de El Hobal por los querellados no pod\u00eda serlo como titulares del dominio. <\/p>\n
La permanencia en el fundo de los demandantes, inclusive avalada por las autoridades de polic\u00eda, no es signo de simulaci\u00f3n. En efecto, existiendo razones para que lo ostentaran, como se se\u00f1al\u00f3 en el n\u00famero anterior, al margen de la atribuci\u00f3n jur\u00eddica que corresponda, es claro que, roto el acuerdo, simplemente, el statu quo continu\u00f3. <\/p>\n
4.5.2.7. Las actas de 052 y 053 del Comit\u00e9 Directivo de Molinos Roa S.A. de 24 de marzo y 21 de abril de 2006, en la hip\u00f3tesis de reflejar, al decir de la censura, la intenci\u00f3n de quedarse la pasiva con las tierras de los agricultores, en lugar de confirmar el fingimiento, lo desvirt\u00faa. La b\u00fasqueda de alternativas para obtener el pago de cr\u00e9ditos, por s\u00ed, excluye el concierto simulatorio. En ning\u00fan error de hecho, por lo tanto, pudo incurrirse al respecto. <\/p>\n
4.5.2.8. Lo anterior tambi\u00e9n debe predicarse en el caso de conocer la arrocera la situaci\u00f3n de insolvencia de su deudor. Mediando la existencia de obligaciones, aspecto que nadie polemiza, as\u00ed sean menores al valor del inmueble dado en pago, el indicio se diluye. Lo normal es que, el acreedor procure recaudar su cr\u00e9dito, antes que proteger el patrimonio del deudor con negocios ficticios. <\/p>\n
La demandada, no se pierda de vista, fue convocada en acci\u00f3n revocatoria de la daci\u00f3n en pago por el contralor del concordato que inst\u00f3 Jorge Eduardo Angarita. Las pretensiones fueron negadas en sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia. Entre otras razones, porque no hab\u00eda lugar a considerar el \u201cacuerdo mencionado y la daci\u00f3n en pago instrumentada, como actos de mala fe tendientes a perjudicar a los dem\u00e1s acreedores, ni siquiera en el evento del posible conocimiento por parte de Molino Roa S.A. acerca de la mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de su posible utilizaci\u00f3n de mecanismos jur\u00eddicos como el concordato, puesto que del mismo contenido de tales pruebas, tal como lo reconoci\u00f3 el deudor en concordato era un intento viable de apalancamiento financiero\u201d. <\/p>\n
4.5.2.9. Ning\u00fan papel jug\u00f3 en el resultado de la sentencia impugnada las conductas reprochables de la abogada de la empresa involucrada, Mar\u00eda Isabel Ni\u00f1o Hern\u00e1ndez, y del gerente de la sucursal Espinal, Oscar Eladio Giraldo Valencia. Lo mismo, la inexistencia de algunos tr\u00e1mites judiciales, embargos, procesos, en fin. <\/p>\n
Lo trascendente s\u00ed es, Jorge Eduardo Angarita asinti\u00f3 la formula finalmente establecida, as\u00ed no fuera de su autor\u00eda. Lo pone de presente la firma de las comunicaciones cruzadas y del acuerdo privado de 12 de mayo de 2006, al igual que la escritura de daci\u00f3n en pago. En lo dem\u00e1s, la convocatoria al concordato, al margen de que sea posterior a esa prueba documental, es significativa de la insolvencia del deudor y la causa real del recaudo de los cr\u00e9ditos. Si el acreedor conoc\u00eda ese antecedente del deudor, lo l\u00f3gico era asegurar sus acreencias, pero no con negocios simulados. <\/p>\n
En el punto, los errores de hecho, en la hip\u00f3tesis de ser manifiestos, son irrelevantes. Los mismos de manera alguna descubren que, concertadas las partes para simular, la daci\u00f3n en pago se exterioriz\u00f3 para fingir otra realidad. La dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica del deudor y las conductas reprochadas a dichos dependientes en el manejo de la operaci\u00f3n pudieron influir en la voluntad del deudor o inducirlo en error. El acuerdo previo para encubrir, con todo, per se, excluye la presi\u00f3n o el enga\u00f1o. <\/p>\n
4.5.2.10. El error acerca de las conclusiones de la hipoteca que exist\u00eda sobre El Hobal, en favor de la interpelada, no es f\u00e1ctico, sino estrictamente jur\u00eddico. El problema es de las consecuencias de adquirir el bien gravado por el mismo acreedor real, algo pac\u00edfico, y no de haberse dejado demostrado, sin estarlo, que la afectaci\u00f3n fue extinguida. <\/p>\n
La hipoteca, en todo caso, \u00abes un derecho de prenda constituido sobre inmuebles\u00bb y, por ende, \u00ab[s]e extingue (\u2026) cuando la propiedad de la cosa empe\u00f1ada pasa al acreedor por cualquier t\u00edtulo\u00bb (arts. 2431 y 2432 C.C.). Es la consecuencia l\u00f3gica, puesto que, en tales circunstancias, la pervivencia de la garant\u00eda deviene in\u00fatil, as\u00ed contin\u00fae vigente su registro por las razones que sean. Por lo mismo, el hecho de mantener vigente, lo que no existe, ning\u00fan beneficio puede acarrear. <\/p>\n
4.5.2.11. Los testimonios de Hernando Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y Maribel \u00c1lvarez D\u00edaz, es cierto, no fueron mencionados en el fallo acusado. Empero, de ah\u00ed no puede seguirse, necesariamente, la comisi\u00f3n del error de hecho, porque si las pruebas omitidas coinciden con las dem\u00e1s conclusiones acertadas del juzgador, su apreciaci\u00f3n es impl\u00edcita, solo que de manera negativa. <\/p>\n
La falta, por tanto, es inexistente. Las versiones se traen para demostrar las conductas reprochables de unos dependientes de la demandada y las supuestas irregularidades en un proceso policivo. Sin embargo, arriba qued\u00f3 elucidado que nada de ello es incidente, respecto de los hechos en concreto investigados. <\/p>\n
4.5.3. Lo discurrido, hasta el momento, pone de presente que el impugnante no logr\u00f3 horadar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que abriga a la sentencia impugnada cuando arriba al recurso de casaci\u00f3n, respecto de sus tres pilares fundamentales. <\/p>\n
La evidencia documental y testimonial sobre que la daci\u00f3n en pago fue una propuesta suscrita por los demandantes con anterioridad a la fecha en que se concret\u00f3 la negociaci\u00f3n. La existencia de una cuantiosa obligaci\u00f3n a cargo de estos, cuyo monto no se determin\u00f3, pero que justificaba la operaci\u00f3n ante la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica del deudor. Y la ausencia de necesidad de la convocada de recibir el bien como una mera garant\u00eda, por cuanto ten\u00eda a su favor constituido un gravamen hipotecario sobre la finca y no requer\u00eda hacerse al dominio simuladamente para asegurar la ejecuci\u00f3n del acuerdo privado. Todas esas circunstancias estructuran, en su conjunto, razones s\u00f3lidas que prueban la ausencia de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco, por lo mismo, desvirt\u00faan la presunci\u00f3n de eficacia que igualmente cobija la daci\u00f3n en pago contenida en el acto p\u00fablico. La prueba, por su puesto, era exigente, ante el principio de prevalencia de los actos jur\u00eddicos. <\/p>\n
4.7. El cargo, por consiguiente, no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 19 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por Jorge Eduardo y Juan Fernando Angarita Galeano, y Olga Teresa Galeano Angarita, contra Molinos Roa S.A. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de los recurrentes. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la parte opositora en el recurso replic\u00f3 el cargo. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo pertinente, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2012, expediente 00179-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2013, expediente 00103. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 2 de febrero de 2001, radicaci\u00f3n 5670. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de enero de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Ren\u00e9 Abeliuk Manasevich. Las Obligaciones. Tomo II. Editorial Temis S.A. Tercera Edici\u00f3n. P\u00e1g. 568. <\/p>\n
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SC3792-2021 (2006-00126-01)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3792-2021 Radicaci\u00f3n: 73268-31-03-001-2006-00126-01 (Aprobado en Sala virtual de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron Jorge Eduardo y Juan Fernando Angarita Galeano, y Olga Teresa Galeano de Angarita, contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}