SC3793-2021 (2011-00025-01)_2 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3793-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15455 31 89 001 2011 00025 01 <\/p>\n
Aprobada en sala de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte. <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 16 de diciembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de Parroquia San Joaqu\u00edn de Miraflores contra personas indeterminadas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria tres inmuebles urbanos, junto con las edificaciones en ellos construidas, ubicados en el municipio de Miraflores – Boyac\u00e1, en su orden, en la Calle 3 Nros. 6-53 y 7-10-25; Calle 4 Nro. 12-79 y en la Calle 3 Nro. 2-175-185. <\/p>\n
2.- La causa petendi se sintetiza as\u00ed: <\/p>\n
Desde hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, la Parroquia de San Juan de Miraflores, a trav\u00e9s de sus diferentes p\u00e1rrocos, ha ejercido posesi\u00f3n sobre los mencionados inmuebles, de manera quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica, real y efectiva, en forma permanente, sin interrupci\u00f3n, violencia, ni clandestinidad, y con la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo. <\/p>\n
El primero y el tercero, en las labores propias de los servicios religiosos, mantenimiento y arreglo del templo y de sus instalaciones adyacentes, y el segundo, en las actividades del cementerio, incluyendo \u00abconstrucci\u00f3n de b\u00f3vedas, venta y arriendo de lotes y b\u00f3vedas para la inhumaci\u00f3n de restos humanos, construyendo mejoras, pagando servicios p\u00fablicos, y todas aquellas actividades tendientes a mantener y conservar el inmueble como tambi\u00e9n pago de impuestos\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan lo indica el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Miraflores no hay titulares de derechos reales inscritos sobre los predios, por lo que la demanda se dirige contra personas indeterminadas (fls. 31 \u2013 36, c.1). <\/p>\n
3.- Admitida la demanda y cumplido el emplazamiento a personas indeterminadas, acudieron al juicio: <\/p>\n
3.1.- El Municipio de Miraflores, se opuso a las pretensiones y como excepci\u00f3n de fondo aleg\u00f3: \u00ablos bienes que pretende usucapir la parte actora son bienes fiscales [adjudicables], espec\u00edficamente bienes bald\u00edos y por tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables (\u2026) son de propiedad de la Naci\u00f3n y no pueden ser adquiridos a trav\u00e9s de la prescripci\u00f3n\u00bb (fls. 47 \u2013 53, c.1). <\/p>\n
3.2.- El personero del Municipio de Miraflores, en representaci\u00f3n de los intereses de la comunidad, se opuso a las pretensiones, aduciendo que los bienes pretendidos son imprescriptibles, y excepcion\u00f3 \u00abTemeridad y mala fe\u00bb, \u00abPleito pendiente\u00bb, \u00abFalta de causa por activa\u00bb, y la \u00abGen\u00e9rica\u00bb. (fls.162- 167, c.1). <\/p>\n
3.3.- El apoderado judicial de un grupo de 155 personas y de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal de la Vereda Miraflores y del Barrio Santa B\u00e1rbara, se opuso y como excepciones de m\u00e9rito, aleg\u00f3: \u00abImprescriptibilidad de los bienes donde se localizan la iglesia principal de Miraflores, el cementerio municipal y la capilla de Santa B\u00e1rbara\u00bb; los inmuebles pretendidos \u00abostentan la calidad de bienes bald\u00edos y son por tanto de propiedad del Municipio de Miraflores\u00bb; \u00abImposibilidad de prescribir predios sobre los cuales se ha reconocido el dominio y propiedad a otra persona o entidad\u00bb; \u00abAusencia de posesi\u00f3n sobre los bienes por parte de la parroquia San Joaqu\u00edn de Miraflores y existencia \u00fanicamente de ocupaci\u00f3n de predios bald\u00edos de propiedad del Municipio de Miraflores\u00bb; \u00abConfesi\u00f3n por parte del demandante de no detentar la posesi\u00f3n por haber efectuado venta de lotes y b\u00f3vedas en el cementerio\u00bb; \u00abImprescriptibilidad\u00bb, dada la declaratoria de dichos bienes como \u00abpatrimonio urbano cultural, arquitect\u00f3nico e hist\u00f3rico de Miraflores\u00bb; \u00abImprescriptibilidad del cementerio (\u2026) por estar fuera del comercio humano\u00bb; de llegar a concederse lo pretendido, se vulnerar\u00eda \u00abel derecho fundamental de todos los ciudadanos de Miraflores a la libertad de cultos y el derecho fundamental de conservar el objeto material depositario de su evocaci\u00f3n simb\u00f3lica con sus muertos y el culto\u00bb, as\u00ed como \u00abel derecho fundamental de todos los ciudadanos de Miraflores a la libertad de cultos\u00bb y \u00aba lo contemplado en el art\u00edculo 17 de la ley 133 de 1994\u00bb; \u00abAusencia de tenencia de los bienes a usucapir con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o por parte de la Parroquia San Joaqu\u00edn de Miraflores\u00bb, y la \u00abGen\u00e9rica\u00bb. (fls. 468-546, c.2). <\/p>\n
4.- El Juzgado de primera instancia declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones alegadas por los intervinientes y accedi\u00f3 a todas las s\u00faplicas de la demanda (fls. 1450 a 1486, c. 3). <\/p>\n
5.- Al resolver la alzada interpuesta por el Personero de Miraflores, el Tribunal reform\u00f3 la sentencia impugnada, en el sentido de negar las pretensiones frente al predio del cementerio y confirmarla en todo lo dem\u00e1s (fls. 26- 49, c. 6). <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Por encontrar reunidos los elementos necesarios para que prosperen las pretensiones frente a los predios donde se encuentran el templo parroquial y la Capilla de Santa B\u00e1rbara, se confirma la decisi\u00f3n de acceder a la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio sobre ellos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el ubicado en la calle 4 N\u00b0 12-79, donde est\u00e1 situado el cementerio, con la prueba testimonial se prob\u00f3 el primer requisito para usucapir, es decir, la posesi\u00f3n ejercida por la demandante. Tambi\u00e9n se cumple el consistente en la identidad de la cosa objeto de prescripci\u00f3n, acreditado con la diligencia de inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial. En cuanto a la prescriptibilidad de ese bien, se tiene: <\/p>\n
Una rese\u00f1a de normas jur\u00eddicas desde la Ley 15 de 1853, deja ver c\u00f3mo en un comienzo el cementerio que era un asunto religioso comienza a tomar otras direcciones y se ubica en la planeaci\u00f3n de las ciudades y la salud p\u00fablica. Por la importancia que reviste ese lugar en el desarrollo de los centros urbanos, est\u00e1 permeado por las l\u00f3gicas pol\u00edtico-administrativas que regulan todos los equipamientos colectivos, ejemplo de ello es la Ley 9\u00b0 de 1979 por medio de la cual se dictan las disposiciones sanitarias para el aseguramiento del bienestar y la salud humana, que consagra los par\u00e1metros de la licencia de funcionamiento de un cementerio. <\/p>\n
Se trata de un \u00abespacio p\u00fablico que debe ser destinado al uso p\u00fablico\u00bb, conforme al art\u00edculo 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que establece que Colombia es un Estado Social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del inter\u00e9s general; en consonancia el art\u00edculo 82 ib\u00eddem, conforme al cual es deber del Estado velar por la protecci\u00f3n de la integridad del espacio p\u00fablico y su destinaci\u00f3n al uso com\u00fan, a fin de asegurar el acceso de todas las personas, al disfrute y utilizaci\u00f3n de los espacios p\u00fablicos. <\/p>\n
El art\u00edculo 5 de la Ley 9\u00b0 de 1989, ampli\u00f3 la definici\u00f3n de espacio p\u00fablico, como \u00abel conjunto de inmuebles y los elementos arquitect\u00f3nicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectaci\u00f3n, a la satisfacci\u00f3n de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por los l\u00edmites de los intereses individuales de los habitantes\u00bb, se colige que la vocaci\u00f3n de los bienes de uso p\u00fablico es la utilizaci\u00f3n y el disfrute colectivo en forma libre, de ah\u00ed se deriva su car\u00e1cter inalienable, imprescriptible e inembargable que el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n les otorga. <\/p>\n
En este caso, con los testimonios se prob\u00f3 que el camposanto de Miraflores est\u00e1 destinado a \u00abla inhumaci\u00f3n de cad\u00e1veres, que constituye un uso p\u00fablico, al respecto el art\u00edculo 2 de la Resoluci\u00f3n 1447 de 2009, dispone: \u201ccementerio: Lugar destinado para recibir y alojar los cad\u00e1veres, restos y \u00f3rganos y\/o partes humanas, ya sea en b\u00f3vedas, sepulturas o tumba, osarios y cenizarios es un espacio para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres queridos\u201d\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, aunque se demostr\u00f3 que el demandante como administrador, ha dispuesto el alquiler y venta de derechos, \u00abno es menos cierto que se trata de un bien de uso p\u00fablico, habida cuenta que es el \u00fanico cementerio que existe en el lugar y no puede entregarse a un particular, por ser imprescriptible, inalienable e inembargable, de acuerdo a las definiciones previamente relacionadas\u00bb. <\/p>\n
El acto por el que se concede a una persona una parcela para que levante all\u00ed un sepulcro, no es sino una concesi\u00f3n regida por el derecho administrativo, en consecuencia, se encuentran fuera del comercio en virtud de su destino a un servicio p\u00fablico y no son susceptibles de relaciones y situaciones jur\u00eddicas del derecho privado. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como el predio donde est\u00e1 situado el cementerio es imprescriptible, se reformar\u00e1 el numeral segundo de la providencia atacada, en el sentido de negar las pretensiones frente a \u00e9ste. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con soporte en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que corresponde al ordinal 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, en un solo cargo se acus\u00f3 la sentencia de ser directamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 672, 676, 762, 2518, 2531, 2532, 2534 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed corno del numeral 1\u00b0 del 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en vigor cuando se present\u00f3 la demanda (hoy ord. 10 art. 375 C. G. P.); infringir el art\u00edculo XXVII del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 20 de 1974, los art\u00edculos 6\u00b0 literal C, ordinales 2 y 3 y el art\u00edculo 17, incluyendo el par\u00e1grafo, de la ley 133 de 1994 y quebrantar, por interpretaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 537, 538 y 539 de la Ley 9 de 1979; 5\u00b0 de la Ley 9 de 1989; 1\u00b0, 63 y 82 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En sustento, se expuso: <\/p>\n
deducir, como desacertadamente lo infiere el Tribunal, que en el r\u00e9gimen colombiano es inadmisible la apropiaci\u00f3n privada de los cementerios porque son bienes de uso p\u00fablico y, por ende, est\u00e1n fuera del comercio. En el ordenamiento patrio, es posible que los particulares, con mayor raz\u00f3n si se trata de Iglesias o confesiones religiosas, puedan adquirir, fundar o transmitir derechos reales sobre los camposantos. <\/p>\n
De otro lado, la Ley 20 de 1974, aprobatoria del concordato con la Santa Sede, prescribe en el art\u00edculo XXVII, de su art\u00edculo 10, que \u00abEl Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico\u00bb (\u2026) \u00abEn los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos\u00bb; ese precepto reconoce a la Iglesia el derecho a poseer y administrar sus propios cementerios, supeditada a las reglamentaciones sanitarias. No puede predicarse que, una vez adaptado un predio para tal fin dado el servicio p\u00fablico que le es inherente, pierda su car\u00e1cter de bien privado, pues la afectaci\u00f3n de esos bienes a la prestaci\u00f3n de ese servicio p\u00fablico no implica su expropiaci\u00f3n ipso iure o el abandono del animus dominical. <\/p>\n
Igualmente, se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 133 de 1994 que regula la libertad religiosa y de cultos, as\u00ed como su art\u00edculo 17, a tono con el cual, \u00abEn todos los municipios del pa\u00eds existir\u00e1 un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptar\u00e1n las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del a\u00f1o siguiente a la fecha de promulgaci\u00f3n de la presente Ley\u00bb. Y agrega en su par\u00e1grafo, \u00abEn los municipios donde exista un solo cementerio y este dependa de una Iglesia o confesi\u00f3n religiosa, ella separar\u00e1 un lugar para dar digna sepultura en las mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se de cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Se colige que nuestro ordenamiento distingue entre los cementerios p\u00fablicos y los privados. Los primeros, pueden concebirse, en l\u00ednea de principio, como bienes de dominio p\u00fablico adscritos a un servicio p\u00fablico, mientras los segundos son aquellos cuyo titular es una persona jur\u00eddica de Derecho privado. Entre estos \u00faltimos se cuentan los cementerios de las confesiones religiosas, los cuales, adem\u00e1s de obedecer al libre ejercicio de cultos, implican una manifestaci\u00f3n del derecho de propiedad. <\/p>\n
Otro desatino en que incurri\u00f3 el fallador al denegar la usucapi\u00f3n, estrib\u00f3 en considerar que por ser el predio pretendido el \u00fanico cementerio de la localidad era un bien de uso p\u00fablico imprescriptible e inembargable, sin tener en cuenta que el incumplimiento del t\u00e9rmino concedido en el art\u00edculo 17 de la Ley 133 de 1994 por parte del municipio, no puede despuntar en el cercenamiento de los derechos reconocidos a la Iglesia, ni mucho menos en un acto de expropiaci\u00f3n de lo adquirido por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco es acertado aseverar que el uso com\u00fan de un bien por los habitantes de un lugar convierta, fatal e irremediablemente, un predio privado en un bien p\u00fablico. Al respecto es oportuno distinguir entre los bienes p\u00fablicos de uso p\u00fablico de aquellos bienes privados que sus propietarios permiten usar a una determinada colectividad. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil, los bienes de la \u00abUni\u00f3n\u00bb pueden ser 1) los de uso p\u00fablico, como las calles, plazas, puentes y caminos; y, 2) los denominados fiscales, es decir, aquellos que no est\u00e1n afectados a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, pero forman parte del patrimonio estatal por mandato constitucional, o porque han <\/p>\n
sido adquiridos por las entidades territoriales o de derecho p\u00fablico, con el \u00e1nimo de atender las finalidades que les corresponden. En este caso, su uso es restringido comoquiera que no corresponde a la comunidad. <\/p>\n
No es dable concluir que cuando un particular dispone que un bien suyo pueda ser usado limitadamente por alg\u00fan sector de la colectividad, bajo su administraci\u00f3n, custodia, conservaci\u00f3n, aquel se convierta ipso facto, en un bien de uso p\u00fablico, pues lo que dispone de manera tajante el art\u00edculo 676 del C\u00f3digo Civil, es lo contrario, esto es que esos no son bienes \u00abde la Uni\u00f3n\u00bb. Los bienes de los particulares que prestan un servicio p\u00fablico no pasan al dominio p\u00fablico, son suyos, no puede decirse que por ese mero hecho se tornan imprescriptibles. <\/p>\n
La Ley 9 de 1979, por medio de la cual se adoptaron algunas medidas sanitarias, en ninguna de sus reglas alude a que, si se trata de un camposanto operado por un particular, los bienes afectados a la prestaci\u00f3n de ese servicio pasen a ser del Estado. Esos preceptos regulan lo relativo a la prestaci\u00f3n del servicio, pero no modifican la naturaleza jur\u00eddica de los bienes muebles e inmuebles de los que se valga el particular que lo preste. <\/p>\n
Vulner\u00f3, igualmente el sentenciador, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, los art\u00edculos 82 de la Constituci\u00f3n y 5\u00b0 de la Ley 9 de 1989, relativos a la protecci\u00f3n del espacio p\u00fablico, porque entendi\u00f3, de un lado, que ese concepto alude a los bienes de uso p\u00fablico; y, de otro, que los bienes que conforman el espacio p\u00fablico son todos p\u00fablicos. <\/p>\n
Esas inferencias son desacertadas, en primer lugar, porque el concepto de espacio p\u00fablico atiende a criterios urban\u00edsticos y pol\u00edticos que lo tornan polis\u00e9mico y ha venido cambiando con el tiempo para atender nuevas y crecientes necesidades mediante \u00abequipamientos civiles\u00bb que comprenden institutos de ense\u00f1anza, bibliotecas, parques, teatros, caf\u00e9s, centros comerciales. No obstante, esos bienes y elementos arquitect\u00f3nicos, aun cuando integrantes del espacio p\u00fablico, no pueden entenderse como bienes p\u00fablicos, pues es evidente, como de manera inequ\u00edvoca lo se\u00f1alan distintas normas del ordenamiento, que elementos de propiedad privada, sin perder nunca esa condici\u00f3n, integran por igual, junto con bienes p\u00fablicos, ese espacio. <\/p>\n
A tono con el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 9 de 1989, el espacio p\u00fablico se conforma por igual con bienes p\u00fablicos y elementos arquitect\u00f3nicos privados, sin que por ello pierdan su condici\u00f3n, lo que se refuerza con el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1504 de 1998, y ninguno de esos preceptos prescribe que todos los bienes y elementos urban\u00edsticos que conformen el espacio p\u00fablico sean bienes p\u00fablicos y, menos a\u00fan, que tengan la condici\u00f3n de imprescriptibles, inembargables e inalienables. <\/p>\n
El desacierto jur\u00eddico emerge de inferir que todos los cementerios son bienes de uso p\u00fablico y de all\u00ed la imprescriptibilidad de uno de los bienes pretendido por la demandante. Por el contrario, conforme a las normas examinadas, le es dado a un particular fundar cementerios en predios de su propiedad, sin perder esta condici\u00f3n, con mayor raz\u00f3n si se trata de la Iglesia Cat\u00f3lica. <\/p>\n
Si el fallador no hubiese incurrido en tal yerro jur\u00eddico, habr\u00eda concedido la usucapi\u00f3n respecto del inmueble que corresponde a un cementerio de la Parroquia, toda vez que asent\u00f3 de manera expresa que se hallaban reunidos todos los requisitos necesarios para hacer obrar la prescripci\u00f3n adquisitiva, exceptuando el relativo a que estuviese en el comercio y fuese susceptible de ser adquirido por ese modo. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Este recurso se rige por el C\u00f3digo General del Proceso dado que fue interpuesto despu\u00e9s del 1\u00b0 de enero de 2016, cuando \u00e9ste entr\u00f3 a regir en pleno (arts. 624 y 625, n\u00fam. 5\u00ba), seg\u00fan lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-10392 de 2015, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Adem\u00e1s, conforme a lo acontecido en el curso de las instancias ordinarias, el objeto de estudio se circunscribir\u00e1 a la negativa de las aspiraciones de la accionante frente a uno de los predios, como quiera que lo concedido respecto de los otros dos resulta por fuera de discusi\u00f3n en esta sede. <\/p>\n
2.- El an\u00e1lisis del cargo permitir\u00e1 concluir que los inmuebles destinados como cementerios pueden ser de propiedad privada cuando se construyen en suelo propio al no existir ning\u00fan fundamento jur\u00eddico para deducir lo contrario, sin embargo, si una edificaci\u00f3n de esa naturaleza se erige en un terreno ajeno, la viabilidad de su adquisici\u00f3n por el modo de prescripci\u00f3n precisa determinar si aquel es de car\u00e1cter p\u00fablico o privado, pues en el primer evento el car\u00e1cter imprescriptible es incuestionable conforme a normas de orden constitucional y legal que as\u00ed lo imponen. <\/p>\n
3.- De los bienes imprescriptibles. <\/p>\n
Requisitos sine qua non de la prosperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio ata\u00f1e, precisamente, a que el bien sobre el cual recae sea susceptible de adquirir por ese modo, es decir, que no sea imprescriptible, car\u00e1cter que en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano solo puede devenir de un precepto constitucional o legal. <\/p>\n
El art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil, se\u00f1ala que \u00ab[s]e gana por prescripci\u00f3n el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano, y se han pose\u00eddo con las condiciones legales\u201d, y conforme al canon 63 de la Carta Pol\u00edtica, \u00ab[l]os bienes de uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la Naci\u00f3n y los dem\u00e1s bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables\u00bb. Igualmente, al tenor de los art\u00edculos 72 y 75 ibidem, tambi\u00e9n tienen el car\u00e1cter de imprescriptibles \u00abel patrimonio cultural de la Naci\u00f3n\u00bb, \u00abel patrimonio arqueol\u00f3gico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional\u00bb, as\u00ed como \u00abel espectro electromagn\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
En suma, los bienes imprescriptibles son los mencionados en la Constituci\u00f3n y aquellos que determine el legislador en uso de su potestad, como lo ha hecho, verbi gratia, en el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil que dispone, \u00ab[L]os bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso\u00bb; en el numeral 4 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al cual \u00ab[l]a declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb1 y en la Ley 1183 de 2008 \u00abPor medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios\u00bb, en cuyo art\u00edculo 17 corregido por el 1\u00b0 del Decreto 1604 de 2017, dispuso que \u00ab[n]o podr\u00e1n ser objeto de posesi\u00f3n ni prescripci\u00f3n los bienes de uso p\u00fablico, ni los fiscales, ni los parques naturales, ni los que se encuentren dentro de las reservas forestales, ecol\u00f3gicas o en zonas no urbanizables, ni los que pertenezcan a las comunidades ind\u00edgenas o negritudes se\u00f1alados por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en general los que la ley declara como imprescriptibles (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es claro que la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles es una connotaci\u00f3n que solo puede ser atribuida por la Constituci\u00f3n y la ley, y guarda relaci\u00f3n con la naturaleza jur\u00eddica de aquellos; la preservaci\u00f3n de caros principios y valores relacionados con la prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la defensa del patrimonio y del inter\u00e9s p\u00fablico, la salvaguarda del derecho colectivo al medio ambiente, la protecci\u00f3n de suelos reconocidos como propiedad ancestral de grupos \u00e9tnicos o de comunidades especialmente protegidas, etc. <\/p>\n
Entonces, al existir reserva constitucional y legal frente a la definici\u00f3n de los bienes que no pueden ser adquiridos por el modo de la prescripci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n judicial en esa materia est\u00e1 restringida a casos que realmente resulten oscuros o susciten duda mirados desde la posible inclusi\u00f3n del bien reclamado en uno de los casos exceptuados. <\/p>\n
4.- Imprescriptibilidad de los bienes de uso p\u00fablico, fiscales y bald\u00edos. <\/p>\n
4.1.- Establecer el alcance de los art\u00edculos 63 de la Constituci\u00f3n y 2519 del C\u00f3digo Civil que declaran imprescriptibles \u00ablos bienes de uso p\u00fablico\u00bb, exige tener claridad acerca del concepto y caracter\u00edsticas de los denominados bienes de dominio p\u00fablico. <\/p>\n
Punto de partida para ese efecto, es el art\u00edculo 102 de la Carta Pol\u00edtica, a cuyo tenor: \u00abEl territorio, con los bienes p\u00fablicos que de \u00e9l forman parte, pertenecen a la naci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como la clasificaci\u00f3n efectuada en el art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, el uso de los denominados \u00abbienes de la Uni\u00f3n\u00bb, pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes \u00abde uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio\u00bb y si uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman \u00abbienes fiscales\u00bb. <\/p>\n
Como puede apreciarse, tanto los bienes de uso p\u00fablico como los fiscales hacen parte del patrimonio del Estado, y se diferencian, en esencia, por su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen, en la medida que los primeros est\u00e1n a disposici\u00f3n de toda la comunidad, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y se rigen por el derecho p\u00fablico, mientras los segundos no est\u00e1n al servicio de la comunidad, pueden utilizarse para realizar los fines del Estado, y su titular los administra como si fuera un particular; pero tienen en com\u00fan que unos y otros est\u00e1n destinados al cumplimiento de los fines del Estado. <\/p>\n
Sobre el alcance del art\u00edculo 102 de la Carta Pol\u00edtica, la Corte Constitucional en C-255 de 2012, acot\u00f3 que esa norma se proyecta en dos dimensiones: <\/p>\n
De un lado, es un reconocimiento gen\u00e9rico del concepto tradicional de \u201cdominio eminente\u201d, como expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado y de su capacidad para regular el derecho de propiedad -p\u00fablico y privado- e imponer las cargas y restricciones que considere necesarias para el cumplimiento de sus fines, naturalmente dentro de los l\u00edmites que la propia Constituci\u00f3n ha impuesto2. <\/p>\n
De otro lado, consagra el derecho de propiedad sobre los bienes p\u00fablicos que forman parte del territorio, lo cual es \u201cexpresi\u00f3n de una caracter\u00edstica patrimonial espec\u00edfica que se radica en cabeza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico por excelencia en nuestro ordenamiento constitucional como es la Naci\u00f3n\u201d3. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia ha explicado, seg\u00fan los lineamientos de la legislaci\u00f3n civil4, que la denominaci\u00f3n gen\u00e9rica adoptada en el art\u00edculo 102 de la Carta Pol\u00edtica comprende (i) los bienes de uso p\u00fablico y (ii) los bienes fiscales. <\/p>\n
Particularmente, frente a los bienes de uso p\u00fablico, en CSJ SC1727-2016, la Sala precis\u00f3 que en la actualidad, su definici\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) va m\u00e1s all\u00e1 de la tradicional clasificaci\u00f3n que se hac\u00eda de las cosas a partir de la titularidad que el Estado o los particulares ejercen sobre ellas, para incluir tambi\u00e9n elementos que conciernen a la afectaci\u00f3n o destinaci\u00f3n de los bienes seg\u00fan las necesidades y fines del Estado Social de Derecho y de la funci\u00f3n social que cumple la propiedad. A tal respecto, la Corte Constitucional explica: <\/p>\n
Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectaci\u00f3n al dominio p\u00fablico, por motivos de inter\u00e9s general (art. 1\u00ba C.P.), relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso p\u00fablico y el espacio p\u00fablico. <\/p>\n
Los bienes que deben comprenderse en el dominio p\u00fablico se determinan no s\u00f3lo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio p\u00fablico; adem\u00e1s es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectaci\u00f3n del bien a una finalidad p\u00fablica; es decir, a un uso o a un servicio p\u00fablico o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectaci\u00f3n que, a su vez, determinan la clasificaci\u00f3n de los bienes de dominio p\u00fablico. (Sentencia T-292 de 1993) <\/p>\n
Los bienes p\u00fablicos (de propiedad p\u00fablica, fiscales, de uso p\u00fablico o afectados a uso p\u00fablico), est\u00e1n desligados del derecho que rige la propiedad privada, y en cuanto tales comparten la peculiaridad de que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. (Subraya intencional). <\/p>\n
4.2.- Inicialmente el C\u00f3digo Civil solo le confiri\u00f3 car\u00e1cter de imprescriptibles a los bienes de uso p\u00fablico (art. 2519) no obstante, esa misma caracter\u00edstica respecto de los bienes fiscales fue introducida por el art\u00edculo 413 del Decreto 1400 de 1970 o C\u00f3digo de Procedimiento Civil, numeral 4\u00b0: \u00ab[n]o procede la declaraci\u00f3n de pertenencia si antes de consumarse la prescripci\u00f3n estaba en curso un proceso de divisi\u00f3n del bien com\u00fan, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb (Subraya intencional). <\/p>\n
La avenencia de dicha norma con el marco constitucional fue revisada por esta Corporaci\u00f3n en sentencias de 6 de mayo y 16 de noviembre de 1978, \u00faltima en la que se concluy\u00f3, que los bienes de uso p\u00fablico y bienes fiscales conforman el dominio p\u00fablico, pertenecen al patrimonio del Estado y se diferencian en cuanto a su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen, en tanto, unos y otros \u00abtienen objetivos id\u00e9nticos, en funci\u00f3n de servicio p\u00fablico, concepto equivalente pero no igual al de \u2018funci\u00f3n social\u2019, que se refiere exclusivamente al dominio privado\u00bb; as\u00ed mismo, la Corte estim\u00f3 que si ambas clases de bienes tienen un r\u00e9gimen de derecho p\u00fablico, aunque tengan modos especiales de administraci\u00f3n no se ve por qu\u00e9 \u00abest\u00e9n unos amparados con el privilegio estatal de imprescriptibilidad y otros no, siendo unos mismos su due\u00f1o e igual su destinaci\u00f3n final, que es el del servicio de los habitantes del pa\u00eds. Su afectaci\u00f3n, as\u00ed no sea inmediata sino potencial al servicio p\u00fablico, debe excluirse de la acci\u00f3n de pertenencia, para hacer prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico o social sobre el particular\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, con ocasi\u00f3n de las modificaciones introducidas a ese estatuto por el Decreto 2282 de 1989, (num. 210, art. 1\u00b0), la declaraci\u00f3n de pertenencia pas\u00f3 al art\u00edculo 407 y en su numeral 4\u00b0 se plasm\u00f3 que aquella \u00abno procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb. La Corte Constitucional en C-530 de 1996 declar\u00f3 exequible ese segmento de la norma, en s\u00edntesis, porque, si los bienes fiscales en general est\u00e1n destinados a garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos y le pertenecen a la comunidad, merecen un tratamiento especial que los proteja, de manera que no se quebranta la igualdad, porque \u00abquien posee un bien fiscal, sin ser su due\u00f1o, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n en que estar\u00eda si el bien fuera de propiedad de un particular. En el primer caso su inter\u00e9s particular se enfrenta a los intereses generales, a los intereses de la comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares\u00bb. <\/p>\n
Esta Sala en SC 12 feb. 2001, exp. 5597, reiterada en SC 31 jul. 2002, exp. 5812, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) hoy en d\u00eda, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho p\u00fablico no pueden ganarse por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, no porque est\u00e9n fuera del comercio o sean inalienables, como si ocurre con los de uso p\u00fablico, sino porque la norma citada (art. 407 del C. de P.C., se agrega) niega esa tutela jur\u00eddica, por ser \u2018propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u2019, como en efecto el mismo art\u00edculo lo distingue (ordinal 4\u00b0), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando as\u00ed un dique de protecci\u00f3n al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a trav\u00e9s de fraudulentos procesos de pertenencia. <\/p>\n
4.3.- El art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil al referirse a los bald\u00edos dispone que \u00ab[s]on bienes de la Uni\u00f3n todas las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales carecen de otro due\u00f1o\u00bb, siendo aquellos catalogados como \u00abfiscales adjudicables\u00bb, dado que \u00abla Naci\u00f3n los conserva para adjudicarlos a quienes re\u00fanan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley\u00bb (C-595\/95). <\/p>\n
El atributo de su imprescriptibilidad deviene de normas como el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 48 de 1882, conforme al cual, \u00abLas tierras bald\u00edas se reputan bienes de uso p\u00fablico, y su propiedad no se prescribe contra la Naci\u00f3n, en ning\u00fan caso, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil5\u00bb; el 61 de la Ley 110 de 1912 -C\u00f3digo Fiscal-, a cuyo tenor, \u00abEl dominio de los bald\u00edos no puede adquirirse por prescripci\u00f3n6\u00bb, y del canon 65 de la Ley 160 de 1994, \u00abLa propiedad de los terrenos bald\u00edos adjudicables, s\u00f3lo puede adquirirse mediante t\u00edtulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado a trav\u00e9s del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades p\u00fablicas en las que delegue esta facultad. Los ocupantes de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al C\u00f3digo Civil, y frente a la adjudicaci\u00f3n por el Estado s\u00f3lo existe una mera expectativa\u00bb, preceptos normativos cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional en C-595 de 1995. <\/p>\n
Es claro, entonces, que los terrenos bald\u00edos, a diferencia de lo que ocurre en general con los inmuebles de propiedad de los particulares, no pueden adquirirse por prescripci\u00f3n, sino por la ocupaci\u00f3n y posterior adjudicaci\u00f3n al ocupante, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en la ley. <\/p>\n
Por lo que ata\u00f1e a la situaci\u00f3n de los inmuebles que carecen de antecedentes registrales pretendidos en usucapi\u00f3n, la Sala en sede constitucional, en STC12570-2019, reiterada, entre otras, en STC3003-2020, precis\u00f3, que <\/p>\n
(\u2026) el mismo sistema jur\u00eddico ha reconocido la existencia de dos presunciones, una de bien privado y otra de bien bald\u00edo, que pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se analizan de forma sistem\u00e1tica permiten entrever la interpretaci\u00f3n adecuada ante la cual debe ceder nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
En tal sentido, los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicci\u00f3n directa con las referidas normas del C\u00f3digo Civil, el C\u00f3digo Fiscal, el C\u00f3digo General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constituci\u00f3n Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunci\u00f3n de bien privado se da ante la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que realiza un poseedor, y, como se observ\u00f3, en lo que se refiere a los bienes bald\u00edos no se puede generar la figura de la posesi\u00f3n sino de la mera ocupaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicaci\u00f3n, sino que se debe comprender que regulan situaciones jur\u00eddicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jur\u00eddico seg\u00fan el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previ\u00f3 cualquiera de estas situaciones en el C\u00f3digo General del Proceso, brind\u00e1ndole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, as\u00ed como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica. Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo. <\/p>\n
5.- R\u00e9gimen Jur\u00eddico acerca de la propiedad de los cementerios. <\/p>\n
A tono con el art\u00edculo 672 del C\u00f3digo Civil, \u00abEl uso y goce de las capillas y cementerios situados en posesiones de particulares y accesorios a ellas, pasar\u00e1n junto con ellas y junto con los ornamentos, vasos y dem\u00e1s objetos pertenecientes a dichas capillas o cementerios, a las personas que sucesivamente adquieran las posesiones en que est\u00e1n situados, a menos de disponerse otra cosa por testamento o por acto entre vivos\u00bb, norma de la cual se infiere que los particulares pueden ser titulares de derechos respecto de los cementerios, susceptibles de transferencia a otras personas por acto entre vivos o por causa de muerte, pero esa propiedad est\u00e1 limitada al uso y goce de dichos bienes. <\/p>\n
Tampoco llama a duda que en el actual r\u00e9gimen jur\u00eddico los cementerios pueden ser de propiedad de particulares. Al efecto, la Ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en su art\u00edculo 6\u00b0 prev\u00e9 que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constituci\u00f3n comprende, con la consiguiente autonom\u00eda jur\u00eddica e inmunidad de coacci\u00f3n, entre otros, los derechos de toda persona: <\/p>\n
(\u2026) c) De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religi\u00f3n del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeci\u00f3n a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. Para este efecto, se proceder\u00e1 de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Podr\u00e1n celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los particulares. <\/p>\n
2. Se observar\u00e1n los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias o confesiones religiosas con personer\u00eda jur\u00eddica en los cementerios que sean de su propiedad. <\/p>\n
3. Se conservar\u00e1 la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los lugares de culto existentes en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio de que haya nuevas instalaciones de otros cultos. (Subraya intencional). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en su canon 17 dispone que en todos los municipios del pa\u00eds \u00abexistir\u00e1 un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptar\u00e1n las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del a\u00f1o siguiente a la fecha de promulgaci\u00f3n de la presente Ley\u00bb. <\/p>\n
6.- El art\u00edculo 676 del C\u00f3digo Civil7 refiere que no constituyen \u00abbienes de la Uni\u00f3n\u00bb las obras realizadas por los particulares en terrenos propios con tolerancia de su utilizaci\u00f3n por parte de la comunidad. Sobre el alcance de esta disposici\u00f3n, la Corte en SC 29 jul. 1999 exp. 5074, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) aun cuando, en sentido estricto, los bienes de uso p\u00fablico se caracterizan porque pertenecen a una entidad de derecho p\u00fablico que los asigna al uso com\u00fan, nada se opone a que los particulares destinen, tambi\u00e9n, al uso general, bienes que les pertenecen, o que construyan en ellos obras enderezadas a tal finalidad, todo ello, claro est\u00e1, sin menoscabo de su derecho de dominio o de la posesi\u00f3n que sobre los mismos ejercen, y sin que, obviamente, ese acto de desprendimiento constituya venero que permita consolidar alg\u00fan derecho para quienes se sirven de ellos. <\/p>\n
\u201cLuego, ha dicho la Corte, los puentes y caminos as\u00ed como las dem\u00e1s obras, (calzadas, canales, etc.), que se construyan por los particulares a sus expensas y en terrenos de su propiedad, no pasan al dominio de la Naci\u00f3n por el solo hecho de que sus due\u00f1os permitan que los habitantes de un territorio puedan libremente transitar, pasear, estacionarse o reunirse en esos sitios. Son \u00e9stos actos de mera facultad que de acuerdo con el art\u00edculo 2520 del C.C., no confieren posesi\u00f3n ni dan lugar a prescripci\u00f3n alguna. <\/p>\n
\u201cPor tanto, la sola destinaci\u00f3n o afectaci\u00f3n de un inmueble de propiedad particular a servicio p\u00fablico, no es ni puede ser t\u00edtulo suficiente en favor de la Naci\u00f3n y menos a\u00fan de los particulares, que al gozar y usar de tal servicio no ejercitan acto alguno de posesi\u00f3n material. <\/p>\n
\u201cDicho en otros t\u00e9rminos, lo que da a un bien el car\u00e1cter de bien de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o de bien p\u00fablico del territorio -para emplear una cualquiera de las expresiones de que se vale el inciso 2\u00ba del art. 674 del mismo C.C.-, no es solamente su afectaci\u00f3n a un servicio p\u00fablico. Es necesario, adem\u00e1s, que esa afectaci\u00f3n o destinaci\u00f3n, decretada por la autoridad, est\u00e9 respaldada por un t\u00edtulo de dominio sobre tal bien y a favor de la Naci\u00f3n misma. Lo contrario constituir\u00eda el m\u00e1s franco y absoluto desconocimiento del derecho de propiedad\u201d (G.J. LXXIV, p\u00e1g. 797). <\/p>\n
7.- En el caso examinado, la premisa en la que se edific\u00f3 el fallo del Tribunal, en t\u00e9rminos generales, se concret\u00f3 en que los cementerios por sus caracter\u00edsticas y funci\u00f3n dentro de la colectividad, son \u00abespacio p\u00fablico que debe ser destinado al uso p\u00fablico\u00bb, inferencia afianzada en los art\u00edculos 1\u00b0 y 82 de la Constituci\u00f3n, y 5\u00b0 de la Ley 9\u00b0 de 1989, que ampli\u00f3 la definici\u00f3n de espacio p\u00fablico al \u00abconjunto de inmuebles y los elementos arquitect\u00f3nicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectaci\u00f3n, a la satisfacci\u00f3n de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los l\u00edmites de los intereses individuales de los habitantes\u00bb, de all\u00ed, al amparo del art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, dedujo la imprescriptibilidad del Cementerio de Miraflores, por tratarse de \u00abun bien que por su uso es determinado de uso p\u00fablico\u00bb, dado que es el \u00fanico que existe en el lugar \u00aby no puede entregarse a un particular, por ser imprescriptible, inalienable e inembargable, de acuerdo a las definiciones previamente relacionadas\u00bb. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el sentenciador infiri\u00f3 la imprescriptibilidad del inmueble en menci\u00f3n por considerarlo un \u00abbien de uso p\u00fablico\u00bb, por \u00abdestinaci\u00f3n\u00bb a un servicio en beneficio de la colectividad del municipio de Miraflores; no obstante, se echa de menos un an\u00e1lisis puntual referente a si la titularidad de dicho bien la ostentaba una entidad p\u00fablica, o si, por el contrario, estaba en la esfera del dominio particular. Esta definici\u00f3n era de capital importancia, comoquiera que, en el primer evento, con independencia de la destinaci\u00f3n del predio, el mismo era de car\u00e1cter imprescriptible al tenor de la normatividad rese\u00f1ada en precedencia, en otras palabras, el criterio aplicado solo cobraba relevancia para evaluar la viabilidad de ese modo de adquisici\u00f3n, si se hubiera acreditado que el inmueble era de propiedad privada. <\/p>\n
Al respecto, basta se\u00f1alar que como anexo de la demanda se alleg\u00f3 certificado emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 (fl. 8, c. 1), en el cual el registrador hizo constar: <\/p>\n
Que revisado \u00edndice de antiguo sistema de matr\u00edcula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40\/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, as\u00ed como en los libros auxiliares de propietarios, \u00edndice de inmuebles e \u00edndice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relaci\u00f3n con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 \u2013 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyac\u00e1, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (\u2026). <\/p>\n
De ese documento se extrae que el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del \u00e1mbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jur\u00eddica es de bien bald\u00edo, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con los art\u00edculos 3\u00ba de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
En tal virtud, innecesaria resultaba la hermen\u00e9utica dispensada por el ad quem para arribar a su inferencia, dado que el estudio de los casos de bienes de uso p\u00fablico por destinaci\u00f3n, para efectos de deducir su imprescriptibilidad, solo se justifica respecto de aquellos de car\u00e1cter privado en los cuales la duda o la ambig\u00fcedad den paso a la interpretaci\u00f3n, pues, se itera, esa caracter\u00edstica resulta inherente a los bienes catalogados como de dominio p\u00fablico en todas sus modalidades, entre ellas los bald\u00edos. <\/p>\n
En el panorama descrito, aunque no admite discusi\u00f3n que, al tamiz de lo dispuesto en la Ley 133 de 1994 los cementerios pueden ser de propiedad p\u00fablica o privada, y es cierto que por virtud de la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato celebrado entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Santa Sede, \u00abEl Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigencia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico (\u2026). En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos\u00bb (art. XXVII), no puede soslayarse que cuando \u00e9stos no se erigen en un terreno propio, sino sobre uno ajeno, al momento de definir la viabilidad de adquirir ese inmueble por prescripci\u00f3n es determinante establecer su naturaleza, lo que necesariamente involucra definir si es de dominio p\u00fablico o privado. <\/p>\n
En el panorama descrito, resulta intrascendente el yerro jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el tribunal al darle tratamiento de bien de uso p\u00fablico por destinaci\u00f3n al predio pretendido por la casacionista, por cuanto, de acuerdo con las apreciaciones que preceden, en este caso el criterio aplicado era innecesario para deducir su imprescriptibilidad. De modo que si la Corte tuviera que emitir sentencia de reemplazo llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n, porque en todo caso la exclusi\u00f3n devendr\u00eda de la calidad de bald\u00edo que por expresa disposici\u00f3n normativa no puede ser adquirido por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, ning\u00fan desafuero por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 676 del C\u00f3digo Civil podr\u00eda endilgarse al fallo confutado, por cuanto no se trata de un evento en que una persona haya dispuesto de un bien propio permitiendo su utilizaci\u00f3n por un sector de la colectividad, al punto que ni siquiera se acredit\u00f3 que el predio sobre el cual se erigi\u00f3 el cementerio de Miraflores en alg\u00fan momento hubiera salido del dominio p\u00fablico para radicarse en cabeza de un particular. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el ataque no tiene \u00e9xito. <\/p>\n
V.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de Parroquia San Joaqu\u00edn de Miraflores contra personas indeterminadas. <\/p>\n
Sin condena en costas. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15455-31-89-001-2011-00025-01 <\/p>\n
Con el debido respeto a la Sala procedo a presentar mi salvamento de voto correspondiente, frente a la sentencia que se abstuvo de casar la del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia de la Parroquia San Joaqu\u00edn de Miraflores contra personas indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El petitum y la causa petendi <\/p>\n
Declarar la prescripci\u00f3n extraordinaria para tres inmuebles urbanos, en el municipio de Miraflores – Boyac\u00e1, entre ellos el del cementerio parroquial de la Iglesia Cat\u00f3lica de Miraflores. Como causa petendi se aleg\u00f3 posesi\u00f3n de la Iglesia por m\u00e1s de 100 a\u00f1os y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. Existi\u00f3 y existe explotaci\u00f3n econ\u00f3mica en las labores propias de los servicios religiosos, mantenimiento y arreglo del templo, \u201c(\u2026) construcci\u00f3n de b\u00f3vedas, venta y arriendo de lotes y b\u00f3vedas para la inhumaci\u00f3n de restos humanos, construyendo mejoras, pagando servicios p\u00fablicos, y todas aquellas actividades tendientes a mantener y conservar el inmueble como tambi\u00e9n pago de impuestos\u00bb. Se comprob\u00f3, seg\u00fan el Registrador de la localidad, la ausencia de titulares de derechos reales inscritos sobre los predios de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Hubo oposici\u00f3n del municipio pidiendo la imprescriptibilidad por tratarse de bald\u00edos de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2. Las decisiones de instancia. El Juzgado de primer grado declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones alegadas por los intervinientes y accedi\u00f3 a todas las s\u00faplicas de la demanda (fls. 1450 a 1486, c. 3). El Tribunal, al resolver la alzada interpuesta por el Personero de Miraflores, reform\u00f3 la sentencia impugnada, en el sentido de negar las pretensiones frente al predio del cementerio y la confirm\u00f3 en todo lo dem\u00e1s, entre otras razones, bajo la singular tesis de que es un \u00abespacio p\u00fablico que debe ser destinado al uso p\u00fablico\u00bb, conforme al art\u00edculo 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. La demanda de casaci\u00f3n expuso un \u00fanico cargo. Se\u00f1ala que la sentencia dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 672, 676, 762, 2518, 2531, 2532, 2534 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el numeral 1\u00b0 del 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en vigor cuando se present\u00f3 la demanda (hoy ord. 10 art. 375 C. G. P.); infringi\u00f3 el art\u00edculo XXVII del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 20 de 1974, los art\u00edculos 6\u00b0 literal C, ordinales 2 y 3 y el art\u00edculo 17, incluyendo el par\u00e1grafo, de la Ley 133 de 1994 y quebrant\u00f3, por interpretaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 537, 538 y 539 de la Ley 9 de 1979; 5\u00b0 de la Ley 9 de 1989; 1\u00b0, 63 y 82 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. La sentencia de la Corte. No cas\u00f3, neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de dominio. Procede a analizar el requisito de prescriptibilidad en la cosa pretendida. Tajantemente afirma: \u201c(\u2026) los inmuebles destinados como camposanto no pueden ser de propiedad privada cuando se construyen en suelo (\u2026) de car\u00e1cter p\u00fablico (\u2026) de acuerdo a expresas normas de orden constitucional o legal que as\u00ed lo prescriben\u201d, de tal manera que como el concerniente a la acci\u00f3n demandada, lo fue, no pod\u00eda casarse, para acceder a la s\u00faplica y confirmar el fallo de primer grado. <\/p>\n
Se hinca en los arts. 63 y 75 de la Carta, el \u00faltimo en cuanto alude al \u201c(\u2026) patrimonio cultural de la Naci\u00f3n\u00bb, \u00abel patrimonio arqueol\u00f3gico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional\u00bb. A\u00f1ade las premisas legales 2519, la regla 4 del art. 407 del C. de P. C., la Ley 1183 de 2008, luego el art\u00edculo 17 corregido por el 1\u00b0 del Decreto 1604 de 2017, en cuanto dispone que \u00ab[n]o podr\u00e1n ser objeto de posesi\u00f3n ni prescripci\u00f3n los bienes de uso p\u00fablico, ni los fiscales, ni los parques naturales, ni los que se encuentren dentro de las reservas forestales, ecol\u00f3gicas o en zonas no urbanizables, ni los que pertenezcan a las comunidades ind\u00edgenas o negritudes se\u00f1alados por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en general los que la ley declara como imprescriptibles (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para persistir retoma el art. 102 de la Carta Pol\u00edtica, el 674 del C.C. 674 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, el uso de los denominados \u00abbienes de la Uni\u00f3n\u00bb pertenecen a la Rep\u00fablica. Si su uso es para todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes \u00abde uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio\u00bb y si uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman \u00abbienes fiscales\u00bb. Tambi\u00e9n se funda en la naturaleza bald\u00eda de ciertos bienes, los cuales, expone, no pueden adquirirse por prescripci\u00f3n, sino por la ocupaci\u00f3n y posterior adjudicaci\u00f3n al ocupante. Reitera, esta \u00faltima tesis acudiendo a varios antecedentes, afirmando que en \u201c(\u2026) casos en los que no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo\u201d. <\/p>\n
Aclara que los cementerios pueden ser de propiedad de particulares como se deduce de la Ley 133 de 1994 en concordancia con el art. 19 de la Carta, pero tambi\u00e9n pueden ser p\u00fablicos. Extrajo, entonces, del certificado aportado por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Miraflores \u2013 Boyac\u00e1 que \u201c(\u2026) el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del \u00e1mbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jur\u00eddica es de bien bald\u00edo, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con los art\u00edculos 3\u00ba de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994\u201d. En tal virtud, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]l tamiz de lo dispuesto en la Ley 133 de 1994 los cementerios pueden ser de propiedad p\u00fablica o privada, y es cierto que por virtud de la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato celebrado entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Santa Sede, \u00abEl Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigencia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico (\u2026). En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos\u00bb (art. XXVII), no puede soslayarse que cuando \u00e9stos no se erigen en un terreno propio, sino sobre uno ajeno, al momento de definir la viabilidad de adquirir ese inmueble por prescripci\u00f3n es determinante establecer su naturaleza, lo que necesariamente involucra definir si es de propiedad p\u00fablica o privada\u201d. <\/p>\n
5. Razones del disenso. <\/p>\n
5.1. No es posible deducir, como desacertadamente lo infiere la Sala, que en el r\u00e9gimen colombiano no sean susceptibles de apropiaci\u00f3n por parte de una parroquia cat\u00f3lica, sus cementerios, por el modo de la prescripci\u00f3n cuando se poseen con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo y d\u00f3minus. Las parroquias, las di\u00f3cesis, las arquidi\u00f3cesis son entidades con capacidad legal y constitucional en el derecho colombiano para ser titulares de derechos, y sus bienes y derechos autorizados por ley. En ese sentido, la propiedad y la posesi\u00f3n como derechos subjetivos tienen protecci\u00f3n especial, no solamente desde la perspectiva del Derecho nacional sino tambi\u00e9n en la \u00f3rbita del Derecho Internacional P\u00fablico. <\/p>\n
La sentencia infringe la ley y la Constituci\u00f3n, as\u00ed como el Derecho Internacional P\u00fablico al arrebatarle a la parte actora una posesi\u00f3n sobre un camposanto, respecto del cual, hace m\u00e1s de una centuria viene ejerciendo en forma quieta, tranquila y pac\u00edfica su posesi\u00f3n. Por supuesto, la sentencia acepta la existencia y apropiaci\u00f3n por particulares de cementerios de acuerdo a la Ley 133 de 1994, pero al escrutar el problema jur\u00eddico en el caso concreto concluye irregularmente, que el de esta ocasi\u00f3n, el pose\u00eddo por un ente eclesial no es bien privado, sino bald\u00edo. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l mi motivo, para se\u00f1alar que lo arrebata? <\/p>\n
Estriba en que de tajo le desconoce la posesi\u00f3n material a la Iglesia Cat\u00f3lica, a trav\u00e9s de la Parroquia, bajo la tesis de que ese bien es del Estado, por consiguiente, autom\u00e1ticamente la expropia de lo que ha pose\u00eddo sin oposici\u00f3n de nadie, ni del Alcalde de la localidad, ni de sus habitantes por m\u00e1s de cien a\u00f1os, para inferir, esto no es de la Iglesia, sino del Estado, aplic\u00e1ndole err\u00f3neamente una presunci\u00f3n de la Ley 200 de 1936, que ni siquiera estaba vigente para cuando inici\u00f3 la posesi\u00f3n de la Iglesia. Bastaba una vista hist\u00f3rica para demostrar los derechos de aquella Parroquia, porque esta fue creada el 16 de diciembre de 1743 y reconocida el 29 de diciembre de 1777, seg\u00fan los mismos archivos del municipio y de la propia Iglesia. Y en esa \u00e9poca eminentemente dogm\u00e1tica y cat\u00f3lica, \u00bfacaso los fallecidos desaparec\u00edan o eran dejados al aire libre para que las aves de rapi\u00f1a los devoraran? Esto se recuerda porque all\u00ed fue la cuna de un Presidente (Santos Acosta Castillo), de un gran pensador (Ezequiel Rojas) y de otros personajes ilustres; pero tambi\u00e9n para se\u00f1alar que esa posesi\u00f3n sobre el cementerio es recia y vigorosa como ninguna, con siglos de actos de dominio en manos de la Iglesia sobre esa heredad. <\/p>\n
Hago esta remembranza hist\u00f3rica para demostrar la sinraz\u00f3n de la sentencia porque la Parroquia existe desde 1743 y la historia del registro inmobiliario en ese municipio data apenas de 1934, seg\u00fan la certificaci\u00f3n utilizada como prueba por la Sala de la Corte y el Tribunal de Tunja para expropiar de la posesi\u00f3n y propiedad del cementerio a la Parroquia de Miraflores. <\/p>\n
Desconoce, adicionalmente la titularidad de la Iglesia, cuyos derechos se hallan amparados por el derecho p\u00fablico, hist\u00f3ricamente, ignorando que las Iglesias o confesiones religiosas como la cat\u00f3lica, pueden adquirir, fundar o transmitir derechos reales sobre los camposantos. <\/p>\n
Igualmente, se infringe el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 133 de 1994 que regula la libertad religiosa y de cultos, as\u00ed como su art\u00edculo 17, a tono con el cual, \u00abEn todos los municipios del pa\u00eds existir\u00e1 un cementerio dependiente de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptar\u00e1n las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del a\u00f1o siguiente a la fecha de promulgaci\u00f3n de la presente Ley\u00bb. Y agrega en su par\u00e1grafo: \u00abEn los municipios donde exista un solo cementerio y este dependa de una Iglesia o confesi\u00f3n religiosa, ella separar\u00e1 un lugar para dar digna sepultura en las mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n desconoce, del mismo modo, que la Ley 20 de 1974, aprobatoria del concordato con la Santa Sede, prescribe en el art\u00edculo XXVII: \u00abEl Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico\u00bb (\u2026) \u00abEn los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos\u00bb. Este precepto reconoce a la Iglesia el derecho a poseer y administrar sus propios cementerios, supeditada a las reglamentaciones sanitarias. <\/p>\n
No puede predicarse que, una vez adaptado un predio para tal fin dado el servicio p\u00fablico que le es inherente, pierda su car\u00e1cter de bien privado, pues la afectaci\u00f3n de esos bienes a la prestaci\u00f3n de ese servicio p\u00fablico no implica su expropiaci\u00f3n ipso iure o el abandono del animus dominical. <\/p>\n
La Ley 9 de 1979, por medio de la cual se adoptaron algunas medidas sanitarias, en ninguna de sus reglas muta el camposanto operado por un particular, ni los bienes afectados a la prestaci\u00f3n de ese servicio a favor del Estado, ni modifica la naturaleza jur\u00eddica de los bienes muebles e inmuebles de los que se valga el particular para el ejercicio de ese servicio. <\/p>\n
Y, como adelante, lo explico ampliamente, la sentencia no solo infringe las normas que protegen el patrimonio de la Iglesia Cat\u00f3lica, desde la estructura concordataria, sino que tambi\u00e9n interpreta equ\u00edvocamente las normas relativas a los bald\u00edos a partir de la existencia de una prueba totalmente equ\u00edvoca, como la certificaci\u00f3n dimanante del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de la poblaci\u00f3n de Miraflores \u2013 Boyac\u00e1. <\/p>\n
5.2. El patrimonio de la Iglesia cat\u00f3lica y su intangibilidad frente a las disposiciones internacionales <\/p>\n
Un aspecto notable para separarme de la posici\u00f3n mayoritaria estriba en el hecho de que Colombia suscribi\u00f3 un tratado con el Estado del Vaticano denominado Concordato, cuya \u00faltima reforma concordataria, fue promulgada por la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y el Protocolo final, suscrito en Bogot\u00e1 el 12 de julio de 1973, entre el Nuncio Apost\u00f3lico, Monse\u00f1or Angelo Palmas y el se\u00f1or Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo V\u00e1squez Carrizosa, y cuyo canje de notas se produjo el 2 de julio de 1975, veinti\u00fan a\u00f1os, antes de la Constituci\u00f3n de 1991 y, si bien es cierto, fue demandado ulteriormente a la expedici\u00f3n de la nueva Carta, ante los jueces constitucionales colombianos, solo algunas de las disposiciones fueron declaradas inexequibles, permaneciendo indemnes las relativas a la protecci\u00f3n del patrimonio de la Iglesia Cat\u00f3lica como instituci\u00f3n jur\u00eddico – religiosa. <\/p>\n
En efecto, mediante sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993 con ponencia del Dr. Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, se declararon exequibles los arts: I a V, VII (y el Protocolo final en relaci\u00f3n con \u00e9l), X, XVIII, XIX, XXIII a XXVII a XXXII; del mismo modo, se declararon inexequibles los Arts: VI, IX (y el Protocolo final relacionado con \u00e9l), XI a XIII, XVI, XVII, XX, XXII y el Protocolo final en relaci\u00f3n al art. VIII. Adem\u00e1s, se declararon parcialmente exequibles los arts: VIII (reserva de jurisdicci\u00f3n matrimonial eclesi\u00e1stica), XIV, XV, XIX (reserva de jurisdicci\u00f3n penal eclesi\u00e1stica sobre los obispos) y XXVI. <\/p>\n
Precisamente en una decisi\u00f3n reciente, determin\u00f3 la Corte Constitucional, al paso que discut\u00eda y avalaba la inembargabilidad de bienes religiosos, previstas en el art. 594 del C. G. del P., que el Concordato, en su condici\u00f3n de tratado de derecho p\u00fablico internacional, conserva su validez y eficacia. Adem\u00e1s, dej\u00f3 claro que, entre las confesiones religiosas, la Iglesia Cat\u00f3lica es la \u00fanica que tiene capacidad jur\u00eddica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano, de tal modo que con las otras confesiones suscribe convenios. La Corte, asienta puntualmente: \u201cSolo la Iglesia Cat\u00f3lica tiene la capacidad jur\u00eddica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano\u201d. All\u00ed adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201cComo se indic\u00f3 (apartado 8.1.1.), en la actualidad menos del 1% de las 12 Iglesias legalmente constituidas y reconocidas en Colombia tienen la posibilidad real de cumplir con alguno de los requisitos establecido en la norma para evitar el embargo de los bienes destinados al culto religioso, porque: i) el Concordato solo regula las relaciones del Estado con la Iglesia Cat\u00f3lica, ii) Solo la Iglesia Cat\u00f3lica tiene la capacidad jur\u00eddica de suscribir un tratado de derecho internacional con el Estado colombiano, iii) Solo 13 Iglesias cristianas no cat\u00f3licas han logrado suscribir un Convenio de Derecho P\u00fablico Interno, pues, aun cuando las Iglesias interesadas cumplan con los requisitos formales para ello (f.j. 62), es potestativo del Estado decidir si suscribe o no el convenio, lo que en gran medida depende de las valoraciones de conveniencia que al respecto efect\u00fae el Ministerio del Interior8\u201d. <\/p>\n
Esa tesis luego la ratific\u00f3, d\u00edas despu\u00e9s, en la sentencia C-416 de 2019, cuando volv\u00eda al an\u00e1lisis del art. 594 numeral 10 con relaci\u00f3n a la inembargabilidad de \u201c(\u2026) 10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesi\u00f3n o Iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho p\u00fablico interno con el Estado colombiano\u201d. En este otro fallo justamente reiter\u00f3 las ratios decidendi del aludido 346 de 2019: <\/p>\n
\u201cEn \u00e9l estudi\u00f3 los requisitos establecidos en el numeral 10 del art\u00edculo 564 de 2012 para acceder al beneficio de la inembargabilidad de los bienes destinados al culto religioso, encontr\u00f3 que: (i) todas las entidades religiosas jur\u00eddicamente constituidas se encuentran en plano de igualdad en cuanto a la protecci\u00f3n de los bienes destinados al culto religioso; (ii) sin embargo, no toda entidad religiosa puede cumplir las condiciones exigidas por la norma, pues como explic\u00f3 el concordato es un requisito que solo cumple la Iglesia Cat\u00f3lica, el tratado de derecho internacional es un requisito que est\u00e1 limitado a Estados y organizaciones internacionales y la celebraci\u00f3n de un convenio de derecho p\u00fablico interno requiere, entre otros, que el convenio supere el control previo de legalidad del Consejo de Estado y que el Estado colombiano decida suscribirlo; (iii) las Iglesias tienen derecho a decidir aut\u00f3nomamente su relaci\u00f3n con el Estado; y (iv) al privilegiar a algunas entidades religiosas que son las \u00fanicas que pueden suscribir concordatos y tratados internacionales, se altera el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa\u201d9. <\/p>\n
Lo trasuntado lo traigo a consideraci\u00f3n en este salvamento para se\u00f1alar que la decisi\u00f3n mayoritaria desde\u00f1\u00f3 analizar esta circunstancia especial. Muy por el contrario, cercena de tajo los derechos subjetivos de la Iglesia como posibilidad de obtener el t\u00edtulo de propiedad sobre un cementerio, bien o posesi\u00f3n perteneciente a la parroquia, como ente protegido por el Derecho Internacional, pero al mismo tiempo, se lo expropia para dejarlo en manos del Estado colombiano al calificarlo irregularmente como bien bald\u00edo, desconociendo las disposiciones de un tratado internacional p\u00fablico, como lo es, el Concordato, regulado por el Tratado de Viena, el cual no es simple convenio. En s\u00edntesis, por v\u00eda de la exacci\u00f3n, sin f\u00f3rmula de juicio, como resultado de que la parroquia utiliza la tutela judicial efectiva, le confisca el cementerio, tornando en patrimonio suyo, al declararlo bald\u00edo, ese bien que hist\u00f3ricamente ha sido reconocido por propios y extra\u00f1os de propiedad y posesi\u00f3n de la Parroquia. <\/p>\n
Volviendo al punto de la validez del Concordato como tratado internacional y al control que ejecut\u00f3 la Corte Constitucional, aunque no declar\u00f3 inexequibles las disposiciones que protegen el patrimonio de la Iglesia Cat\u00f3lica, se\u00f1alo algunas precisiones con respecto a \u00e9l. <\/p>\n
La primera, tocante con la validez del Concordato como tratado y su intangibilidad frente al ordenamiento interno. La Corte Constitucional con relaci\u00f3n a este tratado del 74, ten\u00eda enorme atajo en el precepto 241 de la Carta que la autoriza en el n\u00fam. 10 para decidir \u201c(\u2026) definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben\u201d por cuanto para tal fin, seg\u00fan la misma disposici\u00f3n el Gobierno Nacional, debe remitir dicha preceptiva a la Corte \u201c(\u2026) dentro de los seis d\u00edas siguientes a la sanci\u00f3n de la ley\u201d, que de hallarlo constitucional \u201c(\u2026) podr\u00e1 efectuar el canje de notas; en caso contrario no ser\u00e1n ratificados\u201d. Por consiguiente, si ese control es autom\u00e1tico y previo, por ejecutarse antes del canje de notas o de ratificaciones, no pod\u00eda aplicarle ese control a un tratado anterior a la Constituci\u00f3n de 1991, aprobado por la Ley 20 de 1974 y con canje de notas debidamente materializado. Ese acto, entonces no pod\u00eda ser juzgado, por haber escapado al control interno y a su competencia, trascendiendo al orden internacional como verdadero Tratado, y el \u00fanico juez o procedimiento para aniquilarlo, conforme al Derecho de los Tratados, era el previsto por el Tratado de Viena. <\/p>\n
Segunda precisi\u00f3n. En un an\u00e1lisis hipot\u00e9tico que desconozca la existencia de una norma propia y especial, para efectos del control constitucional previo y autom\u00e1tico de los Tratados como la prevista en el n\u00fam. 10 analizado de la regla 241 y admitiendo la plausibilidad de la otra regla, all\u00ed prevista en el n\u00fam. 4 del mismo art\u00edculo, para efectos de aceptar la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta que el a\u00f1o ya hab\u00eda expirado para su ejercicio, en los t\u00e9rminos del n\u00fam. 3 del art. 242 ej\u00fasdem, el cual prescribe: \u201cLas acciones por vicios de forma caducan en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contando desde la publicaci\u00f3n del respectivo acto\u201d. Aqu\u00ed vale la pena se\u00f1alar, que, en mi criterio, la acci\u00f3n o demanda ciudadana contra este tipo de leyes, sea por vicios de fondo (materiales) o de forma, es admisible sin lugar a dudas, pero dentro del t\u00e9rmino previsto en el numeral citado, y no \u00fanicamente por vicios de forma, pero, en todo caso, antes de la ratificaci\u00f3n de notas. <\/p>\n
Fenecidos esos t\u00e9rminos y posibilidades, no hay duda, el \u00fanico paso para debatir su eficacia, es la previsi\u00f3n del art\u00edculo 46 de la Convenci\u00f3n de Viena, de que vengo hablando, para demandar la nulidad del Tratado por vicio manifiesto de competencia, ante jueces internacionales. Pero tambi\u00e9n podr\u00eda acudirse al art. 65 de la misma Convenci\u00f3n, por nulidad o terminaci\u00f3n del Tratado, siguiendo el retiro de una parte o la suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Por otro lado, el art\u00edculo 26 de la citada Convenci\u00f3n se\u00f1ala \u00abtodo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe\u00bb, a la saz\u00f3n el art. 27 dispone: \u00abuna parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un Tratado\u00bb. En consecuencia, lo pertinente era la denuncia, pero el cambio legislativo y constitucional operado en Colombia no pod\u00eda afectar el Tratado. La denuncia igualmente abr\u00eda sendero bajo el principio rebus sic stantibus, pero no puede sostenerse, el principio, seg\u00fan el cual, es inexistente la cl\u00e1usula, \u00abPacta sunt servanda\u00bb. La soluci\u00f3n la brindaba el mismo Derecho de los Tratados, en diferentes disposiciones, incluyendo la nulidad de la regla 53; por tanto, la Corte Constitucional en la sentencia que declar\u00f3 inexequibles ciertos preceptos, desconoci\u00f3 el ordenamiento internacional p\u00fablico. <\/p>\n
Una tercera precisi\u00f3n se refiere, al hecho de que la Corte Constitucional debi\u00f3 enfrentar en la sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993, la doble cosa juzgada frente al Tratado, porque ya se hab\u00eda juzgado en un juicio inicial, en el proceso 1489, el cual concluy\u00f3 con la sentencia n\u00famero 11 de 12 de febrero de 1987, en donde se declar\u00f3 exequible la ley acusada, en cuanto no adolec\u00eda de vicios en su formaci\u00f3n. Luego, hubo un nuevo proceso constitucional decidido en la sentencia No. 8, en el expediente n\u00famero 1879, aprobada por acta 6 el 22 de febrero de 1989 con ponencia del Magistrado, Jaime San\u00edn Greiffenstein, donde igualmente sali\u00f3 indemne; sin embargo, al margen de todo acometi\u00f3 el estudio, siendo deleznable ese antecedente C-027. <\/p>\n
Con todo, es necesario recordar, el fallo C-027 del 5 de febrero de 1993, atr\u00e1s analizado, dej\u00f3 indemnes todas las disposiciones relativas a los bienes, pues no fueron declaradas inexequibles, manteniendo en pie las siguientes reglas ata\u00f1ederas en lo pertinente a este juicio de pertenencia. En efecto, declar\u00f3 plenamente exequible al <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo XXIII. La Iglesia Cat\u00f3lica y las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas de que trata el art\u00edculo IV del presente Concordato tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislaci\u00f3n colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos ser\u00e1n no menos inviolables que los pertenecientes a las dem\u00e1s personas naturales y jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Al juzgar la exequibilidad de este precepto, el cual fue acusado, consider\u00f3 la Corte: \u201cEl art\u00edculo XXIII, establece el libre manejo de la propiedad de bienes muebles e inmuebles por parte de la Iglesia Cat\u00f3lica y esto debe ser as\u00ed porque como persona jur\u00eddica, es sujeto con capacidad plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, actuaciones que al tenor del art\u00edculo comentado, deben sujetarse en toda su extensi\u00f3n a los par\u00e1metros existentes sobre la materia en la legislaci\u00f3n colombiana\u201d10. <\/p>\n
<\/p>\n
La sentencia determina cu\u00e1les entidades pertenecen a esta religi\u00f3n con personer\u00eda jur\u00eddica para adquirir derechos y contraer obligaciones, \u201c(\u2026) siempre y cuando el procedimiento para su obtenci\u00f3n est\u00e9 conforme con los ordenamientos que al respecto establecen las leyes can\u00f3nicas\u201d11, y finalmente para declarar exequible el precepto, expresa: \u201cSe observa como lo dice el art\u00edculo XXIII que la Iglesia y las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas tienen la facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles, ordenamiento que est\u00e1 en todo conforme con el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo Civil el cual se\u00f1ala que \u00abLas personas son naturales o jur\u00eddicas\u00bb, especie dentro del cual se encuentran tanto la Iglesia Cat\u00f3lica y todas las entidades a las cuales se refiere el art\u00edculo IV del Concordato y que define el art\u00edculo 633 de la siguiente manera: \u00abSe llama persona jur\u00eddica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente\u00bb; luego hay que concluir que el art\u00edculo XXIII est\u00e1 en un todo de acuerdo con las normas que rigen la materia en Colombia, especialmente con los preceptos constitucionales y los art\u00edculos pertinentes del C\u00f3digo Civil ya comentados. Es por lo tanto constitucional la norma XXIII del Concordato\u201d12. <\/p>\n
<\/p>\n
Y, concretamente, en relaci\u00f3n con los camposantos, los demandantes acusan que los cementerios cat\u00f3licos quebrantan la paz religiosa. Se\u00f1alan que se han constituido en transgresores por la prohibici\u00f3n de enterrar cad\u00e1veres de personas de distinta fe a la cat\u00f3lica. <\/p>\n
Precisamente el art. XXVII, del concordato, dispone: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo XXVII. El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
En los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Para dejar en pie el precepto y responder la queja constitucional, al declararlo constitucional, expone: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEl Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estar\u00e1n sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden p\u00fablico. <\/p>\n
\u201cEn los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia podr\u00e1 ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos. Esta norma consagra la propiedad privada sobre los cementerios y faculta a la Iglesia para poseerlos y administrarlos por su propia cuenta, con el control del Estado, en lo referente a la higiene y el orden p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPor otro lado, el mismo art\u00edculo dice que si los cementerios dependen de la autoridad civil, la Iglesia puede tambi\u00e9n ejercer su ministerio en la inhumaci\u00f3n de los cat\u00f3licos. De lo anterior se colige, que respecto de los cementerios de propiedad de la Iglesia Cat\u00f3lica, ellos los poseen y administran y en relaci\u00f3n con los otros que no les pertenecen, est\u00e1n autorizados para utilizarlos y es deber del Estado, brindarles su colaboraci\u00f3n en este sentido\u201d13. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego hace las siguientes precisiones: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLa Carta Pol\u00edtica de 1991 en su art\u00edculo 49 previene que \u00abLa atenci\u00f3n de la salud y el saneamiento ambiental son servicios p\u00fablicos a cargo del Estado\u00bb. Quiere esto decir que los cementerios por m\u00e1s que pertenezcan a due\u00f1os particulares -que puede ser la Iglesia Cat\u00f3lica o cualquier otra religi\u00f3n – por la funci\u00f3n que cumplen prestan un servicio p\u00fablico y por ello han de estar al acceso de la comunidad, sin distinciones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica, obviamente sufragando los deudos los derechos correspondientes. Aceptar lo contrario, ser\u00eda adem\u00e1s, atentar contra la dignidad humana -prol\u00edficamente protegida en la Constituci\u00f3n- porque habiendo llegado la persona al final de su vida, aspira como m\u00ednimo a un entierro digno, que lo tiene en los sitios reservados a tal fin, como son los cementerios. Pi\u00e9nsese en un lugar apartado del pa\u00eds en el que exista un solo cementerio y se le niegue a alguien su inhumaci\u00f3n en \u00e9l\u201d14. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n de lo analizado, se pone al descubierto que la sentencia frente a la cual disido por no haber declarado la prescripci\u00f3n del cementerio, no solamente desconoce el Concordato como Tratado internacional, sino tambi\u00e9n la propia doctrina inserta en la sentencia de la Corte Constitucional, C-027 del 5 de febrero de 1993 con ponencia del Dr. Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, que declar\u00f3 inexequibles algunos preceptos, pero que dej\u00f3 en pie la protecci\u00f3n de los bienes de la Iglesia Cat\u00f3lica, incluyendo expl\u00edcitamente la posibilidad de adquirir cementerios. <\/p>\n
<\/p>\n
5.3 La sentencia incurre en yerro de apreciaci\u00f3n probatoria con relaci\u00f3n al certificado del Registrador de Miraflores, \u2013 Boyac\u00e1 (fl. 8, c. 1), en el cual hizo constar: <\/p>\n
\u201cQue revisado el \u00edndice de antiguo sistema de matr\u00edcula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40\/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, as\u00ed como en los libros auxiliares de propietarios, \u00edndice de inmuebles e \u00edndice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relaci\u00f3n con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 \u2013 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyac\u00e1, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (\u2026). <\/p>\n
En efecto, de este documento extrajo erradamente que el lote de terreno objeto de las pretensiones, nunca ha salido del \u00e1mbito de propiedad del Estado, por ello, al tenor de la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 200 de 1936, su naturaleza jur\u00eddica es de bien bald\u00edo, por lo mismo, imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con los art\u00edculos 3\u00ba de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
5.3.1. Disiento de la decisi\u00f3n adoptada en la determinaci\u00f3n objeto de este pronunciamiento, pues, como lo he manifestado en oportunidades anteriores15 y, contrario a cuanto la Sala ha venido sosteniendo reiterativamente, la sola circunstancia de que un determinado bien carezca de antecedentes registrales no implica, necesariamente, que se trate de un bien bald\u00edo y, por ende, sea imprescriptible. <\/p>\n
En este punto se desconoce por la Corte la ca\u00f3tica historia registral del pa\u00eds, y el gravamen lo pone a caminar sobre los hombros del justiciable, con absoluta injusticia. En efecto, las primigenias normas relacionadas con el registro p\u00fablico inmobiliario16 se adoptaron en la colonia y durante la incipiente Rep\u00fablica, como las Reales C\u00e9dulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 1783, as\u00ed como la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de la Nueva Granada. Ah\u00ed no aparec\u00eda todo el inventario de bienes registrados del pa\u00eds y ser\u00eda un absurdo que as\u00ed fuera. Luego con el C\u00f3digo Civil de Cundinamarca de 185917, acogido por los dem\u00e1s Estados del pa\u00eds con la Ley 84 de 187318, y luego como legislaci\u00f3n permanente mediante la Ley 57 de 1887, se adopt\u00f3 el primer c\u00f3digo registral vern\u00e1culo. Dicho plexo, en el t\u00edtulo LXIII, consagraba varias disposiciones \u201c(\u2026) sobre los documentos p\u00fablicos escritos\u201d, determinando, entre otros asuntos, la forma de llevarse a cabo el registro en los libros de inscripci\u00f3n. El registrador deb\u00eda llevar tres libros: uno para inscribir los t\u00edtulos que trasladaban, modificaban o impon\u00edan una limitaci\u00f3n al dominio de bienes inmuebles; el segundo para la inscripci\u00f3n de t\u00edtulos que no afectaran la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las heredades, y el \u00faltimo para anotar grav\u00e1menes, tales como las hipotecas. Luego, con la Ley 57 de 1887 se introdujo el libro de causas mortuorias, autos de embargo y demandas civiles, y posteriormente se establecieron los libros de registro de documentos privados y de contratos de prenda. <\/p>\n
Por complejo, era ineficaz para conocer la realidad jur\u00eddica de un predio, porque los usuarios deb\u00edan examinar todos y cada uno de esos seis libros. Por fortuna la Ley 40 de 1932 estableci\u00f3 un sistema de matr\u00edcula inmobiliaria paralelo con el r\u00e9gimen previsto por el C\u00f3digo Civil, espec\u00edficamente, en sus otrora vigentes c\u00e1nones 2637 a 2682. Esa Ley 40 adopt\u00f3 un libro que llevara doble p\u00e1gina, dividida en seis columnas, en las cuales se inscrib\u00edan todos los derechos reales y situaciones jur\u00eddicas que afectaran al fundo matriculado, pero persisti\u00f3 una duplicidad normativa. <\/p>\n
Luego, con el Decreto 1250 de 1970 se introdujeron, entre otros avances, (i) la unificaci\u00f3n registral, determinando la existencia de un solo folio real para cada inmueble, (ii) la calificaci\u00f3n legal antes de llevar a cabo la inscripci\u00f3n de un t\u00edtulo, y (iii) el principio de publicidad, bajo el cual se garantizaba, no solo el acceso al archivo, sino dotar a dicha informaci\u00f3n con efectos vinculantes respecto a terceros. Finalmente, este sistema fue derogado por la Ley 1579 de 2012, hoy imperante, introduciendo la utilizaci\u00f3n de medios magn\u00e9ticos y digitales a fin de garantizar su calidad, seguridad, celeridad y eficacia. <\/p>\n
Ello significa que la historia registral de nuestro pa\u00eds es artesanal, desorganizada, insegura y parcial, no recoge toda la memoria de la propiedad, y si se hace, por ejemplo, un inventario de cu\u00e1ntos municipios existen y cu\u00e1ntos tienen notar\u00eda y oficinas de registro, la sorpresa ser\u00e1 may\u00fascula ante el menor n\u00famero de notar\u00edas y oficinas de registro en la inmensa zona de la ruralidad, municipios y ciudades intermedias nuevas. Hay cientos de municipios que nunca han tenido notar\u00eda y mucho menos oficinas de registro y la circulaci\u00f3n de la propiedad inmobiliaria desafiaba por su informalidad la propiedad formal y la actividad de registro a cargo del Estado. Esta circunstancia sumada al car\u00e1cter artesanal de la actividad de registro seg\u00fan se ha descrito, su duplicidad, la pluralidad de libros, en fin, muestra como la exigencia registral invierte la carga de la prueba. <\/p>\n
De tal modo que el registro inmobiliario no cumple los principios que lo gu\u00edan: la \u201cfe p\u00fablica registral\u201d, tambi\u00e9n llamado de \u201clegitimidad\u201d19, seg\u00fan el cual, los asientos en \u00e9l efectuados se presumen veraces, al punto que \u201c(\u2026) el derecho real inscrito existe y pertenece a su titular en la forma [all\u00ed] determinada\u201d20; y de otro, el de \u201clegalidad\u201d, en cuanto los t\u00edtulos materia de inscripci\u00f3n se someten a una calificaci\u00f3n previa para determinar \u201c(\u2026) si cumple con los recaudos jur\u00eddicos necesarios para proceder a su [registro]\u201d21. No hay entonces, exactitud e integridad22, de tal modo que los certificados que expide la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos reflejan apenas una realidad jur\u00eddica parcial de un fundo y, en esta hip\u00f3tesis, si es factible escapar a los efectos vinculantes, y a la presunci\u00f3n de conocimiento general que conlleva un registro p\u00fablico. <\/p>\n
Todas esas problem\u00e1ticas23 provoca que la frontera entre bald\u00edos, parques naturales nacionales y sus zonas amortiguadoras, \u00e1reas de patrimonio cultural arqueol\u00f3gico y\/o de conservaci\u00f3n ambiental (reservas forestales y humedales), los territorios \u00e9tnicos y tierras privadas, sea nebulosa, situaci\u00f3n id\u00e9ntica presentada entre las heredades detentadas por poseedores y propietarios, ocasionando disputas en la clarificaci\u00f3n y colindancias. <\/p>\n
Si aquella zona, Miraflores, est\u00e1 poblada desde antiguo, y quienes primero la ocuparon fueron los espa\u00f1oles y la Iglesia Cat\u00f3lica, mucho antes de nacer el Estado Colombiano; \u00bfAcaso, no es contradicci\u00f3n enorme, no reconocer el se\u00f1or\u00edo y el dominio que la parroquia erigida hace m\u00e1s de doscientos a\u00f1os, ejerce sobre el cementerio y con muchos a\u00f1os de anticipaci\u00f3n a las leyes de propiedad nacionales? La Parroquia naci\u00f3 en 1774 antes que el municipio y las leyes de Registro y con antelaci\u00f3n a la Rep\u00fablica, \u00bfpor qu\u00e9 esquilmarle sus derechos con leyes posteriores? <\/p>\n
5.3.2. Aceptar la postura sugerida por la mayor\u00eda desconoce numerosos preceptos legales que avalan la pretensi\u00f3n de la parte demandante en el asunto cuestionado. <\/p>\n
Seg\u00fan el canon 762 del C\u00f3digo Civil, \u201c(\u2026) [l]a posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u201d; por tanto, quien detenta esta calidad se reputa propietario mientras \u201cotra persona no justifique serlo\u201d, y, por consiguiente, quien as\u00ed posea desplegar\u00e1 todas las prerrogativas y obligaciones propias de ese se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
La anterior, es la m\u00e1s importante y cardinal presunci\u00f3n, que por centurias han plasmado las Codificaciones Civiles, conjugando las tesis de Savigny y de Ihering, para tener por propietario al poseedor mientras otra persona no justifique serlo. <\/p>\n
As\u00ed se dej\u00f3 definido en el canon 700 del Estatuto Sustantivo Chileno de 185524, elaborado por Andr\u00e9s Bello con sustento en las normas an\u00e1logas implementadas en Francia y Espa\u00f1a; el cual sirvi\u00f3 de antecedente y sost\u00e9n al C\u00f3digo Colombiano sancionado en 1873, as\u00ed como a las legislaciones emitidas sobre la materia en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panam\u00e1. <\/p>\n
Por tanto, es un precepto con validez no s\u00f3lo en el ordenamiento colombiano, sino tambi\u00e9n en el latinoamericano y en el Derecho continental europeo. Se trata de una presunci\u00f3n iuris tantum que exalta la posesi\u00f3n en el ordenamiento civil y, de consiguiente, la imposibilidad de desconocerla, hasta tanto no se desvertebren los fundamentos f\u00e1cticos que la edifican. <\/p>\n
En un pronunciamiento de la Corte de 1937, esta Sala especializada adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La presunci\u00f3n consagrada por el art. 762, en su inc. 2\u00ba, del C.C., tanto favorece al poseedor demandado como al poseedor demandante. Establece en t\u00e9rminos generales, no s\u00f3lo para efectos del juicio reivindicatorio sino tambi\u00e9n para todos los de la posesi\u00f3n, que el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo. La posesi\u00f3n es un hecho que proporciona ventajas jur\u00eddicas. Ordinariamente no se hace resaltar sino los que aprovechan al poseedor demandado, como la de no sufrir el peso de la prueba y como la de estar en v\u00eda de hacerse due\u00f1o por prescripci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n est\u00e1n las que protegen al poseedor demandante; como la misma usucapi\u00f3n; como la de iniciar acciones posesorias, como la de promover, si es regular, la publiciana, etc. El molestado en la posesi\u00f3n de la cosa o el despojado de ella, tiene en la presunci\u00f3n del art. 762 un medio f\u00e1cil de que se respete su derecho. No necesita probar dominio sino posesi\u00f3n. Protegi\u00e9ndose esta se protege su propiedad presunta (\u2026)\u201d25 (subrayas ex texto). <\/p>\n
S\u00famese, en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 200 de 193626, se postula que: \u201c(\u2026) presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada (\u2026)\u201d los inmuebles rurales pose\u00eddos por particulares, cuando aqu\u00e9llos son explotados econ\u00f3micamente \u201c(\u2026) por medios positivos propios del due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Y, en sentido contrario, tambi\u00e9n se consign\u00f3 otra presunci\u00f3n, suponiendo bald\u00edos aquellos terrenos agrarios que no son objeto de aprovechamiento \u201cen [es]a forma\u201d27, precisamente como compendio de lo consagrado en el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil: \u201c(\u2026) Son bienes de la Uni\u00f3n las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales, carecen de otro due\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin duda, las presunciones mencionadas emergen relevantes para el entendimiento del concepto de bald\u00edo, pues si el particular lo fructifica a trav\u00e9s de actos propios de due\u00f1o, a guisa de ejemplo, las plantaciones y sementeras, debe entenderse como propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad debe comprobar lo contrario, es decir, la falta de disfrute de la heredad y, por tanto, conserva la condici\u00f3n de bien inculto bald\u00edo. <\/p>\n
En efecto, la presunci\u00f3n relacionada con los predios rurales que no se reputan bald\u00edos, obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es de esa naturaleza. Entonces, un terreno, que no sea de los clasificados como reservados, que sea ocupado con la incorporaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas de explotaci\u00f3n como destaca la ley, se debe respetar. <\/p>\n
Por sabido se tiene que un terreno bald\u00edo es del Estado y es imprescriptible como el ordenamiento jur\u00eddico nacional lo ha consagrado desde 1882, en la Ley 48, art\u00edculo 3: \u201c(\u2026) Las tierras bald\u00edas se reputan de uso p\u00fablico y su propiedad no prescribe contra la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d; pasando por el C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) que dispuso en el art\u00edculo 61: \u201c(\u2026) El dominio de los bald\u00edos no puede adquirirse por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, la Ley 160 de 1994, art\u00edculo 65, impuso la regla de que la propiedad de los terrenos bald\u00edos adjudicables, s\u00f3lo pueden adquirirse mediante t\u00edtulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado; y, al mismo tiempo, los ocupantes meramente precarios de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al C\u00f3digo Civil y frente a la adjudicaci\u00f3n por el Estado s\u00f3lo existe una mera expectativa. <\/p>\n
Con una rotunda reiteraci\u00f3n en el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 407, incorporado con id\u00e9ntica redacci\u00f3n en el canon 375, numeral 4, de la Ley 1564 de 2012, se consigna: \u201c(\u2026) La declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de entidades de derecho p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para sostener la imprescriptibilidad de un terreno bald\u00edo se debe partir del supuesto, que ostenta esa calidad, por cuanto, si no es as\u00ed, se ha de presumir que, si es usufructuado por un sujeto de derecho privado, se trata de un predio privado susceptible de prescribirse en los t\u00e9rminos que la ley establece. <\/p>\n
De vieja data esta Sala ha conceptuado en casaci\u00f3n al respecto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l requisito [para] ser prescriptible el objeto materia de pertenencia, es, el de no tratarse de bienes de uso p\u00fablico ni pertenecer ellos a entidades de derecho p\u00fablico (Art. 407 n\u00fam. 4, C. de P.C.), no significa sin embargo que, frente a la prescripci\u00f3n extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de demostrar que el bien no es bald\u00edo, por haber salido del patrimonio del Estado [e] ingresado al de los particulares, pues esa exigencia no la impone el legislador, que por el contrario consagra el principio de prueba de dominio en su favor, al disponer [ello] en el art\u00edculo 1 de la Ley 200 de 1936 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o es v\u00e1lido sostener que, ante la ausencia de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, \u00e9ste tenga que considerarse bald\u00edo, ni tampoco que si la Ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que (\u2026) se acredite por el actor [el cumplimiento de] las condiciones de los art\u00edculos 3 y 4 de la Ley 200 de 1936 (\u2026)\u201d28. <\/p>\n
5.3.3. No puede invertirse, como lo hace la sentencia err\u00f3neamente la carga de la prueba en contra de quien no es el encargado de la funci\u00f3n de registro inmobiliario c\u00f3mo lo es el ciudadano para inferir, que ese aspecto formal, y sin estar inscrito el dominio del Estado, por la inversi\u00f3n de la presunci\u00f3n, es bald\u00edo y, en consecuencia, despojar de su derecho al poseedor del predio por centurias. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la certificaci\u00f3n del registrador es err\u00f3neamente interpretada: <\/p>\n
\u201cQue revisado el \u00edndice de antiguo sistema de matr\u00edcula de propiedad inmueble correspondiente al municipio de Miraflores llevados durante la vigencia de la Ley 40\/32, en el periodo comprendido entre el primero de septiembre de 1934 al 31 de diciembre de 1971, as\u00ed como en los libros auxiliares de propietarios, \u00edndice de inmuebles e \u00edndice de propietarios, que para el efecto lleva esta Oficina; NO CONSTAN TITULARES DE DERECHO REAL SUJETO A REGISTRO Y NO APARECE NINGUNO COMO TAL en relaci\u00f3n con el predio urbano, ubicado en la Calle 4 No. 12 \u2013 79 del municipio de Miraflores Departamento de Boyac\u00e1, cuyos linderos generales suministrados por el interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La Sala bajo un criterio absolutista y dogm\u00e1tico es terminante en inferir de ese elemento de convicci\u00f3n que no existen titulares de derechos reales sujetos a registro, sin embargo, la atestaci\u00f3n del documento se refiere \u00fanicamente al per\u00edodo de vigencia de la Ley 40 de 1932, de los a\u00f1os 1934 a 31 de diciembre de 1971 y a los libros auxiliares de propietarios del \u00edndice de inmuebles y propietarios. Pero si la parroquia fue creada seg\u00fan las informaciones el 15 de enero de 1745, sobre un inmueble de propiedad de la Congregaci\u00f3n de los Franciscanos29, y en otra, seg\u00fan el archivo del mismo municipio el 16 de diciembre de 1743 y, se reconoci\u00f3 el 29 de diciembre de 177730; pero, adem\u00e1s se sabe, que la Orden Mon\u00e1stica de la Cartuja era la propietaria, y debi\u00f3 reconstruir las instalaciones religiosas ante un voraz incendio, muchos a\u00f1os antes de erigirse la parroquia; no pod\u00eda entonces la Sala inferir aqu\u00e9lla err\u00f3nea tesis de la ausencia de titulares del derecho real de dominio sobre la heredad del cementerio. \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 en relaci\u00f3n con ese predio la informaci\u00f3n de las Reales C\u00e9dulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 1783, as\u00ed como de la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de la Nueva Granada?, \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la informaci\u00f3n de bienes registrados prevista por el C\u00f3digo Civil de Cundinamarca de 185931, acogido por los dem\u00e1s Estados del pa\u00eds con la Ley 84 de 187332, y luego como legislaci\u00f3n permanente mediante la Ley 57 de 1887, cuando se adopt\u00f3 el primer c\u00f3digo registral vern\u00e1culo?, \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la informaci\u00f3n de los tres libros que deb\u00eda llevar el Registrador: uno para inscribir los t\u00edtulos que trasladaban, modificaban o impon\u00edan una limitaci\u00f3n al dominio de bienes inmuebles; el segundo para la inscripci\u00f3n de t\u00edtulos que no afectaran la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las heredades, y el \u00faltimo para anotar grav\u00e1menes, tales como las hipotecas?, \u00bfD\u00f3nde est\u00e1 la informaci\u00f3n exigida por la Ley 57 de 1887 que introdujo el libro de causas mortuorias, autos de embargo y demandas civiles, o de los libros de registro de documentos privados y de contratos de prenda?. Tampoco est\u00e1 la informaci\u00f3n de los Archivos hist\u00f3ricos, menos la del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, ni de los archivos eclesi\u00e1sticos. En fin, la conclusi\u00f3n a partir de una informaci\u00f3n min\u00fascula y parcial para una heredad con historia de m\u00e1s cuatro siglos es insuficiente y corta para colegir que se trataba de bald\u00edo. <\/p>\n
Debe precisarse que el certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos es exigido en los juicios de pertenencia33 con la \u00fanica finalidad de \u201c(\u2026) identificar los leg\u00edtimos contradictores de la pretensi\u00f3n, que no son otras personas que en \u00e9l figuren como titulares de derechos reales, pero en manera alguna [sirve para] demostrar que el bien es de propiedad privada (\u2026)\u201d34. <\/p>\n
Por tanto, en caso de no constar en ese documento inscrito ning\u00fan particular titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de bald\u00edo de un predio, sino que, para formar adecuadamente el contradictorio, se dirige la demanda en contra de personas indeterminadas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos, de que trata el numeral 5o. del art\u00edculo 407 del C.P.C., demandado, constituye un documento p\u00fablico (C.P.C., art. 262-2) que cumple con varios prop\u00f3sitos, pues no s\u00f3lo facilita la determinaci\u00f3n de la competencia funcional y territorial judicial para la autoridad que conocer\u00e1 del proceso -juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble (C.P.C., art. 16-5)-, sino que tambi\u00e9n permite integrar el leg\u00edtimo opositor, por cuanto precisa contra quien deber\u00e1 dirigirse el libelo de demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia estar\u00e1 conformado por la persona o personas que aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales principales sujetos a registro -propiedad, uso, usufructo o habitaci\u00f3n- sobre el bien en litigio, a quienes se les notificar\u00e1 del auto admisorio de la demanda, permiti\u00e9ndoles iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese documento no se se\u00f1ala a nadie con tal calidad, porque no hay inscrito o no se ha registrado el bien, se dar\u00eda lugar al certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de dichos derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que \u00abno aparece ninguna\u00bb persona como titular \u00abde derechos reales sujetos a registro\u00bb. Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)35. <\/p>\n
En un reciente fallo conceptu\u00f3 acerca de la pertinencia de ese elemento demostrativo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La exigencia de aportar el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no implic[a] una actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las disposiciones del C\u00f3digo Civil que disciplinan la transmisi\u00f3n de dominio sobre los bienes ra\u00edces, la cual requiere el otorgamiento de escritura p\u00fablica y su correspondiente inscripci\u00f3n en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. Por tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripci\u00f3n en el registro como prueba de la tradici\u00f3n de bienes inmuebles no admite ser suplida por testimonios u otros medios probatorios (\u2026)\u201d36. <\/p>\n
Ahora, retornando a la doctrina constitucional inmersa en la Sentencia C-275 de 2006, atr\u00e1s citada, suponer la calidad de bald\u00edo solamente por la ausencia de registro o por la carencia de titulares de derechos reales inscritos en el mismo, implica desconocer la existencia de fundos o terrenos urbanos hist\u00f3ricamente pose\u00eddos, carentes de formalizaci\u00f3n legal, postura desconocedora de las prerrogativas de quienes detentan de hecho la propiedad de un determinado bien. <\/p>\n
Avalar lo aducido en el fallo del cual se disiente, equivale a revertir injustificadamente la carga de la prueba, para favorecer a una entidad territorial, al propio Estado. <\/p>\n
El hecho de que supuestamente no aparezca anotado en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del lugar de ubicaci\u00f3n, un predio con el nombre de persona como propietaria, no puede constituir indicio suficiente para pensar que se trata de un bien bald\u00edo y, por tanto imprescriptible, ni puede apreciarse que deriva inferencia que lleve a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
5.3.4. Fulgura de las disquisiciones precedentes el error de la sentencia. Debi\u00f3 casarse, sin embargo, no se cas\u00f3 para declarar el dominio y, por el contrario, se concluye que sobre el suelo donde se halla el cementerio es bien bald\u00edo, con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia T-488 de 201437, en el cual, una de sus Salas de revisi\u00f3n de tutelas, con salvamento de voto, en un caso de similar acontecer f\u00e1ctico, equivocadamente omiti\u00f3 aplicar la presunci\u00f3n de propiedad privada fijada en la Ley 200 de 1936, sustentando tal yerro solamente en que en el certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos del inmueble reclamado \u201cno figuraba persona alguna como titular de derechos reales\u201d. <\/p>\n
Las presunciones ampliamente debatidas en este escrito, se hallan previstas en los art\u00edculos 1\u00b0 modificado por el 2\u00b0 de la Ley 4 de 1973, 2\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley 200 de 1936, consistentes: la primera, en que \u201c(\u2026) se presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026)\u201d (art. 1); y, la segunda, \u201c(\u2026) presum[ir] bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en [esa] forma (\u2026)\u201d, han sido desarrolladas por la doctrina de esta Corte, siguiendo las tesis de R. Von Ihering, en las sentencias siguientes: Cas. del 24 de julio de 1937, XLV, 329; Sent. S. de n. G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798; Cas. del 18 de mayo de 1940, XLIX, 311. La del art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973: \u201c(\u2026) Se trata de una presunci\u00f3n a favor de los particulares y en contra de la Naci\u00f3n con que el art. 1 reform\u00f3 la presunci\u00f3n tradicional de dominio establecida por los arts. 675 del C.C. y 44 del C. F. (\u2026)\u201d (Sent. 22 de junio de 1956, LXXXIIII, 74; 31 de julio de 1962, XCIX, 172). <\/p>\n
Las dos, complementarias entre s\u00ed, hallan asiento s\u00f3lido en la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte; pero cuando la decisi\u00f3n de tutela T-488 de 2014 encuentra defecto f\u00e1ctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el predio \u201cLindanal\u201d \u201c(\u2026) no figuraba persona alguna como titular de derechos reales (\u2026)\u201d y, al mismo tiempo, el prescribiente reconoci\u00f3 \u201c(\u2026) que la demanda se propuso contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d, y pese a ello el juez consider\u00f3 que \u201c(\u2026) el bien objeto de la demanda es inmueble que \u201cpuede ser objeto de apropiaci\u00f3n privada\u201d (\u2026)\u201d y, como secuela, surg\u00edan \u201c(\u2026) indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusi\u00f3n pod\u00eda tratarse de un bien bald\u00edo y en esa medida no susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d y, de consiguiente, se incurr\u00eda en desconocimiento del precedente y en defecto org\u00e1nico por incompetencia, infringe rectamente y, de tajo, tanto las presunciones citadas e instaladas en el ordenamiento patrio desde 1936, que han servido de apoyo a innumerables decisiones pol\u00edticas para la reforma agraria del pa\u00eds y a repetidas sentencias judiciales. <\/p>\n
Asimismo, desecha la doctrina probable de esta Corte, luego memorada en las sentencias de casaci\u00f3n del 16 de diciembre de 1997, expediente 4837; del 28 de agosto de 2000, exp. 5448, reiterando la del 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, p. 798; seg\u00fan las cuales, se presume \u201c(\u2026) que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares (\u2026)\u201d (art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973), cuando hay explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo con actos positivos propios de due\u00f1o; y por supuesto, a la sentencia C-383 de 2000 de la propia Corte Constitucional, cuando juzg\u00f3 la exequibilidad de la regla 407 del entonces vigentes C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre la posibilidad de demandar a indeterminados con apoyo en certificado registral negativo, en el imperio del C\u00f3digo procesal de 1970. <\/p>\n
Bajo el entendimiento de la sentencia T-488 de 2014, por v\u00eda de la revisi\u00f3n eventual de una acci\u00f3n constitucional \u201cinterpartes\u201d y resuelta por una Sala de decisi\u00f3n, donde uno de los integrantes salv\u00f3 voto parcialmente, advi\u00e9rtase, no solo se descartan las reglas 1, 2 y 3 de la Ley de Tierras del treinta y seis, como se viene discurriendo; tambi\u00e9n resultan quebrantados, por integrar conceptualmente el mismo plexo normativo, el art. 12 ej\u00fasdem, modificado por el art. 4 de la Ley 4 de 1973, y de contera, los arts. 51 y 52 de la Ley 9 de 1989. El art. 12 por medio del cual se estableci\u00f3 \u201c(\u2026) una prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras bald\u00edas, posea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de esta Ley, durante cinco (5) a\u00f1os continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotaci\u00f3n, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo art\u00edculo (\u2026)\u201d; prescripci\u00f3n que cubre exclusivamente \u201c(\u2026) el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agr\u00edcolas, industriales o pecuarios y que se haya pose\u00eddo quieta y pac\u00edficamente durante los cinco (5) a\u00f1os continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos (\u2026)\u201d (ej\u00fasdem). El 51 de la Ley 9 de 1989, en cuanto reduce la prescripci\u00f3n extraordinaria y ordinaria de dominio para viviendas de inter\u00e9s social a los t\u00e9rminos de 5 y 3 a\u00f1os, respectivamente; preceptiva \u00faltima que morigera la obligaci\u00f3n de presentar el certificado del registrador. <\/p>\n
Del mismo modo, desconocer\u00eda la Ley 1561 de 2012, derogatoria de la Ley 1182 de 2008, cuyo prop\u00f3sito ha sido, seg\u00fan el Congreso colombiano, el de promover el acceso a la propiedad mediante un proceso especial, que fija competencia en los jueces municipales, no en el Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para \u201c(\u2026) otorgar t\u00edtulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, y para sanear t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n, con el fin de garantizar seguridad jur\u00eddica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles (\u2026)\u201d (art. 1). <\/p>\n
La Ley 1561 de 2012 autoriza al juez a otorgar t\u00edtulo de propiedad a \u201c(\u2026) [q]uien tenga t\u00edtulo registrado a su nombre con inscripci\u00f3n que conlleve la llamada falsa tradici\u00f3n, tales como la enajenaci\u00f3n de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, de conformidad con lo dispuesto en la ley registral, lo sanear\u00e1, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley (\u2026)\u201d (subrayas de la Sala, art. 2 de la misma Ley). Y dentro de los anexos de la demanda, deber\u00e1 adjuntarse seg\u00fan el art. 11, si la pretensi\u00f3n es titular la posesi\u00f3n, \u201c(\u2026) certificado de tradici\u00f3n y libertad o certificado de que no existen o no se encontraron titulares de derechos reales principales sobre el inmueble (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 determina el procedimiento de clarificaci\u00f3n de la propiedad de predios rurales a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, el mismo no puede imponerse como paso previo o prerrequisito al juicio de pertenencia o de cualquiera de los asuntos previstos para usucapir. Tampoco ese precepto 48, ni otros, han abolido del ordenamiento las presunciones contenidas en el C\u00f3digo Civil, y en los c\u00e1nones 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936, estudiadas en precedencia. <\/p>\n
Si un juicio se halla con efectos de cosa juzgada bajo los c\u00e1nones del C. P. C. o de las disposiciones agrarias contempladas en el Decreto 2303 de 1989 o de una diferente, tampoco puede removerse tan caro instituto por esta v\u00eda para decirse que debe aplicarse con efectos retroactivos, la ahora ben\u00e9fica disposici\u00f3n del C. G. del P., que impone la citaci\u00f3n del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras y de otras entidades, para esa clase de litigios. <\/p>\n
No obstante, corresponde al juez ser extremadamente cauto al declarar el dominio, tomando las medidas pertinentes para prevenir el fraude o la apropiaci\u00f3n indebida de los bienes fiscales, como el caso de los bald\u00edos. <\/p>\n
Claro, en este escenario que se plantea a los jueces, es bienvenido el precepto 375 del C. G. del P., numeral 6\u00b038, en concordancia con el canon 48 de la Ley 160 de 1994, porque contribuye a solucionar hacia el futuro, problemas de diferente orden, que no es del caso abordar, en relaci\u00f3n con la concentraci\u00f3n o redistribuci\u00f3n de la tierra en pocas o muchas manos, la productividad de las mismas, clarificaci\u00f3n de tradiciones entre los intereses del Estado respecto de los particulares para reputarlos o no como bienes de dominio privado, los fundos reservados y los destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico, as\u00ed como la delimitaci\u00f3n y clarificaci\u00f3n de las tierras de resguardo o las adjudicadas a las comunidades negras, vigencia de las presunciones, deberes judiciales, protecci\u00f3n ambiental; incidencia de la miner\u00eda, parques, reservas naturales; en fin, en cuestiones como la actualmente planteada a esta Corte. <\/p>\n
Sin duda, la concurrencia del Estado con adecuada y t\u00e9cnica defensa de \u00e9ste permitir\u00e1 zanjar equitativamente las m\u00faltiples controversias que, sobre la naturaleza y finalidad del suelo desde el punto de vista constitucional, demandan una lectura din\u00e1mica en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales frente a la propiedad territorial. <\/p>\n
Pero, it\u00e9rese, es s\u00f3lo a partir de la vigencia del C. G. del P., que se obliga al juez del proceso declarativo seg\u00fan la regla 375 numeral 6, citar a esas entidades p\u00fablicas, en el caso de pertenencia de inmuebles. <\/p>\n
5.3.5. Ata\u00f1edero a la concentraci\u00f3n de la tierra, es inminente la necesidad de mano dura contra el latifundio, y contra los propietarios destructores de la naturaleza. <\/p>\n
Seg\u00fan datos de OXFAM39, la concentraci\u00f3n de la tierra en Colombia muestra: <\/p>\n
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1. \u201cEl 1 % de las fincas de mayor tama\u00f1o tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. <\/p>\n
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2. \u201cEl 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hect\u00e1reas ocupan el 60 % de la tierra. <\/p>\n
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3. \u201cEn 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de m\u00e1s de 500 hect\u00e1reas, en el 2002 la cifra subi\u00f3 a 46% y en 2017 el n\u00famero escal\u00f3 al 66 %. <\/p>\n
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4. \u201cEl 42,7 % de los propietarios de los predios m\u00e1s grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. <\/p>\n
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5. \u201cLas mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. <\/p>\n
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6. \u201cDe los 111,5 millones de hect\u00e1reas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales. <\/p>\n
<\/p>\n
7. \u201cDe las 43 millones de hect\u00e1reas con uso agropecuario, 34,4 est\u00e1n dedicadas a la ganader\u00eda y solo 8,6 a la agricultura. La situaci\u00f3n deber\u00eda ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hect\u00e1reas deber\u00edan utilizarse para ganader\u00eda, pero se usan m\u00e1s del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, pero el pa\u00eds est\u00e1 lejos de llegar a esa cifra. <\/p>\n
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8. \u201cLos predios de m\u00e1s de 1000 hect\u00e1reas dedican 87 % del terreno a ganader\u00eda y solo el 13 % agricultura. En los predios m\u00e1s peque\u00f1os, es decir, los menores a 5 hect\u00e1reas, el 55 % del predio se dedica a ganader\u00eda y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situaci\u00f3n es menos dram\u00e1tica en este \u00faltimo sector, la tendencia a la ganader\u00eda siempre es m\u00e1s alta que otras formas de explotaci\u00f3n de la tierra. <\/p>\n
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9. \u201cLos monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las \u00e1reas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera. <\/p>\n
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Estas son cifras espeluznantes y, realizado un ejercicio comparativo con la regi\u00f3n, las estad\u00edsticas hacen m\u00e1s patente la injusticia y las brechas de nuestro sistema: <\/p>\n
N\u00f3tese, el anterior es el porcentaje de tierra que maneja el 1 % de las fincas m\u00e1s grandes. Fuente: Oxfam40. <\/p>\n
Como en l\u00edneas anteriores se se\u00f1al\u00f3, no se desconocen los problemas de concentraci\u00f3n de la tierra ni de miseria creciente en nuestro pa\u00eds, lastre que ha posibilitado el nacimiento de grupos guerrilleros y paramilitares y mafias criminales. El Acuerdo de Paz, Gobierno \u2013 FARC EP \u2013, reconoce la desigualdad y de la concentraci\u00f3n de la tierra, en manos de unos pocos, aparejada esa situaci\u00f3n a problemas de desarrollo integral del campo, propiedad privada, competitividad, productividad, deforestaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n, etc.; pero el problema central es la desigualdad, sumado a los conflictos rurales de apropiaci\u00f3n y despojo de tierras, como a la usurpaci\u00f3n de los bald\u00edos y creciente destrucci\u00f3n del ecosistema. <\/p>\n
En consecuencia, se hace necesaria la redistribuci\u00f3n de la tierra, camino en el cual, el Acuerdo de Paz, Punto Uno, apenas es un proyecto. El Decreto 902 de 2017, es un paliativo y tiene muchas falencias, es extractivista pues busca desarrollar la miner\u00eda, habilitando tierras para su desarrollo, por encima de la agricultura, esta, base de la alimentaci\u00f3n. En efecto, torna inadjudicables tierras utilizadas en la explotaci\u00f3n de recursos naturales o proyectos minero energ\u00e9ticos o de hidrocarburos, sectores que genera menos empleos y representa grandes y grav\u00edsimos impactos ambientales; en general, subyace la posibilidad de entregar tierras a quien no es campesino o trabajador del campo, en beneficio de empresarios no defensores ni protectores de los recursos ni del ecosistema. <\/p>\n
La Ley Zidres (Zonas de Inter\u00e9s de Desarrollo Rural, Econ\u00f3mico y Social), a cargo de la Upara (Unidad de Planificaci\u00f3n Rural Agropecuaria), tambi\u00e9n envuelve la posibilidad de conceder beneficios a personas no destinatarias de la reforma Agraria requerida. <\/p>\n
El observatorio Rural de la Universidad de la Salle, se\u00f1ala que el 45% del \u00e1rea agropecuaria se utiliza para ganader\u00eda extensiva con baja productividad, mientras que el 75 % de los campesinos carecen de tierra suficiente y productiva. <\/p>\n
Pero el otro problema grave, tiene que ver con destrucci\u00f3n desaforada y despiadada de los bosques, de las zonas de reserva, de las fuentes h\u00eddricas y de la galopante contaminaci\u00f3n de r\u00edos, afluentes y cuencas hidrogr\u00e1ficas, atentando contra la vida de las personas, de las generaciones presentes y de las futuras, desconociendo de tajo los principios del Estado de Derecho Ambiental. <\/p>\n
Grosso modo, es un cuadro pat\u00e9tico, de modo que lo expuesto, implica tambi\u00e9n que el juez, ante la inepcia del Estado, en su decisi\u00f3n impida la concentraci\u00f3n de la tierra, luche contra el latifundio, proteja al campesino y al peque\u00f1o propietario. Al mismo tiempo que pondere la productividad del peque\u00f1o propietario y poseedor. <\/p>\n
Cuando se trate de latifundios o de zonas de reserva que se pretenda usucapir, el juez debe ser un instructor exigente, debe hacer un control legal, constitucional y convencional riguroso, debe agotar los medios probatorios con profundidad para impedir la concentraci\u00f3n de la tierra y su adquisici\u00f3n por usurpadores, falsos poseedores, invasores cremat\u00edsticos, adulteradores del registro inmobiliario. Pero, jam\u00e1s puede volver el derecho y la Constituci\u00f3n contra el peque\u00f1o propietario, contra el campesino o el ind\u00edgena, contra los minifundistas, desconoci\u00e9ndole su posesi\u00f3n y el trabajo que ejecutan como fuente de riqueza y de realizaci\u00f3n humana y con mayor raz\u00f3n cuando racionalmente protegen el ecosistema, cuando se trata de sus derechos agrarios fundantes de los elementos m\u00ednimos de su subsistencia y de su familia; y ejercen un comportamiento ajustado a derecho. <\/p>\n
Y mucho menos, puede volver la ley, en casos como el presente contra una parroquia arrebat\u00e1ndole la porci\u00f3n de tierra que ocupa el cementerio porque ese no es latifundio, ni bald\u00edo. <\/p>\n
En todo caso, y en todo tipo de propiedad o de posesi\u00f3n debe resguardar sin cuartel las zonas de reserva, impedir su prescripci\u00f3n, luchar contra su destrucci\u00f3n, no otorgar t\u00edtulos de dominio iusprivatistas para p\u00e1ramos, zonas de reserva forestal, bosques, rondas y nacimientos de los r\u00edos, quebradas y afluentes, mucho menos a ejecutores de proyectos agroindustriales que destruyan el ecosistema, que contaminan r\u00edos y oc\u00e9anos y envenenan vidas; tampoco a depredadores de LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA y los de las FUTURAS GENERACIONES, luchando tambi\u00e9n contra el cambio clim\u00e1tico. <\/p>\n
N\u00f3tese, el objeto de la Ley 160 de 1994 fue el de \u201c(\u2026) crea[r] el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, (\u2026) establece[r] un subsidio para la adquisici\u00f3n de tierras, (\u2026) [y] reforma[r] el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (\u2026)\u201d, y de su contenido no brota derogaci\u00f3n ni modificaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita, expl\u00edcita o impl\u00edcita, de la filosof\u00eda establecida en la Ley 200 de 1936, ni mucho menos, de la m\u00e1s que centenaria presunci\u00f3n contenida en el inciso 2\u00ba del canon 762 del C\u00f3digo Civil, como en su oportunidad si lo hizo la inexequible Ley 1152 de 200741, en relaci\u00f3n con las premisas debatidas aqu\u00ed de la Ley 200. Aqu\u00e9lla regla 48, establece unos procedimientos gubernativos a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para clarificar la propiedad, incluyendo la forma de acreditar el derecho, determinar las pertenecientes al Estado y a los particulares, as\u00ed como la ocupaci\u00f3n indebida de bald\u00edos y, en ella, limita la competencia a la titulaci\u00f3n de los bienes adjudicables; entre otros, los bald\u00edos, clasificaci\u00f3n dentro de la que no caben los que no son bald\u00edos por estar cobijados por la presunci\u00f3n de propiedad prevista en la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
No sobra agregar, que, por la misma senda, y seg\u00fan las determinaciones tomadas en esa acci\u00f3n, se repudiar\u00eda la historia registral del pa\u00eds, que se caracteriza por ser incompleta y anacr\u00f3nica. Un registro imparcial e integral no puede imponerse exclusivamente a los particulares; pero, finalmente, esa decisi\u00f3n, traduce la confusi\u00f3n entre la prueba con el mismo derecho de propiedad. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha expedido numerosa jurisprudencia sobre el tema agrario, tales como las sentencias SU-23542 y SU-42643 de 2016, en las cuales se puso de relieve el problema de acceso a la tierra por parte de la poblaci\u00f3n campesina v\u00edctima, as\u00ed como las dificultades que trae consigo la recuperaci\u00f3n de terrenos irregularmente apropiados por particulares, o por criminales y grupos al margen de la Ley, todo ello, debido a la equivocada, contradictoria e incompleta pol\u00edtica estatal de repartici\u00f3n de bienes. <\/p>\n
En esas providencias es loable el esfuerzo de la Corte Constitucional para formular soluci\u00f3n a tan cr\u00edtico asunto, propendiendo por la adopci\u00f3n de medidas eficaces y prontas para librar los bald\u00edos de la tenencia indebida por parte de terceros o de avivatos de los bienes p\u00fablicos. Sin embargo, esos pronunciamientos tienen un fundamento f\u00e1ctico diferente a la problem\u00e1tica del sublite. Adem\u00e1s, esta disidencia jam\u00e1s ha negado la existencia de los bienes bald\u00edos, los cuales hacen parte del patrimonio p\u00fablico y requieren de un control estatal estricto. <\/p>\n
Asimismo, ese alto Tribunal expidi\u00f3 los fallos T-54844 y T-54945 de 2016, en los cuales, reiter\u00f3 la postura edificada en la providencia T-488 de 2014 ya citada. En la sentencia T-549 de 2016, esa Corporaci\u00f3n, como algo novedoso en su l\u00ednea tutelar, reconoci\u00f3 expresamente que en nuestro sistema jur\u00eddico coexist\u00edan las dos presunciones, aparentemente contradictorias entre s\u00ed, \u201cuna de bien privado y otra de bien bald\u00edo\u201d, la primera, contenida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936 y, la segunda, en los c\u00e1nones 762 del C\u00f3digo Civil y 65 de la Ley 160 de 1994; sin embargo entendi\u00f3 que ese conflicto normativo \u201caparente\u201d deb\u00eda en todo caso resolverlo el Juez al momento de dirimir el respectivo juicio de pertenencia. <\/p>\n
Empero, esas determinaciones transitan por la desafortunada senda trazada por la providencia T-488 de 2014, sin a\u00f1adirle nuevos elementos, salvo la admisi\u00f3n de la existencia y vigencia de las presunciones de la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
Es de advertir que la propia Corte Constitucional se contradice, pues, luego de ventilar la vigencia de esas presunciones, a rengl\u00f3n seguido infiere que \u201cen todos los casos en donde no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo\u201d. <\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n invade no solo la esfera decisional del juez al momento de zanjar un conflicto de usucapi\u00f3n, sino que le impone al prescribiente la obligaci\u00f3n de demostrar el car\u00e1cter privado de su fundo, invirtiendo irrazonablemente la presunci\u00f3n en contra del usuario de la administraci\u00f3n de justicia, del poseedor y del ciudadano. <\/p>\n
Adem\u00e1s, desconoce que las fuentes hist\u00f3ricas de informaci\u00f3n oficiales previstas para la indagaci\u00f3n de la propiedad y las sucesivas transferencias desde el dominio regalista espa\u00f1ol no resultan confiables, incluso para el propio Estado, pues los datos oficiales de catastro y registro, adem\u00e1s de insuficientes, escuetos y ca\u00f3ticos, siguen hoy sin modernizarse ni depurarse46. Esta negligencia es end\u00e9mica y no puede trasladarse al ciudadano como si \u00e9ste fuera el responsable de la omisi\u00f3n hist\u00f3rica del estamento oficial. <\/p>\n
Debe recordarse, las autoridades p\u00fablicas, por tener la responsabilidad de administrar el catastro y el registro de los bald\u00edos de la Naci\u00f3n, as\u00ed como de las tierras privadas, \u00e9tnicas y las \u00e1reas protegidas, deben generar una confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica para los destinatarios de tales datos y, en general, para todos los asociados, derechos que no pueden quebrantarse prima facie por la negligencia del Estado en el ejercicio de dicha tarea. <\/p>\n
Se vislumbra que en aquellas memoradas decisiones, el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional procura desconocer la facultad legalmente atribuida a los jueces naturales del derecho real de dominio de decidir juicios de pertenencia cuando no hay titular inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble cuyas declaratorias de pertenencia se reclaman, pretiriendo la numerosa normatividad y doctrina judicial, incluso, la dictada por el propio juez constitucional, con efectos erga omnes, no interpartes, con car\u00e1cter imperativo por tratarse de providencias proferidas en acciones constitucionales de inexequibilidad, tal como se evidencia en la supra citada sentencia C-275 de 2006, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de (\u2026) derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que \u00abno aparece ninguna\u00bb persona como titular \u00abde derechos reales sujetos a registro\u00bb. Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)47. <\/p>\n
Sin lugar a dudas, la situaci\u00f3n expuesta constituye una afrenta a los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, menoscabando los principios de legalidad y de seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como el imperativo supralegal seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Los jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley (\u2026)\u201d; postura en contrav\u00eda de los art\u00edculos 29, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica48 y 8, 9 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos49. <\/p>\n
En el caso de la prescripci\u00f3n del cementerio por parte de una parroquia con una historia consolidada de siglos, tanto el Tribunal Superior de Tunja, como la propia Corte Suprema de Justicia, infringen derechamente las disposiciones concordatarias al declarar bald\u00edo una bien de una las Parroquias con una historia de siglos, respecto de un cementerio suyo, pues, siendo del patrimonio eclesial, lo transforman en bien del Estado, sin f\u00f3rmula de juicio, porque \u00e9ste no es el tipo de proceso expropiatorio; y del mismo modo, incurren en una alteraci\u00f3n de la instituci\u00f3n de los bald\u00edos, todo ello a causa de errores jur\u00eddicos y probatorios. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado el anunciado salvamento. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Numeral declarado exequible por la Corte Constitucional, en C-530-96. <\/p>\n
2\u0002 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-060 de 1993, C-595 de 1995 y C-536 de 1997. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 1993. La Corte declar\u00f3 exequible el Decreto Legislativo 1942 de 1992, \u201cpor el cual se dictan normas sobre reservas y adjudicaci\u00f3n de terrenos bald\u00edos\u201d, expedido por el Gobierno al amparo de un Estado de Conmoci\u00f3n Interior. <\/p>\n
4\u0002 El art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil consagra la distinci\u00f3n entre bienes de uso p\u00fablico y bienes fiscales en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cSe llaman bienes de la Uni\u00f3n aquellos cuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica. Si adem\u00e1s su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del Territorio. \/\/ Los bienes de la Uni\u00f3n cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Uni\u00f3n, o bienes fiscales\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Consultada en: http:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?ruta=Leyes\/30019427. <\/A><\/p>\n