SC3918-2021 (2008-00106-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3918-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-033-2008-00106-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda. promovi\u00f3 contra la Empresa Brasilera de Aeron\u00e1utica S.A. \u00abEmbraer\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3, en forma principal, declarar que desde el 5 de septiembre de 1997 celebr\u00f3 con Embraer contrato de agencia mercantil, el cual tuvo por objeto la venta de los aviones fabricados por esta, as\u00ed como sus repuestos; que tal convenio no culmin\u00f3 en septiembre de 1998 pues perdur\u00f3 con posterioridad al a\u00f1o 2004; que la agente tiene derecho a recibir la comisi\u00f3n derivada de la venta que en diciembre de 2004 hizo la enjuiciada al Ministerio de Defensa de Colombia de \u00ab16\u00bb aviones S\u00faper Tucano, regal\u00eda que asciende al 3% del valor \u00abflay away factory\u00bb de las aeronaves, esto es, 7\u2019020.000 d\u00f3lares, los cuales deber\u00e1n ser pagados a la tasa representativa del mercado en la fecha en la cual el estado colombiano adquiri\u00f3 los aviones, indexada hasta la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda y con intereses moratorios de all\u00ed en adelante, o la suma que resulte probada en el proceso. <\/p>\n
En subsidio, la promotora deprec\u00f3 disponer que a partir del 6 de septiembre de 1998, o en la \u00e9poca que se demuestre en el juicio, constituy\u00f3 con Embraer agencia comercial de hecho que tuvo por objeto promocionar los aviones fabricados por esta; que en desarrollo de dicho acuerdo se dio la venta que en diciembre de 2004 realiz\u00f3 de \u00ab24\u00bb aviones S\u00faper Tucano al Ministerio de Defensa de Colombia; y que se condene a la convocada al pago de la comisi\u00f3n, utilidad o regal\u00eda en la cuant\u00eda que se acredite en el juicio, indexada desde la fecha de su causaci\u00f3n hasta la de presentaci\u00f3n de la demanda y con intereses moratorios a partir de \u00e9sta \u00e9poca. <\/p>\n
En defecto de las anteriores s\u00faplicas pidi\u00f3 la reclamante proclamar que, desde septiembre de 1997 o la fecha que se demuestre en el tr\u00e1mite judicial, ajust\u00f3 contrato de corretaje con la accionada, para la venta de aviones Tucano y S\u00faper Tucano a la Fuerza A\u00e9rea de Colombia; que la corredora cumpli\u00f3 ese acuerdo de voluntades al poner en contacto a la demandada con el Ministerio de Defensa Nacional para la celebraci\u00f3n de la venta de aviones S\u00faper Tucano, que a la postre fue concretada en diciembre de 2004 por valor de 234\u2019000.000 de d\u00f3lares; condenar a la procesada al pago de la comisi\u00f3n, indexada desde la fecha de su causaci\u00f3n hasta la de presentaci\u00f3n de la demanda y con intereses moratorios a partir de este momento. <\/p>\n
2. De otro lado, suplic\u00f3 la accionante declarar que ella y Embraer celebraron otro contrato de agencia comercial desde el a\u00f1o 1998, o desde la fecha que se pruebe en el rito, tendiente a la promoci\u00f3n de los repuestos y servicios suministrados por la demandada para aviones EMB-312 Tucano y EMB-120 Bandeirante de propiedad de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana; que tras la terminaci\u00f3n unilateral de dicho convenio realizada por Embraer, a partir del 17 de marzo de 2007, debe cancelar a la agente la cesant\u00eda comercial prevista en el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, que asciende a 120.000 d\u00f3lares, o la que se acredite en el rito. <\/p>\n
3. Tales pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico, en resumen, el siguiente: <\/p>\n
3.1. En 1998 Embraer celebr\u00f3 con Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda. contrato de agencia mercantil, para que esta promoviera la venta de repuestos y servicios para las aeronaves EMB-312 Tucano y EMB-110 Bandeirante de propiedad de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, pact\u00e1ndose que la remuneraci\u00f3n del agente ser\u00eda del 8% del valor \u00abfree carier inconterms 1990\u00bb en Sao Paulo o Sao Jos\u00e9 dos Campos respecto de los repuestos o servicios vendidos; mandato que acat\u00f3 la accionante con sus recursos, personal y en beneficio de la agenciada, al punto que esta le factur\u00f3 a la FAC \u00abmiles de d\u00f3lares\u00bb, por lo cuales la agente recibi\u00f3 sus respectivas comisiones. <\/p>\n
Sin embargo, a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n de 22 de agosto de 2006, Embraer finiquit\u00f3 esa agencia mercantil con efectos desde el 17 de marzo de 2007, por lo cual la accionante tiene derecho a la cesant\u00eda prevista en el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con la venta de aviones, relat\u00f3 la peticionaria que en \u00ab1988\u00bb celebr\u00f3 con Embraer pacto para la promoci\u00f3n de aeronaves EMB-312 Tucano con destino a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, el cual fue renovado en 1997 mediante comunicaci\u00f3n que tambi\u00e9n adicion\u00f3 su campo de acci\u00f3n a los aviones EMB-314 S\u00faper Tucano, y consagr\u00f3 vigencia de 12 meses prorrogables de forma autom\u00e1tica por periodos iguales, salvo que una de las partes lo diera por terminado por escrito con 30 d\u00edas de antelaci\u00f3n; as\u00ed mismo mediante documento denominado \u00abcontrato de servicios\u00bb fue extendido ese acuerdo a la promoci\u00f3n de aviones para la Sociedad Aeron\u00e1utica de Medell\u00edn S.A. \u00abSAM\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que Embraer ces\u00f3 dicho contrato con misiva de 3 de agosto de 1998, recibido el 7 del mismo mes, y con alcances a partir del 5 de septiembre siguiente. <\/p>\n
Sin embargo, de acuerdo con manifestaciones verbales de funcionarios de la agenciada, la decisi\u00f3n de terminar el v\u00ednculo s\u00f3lo ten\u00eda efectos formales pues la intenci\u00f3n de Embraer era estandarizar sus contratos de agencia comercial en todo el mundo, de donde Importaciones, Exportaciones y Representaciones seguir\u00eda siendo el agente en territorio colombiano, por lo que una vez elaborado el nuevo acuerdo le ser\u00eda remitido para suscripci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente adujo la accionante que su labor continu\u00f3, al punto que remiti\u00f3 diversas comunicaciones a Embraer report\u00e1ndole los frentes de trabajo que ven\u00eda desarrollando en empresas como Sam, Aires, Aces y el estamento militar colombiano, actividades respecto de las cuales recibi\u00f3 respuestas de Embraer como la fechada 22 de septiembre de 1999, en la cual se le pidi\u00f3 entregar un documento al Ministerio de Defensa Nacional, otra de la misma data, con la que Embraer notifica a tal cartera ministerial la decisi\u00f3n de abstenerse de participar en una licitaci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Por su parte, la demandante RLA envi\u00f3 mensajes escritos a Embraer como el de 12 de noviembre de 1999 \u00aben torno a modificaciones sugeridas al ministro de defensa\u00bb, una invitaci\u00f3n de igual fecha para participar en el patrocinio de un futuro libro; y el 10 de noviembre de 1999 un informe de cierre de a\u00f1o relativo a los negocios con la FAC. <\/p>\n
Estos avisos, a\u00f1adi\u00f3 la accionante, denotan que, con el consentimiento de Embraer, sigui\u00f3 ejecutando la labor de intermediaci\u00f3n para promover la venta de sus aviones a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y a otras entidades interesadas, seg\u00fan dan cuenta, adem\u00e1s, las misivas de 4 y 16 de mayo de 2001, enviadas por la demandante RLA a Embraer d\u00e1ndole parte de sus contactos con Avianca y Satena, en su orden; nuevas notas del 28 de junio y 14 de septiembre de 2001 remitidas por RLA, entre otras, con las que reportaba las \u00faltimas noticias acerca de la intenci\u00f3n del estado colombiano de adquirir aviones de combate; y recibi\u00f3 respuestas de la demandada como la de 2 de julio de 2001, lo cual evidencia la intenci\u00f3n de continuar con la intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que la secuencia de sus actividades de intermediaci\u00f3n lleg\u00f3 al punto que la Fuerza A\u00e9rea Colombiana identific\u00f3 a RLA como representante de Embraer en Colombia, ya que le enviaba las cartas con las cuales requer\u00eda informaci\u00f3n que deb\u00eda suministrar la demandada sobre la contrataci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
4. Una vez vinculada al pleito, Embraer se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u00abRLA no tiene derecho a reclamar el pago de comisiones por la venta de aviones S\u00faper Tucano al Ministerio de Defensa de la Rep\u00fablica de Colombia en diciembre de 2005\u00bb, \u00abinexistencia de un contrato de agencia comercial entre Embraer y RLA para la promoci\u00f3n y venta de aviones despu\u00e9s de septiembre de 1998\u00bb, \u00abinexistencia de una agencia comercial de hecho entre Embraer y RLA\u00bb, \u00abinexistencia de un contrato de corretaje entre Embraer y RLA para la venta de aviones Tucano y S\u00faper Tucano de Embraer a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u00bb y \u00abPrescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, una vez agotadas las fases del juicio, con sentencia de 29 de septiembre de 2014 neg\u00f3 las pretensiones al declarar fundadas las excepciones de \u00abinexistencia de un contrato de agencia comercial entre Embraer y RLA para la promoci\u00f3n y venta de aviones despu\u00e9s de septiembre de 1998\u00bb, \u00abinexistencia de una agencia comercial de hecho entre Embraer y RLA\u00bb e \u00abinexistencia de un contrato de corretaje entre Embraer y RLA para la venta de aviones Tucano y S\u00faper Tucano de Embraer a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana\u00bb. <\/p>\n
6. Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la promotora, con prove\u00eddo de 28 de abril de 2016 el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n y la adicion\u00f3 para reconocer la existencia del contrato de agencia comercial celebrado entre las partes para la promoci\u00f3n de repuestos y servicios de soporte entre el a\u00f1o 1988 y el 17 de marzo de 2007, pero absolvi\u00f3 a la convocada del pago de la cesant\u00eda comercial pedida respecto de este convenio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente record\u00f3 la regulaci\u00f3n de los contratos de agencia comercial y corretaje, as\u00ed como los presupuestos concurrentes para que se configure cada uno. <\/p>\n
2. Seguidamente se ubic\u00f3 en el primero de ellos coligiendo, con base en las comunicaciones VPM-020 y VPM-021 de 1997, que a pesar de acreditar la autorizaci\u00f3n extendida por Embraer a la demandante para promocionar la venta de aeronaves EMB-312 Tucano y EMB-314 S\u00faper Tucano con destino a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, por el lapso de 12 meses, no se configur\u00f3 el contrato de agencia mercantil pues se trat\u00f3 de un encargo dirigido a un s\u00f3lo cliente, mas no general para impulsar los negocios del agenciado, y la tipicidad de la modalidad contractual bajo estudio excluye los encargos ocasionales, espor\u00e1dicos o eventuales. <\/p>\n
Tras descartar pacto expreso entre los contendientes acerca de la agencia comercial alegada, el juzgador de segunda instancia fij\u00f3 su an\u00e1lisis en la intenci\u00f3n de estos durante el a\u00f1o para el cual fue conferida la autorizaci\u00f3n citada, encontrando tres acuerdos fechados 26 de septiembre de 1997 a favor de RLA para que gestionara la venta de aviones a SAM S.A., Avianca S.A. y Aires S.A., as\u00ed como el informe de 19 de agosto de 1998 remitido por la demandante a la enjuiciada respecto de tal gesti\u00f3n y la desplegada ante la FAC, documentos de los cuales concluy\u00f3 que el segundo contrato no pod\u00eda ser valorado por ausencia de traducci\u00f3n al idioma castellano; los dos restantes fueron suscritos por Embraer Aircraft Corporation pero no por la reclamante, sin que se acreditara que esta fuera filial de la Empresa Brasilera de Aeron\u00e1utica S.A. \u00abEmbraer\u00bb; y que la \u00faltima comunicaci\u00f3n comporta una declaraci\u00f3n unilateral, adem\u00e1s ce\u00f1ida a la referida autorizaci\u00f3n que previamente hab\u00eda expedido Embraer. <\/p>\n
Por ende, extract\u00f3 el tribunal, el desenvolvimiento contractual tampoco demuestra intenci\u00f3n de las partes de atarse mediante contrato de agencia comercial, conclusi\u00f3n que no se desvanece con el interrogatorio absuelto por la accionada ni el testimonio de Geraldo Cardoso, pues no desvirt\u00faan los anteriores documentos. <\/p>\n
3. La misma suerte desestimatoria corri\u00f3 la agencia mercantil de hecho suplicada, por la inexistencia de elementos probatorios que la pusieran al descubierto, ya que los documentos allegados s\u00f3lo dejaron ver manifestaciones unilaterales de la reclamante, ajenas a dicho contrato y que no obtuvieron respuesta; porque despu\u00e9s del 5 de septiembre de 1998 -fecha en la cual Embraer finiquit\u00f3 la autorizaci\u00f3n que hab\u00eda otorgado a RLA- aquella empresa s\u00f3lo envi\u00f3 tres comunicaciones a \u00e9sta solicit\u00e1ndole, en la primera, radicar en el Ministerio de Defensa Nacional la declinaci\u00f3n para participar en la licitaci\u00f3n n\u00ba 001 de 1999; la segunda, suscrita por persona ajena a Embraer, indica que no era momento de reclamar participaci\u00f3n por la eventual compra de aviones Tucano; y en la tercera le record\u00f3 que carec\u00eda de autorizaci\u00f3n para promover la enajenaci\u00f3n de las aeronaves S\u00faper Tucano, as\u00ed como que no intervino en la realizada a la cartera ministerial aludida por lo que no pod\u00eda reclamar comisi\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. En cuanto ata\u00f1e al corretaje deprecado, el fallo se\u00f1al\u00f3 que las comunicaciones VPM-020 y VPM-021 de 1997 demuestran la autorizaci\u00f3n extendida por Embraer a la demandante para promocionar la venta de aeronaves EMB-312 Tucano y EMB-314 S\u00faper Tucano con destino a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana. Sin embargo, con misiva VPM-074 de 1998 fue terminado dicho permiso, con efectos a partir del 5 de septiembre de 1998. <\/p>\n
Y a pesar de que la demandante manifest\u00f3 estar autorizada verbalmente para continuar con ese encargo, tal afirmaci\u00f3n no fue probada porque las tres comunicaciones mencionadas en el numeral inmediatamente anterior nada aportan en ese sentido, seg\u00fan el contenido de cada una. <\/p>\n
De otro lado, Embraer no acept\u00f3 t\u00e1citamente la labor que desarroll\u00f3 RLA, porque omiti\u00f3 responder las manifestaciones e informes que esta le remiti\u00f3 respecto del inter\u00e9s de la FAC por adquirir las naves brasileras, contenidos en fax Lat. 515\/99, fax Lat 173\/2001, fax Lat 187\/2001, fax Lat 332\/2001, fax Lat 377\/2001, fax Lat 044\/2002, fax Lat 066\/2002, fax Lat 439\/2001, y en los escritos ODG016\/2004, ODG039\/2004 y ODG258\/2004; adem\u00e1s dicho silencio no basta para tal prop\u00f3sito porque son necesarios actos materiales que denoten la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita; y no pueden tenerse en cuenta los dem\u00e1s documentos allegados con el escrito de reforma a la demanda e invocados en la apelaci\u00f3n de la demandante, en tanto dicho libelo fue rechazado. <\/p>\n
Tampoco se prob\u00f3 que en diciembre de 2004 se hubiera perfeccionado la venta de los aviones S\u00faper Tucano entre Embraer y la FAC, como se asever\u00f3 en la demanda, para habilitar la retribuci\u00f3n deprecada, porque la prueba allegada en la \u00faltima instancia, tras decreto del fallador ad-quem, da cuenta de un contrato distinto, celebrado en diciembre de 2005. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la convenci\u00f3n de agencia mercantil para la venta de repuestos y servicios, la comunicaci\u00f3n VPM-031 de 1999 acredita ese permiso respecto de los aviones EMB-312 Tucano y EMB-110 Bandeirante de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, cuyos t\u00e9rminos est\u00e1n contenidos en la carta VPM-032 de 1999; mandato que fue desarrollado hasta el 18 de marzo de 2007 con ocasi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n VPD-118 de 2006 que as\u00ed los dispuso, lo cual deja ver que s\u00ed existi\u00f3 este acuerdo de voluntades entre los litigantes. <\/p>\n
No obstante, la falta de prueba de la venta de repuestos y servicios impide concretar condena alguna por concepto de cesant\u00eda comercial. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora plante\u00f3 siete cargos, uno invocando la vulneraci\u00f3n directa de la ley sustancial, tres por la v\u00eda indirecta, y otros tres alegando yerros que aluden las causales tercera, cuarta y quinta de casaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como quiera que en las censuras fundadas en las causales tercera y quinta de casaci\u00f3n se aducen supuestos vicios de actividad no detectados en la providencia auscultada, por ellas iniciar\u00e1 el estudio la Corte, por ser el orden l\u00f3gico, en la medida en que es de rigor despachar primero los embates que imputan al Tribunal errores in procedendo, en tanto la adopci\u00f3n de la sentencia de instancia exig\u00eda la ausencia de vicios, no s\u00f3lo en la conformaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, tambi\u00e9n en el procedimiento adelantado. <\/p>\n
Agotado el anterior estudio, se proseguir\u00e1 con el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s cargos, los cuales aducen que el fallo fustigado incurri\u00f3 en yerros de juzgamiento, uno por conculcar el principio constitucional de la no reformatio in pejus1 y los cuatro restantes por vulnerar la ley sustancial, por v\u00eda recta y por la senda indirecta. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con base en la tercera causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acusa al fallo de \u00faltima instancia de incongruente porque el tribunal se pronunci\u00f3 sobre aspectos que no fueron objeto de la censura que plante\u00f3 la demandante, como apelante exclusiva. <\/p>\n
Para desarrollar tal reproche la inconforme indic\u00f3 que el juzgado a-quo concluy\u00f3 acreditada la relaci\u00f3n de corretaje ajustada entre las partes durante los a\u00f1os 1999 a 2004, as\u00ed como las gestiones que realiz\u00f3 RLA para que Embraer y la Fuerza A\u00e9rea Colombiana celebraran el contrato de venta de los aviones S\u00faper Tucano, pero neg\u00f3 la pretensi\u00f3n porque no fue acreditada la celebraci\u00f3n del contrato de venta de las aeronaves. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que este \u00faltimo aspecto fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n que inco\u00f3 contra la sentencia del despacho judicial de primera instancia, en condici\u00f3n de \u00fanica recurrente, mas no aquellos pues la favorec\u00edan, siendo, por ende, vedado para el tribunal analizar si se produjo o no el encargo, el lapso en que transcurri\u00f3, ni las gestiones realizadas por la accionante. <\/p>\n
Sin embargo y desbordando el objeto de la alzada, la providencia de segunda instancia estudi\u00f3 situaciones f\u00e1cticas ajenas al debate que se le plante\u00f3, al colegir que en el expediente estaba ausente la prueba de que el encargo hecho por Embraer a RLA en 1997 se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 5 de septiembre de 1998 o de que aquella entidad, en esta \u00e9poca, t\u00e1citamente acept\u00f3 las gestiones desplegadas por la reclamante. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 se\u00f1alando que este exceso del tribunal torn\u00f3 incongruente su providencia, por contrariar el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula el \u00e1mbito sobre el cual debe pronunciarse el fallador de segunda instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 305 de este estatuto procesal civil, equivalente al actual 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende que al juzgador le est\u00e1 vedado imponer condena que supere las s\u00faplicas del reclamante, pronunciarse sobre objeto distinto al delimitado por los contendores o por causa diferente a la invocada por ellos, al paso que est\u00e1 obligado a resolver los que s\u00ed fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades oficiosas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto la Sala ha decantado: <\/p>\n
(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Al respecto la Sala en SC de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precis\u00f3 que (\u2026) validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisi\u00f3n, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de \u00e9stas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideraci\u00f3n, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 como (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304). <\/p>\n
Como regla de principio, no incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las s\u00faplicas de la demanda, porque tal decisi\u00f3n repele cualquier exceso u omisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n del debate, habida cuenta que \u00ab(e)ste motivo de impugnaci\u00f3n, en principio, es ajeno a los fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan una soluci\u00f3n \u00edntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicci\u00f3n por el s\u00f3lo hecho de que el reclamante insista en un prop\u00f3sito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.\u00bb (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01). <\/p>\n
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte al considerar: <\/p>\n
(\u2026) en el caso de que la decisi\u00f3n absolutoria sea el producto de un desv\u00edo considerable de los hechos consignados en el libelo o haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los l\u00edmites all\u00ed trazados al elaborar una interpretaci\u00f3n personal del asunto, que dista del querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto que puede ser objeto de revisi\u00f3n. Lo que tambi\u00e9n ocurre si se tienen por probadas, de oficio, las defensas que omiti\u00f3 plantear el opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo, como sucede con la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098). <\/p>\n
Por lo tanto, para la prosperidad de la causal segunda prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy numeral tercero del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es menester que el recurrente demuestre un exabrupto palpable entre lo narrado y exigido en la demanda, as\u00ed como lo planteado en las defensas del oponente, frente a lo que aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto c\u00f3mo lo decidido es extra\u00f1o al debate. <\/p>\n
3. Otra modalidad de incongruencia corresponde al exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelaci\u00f3n desbordando los temas objeto de la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, se trata de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum consagrado en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 328 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla.\u00bb <\/p>\n
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de la impugnaci\u00f3n interpuesta por un apelante \u00fanico est\u00e1n restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por este, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le est\u00e1 vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante \u00e9l. <\/p>\n
Sobre esto la Sala razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEsta limitaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un principio general del derecho procesal, seg\u00fan el cual el juez que conoce de un recurso est\u00e1 circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no est\u00e1 facultado para despojar al apelante \u00fanico del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugn\u00f3 un extremo del litigio que le desfavoreci\u00f3. De este modo, lo que no es materia de impugnaci\u00f3n se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados.\u00bb (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126). <\/p>\n
En la misma providencia esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLuego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso (pretensi\u00f3n impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocaci\u00f3n del derecho sustancial controvertido.\u00bb <\/p>\n
4. Sin embargo, la Corte colige impr\u00f3spero el cargo bajo estudio, en tanto no es absoluta la restricci\u00f3n dirigida al juzgador de segundo grado tendiente a que evite pronunciarse sobre materias no expuestas en la impugnaci\u00f3n sometida a su conocimiento, porque el veredicto en tal sentido denota el cumplimiento de su deber de promulgar el derecho debatido, lo que, por contera, evidencia que se trata de una potestad intr\u00ednseca al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la resoluci\u00f3n de este mecanismo de defensa trae impl\u00edcitos, adem\u00e1s de los reproches incoados por los recurrentes, otros de forzoso pronunciamiento, tal cual lo revela el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. (Destacado ajeno). <\/p>\n
En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el juzgador ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el demandante, accediendo o neg\u00e1ndolo, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos por el reo o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente en v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado. <\/p>\n
La Corte sobre el punto tiene decantado, aunque en pronunciamiento que refer\u00eda a la legitimaci\u00f3n de las partes pero que guarda simetr\u00eda con el presente, que \u00abcuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada.\u00bb (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
5. En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la pretensi\u00f3n radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Prevalida del quinto motivo de casaci\u00f3n, la recurrente aleg\u00f3 que el fallo del tribunal est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia funcional, en la medida en que el juzgador colegiado resolvi\u00f3 puntos extra\u00f1os a los alegados contra la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En sustento de este reproche la impugnante reiter\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que relat\u00f3 en el cargo inmediatamente anterior, jurisprudencia superada de esta Corporaci\u00f3n y concluy\u00f3 que el proceder de su juzgador final se enmarca dentro de la preceptiva plasmada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual el vicio aludido no afecta el tr\u00e1mite del proceso, pero s\u00ed el fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La \u00faltima causal de casaci\u00f3n se configura, necesariamente, cuando ocurre alguna de las causales de nulidad previstas de manera taxativa en el ordenamiento adjetivo y bajo la condici\u00f3n de que no se haya convalidado, expresa o t\u00e1citamente. <\/p>\n
Sobre el punto la Corte ha dicho que s\u00f3lo la que genera un grave traumatismo para el pleito por su importancia, expresa consagraci\u00f3n legal y ausencia de correcci\u00f3n, justifica que se ordene la repetici\u00f3n de una o varias etapas que ya se encuentran superadas. <\/p>\n
En efecto, en sentencia de 5 de diciembre de 2008, rad. 1999-02197-01, reiterada el 20 de agosto de 2013, rad. 2003-00716-01, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
[L]a procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el art\u00edculo 140 del C. de P. C., supone las siguientes condiciones: \u2018a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo 140; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u2019. <\/p>\n
2. Con base en las anteriores premisas la Sala colige infructuoso el presente reproche, en raz\u00f3n a que no se funda en ning\u00fan motivo de invalidaci\u00f3n del rito regulado en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues se erige, al tenor del escrito casacional, en el canon 138 de esta compilaci\u00f3n legal, el cual consagra los efectos de la declaratoria de nulidad del tr\u00e1mite, mas no -se itera- una causal para proceder a la referida anulaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, este precepto regula que \u00ab[c]uando se declare la falta de jurisdicci\u00f3n, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, \u00e9sta se invalidar\u00e1.\u00bb <\/p>\n
Se desprende de la norma transcrita, por ende, la consagraci\u00f3n de las secuelas producto de la invalidaci\u00f3n que respecto del juicio o una parte de este declara el funcionario judicial, pero en manera alguna all\u00ed se consagr\u00f3 un motivo para proceder a dicha abolici\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora, sobre la nulidad por ausencia de competencia funcional, mencionada en el cargo bajo estudio, esta Corte tiene sentado que: <\/p>\n
Como bien se sabe, para la distribuci\u00f3n de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideraci\u00f3n a estadios procesales. Sin duda alguna, la noci\u00f3n distintiva entre jueces a quo y ad quem, nace de la aplicaci\u00f3n de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles est\u00e1, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, seg\u00fan el cual al superior jer\u00e1rquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores\u2026 <\/p>\n
\u2026ese conocimiento del \u2018superior\u2019, juez de segunda instancia, surge con ocasi\u00f3n de la presencia de las condiciones que el legislador ha establecido para la adquisici\u00f3n de esa competencia (funcional); exigencias que no son otras distintas a las se\u00f1aladas por los arts. 351 y 352 ib\u00eddem, como requisitos para la concesi\u00f3n y admisibilidad del recurso de apelaci\u00f3n, a los cuales deben aunarse los generales para todo recurso, siendo en su totalidad los siguientes: a) que la providencia sea apelable; b) que el apelante se encuentre procesalmente legitimado para recurrir; c) que la providencia impugnada cause perjuicio al recurrente, por cuanto le fue total o parcialmente desfavorable, y d) que el recurso se interponga en la oportunidad se\u00f1alada por la ley, consultando las formas por ella misma establecidas. (CSJ SC 22 sep. 2000, rad. 5362). <\/p>\n
En este orden, el concepto de competencia funcional alude a la distribuci\u00f3n de los procesos entre jueces de primera instancia, de segunda y la Corte de Casaci\u00f3n, respecto de lo cual se tiene dicho que \u00ab[e]n virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aqu\u00ed interesa, el legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n.\u00bb (CSJ SC de 26 jun. 2003, rad. 7258). <\/p>\n
Tal cual brota de los anteriores conceptos, para esclarecer si ocurri\u00f3 el vicio de nulidad por falta de competencia funcional basta con escudri\u00f1ar si el funcionario conocedor de la impugnaci\u00f3n es el asignado legalmente para desatarla, es decir, el instituido conforme al ordenamiento procesal para dictar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Por ende, cuando el juzgador asume el estudio de temas ajenos a los expuestos por el apelante no incurre en el vicio de nulidad por falta de competencia funcional, porque se trata de un aspecto de la contienda extra\u00f1o a tal atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, son institutos procesales dis\u00edmiles la competencia funcional del funcionario judicial de segunda instancia para conocer de un determinado litigio, y la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum que prev\u00e9 las potestades de que \u00e9l est\u00e1 investido al momento de dictar la sentencia de cara a las alegaciones expuestas en el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que sobre esta conducta esta Corporaci\u00f3n tiene se\u00f1alado que la causal de nulidad \u00abno puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia\u00bb. (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126). <\/p>\n
4. Por consecuencia, la acusaci\u00f3n est\u00e1 conminada al fracaso pues el pronunciamiento del fallador de segunda instancia, sobre aspectos diferentes a los alegados por el recurrente en apelaci\u00f3n, no constituye vicio de nulidad previsto en el ordenamiento adjetivo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como anot\u00f3 la Corte en el cargo inmediatamente anterior, ese proceder ni siquiera comporta exceso, en la medida en que en el sub lite el juzgador de \u00faltima instancia s\u00f3lo acometi\u00f3 el an\u00e1lisis de los presupuestos de la pretensi\u00f3n reclamada, en cumplimiento de su deber de promulgar el derecho debatido, como potestad intr\u00ednseca al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Lo dicho impone concluir que el ataque no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal cuarta de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acusa al fallo del tribunal de hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la apelante \u00fanica, en contravenci\u00f3n de los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 328 de aquella obra y 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En apoyo a tal censura la recurrente aduce que, en cuanto ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n subsidiaria a trav\u00e9s de la cual deprec\u00f3 reconocer que las partes celebraron un contrato de corretaje, el fallador de primera instancia concluy\u00f3 acreditada tal relaci\u00f3n entre los a\u00f1os 1999 a 2004, as\u00ed como las gestiones que realiz\u00f3 RLA para que Embraer y la Fuerza A\u00e9rea Colombiana celebraran el contrato de venta de los aviones S\u00faper Tucano. <\/p>\n
Se trataba, agreg\u00f3, de aspectos pac\u00edficos que la favorec\u00edan, como \u00fanica recurrente en apelaci\u00f3n, por lo cual eran intangibles para el juzgador de segundo grado, quien s\u00f3lo deb\u00eda examinar el presupuesto echado de menos por el fallador a-quo para acceder a la aludida pretensi\u00f3n subsidiaria, esto es, la celebraci\u00f3n del contrato de venta de las aeronaves. <\/p>\n
Sin embargo, el juzgador ad-quem volvi\u00f3 a ocuparse de aquellas particularidades al colegir que en el expediente estaba ausente la prueba de que el encargo hecho por Embraer a RLA en 1997 se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 5 de septiembre de 1998 o que aquella entidad, en esta \u00e9poca, t\u00e1citamente hubiera aceptado las gestiones desplegadas por la reclamante. <\/p>\n
Por ende, el fallo conculc\u00f3 innecesariamente la prohibici\u00f3n de la no reformatio in pejus, m\u00e1xime cuando el apelante no pod\u00eda combatir conclusiones que le favorecieron pues este proceder carecer\u00eda de sentido, y sin que el yerro pueda calificarse de vano por no estar reflejado en el ac\u00e1pite resolutivo de la sentencia, en raz\u00f3n a que dicho prove\u00eddo debe ser observado armoniz\u00e1ndolo con su parte motiva, como lo tiene sentado la doctrina. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, culmin\u00f3 la recurrente, el mandato legal y constitucional que proh\u00edbe al fallador de segundo grado reformar la sentencia apelada, tambi\u00e9n debe aplicarse respecto de los considerandos de dicha decisi\u00f3n, salvo que se trate de aspectos necesarios de alteraci\u00f3n desde el punto de vista l\u00f3gico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El derecho procesal patrio, en cuanto alude al ordenamiento que rige los conflictos entre particulares, se caracteriza por ser dispositivo, muestra de lo cual es, entre otras, que la actividad del juzgador de segunda instancia es limitada, porque as\u00ed lo regulaba el inciso inicial del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al se\u00f1alar que \u00abla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla…\u00bb <\/p>\n
Pues bien, la doctrina de esta Corte tiene sentado de anta\u00f1o -en pronunciamientos que guardan vigencia- que se conculca el principio de la no reformatio in pejus, que proh\u00edbe modificar la providencia en contra del \u00fanico recurrente, cuando concurren las siguientes exigencias: \u00aba) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n.\u00bb (CSJ SC 165 de 2000, rad. 5405; reiterada en SC de 5 jul. 2011, rad. 2000-00183-01 y SC de 14 dic. 2011, rad. 2001-01489-01, entre otras). <\/p>\n
Por ende, con el fin de establecer si un prove\u00eddo de segunda instancia transgredi\u00f3 la regla fundamental de marras, primordial resulta fijar la mirada en su parte resolutiva, en tanto de dicho ac\u00e1pite debe extraerse cu\u00e1l interviniente result\u00f3 vencido en el litigio y si la derrota fue total o parcial. <\/p>\n
Para este prop\u00f3sito irrelevante es centrar la atenci\u00f3n en la motivaci\u00f3n de la sentencia, pues una derrota total no var\u00eda porque se haga con un razonamiento o con otro, en raz\u00f3n a que, al fin y al cabo, en ambos eventos se est\u00e1 ante un fracaso \u00edntegro. <\/p>\n
Efectivamente, el agravio prohibido debe buscarse en la parte resolutiva del fallo, aspecto sobre el cual ha destacado la Sala que es all\u00ed \u00ab\u2018donde debe buscarse el desbordamiento de la limitaci\u00f3n que impide al juzgador hacer m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n del \u00fanico apelante, y no en su parte expositiva (\u2026)\u2019 y \u2018(\u2026) si en dicho pronunciamiento se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad-quem lo all\u00ed resuelto, sin variaci\u00f3n, no hay manera de afirmar que hizo m\u00e1s dif\u00edcil, para el apelante, la situaci\u00f3n establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusaci\u00f3n por esa causa\u2019.\u00bb (CSJ SC de 4 may. 2005, rad. 2000-00052-01; SC de 14 dic. 2006, rad. 2000-00194-01; SC12024 de 2015, rad. 2009-00387-01, entre otras). <\/p>\n
2. Lo dicho traduce que en el sub judice no se configur\u00f3 la transgresi\u00f3n alegada en el cargo bajo estudio, en la medida en que la sentencia de primera instancia desestim\u00f3 en su totalidad las pretensiones de la demandante dirigidas a la declaratoria de existencia de un contrato de corretaje ajustado con la convocada, lo que confirm\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
Por lo tanto, esta resoluci\u00f3n no hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n que habr\u00eda proclamado el juzgador de primer grado, lo que revela, sin m\u00e1s, lo infundado del cargo bajo estudio por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
1. Fundada en el segundo motivo de casaci\u00f3n regulado en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante endilg\u00f3 al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 822, 824, 854, 870 a 871, 1340 a 1341, 1344 del C\u00f3digo de Comercio, 1506, 1546, 1602 a 1603, 1618, 1622 inciso final, 1626 y 1627 inciso final del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de derecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, infringiendo de por medio las normas 167, 174 a 177, 187, 208 inciso 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. En apoyo del reproche afirm\u00f3 que no fueron valoradas en conjunto, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 187 de esta obra, las siguientes pruebas que acreditan el contrato de corretaje descrito en la demanda: <\/p>\n
2.1. Las comunicaciones, enviadas por la accionante a la enjuiciada, ODG-080 de 19 de agosto de 1998, contentiva del informe respecto de la gesti\u00f3n desplegada ante entidades como la FAC, Aires y Sam en el primer semestre de ese a\u00f1o; fax LAT 732 de 6 de agosto de 1998, fax LAT 703 de 23 de septiembre de 1998, con los cuales se pretend\u00eda concretar una reuni\u00f3n con la FAC; fax LAT 515 de 1999, contentivo de informaci\u00f3n sobre la oferta de compra de aeronaves emanada del Ministerio de Defensa; fax LAT 173 de 4 de mayo de 2001, fax LAT 187 de 2001; fax LAT 247 y 248 de 28 de junio de 2001, con los que inform\u00f3 acerca de la intenci\u00f3n del gobierno colombiano de adquirir aviones t\u00e1cticos nuevos; fax LAT 267 de 18 de julio de 2001, reportando la aprobaci\u00f3n del Conpes sobre un empr\u00e9stito para la compra de 24 aviones militares; fax LAT 332 de 14 de septiembre de 2001, informando sobre las personas que en la FAC estaban encargadas de la log\u00edstica para esta adquisici\u00f3n; fax LAT 377 de 11 de octubre de 2001, contentivo de la transmisi\u00f3n de una solicitud de informe de la FAC acerca de los aviones Tucano; fax LAT 439 de 7 de diciembre de 2001, fax LAT 044 de 12 de febrero de 2002, informando sobre el inter\u00e9s de la FAC en adquirir aeronaves militares y la necesidad de suministrarle datos; fax LAT 066 de 5 de marzo de 2002, enterando qui\u00e9nes fueron las personas que conformaron el comit\u00e9 encargado de seleccionar los aviones t\u00e1cticos y de comentarios de altos mandos militares; cartas ODG 115 de 3 de mayo de 2002, reportando la aprobaci\u00f3n del inicio del proceso de contrataci\u00f3n de 24 aeronaves de combate; ODG 016 de 26 de enero de 2004, comunicando las gestiones realizadas con la Jefatura de Operaciones Log\u00edsticas de la FAC; ODG 039 de 8 de marzo de 2004, reiterando la posibilidad de que Colombia adquiriera aviones t\u00e1cticos; ODG 258 de 26 de octubre de 2004 y ODG 279 de 9 de diciembre de 2004, con las que mantuvo a la demandada sobre el estado del proceso de venta de los aviones. <\/p>\n
2.2. Las misivas remitidas por Embraer a RLA, como la n\u00famero DP-134 de 15 de septiembre de 1998, con la que aquella entidad manifest\u00f3 su enteramiento acerca de las actividades desarrolladas por la intermediaria y su deseo de que culminaran satisfactoriamente; el correo electr\u00f3nico de 16 de octubre de 1998 as\u00ed como la carta GVI de 23 de octubre de 1998, con los cuales Eduardo Munhos de Campos, en su orden, intent\u00f3 concretar una visita a los mandos militares colombianos y confirmar un encuentro con el presidente comercial de Embraer; la carta VPM de 26 de noviembre de 1998, VPM 120 de 22 de septiembre de 1999, GVI 257 de 22 de septiembre de 1999; VPM 141 de 1999 y GVI 311 de 17 de noviembre de 1999, con las cuales Embraer agradeci\u00f3 al Ministerio de Defensa de Colombia la invitaci\u00f3n que le hizo para suministrar dos aviones de patrullaje mar\u00edtimo, radicada a trav\u00e9s de RLA. <\/p>\n
2.3. El fax 2602 de 10 de octubre de 2001 remitido por el Ministerio de Defensa de Colombia a la demandante para que le informara sobre las l\u00edneas de producci\u00f3n de Embraer respecto del avi\u00f3n Tucano, y el correo electr\u00f3nico de 26 de diciembre de 2005 enviado a RLA por el Director de la Agencia de Compras de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana, inform\u00e1ndole qui\u00e9n era la persona encargada de gestionar el pago del precio de los aviones S\u00faper Tucano que hab\u00edan sido adquiridos. <\/p>\n
2.4. Y el testimonio de Gilberto Franco V\u00e1squez, quien fungi\u00f3 como comandante de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y relat\u00f3 que para la recepci\u00f3n de una propuesta de enajenaci\u00f3n de aeronaves era necesario para quien la radica acreditarse ante el Ministerio de Defensa, lo cual realiz\u00f3 el representante legal de la demandante en nombre de Embraer. <\/p>\n
3. A\u00f1adi\u00f3 la recurrente que tambi\u00e9n err\u00f3 de derecho del juzgador colegiado por excluir los documentos relacionados, porque si bien fueron aportados con el escrito de reforma a la demanda y esta fue rechazada, posteriormente quedaron incorporados en el interrogatorio de 28 de febrero de 2013 que absolvi\u00f3 su representante legal, en los t\u00e9rminos del inciso 5\u00ba del art\u00edculo 208 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pruebas que dan cuenta del encargo que hizo Embraer a favor de RLA para actuar como su intermediario, que perdur\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del 5 de septiembre de 1998 y hasta cuando se celebr\u00f3 la venta de los 24 aviones S\u00faper Tucano. <\/p>\n
Esos medios de convicci\u00f3n, refiri\u00f3 la reclamante, tambi\u00e9n muestran que cumpli\u00f3 con su labor, pues acerc\u00f3 a la demandada con la FAC, le brind\u00f3 informaci\u00f3n valiosa, confidencial, la mantuvo al tanto del proceso que adelant\u00f3 esta y que deriv\u00f3 en la adquisici\u00f3n de los 24 aviones S\u00faper Tucano mencionada en la demanda, por \u00faltimo, acreditan que Embraer acept\u00f3 t\u00e1citamente su gesti\u00f3n, seg\u00fan dan cuenta especialmente los documentos DP-134\/98, el correo electr\u00f3nico de 16 de octubre de 1998, las cartas GVI de 23 de octubre de 1998, VPM de 26 de noviembre de 1998, GVI 257 de 22 de septiembre de 1999 y GVI 311 de 17 de noviembre de 1999. <\/p>\n
4. Del mismo modo err\u00f3 el tribunal al no apreciar en conjunto y conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica los siguientes elementos suasorios, con los que prob\u00f3 el derecho de aquella a obtener remuneraci\u00f3n por la venta que esta hizo a la FAC de 24 aviones S\u00faper Tucano: <\/p>\n
4.1. Los documentos enviados por la demandante a la convocada e identificados como fax LAT 247 de 28 de junio de 2001, fax LAT 248 de 28 de junio de 2001, que muestran la cantidad de aviones que deseaba adquirir la FAC; fax LAT 044 de 12 de febrero de 2002 y fax LAT 066 de 5 de marzo de 2002, contentivos de las especificaciones deseadas para las aeronaves; cartas ODG 115 de 3 de mayo de 2002, ODG 016 de 26 de enero de 2004, ODG 279 de 9 de diciembre de 2004, con las cuales la demandante inform\u00f3 del renacimiento del deseo del gobierno colombiano por adquirir esos aviones; ODG 039 de 8 de marzo de 2004; ODG 258 de 26 de octubre de 2004, que da cuenta de la fecha en la cual se pretend\u00eda llevar a cabo la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. El contrato 01\/05 CE-MDN-FAC que contiene la adquisici\u00f3n de los 24 aviones S\u00faper Tucano realizada por la FAC a Embraer, sin que fuera relevante la fecha de este, para efectos de tasar el pago de la comisi\u00f3n solicitada. <\/p>\n
5. Las aludidas falencias, remat\u00f3 la entidad casacionista, incidieron en la desestimaci\u00f3n de sus pretensiones dirigidas al reconocimiento del contrato de corretaje ajustado con la convocada, en contrav\u00eda del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n con el 824 del C\u00f3digo de Comercio que posibilita a los comerciantes expresar su voluntad de cualquier modo inequ\u00edvoco, inclusive t\u00e1citamente por mandato de los art\u00edculos 854 \u00eddem y 1506 del C\u00f3digo Civil, al no observar que con posterioridad al 5 de septiembre de 1998 Embraer consinti\u00f3 las actividades de intermediaci\u00f3n que realiz\u00f3 RLA relacionados con la venta de aeronaves a las FAC. <\/p>\n
El juzgador ad-quem igualmente conculc\u00f3 las reglas 1618 y 1622 del C\u00f3digo Civil, porque dej\u00f3 de lado la intenci\u00f3n clara de las partes y la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de su convenio; los art\u00edculos 1340, 1344 y 1341 del estatuto mercantil que regulan el concepto de corredor, sus deberes y el derecho a su remuneraci\u00f3n en concordancia con los c\u00e1nones 1626 y 1627 del C\u00f3digo Civil; los c\u00e1nones 870 de esta obra y 1546 de aquella que consagran el derecho del contratante cumplido a pedir lo propio de su contraparte; 871 del C\u00f3digo de Comercio y 1603 del estatuto civil que imponen a las partes obrar de buena fe en todos sus actos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con el contrato de corretaje, esta Sala recientemente precis\u00f3 que \u00abes un contrato en virtud del cual una parte llamada corredora, experta y conocedora del mercado, contrae, para con otra denominada cliente, encargante o proponente, a cambio de una comisi\u00f3n, la obligaci\u00f3n de gestionar, promover, inducir y propiciar la celebraci\u00f3n de un negocio poni\u00e9ndola en conexi\u00f3n con otra u otras, sin tener v\u00ednculos de colaboraci\u00f3n, dependencia, mandato o representaci\u00f3n con alguna de ellas.\u00bb (CSJ SC008 de 2021, rad. 2016-00293-01). <\/p>\n
Y respecto de sus contornos expres\u00f3: <\/p>\n
En cuanto hace a su tipolog\u00eda, en la legislaci\u00f3n patria, el corretaje, entre otras caracter\u00edsticas, es contrato con tipicidad legal por su disciplina legis; bilateral o de prestaciones correlativas al generar obligaciones para ambas partes contratantes; oneroso y conmutativo; principal porque su existencia no pende de otro u otros negocios, tampoco del finalmente celebrado por las partes acercadas del cual es un tipo diverso, aut\u00f3nomo e independiente; en principio, paritario o de libre discusi\u00f3n; consensual o de forma libre, y aun cuando prepara, facilita o propicia la celebraci\u00f3n de otro negocio, no es contrato preliminar o preparatorio por no crear para el corredor, ni el encargante, prestaci\u00f3n de hacer o de celebrar un negocio, sino buscar, aproximar y contactar interesados en su celebraci\u00f3n. (CSJ SC 14 sep. 2011, rad. 2005-00366-01). <\/p>\n
Por ende, como regla de principio, el corredor tiene derecho a percibir la remuneraci\u00f3n convenida si el encargante celebra el negocio jur\u00eddico por aquel procurado, lo cual le exige acreditar que tal acto sucedi\u00f3 con ocasi\u00f3n a su gesti\u00f3n, siendo indispensable para ese prop\u00f3sito la relaci\u00f3n entre la labor promocionada y la realizada por el encargante y el tercero acercado a este. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, forzoso resulta probar la relaci\u00f3n de causa y efecto entre su gesti\u00f3n y el v\u00ednculo jur\u00eddico concertado por las personas que \u00e9l junt\u00f3. <\/p>\n
De all\u00ed que esta Corporaci\u00f3n doctrinara que el corredor logra derecho a retribuci\u00f3n por su labor cuando se cumplen los siguientes presupuestos: <\/p>\n
a) que el comitente haya solicitado o aceptado los servicios del intermediario para efectuar determinado negocio; b) que el corredor haya efectuado gestiones id\u00f3neas para el logro del encargo; c) que como consecuencia de las gestiones efectuadas por el corredor, se haya concluido el negocio con el comitente con el tercero, salvo revocaci\u00f3n abusiva del encargo. (SC de 13 abr. 1955, GJ LXXX, 13, reiterada en CSJ SC008 de 2021, rad. 2016-00293-01). <\/p>\n
2. Ahora bien, el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta al cometer errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad esta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, porque la distorsi\u00f3n en que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, con alteraci\u00f3n de su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al exponer: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
La segunda modalidad, el yerro de iure, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, el m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. n\u00ba 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. n\u00ba 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
Ahora, el error de derecho por omisi\u00f3n del juzgador en valorar en conjunto del acervo probatorio, en desmedro del mandato contenido en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso -invocado en el cargo bajo estudio- se configura cuando el juez aprecia aisladamente los elementos suasorios, en contrav\u00eda de lo que arrojar\u00eda ese mismo acervo con una mirada integral y concordante. <\/p>\n
Por consecuencia, no constituye falencia de derecho la valoraci\u00f3n que desde el punto de vista objetivo realice el funcionario judicial, porque esta ponderaci\u00f3n se ubica en el campo f\u00e1ctico, esto es, propia del error de hecho. <\/p>\n
Tal precisi\u00f3n ha sido decantada por esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) cuando se achaca un yerro de jure por la infracci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como tiene dicho la Sala, \u201cen procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente f\u00e1ctico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica de la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en \u00e9ste la cuesti\u00f3n queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho (CSJ SC067 de 4 mar. 1991, rad. 4102; reiterada en SC4809-2014 y SC9721 de 2015, rad. 2002-00566). <\/p>\n
Tal cual se desprende de las anteriores premisas, son tres los requisitos para que el juez incurra en el error de derecho por no valorar las pruebas en conjunto: 1\u00ba) que aprecie el material; 2\u00ba) que dicho an\u00e1lisis se haga de forma dispersa o disgregada; y 3\u00ba) que se extracte una conclusi\u00f3n diversa a la que dejar\u00eda el mismo an\u00e1lisis hecho integralmente. <\/p>\n
Entonces, el punto de partida para que el fallador incurra en el error de derecho por no valorar el acervo probatorio en conjunto es que efectivamente haya apreciado las pruebas, pues de no hacerlo podr\u00eda incurrir en otro tipo de falencia, bien puede tratarse de un yerro de hecho por pretermisi\u00f3n o incluso un error de derecho pero en otra modalidad, por v\u00eda de ejemplo, cuando omite estimar ese material por considerar que no fue incorporado al plenario en cabal forma. <\/p>\n
Es decir, si el juzgador no valora determinados medios de prueba -al margen del motivo para tal omisi\u00f3n- no puede incurrir en el yerro de derecho por estimarlos de forma aislada porque -it\u00e9rase- ni siquiera los evalu\u00f3. <\/p>\n
3. Aplicadas las anteriores nociones al cargo bajo estudio emerge su desacierto, en tanto critica al tribunal por no haber apreciado en conjunto los documentos en \u00e9l relacionados, pero la lectura de la sentencia atacada deja al descubierto que el juzgador ad-quem ni siquiera los estim\u00f3, lo cual descarta, de entrada, que hubiera cometido aquel yerro de iure en su apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, esa Colegiatura, en el estudio de las s\u00faplicas de Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas tendientes al reconocimiento del contrato de corretaje, a nota a pie de p\u00e1gina explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abNo pasa inadvertido para la Sala que en el escrito de alzada RLA pretendi\u00f3 probar, respaldada en los facs\u00edmiles de 2 y 11 de junio de 1997, as\u00ed como en otro de 25 de enero de 2001, una comunicaci\u00f3n de 8 de marzo de 2004, otro m\u00e1s de 9 de diciembre de dicho a\u00f1o, un correo electr\u00f3nico de 17 de junio de 2005, una misiva de 15 de noviembre de 2006 y su respuesta emitida el 14 de diciembre siguiente; documentos todos que se allegaron junto a la reforma a la demanda, los cuales no pueden ser valorados, justamente por haberse rechazado tal actuaci\u00f3n. Mem\u00f3rese que conforme al art\u00edculo 174 del C. de P.C., toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso; a cuyo respecto, entre muchos otros pronunciamientos, se refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-070 de 1993 en los siguientes t\u00e9rminos: \u2026.\u00bb (Folio 144, cuaderno del Tribunal). <\/p>\n
Esto muestra que la corporaci\u00f3n de segunda instancia excluy\u00f3 de an\u00e1lisis el material probatorio descrito en el cargo -salvo el testimonio de Gilberto Franco V\u00e1squez y el contrato 01\/05 CE-MDN-FAC- por considerar que no fue aportado al plenario en oportunidad probatoria regulada en el ordenamiento adjetivo. <\/p>\n
Por lo tanto, desvirtuado trasluce el error de derecho endilgado a la sentencia criticada, pues tal queja se fund\u00f3 en que el juzgador de \u00faltima instancia no valor\u00f3 en conjunto ese acervo probatorio, sino que lo hizo de manera disgregada; cuando realmente ni siquiera lo apreci\u00f3, esto es, ni aisladamente ni en conjunto. <\/p>\n
4. De otro lado, no desconoce la Corte el se\u00f1alamiento de la recurrente, lac\u00f3nico, acerca de que los documentos referidos en su reproche los aport\u00f3 con su reforma a la demanda y que -a pesar del rechazo de este libelo modificatorio- a la postre fueron incorporados en el interrogatorio de 28 de febrero de 2013 que absolvi\u00f3 su representante legal, tesis con la cual aduce que el error de derecho igualmente se dio por no tener en cuenta que la prueba fue incorporada al expediente de forma regular. <\/p>\n
Pues bien, este alegato paralelo, seg\u00fan el cual hubo yerro de iure por la indebida aplicaci\u00f3n de las normas sobre aducci\u00f3n de los elementos suasorios, tampoco se encuentra estructurado, porque los aludidos elementos de convicci\u00f3n no fueron incorporados al plenario en el interrogatorio absuelto por la demandante, a trav\u00e9s de su representante legal, como erradamente lo afirma la recurrente, pues una mirada del acta contentiva de dicha diligencia judicial denota que este extremo del litigio no los present\u00f3 o anunci\u00f3 en los t\u00e9rminos del inciso 5\u00ba del art\u00edculo 208 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca, a cuyo tenor \u00ab[l]a parte podr\u00e1 presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declara, los que se agregar\u00e1n al expediente y se dar\u00e1 en traslado com\u00fan por tres d\u00edas, sin necesidad de auto que lo ordene\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, en la referida audiencia se cuestion\u00f3 a la accionante acerca de si \u00abcon posterioridad al 5 de septiembre de 1998 RLA dentro del marco de sus relaciones comerciales con EMBRAER continuo (sic) enviando correspondencia a EMBRAER\u00bb, a lo cual su representante legal contest\u00f3, literalmente, que \u00abSi, (sic) es cierto. Documentos contenidos en el cuaderno AZ-1 de los anexos aportados con la reforma de la demanda\u00bb, pero sin anunciar su incorporaci\u00f3n al plenario porque \u00fanicamente los describi\u00f3. (Acta de 28 de febrero de 2013, folio 594, cuaderno 4 que corresponde a la continuaci\u00f3n del n\u00famero 1). <\/p>\n
Es decir, el absolvente dio por sentado que los aludidos instrumentos fueron agregados al legajo con el escrito modificatorio de la demanda -a pesar de que este fue rechazado- y fundado en ese error de convicci\u00f3n omiti\u00f3 anunciarlos en el interrogatorio de parte que estaba contestando. <\/p>\n
Consecuentemente, no ocurri\u00f3 el yerro de derecho invocado, en raz\u00f3n a que, como lo asever\u00f3 el tribunal, las aludidas piezas documentales fueron aportadas con la reforma a la demanda, pero esta fue repelida mediante auto de 6 de septiembre de 2012, confirmado por el estrado judicial de \u00faltima instancia el 18 de noviembre de 2013; y a pesar que la promotora aleg\u00f3 haberlos presentado en el interrogatorio que absolvi\u00f3, lo cierto es que dicha afirmaci\u00f3n queda desvirtuada al observar el acta contentiva de dicha audiencia. <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n del testimonio de Gilberto Franco V\u00e1squez y el contrato 01\/05 CE-MDN-FAC, la Sala colige que el tribunal no incurri\u00f3 en la falencia de derecho a \u00e9l imputada, esto es, que dejara de estimarlos en conjunto con los dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, por cuanto el juzgador ad-quem fund\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica tendiente al reconocimiento del contrato de corretaje en que Embraer no acept\u00f3 t\u00e1citamente la labor que desarroll\u00f3 RLA, porque omiti\u00f3 responder las manifestaciones e informes que esta le remiti\u00f3 respecto del inter\u00e9s de la FAC por adquirir las naves brasileras; am\u00e9n de que tal silencio no basta, porque son necesarios actos materiales que denoten la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
Los dos elementos persuasivos aludidos (testimonio de Gilberto Franco V\u00e1squez y contrato 01\/05 CE-MDN-FAC), nada revelan en relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n de Embraer extra\u00f1ada por el juez colegiado, pues el primero s\u00f3lo muestra que en el estamento militar colombiano se identific\u00f3 a RLA como mediador de Embraer cuando el declarante estuvo vinculado a esa instituci\u00f3n a t\u00edtulo de comandante de la Fuerza A\u00e9rea -que lo fue hasta el a\u00f1o 1988 (folio 612 a 614, cuaderno 4)-, pero no en la \u00e9poca objeto de debate; al paso que el pacto 01\/05 CE-MDN-FAC \u00fanicamente consagra el acuerdo de voluntades relacionados con la enajenaci\u00f3n de los aviones S\u00faper Tucano, sin indicar qui\u00e9n o qui\u00e9nes desarrollaron labores previas para su suscripci\u00f3n. <\/p>\n
Por este sendero, entonces, tampoco se observa la comisi\u00f3n del defecto enrostrado al juzgador de \u00faltima instancia. <\/p>\n
6. Total, el cargo es impr\u00f3spero porque la falencia de iure en \u00e9l aducida no ocurri\u00f3. <\/p>\n
SEXTO CARGO <\/p>\n
1. Invocando la segunda causal de casaci\u00f3n prevista en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante endilg\u00f3 al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 822, 824, 854, 870 a 871, 1340 a 1341, 1344 del C\u00f3digo de Comercio, 1506, 1546, 1602 a 1603, 1618, 1622 inciso final, 1626 y 1627 inciso final del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
2. Se estructura el reproche en que el tribunal recort\u00f3 el contenido objetivo de los siguientes documentos: del fax LAT 515 de 1999, del fax LAT 173 de 4 de mayo de 2001, del fax LAT 187 de 2001, del fax LAT 267 de 18 de julio de 2001, del fax LAT 332 de 14 de septiembre de 2001, del fax LAT 377 de 11 de octubre de 2001, del fax LAT 439 de 7 de diciembre de 2001, del fax LAT 044 de 12 de febrero de 2002, del fax LAT 066 de 5 de marzo de 2002, y las comunicaciones ODG 016 de 26 de enero de 2004, ODG 039 de 8 de marzo de 2004 y ODG 258 de 26 de octubre de 2004; as\u00ed como que pretiri\u00f3 el restante material suasorio relacionado en el cargo inmediatamente anterior, salvo el fax LAT 732 de 6 de agosto de 1998. <\/p>\n
3. Adicion\u00f3 que la sentencia criticada igualmente se equivoc\u00f3 al interpretar la demanda, porque en la descripci\u00f3n del contrato de venta de aviones S\u00faper Tucano respecto del cual se deprec\u00f3 el reconocimiento de labores de corretaje desplegadas por la accionante, no se limit\u00f3 a un pacto espec\u00edfico suscrito en diciembre de 2004, como lo coligi\u00f3 el funcionario judicial de \u00faltima instancia, no obstante que el libelo genitor del litigio s\u00ed incurri\u00f3 en un \u00aberror de transcripci\u00f3n\u00bb al plasmar tal fecha, lo que s\u00f3lo muestra un \u00absimple error de digitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Muestra de la pifia interpretativa aludida, a\u00f1adi\u00f3 la impugnante, es que el poder especial que confiri\u00f3 al profesional del derecho que inici\u00f3 el pleito s\u00ed se\u00f1ala que el aludido contrato de venta de aeronaves data del mes de diciembre de 2005, lo cual concuerda con lo relatado en ese libelo; y porque en el a\u00f1o 2004 la FAC no celebr\u00f3 con Embraer ninguna otra alianza que tuviera por objeto la compra de aeronaves. <\/p>\n
4. Y agreg\u00f3 igual argumentaci\u00f3n a la plasmada en el reproche quinto de casaci\u00f3n, relativa a las conclusiones que de ese material de convicci\u00f3n debi\u00f3 extraer el fallador de segunda instancia, as\u00ed como a la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial derivada de aquellas supuestas fallas. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigida en la primera causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el fallo atacado vulner\u00f3 por v\u00eda directa los art\u00edculos 822, 824, 854, 870 a 871, 1340 a 1341, 1344 del C\u00f3digo de Comercio, 1501 a 1502, 1506, 1546, 1602 a 1603, 1618, 1622 inciso final, 1626 y 1627 inciso final del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Funda su descontento en la afirmaci\u00f3n del tribunal, seg\u00fan la cual el corredor que acata un acuerdo de corretaje no tiene derecho a percibir la remuneraci\u00f3n \u00abcuando el contrato cuya corredur\u00eda pregonaba se celebraba en \u00e9poca distinta a la indicada en la demanda\u00bb, puesto que, conforme a la jurisprudencia, para que sea exigible ese d\u00e9bito le basta demostrar que favoreci\u00f3 el acercamiento entre quien le hizo el encargo y el potencial contratante de este, sin que la retribuci\u00f3n quede sujeta a la celebraci\u00f3n del negocio en una fecha concreta, porque este aspecto temporal no es un requisito de la esencia del negocio gestionado, al tenor del art\u00edculo 1501 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del tribunal es contraria al esp\u00edritu del art\u00edculo 1341 del estatuto mercantil, porque implica afirmar que el retardo en la celebraci\u00f3n del negocio por quien hizo el encargo, o el cambio de las condiciones inicialmente divulgadas por este, truncan la remuneraci\u00f3n del mediador, lo cual equivale a crear un requisito no previsto para dicho pago, cual es el de precisar fecha exacta en la cual su comendador deber\u00e1 suscribir el convenio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los cargos primero y sexto ser\u00e1n estudiados conjuntamente, en la medida en que su resoluci\u00f3n se valdr\u00e1 de consideraciones comunes, en raz\u00f3n a que ambos tienen un reproche igual frente a la sentencia del Tribunal, relacionado con la fecha en la cual fue celebrado el contrato de compra de aeronaves entre Embraer y el Ministerio de Defensa Nacional. <\/p>\n
2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a los errores de hecho imputados al tribunal en el cargo sexto respecto de la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que dicha falencia se presenta cuando el funcionario basa su decisi\u00f3n en un material inexistente (suposici\u00f3n), omite el que s\u00ed obra (pretermisi\u00f3n) o deforma el contenido de lo que este refleja (tergiversaci\u00f3n). <\/p>\n
Efectivamente, para que el fallador incurra en el segundo de esos yerros f\u00e1cticos, esto es, dejar de ver un material probatorio, es indispensable que este se encuentre incorporado al litigio en debida forma, de donde se colige que si fue rechazado porque su aducci\u00f3n qued\u00f3 impura -como se declar\u00f3 en el sub lite mediante prove\u00eddo debidamente ejecutoriado- no se configura la omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, pues el rechazo de que fue objeto equivale a afirmar que las piezas de convicci\u00f3n no existen para la contienda. <\/p>\n
De donde el juez no incurre en error de hecho, en ninguna de sus modalidades, cuando excluye una pieza de convicci\u00f3n por considerar que fue incorporada irregularmente al juicio, en tanto que en este supuesto el juzgador s\u00ed la vio pero la rechaz\u00f3, lo cual descarta que la haya omitido; tampoco la supuso porque s\u00ed obraba en el plenario, aunque de forma irregular seg\u00fan consider\u00f3; ni la deform\u00f3 porque ni siquiera valor\u00f3 su contenido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y de cara al sub lite, emana que son inexistentes los errores de hecho imputados al tribunal en este nuevo reproche casacional, en tanto que, tal cual se dej\u00f3 anotado en las consideraciones del cargo inmediatamente anterior, el acervo probatorio de \u00edndole documental en que la demandante erige su inconformidad fue excluido expresamente, habida cuenta de su agregaci\u00f3n inoportuna al expediente. <\/p>\n
Por ende, no se configur\u00f3 el requisito sine qua non para que el juzgador hubiera incurrido en el error de hecho que se le imputa, como es que la documental rese\u00f1ada estuviera acopiada en legal forma al plenario, llevando a concluir que tampoco pudo incurrir en el referido desatino. <\/p>\n
En suma, son irreales los yerros f\u00e1cticos enarbolados por la promotora del pleito respecto del material probatorio que con detalle describi\u00f3. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con la supuesta interpretaci\u00f3n errada de la demanda atribuida al fallo de instancia, fundamentada por la inconforme en que el juzgador ad-quem no debi\u00f3 acoger el tenor literal de su pretensi\u00f3n seg\u00fan el cual el contrato de compra de las aeronaves S\u00faper Tucano ocurri\u00f3 en diciembre de 2004, basta memorar que, como en innumerables ocasiones lo ha decantado la Corte, el error de hecho derivado de la interpretaci\u00f3n de ese pliego s\u00f3lo se configura si la estimaci\u00f3n dada por el funcionario judicial ri\u00f1e abierta y flagrantemente con su contenido, al punto que cualquier lector, incluso el m\u00e1s desprevenido, se percata de tal disonancia. <\/p>\n
Al respecto, como tiene dicho la Corte: <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de una demanda constituye motivo determinante de la casaci\u00f3n de un fallo proferido por la jurisdicci\u00f3n civil, habida consideraci\u00f3n que adoleciendo este \u00faltimo de un defecto de tal naturaleza, la decisi\u00f3n adoptada dirimir\u00e1 el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extra\u00f1as y, por consecuencia, habr\u00e1 dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposici\u00f3n procesal, para que as\u00ed sucedan las cosas y sea viable la infirmaci\u00f3n por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo com\u00fan suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que adem\u00e1s de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resoluci\u00f3n judicial por esta v\u00eda impugnada, ha de consistir en la desfiguraci\u00f3n mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observaci\u00f3n, capaz de producir por lo tanto una desviaci\u00f3n ideol\u00f3gica del juez en relaci\u00f3n con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribuci\u00f3n para suplir a las partes (\u2026) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines se\u00f1alados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo m\u00e9rito debe tener origen en un yerro objetiv\u00f3 que surgiendo de una desfiguraci\u00f3n evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda raz\u00f3n en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda ‘…le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido’ (G.J. t. CXXXIX, p\u00e1g. 136) en lo que ata\u00f1e a la causa pretend\u00ed hecha valer por el actor, el petitum por \u00e9l formulado o la naturaleza jur\u00eddica de la pretensi\u00f3n concreta entablada (CSJ SC 19 oct. 1994, rad. 3972, citada en SC10298-2014 y SC9721 de 2015, rad. 2002-00566-01). <\/p>\n
Por consecuencia, la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la indebida interpretaci\u00f3n de la demanda corresponde a la distorsi\u00f3n de lo pedido, porque el fallador estudia la pretensi\u00f3n con un enfoque ajeno a ella, producto de una equivocaci\u00f3n notoria y ostensible. <\/p>\n
Estas caracter\u00edsticas dejan al descubierto que, entonces, no se forma el error de hecho cuando el juez ejerce su facultad de esclarecer o dilucidar los textos confusos o contradictorios, en tanto esto hace parte del ejercicio de la funci\u00f3n judicial, pues necesariamente es un paso previo a la resoluci\u00f3n del derecho debatido. <\/p>\n
En el sub-examine basta con la exposici\u00f3n del cargo para ver que es ilusorio el yerro f\u00e1ctico endilgado al tribunal en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n de su libelo iniciador de la contienda, pues la propia recurrente dej\u00f3 al descubierto que incurri\u00f3 en varios lapsus en su redacci\u00f3n, al se\u00f1alar que el contrato de venta de aeronaves celebrado entre la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y Embraer data de diciembre de 2004, pero que en verdad correspond\u00eda a otra \u00e9poca. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se descarta la errada asunci\u00f3n de la demanda endilgada en el cargo a su juzgador colegiado, porque en verdad la interpretaci\u00f3n acogida por este corresponde a lo pedido en \u00e9l, siendo del resorte de su redactor las discrepancias con la situaci\u00f3n que ahora pretende solventar, por v\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Las precedentes consideraciones denotan, de paso, que el cargo primero tampoco est\u00e1 llamado al \u00e9xito, porque aun en el evento de que el tribunal hubiera considerado que el corredor carece de derecho a la remuneraci\u00f3n cuando no es celebrado el contrato entre quien le hizo el encargo y el tercero con el cual intermedi\u00f3, y adem\u00e1s que dicha conclusi\u00f3n del juzgador fuera errada conforme al ordenamiento jur\u00eddico, lo cierto es que tales falencias -de existir- carecer\u00edan de trascendencia porque el fallo tambi\u00e9n consign\u00f3 otro razonamiento que imped\u00eda la prosperidad de la pretensi\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el error a que alude el inicial motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde a las causales primera y segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser de tal magnitud que incida adversamente en la forma como se desat\u00f3 el litigio, produci\u00e9ndose un resultado contrario al legal. <\/p>\n
De all\u00ed que cuando la configuraci\u00f3n del ataque se centra en una disconformidad con la aplicaci\u00f3n que el operador judicial hizo de un precepto de orden sustancial, es indispensable que el recurrente demuestre la disparidad entre lo proclamado u omitido por el funcionario de conocimiento y la consecuencia prevista en el mandato de orden sustancial invocado. <\/p>\n
En el sub lite el primero de los cargos planteados carece de justificaci\u00f3n en cuanto a la trascendencia del supuesto error de juzgamiento endilgado al fallador de \u00faltima instancia, porque la reclamante censura al Tribunal por aplicar indebidamente el art\u00edculo 1341 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Sin embargo, aun en el evento de que la Corte acogiera el entendimiento alegado en el embate casacional, no implicar\u00eda el acogimiento de su pretensi\u00f3n puesto que el fallador ad-quem se\u00f1al\u00f3 como impedimento adicional que no se prob\u00f3 que en diciembre de 2004 se hubiera perfeccionado la venta de los aviones S\u00faper Tucano entre Embraer y la FAC, como se asever\u00f3 en la demanda, para habilitar la retribuci\u00f3n deprecada, porque la prueba allegada en la \u00faltima instancia dio cuenta de un contrato distinto, celebrado en diciembre de 2005. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de interpretarse el art\u00edculo 1341 del estatuto mercantil en la forma solicitada por la recurrente, el yerro del tribunal carecer\u00eda de trascendencia porque, como bien lo anot\u00f3 esa Corporaci\u00f3n, la pretensi\u00f3n dirigida al reconocimiento del contrato de corretaje ser\u00eda improcedente en cuanto la deprec\u00f3 respecto de un acuerdo de venta de aeronaves suscrito en diciembre de 2004 entre la demandada con el Ministerio de Defensa Nacional, negocio diverso al probado en el plenario. <\/p>\n
Esta \u00faltima argumentaci\u00f3n impide, sin m\u00e1s, la prosperidad de la pretensi\u00f3n dirigida al reconocimiento del acuerdo de corretaje supuestamente suscrito entre los contendientes. <\/p>\n
Por contera, el embate debe ser desestimado. <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
1. De nuevo, al amparo del segundo motivo de casaci\u00f3n regulado en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la promotora atribuy\u00f3 al fallo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 822, 824, 854, 870 a 871, 1340 a 1341, 1344 del C\u00f3digo de Comercio, 1506, 1546, 1602 a 1603, 1618, 1622 inciso final, 1626 y 1627 inciso final del C\u00f3digo Civil, derivada de error de derecho en contra de los mandatos contenidos en las reglas 42 numerales 2, 4 y 5, 169 a 170, 173, 243 y 268 de la primera obra citada. <\/p>\n
2. En desarrollo del reproche se\u00f1al\u00f3 que el desatino de su juzgador obedeci\u00f3 a la abstenci\u00f3n injustificada de este para decretar, de oficio, la incorporaci\u00f3n de las pruebas aportadas con el escrito de reforma a la demanda, que hubiera mostrado la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de Embraer respecto de las gestiones desplegadas por RLA, dando lugar a tener por establecido el contrato de corretaje pedido en la demanda. <\/p>\n
Esa omisi\u00f3n, agreg\u00f3, va en contrav\u00eda de las normas procesales relacionadas en el cargo, que prev\u00e9n las obligaciones de que est\u00e1 investido todo juzgador para esclarecer los hechos materia de controversia sometidos a su conocimiento, deberes que repelen la actitud pasiva del operador judicial, como lo tiene sentado la jurisprudencia en desarrollo de los postulados constitucionales de legalidad, justicia y verdad. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el yerro del estrado judicial ad-quem implic\u00f3 dejar de incorporar al plenario las comunicaciones ODG-080 de 19 de agosto de 1998, DP-134 de 15 de septiembre de 1998, fax LAT 703 de 23 de septiembre de 1998, fax LAT 732 de 6 de agosto de 1998, la carta GVI de 23 de octubre de 1998, el correo electr\u00f3nico de 16 de octubre de 1998, las misivas VPM de 26 de noviembre de 1998, VPM 120 de 22 de septiembre de 1999, GVI 257 de 22 de septiembre de 1999, fax LAT 515 de 1999, VPM 141 de 1999 y GVI 311 de 17 de noviembre de 1999, fax LAT 173 de 4 de mayo de 2001, fax LAT 187 de 2001; fax LAT 247 y 248 de 28 de junio de 2001, fax LAT 267 de 18 de julio de 2001, fax LAT 332 de 14 de septiembre de 2001, fax 2602 de 10 de octubre de 2001, fax LAT 377 de 11 de octubre de 2001, fax LAT 439 de 7 de diciembre de 2001, fax LAT 044 de 12 de febrero de 2002, fax LAT 066 de 5 de marzo de 2002, cartas ODG 115 de 3 de mayo de 2002, ODG 016 de 26 de enero de 2004, ODG 039 de 8 de marzo de 2004, ODG 258 de 26 de octubre de 2004, ODG 279 de 9 de diciembre de 2004 y el correo electr\u00f3nico de 26 de diciembre de 2005; todos los cuales daban lugar a reconocer el contrato de corretaje pedido en el libelo, en los t\u00e9rminos expuestos en el cargo quinto de casaci\u00f3n, seg\u00fan valoraci\u00f3n probatoria que reprodujo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El error de derecho alegado en el \u00faltimo reproche casacional tampoco se configura en el sub judice porque el decreto de pruebas de oficio, aun cuando comporta una facultad-deber para el juez, no genera imperativo absoluto en la medida en que regla general es la consagrada en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
Es decir que, no obstante corresponder al funcionario judicial el decreto oficioso de unos especial\u00edsimos medios de convicci\u00f3n en asuntos de \u00edndole taxativamente consagrada en el ordenamiento adjetivo en raz\u00f3n a su naturaleza, como la prueba de gen\u00e9tica en los juicios de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n, la inspecci\u00f3n judicial en los procesos de pertenencia, entre otros eventos; ello no releva a los intervinientes de su carga probatoria, regulada como regla de principio en el canon 167 citado. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Es cierto que, en principio, el decreto de \u201cpruebas de oficio\u201d no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que \u00e9l goza de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisi\u00f3n de su parte de un yerro de derecho. Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia f\u00e1ctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, cuando menosprecia su compromiso procesal en el interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador. (CSJ SC de 21 oct. 2010, rad. 2003-00527-01). <\/p>\n
Lo anterior evidencia que la facultad-deber que yace en el juzgador respecto del decreto de pruebas oficiosas para esclarecer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio lugar al pleito sometido a su conocimiento, con el prop\u00f3sito de dirimirlo, no puede convertirse en patente de corso que derogue t\u00e1citamente la carga de la prueba impuesta a los contendientes en el estatuto de los ritos civiles, en raz\u00f3n a que, refiri\u00e9ndose a esta, la Corte doctrin\u00f3: <\/p>\n
La comprensi\u00f3n previamente expuesta no implica que las partes hayan sido liberadas de la carga probatoria que les incumbe, seg\u00fan el mencionado precepto 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; por el contrario, con excepci\u00f3n de \u00ablos hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas\u00bb, o de aqu\u00e9llos eventos en donde la ley presume un determinado acontecimiento y se apareja anticipadamente una consecuencia jur\u00eddica, les corresponde actuar diligentemente en la demostraci\u00f3n del \u00absupuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, si bien los poderes que se le han venido confiriendo al fallador ponen de presente que la tendencia legislativa se orienta a la superaci\u00f3n del sistema dispositivo puro y la mayor vigencia del inquisitivo, la supresi\u00f3n de aqu\u00e9l no se ha producido, de lo cual puede concluirse que la existencia del sistema mixto representa una equilibrada amalgama, en la que, con la denodada intervenci\u00f3n de las partes y la potestad oficiosa del juez, se logre una justa y eficaz composici\u00f3n del debate, a partir de bases ciertas y no meramente formales. <\/p>\n
Conforme con ello, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes. (CSJ SC5676-2018 de 19 dic. 2018, rad. 2008-00165-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, el funcionario judicial no incurre en yerro de derecho cuando se abstiene de decretar pruebas oficiosas, si al alcance de las partes est\u00e1 su aducci\u00f3n al proceso para el buen suceso de su pretensi\u00f3n, salvo aquellas taxativas que el juez est\u00e1 obligado a decretar en juicio espec\u00edficos se\u00f1alados por el legislador. <\/p>\n
Lo anterior denota, para el caso de autos, que no existi\u00f3 el yerro de iure endilgado al tribunal, habida cuenta que al alcance de la demandante estuvo aportar al expediente los documentos que por v\u00eda casacional pretende introducir al debate, tanto as\u00ed que los alleg\u00f3 tard\u00edamente con su escrito de reforma a la demanda. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, no hubo impedimento alguno para que el extremo accionante, de actuar con diligencia, hubiera incorporado al pleito en regular forma las piezas que fundan su recurso extraordinario, aducci\u00f3n que incluso pudo ejecutar en los t\u00e9rminos del inciso 5\u00ba del art\u00edculo 208 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca, hoy numeral 6\u00ba del canon 221 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que tampoco realiz\u00f3. <\/p>\n
2. Con todo y aun dejando de lado las precedentes motivaciones, lo cierto es que tampoco se cumplen los requisitos para colegir que ocurri\u00f3 el error de derecho alegado, en raz\u00f3n a que los documentos relacionados en el cargo tampoco revisten la trascendencia necesaria para que la decisi\u00f3n criticada hubiera variado. <\/p>\n
Sobre los aludidos presupuestos, esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que: <\/p>\n
[t]ambi\u00e9n se produce este desfase cuando el sentenciador, sin raz\u00f3n y existiendo serios motivos para que lo haga, no acude a las facultades conferidas por los art\u00edculos 37 numeral 4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de decretar pruebas de oficio necesarias para la comprobaci\u00f3n de \u00ablos hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisi\u00f3n tenga relevancia en la forma como se desat\u00f3 el pleito (\u2026) Es as\u00ed como su pr\u00e1ctica se hace imprescindible, entre otros, en asuntos de filiaci\u00f3n, para identificar la relaci\u00f3n gen\u00e9tica de los involucrados; en los tr\u00e1mites de pertenencia, donde es obligatoria la inspecci\u00f3n judicial del bien, salvo cuando se trata de viviendas de inter\u00e9s social; y cuando se requieren para imponer una condena resarcitoria integral, al ocasionar un perjuicio que debe ser indemnizado (\u2026) Sin embargo, una recriminaci\u00f3n por este sendero s\u00f3lo se verifica si el medio de convicci\u00f3n est\u00e1 claramente sugerido o insinuado en el expediente, porque de no ser as\u00ed, se estar\u00eda desconociendo la discrecionalidad con que cuenta el fallador al respecto. Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hip\u00f3tesis en la cual, de ser trascendente en la decisi\u00f3n, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo se produce una grave desatenci\u00f3n de los elementos que conforman el plenario. (CSJ SC15746-2014, reiterada en SC8219 de 2016, rad. 2003-00546-01. Resaltado ajeno). <\/p>\n
2.1. En el caso de autos, inicialmente debe se\u00f1alarse que la s\u00faplica de la demandante sobre la cual versa el recurso extraordinario de casaci\u00f3n estuvo dirigida al reconocimiento de un contrato de corretaje entre ella, como corredora, y Embraer, quien hizo el encargo, que le posibilitara la venta de aviones S\u00faper Tucano a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana. <\/p>\n
Como de all\u00ed se desprende, no se pidi\u00f3 el reconocimiento de un contrato de corretaje para la venta de repuestos de estas aeronaves ni de otras, tampoco para la enajenaci\u00f3n de aviones comerciales o militares diversos al S\u00faper Tucano, aspectos sobre el cual s\u00ed versaron sus dem\u00e1s peticiones. <\/p>\n
2.2. Con la anterior delimitaci\u00f3n, lo segundo es memorar que en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de marras el tribunal tuvo por establecida la relaci\u00f3n de intermediaci\u00f3n de Embraer con la reclamante hasta el 5 de septiembre de 1998, cuando fue finiquitada por aquella. <\/p>\n
De esta data en adelante el tribunal igualmente coligi\u00f3 ciertos los despliegues de RLA, pero extra\u00f1\u00f3 el visto bueno de Embraer que facultara a aquella para desarrollar ese encargo. <\/p>\n
Con otras palabras, el fallo ech\u00f3 de menos el consentimiento de Embraer, t\u00e1cito o expreso, para que RLA siguiera actuando como su corredora despu\u00e9s del 5 de septiembre de 1998, frente a la Fuerza A\u00e9rea Colombiana y respecto de la venta de aviones S\u00faper Tucano. <\/p>\n
Por ende, el debate se centra en establecer si con posterioridad a la memorada fecha, Embraer autoriz\u00f3 a RLA para fungir como su corredora en relaci\u00f3n con la enajenaci\u00f3n de aviones S\u00faper Tucano para el estamento militar de Colombia. <\/p>\n
2.3. Pues bien, una revisi\u00f3n detallada de los documentos relacionados por la accionante en el cargo bajo estudio no dejan ver tal consentimiento, porque las comunicaciones ODG-080 de 19 de agosto de 1998, DP-134 de 15 de septiembre de 1998, fax LAT 703 de 23 de septiembre de 1998, fax LAT 732 de 6 de agosto de 1998, fax LAT 515 de 1999, fax LAT 173 de 4 de mayo de 2001, fax LAT 187 de 2001; fax LAT 247 y 248 de 28 de junio de 2001, fax LAT 267 de 18 de julio de 2001, fax LAT 332 de 14 de septiembre de 2001, fax 2602 de 10 de octubre de 2001, fax LAT 377 de 11 de octubre de 2001, fax LAT 439 de 7 de diciembre de 2001, fax LAT 044 de 12 de febrero de 2002, fax LAT 066 de 5 de marzo de 2002, cartas ODG 115 de 3 de mayo de 2002, ODG 016 de 26 de enero de 2004, ODG 039 de 8 de marzo de 2004, ODG 258 de 26 de octubre de 2004, ODG 279 de 9 de diciembre de 2004 y el correo electr\u00f3nico de 26 de diciembre de 2005, no provinieron de la empresa convocada sino de la demandante y de terceros. <\/p>\n
Ciertamente, en las aludidas piezas documentales no obra manifestaci\u00f3n emanada de la compa\u00f1\u00eda enjuiciada, ya que se trat\u00f3 de comunicaciones enviadas por la demandante y dos misivas remitidas por la Fuerza A\u00e9rea Colombiana al RLA inform\u00e1ndole de actividades internas de la entidad. <\/p>\n
Por ende, tales instrumentos, en el evento de que la Corte los apreciara fungiendo como juez de instancia tras casar la sentencia del tribunal, no sirven al prop\u00f3sito investigado, al carecer de declaraciones de la convocada, y sabido es que esta se opuso a la pretensi\u00f3n de corretaje se\u00f1alando que las actividades de RLA no estaban autorizadas y que esta las despleg\u00f3, motu proprio, con el prop\u00f3sito de congraciarse con Embraer para obtener, de nuevo, la autorizaci\u00f3n para obrar como su intermediaria. <\/p>\n
A igual conclusi\u00f3n se llega de valorar las misivas GVI 257 de 22 de septiembre de 1999 y GVI 311 de 17 de noviembre de 1999, enviadas por Embraer a RLA, en raz\u00f3n a que s\u00f3lo contienen solicitudes para que esta radique, en el Ministerio de Defensa Nacional, las comunicaciones VPM 120 de 22 de septiembre de 1999 y VPM 141 de 1999, en su orden, a trav\u00e9s de las cuales la enjuiciada hace referencia a las solicitudes de suministro de aeronaves de patrullaje mar\u00edtimo, esto es, bienes diversos a los aviones S\u00faper Tucano objeto de la pretensi\u00f3n de corretaje. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, el correo electr\u00f3nico de 16 de octubre de 1998 as\u00ed como las cartas GVI de 23 de octubre de 1998 y VPM de 26 de noviembre de 1998, remitidas por Embraer a RLA, s\u00f3lo evidencian conversaciones para concretar reuniones entre las partes, sin precisar su objeto, lo que es insuficiente para el prop\u00f3sito auscultado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que a tales empresas las ataba otros convenios, como el contrato de agencia mercantil para la venta de repuestos y servicios dirigidos a las aeronaves EMB-312 Tucano y EMB-120 Bandeirante que a\u00f1os atr\u00e1s hab\u00eda adquirido el estamento militar colombiano, o la inicial autorizaci\u00f3n para intermediar en la venta de aviones comerciales a empresas de la misma naturaleza como Aires, Sam, Aces, etc. <\/p>\n
Es que para dar por acreditado el corretaje, en los t\u00e9rminos pedidos en la demanda, no bastaba con que al plenario se incorporaran diversas comunicaciones cruzadas entre las partes relativas al despliegue ejecutado para cumplir otros convenios -como a lo largo del proceso se intent\u00f3-, era menester que dicho acervo probatorio estuviera claramente enfocado en el corretaje pedido, esto es, con las caracter\u00edsticas descritas en el libelo como fueron el objeto y los hitos temporales, entre otras circunstancias, labor litigiosa que no se acat\u00f3 porque, como se anot\u00f3, en el evento de que la Corte casara la sentencia atacada y fungiera como juez de segundo grado, tampoco encontrar\u00eda el consentimiento extra\u00f1ado por el tribunal. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, los documentos que pretendi\u00f3 aducir la recurrente en su escrito de reforma a la demanda g\u00e9nesis del litigio, as\u00ed como a trav\u00e9s del presente recurso extraordinario, tampoco develan el consentimiento de Embraer en relaci\u00f3n con las actividades que despleg\u00f3 RLA, que dieran por sentado el contrato de corretaje caracterizado por esta, de donde se colige que el error de derecho alegado en el \u00faltimo de sus embates casacionales tampoco aparece demostrado por la ausencia de trascendencia de las citadas piezas documentales. <\/p>\n
3. En suma, el agravio bajo estudio no prospera. <\/p>\n
CONCLUSI\u00d3N <\/p>\n
De todo lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda. promovi\u00f3 contra la Empresa Brasilera de Aeron\u00e1utica S.A. \u00abEmbraer\u00bb. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n correspondiente la suma de $6\u2019000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
En firme esta providencia devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-033-2008-00106-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de no casar la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, aclaro mi voto respecto de algunas de las razones que se expusieron en la definici\u00f3n de los cargos cuarto y s\u00e9ptimo. <\/p>\n
1.- El s\u00e9ptimo cargo propuesto por la recurrente se erigi\u00f3 sobre la segunda causal de casaci\u00f3n y se atribuy\u00f3 yerro de iure al fallo del Tribunal por la \u201cabstenci\u00f3n injustificada de este para decretar, de oficio, la incorporaci\u00f3n de las pruebas aportadas con el escrito de reforma a la demanda\u201d. <\/p>\n
Si bien la Corte ha relievado la importancia de la facultad oficiosa de decretar pruebas en segunda instancia como una herramienta valiosa para la resoluci\u00f3n de litigios, su exigencia debe ser ponderada, dado que la misma en modo alguno puede aparejar el desconocimiento de la regla de juicio consagrada en el inciso primero del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme a la cual, \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, y le impone al sentenciador trasladar las consecuencias de no probar un hecho a quien deb\u00eda acreditarlo. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio, claro est\u00e1, que el juez estime la necesidad de intervenir en el recaudo probatorio decretando pruebas para mejor proveer o \u00abdistribuyendo la carga de la prueba\u00bb en los t\u00e9rminos que lo autoriza el canon 167 ib\u00eddem. No obstante, esa \u00abfacultad-deber\u00bb de ordenar probanzas oficiosas en modo alguno puede tener como cometido suplir la desidia de las partes o las deficiencias probatorias atribuibles a ellas, porque en el actual estatuto procedimental la aportaci\u00f3n probatoria por excelencia est\u00e1 radicada en las partes y no en el juez, de ah\u00ed, que la falta de iniciativa de este \u00faltimo en el recaudo adicional de elementos de persuasi\u00f3n por s\u00ed misma no siempre puede conllevar la incursi\u00f3n en un yerro de derecho atribuible al juzgador. <\/p>\n
2.- Frente a la definici\u00f3n del cuarto cargo, pese a que comparto los motivos de su fracaso, considero pertinente acotar que con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, trat\u00e1ndose del recurso de apelaci\u00f3n se introdujo la figura de la \u00abpretensi\u00f3n impugnaticia\u00bb, por virtud de la cual, en principio, el funcionario de segundo grado solo deber\u00e1 ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los inconformes, como ant\u00edtesis a la visi\u00f3n panor\u00e1mica que en dicho marco imper\u00f3 en anteriores sistemas adjetivos. <\/p>\n
Sin embargo, al tenor del art\u00edculo 328 ib\u00eddem, esta regla general encuentra excepciones o salvedades en los siguientes eventos: i) cuando sea menester adoptar decisiones \u00abde oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb, lo que armoniza con el inciso 3\u00b0 del canon 282 del mismo estatuto, evento en el cual, el superior est\u00e1 habilitado para resolver sobre las otras excepciones de m\u00e9rito \u00abaunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb; y, ii) en aquellos casos que ambas partes apelen toda la sentencia o cuando quien no recurre adhiera al medio propuesto por su contendiente, circunstancias en las cuales \u00abel superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u00bb. <\/p>\n
A partir de esas premisas jur\u00eddicas, resulta di\u00e1fano que la desatenci\u00f3n del imperativo de competencia restringida en sede de apelaci\u00f3n, consagrado en el citado art\u00edculo 328, solo puede verse violentado al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, pues es esa la oportunidad en que el ad quem se pronuncia acerca de los motivos de disconformidad planteados, de manera que \u00fanicamente all\u00ed puede incurrir en un yerro derivado de resolver por fuera de la \u00f3rbita de sus atribuciones, lo que, de suyo, comporta una eventualidad de falta de competencia funcional, pues si los puntos que no fueron cuestionados por el apelante quedan por fuera de discusi\u00f3n en una segunda instancia, y por lo tanto definidos por lo que al respecto resolvi\u00f3 el a quo, es claro que cualquier determinaci\u00f3n que llegare a adoptar el superior sobre tales \u00edtems, quedar\u00eda viciada, por ir m\u00e1s all\u00e1 de su potestad en ese grado de conocimiento. <\/p>\n
No obstante, la literalidad del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso impide ventilar una afrenta jur\u00eddica de ese calado por la v\u00eda de la quinta causal de casaci\u00f3n, por cuanto ella presupone que se haya dictado la sentencia \u00aben un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, de manera que este precepto solo remite a las graves afrentas que el legislador consagra en el art\u00edculo 133 ib\u00eddem, como motivos de invalidaci\u00f3n del proceso en todo o en parte que acontecen en el curso de aquel y no en la sentencia misma. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos dejo plasmada mi aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00ab\u2026si lo que pretende es denunciar la trasgresi\u00f3n del alg\u00fan precepto que determine la forma como el fallador debi\u00f3 juzgar el asunto, y no la manera como debi\u00f3 obrar dentro de la causa, el error por el que debe dolerse ha de ser de los denominados \u2018in judicando\u2019 previstos en las causales primera y cuarta de la aludida norma\u00bb, art\u00edculo 368 del C. de P.C., hoy numerales 1, 2 y 4 del canon 336 del C.G. del P. (SC de 25 nov. 1997, rad. 4457). <\/p>\n
2\u0002 Cfr. SC 18-01-2010, Exp. No. 13001 3103 006 2001 00137 01 <\/p>\n
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SC3918-2021 (2008-00106-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC3918-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-033-2008-00106-01 Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 28 de abril de 2016, por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}