SC3890-2021 (2015-00629-01)_1<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3890-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-043-2015-00629-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Omar Dionisio y Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco contra la sentencia de 14 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso verbal incoado por los recurrentes frente a Martha Omaira y Nidia Marl\u00e9n C\u00e1rdenas Castelblanco, en calidad de herederas determinadas del fallecido Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. El petitum. Declarar que los actores celebraron con el citado causante, su padre, un \u00abcontrato de mandato sin representaci\u00f3n\u00bb, dirigido a hacer postura y rematar un inmueble en el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad. Como secuela, ordenar a las convocadas, en nombre de la sucesi\u00f3n, cumplir el mandato, transfiriendo a los actores el dominio \u00abadquirido por subasta\u00bb. <\/p>\n
En su defecto, condenar al pago de los perjuicios irrogados o declarar la \u00absimulaci\u00f3n relativa parcial\u00bb de la almoneda o \u00abel enriquecimiento sin causa\u00bb. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El causante, en el proceso ejecutivo que adelantaba contra Ricardo Camacho Aristiz\u00e1bal, ante el Juzgado Primero del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. 2000-876), por documento privado, \u00abcedi\u00f3\u00bb a los convocantes, sus hijos, el cr\u00e9dito perseguido. <\/p>\n
Ante la inminencia del remate, cedente y cesionarios acordaron verbalmente que el primero har\u00eda postura \u00abpor cuenta del cr\u00e9dito\u00bb y a cargo de los segundos. El 7 de octubre de 2013, el bien fue rematado y adjudicado a Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez en la suma de $494\u00b4339.000. <\/p>\n
El excedente del precio de la subasta, $329\u00b4625.940, y el valor del impuesto, $14\u00b4830.200, fueron pagados por los actores, incluido el predial en cuant\u00eda de $154\u00b4404.260. <\/p>\n
El compromiso asumido por el rematante consisti\u00f3 en transferir a los pretensores el dominio del predio una vez se perfeccionado el remate. No obstante, la prestaci\u00f3n se trunc\u00f3 ante su muerte, ocurrida el 2 de diciembre de 2013. <\/p>\n
Lo expuesto fue conocido por su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, y las herederas determinadas Martha Omaira y Nidia Marl\u00e9n C\u00e1rdenas Castelblanco. Empero, despu\u00e9s del fallecimiento del \u00abcedente\u00bb se sustrajeron a cumplir la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
1.3. La contestaci\u00f3n de la demanda. Las interpeladas resistieron las pretensiones y propusieron, entre otras, las excepciones de \u00abinexistencia del mandato sin representaci\u00f3n y de la simulaci\u00f3n relativa\u00bb e \u00abinexistencia del enriquecimiento injustificado del patrimonio de la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.4. El fallo de primera instancia. El 27 de julio de 2018, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, declar\u00f3, \u00fanicamente, el \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, al comprobar que el rematante fallecido hab\u00eda recibido $70\u2019000.000 de sus hijos demandantes para completar el precio de la subasta. Como consecuencia, conden\u00f3 a la sucesi\u00f3n a pagar dicha suma. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segundo grado. El superior, al resolver la apelaci\u00f3n de ambas partes, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y neg\u00f3 en su totalidad las pretensiones. <\/p>\n
2. LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Los requisitos axiol\u00f3gicos del mandato sin representaci\u00f3n no se encontraban probados. Tampoco el \u00abnexo causal\u00bb del enriquecimiento sin causa, consistente en la correlaci\u00f3n entre la ventaja econ\u00f3mica recibida por un patrimonio y el empobrecimiento de otro. <\/p>\n
2.1.1. Si bien la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito existi\u00f3, no constitu\u00eda indicio de un acuerdo posterior que haya facultado al cedente para actuar como mandatario de los cesionarios. En ese sentido, su rol de ejecutante continu\u00f3 en el juicio coercitivo. <\/p>\n
El negocio de sustituci\u00f3n presentado al juez de la ejecuci\u00f3n, ad portas del remate, en realidad no se hizo de manera oportuna. Desde la fecha de su celebraci\u00f3n, el 9 de noviembre de 2012, y la subasta, el 7 de octubre de 2013, pasaron m\u00e1s de ocho meses, t\u00e9rmino razonable para procurar su reconocimiento en el proceso. <\/p>\n
El testimonio de Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez, abogado del ejecutante cedente, autor de la cesi\u00f3n, afirm\u00f3 que continu\u00f3 actuando en nombre del causante y en su nombre hizo postura por cuenta del cr\u00e9dito, y que retir\u00f3 la petici\u00f3n de traspaso del cr\u00e9dito despu\u00e9s de la almoneda. Todo esto le restaba fuerza al indicio de existencia del mandato sin representaci\u00f3n derivado de dicha sustituci\u00f3n. <\/p>\n
Lo mismo se predicaba de la conducta de los precursores. En lugar de invocar la calidad de \u00abcesionarios\u201d o \u201cmandantes\u201d, concurrieron al proceso compulsivo como herederos o sucesores procesales del ejecutante. Inclusive, ratificando el poder al abogado que lo representaba. <\/p>\n
En adici\u00f3n, eran ambiguos los detalles de la reuni\u00f3n entre el cedente, los cesionarios y la esposa de aqu\u00e9l, a su vez, madre de \u00e9stos, en v\u00edsperas del remate, acerca del mandato. En los interrogatorios, Dionisio C\u00e1rdenas Castelblanco refiri\u00f3 \u00abvarios encuentros\u00bb, mientras Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez habl\u00f3 de \u00abuna reuni\u00f3n con presencia de la madre, la enfermera y su hermano\u00bb. <\/p>\n
La testigo Flor Elisa Borda indic\u00f3 que Luis Bernardo \u00abfue a su oficina unos d\u00edas antes del remate acompa\u00f1ado de su se\u00f1ora madre\u00bb. Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, por su parte, manifest\u00f3 que su esposo le \u00abdijo que bajaran a hablar con los abogados, Esteban, Flor Elisa, Luis Bernardo -hijo- Rub\u00e9n, la empleada y otra persona que no recuerda\u00bb. Y el abogado Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez, a su vez, se\u00f1al\u00f3 \u00abque estuvieron en su oficina\u00bb. <\/p>\n
Las anotadas versiones, al margen de su parcialidad por razones de parentesco, afectividad y relaciones profesionales, no reflejaban la \u00abgesti\u00f3n que aducen los demandantes encomendaron a su padre, solo evidencian que la gesti\u00f3n encargada solo fue del padre a los hijos de conseguir plata para el remate\u00bb. <\/p>\n
Lo demostrado, en efecto, era la entrega de los demandantes al causante de $70\u00b4000.000, pero producto de la venta de un inmueble en Paipa (Boyac\u00e1), realizada por Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas. <\/p>\n
Los convocantes afirmaron adquirir varios pr\u00e9stamos para completar el excedente del precio del remate, los cuales, dijeron, pagaron en dos y tres meses. Sin embargo, no trajeron al \u00abexpediente las letras de cambio\u00bb contentivas de esas operaciones ni los testimonios de Edilia Ram\u00edrez, N\u00e9stor Rodr\u00edguez, Mauricio Ru\u00edz, Gilberto y Alfonso Pinz\u00f3n, supuestos acreedores, \u00abpese a que fueron decretados\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito no serv\u00edan las versiones de Iv\u00e1n Horta Villanueva y Jorge Enrique V\u00e1squez Ru\u00edz, ante la falta de soporte de sus dichos. El primero, el \u00abtraspaso abierto sobre un carro BMW\u00bb en garant\u00eda de una deuda de $56\u2019000.000; y el segundo, lo pertinente a las declaraciones de renta de los actores que dijo elabor\u00f3 en 2014. <\/p>\n
2.1.2. El enriquecimiento sin causa, su configuraci\u00f3n requer\u00eda demostrar la ganancia de un patrimonio y correlativamente la merma injustificada de otro. <\/p>\n
La relaci\u00f3n causal entre el enriquecimiento de Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez, el rematante, y el empobrecimiento de su hijo, Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco, no se estructuraba. Aunque se acredit\u00f3 la entrega de $70\u2019000.000, producto de la enajenaci\u00f3n de un inmueble en Paipa, el folio de matr\u00edcula 51505 y la escritura p\u00fablica 644 de 30 de junio de 1999, evidenciaban como titular del derecho de dominio a la c\u00f3nyuge sobreviviente Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas. <\/p>\n
2.2. Concluye el Tribunal que los presupuestos del mandato oculto de que se trata, se echaban de menos. Lo mismo, los requisitos del enriquecimiento sin causa. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
3.1. En los tres cargos formulados, los demandantes recurrentes denuncian la violaci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
3.1.1. En el primero, recta v\u00eda, los art\u00edculos 1959, 1960, 2142, 2149, 2177 y 2183 del C\u00f3digo Civil, al interpretar el Tribunal err\u00f3neamente que la \u00abcesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb no era indicio del mandato oculto celebrado. <\/p>\n
Las actuaciones realizadas por el cedente, Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez, frente a la postura, adjudicaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del remate de un inmueble \u00abpor cuenta de su cr\u00e9dito\u00bb, las realiz\u00f3 en el marco de la cesi\u00f3n. Las gestion\u00f3 por encargo de sus hijos, los cesionarios, Omar Dionisio y Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castiblanco. <\/p>\n
La presentaci\u00f3n oportuna al juzgado de la cesi\u00f3n no se encuentra prevista en la ley. As\u00ed que para nada jugaba que se haya aportado al proceso ejecutivo a los ocho meses de su realizaci\u00f3n. El art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, antes 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, simplemente, dejaba en libertad al cesionario para hacerse o no parte en el correspondiente litigio. <\/p>\n
El solo hecho de cobrar efectos la cesi\u00f3n, aun cuando el cedente sigui\u00f3 actuando en el proceso, deb\u00eda entenderse que actu\u00f3 a nombre de los cesionarios y no a t\u00edtulo personal. Esto, con prescindencia de la comprobaci\u00f3n de aspectos f\u00e1cticos, tales como la falta de certeza de las reuniones del cedente y cesionarios previas a la fecha de la subasta, o del origen de los dineros para la puja. <\/p>\n
3.1.2. En el segundo, las mismas normas se\u00f1aladas en el cargo anterior, esta vez, a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios y de la infracci\u00f3n medio de los art\u00edculos 165 y 191 del C\u00f3digo General del Proceso. Seg\u00fan los impugnantes, el Tribunal: <\/p>\n
3.1.2.1. Neg\u00f3 credibilidad a lo declarado por los abogados Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez y Flor Elisa Borda, prescindiendo de su car\u00e1cter responsivo, exacto y completo, en tanto, sus dichos fueron claros para acreditar \u00abcomo se acord\u00f3 el mandato aducido por los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Omiti\u00f3, sin aducir raz\u00f3n alguna, la declaraci\u00f3n de la demandada Martha Omaira C\u00e1rdenas Castelblanco, al admitir que sus hermanos, los cesionarios, \u00abestaban buscando dinero para efectuar el remate\u00bb, y afirmar que Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco \u00able pidi\u00f3 plata a su esposo\u00bb, versi\u00f3n coincidente con lo declarado por este. <\/p>\n
3.1.2.2. Se abstuvo de recibir los testimonios de Juan Mauricio Ruiz Celis y Carlos Alberto Torres, los cuales declarar\u00edan c\u00f3mo los firmantes de la cesi\u00f3n acordaron llevar a cabo el remate y la forma de conseguir los recursos. <\/p>\n
En el mismo error de eficacia probatoria incurri\u00f3 al omitir valorar lo manifestado por los convocantes Omar Dionisio y Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco, al decir que \u00abno resultaba procedente probatoriamente que los demandantes se fabriquen su propia prueba\u00bb. <\/p>\n
3.1.2.3. Los yerros enrostrados, dicen, llevaron al Tribunal a concluir, equivocadamente, la imposibilidad de acreditar el mandato oculto entre las partes firmantes de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito. En realidad, el acuerdo de voluntades s\u00ed se demostr\u00f3 con los testimonios e interrogatorios. <\/p>\n
3.1.3. En el tercero, el art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio, aplicable por analog\u00eda al asunto, seg\u00fan el canon 8 de la Ley 153 de 1887, como resultado de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.1.3.1. Sostienen los censores que el juzgador no hall\u00f3 el nexo causal del enriquecimiento sin causa, porque el incremento patrimonial del rematante, hoy de la sucesi\u00f3n, no fue producto del empobrecimiento de los demandantes. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n es equivocada, pues se hizo con prescindencia del an\u00e1lisis del testimonio de Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante, quien dijo que el verdadero due\u00f1o del predio vendido, cuyo producto coste\u00f3 la puja, era su hijo, Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco; y del t\u00edtulo valor cheque \u00abde gerencia\u00bb, girado al mencionado demandante por el comprador de dicho bien, con ocasi\u00f3n de la operaci\u00f3n de su venta, por valor de $70 millones de pesos. <\/p>\n
3.1.3.2. Despreci\u00f3 lo depuesto por Iv\u00e1n Horta Villanueva y Marco Jos\u00e9 Pire Salamanca; el primero acreedor de los convocantes en la suma de $25 millones de pesos, quien recibi\u00f3 como garant\u00eda el \u00abtraspaso abierto de un BMW\u00bb; y el segundo, conocedor de los negocios celebrados por los actores \u00abpara conseguir algunos de los dineros que requer\u00edan para hacer postura en el remate\u00bb. <\/p>\n
3.2. Solicitan los recurrentes casar la sentencia impugnada, revocar la del a-quo, y acceder a las pretensiones. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. Replicados por la contraparte los cargos compendiados, la Corte los a\u00fana para su estudio. Esto obedece a que se encuentran articulados, pues en general, los dos primeros denuncian transgredidas unas mismas normas; y en lo dem\u00e1s, comparten temas relacionados con la existencia del mandato oculto sin representaci\u00f3n, y el enriquecimiento sin causa. Cuestiones todas que, por s\u00ed, ameritan consideraciones comunes. <\/p>\n
4.2. Los cargos envuelven las tres formas como se puede llegar a violar la ley sustancial. <\/p>\n
En el \u00e1mbito de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, en doctrina decantada, la Corte \u00abtrabaja con los textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb1. <\/p>\n
En ese caso, todo se reduce a elucidar pol\u00e9micas de car\u00e1cter sustancial, respecto de la aplicaci\u00f3n de los preceptos que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos, en cuanto a su pertinencia (aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n), y a su interpretaci\u00f3n o alcance. <\/p>\n
4.2.2. Los yerros de hecho probatorios, por su parte, se asocian con la materialidad u objetividad de cada prueba. Lo primero, hace relaci\u00f3n a la presencia f\u00edsica de los elementos de juicio en el proceso y ocurren cuando se inventan o se pasa por alto los existentes; y lo segundo, partiendo de su existencia f\u00edsica, sin embargo, se tergiversan por adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. <\/p>\n
En cualquiera de las tales hip\u00f3tesis, las faltas en casaci\u00f3n se estructuran, de un lado, cuando son manifiestas, por tanto, constatables a simple vista; y de otro, trascendentes, en la medida en que hayan incidido en la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n l\u00f3gica de causa a efecto. <\/p>\n
4.2.3. Los yerros de derecho, en cambio, se asocian con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas. Hacen relaci\u00f3n a su licitud y legalidad, al margen de cualquier controversia acerca de su materialidad u objetividad. <\/p>\n
Se enlazan con la regularidad de su producci\u00f3n e incorporaci\u00f3n (petici\u00f3n, oportunidad o pr\u00e1ctica), con su asunci\u00f3n y valoraci\u00f3n; pero tambi\u00e9n, con la contradicci\u00f3n y conducencia. As\u00ed mismo, con su apreciaci\u00f3n en conjunto y eslabonamiento, conforme a los dictados de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia, que son las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4.3. El contrato de mandato puede llevar o no la representaci\u00f3n del mandante, seg\u00fan se previene en los art\u00edculos 1262 del C\u00f3digo de Comercio y 2177 del C\u00f3digo Civil. Sin embargo, cuando se trata del encargo no representativo, \u00abse entiende que, aunque el procurador, en ejercicio de sus funciones, act\u00faa en nombre propio, en el fondo lo hace por cuenta ajena\u00bb2. <\/p>\n
Aunque en ese caso el mandatario se hace titular de los derechos, en cumplimiento de sus obligaciones, se encuentra compelido a transferirlos a quien el comitente haya se\u00f1alado, que puede ser \u00e9l, o un tercero. <\/p>\n
Desde luego, en la mente no escapa disfrazar la gesti\u00f3n de un determinado negocio en un mandato sin representaci\u00f3n. Por ejemplo, cuando se finge, al decir de la Corte, \u00abtan solo para que el comprador, provisto de esta calidad e investido de ella ante terceros, venda m\u00e1s tarde para el verdadero due\u00f1o, ejercitando as\u00ed en rigor de verdad un mandato sin representaci\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
Precisamente el art\u00edculo 2177 del C\u00f3digo Civil, al edificar el mandato oculto, autoriza al mandatario para que, en el ejercicio de su cargo, contrate a su propio nombre o al del mandante; no obstante, si contrata a su propio nombre pero por cuenta del mandante, en el caso, no obliga respecto de terceros al comitente, emergiendo con vigor un mandato sin representaci\u00f3n; denominado mandato oculto, caracterizado porque el enviado no descubre ni exterioriza ante los terceros o destinatarios de la voluntad, de que act\u00faa en nombre de otro; sin que surjan v\u00ednculos jur\u00eddicos entre mandante y terceros, sino entre mandatario y terceros; pero sin perjuicio, eso s\u00ed, de las relaciones personales entre mandante y mandatario. <\/p>\n
Por consiguiente, a la par de la relaci\u00f3n jur\u00eddica externa entre mandatario y tercero, existe una relaci\u00f3n sustancial y subyacente de car\u00e1cter interno y aislada, ajena al tercero, donde el mandatario act\u00faa por cuenta y a riesgo del mandante. Para ser m\u00e1s precisos, el tercero que contrata con el mandatario o enviado, y que act\u00faa por s\u00ed, sin exteriorizar la representaci\u00f3n de otro, es ajeno del todo al convenio privado entre mandante y mandatario porque el mandatario disimula su calidad de tal, ante el tercero, actuando en su propio nombre. <\/p>\n
En el mandato oculto, por tanto, como el mandatario obra en nombre propio, al estar herm\u00e9tica y velada la representaci\u00f3n del dominus contenida en la relaci\u00f3n subyacente, tambi\u00e9n conocida como contemplatio domini4, se requiere de un nuevo acto que traslade el derecho al dominus oculto o a quien \u00e9ste designe. En t\u00e9rminos generales, ha explicado la Sala: <\/p>\n
\u201cEl mandato oculto o sin representaci\u00f3n consiste en que el mandatario contrata a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al mandante frente a terceros (art. 2177 C.C.). O, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, \u201cel car\u00e1cter del mandato no representativo estriba en que, anteriormente, entre mandante y mandatario existe por hip\u00f3tesis un contrato de mandato civil o mercantil llamado a gobernarse por sus propias reglas, mientras que en el plano exterior no se da esa percepci\u00f3n jur\u00eddica del mandato pues la representaci\u00f3n – se repite – no existe ya que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su mandante\u201d5. <\/p>\n
Por el contrario, si da a conocer su condici\u00f3n intermediaria, que act\u00faa a nombre del mandante, es \u00e9ste quien asume sus compromisos, sus obligaciones y responsabilidades ante terceros, vinculando al mandante y al tercero, gener\u00e1ndose relaciones rec\u00edprocas entre \u00e9stos. <\/p>\n
En el mandato no representativo, asent\u00f3 en otra ocasi\u00f3n la Sala, \u00aben rigor, el mandatario carece de la representaci\u00f3n del mandante, y por consiguiente, act\u00faa a riesgo y por cuenta ajena pero en su propio nombre, en cuyo caso, se presenta como parte directa interesada y frente a terceros figura como titular de los derechos; es sujeto pasivo de las obligaciones, ostenta la posici\u00f3n de parte, tiene legitimaci\u00f3n jur\u00eddica para exigirlos y est\u00e1 sometido a las acciones y pretensiones respectivas\u00bb6. <\/p>\n
El mismo antecedente expuso: \u00ab(\u2026) distinta es la hip\u00f3tesis del mandato \u00aboculto\u00bb, el cual se presenta, seg\u00fan expresa el simple nomen, cuando se esconde, no se indica, ni da a conocer o hace cognoscible a terceros, verbi gratia, el mandatario celebra o ejecuta el acto como suyo, en su nombre, a riesgo propio, y por su propia cuenta, sin expresi\u00f3n o menci\u00f3n alguna del mandato ni del mandante (…)\u00bb7. <\/p>\n
Esa conducta, se concluy\u00f3 all\u00ed igualmente, \u00ab(\u2026) puede obedecer a la imposici\u00f3n del poder, instrucciones del dominus o iniciativa del mandatario, en cuyo caso, los efectos del acto se radican en \u00e9ste porque el due\u00f1o del inter\u00e9s permanece oculto al tercero y el mandato o la procura en estas condiciones no le es oponible, salvo que llegue a conocerlo y lo invoque para prevalecerse (…)\u00bb. <\/p>\n
La ocultaci\u00f3n del mandato, entonces, puede recaer en la representaci\u00f3n o no. Basta ocultarlo para que adquiera ese car\u00e1cter y esto no niega, per s\u00e9, su existencia y sus efectos entre mandante y mandatario. Inclusive si permanece en secreto o escondido frente a terceros. <\/p>\n
4.4. El enriquecimiento sin causa8, instituci\u00f3n tambi\u00e9n invocada en la presente controversia, se cimienta en la m\u00e1xima seg\u00fan la cual no es justo o l\u00edcito que una persona se lucre a costa de otra, sin mediar causa o raz\u00f3n. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico patrio, como integrante del sistema romano germ\u00e1nico, acogi\u00f3 algunas de las condictiones incorpor\u00e1ndolas al C\u00f3digo Civil. Es el caso de los art\u00edculos 2313 y siguientes sobre el pago de lo no debido \u2013condictio indebiti-, y 1747, contentivo de la actio in rem verso en su sentido originario. Empero, no regul\u00f3 de manera general la figura sub ex\u00e1mine sino hasta la aparici\u00f3n del Decreto 410 de 1971. <\/p>\n
Antes de entrar en vigencia el C\u00f3digo de Comercio, el enriquecimiento sin justa causa era resuelto \u2013v\u00eda judicial- con base en los c\u00e1nones 4, 5, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887. A partir de ese nuevo ordenamiento, se empezaron a analizar desde la perspectiva del art\u00edculo 831, seg\u00fan el cual, \u00abnadie podr\u00e1 enriquecerse sin justa causa a expensas de otro\u00bb. La norma, entonces, contempl\u00f3 el principio expresamente, aunque de manera escueta, en contraste a lo detallado en el C\u00f3digo Civil italiano de 1942 (preceptos 2041 y 2042), inspirador de la compilaci\u00f3n mercantil colombiana. <\/p>\n
Pese al tard\u00edo reconocimiento expl\u00edcito de la instituci\u00f3n, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, adem\u00e1s de abundante, ha sido pac\u00edfica en cuanto a la ocurrencia, regulaci\u00f3n y correcci\u00f3n del desequilibrio que el enriquecimiento sin causa genera. Se encamin\u00f3 a \u00ab(\u2026) prevenirlo o corregirlo (\u2026) con preocupaci\u00f3n just\u00edsima y creciente, de suerte que en la actual es mucho mayor la amplitud de las acciones o recursos de esa clase que la que hubo entre los romanos, por ejemplo, sin desconocer c\u00f3mo ellos establecieron los varios de que son muestra la excepci\u00f3n y tambi\u00e9n acci\u00f3n de dolo, la condictio, en sus m\u00faltiples conceptos, etc. (\u2026)\u00bb9. No obstante, para la Corte: <\/p>\n
\u00abLa acci\u00f3n de in rem verso no puede prosperar ni tiene cabida con el solo hecho de que haya enriquecimiento de un lado, sino que necesita que haya empobrecimiento del otro, y no basta la existencia de estos dos factores, sino que se requiere su conjunci\u00f3n; m\u00e1s todav\u00eda, aun mediando ambos y relacion\u00e1ndose entre s\u00ed, puede no producirse, ya porque haya habido \u00e1nimo de liberalidad que excluye el cobro ulterior, ya porque la ley confiera acciones distintas, que naturalmente excluyen \u00e9sa, meramente subsidiaria, o autorice el enriquecimiento en referencia, como sucede v. gr. con la prescripci\u00f3n, con la prohibici\u00f3n de repetir lo dado por causa il\u00edcita, o en relaciones como la de que es ejemplo la del art. 1994 del C. C. Al hablarse de ese enriquecimiento se agrega \u2018sin causa\u2019, lo que claramente indica c\u00f3mo no pueden englobarse dentro de los casos de \u00e9l aquellos en que s\u00ed es causado, como por ejemplo, los de prestaciones nacidas de contratos, a que ya se aludi\u00f3 (\u2026)\u00bb10. <\/p>\n
La acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, entonces, para su \u00e9xito, exige el enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho de un patrimonio \u2013lucrum emergens- o la ausencia de su disminuci\u00f3n \u2013damnum cessans-; un empobrecimiento correlativo; una ganancia \u2013o falta de mengua-, ayuna de causa v\u00e1lida; y la inexistencia de acciones principales para conjurar la injusticia. <\/p>\n
4.5. Frente a lo expuesto, pasa a estudiarse si el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de juzgamiento denunciados, empezando por los estrictamente jur\u00eddicos. <\/p>\n
4.5.1. Lo primero a advertirse es que pese a solicitarse la simulaci\u00f3n relativa, en tanto, el inmueble rematado, en realidad, fue adquirido por los demandantes y no por su padre, nada se debe discurrir sobre el particular, por tratarse de un tema ajeno a la acusaci\u00f3n. Ello, sin embargo, no puede pasarse por alto, pues la simulaci\u00f3n exige que los intervinientes concierten o conozcan la divergencia entre la voluntad oculta o real y la exteriorizada. En caso de ser unilateral, sencillamente, se configura una reserva mental con efectos jur\u00eddicos distintos. Como tiene explicado la Sala: <\/p>\n
\u00abCuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jur\u00eddico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fen\u00f3meno simulatorio, porque esta reserva mental (propositum in mente retento) no convierte en irreal el contrato celebrado, en forma tal que este pueda ser declarado ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al contrato celebrado de buena fe por la otra parte; \u00e9sta se ha atenido a la declaraci\u00f3n que se le ha hecho; carece de medios para indagar si ella responde o no a la intenci\u00f3n de su autor, y esa buena fe merece protecci\u00f3n\u00bb11. <\/p>\n
Se recaba lo anterior para significar que la simulaci\u00f3n, por interpuesta persona del comprador, demandaba tambi\u00e9n el conocimiento o concurso del vendedor. En el caso, del deudor rematado, representado por la jurisdicci\u00f3n del Estado, hecho que, por s\u00ed, se descarta. Los efectos jur\u00eddicos de lo acontecido, consiguientemente, bien pueden subsumirse en las normas del mandato oculto o en las que regulan la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado. <\/p>\n
4.5.2. Concerniente con lo primero, siempre y cuando no se anteponga un acuerdo de voluntades distinto. Empero, existiendo lo segundo, en lo cual ninguna discrepancia existe entre el Tribunal y los impugnantes, el problema estar\u00eda en el preciso contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito. El debate sobre su ejecuci\u00f3n o resoluci\u00f3n y de cuanto emanare de ello, desde luego, es ajeno al presente litigio, pues la pol\u00e9mica la parte actora la concentr\u00f3 en el referido mandato sin representaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese contexto, relacionado con este \u00faltimo negocio jur\u00eddico, los errores iuris in iudicando, no se estructuran, as\u00ed sea cierto que para la eficacia de la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito sub-j\u00fadice no sea requisito su presentaci\u00f3n oportuna o su reconocimiento judicial, en lo cual el Tribunal evidentemente se equivoc\u00f3. Esto, porque en \u00faltimas, nada de ello incid\u00eda en el resultado final, ciertamente, ante la presencia del comentado contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito con sus propias acciones paras su cumplimiento o resoluci\u00f3n. <\/p>\n
La cesi\u00f3n, como negocio jur\u00eddico o convenci\u00f3n gen\u00e9rica con fisonom\u00eda propia, no se pierda de vista, es inconfundible con otros contratos. Puede significar la transmisi\u00f3n de derechos y obligaciones en el \u00e1mbito activo o pasivo, o la sustituci\u00f3n de personas en cualquiera de los extremos de la relaci\u00f3n obligatoria. Se refleja, generalmente en diferentes modalidades, como por ejemplo, la cesi\u00f3n de contrato, de derechos litigiosos, de cr\u00e9ditos, de deudas, etc. <\/p>\n
Para abundar, los errores ser\u00edan probatorios y no jur\u00eddicos. Si bien es incontrastable que el progenitor cedente continu\u00f3 actuando en la ejecuci\u00f3n, el Tribunal no encontr\u00f3 en esa intervenci\u00f3n que lo hiciera por los hijos cesionarios. La controversia en casaci\u00f3n, entonces, queda reducida a la investigaci\u00f3n de tales hechos, pues si el juzgador no los dej\u00f3 fijados, nada habr\u00eda para subsumir en las respectivas hip\u00f3tesis normativas. <\/p>\n
4.5.3. La intrascendencia dicha se predica de los yerros probatorios enarbolados en torno al enriquecimiento sin causa (cargo tercero), claro est\u00e1, en la hip\u00f3tesis de haber ocurrido. El car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n queda neutralizado, precisamente, con aquellas otras emanadas del contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que fue ajustado. <\/p>\n
4.5.4. En lo dem\u00e1s, el mandato es un contrato consensual, revocable, gratuito o remunerado por medio del cual \u201c(\u2026) una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo\u201d (art. 2142 del C\u00f3digo Civil) del mandante o comitente, cuya raz\u00f3n de ser es la representaci\u00f3n del mandatario, de modo tal que los actos ejecutados por \u00e9ste, producen efectos jur\u00eddicos para el mandante dentro de los l\u00edmites de la procura. El mismo puede ejecutarse con o sin representaci\u00f3n (oculto) seg\u00fan se explic\u00f3 ut supra; sin embargo, conforme a los art\u00edculos 217712 del C\u00f3digo Civil y 126213 del C\u00f3digo de Comercio, para hablar del mandato oculto se debe acreditar el acuerdo entre los comitentes y los mandatarios, los alcances de las voluntades, el tipo de encargo conferido y las instrucciones impartidas. Lo dicho en consideraci\u00f3n a las dos relaciones jur\u00eddico obligatorias diferentes que surgen: 1. La relaci\u00f3n material interna entre mandante y mandatario, 2. La relaci\u00f3n sustancial externa entre mandatario y terceros. <\/p>\n
La apariencia de la gesti\u00f3n, por tanto, no puede darse por sobreentendida, en v\u00eda de ejemplo, con la existencia de un contrato de cesi\u00f3n ni con la actuaci\u00f3n subsiguiente del cedente, de ah\u00ed que tambi\u00e9n se descartan los errores probatorios al respecto enrostrados en el cargo segundo. Es necesario demostrar la existencia de la \u00abautorizaci\u00f3n oculta\u00bb para as\u00ed lograr radicar el derecho en cabeza del mandante14. Como en el mismo antecedente se se\u00f1al\u00f3, \u00abpara llegar al punto de certeza y convicci\u00f3n\u00bb sobre el particular, no existe restricci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
La demostraci\u00f3n de la \u00abautorizaci\u00f3n oculta\u00bb dilucida el reconocimiento de una situaci\u00f3n jur\u00eddica real. En concreto, la gesti\u00f3n de negocios conferida, la realizaci\u00f3n de la misma y llegado el caso el incumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual inicial de incorporar en la \u00f3rbita patrimonial del mandante el objeto de la prestaci\u00f3n15. <\/p>\n
4.6. Aunque lo dicho es suficiente para negar prosperidad a los cargos formulados, en todo caso, los errores probatorios al respecto enrostrados son inexistentes. <\/p>\n
4.6.1. Los censores sostienen que los abogados y esposos Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez y Flor Elisa Borda conocieron los detalles del mandato aducido por los convocantes. El primero, elabor\u00f3 el documento de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito; y la segunda, al corroborar el origen de los dineros para pujar en la subasta. <\/p>\n
En ning\u00fan segmento del fallo impugnado aparece la pretermisi\u00f3n de los se\u00f1alados testimonios. El de Rub\u00e9n Dar\u00edo Calixto Ram\u00edrez se reconoci\u00f3 como responsable de realizar el documento de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, presentarla al juzgado y continuar su gesti\u00f3n, inicialmente, como apoderado del cedente, y luego de los demandantes en calidad de \u00abherederos o sucesores procesales del causante\u00bb. <\/p>\n
Flor Elisa Borda, por su parte, refiri\u00f3 un encuentro entre el actor Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco junto a su madre, la se\u00f1ora Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, aduciendo que estaban prepar\u00e1ndo la puja del remate. De lo dicho no se infiere la presencia del mandato oculto, particularmente, en lo relativo a las \u00f3rdenes o autorizaciones impartidas directamente por los actores al se\u00f1or Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez. <\/p>\n
En su dicho se destaca que el cedente y padre de los demandantes gestionaba en realidad un inter\u00e9s propio para hacerse al inmueble a rematar. Esto desdibuja cualquier mandato, pues era \u00e9l quien impart\u00eda \u00f3rdenes a sus hijos, los cesionarios, al decir que \u00ab(\u2026) Don Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez que en paz descanse, \u00e9l dijo hagamos una cosa, yo ya les hice la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a mis hijos, vamos a ver si estos vergajos (\u2026) son capaces de levantar lo que hace falta para rematar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal, por lo tanto, en esa precisa direcci\u00f3n, de manera alguna pudo incurrir en error de hecho al apreciar las pruebas que al respecto se singularizan. En concreto, los se\u00f1alados testimonios, pues nada refieren a los elementos del mandato, o de la \u00aborden oculta\u00bb impartida por los comitentes al agente. <\/p>\n
4.6.2. En otro apartado del cargo segundo, los recurrentes se\u00f1alaron la pretermisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la demandada Martha Omaira C\u00e1rdenas Castelblanco, al admitir que los actores \u00ab(\u2026) estaban buscando dinero para el remate (\u2026)\u00bb, pidiendo prestado dinero a su esposo. <\/p>\n
En esta versi\u00f3n, el yerro tampoco se estructura, puesto que como se aprecia, por ejemplo, en lo relativo a constarle que \u00abbuscaban dinero\u00bb, esa circunstancia no ata\u00f1e a una labor \u00fanica y exclusiva de un mandato, sino apenas a la simple obtenci\u00f3n del circulante a trav\u00e9s de un mutuo, prop\u00f3sito que no lo vincula, per s\u00e9, a una instrucci\u00f3n o comportamiento de un mandatario. <\/p>\n
El reproche, en realidad, se formula de manera ambigua en casaci\u00f3n, esto es, \u00ablo que debi\u00f3 comprenderse de esa afirmaci\u00f3n\u00bb16, anteponiendo su apreciaci\u00f3n del testimonio frente a la realizada por el Tribunal. <\/p>\n
Los impugnantes se limitaron a oponer su propia valoraci\u00f3n y no a se\u00f1alar si la omisi\u00f3n del ad-quem se refer\u00eda con fijar los hechos frente a la existencia de \u00f3rdenes ocultas, a la saz\u00f3n, dadas por los hermanos C\u00e1rdenas a su padre Luis Bernardo, todo, con el \u00fanico prop\u00f3sito de adquirir en su nombre el inmueble en la subasta. <\/p>\n
4.6.3. Exponen los recurrentes que los testimonios de Mauricio Ruiz Celis y Carlos Alberto Torres, los cuales declarar\u00edan acerca del acuerdo de los firmantes para concurrir a la almoneda, fueron rechazados; y que ante la negativa del a-quo de decretarlos, formularon recursos de reposici\u00f3n y alzada, ambos desestimados. <\/p>\n
El error de eficacia jur\u00eddica de la prueba no se configura. Fuera de haber quedado zanjada en las instancias la discusi\u00f3n, al amparo del art\u00edculo 212, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, la pol\u00e9mica no es de la sentencia recurrida extraordinariamente, sino de etapas procesales clausuradas. Con todo, la falta se tornar\u00eda intrascendente, pues una cosa es el acuerdo sobre un mandato oculto y otra el pacto relacionado con la subasta, pero a ra\u00edz del contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
4.6.4. La misma suerte corre el error de prescindir los interrogatorios de Omar Dionisio y Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco, en tanto, al decir del Tribunal, \u00abno resultaba procedente probatoriamente que los demandantes se fabriquen su propia prueba\u00bb. Si de lo manifestado por los demandantes solo los beneficiaban, de ah\u00ed no pod\u00eda derivarse ninguna consecuencia jur\u00eddica. <\/p>\n
Al margen de dilucidar si el interrogatorio tiene como prop\u00f3sito provocar la confesi\u00f3n, o fijar, aclarar o contextualizar los hechos materia de litigio, lo depuesto por la parte, en lo que le favorece, requiere, en principio, y por el ejercicio mismo del derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte, comprobarse con otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Los convocantes, a pesar de su dicho, no lograron precisar con acierto las reuniones y el tipo de \u00f3rdenes que le impartieron a su padre, el supuesto mandatario, m\u00e1s all\u00e1 de afirmar que adquirieron mutuos para completar el dinero necesario para la subasta. Las afirmaciones no fueron demostradas con la declaraci\u00f3n de sus propios acreedores, pues la mayor\u00eda de los citados en la demanda inicial, varios de ellos no comparecieron a rendir testimonio, y a los \u00fanicos que acudieron no se les otorg\u00f3 credibilidad ante la ausencia de pruebas que soportaran sus afirmaciones. <\/p>\n
El Tribunal, entonces, s\u00ed contempl\u00f3 los mencionados interrogatorios, pero los desestim\u00f3 por resultar d\u00e9biles en sus efectos persuasivos, porque en nada contribu\u00edan a dilucidar el problema jur\u00eddico planteado, esto es, determinar la certeza del mandato sin representaci\u00f3n. <\/p>\n
4.7. El cargo tercero, edificado por error de hecho, se aplica a cuestionar la conclusi\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan la cual, los pretensores no acreditaron el \u00abnexo causal\u00bb del enriquecimiento sin causa. En particular, por la falta de prueba del empobrecimiento de su patrimonio a causa de haber adquirido su padre el inmueble subastado. <\/p>\n
Asevera la censura que el fallo pretermiti\u00f3 y tergivers\u00f3 elementos demostrativos de la afectaci\u00f3n pecuniaria de los convocantes, como los testimonios de Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas, Iv\u00e1n Horta Villanueva, y Marco Jos\u00e9 Pire Salamanca; as\u00ed como del cheque de gerencia por $70\u2019000.000, girado en favor del demandante Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco. Aunque los errores enrostrados resultar\u00edan intrascendentes, frente al car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n in rem verso, seg\u00fan supra qued\u00f3 explicado, en todo caso son inexistentes. <\/p>\n
La Corte, en posici\u00f3n apuntalada y reiterada hace m\u00e1s de un siglo, exige, para la consolidaci\u00f3n de la actio in rem verso, probar \u00ab(\u2026) que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlaci\u00f3n y correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jur\u00eddica que lo justifique (\u2026)\u00bb17 (se resalta). <\/p>\n
El ad-quem, a prop\u00f3sito, desestim\u00f3 el enriquecimiento sin causa porque hall\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba al elemento causal en el lucro del rematante y en el empobrecimiento correlativo del convocante. <\/p>\n
En el subex\u00e1mine, efectivamente, solo se comprob\u00f3 que el causante, para poder completar el dinero de la subasta, recibi\u00f3 de su hijo Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco, la suma de $70\u2019000.000, producto de la venta de un inmueble ubicado en Paipa (Boyac\u00e1). <\/p>\n
Sin embargo, el aumento o ganancia del patrimonio del ahora causante no fue a expensas del citado demandante. Se demostr\u00f3, sin refutaci\u00f3n en casaci\u00f3n, que la due\u00f1a del inmueble era Martha Omaira Castelblanco de C\u00e1rdenas. As\u00ed aparec\u00eda en la matr\u00edcula inmobiliaria 51505 y en la escritura p\u00fablica 644 de 30 de junio de 1999. <\/p>\n
Si bien dicha se\u00f1ora, madre del actor, adujo que la \u00abcasa era\u00bb de su hijo, la afirmaci\u00f3n contrasta con los documentos antes referidos, y parece encaminarse m\u00e1s a favorecerlo dados los lazos de consanguinidad. En su versi\u00f3n, adem\u00e1s, ninguna explicaci\u00f3n o detalle se ofrece sobre esa precisa circunstancia. Con todo, quedan a salvo las acciones restitutorias con ocasi\u00f3n de la cesi\u00f3n debidamente acreditada con o a causa el intercambio prestacional durante el curso del proceso ejecutivo y hall\u00e1ndose en vida el ejecutante, luego fallecido. <\/p>\n
4.8. En consecuencia, no prosperan los cargos. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 14 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso de declarativo incoado por Omar Dionisio y Luis Bernardo C\u00e1rdenas Castelblanco contra el Martha Omaira y Nidia Marl\u00e9n C\u00e1rdenas Castelblanco, en calidad de herederas determinadas del causante Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de los recurrentes demandantes. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, exp. 5212, citando LXXXVIII-504. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC. Sentencia de 036 de 17 de abril de 2007, expediente 00645; Cas. del 29 de julio de 1913, XXII, 117; Cas. del 17 de junio de 1937, XLV, 139; Cas. del 5 de agosto de 1936, XLIV, 326; Cas. del 17 de febrero de 1948; LXIII, 679; Cas. del 7 de marzo de 1952, LXXXI, 358; Cas. del 3 de marzo de 1978, CLVIII, 42. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC. Sentencia 037 de 3 de junio de 1996, expediente 4289 (CCXL-768), reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
4\u0002 Actuaci\u00f3n de una persona en nombre y lugar ajeno o de otro en cuanto \u201ccontempla\u201d, \u201cobserva\u201d, \u201catiende\u201d al due\u00f1o o dominus, titular de la gesti\u00f3n; y en consecuencia, equivalente a la declaraci\u00f3n unilateral del mandatario de su intenci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del acto de representaci\u00f3n del mandante. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia del 11 de octubre de 1991. <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC. Sentencia de 16 de diciembre de 2010. <\/p>\n
7\u0002 Ej\u00fasdem. <\/p>\n
8\u0002 Originado en el Derecho Romano, encuentra plenitud conceptual en el aforismo de Pomponio \u2013recogido en el Digesto 50.17.206-, seg\u00fan el cual \u00abpor derecho natural es equitativo que ninguno se haga m\u00e1s rico con detrimento de otro y con injuria\u00bb (Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem), o en palabras del mismo jurisconsulto, \u201ces de justicia natural que nadie se enriquezca a costa de otro\u201d (Nam hoc natura aequam est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem, Digesto 12.6.14), y ha sido recibido desde la antig\u00fcedad por diversos sistemas jur\u00eddicos. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC. Sentencia 037 de 3 de 19 de septiembre de 1936, G.J. 1918, p. 435. <\/p>\n
10\u0002 CSJ SC. 19 de septiembre de 1936, G.J. 1918, p. 435. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de abril de 1971, reiterada en fallos de 3 de junio de 1996, expediente 4280, y de 8 de mayo de 2014, radicado 00036. <\/p>\n
12\u0002 \u201cEl mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, [contratar] a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante\u201d. <\/p>\n
13\u0002 \u201cEl mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede llevar o no la representaci\u00f3n. Conferida la representaci\u00f3n, se aplicar\u00e1n adem\u00e1s las normas del cap\u00edtulo II del t\u00edtulo I de este libro\u201d. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC. Sentencia de 17 de mayo de 1977. <\/p>\n
16\u0002 CSJ AC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC. Sentencia de 19 de diciembre de 2012, ref. 54001-3103-006-1999-00280-01. <\/p>\n
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SC3890-2021 (2015-00629-01)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3890-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-043-2015-00629-01 (Aprobado en Sala virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Omar Dionisio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57234"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57234\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}