SC4047-2021 (2019-02230-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4047-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02230-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide lo pertinente frente a la demanda de exequ\u00e1tur presentada por Natalia Camargo Caicedo respecto de la sentencia de divorcio proferida por la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica de 31 de julio de 2013 entre la solicitante y Mauricio Montejo Salgar. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Natalia Caicedo Camargo, de nacionalidad colombiana, present\u00f3 demanda de exequ\u00e1tur ante esta Corporaci\u00f3n el 9 de julio de 2019, para obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica de fecha 31 de julio de 2013, mediante la cual se declar\u00f3 el divorcio contra\u00eddo por la peticionaria con Mauricio Montejo Salgar. <\/p>\n
1.2. Como soporte de su solicitud, la promotora narr\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
1.2.1. El 18 de diciembre de 1996, contrajo matrimonio en la ciudad de La Romana (Rep\u00fablica Dominicana) con Mauricio Montejo Salgar, de nacionalidad colombiana y domiciliado en Miami, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica. <\/p>\n
1.2.2. Dicha uni\u00f3n fue registrada conforme las leyes nacionales ante el Notario Cuarenta y Cuatro del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 el 27 de enero de 1997, bajo el indicativo serial 2295673. <\/p>\n
1.2.3. Durante el matrimonio civil celebrado entre Natalia Caicedo Camargo y Mauricio Montejo Salgar, naci\u00f3 el 20 de abril de 1998 su hijo Alejandro Montejo Caicedo quien, para la fecha del divorcio, era menor de edad. <\/p>\n
1.2.4. Los entonces c\u00f3nyuges, de mutuo acuerdo, presentaron solicitud de divorcio, proceso tramitado por la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, quien profiri\u00f3 sentencia de disoluci\u00f3n del matrimonio el 31 de julio 2013. En el mencionado fallo se incluy\u00f3 el \u201cplan de crianza\u201d sobre el hijo menor de la pareja, pacto estipulado en el \u201cacta de cumplimiento y jurisdicci\u00f3n voluntaria uniforme de menores y acta de prevenci\u00f3n de secuestro de los padres\u201d. <\/p>\n
1.2.5. Durante la vigencia del matrimonio no se adquirieron bienes en el territorio colombiano. <\/p>\n
1.2.6. Una vez admitida la petici\u00f3n por la Corte, en auto del 7 de diciembre de 2020, se orden\u00f3 correr traslado del libelo introductorio a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, seg\u00fan los art\u00edculos 290 y 291 del C\u00f3digo General del Proceso, entidad que, en tiempo, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cPuede aseverarse entonces, que todas las exigencias formales previstas en la normatividad aludida se satisfacen en conjunto, por lo que en concepto de esa Agencia del Ministerio P\u00fablico, procede la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente, una vez se d\u00e9 evidencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica anunciada\u201d (Fls 140-142). <\/p>\n
2. Se prescindi\u00f3 de vincular a Mauricio Montejo Salgar, por cuanto el fallo de divorcio es producto de la voluntad conjunta de los para entonces c\u00f3nyuges. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El numeral 4\u00ba del canon 607 del C.G.P. prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201c(\u2026) vencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La aludida codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribe: \u201c(\u2026) [E]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial (\u2026), [c]uando no hubiere pruebas por practicar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esa manera, cuando los juzgadores adviertan la carencia o inocuidad del debate probatorio, podr\u00e1n proferir fallo definitivo sin m\u00e1s tr\u00e1mites, por innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso1. <\/p>\n
La norma 279, inciso 2\u00ba, ib\u00eddem, en todo caso, permite el fallo escrito. Sucede cuando en la audiencia de juzgamiento es imposible emitirlo de viva voz (art\u00edculo 373, numeral 5\u00ba, inciso 3\u00ba, ej\u00fasdem). Tambi\u00e9n, es una consecuencia necesaria, en las hip\u00f3tesis donde, al no existir pruebas para evacuar, ninguna audiencia habr\u00eda que realizar. Sucede, por ejemplo, en el procedimiento del recurso de revisi\u00f3n (art\u00edculo 358, in fine) y durante el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur, seg\u00fan se anunci\u00f3. <\/p>\n
Refrenda lo anterior el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de justicia y el derecho fundamental al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, todo, en el marco de la decretada Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica a ra\u00edz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices se\u00f1aladas se encuentran, como regla general, las actuaciones no presenciales y \u201cexcepcionalmente de manera presencial\u201d. <\/p>\n
En estas condiciones es plausible dictar sentencia anticipada escrita y por fuera de audiencia, dada la etapa procesal y la naturaleza de la actuaci\u00f3n y el tipo de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Lo anterior rige tambi\u00e9n en materia de exequatur, aspecto que se infiere de la doctrina probable sostenida por esta Corte, particularmente de las siguientes providencias: 11001-02-03-000-2017-01922-00; 11001-02-03-000-2016-00260-00; 11001-02-03-000-2016-2544-00; 001-02-03-000-2016-03018-00; 001-02-03-000-2016-02853-00. <\/p>\n
En el presente tr\u00e1mite, el respeto a las formas propias de cada juicio debe ponderarse con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
En otras palabras, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, de modo que, al advertirse sus minucias, deber\u00e1n soslayarse, cuando en el decurso se posea todo el material suasorio requerido para tomar una determinaci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u201c(\u2026) irrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la administraci\u00f3n de justicia \u201c(\u2026) debe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u201d (art. 4, Ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u201c(\u2026) eficiente y que [l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustentaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley (\u2026)\u201d (art. 7 ib\u00eddem). <\/p>\n
El proferimiento de una sentencia anticipada, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, criterio arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/p>\n
Al respecto, expuso esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan al fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
\u201cDe igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderante oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para prever de fondo anticipado se configura cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En el sublite resulta procedente dictar un fallo anticipado, pues seg\u00fan se infiere, no resultaba indispensable se\u00f1alar y celebrar audiencia para evacuar alguna prueba, pues las ordenadas son documentales, se cuenta, adem\u00e1s, con lo decretado y recaudado en juicio. <\/p>\n
En consecuencia, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, en particular, ante la ausencia de oposici\u00f3n, debiendo entonces proferirse decisi\u00f3n definitiva, inmediata y escrita. <\/p>\n
2.2. En el marco del Derecho internacional privado las relaciones entre los estados se afianzan en la medida en que se contemplen mecanismos de reconocimiento rec\u00edproco de sus respectivas decisiones judiciales. El exequ\u00e1tur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales. <\/p>\n
En Colombia, los jueces como garantes de la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y de la ley asumen responsabilidades que ata\u00f1en directamente con el respeto y la defensa de la soberan\u00eda nacional. El Estado Colombiano a trav\u00e9s de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ha dejado en cabeza de esta Corporaci\u00f3n la tarea de verificar el acatamiento de los requisitos legales, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica, y para el efecto, debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y aqu\u00e9l donde se profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan del mismo valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos de derecho internacional, deber\u00e1 compararse la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si no existe violaci\u00f3n de normas de orden p\u00fablico y si dichos ordenamientos contemplan disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que se impone elucidar \u201c(\u2026) si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u201d4. <\/p>\n
2.3. El exequatur est\u00e1 relacionado con la soberan\u00eda, elemento esencial del Estado, y como emanaci\u00f3n de ella, compete a sus propios jueces impartir justicia en el respectivo territorio. <\/p>\n
Este postulado ha adquirido una nueva dimensi\u00f3n como consecuencia de la creciente interrelaci\u00f3n de los distintos pa\u00edses, por el flujo que se genera en el tr\u00e1fico de bienes y servicios habidos entre ellos, sus naturales o connacionales, por la creciente globalizaci\u00f3n, la formaci\u00f3n de bloques econ\u00f3micos, el aumento de leyes uniformes, permitiendo que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos no solo en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en \u00e9l, sino tambi\u00e9n en Estados extranjeros, a condici\u00f3n de que se observen determinados principios. <\/p>\n
De ese modo, con fundamento en el sistema de reciprocidad, frecuentemente sentencias o laudos pronunciados en el extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria5, producen efectos vinculantes en Colombia. <\/p>\n
2.4. En nuestro pa\u00eds se reconocen plenas consecuencias a las decisiones adoptadas en otras naciones, siempre y cuando se hayan proferido con igual fuerza a las emitidas por los jueces patrios, (i) ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplom\u00e1tica; (ii) ora porque la ley del territorio de donde emana igual alcance confiera a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
En forma subsidiaria a los anteriores instrumentos, tambi\u00e9n se concede eficacia a los fallos extranjeros, conocido con (iii) el sistema de homologaci\u00f3n jurisprudencial o de hecho, calificable como una modalidad de reciprocidad jurisprudencial. <\/p>\n
2.4.1. La diplom\u00e1tica, convencional o ejecutiva, tiene lugar cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado p\u00fablico que permita igual aplicaci\u00f3n en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestaci\u00f3n a la fuerza que \u00e9stas tengan en aqu\u00e9l, las suyas vinculen en nuestro suelo6. <\/p>\n
2.4.2. La legislativa, como reconocimiento de sentencias previsto en la normativa extranjera. <\/p>\n
Bajo este esquema, a falta de Tratado, debe demostrarse que en el pa\u00eds donde se emiti\u00f3 la providencia objeto de exequatur tambi\u00e9n existe ley en ese territorio que le d\u00e9 validez a las dictadas en Colombia. Subordina el goce de los derechos de los extranjeros a la existencia en su pa\u00eds, de una norma de derecho interno que otorgue un trato semejante a los nacionales del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En otras palabras, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva legislaci\u00f3n extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por esa disposici\u00f3n a los proferidos en Colombia. <\/p>\n
En consecuencia, cuando no hay tratado p\u00fablico, es indispensable demostrar en el proceso respectivo que la ley del pa\u00eds donde fue dictada la sentencia que pretende ejecutarse en Colombia, da el mismo valor a las sentencias de los jueces nacionales colombianos7. <\/p>\n
La prueba de este sistema debe ajustarse a lo previsto en el art. 177 del C.G.P., seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.4.3. La jurisprudencial o de hecho, con la cual se busca dar los mismos efectos a las sentencias proferidas en el exterior a los fallos dictados en el pa\u00eds de origen. Esta posibilidad es de gran aplicaci\u00f3n en los sistemas del common law por virtud de la trascendencia de las decisiones judiciales y del stare decisis. <\/p>\n
Para su consecuci\u00f3n, la providencia debe contener similares caracter\u00edsticas a las dictadas en Colombia. En pos de acreditarla deben aportarse las resoluciones de tribunales extranjeros, debidamente traducidos y legalizados, con la expresa constancia que en ellas se da cumplimiento a las disposiciones nacionales8. <\/p>\n
En esta clase de reciprocidad, un Estado reconoce una sentencia extranjera en virtud de la doctrina \u201cof comity\u201d9, tambi\u00e9n conocida como \u201ccommitas gentium\u201d10 o de la cortes\u00eda internacional. <\/p>\n
Tal homologaci\u00f3n, se itera, es propia del common law, pero aplicable tambi\u00e9n al sistema civilista romano11, pues se edifica en los principios de justicia y armon\u00eda internacionales, cuya pr\u00e1ctica compendia la m\u00e1xima latina \u201cdo ut des facio ut facias\u201d12, pues el reconocimiento de actos de soberan\u00eda de un Estado extranjero, como una sentencia, aun cuando no exista reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, conlleva dos tipos de implicaciones positivas. <\/p>\n
La primera, porque se cumple la obligaci\u00f3n \u00e9tica de obedecer el derecho (duty), esto, por cuanto, prima facie, en toda naci\u00f3n que asuma y profese valores democr\u00e1ticos, ser\u00e1n siempre las autoridades judiciales, por intermedio de sus jueces, a trav\u00e9s de sus providencias, quienes acometen la labor de adjudicar las prerrogativas jur\u00eddicas a los ciudadanos, perspectiva que define e involucra a las instituciones \u201c(\u2026) al servicio de la persona humana, y no al rev\u00e9s (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Ello se acompasa con uno de los consabidos fines del Derecho, como es su pretensi\u00f3n \u00e9tica14, cuando apunta a situar al individuo en alteridad con los otros sujetos de derecho, con independencia de la nacionalidad a la que pertenezcan, y de ese modo, satisfacer sus necesidades de justicia, dado los rutinarios conflictos que genera la convivencia humana. <\/p>\n
La segunda comporta un valor progresista, en pro de la materializaci\u00f3n de la justicia, entendida esta como esencial virtud de toda forma de organizaci\u00f3n social, ya sea nacional o extranjera. <\/p>\n
As\u00ed, el punto de partida y foco de esta implicaci\u00f3n es dejar claro que la justicia es la estructura b\u00e1sica de toda sociedad democr\u00e1tica, criterio que, por ser universal, impone a los Estados la obligaci\u00f3n de cooperar en su consolidaci\u00f3n, al punto de promover el bienestar de las personas que se favorecen de las decisiones judiciales. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la cooperaci\u00f3n judicial entre naciones implica asumir un sentido transnacional de justicia y una concepci\u00f3n compartida de la misma, donde las diferencias de intereses y objetivos pol\u00edticos de los Estados, no tienen el poder de afectar el fortalecimiento de v\u00ednculos comunes de todo sistema judicial, como la independencia, imparcialidad, legalidad, igualdad, debido proceso, recurso efectivo de amparo ante los jueces y derecho de defensa15. <\/p>\n
Tal enfoque supone que el reconocimiento y cumplimiento de un fallo proferido en el extranjero, en el evento de no existir reciprocidad diplom\u00e1tica y legislativa, ser\u00e1 viable si en el juicio donde se profiri\u00f3 se respetaron las garant\u00edas procesales de los involucrados, siempre y cuando su contenido no sea producto del fraude o colusi\u00f3n, o no violente el orden p\u00fablico nacional o internacional. <\/p>\n
De esa manera, un Estado, por medio de sus jueces, analiza la pertinencia de homologar una sentencia, trata la cuesti\u00f3n y la soluciona para colmar los vac\u00edos legales o la ausencia de instrumentos bilaterales o multilaterales de los Estados, a fin de ensanchar el espacio de los derechos individuales y ofertar recursos de protecci\u00f3n frente a la rigidez o desactualizaci\u00f3n de los sistemas de relaciones internacionales o legislativos, en b\u00fasqueda de un tratamiento de igualdad y de justicia; al mismo tiempo, que por la cortes\u00eda que se deben entre s\u00ed los \u201csoberanos\u201d o los Estados por su condici\u00f3n de iguales. <\/p>\n
2.5. Como la sentencia que se pretende homologar proviene de un sistema regido por los c\u00e1nones del common law y a su vez en consideraci\u00f3n al car\u00e1cter consuetudinario del sistema legal aplicado en los Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, conviene se\u00f1alar que esta Corporaci\u00f3n ha sentado las reglas bajo las cuales se podr\u00e1 adelantar el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
En lo relacionado con la firmeza y ejecutoria de la sentencia la Corte ha aceptado que la constancia de ejecutoria se pueda suplir con el testimonio de \u201cm\u00ednimo dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen\u201d17, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, precepto seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial (\u2026) rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Esto es, justamente, cuanto se acredita, junto con otros elementos jur\u00eddicos que interesan al caso, por ejemplo, lo concerniente al vigor de la reciprocidad y de los perfiles jurisprudenciales, como medio de di\u00e1logo y entendimiento judicial entre jueces de diferentes pa\u00edses, tendencias o paradigmas, cual luego se explica con el abogado Glenn G. Kolk y la oficina de abogados de Yale Manoff sobre la homologaci\u00f3n de providencias extranjeras en La Florida. Lo dicho teniendo en cuenta la tradici\u00f3n de la familia del Common law, de la cual, Estados Unidos y su sistema federal es expresi\u00f3n depurada en el derecho del precedente, que en lo tocante con las fuentes de producci\u00f3n jur\u00eddica tiene su propia caracterizaci\u00f3n; muy diferente a nuestro sistema jur\u00eddico, parte del civil law, con prevalencia de las fuentes escritas sobre las formas jurisprudenciales. <\/p>\n
2.5.1. Ahora bien, respecto a la prueba de la reciprocidad, por expreso mandato legal, esta \u00faltima posibilidad est\u00e1 supeditada al deber de acreditarse que en el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n se brinda a las providencias de los juzgadores patrios un tratamiento similar, es decir, que all\u00ed, tambi\u00e9n, pueden ser cumplidos los pronunciamientos proferidos por los agentes del Estado facultados para ello. <\/p>\n
El art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso contempla expresamente esta regla en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abLas Sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
La Corte ha abordado esta exigencia de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos ha dejado sentado que para otorgar valor a decisiones for\u00e1neas se requiere: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
2.5.2. Al descender al estudio del asunto objeto de petici\u00f3n, se observa que, en folios obrantes en el expediente entre el 53 y 72, se encuentran documentales oportunamente aportadas con la demanda, las cuales, previo el an\u00e1lisis de conducencia y pertinencia, fueron consideradas por la Corte como elementos de convicci\u00f3n que cumplen con los presupuestos exigidos para demostrar la reciprocidad anteriormente aludida; particularmente, se destaca, el sistema legal del pa\u00eds de origen no responde al sistema legal que regula nuestra tradici\u00f3n legislativa, sino que el mismo es de car\u00e1cter consuetudinario. <\/p>\n
El abogado Glenn G. Kolk, respecto del reconocimiento de sentencias en el estado de la Florida, emiti\u00f3 el siguiente concepto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las Cortes del Estado de Florida reconocen y hacen cumplir los decretos de divorcio expedidos por las cortes colombianas siempre y cuando se cumplan ciertas normas m\u00ednimas y estipul\u00e1ndose adem\u00e1s que las cortes colombianas reconocer\u00edan rec\u00edprocamente. Las sentencias de las Cortes del estado de Florida como resultado puedo decir que el sistema judicial de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, seg\u00fan existe bajo la ley de Florida reconocer\u00eda los decretos de divorcio expedidos por la autoridad judicial correspondiente en Colombia. En otras palabras, las Cortes de Florida aceptan los fallos de las Cortes de pa\u00edses extranjeros, siempre y cuando el Juzgado de Colombia cumpla con los requisitos m\u00ednimos para expedir un decreto de divorcio, seg\u00fan las leyes del Estado de la Florida\u201d (Fls. 53 al 57). <\/p>\n
La oficina de abogados de Yale Manoff sobre la homologaci\u00f3n de providencias extranjeras en Florida (Estados Unidos de Norteam\u00e9rica) al respecto opin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los Tribunales del Estado de Florida reconocen y hacen cumplir los decretos de divorcio dictados por los Tribunales Colombianos, siempre y cuando se cumplan ciertos est\u00e1ndares m\u00ednimos de la justicia procesal, y siempre y cuando tambi\u00e9n los Tribunales de Colombia reconocieran y dieran reconocimiento a las sentencias de los Tribunales del Estado de Florida, sobre bases de reciprocidad. Como resultado, puedo decir que el sistema judicial seg\u00fan existe bajo la ley de Florida, reconocer\u00eda los decretos de divorcio (Sentencias definitivas) registrados por una autoridad judicial competente en Colombia. Dicho de otra forma, los Tribunales de Florida aceptan decisiones y las sentencias dictadas por los Tribunales de pa\u00edses extranjeros, siempre y cuando el Tribunal de Colombia haya cumplido con los requisitos m\u00ednimos para dictar una sentencia de divorcio bajo las leyes del Estado de la Florida\u201d (Fls. 70-71). <\/p>\n
En ese orden, en trat\u00e1ndose de normatividad for\u00e1nea no escrita, como ocurre en el presente caso, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 177 del Estatuto General del Proceso dispone que dicho requisito puede demostrarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds originario de la providencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente la Corte ha sostenido que, en Estados Unidos de Am\u00e9rica, lugar donde fue dictada la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201c(\u2026) opera el sistema del derecho anglosaj\u00f3n, seg\u00fan el cual, las decisiones judiciales \u2018tienen por objeto no solo definir la controversia planteada sino tambi\u00e9n descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares\u2019, por lo que en esas circunstancias resulta viable aceptar que \u2018\u2026la ley\u2026salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en t\u00e9rminos generales. Que es tarea del juez y del abogado examinar si existen o no, de acuerdo con los casos que se han presentado, reglas definidas aplicables al caso que se litiga y si concurre alg\u00fan hecho que haga diferente la situaci\u00f3n como para no aplicar el precedente ya desarrollado por los jueces. [Que] Por estas razones, la certeza total sobre la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n a un caso espec\u00edfico no puede encontrarse en este sistema de derecho referido (\u2026)\u201d 19 <\/p>\n
Por tratarse de un sistema jur\u00eddico fundado en el precedente judicial, it\u00e9rese, en el plenario obran conceptos de abogados del pa\u00eds originario de la providencia que, de acuerdo con lo ordenado por el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, permiten probar la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
Con base en lo anterior, por un lado, la firma extranjera Glenn G. Kolk manifest\u00f3, contundentemente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as Cortes de Florida aceptan los fallos de las Cortes de pa\u00edses extranjeros, siempre y cuando el Juzgado de Colombia cumpla con los requisitos m\u00ednimos para expedir un decreto de divorcio, seg\u00fan las leyes del Estado de la Florida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otro, el abogado for\u00e1neo Yale Manoff, en este mismo sentido, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os Tribunales de Florida aceptan decisiones y las sentencias dictadas por los Tribunales de pa\u00edses extranjeros, siempre y cuando el Tribunal de Colombia haya cumplido con los requisitos m\u00ednimos para dictar una sentencia de divorcio bajo las leyes del Estado de la Florida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.5.3. Refulge de las anteriores declaraciones que las Cortes de la Florida reconocen y procuran la obediencia de las sentencias proferidas por las autoridades de Colombia, por tanto, el requisito de la reciprocidad jurisprudencial y legal se encuentra acreditado. <\/p>\n
En un proceso de an\u00e1loga situaci\u00f3n f\u00e1ctica la Corte sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e lo expuesto se infiere que dos son los fundamentos por los cuales en la Florida, Estados Unidos de Am\u00e9rica, se reconocen efectos a las sentencias judiciales extranjeras, el primero que podr\u00eda llamarse el de analog\u00eda con base en la \u00abLey de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas\u201d, y el segundo con base en el principio de la cortes\u00eda o comity. Ha de recordarse, entonces que esta Corporaci\u00f3n ha entendido la pr\u00e1ctica judicial for\u00e1nea como una forma de reciprocidad -de hecho- legislativa para aquellos pa\u00edses cuyo sistema jur\u00eddico le otorga tal fuerza vinculante a las decisiones judiciales\u201d 20 <\/p>\n
Asimismo, en otro asunto, esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconoc\u00e9rsele efectos jur\u00eddicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislaci\u00f3n del pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendr\u00e1n las decisiones de sus jueces en el Territorio Nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante en el pa\u00eds de origen del fallo objeto de exequatur\u201d21. <\/p>\n
2.6. Esta forma de homologar se acerca mucho m\u00e1s a un modelo de reciprocidad jurisprudencial y de di\u00e1logo creciente entre jueces y cortes de diferentes pa\u00edses, sistema inclusivo, interdependiente y dial\u00e9ctico en nuestro mundo globalizado, donde los jueces de todos los pa\u00edses son conscientes de la necesidad de proteger los derechos subjetivos en la medida en que no violenten principios esenciales del Estado de Derecho, ni desconozcan la naturaleza propia de la soberan\u00eda de cada Estado para decidir, qu\u00e9 o cu\u00e1les decisiones aprueba u homologa de otro Estado. Ello por supuesto se relaciona esencialmente con el orden p\u00fablico nacional e internacional, no ofenda el corpus iuris internacional de los derechos humanos, no desconozca ni quebrante los derechos fundamentales, los principios, valores y derechos constitucionales, axiolog\u00eda que poco a poco se impone en todos los Estados democr\u00e1ticos y en sus respectivas constituciones. Por consiguiente, si un Estado dio acceso a la justicia y decidi\u00f3 la protecci\u00f3n, el reconocimiento o el restablecimiento del derecho a la persona, a la familia o a la ciudadan\u00eda por medio de sus jueces, y la decisi\u00f3n tomada en ese otro Estado, cumple las premisas b\u00e1sicas del sistema jur\u00eddico estatal y soberano de la Naci\u00f3n donde se pretende homologar determinada decisi\u00f3n judicial, el juez no puede obstruir la protecci\u00f3n o el reconocimiento del derecho. <\/p>\n
2.7. Est\u00e1 acreditado el presupuesto del ordinal 2\u00ba del art\u00edculo 606 del ordenamiento adjetivo, pues la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden p\u00fablico. <\/p>\n
2.7.1. Respecto al requisito dispuesto en el numeral 3\u00ba del canon precitado, se impone destacar que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legitimada de las aludidas providencias. <\/p>\n
A fin de establecer la viabilidad de autorizaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n en Colombia de la sentencia que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio, proferida por la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica; pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados. <\/p>\n
2.7.2. La determinaci\u00f3n en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emiti\u00f3, solo se refiere a la ruptura del v\u00ednculo matrimonial y a cuestiones relacionadas con el acuerdo de separaci\u00f3n de bienes y plan de crianza, dichas estipulaciones se encuentran establecidas en el acta de cumplimiento y jurisdicci\u00f3n de custodia uniforme de menores y en el acta de prevenci\u00f3n de secuestro de los padres aprobada por la autoridad competente (Fls. 11-12). Se destaca, para la fecha en que se profiere la presente decisi\u00f3n de homologaci\u00f3n, el menor, seg\u00fan la normatividad colombiana, ha alcanzado la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
2.7.3 El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que \u00e9ste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6\u00ba de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prev\u00e9 el \u201cconsentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u201d, luego no existe incompatibilidad con la norma nacional. <\/p>\n
2.7.4. La misma alcanz\u00f3 ejecutoria y firmeza desde el 31 de julio de 2013. <\/p>\n
2.8. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar residenciada la pareja en el Condado de Broward durante un per\u00edodo de tiempo considerable, m\u00e1s all\u00e1 de los requisitos jurisdiccionales de la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, las competentes autoridades de ese territorio ten\u00edan jurisdicci\u00f3n para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a trav\u00e9s de la providencia invocada. <\/p>\n
En el plenario no obra el menor rastro indicativo que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio de la solicitante con Mauricio Montejo Salgar. <\/p>\n
Sobre la citaci\u00f3n del c\u00f3nyuge al interior del tr\u00e1mite homologatorio, esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: \u201c(\u2026) [n]o se orden\u00f3 la citaci\u00f3n de la contraparte, porque el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil la exige cuando la decisi\u00f3n por homologar ha sido adoptada en proceso contencioso, naturaleza de la que no est\u00e1 revestido el procedimiento que se sigui\u00f3 en el caso, dado que el divorcio fue por mutuo acuerdo\u201d 22. <\/p>\n
Por ende, no se observa necesaria la citaci\u00f3n de Mauricio Montejo Salgar. <\/p>\n
Se acreditan tambi\u00e9n, los presupuestos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso en lo relativo al apostillaje. <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999, declar\u00f3 la exequibilidad de la Ley 455 de 1998 mediante la cual, se aprob\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u201d. Este tratado de aplicaci\u00f3n obligatoria en el territorio nacional, al haber cumplido los tr\u00e1mites para su incorporaci\u00f3n en el derecho interno, introdujo modificaciones consistentes en sustituir la autenticaci\u00f3n Diplom\u00e1tica o a trav\u00e9s del C\u00f3nsul, por un sello de apostilla conforme a los t\u00e9rminos previstos en dicho mecanismo internacional y al ordenamiento jur\u00eddico de los pa\u00edses suscriptores. <\/p>\n
Con lo anterior, la legalizaci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos provenientes del extranjero se surte agotando ese procedimiento, sin menoscabo de las exigencias antes previstas en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.9. En conclusi\u00f3n, se otorgar\u00e1 el exequ\u00e1tur. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el exequ\u00e1tur a la sentencia de 31 de julio de 2013 proferida por la Corte del Circuito Judicial # 17 para el Condado de Broward, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio de Natalia Caicedo Camargo y Mauricio Montejo Salgar, respecto del matrimonio civil contra\u00eddo el 18 de diciembre de 1996 en la Ciudad de La Romana de la Rep\u00fablica Dominicana. <\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos legales a que haya lugar, en especial lo previsto en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de las partes. L\u00edbrense las comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
TERCERO: Sin condena en costas. Por Secretar\u00eda arch\u00edvense las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Esta es la filosof\u00eda que inspira las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las cuales se prev\u00e9 que los procesos pueden fallarse a trav\u00e9s de resoluciones anticipadas, por parecer innecesario agotar las etapas posteriores. (TARUFFO, M. \u201cEl proceso civil de \u201ccivil law\u201d: Aspectos fundamentales\u201d. En \u201cRevista Ius et Praxis\u201d, 12 (1): 69 \u2013 94, 2006). <\/p>\n
2\u0002 PALACIO L., \u201cManual de Derecho Procesal Civil\u201d, LexisNexis, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 72. <\/p>\n
3\u0002 CSJ, SC12137, 15 ag. 2017, rad. n\u00ba 2016-03591-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ SC20806-2017, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00. <\/p>\n
5\u0002 \u00abLa sentencia, como producto de la jurisdicci\u00f3n, emana de la soberan\u00eda, y por eso sus efectos jur\u00eddicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberan\u00eda se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequatur no produce en nuestro ordenamiento jur\u00eddico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, seg\u00fan dice muy bien Morelli, deriva un efecto jur\u00eddico, que consiste en hacer surgir en la parte la acci\u00f3n tendiente precisamente al reconocimiento\u00bb (SENTIS MELENDO, S. \u201cLa sentencia extranjera (exequatur)\u201d, Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 1958, pp. 40). <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC 25 de septiembre de 1996. Exp.5524. <\/p>\n
7\u0002 CSJ SC 0282 de 26 de noviembre de 1984, M.P. Alberto Ospina Botero. <\/p>\n
8\u0002 MONS\u00c1LVEZ, M. \u201cDel cumplimiento en Chile de Resoluciones pronunciadas por Tribunales Extranjeros\u201d, Editorial Andr\u00e9s Bello, p\u00e1g. 100. <\/p>\n
9\u0002 Principio por el cual los Tribunales de un Estado respetan las decisiones de los jueces de otro Estado. <\/p>\n
10\u0002 Se traduce Cortes\u00eda Internacional, es tambi\u00e9n conocida como \u201ccomitas gentium\u201d: \u201cUsos sin car\u00e1cter de obligaci\u00f3n, observados en las relaciones internacionales, simplemente por razones de consideraciones rec\u00edprocas\u201d, (GUILLIEN, R. y otro. Diccionario jur\u00eddico, 2da edic. Bogot\u00e1: Temis, 1990, P. 113-114). Se basa en la voluntad unilateral de un Estado por medio de sus jueces a diferencia por ejemplo de un tratado que es un acto jur\u00eddico bilateral que conlleva el consentimiento de dos o m\u00e1s partes. Es una doctrina que se acerca al Stoppel. <\/p>\n
11\u0002 Tradicionalmente se ha entendido que el sistema romano y el anglosaj\u00f3n resultan totalmente distintos e incompatibles, cuando en realidad comparten asuntos comunes en temas constitucionales, procesales, civiles, comerciales, entre otros. La globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, pol\u00edtica y cultural destruye barreras, intercomunica y amalgama crecientemente modelos, entre ellos, los jur\u00eddicos, de modo que hay una casi natural influencia rec\u00edproca de ambas familias jur\u00eddicas, en las fuentes creadoras del derecho y muchos otros aspectos, pues en uno tiene lugar a trav\u00e9s del se\u00f1alamiento de reglas impersonales, generales y abstractas (leyes); y el otro, se finca en la obligatoriedad del precedente (stare decisis) fijado por los jueces (sentencias), el cual se construye a trav\u00e9s de casos. <\/p>\n
12\u0002 \u201cHago para que des\u201d, locuci\u00f3n que en el derecho romano se refer\u00eda a una denominaci\u00f3n gen\u00e9rica de los contratos innominados, en los cuales una de las partes realizaba una prestaci\u00f3n o ejecutaba alg\u00fan hecho para obtener una cosa de la otra (CABANELLAS DE TORRES, G. \u201cDiccionario jur\u00eddico elemental\u201d. 11a. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 1993). <\/p>\n
13\u0002 COTRONEO ORME\u00d1O, C., \u201c\u00bfObligaci\u00f3n moral de obedecer el Derecho? la desobediencia civil en Rawls y su inclusi\u00f3n en el positivismo jur\u00eddico incluyente\u201d en Revista Derecho y Humanidades n\u00b0 25, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 69, (2015). <\/p>\n
14\u0002 Aqu\u00ed se resalta la noci\u00f3n kantiana sobre la relaci\u00f3n hombre y dignidad, la cual alcanza su culmen cuando el Derecho reconoce y respeta al individuo. <\/p>\n
15\u0002 Art\u00edculos 7, 8, 9 y 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas \u2013ONU; 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC G. J., t. LXXX, p\u00e1gina 464, CLI, p\u00e1gina 69, CLVIII, p\u00e1gina. 78, y CLXXVI, pagina 309, entre otras. <\/p>\n
18\u0002 G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras. <\/p>\n
19\u0002 (CSJ SC 19 de junio de 1994, G.J. CCXXXI, N\u00b0 2470, 2\u00b0 semestre de 1994, Volumen I, p\u00e1ginas 83 y ss.; reiterada en sentencias de 22 de noviembre de 2010, exp. 2008-00357-00, y 4 de noviembre de 2011, exp. 2011-01488-00). <\/p>\n
20\u0002 (CSJ SC12886-2015. 24 de septiembre de 2015. Rad. 2012-02133-00). <\/p>\n
21\u0002 (CSJ SC, 25 Sep 199, Rad. 5524, reiterado en SC12886-2015). <\/p>\n
22\u0002 CSJ SC, 4 abr. 2008, Rad. 2006-01256, criterio reiterado CSJ SC, 5 agosto. 2013, Rad. 2011-00104-00. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4047-2021 (2019-02230-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4047-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-02230-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide lo pertinente frente a la demanda de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}