SC3889-2021 (2017-00160-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3889-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 08001-31-03-005-2017-00160-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Inverhav S.A.S., respecto de la sentencia de 10 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- frente a la recurrente, con la citaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la intervenci\u00f3n de Jorge Alberto Urrea Mej\u00eda en calidad de tercero ad-excludendum. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. La demandante solicit\u00f3 decretar la expropiaci\u00f3n de 18.0724 metros cuadrados de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado Casa Blanca de propiedad de la interpelada, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atl\u00e1ntico), el cual identifica; previa autorizaci\u00f3n para pagar el valor del precio establecido pericialmente. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El terreno es requerido para construir un proyecto vial, seg\u00fan ficha predial levantada por la Concesi\u00f3n Costera Cartagena Barranquilla. La Lonja de Bienes Ra\u00edces de Cartagena y Bol\u00edvar avalu\u00f3 el \u00e1rea pretendida en $7.775\u2019228.625, las edificaciones en $77\u00b4871.760 y los cultivos en $449\u2019598.000, para un total de $8.302\u2019698.385. La demandada no lleg\u00f3 a ning\u00fan acuerdo para la enajenaci\u00f3n voluntaria. <\/p>\n
1.3. Contestaci\u00f3n de la demanda. La accionada puso de presente varias circunstancias. El derecho derivado de un t\u00edtulo minero en una extensi\u00f3n de 410.9 hect\u00e1reas, comprensivo de la franja pedida; la falta de respuesta a las solicitadas aclaraciones al peritaje de la actora; la improcedencia de deducir plusval\u00eda; un aval\u00fao de $12.583\u2019626.760 y un lucro cesante de $54.804\u2019227.657, conforme al dictamen rendido por Camalonjas Nacional. <\/p>\n
1.4. Fallo de primer grado. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, el 28 de agosto de 2018, neg\u00f3 las s\u00faplicas del tercero excluyente; decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n y fij\u00f3 el da\u00f1o emergente, el valor del terreno y dem\u00e1s, en $13.178\u2019099.760, as\u00ed como el lucro cesante, la actividad minera, en $40.894\u2019399.140; y orden\u00f3 lo necesario para dejar a salvo una servidumbre que resultaba afectada. <\/p>\n
1.4.1. Critic\u00f3 los dict\u00e1menes evacuados en punto del aval\u00fao del \u00e1rea involucrada. El aportado con la demanda, al disminuir plusval\u00eda sin tomar un valor comparativo, dividir el terreno en zonas fisiogr\u00e1ficas siendo de igual naturaleza geoecon\u00f3mica y no tener en cuenta una servidumbre. El allegado con la r\u00e9plica, al perder autonom\u00eda conceptual, pues se bas\u00f3 en la versi\u00f3n del extremo pasivo y en la experticia de la demandante. El recaudado de oficio, err\u00f3 al fijar los par\u00e1metros de determinaci\u00f3n y al establecer un valor que excede al se\u00f1alado como \u00edtem mayor. <\/p>\n
No obstante, en la apreciaci\u00f3n de tales dict\u00e1menes, consider\u00f3 m\u00e1s ajustado el de la Lonja de Bienes Ra\u00edces de Cartagena y Bol\u00edvar, pero sin descontar plusval\u00eda. Sustrajo as\u00ed el valor del terreno, las construcciones y los cultivos. <\/p>\n
1.4.2. El lucro cesante lo encontr\u00f3 en la pericia de un ingeniero de minas al efecto decretada, referida a la estimaci\u00f3n de activos mineros inmediatamente afectados. <\/p>\n
1.5. Sentencia de segundo grado. Frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por ambas partes, adhesivo el de la demandada, y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como del tercero ad-excludendum, el Tribunal, por mayor\u00eda, revoc\u00f3 y neg\u00f3 el lucro cesante, y redujo el da\u00f1o emergente a la cantidad de $8.302\u2019698.385. <\/p>\n
1.5.1. En el proceso, dijo, era procedente hablar de la ganancia o provecho dejada de reportar, contrariamente a lo sostenido por la demandante y el Ministerio P\u00fablico. La expropiaci\u00f3n, por s\u00ed, ten\u00eda un car\u00e1cter reparador y no se limitaba exclusivamente al aval\u00fao del bien requerido. <\/p>\n
1.5.2. El precio del inmueble, sin embargo, deb\u00eda corresponder al dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar, presentado con el libelo incoativo, en tanto, advert\u00eda su situaci\u00f3n antes de la entrega provisional y se basaba en la investigaci\u00f3n econ\u00f3mica indirecta del mercado. Lo que no pod\u00eda hacer el juzgado era fraccionar, seleccionar o comunicar de cada experticia lo pertinente. <\/p>\n
Las peritaciones, en verdad, part\u00edan de iguales criterios. Coincid\u00edan en el valor de las construcciones y de los cultivos, de ah\u00ed que esos rubros se acoger\u00edan en su totalidad. La diferencia reca\u00eda en que el aval\u00fao de la franja solicitada, realizado por parte de Marcial Navarro Mendoza (de Camalonjas Nacional), adosado con el escrito de r\u00e9plica, no descontaba plusval\u00eda; y el de \u00c1ngel Tom\u00e1s Avenda\u00f1o Logreira (decretado de oficio), omit\u00eda esa misma deducci\u00f3n y no divid\u00eda el terreno en unidades fisiogr\u00e1ficas. <\/p>\n
Fraccionar la heredad era lo demandable, puesto que la \u201czona objeto de expropiaci\u00f3n pose\u00eda diferentes caracter\u00edsticas\u201d. El descuento por plusval\u00eda tambi\u00e9n deb\u00eda aplicarse, dado que la utilidad del sector proven\u00eda del proyecto vial a ejecutarse y no de la actividad econ\u00f3mica de la convocada. Con mayor raz\u00f3n, cuando no se acredit\u00f3 que el \u201cpropietario hubiere pagado la participaci\u00f3n en plusval\u00eda o la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n, seg\u00fan sea el caso\u201d. <\/p>\n
1.5.3. El lucro cesante, referido a la actividad minera, reconocido en el fallo apelado, en cambio, resultaba improcedente. Como el Estado era el propietario del subsuelo y de los materiales y minerales que all\u00ed se encontraren, ning\u00fan sentido tendr\u00eda obligar a alguien a comprar, expropiar, lo que de suyo le pertenece. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, par\u00e1grafo \u00fanico, autorizaba dicha partida, respecto de los inmuebles expropiados \u201cdestinados a actividades productivas\u201d, el dictamen rendido por V\u00edctor Hugo Marenco Boekhoudt (ingeniero de minas), se sustra\u00eda de ese \u201ccriterio\u201d. Por una parte, no acreditaba esa explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, simplemente, se demostraba el paso de una carretera; y por otra, valoraba la \u201creserva minera in situ\u201d, cuando se trataba de algo de propiedad del Estado. <\/p>\n
1.5.4. Las obras ordenadas para garantizar el tr\u00e1nsito entre los terrenos bifurcados, tampoco eran de recibo. El dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar, no las pod\u00eda tener en cuenta. En efecto, contrastados los antecedentes registrales de esa servidumbre constituida y la oferta formal de compra, la limitaci\u00f3n al dominio \u201csurgi\u00f3 posterior a la evaluaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.5.5. Aunque el tercero interviniente era cotitular de la concesi\u00f3n minera, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n, puesto que no era propietario del terreno involucrado. Adem\u00e1s, no demostr\u00f3 licencia ambiental para realizar el t\u00edtulo minero y las pruebas que aport\u00f3 no hab\u00edan sido tenidas en cuenta. <\/p>\n
1.6. La demanda de casaci\u00f3n. En todos los siete cargos formulados contra lo as\u00ed decidido, la demandada recurrente acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 58 y 332 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 669, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil; 23 y 58 de la Ley 1682 de 2013; 16 de la Ley 446 de 1998; y 399, par\u00e1grafo \u00fanico, del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
1.6.1. En el primero, recta v\u00eda, al decir que el Tribunal desconoci\u00f3 el principio de reparaci\u00f3n integral, producto de confundir da\u00f1o emergente con lucro cesante. <\/p>\n
Es cierto, sostiene la casacionista, la propiedad del subsuelo es del Estado, empero, esto no conlleva adquirir lo suyo. Si estuviera \u201ccomprando el material\u201d se estar\u00eda \u201cfrente a una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o emergente\u201d. Extra\u00eddos los minerales, el concesionario tiene la libre disposici\u00f3n de los mismos y es ah\u00ed de donde \u201cproviene el lucro o ganancia futura\u201d. Corresponde al \u201cvalor\u201d de lo que deja de extraer en virtud del t\u00edtulo minero y que no ingresa a su haber. <\/p>\n
Concluye que la \u201cconfusi\u00f3n\u201d del \u201cda\u00f1o emergente y lucro cesante y de la relaci\u00f3n entre la propiedad del subsuelo y la posibilidad de indemnizar por futuras mermas relacionadas con la explotaci\u00f3n de dichos materiales\u201d, llev\u00f3 al juzgador a cercenar el \u201cderecho a una reparaci\u00f3n justa e integral\u201d proveniente de la expropiaci\u00f3n de su inmueble. <\/p>\n
1.6.2. En el segundo, la censurante deriva la violaci\u00f3n denunciada de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el ad-quem al valorar los dict\u00e1menes sobre el lucro cesante, tal cual fueron advertidos en el salvamento de voto. <\/p>\n
1.6.2.1. El juzgador consider\u00f3 que el de V\u00edctor Marenco, \u201cexperto en asuntos mineros\u201d, no probaba que el terreno requerido para la obra estuviera siendo explotada en el marco de la concesi\u00f3n minera. Sin embargo, dej\u00f3 a un lado las explicaciones del perito sobre la \u201cperturbaci\u00f3n y el impacto\u201d que causaba la expropiaci\u00f3n en \u201ctodo el inmueble y el proyecto minero, impidiendo continuar con el mismo\u201d. De igual modo, la forma como cuantific\u00f3 la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
El ingeniero de minas, en efecto, se\u00f1al\u00f3 que el predio de mayor extensi\u00f3n, \u201ccomo un todo\u201d, contaba, am\u00e9n de la licencia ambiental, con un plan de trabajos y obras (PTO), aprobado por la Agencia Nacional de Miner\u00eda, y que el concesionario ya hab\u00eda firmado contratos de infraestructura para la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, calcul\u00f3 la indemnizaci\u00f3n a presente y no a futuro, esto \u00faltimo, por cuanto no pod\u00eda establecerse, y aquello, en tanto la limitante de seis meses consagrada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, hab\u00eda sido declarada inexequible. <\/p>\n
1.6.2.2. Fuera de lo dicho, omiti\u00f3 apreciar los \u201cdem\u00e1s dict\u00e1menes\u201d relacionados con la ganancia o provecho dejada de percibir, incluido el \u201caportado por la misma ANI\u201d. <\/p>\n
1.6.2.3. En corolario, para la sociedad impugnante, el lucro cesante deb\u00eda reconocerse al estar demostrado que la \u201cexpropiaci\u00f3n de la franja de terreno impedir\u00e1 continuar con la explotaci\u00f3n minera sobre todo el predio y dar\u00e1 por terminada la servidumbre\u201d. <\/p>\n
1.6.3. En el tercero y el cuarto, en su orden, por la v\u00eda directa e indirecta, la recurrente adiciona violados los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba de la Ley 1228 de 2008, 55 de la Ley 1682 de 2013 y 35 de la Ley 685 de 2001. <\/p>\n
1.6.3.1. Lo primero, porque el Tribunal no aplic\u00f3 esa normatividad. All\u00ed se regula la indemnizaci\u00f3n por el \u201cda\u00f1o emergente\u201d sobre las franjas de retiro obligatorio que se deben crear en la construcci\u00f3n de una carretera del sistema vial nacional. Igualmente, lo relacionado con las zonas de miner\u00eda restringida sobre las cuales no se podr\u00e1 realizar ninguna actividad para la seguridad de la obra p\u00fablica construida, as\u00ed sigan siendo de propiedad privada. <\/p>\n
1.6.3.2. Lo otro, asociado con el \u201cda\u00f1o emergente\u201d de las mismas \u201cfajas de retiro obligatorio o zonas de exclusi\u00f3n y las zonas de miner\u00eda restringida\u201d, por cuanto el ad-quem incurri\u00f3 en error de hecho al valorar los \u201cdict\u00e1menes periciales\u201d, pues \u201cno orden\u00f3 ninguna indemnizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Omiti\u00f3 apreciar en las experticias del \u201cperito Marenco\u201d y \u201cCamalonjas\u201d que \u201cs\u00ed las tuvieron en cuenta, mientras que el dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar, aportado por la ANI, no lo hizo\u201d. As\u00ed, inclusive, lo hab\u00eda identificado el fallo de primer grado. <\/p>\n
1.6.4. En el quinto, suma igualmente la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba del Decreto 2279 de 2012, a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de error de hecho en la valoraci\u00f3n del aval\u00fao de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar. Espec\u00edficamente, en punto de la plusval\u00eda, puesto que no se cumplieron los requisitos para el descuento. <\/p>\n
En sentir de la recurrente, el juzgador colegiado consider\u00f3 que el aumento del precio del terreno no se deb\u00eda a un esfuerzo del demandado. No obstante, las normas establecen \u201cuna carga para la entidad expropiante de elaborar aval\u00faos de referencia (\u2026), los cuales no fueron aportados al proceso ni realizados por la ANI\u201d. Esto significa que \u201cse apreciaron indebidamente los supuestos aval\u00faos de plusval\u00eda aportados (\u2026) mediante el dictamen de la Lonja\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u201creconoce que los peritos Avenda\u00f1o y Navarro no hacen descuento por plusval\u00eda, pero no aprecia los motivos por los cuales se abstuvieron de hacerlo\u201d. <\/p>\n
1.6.5. En el sexto, a\u00f1ade tambi\u00e9n infringidos, recta v\u00eda, los art\u00edculos 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba del Decreto 2729 de 2012, 80 y 88 de la Ley 388 de 1997. <\/p>\n
Reafirma la sociedad impugnante que la carga de demostrar el aval\u00fao de referencia para descontar plusval\u00eda correspond\u00eda a la entidad demandante, la expropiante. Empero, \u201cninguna menci\u00f3n, ni mucho menos aplicaci\u00f3n de estas normas realiza la sentencia\u201d impugnada. <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, conforme a las mismas disposiciones, el descuento no se hace cuando el \u201cpropietario hubiere pagado la participaci\u00f3n en plusval\u00eda o la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n\u201d. Esto, sin embargo, requer\u00eda ser liquidado por el respectivo Alcalde y notificado al propietario, pero tampoco ello fue cumplido. De ah\u00ed que a la demandada \u201cno es posible exigirle (\u2026) lo imposible f\u00edsica y jur\u00eddicamente, esto es, haber pagado la plusval\u00eda que no estaba liquidada por la administraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.6.6. En el s\u00e9ptimo, la violaci\u00f3n de las normas que en com\u00fan han sido denunciadas se hace derivar de la infracci\u00f3n medio de los art\u00edculos 176 y 232 del C\u00f3digo General del Proceso. En concreto, al no apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, los elementos de juicio incorporados al expediente, \u201cespecialmente las pruebas periciales\u201d. <\/p>\n
Para la recurrente, los dict\u00e1menes evacuados expresaron diferencias sobre si el inmueble deb\u00eda dividirse en unidades fisiogr\u00e1ficas, una geoecon\u00f3mica y otra geof\u00edsica, y darles valores distintos a cada una; o si deb\u00eda considerarse como un todo y con un mismo aval\u00fao. <\/p>\n
Las experticias sobre el da\u00f1o emergente del \u201cperito Avenda\u00f1o\u201d y de la \u201cLonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar\u201d, concluyeron, el primero, en que el inmueble no deb\u00eda dividirse en zonas, y el segundo, el acogido por el ad-quem, en que el aval\u00fao aplicaba a \u201ctodo el predio\u201d. Esto lo apreci\u00f3 acertadamente el juzgado, pero el Tribunal err\u00f3 al asentar que los dict\u00e1menes no pod\u00edan ser \u201cfraccionados\u201d ni \u201cseleccionados parcialmente\u201d. <\/p>\n
En sentir de la censura, el error de apreciaci\u00f3n jur\u00eddica del conocimiento experto era palpable. \u201c[N]o hay ninguna norma en Colombia que impida, como lo exige el Tribunal en la sentencia atacada, que el juez deba limitarse a aceptar o rechazar \u00edntegramente los dict\u00e1menes, y que no pueda encontrar probados elementos de un dictamen pericial y elementos de otro dictamen, llegando as\u00ed a la adecuada convicci\u00f3n sobre los aspectos probados\u201d. <\/p>\n
1.6.8. Solicitudes finales, seg\u00fan la impugnante, en el evento de prosperar cualquiera de los cargos desarrollados, la Corte debe casar \u201ctotal o parcialmente\u201d la sentencia confutada y, para garantizar la reparaci\u00f3n integral y justa proveniente de la expropiaci\u00f3n, confirmar en todas sus partes el fallo apelado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. Los cargos se presentan resumidos en conjunto, porque como en su momento se ver\u00e1, ameritan consideraciones comunes. Derivadas, por una parte, de la denunciada, en todas las acusaciones, violaci\u00f3n directa e indirecta de unas mismas disposiciones constitucionales y legales; y por otra, de los conceptos de da\u00f1o emergente y lucro cesante, en t\u00e9rminos generales, interconectados en el contexto de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El estudio respectivo se acometer\u00e1 de m\u00e9rito, contrario a lo solicitado en el escrito de r\u00e9plica. La admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de dicho libelo incoativo en auto de 9 de diciembre de 2019, ocurri\u00f3 \u201cpor reunir los requisitos formales\u201d. Si tales exigencias fueron incumplidas y equivocadamente fueron pasadas por alto, ha debido reclamarse en su oportunidad. Esto, claro est\u00e1, no impide su reconocimiento posterior frente a la persistencia de un vicio insalvable, imputable a la parte recurrente, que ponga en entredicho los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de la parte opositora. <\/p>\n
2.2.1. Las garant\u00edas dichas, en el caso, quedaron a salvo, porque si la demanda de casaci\u00f3n, en su contexto, fue contestada de fondo, esto significa que cualquier deficiencia t\u00e9cnica, de haber existido, fue posible superarla. Seg\u00fan explica a espacio la replicante, los errores estrictamente jur\u00eddicos y los probatorios imputados al Tribunal en cada uno de los cargos son inexistentes. <\/p>\n
El primero, al decir que \u201cfue correcto\u201d negar el lucro cesante. El segundo, cuando recaba como adecuada la \u201cvaloraci\u00f3n\u201d de la prueba que indica la falta de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del terreno materia de expropiaci\u00f3n y ajustada la desestimaci\u00f3n del dictamen que ponder\u00f3 la \u201creserva minera in situ\u201d. El tercero y el cuarto, por cuanto la experticia abrigada del da\u00f1o emergente, la adosada por la actora, \u201cs\u00ed contempla\u201d las franjas de retiro obligatorias. El quinto y el sexto, referente a la deducci\u00f3n de plusval\u00eda, porque ese mismo dictamen daba cuenta del incremento de valor de los fundos del sector luego de anunciado el proyecto, a lo cual se \u201caplic\u00f3 correctamente\u201d la norma, incluidas aquellas que gobernaban la reparaci\u00f3n integral. Y el s\u00e9ptimo, al sostenerse que las reglas de la sana cr\u00edtica no son una licencia ni para fraccionar ni completar pruebas. <\/p>\n
2.2.2. El requisito de se\u00f1alar las normas sustanciales infringidas, echado de menos por la opositora en este tr\u00e1mite extraordinario, tampoco amerita reparo. <\/p>\n
Frente a la Constituci\u00f3n hoy vigente, la lectura y su an\u00e1lisis debe realizarse desde la naturaleza del Estado Constitucional y Social de Derecho edificado a partir de los valores, principios y derechos constitucionales; por ello, justamente el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, impone axiol\u00f3gicamente que uno de los fines del recurso de casaci\u00f3n es \u201c(\u2026) proteger los derechos constitucionales\u201d. Si los c\u00e1nones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en un caso dado, permiten su aplicaci\u00f3n directa u orientan la aplicaci\u00f3n legal, su car\u00e1cter sustancial es innegable. As\u00ed lo asent\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, precisamente, en alusi\u00f3n al art\u00edculo 58, superior, al decir: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, pues, hoy no admite duda, con miras a la aplicaci\u00f3n de la ley, que \u00e9sta debe estar en perfecta armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entendida esta \u00faltima con una dimensi\u00f3n que trascienda el car\u00e1cter jur\u00eddico formal, es decir que esa aplicaci\u00f3n debe consultar la fuerza normativa del ordenamiento superior en punto a principios, derechos y garant\u00edas consagrados en ella; de manera que al hacerla actuar (la ley) el operador judicial sea consciente que es deber ineludible suyo el de garantizar la vigencia del orden jur\u00eddico justo, como lo reclama el propio pre\u00e1mbulo de la Carta; labor esa que, consecuentemente, lo llevar\u00e1 de paso a ser certero al hacer uso de los preceptos que le est\u00e1n subordinados. <\/p>\n
\u201cDe manera que si la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reclama en la actualidad una aplicaci\u00f3n legal que consulte su valor normativo y no meramente organicista, y si constituye as\u00ed mismo afirmaci\u00f3n apod\u00edctica la de que el orden legal debe estar en consonancia con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dado el sistema piramidal en el que se estructura el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, cuando el juzgador aplica las normas sustanciales contenidas en la ley sin tomar las previsiones que se imponen para mantener la correspondencia entre \u00e9sta y la carta pol\u00edtica, produce un dislocamiento del andamiaje jur\u00eddico en que se asienta el correspondiente derecho legal\u201d1. <\/p>\n
La excepci\u00f3n tambi\u00e9n aplica cuando el derecho reconocido est\u00e1 inmerso en la norma de definici\u00f3n o descripci\u00f3n. Por ejemplo, el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, ilustra la posesi\u00f3n y a su vez reputa al poseedor due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo. Las reglas 1613 y 1614, ib\u00eddem, enuncian los rubros de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, y los determina, pero derivados del derecho subjetivo del incumplimiento total, imperfecto o tard\u00edo de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
En el sub-j\u00fadice, todos los siete cargos acusan infringidos los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, entre otros. Al margen de si las dem\u00e1s normas enlistadas son o no sustanciales, dichos preceptos, dado su contenido material en causa, son suficientes para sustentar formalmente el libelo casacional, por su pertinencia y ser innecesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. Al tenor del par\u00e1grafo primero del canon 344 del C\u00f3digo General del Proceso, basta se\u00f1alar una \u201c(\u2026) cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ese canon constitucional es sustancial o material, porque \u201cgarantiza la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos\u201d, todo lo cual tiene relaci\u00f3n inmediata con los derechos derivados del blandido, por la recurrente, t\u00edtulo minero. Y los dem\u00e1s preceptos, puesto que aluden, en el contexto de la acusaci\u00f3n, al da\u00f1o emergente y lucro cesante, en especial, al derecho subjetivo de fijar su contenido econ\u00f3mico. <\/p>\n
2.3. Sentado lo que precede, pasa a estudiarse si el Tribunal se equivoc\u00f3 al reducir y limitar los componentes cuantitativos de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios provenientes de la expropiaci\u00f3n declarada en instancias. <\/p>\n
Ninguna consideraci\u00f3n, desde luego, cabe hacerse a la operaci\u00f3n mediante la cual el extremo demandado, ahora impugnante, result\u00f3 obligado a transferir al dominio p\u00fablico de parte de su heredad. La raz\u00f3n estriba en que en casaci\u00f3n nada se enarbol\u00f3 sobre el particular. <\/p>\n
2.3.1. El art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, autoriza expropiar la propiedad privada por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social cuando se frustran los tr\u00e1mites de negociaci\u00f3n y enajenaci\u00f3n voluntaria. Tiene lugar por v\u00eda administrativa en los casos previstos por el legislador, pero sujeta al control posterior ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, o en virtud de una sentencia judicial. En cualquier hip\u00f3tesis, previa indemnizaci\u00f3n fijada \u201cconsultando los intereses de la comunidad y del afectado\u201d. <\/p>\n
La disposici\u00f3n no refiere si la indemnizaci\u00f3n debe ser \u201cjusta\u201d e \u201cintegral\u201d, como se enfatiza en los cargos, pero si la involucra ante la necesidad de ponderar los derechos de la sociedad y del propietario expropiado. Es justa cuando existe una relaci\u00f3n retributiva o correctiva, verbi gratia, \u201csi el expropiado sufri\u00f3 un perjuicio de 100, deber\u00e1 recibir 100 como indemnizaci\u00f3n\u201d, empero, \u201csi el da\u00f1o causado por un hecho, se compensa por el provecho derivado del mismo, no hay lugar a idenmizaci\u00f3n porque \u00e9sta no resulta justa\u201d2. <\/p>\n
Es completa ante su car\u00e1cter reparador e involucra el da\u00f1o emergente y el lucro cesante. La ratio legis radica en que el expropiado no est\u00e1 obligado a soportar una carga espec\u00edfica en beneficio del inter\u00e9s p\u00fablico o social, seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cPara efectos de calcular el valor de la indemnizaci\u00f3n del lucro cesante cuando se trate de inmuebles destinados a actividades productivas y se presente una afectaci\u00f3n que ocasione una limitante temporal o definitiva a la generaci\u00f3n de ingreso proveniente del desarrollo de las mismas, deber\u00e1 considerarse independientemente del aval\u00fao del inmueble, la compensaci\u00f3n por las rentas que se dejaren de percibir\u201d. <\/p>\n
El precepto extend\u00eda la indenizaci\u00f3n a un \u201cperiodo m\u00e1ximo de seis (6) meses\u201d, no obstante, la limitante fue retirada del ordenamiento jur\u00eddico por la Corte Constitucional3. En esa oportunidad se consider\u00f3 que la \u201cindemnizaci\u00f3n producto de la expropiaci\u00f3n, por regla general, tiene una funci\u00f3n reparatoria, de modo que incluye los da\u00f1os de lucro cesante y emergente\u201d. Lo mismo, en t\u00e9rminos generales, ya lo hab\u00eda asentado esa Corporaci\u00f3n en las sentencias C-153 de 1994 y C-1074 de 2002. <\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n, entonces, no se circunscribe al da\u00f1o emergente representado en el valor del bien que sale del patrimonio del expropiado. Incluye el lucro cesante derivado de la actividad econ\u00f3mica que atrualmente se desarrolla en el inmueble afectado por el hecho de la expropiaci\u00f3n y se concretiza en la ganancia o provecho que se deja de reportar por la limitaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la empresa que ven\u00eda realizando su propietario. Por supuesto, siempre consultando o equilibrando los intereses involucrados, tanto de la comunidad como del particular. <\/p>\n
2.3.2. El art\u00edculo 334 de la Costituci\u00f3n Pol\u00edtica radica en cabeza del Estado la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Todo, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. <\/p>\n
El C\u00f3digo Minero, Ley 685 de 2001, canon 5\u00ba, lo reafirma. Los \u201cminerales de cualquier clase y ubicaci\u00f3n, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado f\u00edsico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideraci\u00f3n a que la propiedad, posesi\u00f3n o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades p\u00fablicas, de particulares o de comunidades o grupos\u201d. <\/p>\n
Lo anterior no impide que el Estado se desprenda de la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los minerales, mediante contratos de concesi\u00f3n a los particulares y el cobro de una retribuci\u00f3n. Esto, sin embargo, conforme lo establece el art\u00edculo 15, ib\u00eddem, \u201cno transfieren al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales \u2018in situ\u2019 sino el de establecer en forma exclusiva y temporal dentro del \u00e1rea otorgada, la existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a aprop\u00edarselos mediante su extracci\u00f3n o captaci\u00f3n y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas actividades\u201d. <\/p>\n
La contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica es la suma o especie obligatoria percibida por el Estado al permitir explotar los recursos naturales no renovables. Recibe el nombre de ragal\u00eda y consiste en un porcentaje del producto bruto explotado objeto del t\u00edtulo minero y sus subproductos, que es lo suceptible de apropiaci\u00f3n, pero una vez extra\u00eddo o captado el mineral (art\u00edculo 227, ej\u00fasdem). <\/p>\n
Significa lo expuesto que los recursos naturales no renovables, entre los cuales se encuentran el ramo de la miner\u00eda, mientras permanezcan \u201cin situ\u201d, no confieren ning\u00fan derecho a los concesionarios de t\u00edtulos mineros. En la cadena de explotaci\u00f3n, solo los adquieren, conforme a al canon 15, transcrito, en los eventos de \u201cextracci\u00f3n o captaci\u00f3n\u201d. De ah\u00ed, en su estado natural, al ser propiedad del Estado, su existencia, as\u00ed medie una autorizaci\u00f3n minera de explotaci\u00f3n, no refleja un \u201cperjuicio o p\u00e9rdida\u201d (da\u00f1o emergente) en el patrimonio del concesionario. <\/p>\n
El menoscabo, empero, s\u00ed tiene lugar cuando el t\u00edtulo minero resulta afectado en el proceso de la real extraci\u00f3n o captaci\u00f3n de los minerales, no en la te\u00f3rica o mera expectativa de explotaci\u00f3n. Es la \u201cganancia o provecho\u201d (lucro cesante) que el hecho de la interferencia o suspensi\u00f3n de la actividad minera deja de reportarle al particular autorizado; de algun modo, corresponde al beneficio que obtiene, luego de restados los costos de producci\u00f3n y el valor de la regal\u00eda. <\/p>\n
Las utilidades para el titular minero, as\u00ed como las contribuciones en favor del Estado, definitivamente, derivan de la explotaci\u00f3n del respectivo recurso y no de su propiedad. En concordancia, cual se tiene precisado, \u201clo que genera la regal\u00eda es la explotaci\u00f3n misma del recurso y no la propiedad sobre el mismo\u201d4. <\/p>\n
2.3.3. El da\u00f1o, al igual que su medida, el perjuicio, debe ser real y cierto, y no eventual o meramente hipot\u00e9tico. Desde luego, no necesariamente requiere que se actual, porque el \u201cda\u00f1o cierto y futuro (\u2026) tambi\u00e9n es indemnizable\u201d5. Se necesita, s\u00ed, su comprobaci\u00f3n, salvo que se presuma, como ocurre con la cl\u00e1usula penal y los intereses de un capital por el simple retardo. <\/p>\n
La certeza del da\u00f1o depende de su ocurrencia. No son indemnizables, por tanto, las simples conjeturas o suposiciones. Para que exista es indiferente que ya se hubiere causado o sea la prolongaci\u00f3n cierta, inclusive hacia el porvenir, de un estado actual de cosas. Es lo que ocurre con la explotaci\u00f3n minera, actual y real, que se viene realizando en el terreno materia de la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa hip\u00f3tesis, es incontrastable, la presencia del menoscabo. El mismo hecho de forzar la transferencia del derecho de dominio al Estado lo envuelve, en la modalidad de da\u00f1o emergente, porque figurando el inmueble involucrado en el haber del particular, al salir del mismo, su patrimonio se disminuye. La explotaci\u00f3n minera, en la especie de lucro cesante, puesto que al truncarse la actividad minera que se est\u00e1 desarrollando, no la expectativa de explotaci\u00f3n, se repite, implica dejar de ingresar a las arcas del concesionario ciertos recursos. <\/p>\n
2.4. Frente a lo discurrido, se entra a verificar si el Tribunal incurri\u00f3 en los errores iuris in iudicando y facti in iudicando enrostrados. <\/p>\n
La ganancia o provecho dejada de reportar no pudo haberse negado por improcedente. Se desestim\u00f3, llanamente, por dos razones. La primera, porque \u201cno est\u00e1 demostrado\u201d la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del \u00e1rea requerida al momento de la intervenci\u00f3n del Estado. La segunda, por cuanto la valorada \u201creserva minera in situ\u201d que \u201ca futuro no va a poder ser extra\u00edda del subsuelo\u201d, no la configuraba. <\/p>\n
La violaci\u00f3n recta v\u00eda de la ley sustancial supone que la recurrente acepta las conclusiones probatorias del ad-quem. En el caso, que no estaba acreditada la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y que lo avaluado fue la reserva minera \u201cin situ\u201d. Solo que la discrepancia radica en la selecci\u00f3n y subsunci\u00f3n normativa de los hechos as\u00ed establecidos. <\/p>\n
En la hip\u00f3tesis de estar siendo explotada la parte del terreno expropiada al momento de la intervenci\u00f3n del Estado, el punto de esa explotaci\u00f3n, es claro, se debe descartar como causa de la transgresi\u00f3n de los preceptos enlistados. Si el Tribunal no encontr\u00f3 demostrado el hecho, nada habr\u00eda para subsumir normativamente. El problema, entonces, es netamente probatorio, como de hecho la impugnante anuncia que ser\u00e1 \u201cobjeto del cargo segundo\u201d. <\/p>\n
El error tampoco pudo configurarse en el tema de la \u201creserva minera in situ\u201d. Si eso fue lo avaluado, entendi\u00e9ndolo admitido por la censura, el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 685 de 2001, establece que los contratos de concesi\u00f3n minera o equivalentes \u201cno transfieren al beneficiario un derecho de propiedad\u201d de los minerales en el estado natural. Nada al respecto, en consecuencia, pudo egresar o dejar de ingresar al patrimonio de la recurrente. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, explotaci\u00f3n y propiedad \u201cin situ\u201d no es lo mismo. Las regal\u00edas y utilidades se encuentran en lo primero, no en lo segundo. En concreto, al tenor del art\u00edculo 227 del C\u00f3digo Minero, en el \u201cproducto bruto explotado objeto del t\u00edtulo minero y sus subproductos\u201d. Por esto, es errado pensar con la recurrente que la totalidad de la reserva minera sin extraer o captar traduce, hacia el futuro, lucro cesante. Lo refleja, simplemente, no el potencial minero, sino lo que realmente se ven\u00eda explotando al momento de la expropiaci\u00f3n, pues es el estado actual de cosas que con certeza se proyectaba en el porvenir. <\/p>\n
2.4.2. Las precisiones anteriores dejan sin piso los errores de hecho denunciados en el embate segundo, respecto de la apreciaci\u00f3n de los dictamenes acopiados. <\/p>\n
Nadie desconoce que la franja de terreno expropiada hace parte de un lote de mayor extensi\u00f3n y que en aquella no se realizaba ninguna explotaci\u00f3n minera, en tanto, la misma ocurr\u00eda en otro sector. Esto \u00faltimo, pese a que el Tribunal concluy\u00f3 que \u201cno est\u00e1 demostrado\u201d, en el cargo se confirma, al involucrar ambas cosas como un todo. Las enlaza por el impacto que produce la expropiaci\u00f3n en la totalidad del \u00e1rea del t\u00edtulo minero, pues, dice, perturba e impide continuar con la industria montada y da lugar a la p\u00e9rdida de una servidumbre de tr\u00e1nsito constituida. En definitiva, es la misma recurrente, como supuesto de la acusaci\u00f3n, quien sin miramientos sostiene que no exist\u00eda explotaci\u00f3n minera en la franja de terreno expropiada y ah\u00ed es donde justifica la indemnizaci\u00f3n al hacerla derivar del entorpocimiento o impacto que la expropiaci\u00f3n causa a la totalidad de la tierra comprendida en el t\u00edtlo minero y a la otra parte que, ella s\u00ed, viene siendo explotada. <\/p>\n
En la hip\u00f3tesis de los errores, son inexistentes. Si la parte expropiada no ven\u00eda siendo explotada, carece de sentido derivar lucro de una expectativa de explotaci\u00f3n. En el entretanto, los minerales y materiales \u201cin situ\u201d, as\u00ed los comprenda el t\u00edtulo minero y respondan a un plan de trabajo de obras (PTO), siguen siendo propiedad del Estado. El contrato de concesi\u00f3n solo concede la posibilidad de apropiaci\u00f3n, ocurrida la extracci\u00f3n o captaci\u00f3n, y mientras ello no suceda, nada habr\u00eda transformado la realidad. <\/p>\n
El montaje de la industria y dem\u00e1s, es ajeno a la ganancia o provecho. Se instala, precisamente, para obtenerla. Luego, si alg\u00fan perjuicio se ocasion\u00f3, estar\u00eda constitu\u00eddo por lo egresado para la planificaci\u00f3n y la infraestructura. En los t\u00e9rminos del cargo, si el \u00e1rea expropiada no estaba explotada, sino que la intervenci\u00f3n del Estado perturbaba la actividad desarrollada en otro sector, los errores, entonces, refulgen intrascendentes. Como qued\u00f3 elucidado, las ganancias se miden es por el \u201cproducto bruto explotado objeto del t\u00edtulo minero y sus subproductos\u201d al momento de la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo relacionado con el carreteable igualmente ninguna incidencia tiene. Por una parte, constituir\u00eda una p\u00e9rdida, no una ganancia, ciertamente lo reclamado en el cargo, en cuanto, parodiando la censura, la enajenaci\u00f3n forzada \u201cdar\u00e1 por terminada la servidumbre\u201d. Por otra, frente a la conclusi\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan la cual, cuando comenz\u00f3 la intervenci\u00f3n el Estado, inclusive con el aval\u00fao, \u201cdicho acto surgi\u00f3 posterior\u201d, porque al no confutarse el particular en casaci\u00f3n, al margen del acierto, el hecho sigue vigente, por s\u00ed, suficiente para mantener en el punto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4.3. En los cargos tercero y cuarto, encauzados, en su orden, recta v\u00eda y por la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios, la recurrente reclama, como componente del da\u00f1o emergente, el valor de las \u201cfajas de retiro obligatorio o zonas de exclusi\u00f3n\u201d y de las \u201czonas de miner\u00eda restringida\u201d. <\/p>\n
El Tribunal, es cierto, ninguna alusi\u00f3n hizo a esos terrenos adyacentes a la v\u00eda construida. Sin embargo, el silencio no comporta, necesariamente, la comisi\u00f3n de alg\u00fan error de juzgamiento; conllevar\u00eda solo una deficiencia de expresi\u00f3n, pues si no hab\u00eda lugar a incluir tales \u00e1reas dentro de la indemnizaci\u00f3n, nada ten\u00eda que analizar ni decidir. Claro est\u00e1, en en el supuesto de no estar comprendidas dentro de las 18,072 hect\u00e1reas que fueron requeridas para el trazado de la obra p\u00fablica. <\/p>\n
2.4.3.1. En ese evento, atinente con la restricci\u00f3n de la actividad minera, en la perspectiva del lucro cesante, ning\u00fan error jur\u00eddico ni probatorio puede comportar. <\/p>\n
Sentado que la franja contigua inmediatamente a la expropiada, comprendida en el t\u00edtulo minero, no ven\u00eda siendo explotada, dado que la actividad ocurr\u00eda en otro sector del predio de mayor extensi\u00f3n, para mostrar lo infundado de las acusaciones, la Corte se remite a lo analizado al respecto en los dos primeros cargos. <\/p>\n
2.4.3.2. En el resto de los mismos embates se considera que las fajas de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva de exclusi\u00f3n, siguen siendo de propiedad particular. <\/p>\n
La hip\u00f3teses de la impugnante, en campo del da\u00f1o emergente, aspecto al cual se contraen ambos ataques, descarta cualquier yerro jur\u00eddico o probatorio. En el caso de haberse incurrido en las faltas denunciadas, la decisi\u00f3n seguir\u00eda siendo la misma, porque el Estado solo es obligado a indemnizar lo expropiado y no lo que permanece en el patrimonio privado. En \u00faltimas, el \u201cperjuicio o p\u00e9rdida\u201d para el particular no se habr\u00eda producido. <\/p>\n
2.4.3.3. No se desconoce que ciertas \u00e1reas adyacentes a la v\u00eda, a pesar de ser de dominio privado, resultan gravadas. El legislador, en efecto, las declar\u00f3 de \u201cinter\u00e9s p\u00fablico\u201d (art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1228 de 2008), y prohibi\u00f3 \u201ccualquier tipo de construcci\u00f3n o mejora en las mencionadas zonas\u201d (canon 55 de la Ley 1682 de 2013). <\/p>\n
Tienen como prop\u00f3sito conservar la estabilidad y seguridad de la obra, y garantizar futuras ampliaciones, la construcci\u00f3n de nuevas v\u00edas y los cambios de categor\u00eda con fines de ampliaci\u00f3n. El art\u00edculo 3\u00ba, par\u00e1grafo 1\u00ba de la Ley 1228, citada, impone para esos efectos, cuando se decidan realizar, \u201cadelantar los tr\u00e1mites administrativos correspondientes para la adquisici\u00f3n de las fajas\u201d. <\/p>\n
Significa lo anterior que mientras las fajas de retiro obligatorio o zonas de exclusion no sean traspasadas al Estado, voluntaria o forzadamente, hecho que ocurre cuando realmente se les imprime el destino para el cual fueron gravadas, no pueden ser indemnizadas en el componente de da\u00f1o emergente. En ese sentido, cualquier error jur\u00eddico o probatorio en que se haya incurrido, no cambiar\u00eda la decisi\u00f3n finalmente adoptada. <\/p>\n
Si bien en ambos cargos se se\u00f1al\u00f3 que sobre tales fajas o zonas no se podr\u00e1 realizar ninguna actividad, el tema se asocia con la p\u00e9rdida de un derecho. El tercero, al pretenderse \u201cuna reparaci\u00f3n por el da\u00f1o emergente correspondiente a estos terrenos\u201d; y el cuarto, al criticarse la reducci\u00f3n del \u201cda\u00f1o emergente\u201d por haberse acogido un dictamen que \u201cno inclu\u00eda una valoraci\u00f3n por estas franjas\u201d. <\/p>\n
2.4.4. El cargo quinto cuestiona el descuento por plusval\u00eda, como consecuencia de la comisi\u00f3n del error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al apreciar el dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar. <\/p>\n
Se fundamenta en que la carga de elaborar los \u201caval\u00faos de referencia\u201d al momento de anunciar el proyecto fue incumplida por la entidad expropiante. Esto conllev\u00f3 a valorar indebidamente la estimaci\u00f3n del descuento por plusval\u00eda contenida en en el citado dictamen. <\/p>\n
2.4.4.1. La posibilidad sustancial de la deducci\u00f3n en comento es cuesti\u00f3n pac\u00edfica. La pol\u00e9mica radica en que el \u201cdescuento s\u00f3lo se podr\u00e1 realizar si se realizan aval\u00faos de referencia\u201d conforme a la ley. El error, entonces, no es de la existencia u objetividad de la experticia acusada, sino de su idoneidad jur\u00eddica, por s\u00ed, para demostrar el hecho. <\/p>\n
El yerro de hecho, cual fue denunciado, por tanto, no se configura. Lo confutado hace relaci\u00f3n a cuestiones extr\u00ednsecas a la prueba. Por lo mismo, al no existir la falta se descarta que un error inexistente haya podido ser \u201cprofundizado\u201d con los motivos manifestados por los peritos \u201cAvenda\u00f1o y Navarro\u201d para no descontar la plusval\u00eda; menos, cuando esos otros dict\u00e1menes fueron desestimados. <\/p>\n
2.4.4.2. Interpretando con amplitud como de derecho el error probatorio al respecto enrostrado, en cuanto el descuento de plusval\u00eda visto en el dict\u00e1men de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar tendr\u00eda eficacia jur\u00eddica solamente si se hubiere practicado los aval\u00faos de referencia, el yerro tampoco se estructura. <\/p>\n
La recurrente sostiene que los \u201caval\u00faos de referencia (\u2026) no fueron aportados al proceso ni realizados por la ANI\u201d. Si se dejaron de adosar o evacuar, acerca de lo que materialmente no existe, ning\u00fan juicio de valor pudo realizarse en torno a si cumplieron o no exigencias legales. <\/p>\n
El Tribunal, con todo, en atenci\u00f3n a lo argumentado por el a-quo, s\u00ed hizo menci\u00f3n a la presencia de esos aval\u00faos de referencia. Esto, al decir que la juzgadora argument\u00f3 para descartar la plusval\u00eda que los \u201caval\u00faos de referencia hab\u00edan tomado un t\u00e9rmino mayor de seis (6) meses, situaci\u00f3n que bien deber\u00eda constituir una falta grave por parte de la entidad que pretende la expropiacion\u201d. <\/p>\n
Exisitiendo los aval\u00faos de referencia, el dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar, no pierde eficacia jur\u00eddica. En el conjunto probatorio, el argumento del Tribunal para descontar plusval\u00eda fue muy otro. Consisti\u00f3 en que \u201ctal precio no fue generado por la actividad econ\u00f3mica\u201d del expropiado, \u201csino por un hecho de la administraci\u00f3n, tal es la construcci\u00f3n de la v\u00eda. As\u00ed las cosas, no se pod\u00eda aumentar el valor del predio sin una actividad del demandado\u201d. Y ese rgumento, al no rebatirse en casaci\u00f3n, cobr\u00f3 firmeza para sostener la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4.5. El cargo sexto, enarbolado por la v\u00eda directa, reitera que el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicar el descuento de plusval\u00eda y agrega la imposibilidad de pagar la participaci\u00f3n o la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n ante la falta de su liquidaci\u00f3n por las autoridades municipales. <\/p>\n
2.4.5.1. Lo primero se fundamenta en que se dej\u00f3 de citar y aplicar las normas que establecen \u201cuna carga para la entidad expropiante de elaborar aval\u00faos de referencia\u201d de conformidad con los requisitos legales. <\/p>\n
El sustrato del cuestionamiento envuelve que la entidad demandada no supli\u00f3 el onus probandi, pese a lo cual se tuvo por cumplido. Como consecuencia, se realiz\u00f3 la deducci\u00f3n de plusval\u00eda sobre el valor del inmueble. <\/p>\n
La falta, si la hubo, no es estrictamente jur\u00eddica, pues se habr\u00eda subsumido un hecho en las normas sustanciales que la entidad expropiante, siendo de su cargo, dej\u00f3 de acreditar. El problema es mediato, no directo, en tanto, se derivaron unas consecuencias jur\u00eddicas sin estar acreditados los hechos que las preve\u00edan. <\/p>\n
Interpretando el cargo por el cauce del error facti in iudicando, en la hip\u00f3tesis de invenci\u00f3n o suposici\u00f3n de pruebas, el error es inexistente. Como se analiz\u00f3 en el cargo anterior, a donde la Corte ahora se rem\u00edte, el Tribunal, en alusi\u00f3n a la decisi\u00f3n del juzgado, s\u00ed hizo menci\u00f3n a las controvertidas pruebas de referencia. <\/p>\n
2.4.5.2. El fracaso del otro segmento de la acusaci\u00f3n tambi\u00e9n se avizora. As\u00ed se haya demostrado que las autoridades municipales no han liquidado la \u201cparticipaci\u00f3n en plusval\u00eda o la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n\u201d para proceder a su pago, confirma que el descuento por plusval\u00eda hab\u00eda que realizarlo. Otra cosa es que la deducci\u00f3n de ese concepto en el proceso de expropiaci\u00f3n ya no pueda ser objeto de facturaci\u00f3n por la administraci\u00f3n municipal, espec\u00edficamente en lo que corresponda a esa deducci\u00f3n. <\/p>\n
La trascendencia del error tendr\u00eda lugar si la ley prohibiera el anotado descuento cuando no media liquidaci\u00f3n por parte de las autoridades locales. Ese no es el caso. Lo que establece el art\u00edculo 61, par\u00e1grafo 1\u00ba de la Ley 388 de 1997, es que la deduci\u00f3n no se aplica cuando el \u201cpropietario hubiere pagado la participaci\u00f3n en plusval\u00eda o la contribuci\u00f3n de valorizaci\u00f3n, seg\u00fan sea el caso\u201d. <\/p>\n
2.4.6. El \u00faltimo cargo, atinente con el da\u00f1o emergente y su prueba, reprocha al Tribunal por considerar que no se pueden hallar elementos acreditados en dos dictamenes diferentes, sino que, necesariamente, se debe aceptar uno en su integridad, llev\u00e1ndose de calle los postulados de los art\u00edculos 176 y 232 del C\u00f3digo General del Poceso sobre la apreciacion de las pruebas en conjunto. <\/p>\n
2.4.6.1. Los errores de derecho en el encadenamiento probatorio, tienen lugar cuando se contrar\u00edan los dictados de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia, que son el fundamento de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Ello, mediante la conjugaci\u00f3n del m\u00e9todo anal\u00edtico con el sint\u00e9tico. Consistente, el primero, en la fijaci\u00f3n del contenido de cada medio en particular; y el segundo, en el an\u00e1lisis del todo con la parte. El muestrario as\u00ed presentado es lo que permite elaborar el inventario de diferencias, concatenaciones, exclusiones y conclusiones <\/p>\n
Exige como requisito que las pruebas individualmente consideradas hayan superado las etapas de apreciaci\u00f3n material y objetiva, y jur\u00eddica. Si no lo han sido, quiere decir que han quedado rezagadas, por lo mismo, no pueden contribuir a asentar los hechos que, en el universo probatorio, se tornan definitivos, so pena de contaminarlos. <\/p>\n
2.4.6.2. La recurrente, pese a proponer que se aprecien los dict\u00e1menes del \u201cperito Avenda\u00f1o\u201d, decretado de oficio, y de la \u201cLonja de Propiedad Ra\u00edz de Cartagena y Bol\u00edvar\u201d, allegado con el escrito incoativo del proceso, en lo coincidente respecto al da\u00f1o emergente, no indica ni explica cu\u00e1l regla de la sana cr\u00edtica result\u00f3 vulnerada. Tampoco ense\u00f1a la conclusi\u00f3n que debe asentarse. Como se supone que reclama en favor, se entiende, en la propuesta de encadenamiento probatorio, una decisi\u00f3n cercana a sus intereses. Seguramente, teniendo en cuenta que el \u201cperjuicio o p\u00e9rdida\u201d el primer dictamen citado lo avalu\u00f3 en $14.892\u2019981,536, y el segundo, en $8.302\u2019689.385. <\/p>\n
En ese contexto, se interpreta que, frente a una misma coincidente argumentaci\u00f3n de ambas experticias, en el caso, en el sentido de que la parte expropiada no deb\u00eda fraccionarse en unidades fisiogr\u00e1ficas, sino que deb\u00eda tomarse como un todo, la regla de la experiencia ense\u00f1a que el corolario no puede ser distinto. Con todo, el error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen del \u201cperito Avenda\u00f1o\u201d, individualmente, aceptando su existencia material, no super\u00f3 la etapa de apreciaci\u00f3n objetiva para llegar a su diagnosis jur\u00eddica en conjunto. <\/p>\n
Si era contraevidente que los \u201cdem\u00e1s peritos\u201d no indicaron la situaci\u00f3n del inmueble antes de la entrega provisional y no hicieron una investigaci\u00f3n econ\u00f3mica indirecta del mercado, eso es lo que ha debido destruirse para permitir el encadenamiento jur\u00eddico. El error de derecho, por tanto, es inexistente. <\/p>\n
2.5. Sentado, entonces, que el Tribunal no incurri\u00f3 en su sentencia en ning\u00fan error iuris in iudicando ni facti in iudicando, el conjunto de las normas que se dice fueron vulneradas quedaron a salvo. <\/p>\n
2.6. Todos los cargos, en consecuencia, est\u00e1n llamados a su rotundo fracaso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 10 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- frente a interpuesto por Inverhav S.A.S., con la citaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la intervenci\u00f3n del tercero ad-excludendum Jorge Alberto Urrea Mej\u00eda. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de la demandada recurrente. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de casaci\u00f3n fue replicado. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 1997, expediente 4837. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 1996. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-750 de 2016. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-669 de 2002. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 9 de agosto de 1999. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3889-2021 (2017-00160-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3889-2021 Radicaci\u00f3n: 08001-31-03-005-2017-00160-01 (Aprobado en Sala virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Inverhav S.A.S., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57233","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57233","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57233"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57233\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57233"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}