SC4048-2021 (2020-03110-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03110-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide lo pertinente frente a la demanda de exequ\u00e1tur presentada por John Jairo Dulcey Sanabria y Jenny Omaira Fuentes Campos, respecto de la sentencia de divorcio entre en los solicitantes, decisi\u00f3n No. 22\/14, proferida el 16 de enero del a\u00f1o 2014 por el Juzgado de Primera Instancia No 26 de Valencia \u2013 Espa\u00f1a. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. John Jairo Dulcey Sanabria y Jenny Omaira Fuentes Campos, de nacionalidad colombiana, presentaron demanda ante esta Corporaci\u00f3n con el fin de que sea homologada la sentencia No. 22\/14 proferida el 16 de enero del a\u00f1o 2014, mediante la cual declar\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo entre ellos. <\/p>\n
1.2. La solicitud fue cimentada en los siguientes hechos: <\/p>\n
1.2.1. Los promotores contrajeron casamiento civil en Colombia, en el municipio de Floridablanca-Santander, tal como lo acredita el registro civil de matrimonio con indicativo serial 1807824. <\/p>\n
1.2.2. Durante el casorio procrearon a Jhoan Hernesto y Jessica Jhoanna Dulcey Fuentes; quienes hoy son mayores de edad, nacidos el 18 de abril de 1996 y el 6 de octubre de 1997, respectivamente, como consta en sentencia extranjera y acuerdo regulador. <\/p>\n
1.2.3. Mediante sentencia del 16 de enero del a\u00f1o 2014, el Juzgado de Primera Instancia No 26 de Valencia \u2013 Espa\u00f1a, profiri\u00f3 sentencia de divorcio por mutuo acuerdo, interpuesto por los citados c\u00f3nyuges; las partes celebraron un convenio regulador como lo exige la ley espa\u00f1ola, en el cual establecieron el cese de convivencia, visitas y alimentos para los hijos y patria potestad compartida respecto de los, entonces, menores de edad. <\/p>\n
1.2.4. La sentencia no versa sobre derechos reales de bienes en Colombia, tampoco se opone a las leyes y otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, se encuentra debidamente ejecutoriada y no existe proceso en curso ni fallo definitivo de jueces nacionales sobre el mismo asunto. <\/p>\n
1.2.5. Entre Colombia y Espa\u00f1a existe tratado bilateral para el reconocimiento rec\u00edproco de sentencias en aplicaci\u00f3n del convenio sobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles, suscrito entre Colombia y el Reino de Espa\u00f1a, aprobado mediante la Ley 7\u00aa de 30 de mayo de 1908 el cual se encuentra vigente para ambos Estados desde el 16 de abril de 1909. <\/p>\n
1.3. Una vez admitida la petici\u00f3n por la Corte, en auto del 14 de diciembre de 2020 se orden\u00f3 correr traslado del libelo introductorio a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, seg\u00fan los art\u00edculos 290 y 291 del C\u00f3digo General del Proceso, entidad que, en tiempo, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puede aseverarse entonces, que todas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto, por lo que, en concepto de esa agencia del Ministerio P\u00fablico, procede la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente, una vez se d\u00e9 evidencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica anunciada\u201d 1. <\/p>\n
1.4. Dado que la demanda es mutua y el fallo de divorcio es producto de la voluntad de los solicitantes, para entonces c\u00f3nyuges, no fue necesaria la convocatoria de otros sujetos. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El numeral 4\u00ba del canon 607 del C.G.P. prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201c(\u2026) vencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La aludida codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribe: \u201c(\u2026) [E]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial (\u2026), [c]uando no hubiere pruebas por practicar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esa manera, cuando los juzgadores adviertan la carencia o inocuidad del debate probatorio, podr\u00e1n proferir fallo definitivo sin m\u00e1s tr\u00e1mites, por innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso2. <\/p>\n
La norma 279, inciso 2\u00ba, ib\u00eddem, en todo caso, permite el fallo escrito. Sucede cuando en la audiencia de juzgamiento es imposible emitirlo de viva voz (art\u00edculo 373, numeral 5\u00ba, inciso 3\u00ba, ej\u00fasdem). Tambi\u00e9n, es una consecuencia necesaria, en las hip\u00f3tesis donde, al no existir pruebas para evacuar, ninguna audiencia habr\u00eda que realizar. Sucede, por ejemplo, en el procedimiento del recurso de revisi\u00f3n (art\u00edculo 358, in fine) y durante el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur, seg\u00fan se anunci\u00f3. <\/p>\n
Refrenda lo anterior el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de justicia y el derecho fundamental al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, todo, en el marco de la decretada Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica a ra\u00edz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices se\u00f1aladas se encuentran, como regla general, las actuaciones no presenciales y \u201cexcepcionalmente de manera presencial\u201d. <\/p>\n
En estas condiciones es plausible dictar sentencia anticipada escrita y por fuera de audiencia, dada la etapa procesal y la naturaleza de la actuaci\u00f3n y el tipo de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Lo anterior rige tambi\u00e9n en materia de exequatur, aspecto que se infiere de la doctrina probable sostenida por esta Corte, particularmente de las siguientes providencias: 11001-02-03-000-2017-01922-00; 11001-02-03-000-2016-00260-00; 11001-02-03-000-2016-2544-00; 001-02-03-000-2016-03018-00; 001-02-03-000-2016-02853-00. <\/p>\n
En el presente tr\u00e1mite, el respeto a las formas propias de cada juicio debe ponderarse con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
En otras palabras, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, de modo que, al advertirse sus minucias, deber\u00e1n soslayarse, cuando en el decurso se posea todo el material suasorio requerido para tomar una determinaci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u201c(\u2026) irrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la administraci\u00f3n de justicia \u201c(\u2026) debe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u201d (art. 4, Ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u201c(\u2026) eficiente y que [l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustentaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley (\u2026)\u201d (art. 7 ib\u00eddem). <\/p>\n
El proferimiento de una sentencia anticipada, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, criterio arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/p>\n
Al respecto, expuso esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan al fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
\u201cDe igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderante oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para prever de fondo anticipado se configura cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
En el sublite resulta procedente dictar un fallo anticipado, pues seg\u00fan se infiere, no resultaba indispensable se\u00f1alar y celebrar audiencia para evacuar alguna prueba, pues las ordenadas son documentales, se cuenta, adem\u00e1s, con lo decretado y recaudado en juicio. <\/p>\n
En consecuencia, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, en particular, ante la ausencia de oposici\u00f3n, debiendo entonces proferirse decisi\u00f3n definitiva, inmediata y escrita. <\/p>\n
2.2. En el marco del Derecho internacional privado las relaciones entre los estados se afianzan en la medida en que se contemplen mecanismos de reconocimiento rec\u00edproco de sus respectivas decisiones judiciales. El exequ\u00e1tur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales. <\/p>\n
En Colombia, los jueces como garantes de la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y de la ley asumen responsabilidades que ata\u00f1en directamente con el respeto y la defensa de la soberan\u00eda nacional. El Estado Colombiano a trav\u00e9s de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ha dejado en cabeza de esta Corporaci\u00f3n la tarea de verificar el acatamiento de los requisitos legales, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica y, para el efecto, debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y aqu\u00e9l donde se profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan del mismo valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos de derecho internacional, deber\u00e1 compararse la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si no existe violaci\u00f3n de normas de orden p\u00fablico y si dichos ordenamientos contemplan disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que se impone elucidar \u201c(\u2026) si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u201d5. <\/p>\n
2.3. El exequatur est\u00e1 relacionado con la soberan\u00eda, elemento esencial del Estado, y como emanaci\u00f3n de ella, compete a sus propios jueces impartir justicia en el respectivo territorio. <\/p>\n
Este postulado ha adquirido una nueva dimensi\u00f3n como consecuencia de la creciente interrelaci\u00f3n de los distintos pa\u00edses, por el flujo que se genera en el tr\u00e1fico de bienes y servicios habidos entre ellos, sus naturales o connacionales, por la creciente globalizaci\u00f3n, la formaci\u00f3n de bloques econ\u00f3micos, el aumento de leyes uniformes, permitiendo que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos no solo en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en \u00e9l, sino tambi\u00e9n en Estados extranjeros, a condici\u00f3n de que se observen determinados principios. <\/p>\n
De ese modo, con fundamento en el sistema de reciprocidad, frecuentemente sentencias o laudos pronunciados en el extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria6, producen efectos vinculantes en Colombia. <\/p>\n
En forma subsidiaria a los anteriores instrumentos, tambi\u00e9n se concede eficacia a los fallos extranjeros, conocido con (iii) el sistema de homologaci\u00f3n jurisprudencial o de hecho, calificable como una modalidad de reciprocidad jurisprudencial. <\/p>\n
2.4.1. La diplom\u00e1tica, convencional o ejecutiva, tiene lugar cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado p\u00fablico que permita igual aplicaci\u00f3n en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestaci\u00f3n a la fuerza que \u00e9stas tengan en aqu\u00e9l, las suyas vinculen en nuestro suelo7. <\/p>\n
2.4.2. La legislativa, como reconocimiento de sentencias previsto en la normativa extranjera. <\/p>\n
Bajo este esquema, a falta de Tratado, debe demostrarse que en el pa\u00eds donde se emiti\u00f3 la providencia objeto de exequatur tambi\u00e9n existe ley en ese territorio que le d\u00e9 validez a las dictadas en Colombia. Subordina el goce de los derechos de los extranjeros a la existencia en su pa\u00eds, de una norma de derecho interno que otorgue un trato semejante a los nacionales del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En otras palabras, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva legislaci\u00f3n extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por esa disposici\u00f3n a los proferidos en Colombia. <\/p>\n
En consecuencia, cuando no hay tratado p\u00fablico, es indispensable demostrar en el proceso respectivo que la ley del pa\u00eds donde fue dictada la sentencia que pretende ejecutarse en Colombia, da el mismo valor a las sentencias de los jueces nacionales colombianos8. <\/p>\n
La prueba de este sistema debe ajustarse a lo previsto en el art. 177 del C.G.P., seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.4.3. La jurisprudencial o de hecho, con la cual se busca dar los mismos efectos a las sentencias proferidas en el exterior a los fallos dictados en el pa\u00eds de origen. Esta posibilidad es de gran aplicaci\u00f3n en los sistemas del common law por virtud de la trascendencia de las decisiones judiciales y del stare decisis. <\/p>\n
Para su consecuci\u00f3n, la providencia debe contener similares caracter\u00edsticas a las dictadas en Colombia. En pos de acreditarla deben aportarse las resoluciones de tribunales extranjeros, debidamente traducidos y legalizados, con la expresa constancia que en ellas se da cumplimiento a las disposiciones nacionales9. <\/p>\n
En esta clase de reciprocidad, un Estado reconoce una sentencia extranjera en virtud de la doctrina \u201cof comity\u201d10, tambi\u00e9n conocida como \u201ccommitas gentium\u201d11 o de la cortes\u00eda internacional. <\/p>\n
Tal homologaci\u00f3n, se itera, es propia del common law, pero aplicable tambi\u00e9n al sistema civilista romano12, pues se edifica en los principios de justicia y armon\u00eda internacionales, cuya pr\u00e1ctica compendia la m\u00e1xima latina \u201cdo ut des facio ut facias\u201d13, pues el reconocimiento de actos de soberan\u00eda de un Estado extranjero, como una sentencia, aun cuando no exista reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, conlleva dos tipos de implicaciones positivas. <\/p>\n
La primera, porque se cumple la obligaci\u00f3n \u00e9tica de obedecer el derecho (duty), esto, por cuanto, prima facie, en toda naci\u00f3n que asuma y profese valores democr\u00e1ticos, ser\u00e1n siempre las autoridades judiciales, por intermedio de sus jueces, a trav\u00e9s de sus providencias, quienes acometen la labor de adjudicar las prerrogativas jur\u00eddicas a los ciudadanos, perspectiva que define e involucra a las instituciones \u201c(\u2026) al servicio de la persona humana, y no al rev\u00e9s (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
Ello se acompasa con uno de los consabidos fines del Derecho, como es su pretensi\u00f3n \u00e9tica15, cuando apunta a situar al individuo en alteridad con los otros sujetos de derecho, con independencia de la nacionalidad a la que pertenezcan, y de ese modo, satisfacer sus necesidades de justicia, dado los rutinarios conflictos que genera la convivencia humana. <\/p>\n
La segunda comporta un valor progresista, en pro de la materializaci\u00f3n de la justicia, entendida esta como esencial virtud de toda forma de organizaci\u00f3n social, ya sea nacional o extranjera. <\/p>\n
As\u00ed, el punto de partida y foco de esta implicaci\u00f3n es dejar claro que la justicia es la estructura b\u00e1sica de toda sociedad democr\u00e1tica, criterio que, por ser universal, impone a los Estados la obligaci\u00f3n de cooperar en su consolidaci\u00f3n, al punto de promover el bienestar de las personas que se favorecen de las decisiones judiciales. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la cooperaci\u00f3n judicial entre naciones implica asumir un sentido transnacional de justicia y una concepci\u00f3n compartida de la misma, donde las diferencias de intereses y objetivos pol\u00edticos de los Estados, no tienen el poder de afectar el fortalecimiento de v\u00ednculos comunes de todo sistema judicial, como la independencia, imparcialidad, legalidad, igualdad, debido proceso, recurso efectivo de amparo ante los jueces y derecho de defensa16. <\/p>\n
Tal enfoque supone que el reconocimiento y cumplimiento de un fallo proferido en el extranjero, en el evento de no existir reciprocidad diplom\u00e1tica y legislativa, ser\u00e1 viable si en el juicio donde se profiri\u00f3 se respetaron las garant\u00edas procesales de los involucrados, siempre y cuando su contenido no sea producto del fraude o colusi\u00f3n, o no violente el orden p\u00fablico nacional o internacional. <\/p>\n
De esa manera, un Estado, por medio de sus jueces, analiza la pertinencia de homologar una sentencia, trata la cuesti\u00f3n y la soluciona para colmar los vac\u00edos legales o la ausencia de instrumentos bilaterales o multilaterales de los Estados, a fin de ensanchar el espacio de los derechos individuales y ofertar recursos de protecci\u00f3n frente a la rigidez o desactualizaci\u00f3n de los sistemas de relaciones internacionales o legislativos, en b\u00fasqueda de un tratamiento de igualdad y de justicia; al mismo tiempo, que por la cortes\u00eda que se deben entre s\u00ed los \u201csoberanos\u201d o los Estados por su condici\u00f3n de iguales. <\/p>\n
El precepto 605 del C. G. del P. abriga dos de los sistemas de reciprocidad, pues, de un lado, \u201c(…) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds (…)\u201d; y, de otro, a falta de aqu\u00e9llos, \u201c(…) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (\u2026)\u201d17 <\/p>\n
2.5. A fin de establecer la viabilidad de autorizaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n en Colombia de la sentencia que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio, proferida por el Juez del Reino de Espa\u00f1a, pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados. <\/p>\n
El subj\u00fadice involucra una decisi\u00f3n judicial emitida por una autoridad judicial del Reino de Espa\u00f1a, pa\u00eds frente al cual, inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Internacionales al peticionario mediante correo electr\u00f3nico de fecha 31 de mayo de 2019 a petitoria con radicado No. 2019\/1009737 incorporado18 como prueba y parte de la causa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) sobre el particular se informa que, una vez revisado el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, se pudo constatar que el mismo reposa el \u2018convenio sobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a\u2019, adoptado el 30 de mayo de 1908 y aprobado por la Ley 7 de 1908, instrumento que regula la, materia de consulta entre los dos Estados, y que en su art\u00edculo 1\u00b0 dispone: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 1\u00b0 Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de las Altas Partes contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitan para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan distado (sic). <\/p>\n
\u201cSegundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Est\u00e1 acreditado el presupuesto del ordinal 2\u00ba del art\u00edculo 606 del ordenamiento adjetivo, pues la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden p\u00fablico. <\/p>\n
En lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3\u00ba del canon precitado, impone destacar que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legitimada de las aludidas providencias. <\/p>\n
2.5.1. La determinaci\u00f3n en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emiti\u00f3, solo se refiere a la ruptura del v\u00ednculo matrimonial, a cuestiones relacionadas con la guarda y custodia de los menores, en ese entonces, ahora, mayores de edad; vivienda conyugal, r\u00e9gimen de visitas, pensi\u00f3n alimenticia, pensi\u00f3n compensatoria y acuerdos patrimoniales de la pareja sobre derechos situados en Espa\u00f1a; dichas estipulaciones se encuentran establecidas en la propuesta de convenio de divorcio que presentaron los, antes, c\u00f3nyuges y que fue aprobada por el Juzgado de Primera Instancia No 26 de Valencia \u2013 Espa\u00f1a19. <\/p>\n
2.5.2. El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que \u00e9ste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6o de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prev\u00e9 el \u2018consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u2019, luego no existe incompatibilidad con la norma nacional. <\/p>\n
2.5.3. La misma alcanz\u00f3 ejecutoria y firmeza, como se advierte de la respectiva constancia del estrado judicial de conocimiento20, y como se ratifica por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos21. <\/p>\n
2.5.4. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar morando la pareja en el Reino de Espa\u00f1a, las competentes autoridades de ese territorio ten\u00edan jurisdicci\u00f3n para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a trav\u00e9s de la providencia invocada. <\/p>\n
2.5.5. En el plenario no obra rastro indicativo que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio de los solicitantes. <\/p>\n
2.5.6. El divorcio se inici\u00f3 y fue adelantado como proceso de mutuo acuerdo, tal como se expone en los antecedentes de la sentencia de primera instancia <\/p>\n
2.5.7. Se acreditan tambi\u00e9n, los presupuestos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso en lo relativo al apostillaje. <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999, declar\u00f3 la exequibilidad de la Ley 455 de 1998 mediante la cual, se aprob\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u201d. Este tratado de aplicaci\u00f3n obligatoria en el territorio nacional, al haber cumplido los tr\u00e1mites para su incorporaci\u00f3n en el derecho interno, introdujo modificaciones consistentes en sustituir la autenticaci\u00f3n Diplom\u00e1tica o a trav\u00e9s del C\u00f3nsul, por un sello de apostilla conforme a los t\u00e9rminos previstos en dicho mecanismo internacional y al ordenamiento jur\u00eddico de los pa\u00edses suscriptores. <\/p>\n
Con lo anterior, la legalizaci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos provenientes del extranjero se surte agotando ese procedimiento, sin menoscabo de las exigencias antes previstas en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Realizada la comprobaci\u00f3n del pedido ac\u00e1 incoado, se conferir\u00e1 el exequ\u00e1tur. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Conceder el exequ\u00e1tur a la sentencia de 16 de enero 2014, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No 26 de Valencia \u2013 Espa\u00f1a, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio de John Jairo Dulcey Sanabria y Jenny Omaira Fuentes Campos respecto del matrimonio civil contra\u00eddo el 22 de junio de 1995, en la Registradur\u00eda municipal de Florida Blanca \u2013 Santander. <\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos legales a que haya lugar, en especial lo previsto en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de las partes. L\u00edbrense las comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
TERCERO: Sin condena en costas. Por Secretar\u00eda arch\u00edvense las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 (Fl 5 documento No.11 expediente virtual). <\/p>\n
2\u0002 Esta es la filosof\u00eda que inspira las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las cuales se prev\u00e9 que los procesos pueden fallarse a trav\u00e9s de resoluciones anticipadas, por parecer innecesario agotar las etapas posteriores. (TARUFFO, M. \u201cEl proceso civil de \u201ccivil law\u201d: Aspectos fundamentales\u201d. En \u201cRevista Ius et Praxis\u201d, 12 (1): 69 \u2013 94, 2006). <\/p>\n
3\u0002 PALACIO L., \u201cManual de Derecho Procesal Civil\u201d, LexisNexis, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 72. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, SC12137, 15 ag. 2017, rad. n\u00ba 2016-03591-00. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC20806-2017, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00. <\/p>\n
6\u0002 \u00abLa sentencia, como producto de la jurisdicci\u00f3n, emana de la soberan\u00eda, y por eso sus efectos jur\u00eddicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberan\u00eda se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequatur no produce en nuestro ordenamiento jur\u00eddico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, seg\u00fan dice muy bien Morelli, deriva un efecto jur\u00eddico, que consiste en hacer surgir en la parte la acci\u00f3n tendiente precisamente al reconocimiento\u00bb (SENTIS MELENDO, S. \u201cLa sentencia extranjera (exequatur)\u201d, Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 1958, pp. 40). <\/p>\n
7\u0002 CSJ SC 25 de septiembre de 1996. Exp.5524. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC 0282 de 26 de noviembre de 1984, M.P. Alberto Ospina Botero. <\/p>\n
9\u0002 MONS\u00c1LVEZ, M. \u201cDel cumplimiento en Chile de Resoluciones pronunciadas por Tribunales Extranjeros\u201d, Editorial Andr\u00e9s Bello, p\u00e1g. 100. <\/p>\n
10\u0002 Principio por el cual los Tribunales de un Estado respetan las decisiones de los jueces de otro Estado. <\/p>\n
11\u0002 Se traduce Cortes\u00eda Internacional, es tambi\u00e9n conocida como \u201ccomitas gentium\u201d: \u201cUsos sin car\u00e1cter de obligaci\u00f3n, observados en las relaciones internacionales, simplemente por razones de consideraciones rec\u00edprocas\u201d, (GUILLIEN, R. y otro. Diccionario jur\u00eddico, 2da edic. Bogot\u00e1: Temis, 1990, P. 113-114). Se basa en la voluntad unilateral de un Estado por medio de sus jueces a diferencia por ejemplo de un tratado que es un acto jur\u00eddico bilateral que conlleva el consentimiento de dos o m\u00e1s partes. Es una doctrina que se acerca al Stoppel. <\/p>\n
12\u0002 Tradicionalmente se ha entendido que el sistema romano y el anglosaj\u00f3n resultan totalmente distintos e incompatibles, cuando en realidad comparten asuntos comunes en temas constitucionales, procesales, civiles, comerciales, entre otros. La globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, pol\u00edtica y cultural destruye barreras, intercomunica y amalgama crecientemente modelos, entre ellos, los jur\u00eddicos, de modo que hay una casi natural influencia rec\u00edproca de ambas familias jur\u00eddicas, en las fuentes creadoras del derecho y muchos otros aspectos, pues en uno tiene lugar a trav\u00e9s del se\u00f1alamiento de reglas impersonales, generales y abstractas (leyes); y el otro, se finca en la obligatoriedad del precedente (stare decisis) fijado por los jueces (sentencias), el cual se construye a trav\u00e9s de casos. <\/p>\n
13\u0002 \u201cHago para que des\u201d, locuci\u00f3n que en el derecho romano se refer\u00eda a una denominaci\u00f3n gen\u00e9rica de los contratos innominados, en los cuales una de las partes realizaba una prestaci\u00f3n o ejecutaba alg\u00fan hecho para obtener una cosa de la otra (CABANELLAS DE TORRES, G. \u201cDiccionario jur\u00eddico elemental\u201d. 11a. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 1993). <\/p>\n
14\u0002 COTRONEO ORME\u00d1O, C., \u201c\u00bfObligaci\u00f3n moral de obedecer el Derecho? la desobediencia civil en Rawls y su inclusi\u00f3n en el positivismo jur\u00eddico incluyente\u201d en Revista Derecho y Humanidades n\u00b0 25, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 69, (2015). <\/p>\n
15\u0002 Aqu\u00ed se resalta la noci\u00f3n kantiana sobre la relaci\u00f3n hombre y dignidad, la cual alcanza su culmen cuando el Derecho reconoce y respeta al individuo. <\/p>\n
16\u0002 Art\u00edculos 7, 8, 9 y 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas \u2013ONU; 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC G. J., t. LXXX, p\u00e1gina 464, CLI, p\u00e1gina 69, CLVIII, p\u00e1gina. 78, y CLXXVI, pagina 309, entre otras. <\/p>\n
18\u0002 (Fl. 28-30 documento 2 expediente digital) <\/p>\n
19\u0002 (Fl. 10 documento 2. expediente digital). <\/p>\n
20\u0002 (Fl. 10 documento 2 expediente digital). <\/p>\n
21\u0002 (Fl. 18 documento 2 expediente digital). <\/p>\n
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SC4048-2021 (2020-03110-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03110-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide lo pertinente frente a la demanda de exequ\u00e1tur presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57243","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57243\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}