SC3907-2021 (2011-00181-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3907-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-027-2011-00181-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Inversiones Lucol S.A. frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 la impugnante contra la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. e Inversiones Ingeoil S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Inversiones Lucol S.A. pidi\u00f3 declarar que las sociedades demandadas \u00abincurr[ieron] en actos de competencia desleal\u00bb, raz\u00f3n por la cual deben ser condenadas \u2013in solidum\u2013 al pago de $14.000.000.000, a t\u00edtulo de \u00abindemnizaci\u00f3n por los perjuicios patrimoniales causados\u00bb, junto con \u00ablos intereses comerciales moratorios a la tasa m\u00e1s alta autorizada\u00bb. En subsidio, solicit\u00f3 que se declare que las demandadas le causaron \u00abda\u00f1os y perjuicios como consecuencia de las conductas y actos desplegados\u00bb, con secuelas econ\u00f3micas id\u00e9nticas a las que se rese\u00f1aron en el petitum principal. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. A partir del 8 de septiembre de 1986, Inversiones Lucol S.A. \u00abse convirti\u00f3 en agente comercial y distribuidor mayorista exclusivo de productos Terpel\u00bb. Para ese entonces, \u00abla marca Terpel contaba con un escaso posicionamiento en el mercado nacional, siendo medianamente conocida en Bucaramanga y totalmente desconocida en el resto del pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
2.2. La actora \u00abdespleg\u00f3 su actividad en la zona correspondiente a Cundinamarca y Bogot\u00e1 D.C., en la cual Terpel no ten\u00eda presencia ni reconocimiento (…). Lucol trabaj\u00f3 arduamente para el posicionamiento de la marca desde 1986, en forma exitosa, pues para 1993 realizaba ventas de 83.884 galones anuales\u00bb. <\/p>\n
2.3. Entre 1986 y 2002, dicha relaci\u00f3n comercial se desarroll\u00f3 sin mayores contratiempos. Sin embargo, el 2 de octubre de esa \u00faltima anualidad, \u00abTerpel exigi\u00f3 a Lucol la firma de un contrato de distribuci\u00f3n con Terpel Bucaramanga, so pena de terminar la relaci\u00f3n contractual, por lo que [aquella] se vio obligada a la suscripci\u00f3n de un nuevo contrato, redactado en su integridad por Terpel (…) en cuya cl\u00e1usula sexta se estipul\u00f3 la facultad de darlo por terminado avisando con 90 d\u00edas de antelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. A partir del a\u00f1o 2005, \u00abTerpel comunic\u00f3 a Lucol que no pod\u00eda \u201cseguir atendiendo los clientes que hab\u00eda obtenido correspondientes a los denominados clientes industriales y las estaciones de servicio cuyo consumo fuera superior de 110 galones mensuales\u201d, pues a partir de la fecha los atender\u00eda directamente Terpel\u00bb. Como si fuera poco, \u00abse exigi\u00f3 a Lucol la entrega a otro distribuidor de sus clientes atendidos en la zona de Cundinamarca y parte de Bogot\u00e1, reduciendo el \u00e1rea de venta permitida a Lucol a solamente el suroriente de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.5. Aunque esas determinaciones provocaron un impacto negativo inmediato en su operaci\u00f3n, \u00abgracias al esfuerzo de Lucol, durante los a\u00f1os 2006 y 2007, [se] logr\u00f3 reposicionar la marca y obtener ventas en la \u201cnueva zona asignada\u201d\u00bb por un monto anual superior a $4.000.000.000. Pero, sin reparar en ello, \u00abTerpel, mediante un plan fr\u00edamente calculado y sistem\u00e1ticamente ejecutado (…) decide nombrar como distribuidor a la sociedad conformada por sus ex funcionarios Jairo Jes\u00fas Cu\u00e9llar D\u00edaz y Gustavo Adolfo Vallejo [Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo S.A.S., hoy Inversiones Ingeoil S.A.S.] para la misma zona geogr\u00e1fica asignada a Lucol, patrocinando de manera directa y preferente las nuevas actividades comerciales en detrimento de los intereses de Lucol\u00bb. <\/p>\n
2.6. En efecto, \u00abTerpel, con el prop\u00f3sito de excluir definitivamente a Lucol del mercado de distribuidores de lubricantes de la marca Terpel y favorecer a Inversiones Cuellar Vallejo S.A.S., en la zona sur de Bogot\u00e1, promovi\u00f3, permiti\u00f3, auspici\u00f3 y ejecut\u00f3 directamente o por intermedio de esta, m\u00faltiples actividades en contra de los intereses de Lucol\u00bb, tales como \u00abentregar a Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo S.A.S. los clientes que le hab\u00eda quitado y prohibido a Lucol en el 2005\u00bb; \u00abatac[ar] la clientela de Lucol, especialmente los que representaban mayor volumen de ventas, ofreci\u00e9ndole condiciones de venta much\u00edsimo m\u00e1s favorables\u00bb, o entregar m\u00e1s \u00e1gilmente a la nueva distribuidora \u00abequipos ofrecidos para el mejor mercadeo\u00bb. <\/p>\n
2.7. Estas conductas desleales fueron erosionando progresivamente la clientela de Inversiones Lucol S.A., efecto nocivo que termin\u00f3 consum\u00e1ndose cuando el fabricante \u00abdio \u201caviso de terminaci\u00f3n de un contrato\u201d, informando que \u201cla venta de lubricantes a Inversiones Lucol S.A. por parte de la Organizaci\u00f3n Terpel ser\u00e1 hasta el d\u00eda 2 de octubre del a\u00f1o [2009]\u201d, aviso de terminaci\u00f3n que solo constituye un pretexto para encubrir su premeditado prop\u00f3sito de excluir a Lucol del mercado y consolidar la participaci\u00f3n de la sociedad Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo S.A.S. en el \u00e1rea de influencia de Lucol, benefici\u00e1ndola con el canal de distribuci\u00f3n y portafolio creado durante 23 a\u00f1os de arduo trabajo, en un acto que se opone a la buena fe comercial y pr\u00e1cticas honestas dentro del mercado\u00bb. <\/p>\n
2.8. Como colof\u00f3n, los \u00abactos de competencia desleal\u00bb denunciados generaron que Inversiones Ingeoil S.A.S. se aprovechara il\u00edcitamente de las estrategias de venta, reputaci\u00f3n, redes de mercadeo y portafolio de clientes de Inversiones Lucol S.A., impidi\u00e9ndole as\u00ed a la querellante \u00abrecuperar las inversiones realizadas para el posicionamiento de la marca (…). Adem\u00e1s, en raz\u00f3n a los actos de competencia desleal de la parte pasiva (…) Lucol debi\u00f3 afrontar la reducci\u00f3n de las ventas (…), perdi[endo] un mercado representado en clientela y un canal de distribuci\u00f3n debidamente reconocido, conseguido durante 23 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La demanda se admiti\u00f3 por auto de 26 de abril de 2011, el cual se notific\u00f3 a las querelladas por aviso. Inversiones Ingeoil S.A.S. concurri\u00f3 oportunamente, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00ablibertad de asociaci\u00f3n, libertad de empresa y libertad econ\u00f3mica\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb; \u00abfalta de culpabilidad y antijuridicidad de los hechos\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abfalta de car\u00e1cter confidencial de la informaci\u00f3n de Lucol\u00bb. <\/p>\n
A su turno, durante el t\u00e9rmino de traslado, la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. permaneci\u00f3 silente. <\/p>\n
3.2. Mediante fallo de 3 de mayo de 2019, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 que las querelladas \u00abincurrieron en conductas de competencia desleal relativas a la desviaci\u00f3n de clientela\u00bb y, consecuencialmente, les impuso la carga de sufragar \u00abde manera solidaria, la cuant\u00eda de $369.835.675, por concepto de perjuicios\u00bb. Todas las partes apelaron. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
En providencia de 2 de diciembre de 2019, el tribunal modific\u00f3 lo resuelto por el juez a quo, con el prop\u00f3sito de denegar el resarcimiento patrimonial suplicado. Lo anterior, con soporte en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) Los reparos de la demandante \u00abno estuvieron encaminados a extender la declaratoria de actos de competencia desleal a otras conductas\u00bb, distintas de las consideradas por el juez a quo como soporte de su fallo parcialmente estimatorio. Por ende, \u00abla sustentaci\u00f3n en la que se pretendi\u00f3 que se declararan otros perjuicios como consecuencia de actos de desorganizaci\u00f3n empresarial, no tienen cabida en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
(ii) La desviaci\u00f3n de clientela que reconoci\u00f3 el a quo como \u00fanico acto probado de competencia desleal, \u00abse atribuye. (…) a las conductas que comenzaron a gestarse a mediados del a\u00f1o 2008 en adelante, cuando aparece en el mercado el \u201cotro distribuidor\u201d que reproch\u00f3 Lucol a Terpel en las comunicaciones que para esa \u00e9poca envi\u00f3, y que fueron mostrando una serie de hechos que culminaron con la aniquilaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual que exist\u00eda con la actora\u00bb. <\/p>\n
(iii) Esos acontecimientos, \u00abmirados aisladamente, no permiten afirmar la ocurrencia de la conducta desleal, pero tampoco descartan su existencia (…). Por eso no es reprochable que el funcionario haya acudido a los indicios para tomar su decisi\u00f3n (…), de manera que, aunque sea cierto que no hay confesi\u00f3n, ni prueba directa del prop\u00f3sito conjunto de las demandadas para terminar desviando la clientela lograda por Lucol para Terpel, los indicios as\u00ed lo evidencian\u00bb. <\/p>\n
(v) No obstante, dado que la actora no opt\u00f3 por ejercer las acciones contractuales, \u00abaqu\u00ed no se puede discutir si la terminaci\u00f3n del contrato fue leg\u00edtima o no, si hubo incumplimiento del contrato, ni si la clientela, desde la perspectiva de la relaci\u00f3n de distribuci\u00f3n, pertenece al productor o no. Estudiar esos aspectos no conducen a descartar ni afirmar la lealtad o deslealtad de la conducta\u00bb. <\/p>\n
(vi) Por consiguiente, \u00abapreciar como perjuicios la diferencia negativa en las utilidades netas esperadas para el momento en que intervino el nuevo distribuidor (…), es decir, su disminuci\u00f3n en el a\u00f1o 2009, hasta el momento en que se hubiera cumplido el contrato en el 2010, no encaja en la reclamaci\u00f3n de competencia desleal, pues se refiere a consecuencias surgidas por la terminaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n, que no es lo que se juzga en este proceso\u00bb. Inclusive, \u00abde la prueba pericial no se puede derivar la relaci\u00f3n causal de la conducta declarada como desleal con los rubros tasados a t\u00edtulo de da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
(vi) De lo anterior se sigue que, \u00abaunque la conducta de desviaci\u00f3n de clientela se realiz\u00f3 (…), el perjuicio que Lucol reclam\u00f3 no se caus\u00f3 por esa conducta. Se recuerda que la actora no determin\u00f3 con precisi\u00f3n las conductas desleales cometidas (…), pero en su sustentaci\u00f3n reclam\u00f3 perjuicios derivados de (…) la desorganizaci\u00f3n empresarial e incluso la inducci\u00f3n a la ruptura contractual, apart\u00e1ndose de los reparos formulados, pues hab\u00eda asentido con que la \u00fanica conducta desleal probada fue la desviaci\u00f3n de la clientela\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, la convocante propuso cuatro cuestionamientos, dos de ellos fincados en la causal consagrada en el art\u00edculo 336-1 del C\u00f3digo General del Proceso, y los restantes por la senda del segundo y tercer motivo de casaci\u00f3n. Por motivos estrictamente formales, la Sala abordar\u00e1 inicialmente el \u00faltimo cuestionamiento. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Tras denunciar que el fallo del tribunal \u00abno est[\u00e1] en consonancia con los hechos y con las pretensiones de la demanda\u00bb, Inversiones Lucol S.A. aleg\u00f3 que \u00abno obstante la claridad de las pretensiones y los hechos en los que se soportan, el tribunal en su sentencia adelant[\u00f3] el juicio de responsabilidad por separado para cada empresa y se dedic\u00f3 a mirar \u00fanicamente la responsabilidad de Terpel derivada de un contrato, pero no se detuvo a observar la responsabilidad extracontractual de Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo, ni la solidaridad de ambas empresas\u00bb. <\/p>\n
Ese error procedimental \u00abimpide saber si las dos demandantes (sic) fueron calificados por el tribunal como autores, a la luz del art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, naciendo la solidaridad legal en virtud de ese mandato, o lo que encontr\u00f3 en la sentencia es que uno de los demandados es autor y el otro demandado contribuy\u00f3 al acto desleal, naciendo la solidaridad pasiva a la que hace referencia el art\u00edculo 22 de la Ley 256, donde la solidaridad legal no nace de la coautor\u00eda sino de la contribuci\u00f3n a la concreci\u00f3n del acto desleal\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en lo anterior, se colige que \u00abel juicio separado de responsabilidad que realiza la sentencia no est\u00e1 en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda. Las consecuencias no se hacen esperar; para cada uno de los demandados tiene una incidencia muy grande en este asunto, pues a partir de all\u00ed se determina si Terpel es desleal en el mercado con ocasi\u00f3n del comportamiento contractual y fue ayudado por inversiones Cu\u00e9llar Vallejo, o si el desleal es Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo con ayuda de Terpel, o si, por el contrario, los dos son coautores en el comportamiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen aplicable al recurso. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el recurso de casaci\u00f3n en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. La regla de la consonancia. <\/p>\n
El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: <\/p>\n
\u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u00bb. <\/p>\n
Esta norma tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina1, de manera que cuando la actividad del juez (individual o colegiado) no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas tres modalidades: ultra petita, extra petita y m\u00ednima petita. <\/p>\n
Sobre la mencionada desviaci\u00f3n del procedimiento, y sus distintas expresiones, la Sala se ha pronunciado en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abA la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)\u00bb (CSJ SC1806-2015, 24 feb.). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Al proferir el fallo censurado, el tribunal tom\u00f3 medidas antag\u00f3nicas con relaci\u00f3n al petitum de la actora. De un lado, refrend\u00f3 la decisi\u00f3n de declarar que las convocadas hab\u00edan incurrido en actos de \u00abdesviaci\u00f3n de la clientela\u00bb \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8 de la Ley 256 de 1996\u2013; y de otro, estim\u00f3 que las s\u00faplicas resarcitorias de Inversiones Lucol S.A. eran improcedentes, dado que el perjuicio patrimonial que reclam\u00f3 carec\u00eda de v\u00ednculo de causalidad con las conductas il\u00edcitas previamente mencionadas. <\/p>\n
De lo anterior se sigue que existi\u00f3 un pronunciamiento integral de la colegiatura de segunda instancia acerca de las pretensiones \u2013declarativas y de condena\u2013 sobre las que versaba la litis, lo que descartar\u00eda la comisi\u00f3n del yerro in iudicando alegado, salvo que se demostrara que el fracaso de la demanda fue producto de un abuso en las potestades del fallador, bien porque se separ\u00f3 de la relaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por las partes en las oportunidades pertinentes, para refugiarse en su visi\u00f3n particular de la controversia, o ya porque acogi\u00f3 alguna de las excepciones que no pueden ser reconocidas en forma oficiosa. <\/p>\n
Sin embargo, ello no parece haber ocurrido en este proceso, o al menos tal cosa no puede deducirse de los argumentos vertidos en el cargo que se estudia, en los que la recurrente no hizo referencia a desafueros en la elaboraci\u00f3n del marco f\u00e1ctico de la controversia, sino que se concentr\u00f3 en se\u00f1alar que el tribunal \u00abadelant[\u00f3] el juicio de responsabilidad por separado para cada empresa\u00bb, protesta que carece de conexidad con el error formal que pretende corregir el tercer motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Cabe agregar que ese estudio segmentado no fue el motivo de la decisi\u00f3n desestimatoria (parcial) que adopt\u00f3 el ad quem, sino el hecho de que el da\u00f1o patrimonial que reconoci\u00f3 el juzgado de primera instancia proviniera de la terminaci\u00f3n anticipada del contrato de distribuci\u00f3n que otrora vincul\u00f3 a la actora con la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., o de otras circunstancias f\u00e1cticas distintas a las maniobras de competencia desleal desplegadas por las sociedades demandadas. <\/p>\n
Sobre el punto, en la providencia censurada se dijo: <\/p>\n
\u00abLa Sala estima que el perjuicio ocasionado no concierne a per\u00edodos anteriores a la aparici\u00f3n en el mercado de Ingeoil. De hecho, la conducta desleal se predica directamente del comportamiento de la sociedad que en su momento se llamaba Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo, e indirectamente de Terpel, como colaborador (…), luego no cabe reclaar perjuicios anteriores [al a\u00f1o 2008]. Tampoco el perjuicio en este proceso corresponde al que deriva de una acci\u00f3n contractual por incumplimiento de obligaciones de distribuci\u00f3n entre Terpel y Lucol, de manera que) al apreciar como perjuicios la diferencia negativa en las utilidades netas esperadas para el momento en que intervino el nuevo distribuidor Cu\u00e9llar Vallejo, es decir, su disminuci\u00f3n en el a\u00f1o 2009, hasta el momento en que se hubiera cumplido el t\u00e9rmino del contrato en el 2010, no encaja en la reclamaci\u00f3n de competencia desleal, pues se refiere a las consecuencias surgidas por la terminaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n, que no es lo que se juzga en este proceso (…). <\/p>\n
De la prueba pericial no se puede derivar la relaci\u00f3n causal de la conducta declarada como desleal con los rubros tasados a t\u00edtulo de da\u00f1o. As\u00ed, por ejemplo, los \u201crecursos por p\u00e9rdida de clientes\u201d, relacionado con la informaci\u00f3n sobre la clientela que fue entregada a Terpel, el perito consider\u00f3 que \u201cconduce a la reducci\u00f3n de ventas\u201d de la demandante, sin que su tarea fuera la de establecer esa relaci\u00f3n causa-efecto. Los conceptos llamados \u201csentencia judicial a favor de la Organizaci\u00f3n Terpel\u201d, que el auxiliar dijo \u201cproviene de las cuentas por pagar que no fue posible atender por las situaciones padecidas por la empresa\u201d; la \u201ccartera no recuperable\u201d, en raz\u00f3n de fomentar \u201cla p\u00e9rdida de credibilidad de los clientes\u201d; los \u201cinventarios no recuperables\u201d, que corresponden a bienes \u201cno realizables\u201d por Lucol, y los \u201cgastos periciales\u201d (…), solo muestran que el perito se dedic\u00f3 a calcular las sumas, pero era carga de la actora demostrar que esos rubros ten\u00edan causalidad con la conducta desleal, lo que no procur\u00f3 en curso del proceso. Aunque la conducta de desviaci\u00f3n de la clientela se realiz\u00f3 por las demandadas, el perjuicio que Lucol reclam\u00f3 no se caus\u00f3 por esa conducta\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, refulge que el tribunal no alter\u00f3 la versi\u00f3n de los hechos que las partes presentaron en las oportunidades pertinentes, ni tampoco reconoci\u00f3 una defensa de aquellas que requieren alegaci\u00f3n expresa; simplemente, coligi\u00f3 que no exist\u00edan soportes probatorios que permitieran inferir que el menoscabo econ\u00f3mico alegado \u2013gen\u00e9ricamente\u2013 por la convocante, y \u201ctasado\u201d por el perito Germ\u00e1n Pe\u00f1a Ord\u00f3\u00f1ez, hab\u00eda sido generado por los actos de desviaci\u00f3n de clientela que se reconocieron en el fallo de primer grado. Y como esa deducci\u00f3n ata\u00f1e al fondo de la controversia, el cuestionamiento no puede abrirse paso, pues al elegir la senda de la incongruencia <\/p>\n
\u00ab(…) [n]o puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la[s] causal[es] primera [y segunda, en la actualidad], de suerte que si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la[s] causal[es] primera [y segunda] de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u00bb. (CSJ SC6795-2017, 17 may.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El cargo cuarto no prospera, porque en su desarrollo la actora no logr\u00f3 probar que el petitum o la causa petendi hubieran sido objetivamente alterados por el tribunal al proferir el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al tribunal de trasgredir, de forma directa, los art\u00edculos 1, 20 y 22 de la Ley 256 de 1996; 768, 1617, 2341, 2343 y 2344 del C\u00f3digo Civil, y 516, 825, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio, censura que se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
(i) El ad quem \u00abno observ\u00f3 una norma propia de la responsabilidad civil extracontractual, aplicable a los casos de competencia desleal cuando la fuente de la responsabilidad provenga de un comportamiento incorrecto dentro del mercado\u00bb, lo que le impon\u00eda ordenar la reparaci\u00f3n de las consecuencias da\u00f1osas de los reconocidos actos de desviaci\u00f3n de clientela. <\/p>\n
(ii) De no haber desconocido las pautas positivas citadas, \u00abel tribunal hubiera encontrado la responsabilidad de Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo, la cual fue patrocinada por Terpel, ordenando el pago de los perjuicios como la p\u00e9rdida de valor de la empresa Lucol a expensas de la correspondiente apropiaci\u00f3n indebida de esa por parte de Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo\u00bb. <\/p>\n
(iii) Aunque en la causaci\u00f3n del da\u00f1o confluyeron las conductas de ambas demandadas, \u00abel tribunal, para definir un nexo de da\u00f1o (sic) solo vio el caso planteado como si Terpel fuera el \u00fanico que ejerci\u00f3 una conducta desleal, pero evit\u00f3 ver el r\u00e9gimen (…) que rige para Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo (…) y sus implicaciones respecto de cualquier da\u00f1o causado\u00bb. <\/p>\n
(iv) Se colige de lo expuesto que \u00absi el tribunal hubiera tenido en cuenta las normas que establecen la responsabilidad y la solidaridad entre los causantes del da\u00f1o, habr\u00eda encontrado que, independientemente de la existencia de un v\u00ednculo contractual, los demandados son solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal, desviaci\u00f3n de la clientela, que les son imputables, y est\u00e1n obligados a reparar el perjuicio ocasionado por dichos autos\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al denunciar la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 1, 7 y 8 de la Ley 256 de 1996; 768, 1602, 1603, 1604, 1616, 1617, 2341 y 2344 del C\u00f3digo Civil, y 516, 825, 871 y 884 del C\u00f3digo de Comercio, la entidad demandante adujo lo siguiente: <\/p>\n
(i) Las conductas desleales pueden provenir de un comportamiento contractual o extracontractual, \u00abpudi\u00e9ndose, adem\u00e1s, cobrar todos los perjuicios directos, ciertos e inmediatos, cuando se act\u00faa con dolo. Y eso fue lo que ignor\u00f3 el tribunal en su sentencia, y en este caso, producto de la desviaci\u00f3n de clientela declarada a Terpel, derivada de un conjunto de hechos desarrollados en virtud de la ejecuci\u00f3n de un contrato, el tribunal debi\u00f3 tasar todos los perjuicios consecuentes de la deslealtad, como fue la p\u00e9rdida de valor de la compa\u00f1\u00eda Lucol y la apropiaci\u00f3n de este valor por parte de Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo\u00bb. <\/p>\n
(ii) El art\u00edculo 1 de la Ley 256 de 1996 \u00abpermite conocer bajo la acci\u00f3n de competencia desleal asuntos atinentes a relaciones contractuales y extracontractuales y deben ser indemnizados los perjuicios de ese actuar desleal. Claro que debe existir la necesidad de encontrar algo m\u00e1s all\u00e1 que un incumplimiento contractual (…) y se requiere que ese comportamiento da\u00f1e la \u201cbuena fe concurrencial o comercial\u201d inmersa en nuestro caso en la desviaci\u00f3n de clientela. Bajo tal orden de ideas, el tribunal no contaba con mordaza para abstenerse de estudiar todos los perjuicios\u00bb. <\/p>\n
(iv) En el fallo de segunda instancia se desconocieron \u00ablas normas que en el sistema colombiano imponen el comportamiento de buena fe en los tratos contractuales (…), incluyendo los actos preparatorios desleales que impulsan una terminaci\u00f3n unilateral de los mismos, de suyo id\u00f3neos para configurar un acto de competencia desleal como el de desviaci\u00f3n de clientela derivada de comportamientos en contra de la buena fe contractual, como los ac\u00e1 narrados en los hechos y declarados en las sentencias\u00bb. <\/p>\n
(v) El ad quem, \u00aben su falta de comprensi\u00f3n del concepto \u201cconcurrencia\u201d y la equivocada interpretaci\u00f3n que hace del mismo, deja de aplicar las normas que deber\u00edan gobernar el caso y, en consecuencia, deja de declarar las consecuencias jur\u00eddicas indemnizatorias que corresponden a un acto evidentemente desleal como lo es el acto por medio se (sic) desv\u00eda la clientela de una empresa como consecuencia de un comportamiento contractual abusivo, lesivo y velado, que se enmarca dentro de una evidente alteraci\u00f3n al principio de buena fe comercial\u00bb. <\/p>\n
(vi) Adicionalmente, \u00abse tiene que bajo la norma nacional, si se demuestra que en un delito o culpa participan dos voluntades, se tiene que entre ellas nace y existe una solidaridad. En esa l\u00ednea, [el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil] subsume la hip\u00f3tesis de un caso donde una desviaci\u00f3n de clientela es creada, impulsada y aprovechada por un tercero con quien la v\u00edctima del da\u00f1o no mantiene un contrato, y patrocinada e impulsada por la persona con quien la v\u00edctima del da\u00f1o ten\u00eda una relaci\u00f3n contractual, existiendo entre ellas una unidad en la responsabilidad por pluralidad de transgresores\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Aduciendo la transgresi\u00f3n indirecta de los mismos preceptos, la actora denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de \u00aberrores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, al momento de estudiar y juzgar la consecuencia indemnizatoria de los comportamientos de Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo y de Terpel\u00bb. Para desarrollar su reproche, indic\u00f3: <\/p>\n
(i) Si la corporaci\u00f3n de segundo grado \u00abhubiese apreciado en su verdadero y real alcance las pruebas (…) habr\u00eda llegado a una conclusi\u00f3n diferente, encontrando nexo causal entre los actos de competencia que encontr\u00f3 probados, y los perjuicios que se acreditaron en el dictamen pericial. Igualmente, habr\u00eda encontrado demostrado que la terminaci\u00f3n del contrato por parte de Terpel no fue la causa de los perjuicios, sino la estocada final de la conducta desleal de desviaci\u00f3n de la clientela, iniciada con anterioridad, de la cual se desprenden los da\u00f1os ocasionados a Lucol\u00bb. <\/p>\n
(ii) El tribunal pretermiti\u00f3 la experticia que analiz\u00f3 \u00abla consecuencia que para la empresa trajo la desviaci\u00f3n de su clientela por parte de las demandadas, y no los efectos de la terminaci\u00f3n del contrato. Ello fue objeto de pronunciamiento expreso en el dictamen, el cual qued\u00f3 en firme y no fue reprochado de manera alguna en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
(iii) De haberse interpretado esa prueba t\u00e9cnica \u00abdesde el punto de vista financiero, que es su naturaleza, el tribunal hubiera llegado a la conclusi\u00f3n de que estos perjuicios, sobre los que no se realiz\u00f3 reproche alguno, no pueden provenir de la terminaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n con Terpel (…) [sino] de la desviaci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de la clientela por las demandadas, que era de donde Lucol generaba sus ingresos operacionales (…). Si Terpel simplemente hubiera terminado el contrato, pero las demandadas no hubieran incurrido en actos de competencia desleal declarados en la sentencia, Lucol hubiera podido suplir esa demanda con bienes sustitutos de los competidores de Terpel, abundantes en el mercado, y la empresa no hubiera fenecido\u00bb. <\/p>\n
(iv) Con similar orientaci\u00f3n, durante el juicio se recaudaron los testimonios de Orlando R\u00e1tiva, Tony Quintero, Juliana Cepeda, Henry Cepeda, Trinidad Rueda y William Andr\u00e9s Botero Valencia, quienes en su relato dejaron en evidencia que \u00ablo que gener\u00f3 los perjuicios fue la desviaci\u00f3n de la clientela, y que la terminaci\u00f3n del contrato fue posterior a esta\u00bb, probanzas todas que fueron ignoradas por el tribunal. <\/p>\n
(v) Esa corporaci\u00f3n obvi\u00f3 varios documentos, que muestran que \u00ablos perjuicios ocasionados a Lucol ocurrieron antes de la terminaci\u00f3n del contrato por parte de Terpel\u00bb, as\u00ed como la inspecci\u00f3n judicial como prueba anticipada que se practic\u00f3 sobre los libros de comercio de Inversiones Ingeoil S.A.S., en donde se aprecia que esta atendi\u00f3 a varios clientes de Inversiones Lucol S.A., en vigencia del contrato de distribuci\u00f3n celebrado con la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. <\/p>\n
(vi) La contestaci\u00f3n tard\u00eda de la demanda por parte de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., \u00abse debe entender como un indicio grave en su contra, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta que, de acuerdo con esa norma, se le deb\u00eda dar dicho efecto probatorio a los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
(vii) Por ese sendero, se colige que \u00absi el tribunal en la sentencia recurrida se hubiese detenido en el examen de la prueba en su real y verdadero alcance (…), se habr\u00eda dado cuenta que los hechos il\u00edcitos y antijur\u00eddicos que dan lugar al perjuicio fueron los actos desleales de desviaci\u00f3n de la clientela en que incurrieron ambos demandados, cuya consecuencia jur\u00eddica, el da\u00f1o, est\u00e1 debidamente acreditada en el dictamen, y que la terminaci\u00f3n del contrato fue una de las consecuencias, pero no el hecho generador del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Violaci\u00f3n directa de la norma sustancial. <\/p>\n
Si la censura se construye acusando la sentencia de trasgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor debe acreditar que, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el tribunal a partir del examen del material probatorio, el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, su estructuraci\u00f3n se presenta por tres v\u00edas, de contornos bien definidos: la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma de derecho sustancial. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que <\/p>\n
\u00ab(…) la violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera (…), acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb (CSJ SC9100-2014, 11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.). <\/p>\n
2. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada es manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del yerro \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01). Dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3. Competencia desleal. <\/p>\n
3.1. La competencia, entendida como la posibilidad de concurrir con libertad al mercado de bienes o servicios, con el objeto de satisfacer su demanda a trav\u00e9s de la celebraci\u00f3n de intercambios concertados con otras personas, es una condici\u00f3n necesaria para que la econom\u00eda libre de mercado opere de forma eficiente, en beneficio de toda la sociedad. Ciertamente, el prop\u00f3sito com\u00fan de \u00abalcanzar la posici\u00f3n m\u00e1s favorable en el sistema de cooperaci\u00f3n social\u00bb2, impone a los empresarios el desaf\u00edo continuo de proporcionar bienes o servicios con caracter\u00edsticas y precios lo suficientemente atractivos como para que los consumidores los prefieran por sobre los dem\u00e1s que se encuentran en el mercado, generando con ello prosperidad para el conglomerado. <\/p>\n
Quien quiera ser competitivo en una econom\u00eda libre, debe preocuparse por ofrecer a sus clientes \u2013actuales o potenciales\u2013 el mejor producto o servicio posible, al menor precio posible, so pena de terminar cediendo terreno a sus rivales. Y ese esfuerzo continuado, se insiste, redunda en el bienestar com\u00fan. De un lado, fomenta la reducci\u00f3n de los precios y, por lo mismo, hace acrecer la capacidad de consumo de las personas; y de otro, constituye el motor principal para la innovaci\u00f3n empresarial, la b\u00fasqueda de m\u00e9todos de producci\u00f3n m\u00e1s limpios, sostenibles y eficientes, y el desarrollo econ\u00f3mico en general. <\/p>\n
Cabe agregar que los incentivos para el desarrollo econ\u00f3mico que crea el mecanismo de mercado, no es la \u00fanica raz\u00f3n para proteger la competencia, sino que esta, per se, hace parte de las garant\u00edas propias del derecho a la libertad. Tal como lo expone Sen, <\/p>\n
\u00ab(…) la capacidad del mecanismo de mercado para contribuir a conseguir un elevado crecimiento econ\u00f3mico y el progreso econ\u00f3mico en general, se ha reconocido ampliamente \u2013y con raz\u00f3n\u2013 en la literatura contempor\u00e1nea sobre el desarrollo. Pero ser\u00eda un error entender el papel del mecanismo de mercado solo como algo derivado. Como se\u00f1al\u00f3 Adam Smith, la libertad para realizar intercambios y transacciones constituye en s\u00ed misma una parte de las libertades b\u00e1sicas que los individuos tienen razones para valorar (…). La denegaci\u00f3n de la oportunidad de realizar transacciones, por medio de controles arbitrarios, puede ser en s\u00ed misma fuente de falta de libertad. En este caso, se priva a los individuos de hacer algo que puede considerarse que \u2013en ausencia de razones de peso en contra\u2013 tienen derecho a hacer. Esta cuesti\u00f3n no depende de la eficiencia del mecanismo de mercado, ni de un an\u00e1lisis general de las consecuencias de tener o no un sistema de mercado; depende simplemente de la importancia de la libertad para realizar intercambios y transacciones sin impedimentos ni obst\u00e1culos\u00bb3. <\/p>\n
Estas razones justifican suficientemente que la competencia sea objeto de expresa consagraci\u00f3n en la Carta Pol\u00edtica colombiana, en t\u00e9rminos que recientemente explic\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00abLa libre competencia (…) \u201cconsiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producci\u00f3n a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad tambi\u00e9n es una garant\u00eda para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en t\u00e9rminos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros\u201d4. <\/p>\n
De conformidad con la norma constitucional (art\u00edculo 333) y la jurisprudencia de esta Corte, el mercado es el escenario preferente de despliegue de los derechos y libertades econ\u00f3micas y de la libre competencia. De hecho la Corte se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia C-228 de 2010, que \u201cel n\u00facleo esencial del derecho a la libre competencia econ\u00f3mica consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas\u201d. <\/p>\n
En materia econ\u00f3mica la Carta de 1991 adopt\u00f3 (…) un modelo de econom\u00eda social de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condici\u00f3n de motor de la econom\u00eda, pero que limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia econ\u00f3mica, con el \u00fanico prop\u00f3sito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general\u201d5. De acuerdo con lo anterior, el texto constitucional fue dispuesto para una sociedad de mercado, es decir, para un tipo de organizaci\u00f3n que desarrolla procesos \u00e1giles de intercambio, que buscan no s\u00f3lo la satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas, sino tambi\u00e9n la obtenci\u00f3n de ganancia, bajo el supuesto seg\u00fan el cual, la actividad econ\u00f3mica debe ser din\u00e1mica y estar en crecimiento, todo ello en un escenario (el mercado) fundado en la libertad de acci\u00f3n de los individuos (las libertades econ\u00f3micas), en el que \u201clas leyes de producci\u00f3n, distribuci\u00f3n, intercambio y consumo se sustraen a la reglamentaci\u00f3n consiente y planificada de los individuos, cobrando vida propia\u201d6\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-032-2017). <\/p>\n
3.2. Establecido como est\u00e1 que la competencia es un valor trascendente para nuestra sociedad, en tanto expresi\u00f3n del derecho fundamental a la libertad y requisito sine qua non del modelo de econom\u00eda libre de mercado, resulta comprensible que el ordenamiento jur\u00eddico se preocupe de protegerla con esmero. Y una de esas formas de salvaguarda es, precisamente, la consagraci\u00f3n de acciones que previenen y reparan los actos competitivos desleales. <\/p>\n
Aunque el mercado no sea un juego de suma cero, es posible conjeturar que, eventualmente, el \u00e9xito de un empresario, o la irrupci\u00f3n de productos o servicios novedosos, causar\u00e1n p\u00e9rdidas econ\u00f3micas en los competidores \u201cmenos h\u00e1biles\u201d \u2013con menor inventiva, capacidad de adaptaci\u00f3n, etc.\u2013; pero esas p\u00e9rdidas no interesan al derecho, porque en la concurrencia honesta y leal no existe antijuridicidad alguna. Y, adem\u00e1s, porque los negocios comportan un alea normal, que puede traducirse en p\u00e9rdidas o disminuciones patrimoniales como consecuencia del desarrollo ordinario del objeto negocial. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico promueve y alienta la competencia, a condici\u00f3n de que esta observe ciertos est\u00e1ndares \u2013tales como las \u00absanas costumbres mercantiles\u00bb, el \u00abprincipio de la buena fe comercial\u00bb o \u00ablos usos honestos en materia industrial o comercial\u00bb\u2013, necesarios para asegurar los fines de realizaci\u00f3n de la libertad y desarrollo econ\u00f3mico a los que se aludi\u00f3 previamente. En cambio, no auspicia formas concurrenciales que atenten contra esos prop\u00f3sitos, como lo ser\u00edan \u2013entre otros supuestos\u2013 la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n falsa acerca de un producto rival, o el plagio de los signos distintivos de una marca ajena. <\/p>\n
Si bien este tipo de actos pueden reportar utilidad a un empresario, no generan provecho para el conglomerado; por el contrario, desincentivan la adopci\u00f3n de conductas honestas y de buena fe en el comercio, y distorsionan el proceso de formaci\u00f3n del consentimiento de los consumidores. Por esa raz\u00f3n, resulta leg\u00edtimo crear est\u00edmulos normativos para que las personas eviten incurrir en conductas desleales, y adapten su comportamiento competitivo en el mercado a las exigencias de lealtad, probidad y buena fe comercial que se requieren para que esa sana rivalidad genere prosperidad econ\u00f3mica y social. <\/p>\n
Esa normativa fue modificada y complementada a trav\u00e9s de la Ley 256 de 1999, actualmente vigente, en cuyo texto se incluyeron algunas precisiones, necesarias para armonizar el orden interno a las pautas del \u00abConvenio de Par\u00eds para la Protecci\u00f3n de la Propiedad Industrial\u00bb (del cual forma parte Colombia, desde el 3 de septiembre de 1996); adem\u00e1s, se desarrollaron con detalle cuestiones como el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de las normas de competencia, los actos t\u00edpicamente desleales, y las acciones y formas procesales para la defensa de la \u00ablibre y leal competencia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
3.3.1. En cuanto al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, la citada Ley 256 de 1996 establece que los remedios establecidos por el legislador frente a los actos de competencia calificados como desleales, proceden siempre que se \u00abrealicen en el mercado y con fines concurrenciales\u00bb; tengan \u2013o est\u00e9n llamados a tener\u2013 efectos principales en el \u00abmercado colombiano\u00bb, y hayan sido ejecutados por \u00abcomerciantes [o] cualesquiera otros participantes en el mercado\u00bb. <\/p>\n
En efecto, la Ley 256 de 1996, en sus art\u00edculos 2 y 4, establece como par\u00e1metros objetivos para su aplicaci\u00f3n que la acci\u00f3n lesiva del convocado (i) se exteriorice en la esfera del mercado colombiano, lato sensu, esto es, en el espacio de libre interacci\u00f3n en el que se articula la oferta y demanda de bienes y servicios; y (ii) tenga por finalidad la competencia, lo cual se infiere del potencial de la conducta para permitir que el agente, o un tercero, conserve o acrezca su cuota del mercado. <\/p>\n
En palabras del legislador, \u00ab[l]a finalidad concurrencial del acto se presume cuando \u00e9ste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente id\u00f3neo para mantener o incrementar la participaci\u00f3n en el mercado de quien lo realiza o de un tercero\u00bb, debi\u00e9ndose precisar que en litigios como este no resulta imperioso esclarecer la intenci\u00f3n del demandado (como lo sugerir\u00eda el uso del vocablo \u00abfinalidad concurrencial\u00bb), sino que esta se deduce a partir de una circunstancia objetiva conocida, consistente en la aptitud del comportamiento antijur\u00eddico para captar o mantener una clientela. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el \u00e1mbito subjetivo, el art\u00edculo 3 ejusdem establece que las pautas de competencia desleal son aplicables a cualquier persona que participe en el mercado, con independencia de sus cualidades. Incluso, la norma en cita prescribe expresamente que \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n de la Ley no podr\u00e1 supeditarse a la existencia de una relaci\u00f3n de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo\u00bb, evidenciando que los il\u00edcitos concurrenciales no quedan circunscritos a las interacciones entre competidores directos, sino que pueden extenderse a todas las conductas que vulneren o amenacen la libre y leal competencia, en tanto pilar esencial de la econom\u00eda de mercado. <\/p>\n
3.3.2. Con el prop\u00f3sito de establecer los linderos de la concurrencia l\u00edcita y honesta, la Ley 256 de 1996 se ocup\u00f3 de recoger la descripci\u00f3n t\u00edpica de varias conductas de competencia desleal, nominadas como actos de \u00abdesviaci\u00f3n de clientela\u00bb, \u00abdesorganizaci\u00f3n\u00bb, \u00abconfusi\u00f3n\u00bb, \u00abenga\u00f1o\u00bb, \u00abdescr\u00e9dito\u00bb, \u00abimitaci\u00f3n\u00bb, \u00abcomparaci\u00f3n\u00bb, \u00abexplotaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n ajena\u00bb, \u00abviolaci\u00f3n de secretos industriales o empresariales\u00bb, \u00abinducci\u00f3n a la ruptura contractual\u00bb, \u00abviolaci\u00f3n de normas\u00bb y \u00abpactos desleales de exclusividad\u00bb (art\u00edculos 8 a 19). <\/p>\n
Asimismo, consagr\u00f3 una cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n general, a cuyo tenor \u00abQuedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En concordancia con lo establecido por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 10 bis del Convenio de Par\u00eds, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando est\u00e9 encaminado a afectar o afecte la libertad de decisi\u00f3n del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado\u00bb <\/p>\n
Esta singular configuraci\u00f3n \u2013que, mutatis mutandis, se reproduce en las normas de competencia desleal espa\u00f1ola7, argentina8 y mexicana9, entre otras\u2013, busca extraer r\u00e9ditos de dos clases de reglas jur\u00eddicas distintas. De una parte, acude a la tipificaci\u00f3n de faltas espec\u00edficas, para facilitar que las personas que compiten en el mercado puedan representarse \u2013por oposici\u00f3n\u2013 las caracter\u00edsticas de aquello que el ordenamiento considera como competencia leal y honesta. Y de otra, se sirve de una f\u00f3rmula m\u00e1s amplia, o abstracta, que dota al juez de herramientas interpretativas en caso de enfrentarse a un acto desleal que no hubiera sido previsto por el legislador. <\/p>\n
Expresado de otro modo, los art\u00edculos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 integran un listado enunciativo de actos de competencia que, por una u otra v\u00eda, atentan contra la prohibici\u00f3n general del art\u00edculo 7 ejusdem. Pero ello no excluye la posibilidad de que, por otros caminos, se infrinjan las sanas costumbres mercantiles, el principio de la buena fe comercial, los usos honestos en materia industrial o comercial, o se afecte la libertad de decisi\u00f3n del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. De ah\u00ed que la doctrina suela referirse a la prohibici\u00f3n general como una regla residual, que opera cuando un acto desleal no encuadra en los tipos especiales antedichos. <\/p>\n
3.3.3. Cabe destacar que el legislador instituy\u00f3 dos acciones judiciales de competencia: una \u00abdeclarativa y de condena\u00bb, que busca el resarcimiento de los perjuicios causados por el il\u00edcito concurrencial, constituy\u00e9ndose, por tanto, en una subespecie de la responsabilidad civil extracontractual; y otra \u00abpreventiva o de prohibici\u00f3n\u00bb, que persigue la evitaci\u00f3n de da\u00f1os futuros. <\/p>\n
A voces del art\u00edculo 21 de Ley 256 de 1996, la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de las referidas acciones corresponde a \u00abcualquier persona que participe o demuestre su intenci\u00f3n para participar en el mercado, cuyos intereses econ\u00f3micos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal\u00bb, y excepcionalmente a \u00ablas asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros\u00bb; las asociaciones de consumidores, siempre que \u00abel acto de competencia desleal perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de [estos]\u00bb, o el Procurador General de la Naci\u00f3n, \u00abrespecto de aquellos actos desleales que afecten gravemente el inter\u00e9s p\u00fablico o la conservaci\u00f3n de un orden econ\u00f3mico de libre competencia\u00bb. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n por pasiva, a su turno, recae de forma gen\u00e9rica \u00abcontra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realizaci\u00f3n del acto de competencia desleal\u00bb (art\u00edculo 22), a menos que \u00abel acto de competencia desleal [sea] realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales\u00bb, caso en el cual las acciones pertinentes deber\u00e1n dirigirse contra su empleador, como una forma especial de responsabilidad vicaria. <\/p>\n
La posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n \u00abprescrib[e] en dos a\u00f1os a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realiz\u00f3 el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres a\u00f1os contados a partir del momento de la realizaci\u00f3n del acto\u00bb. Esto equivale a decir que el plazo prescriptivo est\u00e1 atado a un criterio subjetivo (el conocimiento del sujeto pasivo del comportamiento desleal, respecto de \u00abla persona que realiz\u00f3 el acto\u00bb), y a otro objetivo (la materializaci\u00f3n del il\u00edcito concurrencial), debi\u00e9ndose optar por el que se consolide primero, de modo an\u00e1logo a lo que ocurre con las acciones derivadas del contrato de seguro. <\/p>\n
3.3.4. Varios de los aspectos formales que se sistematizaron en la ley sobre competencia desleal, fueron derogados recientemente por el C\u00f3digo General del Proceso. Lo atinente al tr\u00e1mite del juicio, la aptitud legal para conocerlo y el r\u00e9gimen probatorio, qued\u00f3 subsumido en las reglas generales que prev\u00e9 la Ley 1564 de 2012. A su turno, la \u00abdiligencia preliminar de comprobaci\u00f3n\u00bb \u2013que permit\u00eda \u00abpedir al juez que con car\u00e1cter urgente decrete la pr\u00e1ctica de diligencias para la comprobaci\u00f3n de hecho que puedan constituir actos de competencia desleal\u00bb\u2013 fue eliminada, por considerarse que sus fines pod\u00edan alcanzarse a trav\u00e9s de los tr\u00e1mites de solicitud de pruebas y medidas cautelares extraprocesales, que consagra el estatuto procesal civil actual. <\/p>\n
En materia de procedimiento, entonces, solo se mantuvo la regulaci\u00f3n especial de las cautelas, conforme con la cual \u00ab[c]omprobada la realizaci\u00f3n de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podr\u00e1 ordenar la cesaci\u00f3n provisional del mismo y decretar las dem\u00e1s medidas cautelares que resulten pertinentes. Las medidas (…) ser\u00e1n de tramitaci\u00f3n preferente. En caso de peligro grave e inminente podr\u00e1n adoptarse sin o\u00edr a la parte contraria y podr\u00e1n ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentaci\u00f3n de la solicitud (…)\u00bb. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
4.1. Estructura formal del argumento del tribunal. <\/p>\n
Como se sugiri\u00f3 supra, la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia encontr\u00f3 soporte en tres premisas esenciales: <\/p>\n
(i) La p\u00e9rdida econ\u00f3mica que reconoci\u00f3 el juez a quo en favor de la actora, corresponde realmente a la reparaci\u00f3n de los perjuicios generados por la terminaci\u00f3n anticipada del \u00abcontrato de suministro para la distribuci\u00f3n de lubricantes\u00bb celebrado el 18 de septiembre de 200810. <\/p>\n
(ii) La prematura extinci\u00f3n del referido convenio, que acaeci\u00f3 por voluntad de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., expresada en los t\u00e9rminos acordados en la cl\u00e1usula sexta del contrato de suministro11, escapa al \u00e1mbito de la acci\u00f3n \u00abdeclarativa y de condena\u00bb de competencia desleal. <\/p>\n
(iii) Aunque las demandadas incurrieron en actos de competencia desleal por desviaci\u00f3n de clientela, estos carecen de relaci\u00f3n causal con los perjuicios que se relacionaron en el escrito inicial. De hecho, no se prob\u00f3 que esas conductas hubieran generado p\u00e9rdida alguna. <\/p>\n
En opini\u00f3n del ad quem, entonces, los da\u00f1os que Inversiones Lucol S.A. dijo haber sufrido no ser\u00edan consecuencia de los actos de desviaci\u00f3n de clientela que se encontraron acreditados en ambas instancias, a lo que agreg\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n dispuesta por el juez a quo, en tanto forma de reparaci\u00f3n de las secuelas de un acto negocial (la terminaci\u00f3n ad nutum), solo podr\u00eda ser objeto de escrutinio en el marco de un juicio de responsabilidad contractual, naturaleza que no cabe predicar de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
4.2. Desenfoque del cargo primero. <\/p>\n
En la primera censura, la recurrente se doli\u00f3 de que el ad quem hubiera pasado por alto \u00ablas normas que establecen la responsabilidad y la solidaridad entre los causantes del da\u00f1o\u00bb, cuya aplicaci\u00f3n, en este caso concreto, conllevar\u00eda que \u00ablos demandados son solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal, desviaci\u00f3n de la clientela, que les son imputables\u00bb. Sin embargo, no se ve c\u00f3mo esa cr\u00edtica pudiera confrontarse con el fundamento principal de la sentencia de segunda instancia, seg\u00fan el cual esos actos desleales no provocaron el perjuicio patrimonial cuyo resarcimiento se solicit\u00f3. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, aun si se afirmara que las convocadas fueron coautoras de los il\u00edcitos concurrenciales reconocidos en los fallos de primera y segunda instancia, la suerte de la demanda no cambiar\u00eda, pues el tribunal descart\u00f3 esos actos de competencia desleal como el precursor de las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas alegadas por Inversiones Lucol S.A. Acorde con ello, queda evidenciado que la fundamentaci\u00f3n del embate inicial no es apta para derruir el silogismo que confeccion\u00f3 el tribunal, de manera que dicha censura no est\u00e1 llamada a abrirse paso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, al sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00abel recurrente debe plantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999)\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
Por ende, el cargo primero no prospera. <\/p>\n
4.3. Falencias formales y falta de demostraci\u00f3n del yerro denunciado en el cargo segundo. <\/p>\n
Como se indic\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, el juez a quo declar\u00f3 que las convocadas incurrieron en actos de competencia desleal, imponi\u00e9ndoles la obligaci\u00f3n de indemnizar a la convocante en cuant\u00eda de $369.835.675, cifra que corresponder\u00eda a la diferencia entre las utilidades reportadas por Inversiones Lucol S.A. para el a\u00f1o 2008, y las que gener\u00f3 hasta el 18 de septiembre de 2010, \u00abfecha de terminaci\u00f3n del contrato, conforme lo estipulado realmente\u00bb. <\/p>\n
La elecci\u00f3n de este \u00faltimo hito temporal muestra que, al menos con el prop\u00f3sito de cuantificar el da\u00f1o alegado, el fallador de primer grado supuso la vigencia del \u00abcontrato de suministro para la distribuci\u00f3n de lubricantes\u00bb durante todo el lapso bienal pactado originalmente12; o, lo que es lo mismo, rest\u00f3 eficacia a la decisi\u00f3n unilateral de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. de dar por terminado ese negocio jur\u00eddico de forma antelada, a partir del 12 de octubre de 2009. <\/p>\n
En respuesta a las cr\u00edticas que suscit\u00f3 esa soluci\u00f3n entre las demandadas, el tribunal busc\u00f3 deslindar las p\u00e9rdidas \u2013potenciales\u2013 que emanar\u00edan de la prematura extinci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n de lubricantes, de aquellas que pudieron surgir de los actos desleales de las querelladas. Y, posteriormente, sostuvo que las primeras escapaban al prop\u00f3sito de la acci\u00f3n \u00abdeclarativa y de condena\u00bb que prev\u00e9 la Ley 256 de 1996, al paso que las segundas no hab\u00edan sido demostradas, razones complementarias que frustraron la prosperidad del petitum de condena. <\/p>\n
En la censura que se estudia, la querellante centr\u00f3 sus esfuerzos en cuestionar el segmento inicial de ese argumento13, aseverando que la legislaci\u00f3n nacional \u00abpermite conocer bajo la acci\u00f3n de competencia desleal asuntos atinentes a relaciones contractuales y extracontractuales y deben ser indemnizados los perjuicios de ese actuar desleal. Claro que debe existir la necesidad de encontrar algo m\u00e1s all\u00e1 que un incumplimiento contractual (…) y se requiere que ese comportamiento da\u00f1e la \u201cbuena fe concurrencial o comercial\u201d inmersa en nuestro caso en la desviaci\u00f3n de clientela. Bajo tal orden de ideas, el tribunal no contaba con mordaza para abstenerse de estudiar todos los perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte estima que \u2013dadas las particularidades de esta controversia\u2013 ninguna de tales hermen\u00e9uticas conduce a la prosperidad del cargo segundo, dado lo siguiente: <\/p>\n
(i) Es cierto que, en circunstancias excepcionales, una infracci\u00f3n negocial puede quedar subsumida en la descripci\u00f3n t\u00edpica de un il\u00edcito concurrencial, como ocurrir\u00eda, a modo de ejemplo, si una parte divulga secretos industriales de otra, contraviniendo un acuerdo de confidencialidad. Y tambi\u00e9n resulta posible que, ante tal panorama, la v\u00edctima pueda servirse de los remedios contractuales, o, eventualmente, de las acciones de competencia desleal \u2013sin que ello implique la posibilidad de acceder a una doble compensaci\u00f3n14\u2013, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que estas \u00faltimas proceden \u00ab[s]in perjuicio de otras formas de protecci\u00f3n\u00bb y \u00aben beneficio de todos los que participen en el mercado\u00bb15 (no \u00fanicamente de los estipulantes). <\/p>\n
No obstante, la v\u00eda que se elija ser\u00e1 determinante para establecer los linderos del debate judicial. Si el interesado escoge la contractual, tendr\u00e1 que probar la existencia del pacto, su incumplimiento y el nexo de causalidad entre la infracci\u00f3n y el perjuicio, el cual deber\u00e1 ser reparado atendiendo las reglas del derecho de contratos, entre ellas, las contempladas en los c\u00e1nones 156816 y 161617 del C\u00f3digo Civil. En contraposici\u00f3n, si opta por acudir a las acciones de competencia desleal, el fundamento del petitum recaer\u00e1 en el deber general de no da\u00f1ar a otros, y tendr\u00e1n que demostrarse tanto los hechos relevantes para adecuar el comportamiento del demandado a los il\u00edcitos concurrenciales definidos en la ley, como el v\u00ednculo de causalidad entre esa conducta t\u00edpica y la p\u00e9rdida del actor, que deber\u00e1 ser resarcida in integrum. <\/p>\n
En consecuencia, el \u00e9xito del alegato de la recurrente pender\u00eda de demostrar que la terminaci\u00f3n anticipada del contrato que dispuso la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. trascendi\u00f3 la esfera de ese acuerdo bilateral de distribuci\u00f3n para convertirse en un instrumento de desviaci\u00f3n de clientela, \u00fanico acto de competencia desleal que reconoci\u00f3 el juez de primer grado \u2013sin reproche de la sociedad actora\u2013. Y esta tem\u00e1tica, adem\u00e1s de no encontrar desarrollo en el cargo, parece estar m\u00e1s ligada a la realidad que emerge de las pruebas recaudadas, que a la aplicaci\u00f3n indebida, falta de aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de normas sustanciales, objeto al que se restringe la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) Cabe agregar que la carga argumentativa que extra\u00f1a la Sala era imprescindible para esclarecer las l\u00edneas divisorias espec\u00edficas entre la extinci\u00f3n del pacto de distribuci\u00f3n y la ilicitud concurrencial, pues como lo advirti\u00f3 acertadamente el tribunal, asimilar inexorablemente una y otra cosa podr\u00eda vaciar de contenido al negocio jur\u00eddico y resultar contrario a la libertad econ\u00f3mica y la sana competencia en el mercado, que son precisamente los bienes jur\u00eddicos que pretende tutelar la Ley 256 de 1996. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, resulta pertinente insistir en que <\/p>\n
\u00ab(…) la perpetuidad no es normal en la ejecuci\u00f3n de los contratos; al contrario, resulta extra\u00f1a e incompatible al concepto de obligaci\u00f3n, y al orden p\u00fablico por suprimir la libertad contractual (…). En ese sentido, se estima que el legislador o las partes, ce\u00f1idas a la ley, la \u00e9tica, la correcci\u00f3n, y en fin, con apego a la buena fe, con observancia de la funci\u00f3n, utilidad y relatividad de los contratos, y en ejercicio de la libertad contractual, pueden disponer, adem\u00e1s de otros aspectos, la terminaci\u00f3n unilateral del v\u00ednculo negocial. <\/p>\n
Las razones por las cuales una de las partes recurre a la finalizaci\u00f3n unilateral del pacto son m\u00faltiples en el esquema de libertad contractual, las que no se reducen al incumplimiento, dado que puede ser consecuencia de la confianza perdida o de la intenci\u00f3n de poner fin a relaciones indeseables o inconvenientes. De hecho, puede ser una manifestaci\u00f3n del derecho al arrepentimiento, en sentido lato, de cara a la duraci\u00f3n diferida o al tracto sucesivo del pacto, como lo entendi\u00f3 la Sala en SC, 14 dic. 2001, rad. 6230, en la que explic\u00f3: \u201c(…) no es posible perder de vista que la revocaci\u00f3n tambi\u00e9n puede hundir sus ra\u00edces en m\u00faltiples motivos no necesaria o indefectiblemente ligados a la confianza, stricto sensu, o a la protecci\u00f3n de la uberrima bona fides (…), pudiendo considerarse, bien como una garant\u00eda instituida en pro del consumidor y en beneficio de una sana, ortodoxa y transparente competencia, en cuanto que aquel puede leg\u00edtimamente aprovecharse de las ventajas cualitativas y cuantitativas que ofrece el mercado (…); ora como una expresi\u00f3n del derecho al arrepentimiento de cara al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n a\u00fan no transcurrido en los negocios jur\u00eddicos \u201cfluyentes\u201d, de duraci\u00f3n, de ejecuci\u00f3n diferida o de tracto sucesivo (…). <\/p>\n
De ah\u00ed que para algunos doctrinantes, la revocaci\u00f3n \u2013o su equivalente en el Derecho nacional pertinente\u2013 deba entenderse como \u201cuna declaraci\u00f3n de voluntad unilateral incausada\u201d18, lo que pone de presente, en lo que a su g\u00e9nesis ata\u00f1e, que es altamente subjetiva, que ella \u201cdebe dejarse al arbitrio unilateral de cada uno de los contratantes\u201d \u2013ad nutum\u2013 (…), sin que ello signifique, de ninguna manera, que el revocante escape al inexorable y plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus derechos (art. 95-1 C. Pol. y 830 C. de Co.), habida cuenta que el reconocimiento de una facultad o poder, de por s\u00ed, no constituye salvoconducto o patente de corso para propiciar la arbitrariedad, so pena de la condigna indemnizaci\u00f3n de los perjuicios irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en s\u00ed, trasciende al mero arbitrio o a la simple volici\u00f3n19\u201d \u00bb (CSJ 4902-2019, 13 nov.) <\/p>\n
Siguiendo los lineamientos trazados por la jurisprudencia, puede advertirse que la terminaci\u00f3n l\u00edcita de un v\u00ednculo contractual de tracto sucesivo \u2013en tanto contingencia propia de las din\u00e1micas del mercado\u2013 no interesa, por regla general, al ordenamiento. Y aunque es innegable que, en casos como el que ahora se estudia, la extinci\u00f3n del acuerdo de distribuci\u00f3n puede impactar negativamente las finanzas del distribuidor, tambi\u00e9n lo es que exigir que ese pacto conserve vigencia perennemente, sin mediar circunstancias que as\u00ed lo impongan, con el \u00fanico objetivo de proteger los intereses de dicho empresario, implicar\u00eda un grave sacrificio del bienestar com\u00fan que proporciona la libre competencia y la econom\u00eda de mercado. <\/p>\n
(iii) Ahora bien, si el fenecimiento constituye una infracci\u00f3n contractual, por contravenir lo pactado entre las partes, o el postulado de la buena fe que consagran los art\u00edculos 1603 del C\u00f3digo Civil y 871 del C\u00f3digo de Comercio, el distribuidor est\u00e1 facultado para pedir la reparaci\u00f3n judicial de los da\u00f1os que le caus\u00f3 la inobservancia de su contraparte, que suelen tasarse estimando las utilidades netas del negocio, proyectadas hasta su fecha de terminaci\u00f3n, o durante un lapso que hubiera sido razonable para el desmonte de la operaci\u00f3n de distribuci\u00f3n, si esta careciera de plazo de duraci\u00f3n. <\/p>\n
Pero este tipo de soluciones, que han sido aplicadas de manera consistente por la jurisprudencia20, constituyen t\u00edpicos remedios contractuales, orientados a reparar las secuelas del incumplimiento del principal, que pone fin a la distribuci\u00f3n de manera intempestiva, vulnerando los plazos de vigencia establecidos de mutuo acuerdo con el distribuidor, o pretermitiendo la exigencia \u2013derivada del postulado de la buena fe\u2013 de otorgar un preaviso prudente, en trat\u00e1ndose de contratos de duraci\u00f3n indefinida. <\/p>\n
En consecuencia, al mismo desenlace no puede llegarse a trav\u00e9s del ejercicio de acciones de responsabilidad extranegocial, porque ello terminar\u00eda suprimiendo el v\u00ednculo obligacional existente entre las partes, sin contar con que trasgredir\u00eda la regla de congruencia. Y eso, precisamente, fue lo que critic\u00f3 el tribunal de la labor del juez a quo, quien, ante la ausencia de pruebas del da\u00f1o causado por los il\u00edcitos concurrenciales denunciados, opt\u00f3 por tasar el monto de la indemnizaci\u00f3n a cargo de las convocadas proyectando las utilidades de Inversiones Lucol S.A. por el lapso faltante para completar el plazo de duraci\u00f3n del contrato que esta celebr\u00f3 con la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., restando efectos, al menos t\u00e1citamente, a la extinci\u00f3n anticipada que esta \u00faltima dispuso, con apoyo en una prerrogativa negocial. <\/p>\n
Dicho de otro modo, la condena que se impuso en primera instancia no se orient\u00f3 a reparar los da\u00f1os causados por los actos de desviaci\u00f3n de clientela de las demandadas, sino por la decisi\u00f3n del principal de finalizar el contrato de distribuci\u00f3n a partir 12 de octubre de 2009 (esto es, con 11 meses y 6 d\u00edas de anticipaci\u00f3n respecto de la fecha pactada inicialmente \u201318 de septiembre de 2010\u2013), perdiendo de vista que esta tem\u00e1tica deb\u00eda ventilarse en otro tipo de proceso, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la terminaci\u00f3n se dio en ejercicio de una prerrogativa pactada en el acuerdo de distribuci\u00f3n, cuya validez no fue \u2013ni pudo ser\u2013 discutida en el escrito que dio origen a este proceso. <\/p>\n
De lo expuesto se extrae que, si bien existen supuestos excepcionales en los que la v\u00edctima de un da\u00f1o queda facultada para optar entre dirigir su reclamo indemnizatorio por v\u00edas negociales o extranegociales21 \u2013tal como lo aleg\u00f3 la casacionista\u2013, ello no significa que una u otra v\u00eda sean id\u00e9nticas, de modo que si se acude a la segunda, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, no podr\u00e1n ventilarse tem\u00e1ticas propias del derecho de contratos \u2013y viceversa\u2013. Esto es tan evidente, que qued\u00f3 sentado en la propia demanda de sustentaci\u00f3n, al transcribir all\u00ed el aparte de un fallo proferido por la Audiencia Provincial de Madrid (Reino de Espa\u00f1a), que arriba a las mismas conclusiones indicadas previamente: <\/p>\n
\u00ab(…) No es imposible ni infrecuente que cuando dos operadores econ\u00f3micos se encuentran vinculados por una relaci\u00f3n contractual, se desarrollen por parte de alguno de ellos conductas que, situadas en zonas fronterizas a las materias contractualmente reguladas, resulten merecedoras de un reproche de deslealtad concurrencial. Pero creemos que esa frontera o l\u00ednea divisoria es, al menos desde el punto de vista te\u00f3rico, relativamente clara: si la conducta inconveniente entra dentro de la \u00f3rbita de las materias reguladas por el contrato, entonces puede afirmarse que el contrato constituye t\u00edtulo apto para la represi\u00f3n de aquella; si, por el contrario, esa conducta no resulta reconducible o susceptible de tratamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s de ninguna de las previsiones contractuales, ni siquiera mediante derivaci\u00f3n interpretativa del contrato, y a la vez encaja en alguna tipicidad de la Ley de Competencia Desleal, entonces podr\u00e1 hallar justificaci\u00f3n el an\u00e1lisis de su eventual ilicitud concurrencial. Bien entendido que cuando nos referimos a materias contractualmente reguladas estamos haciendo alusi\u00f3n a un concepto amplio de regulaci\u00f3n donde se comprende tanto la literalidad del contrato como todas aquellas consecuencias que, por v\u00eda de integraci\u00f3n hermen\u00e9utica y a trav\u00e9s de los instrumentos que el propio legislador proporciona, dimanan del contrato\u00bb22. <\/p>\n
(iv) Aunque lo anotado es suficiente para concluir que la segunda censura no se demostr\u00f3, cabe rese\u00f1ar la inobservancia de un requisito del recurso de casaci\u00f3n en dicha acusaci\u00f3n. Para evidenciarlo, es menester recordar que la terminaci\u00f3n de un contrato de distribuci\u00f3n (cualquiera que sea su causa), impone al distribuidor la carga de iniciar un arduo proceso de adaptaci\u00f3n a las nuevas condiciones del mercado, bien sea ofertando a su clientela productos de otras marcas, o ya eligiendo aprovechar la experticia y la infraestructura construida a lo largo de los a\u00f1os en una nueva empresa. <\/p>\n
En este caso, la demandante plante\u00f3 a lo largo del litigio que las convocadas obstaculizaron y entorpecieron ese proceso adaptativo, a trav\u00e9s de conductas calificadas como de desviaci\u00f3n de clientela. Es decir, durante las instancias ordinarias, el planteamiento de Inversiones Lucol S.A. consisti\u00f3 en que algunos actos de las sociedades demandadas se constituyeron en una barrera infranqueable para que la actora continuara participando del mercado de la distribuci\u00f3n de lubricantes, alegato que prescind\u00eda de fincar el da\u00f1o en una infracci\u00f3n al contrato de suministro. <\/p>\n
N\u00f3tese que en la relaci\u00f3n de los actos encaminados a \u00abexcluir definitivamente a Lucol del mercado de distribuidores de lubricantes de la marca Terpel y favorecer a Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo S.A.S. en la zona sur de Bogot\u00e1\u00bb, incluida en el vigesimonoveno hecho de la demanda, nada se dijo acerca de la extinci\u00f3n anticipada de la que se viene hablando, y ese tema tampoco fue abordado en los reparos planteados contra el fallo de primer grado. La naturaleza \u201ccontractual\u201d del reclamo vino a aparecer en el fallo del tribunal, cuando esa colegiatura consider\u00f3 que el perjuicio tasado por el juez a quo \u00abcorresponde[r\u00eda] al que deriva de una acci\u00f3n contractual por incumplimiento de obligaciones de distribuci\u00f3n entre Terpel y Lucol\u00bb. <\/p>\n
Tan ajena era al debate la temprana extinci\u00f3n del suministro, que en la sustentaci\u00f3n de su recurso extraordinario, la propia querellante sostuvo que <\/p>\n
\u00abSi el tribunal hubiese apreciado en su verdadero y real alcance las pruebas (…) habr\u00eda encontrado demostrado que la terminaci\u00f3n del contrato por parte de Terpel no fue la causa de los perjuicios, sino la estocada final de la conducta desleal de desviaci\u00f3n de clientela, iniciada con anterioridad, de la cual se desprenden los da\u00f1os ocasionados a Lucol\u00bb. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, reafirm\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo cabe duda que (sic) el origen directo y evidente de este perjuicio es precisamente la p\u00e9rdida de los clientes (…). Los clientes de una empresa representan su flujo de caja, sus ingresos, por lo que la apropiaci\u00f3n il\u00edcita de los clientes genera un claro perjuicio, consistente en la apropiaci\u00f3n de los ingresos y flujos de caja futuros (…). Nada tiene que ver la terminaci\u00f3n del contrato por parte de Terpel, ya que esto ocurri\u00f3 antes de dicha terminaci\u00f3n. Adem\u00e1s, si solo se hubiera terminado el contrato, pero no se hubiera desviado la clientela, Lucol hubiera podido conservar, al menos una buena parte de los clientes, distribuy\u00e9ndoles productos sustitutos de los de la marca Terpel, abundantes en el mercado (…). Si Terpel simplemente hubiera terminado el contrato, pero las demandadas no hubieran incurrido en los actos de competencia desleal declarados en la sentencia, Lucol hubiera podido suplir esa demanda con bienes sustitutos de los competidores de Terpel\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior implica que, salvo en el desarrollo del embate que se estudia, la demandante asign\u00f3 a la terminaci\u00f3n del contrato un rol meramente circunstancial (acorde con su decisi\u00f3n de prevalerse de las acciones de competencia desleal), que desplazaba el n\u00facleo del debate a la desviaci\u00f3n de la clientela, il\u00edcito concurrencial tipificado en la ley nacional. Pero siendo ello as\u00ed, como en verdad lo es, reclamar ahora una indemnizaci\u00f3n con fundamento en la alegada infracci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n constituir\u00eda un alegato sorpresivo, que no satisface las exigencias formales del remedio extraordinario. No se olvide que los argumentos que no fueron sometidos a consideraci\u00f3n del juez y de las dem\u00e1s partes a lo largo de la litis, constituye un \u201cmedio nuevo\u201d en esta sede, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual, como con insistencia lo tienen definido la Sala, es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, recientemente se insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar los <\/p>\n
Por todo lo anterior, el cargo segundo no prospera. <\/p>\n
4.4. Falta de demostraci\u00f3n del error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas (plausibilidad de la labor de apreciaci\u00f3n probatoria del tribunal). <\/p>\n
4.4.1. Es pertinente indicar, preliminarmente, que en desarrollo del cargo tercero la sociedad actora denunci\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n probatoria de varios testimonios y documentos que, en su opini\u00f3n, demostrar\u00edan que las demandadas incurrieron en actos de desviaci\u00f3n de clientela y que estos generaron el da\u00f1o que fue calculado por el perito Germ\u00e1n Pe\u00f1a Ord\u00f3\u00f1ez. Sin embargo, el tribunal no puso en duda la primera circunstancia, sino el nexo causal entre ese il\u00edcito concurrencial \u2013que se declar\u00f3 probado\u2013 y los perjuicios cuantificados en la susodicha experticia. <\/p>\n
De ah\u00ed que buena parte de las criticas compendiadas en la tercera censura resulten desenfocadas, porque no se dirigen concretamente contra los fundamentos del fallo de segunda instancia. En consideraci\u00f3n a lo anterior, la Sala restringir\u00e1 su an\u00e1lisis a establecer si, con base en las probanzas que se denunciaron como pretermitidas, la ausencia de ligamen causal sobre la cual edific\u00f3 el ad quem su decisi\u00f3n parcialmente desestimatoria emerge como una conclusi\u00f3n caprichosa o contraevidente. <\/p>\n
4.4.2. Hecha esta precisi\u00f3n, conviene recordar que Inversiones Lucol S.A. pidi\u00f3 en su demanda una indemnizaci\u00f3n de $14.000.000.000, habiendo dedicado el hecho sexag\u00e9simo sexto de ese escrito a describir los distintos conceptos que estar\u00edan incluidos en aquel guarismo \u2013aunque sin cuantificarlos separadamente\u2013, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abA) DA\u00d1O EMERGENTE: p\u00e9rdida de propiedad, plantas y equipos, capital de trabajo invertido y no recuperado por haberse utilizado medios indebidos para competir en el mercado; cuentas por cobrar a sus clientes, representadas en la cartera que por dichas pr\u00e1cticas indebidas no fue posible recaudar; inventarios que no fue posible colocarlos en el mercado (…); costos a t\u00edtulo de indemnizaciones por despido del personal cesante por imposibilidad de ejercer el objeto social (…); costos financieros por deudas vinculadas; gastos generales posteriores, inversiones realizadas a largo plazo (…) [y] p\u00e9rdida del canal de distribuci\u00f3n como el mayor activo propiedad de Lucol. <\/p>\n
B) LUCRO CESANTE PRESENTE Y FUTURO: utilidades dejadas de percibir liquidadas durante un per\u00edodo de 7,6 a\u00f1os, necesarios para el retorno de la inversi\u00f3n necesaria para el funcionamiento de una actividad mercantil de car\u00e1cter exclusivo como la desarrollada por Lucol, teniendo como base la utilidad promedio de los \u00faltimos tres a\u00f1os, sin tener en cuenta el 2009, por tratarse como un a\u00f1o at\u00edpico en el ejercicio de Lucol\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad, se recaud\u00f3 el dictamen pericial previamente referido, en el que el economista Germ\u00e1n Pe\u00f1a Ord\u00f3\u00f1ez intent\u00f3 concretar esos conceptos en varios rubros, as\u00ed: (i) $586.074.780, que corresponder\u00edan a los \u00abrecursos por p\u00e9rdida de clientes\u00bb, que habr\u00eda provocado la decisi\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. de mermar la zona geogr\u00e1fica atendida por Inversiones Lucol S.A.; (ii) $1.087.776.416, monto (actualizado) por el que se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n en el tr\u00e1mite de cobro que promovi\u00f3 la principal en contra de la distribuidora en el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1; (iii) $1.245.415.574, a t\u00edtulo de \u00abcartera no recuperable (…) debido a la forma de proceder de Terpel, que foment\u00f3 la p\u00e9rdida de credibilidad ante los clientes ya que se les inform\u00f3 del cambio de distribuidor\u00bb; (iv) $175.866.677, por \u00abinventarios no realizables\u00bb de productos de la marca \u201cTerpel\u201d; (v) $15.000.000, que corresponden a los honorarios pagados al propio perito Pe\u00f1a Ord\u00f3\u00f1ez; (vi) $1.640.685.353, que surgen de aplicar la tasa de inter\u00e9s del 6% EA sobre las cantidades relacionadas previamente, desde la fecha de su causaci\u00f3n y hasta la de elaboraci\u00f3n del dictamen (31 de enero de 2019); y (vii) $7.660.897.353, por la \u00abvaloraci\u00f3n de la empresa Inversiones Lucol S.A.\u00bb hasta el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
4.4.3. Como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, al evaluar el reclamo resarcitorio de la convocante, el ad quem consider\u00f3 que no exist\u00edan pruebas que permitieran inferir que esas cuantiosas p\u00e9rdidas hab\u00edan sido ocasionadas por los actos de desviaci\u00f3n de clientela que se reconocieron, y que habr\u00edan consistido en el aprovechamiento de informaci\u00f3n y el otorgamiento de ventajas competitivas a Inversiones Ingeoil S.A.S. (antes Inversiones Cu\u00e9llar Vallejo S.A.S.) por parte de la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., con miras a facilitar la captaci\u00f3n de los consumidores que sol\u00eda atender la actora. <\/p>\n
A juicio de la Sala, esa conclusi\u00f3n del ad quem luce plausible, pues los da\u00f1os que cuantific\u00f3 el experto Pe\u00f1a Ord\u00f3\u00f1ez no parecen atribuibles a ning\u00fan acto de desviaci\u00f3n de clientela (menos a\u00fan al que aqu\u00ed se declar\u00f3 probado), y no existen otros elementos de juicio que permitan suplir ese vac\u00edo. En efecto, siguiendo el orden propuesto previamente (que replica el del trabajo pericial), se observa que: <\/p>\n
(i) En cuanto a los \u00abrecursos por p\u00e9rdida de clientes\u00bb, el experto hace referencia a decisiones adoptadas de mutuo acuerdo en el marco del contrato de distribuci\u00f3n, y que tuvieron lugar entre los a\u00f1os 2003 y 2005, las cuales carecen de connotaci\u00f3n concurrencial, y que, en cualquier caso, habr\u00edan acaecido con m\u00e1s de tres a\u00f1os de antelaci\u00f3n respecto de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, por lo que habr\u00eda prescrito cualquier posibilidad de reclamo por la senda de la competencia desleal, tal como lo aleg\u00f3 oportunamente Inversiones Ingeoil S.A. <\/p>\n
Adicionalmente, los documentos contables que reposan en el expediente muestran que las ventas anuales de la actora para el a\u00f1o 2006, es decir, el per\u00edodo posterior a la consolidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de limitar la zona geogr\u00e1fica y los clientes potenciales que aquella atender\u00eda, crecieron en un 68,4%, y al a\u00f1o siguiente en un porcentaje similar (68,3%)23, lo que sugerir\u00eda que, al concentrarse en atender \u00e1reas y clientes m\u00e1s espec\u00edficos, el proceso de distribuci\u00f3n se desarroll\u00f3 con much\u00edsima m\u00e1s eficiencia, en beneficio de la propia Inversiones Lucol S.A. <\/p>\n
(ii) El perito introdujo como p\u00e9rdida resarcible el monto por el que se orden\u00f3 seguir la ejecuci\u00f3n en contra de la ahora demandante, perdiendo de vista que el mismo argumento que aqu\u00ed se utiliz\u00f3 para justificar esa inclusi\u00f3n, esto es, que el impago de esa obligaci\u00f3n dineraria se dio por las \u00abmaniobras desleales de Terpel\u00bb, debi\u00f3 haberse esgrimido como excepci\u00f3n en aquel tr\u00e1mite compulsivo. No se olvide que, acorde con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) la preclusi\u00f3n opera en contra del ejecutado, \u201cimpidi\u00e9ndole invocar despu\u00e9s en un proceso ordinario hechos que se hubieran podido alegar como tales excepciones en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n; si as\u00ed no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer efectivo el pago de las obligaciones perder\u00eda su raz\u00f3n de ser, am\u00e9n de que quedar\u00eda al talante del ejecutado optar por acudir all\u00ed a oponerse al cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspirado su omisi\u00f3n, y dejar para ir despu\u00e9s a la v\u00eda ordinaria a exponer sus defensas, proceder \u00e9ste que no solo atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y la lealtad procesal, sino que le otorgar\u00eda a la ejecuci\u00f3n coactiva judicial un car\u00e1cter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley\u00bb (Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001, Exp. No. 6771). <\/p>\n
Recientemente la Sala ratific\u00f3 el citado criterio, en punto de los efectos de cosa juzgada que produce la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, al decidir que a tal imperativo no puede \u201cescapar el demandado con s\u00f3lo dejar de proponer la excepci\u00f3n o haci\u00e9ndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de la pretensi\u00f3n. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a su haber ten\u00eda contra el t\u00edtulo ejecutivo, no (…) deja abierta la jurisdicci\u00f3n para que dicha excepci\u00f3n sea discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado (…) se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que podr\u00eda afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocar\u00eda en un \u00e1mbito bastante relativo la cosa juzgada. El tr\u00e1nsito de un negocio jur\u00eddico por el proceso de ejecuci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, depura definitivamente la relaci\u00f3n sustancial, porque nada justificar\u00eda que el deudor callara una excepci\u00f3n para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que ella depara a las partes y a terceros\u201d, pues resulta \u201cinaceptable que con posterioridad a la etapa de contradicci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo, puedan los deudores plantear un tema propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es que tal defensa fue in\u00e9dita en el procedimiento ejecutivo antecedente. En \u00faltimas, si las partes celebraron un negocio jur\u00eddico que una de ellas adujo como fundamento de la ejecuci\u00f3n, las irregularidades y vicios del acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo\u201d (Sent. Cas. Civ. de 16 de diciembre de 2005, Exp. No. 1994-12835-02). <\/p>\n
La raz\u00f3n de los anteriores precedentes est\u00e1 justificada tambi\u00e9n en que la fase de conocimiento dentro del proceso ejecutivo, por su amplitud e importancia en la definici\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas, excluye el aplazamiento del debate sobre la validez y los efectos del t\u00edtulo ejecutivo presentado por el acreedor, de modo que tales materias quedan en principio reservadas al juez de la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 15 feb. 2007, rad. 1998-00339-01). <\/p>\n
(iii) Para la Corte, \u00abla p\u00e9rdida de credibilidad ante los clientes\u00bb no parece ser una raz\u00f3n suficiente para calificar de irrecuperable la cartera de la actora, pues si bien es posible que aquellos cubran con mayor premura obligaciones dinerarias contra\u00eddas con sus \u201cactuales\u201d distribuidores, bien sea por el simple aprecio que puede surgir entre quienes hacen negocios, o ya por el temor de que las operaciones futuras sufran retrasos, lo cierto es que cualquier acreedor tiene a su alcance la posibilidad de accionar judicialmente para obtener el recaudo de sus cr\u00e9ditos insolutos. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que no se prob\u00f3, ni se aleg\u00f3 siquiera, que esas acciones judiciales se hubieran visto entorpecidas o truncadas por un acto de competencia desleal atribuible a la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. o a Inversiones Ingeoil S.A.S. \u2013y tampoco se ve c\u00f3mo tal supuesto pudiera ser posible\u2013, lo cual impide ligar causalmente la conducta de las aludidas demandadas con la falta de recaudo de las deudas comerciales en cabeza de Inversiones Lucol S.A. <\/p>\n
(iv) En lo relacionado con los \u00abinventarios no realizables\u00bb de productos de la marca \u201cTerpel\u201d, a lo largo del proceso no se intent\u00f3 explicar la raz\u00f3n que imped\u00eda a la demandante revender esas mercanc\u00edas, bien a sus clientes usuales, o a cualquier otro consumidor potencial. Y ello era imprescindible, porque ni los actos de desviaci\u00f3n de clientela que se reconocieron, ni la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de suministro existente con la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., parecen constituirse en impedimento para que esa operaci\u00f3n de reventa se llevara a cabo. <\/p>\n
Ahora bien, en la demanda de casaci\u00f3n se insisti\u00f3 en que \u00abante la desviaci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de la totalidad de sus clientes por las demandadas, Lucol no ten\u00eda a quien vender dichos bienes\u00bb, pero en realidad las pruebas no dan cuenta de la primera afirmaci\u00f3n; y aun de suponerla, de ella tampoco se sigue que no existieran otras personas que estuvieran dispuestas a adquirir lubricantes \u201cTerpel\u201d a precios de mercado. <\/p>\n
(v) Sobre los honorarios del perito, la propia casacionista admiti\u00f3 que \u00abes evidente que los mismos corresponden a las costas del presente proceso\u00bb; por consiguiente, como lo sent\u00f3 el tribunal, tal importe no corresponder\u00eda a un da\u00f1o originado por los actos de desviaci\u00f3n de clientela que se declararon en las sentencias de primera y segunda instancia, sino a un gasto procesal, que solo deber\u00eda ser asumido por la demandada en caso de ser vencida en juicio, al cubrir la condigna condena en costas que se le impondr\u00eda en tal eventualidad. <\/p>\n
(vi) Habi\u00e9ndose descartado todos los c\u00e1lculos que propuso hasta ahora el perito, resulta inane detenerse en los r\u00e9ditos de mora que se liquidaron sobre ellos. <\/p>\n
(vii) Por \u00faltimo, la procedencia de ordenar una indemnizaci\u00f3n equivalente al valor total de una sociedad comercial parece restringirse a supuestos excepcional\u00edsimos, en los que quede suficientemente demostrado que el evento da\u00f1oso fue de tal magnitud que imped\u00eda sacar cualquier provecho al know how adquirido, al personal capacitado y entrenado, o al menos a los inventarios, planta y equipos, y dem\u00e1s activos que componen la unidad empresarial. <\/p>\n
En este caso, nada de ello se acredit\u00f3. Es cierto que en ambas instancias se reconocieron algunos actos de desviaci\u00f3n de clientela, pero el problema de sus alcances e incidencia en la operaci\u00f3n de distribuci\u00f3n de Inversiones Lucol S.A. jam\u00e1s fue esclarecido; de hecho, en la demanda no se identificaron los consumidores que habr\u00edan optado por contratar con Inversiones Ingeoil S.A.S. \u2013debido a condiciones m\u00e1s favorables que les proporcionaba Organizaci\u00f3n Terpel S.A. en cuanto a precios, promociones, merchandising, etc.\u2013, ni tampoco se hizo un m\u00ednimo esfuerzo por probar que esos clientes eran irrecuperables para un comerciante con 26 a\u00f1os de experiencia en el sector. <\/p>\n
Al sustentar su demanda de casaci\u00f3n, la actora intent\u00f3 responder a esas cuestiones, argumentando que la experiencia, conocimientos y log\u00edstica de Inversiones Lucol S.A. solo era valiosa para la distribuci\u00f3n de productos de la marca \u201cTerpel\u201d; pero si ello fuera as\u00ed, las p\u00e9rdidas alegadas no derivar\u00edan de ning\u00fan acto de competencia desleal, sino de la extinci\u00f3n del v\u00ednculo contractual que le permit\u00eda participar en el mercado de esa mercanc\u00eda en concreto. Por lo tanto, la procedencia de la reparaci\u00f3n pender\u00eda de establecer si la terminaci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n fue, o no, justificada, tem\u00e1tica que \u2013como ya se anot\u00f3\u2013 ser\u00eda ajena a este litigio, porque no fue planteada en la demanda, y tambi\u00e9n porque ri\u00f1e con la naturaleza aquiliana de la acci\u00f3n \u00abdeclarativa y de condena\u00bb de competencia desleal. <\/p>\n
Descartado as\u00ed que la actividad de distribuci\u00f3n de la convocante estuviera atada a una marca de lubricantes en concreto, emerge l\u00f3gico pensar que, tras conocer con noventa d\u00edas de preaviso de la terminaci\u00f3n del contrato celebrado con la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., Inversiones Lucol S.A. tendr\u00eda que haber iniciado su proceso de adaptaci\u00f3n a las nuevas condiciones del mercado, intentando fidelizar a su clientela con otra marca de lubricantes \u2013como se sugiere en el propio texto que recoge la impugnaci\u00f3n extraordinaria\u2013 o emprendiendo otro proyecto comercial, en el que su expertice le otorgara ventajas. <\/p>\n
Pero sobre este punto la orfandad probatoria es absoluta, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que los estados financieros que se aportaron no arrojan mayores luces al respecto, pues reflejan la quiebra de Inversiones Lucol S.A., pero no explican las razones que la llevaron a esa situaci\u00f3n, lo cual era imprescindible, porque al referido estado de insolvencia puede llegarse por m\u00faltiples v\u00edas, algunas atribuibles a factores end\u00f3genos, y otras a variables ex\u00f3genas. Por ende, la relaci\u00f3n causal que se extra\u00f1a no puede deducirse simplemente de la merma en las ventas de la actora, como esta lo pretendi\u00f3 al sustentar su impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4.4.4. Contrario a lo que afirm\u00f3 la demandante, el tribunal nunca sostuvo que la experticia previamente analizada hubiera incurrido en errores al realizar las operaciones financieras de indexaci\u00f3n de valores, liquidaci\u00f3n de intereses simples y c\u00e1lculo de la \u00abprima de mercado\u00bb, sino que puso en evidencia que el perito economista fij\u00f3 su atenci\u00f3n en algunas p\u00e9rdidas \u2013las se\u00f1aladas por la actora\u2013 cuyo v\u00ednculo con la conducta de las demandadas se qued\u00f3 en el campo de lo hipot\u00e9tico. <\/p>\n
Por supuesto que el propio dictamen no puede suplir ese vac\u00edo, como tampoco lo hacen los testimonios y documentos mencionados en la sustentaci\u00f3n del cargo tercero, que nada dicen sobre el punto. Y siendo as\u00ed, queda descartado el yerro de juzgamiento que se aleg\u00f3, comoquiera que las evidencias que se relacionaron en desarrollo de esa censura no logran contraponerse al raciocinio del tribunal. Por ello, el tercer cargo no prospera. <\/p>\n
4.5. Conclusiones. <\/p>\n
Adem\u00e1s de algunas falencias formales, los cargos que se conjuntaron (primero, segundo y tercero) no lograron demostrar los yerros de juzgamiento que fueron denunciados. Por el contrario, qued\u00f3 evidenciado que (i) la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal armoniza con las pautas sustanciales que gobiernan este litigio, y (ii) la valoraci\u00f3n que dicha corporaci\u00f3n hiciera de las pruebas recaudadas, resulta coherente y razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 2 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que promovi\u00f3 Inversiones Lucol S.A. contra la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. e Inversiones Ingeoil S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayase por concepto de agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6.000.000). <\/p>\n
TERCERO. Rem\u00edtase la foliatura a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El principio de congruencia \u00abtiene extraordinaria importancia, (\u2026) pues se liga \u00edntimamente con el derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra \u00e9l o frente a \u00e9l se han formulado, por lo que la violaci\u00f3n de la congruencia implica la de aqu\u00e9l derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan l\u00f3gicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 50. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEn la naturaleza prevalecen conflictos de intereses irreconciliables. Los medios de subsistencia son escasos. La proliferaci\u00f3n tiende a superar la subsistencia. S\u00f3lo las plantas y los animales m\u00e1s aptos sobreviven. El antagonismo entre un animal que muere de hambre y otro que le arrebata el alimento es implacable. La cooperaci\u00f3n social bajo la divisi\u00f3n del trabajo elimina tales antagonismos. Sustituye la hostilidad por la asociaci\u00f3n y la mutualidad. Los miembros de la sociedad est\u00e1n unidos en una empresa com\u00fan. El t\u00e9rmino competencia, aplicado a las condiciones naturales, significa la rivalidad entre animales en b\u00fasqueda del imprescindible alimento. Podemos llamar a este fen\u00f3meno competencia biol\u00f3gica. La competencia biol\u00f3gica no debe confundirse con la competencia social, es decir, el esfuerzo de los individuos por alcanzar la posici\u00f3n m\u00e1s favorable en el sistema de cooperaci\u00f3n social. Como siempre habr\u00e1 posiciones que los hombres valoren m\u00e1s que otras, la gente se esforzar\u00e1 por ellas y tratar\u00e1 de superar a los rivales. De ah\u00ed\u0301 que no quepa imaginar tipo alguno de organizaci\u00f3n social dentro del cual no haya competencia\u00bb. (v. MISES, Ludwig. La acci\u00f3n humana. Uni\u00f3n Editorial, Madrid. 1980, p. 420-421). <\/p>\n
3\u0002 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Ed. Planeta, Buenos Aires. 2000, p. 43 <\/p>\n
4\u0002 \u00abSentencia C-909 de 2012 (…)\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
5\u0002 \u00abSentencia C-830 de 2010 (…)\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
6\u0002 \u00abBanco de la Rep\u00fablica. Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis econ\u00f3mico. El caso colombiano. Banco de la Rep\u00fablica, Siglo del Hombre, Bogot\u00e1, 1999, p\u00e1gina 41\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
7\u0002 Ley 3 de 1991, art\u00edculos 4 a 31. <\/p>\n
8\u0002 Decreto 274 de 2019, art\u00edculos 8 a 15. <\/p>\n
9\u0002 Ley de la propiedad industrial de 1994, art\u00edculo 213. <\/p>\n
10\u0002 Las litigantes convinieron que el contrato tuviera una duraci\u00f3n de dos a\u00f1os, prorrogables por per\u00edodos iguales, \u00absi ninguna de las partes da aviso por escrito a la otra de su voluntad de terminarlo, m\u00ednimo con sesenta (60) d\u00edas calendario de anticipaci\u00f3n al vencimiento\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 A cuyo tenor: \u00abTerpel se reserva la facultad de dar por terminado anticipadamente el presente contrato dando aviso de ello al distribuidor con treinta (30) d\u00edas calendario de anticipaci\u00f3n sin que por ello haya lugar al pago de suma alguna o indemnizaci\u00f3n\u00bb (f. 245, c. 1). <\/p>\n
13\u0002 Recu\u00e9rdese que los razonamientos de raigambre probatoria no pueden combatirse a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n (art\u00edculo 344-2, C\u00f3digo General del Proceso). De ah\u00ed que lo atinente a la falta de prueba del perjuicio se haya abordado en un cargo independiente \u2013el tercero\u2013, fincado en la infracci\u00f3n indirecta de la norma sustancial. <\/p>\n
14\u0002 Como lo explica Alessandri, \u00abel problema [de la opci\u00f3n de responsabilidades] no significa que el acreedor de una obligaci\u00f3n contractual, cuasicontractual o legal pueda acumular ambas responsabilidades y demandar una doble indemnizaci\u00f3n. No puede hacerlo; habr\u00eda para \u00e9l un enriquecimiento sin causa\u00bb (ALESSANDRI, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Ed. Imprenta Universitaria, Santiago. 1943, p. 80 <\/p>\n
15\u0002 Art\u00edculo 1, Ley 256 de 1996: \u00abSin perjuicio de otras formas de protecci\u00f3n, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia econ\u00f3mica, mediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 10 bis del Convenio de Par\u00eds, aprobado mediante Ley 178 de 1994\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 \u00abEn general cuando se ha contra\u00eddo por muchas personas o para con muchas la obligaci\u00f3n de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, s\u00f3lo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 \u00ab no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse demorado su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 \u00abSPOTA, A.G. Instituciones de Derecho Civil. Contratos. T. III. P\u00e1g. 516\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
19\u0002 \u00abCfme: Isaac HALPERIN. Seguros. Depalma. Buenos Aires. 1983. Vol. 1. P\u00e1g. 368 y A. Faure Rochex y G. Courtieu. Le Droit du contract d\u2019assurance terrestre. L.G.D.J. Par\u00eds. 1998. P\u00e1g. 171\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
20\u0002 Cfr., entre otras, CSJ SC5851-2014, 13 may. <\/p>\n
21\u0002 Cfr. BARROS, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Ed. Jur\u00eddica de Chile, Santiago. 2009, pp. 1055-1066. <\/p>\n
22\u0002 Sentencia de 27 de septiembre de 2017, transcrita por la recurrente a folio 21 de su demanda de sustentaci\u00f3n (f. 50, c. Corte). <\/p>\n
23\u0002 F. 1191, cdno. 1. <\/p>\n
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SC3907-2021 (2011-00181-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3907-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-027-2011-00181-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso Inversiones Lucol S.A. frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2019, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}