SC4106-2021 (2018-02233-00)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4106-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02233-00 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por ALEJANDRINA ELIZABETH CASTILLO JIM\u00c9NEZ frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso mediante el cual se pretend\u00eda la declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 en contra de Jos\u00e9 Alah\u00edn Ticora Ram\u00edrez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se inici\u00f3 el referido juicio, se solicit\u00f3 declarar que entre las partes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, con la consecuente sociedad patrimonial desde el 20 de febrero de 1999 hasta el 19 de julio de 2014, la cual debe declararse disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. Finalmente, se pidi\u00f3 condenar en costas al convocado1. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de esas pretensiones, se adujo: <\/p>\n
2.1. Entre los justiciables existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho en el periodo atr\u00e1s mencionado, y aunque continuaron conviviendo bajo el mismo techo, se separaron de \u201clecho y comida\u201d. <\/p>\n
2.2 A ra\u00edz de lo anterior, el enjuiciado comenz\u00f3 a vender algunos bienes que figuraban a su nombre, y la demandante lo tuvo que denunciar ante la Fiscal\u00eda por \u201cviolencia intrafamiliar\u201d. <\/p>\n
2.3. Como no se suscribieron capitulaciones maritales, surgi\u00f3 entre la pareja una sociedad patrimonial, cuyo haber social estaba compuesto por, entre otros, un bien inmueble urbano \u201cubicado en la calle 3 n\u00famero 4 \u2013 26, barrio Centro del municipio de Rovira, Departamento del Tolima\u201d, adquirido por el demandado mediante escritura p\u00fablica No. 309 del 20 de agosto de 2009, protocolizada ante la Notar\u00eda \u00danica de dicha circunscripci\u00f3n territorial. <\/p>\n
3. Admitida la demanda el 27 de agosto de 2014, se orden\u00f3 correr traslado al convocado, qui\u00e9n previa notificaci\u00f3n por conducta concluyente, a trav\u00e9s de apoderado judicial se pronunci\u00f3 frente cada uno de los hechos del libelo, oponi\u00e9ndose a lo pretendido mediante la proposici\u00f3n de la defensa meritoria que denomin\u00f3 \u201cGen\u00e9rica o Innominada\u201d, la cual, sustent\u00f3 diciendo que la uni\u00f3n marital se termin\u00f3 el \u201c04 de septiembre de 2007\u201d, aunque los litigantes hayan acordado seguir viviendo en la misma residencia, por lo que de hallarse probados hechos constitutivos de una excepci\u00f3n, esta debe declararse3. <\/p>\n
4. Agotadas las etapas pertinentes, el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 clausur\u00f3 la primera instancia con sentencia del 17 de noviembre de 2016, en la que, tras desestimarse la excepci\u00f3n de m\u00e9rito innominada propuesta por el demandado, se declar\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho pretendida, pero desde el 20 de abril de 1999 hasta el 19 de julio de 2014 y, probada como existente, disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial correspondiente entre las partes4. <\/p>\n
5. Apelada la decisi\u00f3n por el demandado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en fallo del 29 de noviembre de 2017, confirm\u00f3 la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho dispuesta por la juez a-quo; sin embargo, revoc\u00f3 lo resuelto frente a la sociedad patrimonial y dem\u00e1s suplicas de la demanda5. <\/p>\n
6. Contra la anterior decisi\u00f3n, la demandante formul\u00f3 oportunamente recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue denegada por el Tribunal mediante prove\u00eddo del 6 de junio de 2018, ante la renuencia de \u00e9sta en aportar el dictamen pericial que le fue solicitado y la falta de elementos obrantes en el expediente que permitieran determinar que la impugnaci\u00f3n cumpl\u00eda con el presupuesto de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, teniendo en cuenta que el agravio sufrido con la providencia confutada proven\u00eda de la negativa de la declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial reclamada, el cual es susceptible de cuantificaci\u00f3n6. <\/p>\n
II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. Mediante escrito de demanda7, Alejandrina Elizabeth Castillo Jim\u00e9nez formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia atr\u00e1s referida, con fundamento en la causal octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, alusiva a \u201c[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, por lo que a partir de ese motivo de impugnaci\u00f3n, pidi\u00f3, concretamente, \u201cdeclarar sin valor ni efecto [aquella] y, en su lugar, dictar una nueva (\u2026) que en derecho corresponda\u201d8. <\/p>\n
2. Para sustentar el fundamento de invalidaci\u00f3n alegado y las s\u00faplicas deprecadas, la recurrente esgrimi\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
2.1. Decidida como lo fue la controversia por el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, el demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n para alegar su inconformidad con las pruebas de oficio decretadas por dicha autoridad para declarar la existencia de la uni\u00f3n marital, y en consecuencia, solicit\u00f3 al juzgador de segundo grado revocar el decreto de esta. <\/p>\n
2.2. El Tribunal, no obstante advertir que dictar\u00eda sentencia \u201cteniendo en cuenta \u00fanicamente los argumentos expuestos por el apelante\u201d, procedi\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n del a quo en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pretendida, pero revoc\u00f3 \u201clos numerales 4 y 5 de la misma\u201d, mediante los cuales se declar\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial, as\u00ed como su estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, sin que el contradictor solicitara esto \u00faltimo en la sustentaci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
2.3. La citada autoridad al fallar un aspecto para el que no ten\u00eda competencia o estaba por fuera de la misma, desconoci\u00f3 las reglas establecidas para surtir el tr\u00e1mite de alzada, verbigracia, el canon 320, el inciso segundo del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322, el inciso tercero del numeral 5\u00b0 del precepto 327, el canon 328 y el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133, todos del nuevo estatuto procesal civil. <\/p>\n
2.4. Contra la anterior decisi\u00f3n interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero al ser pedido por el ad-quem un aval\u00fao para demostrar el inter\u00e9s para recurrir, este no se alleg\u00f3, ya que el bien inmueble que ser\u00eda objeto del proceso tiene un valor catastral de \u201c$15.904.000\u201d, por lo que es obvio que su precio comercial no llega a los 1.000 SMLMV, raz\u00f3n por la cual fue denegada su concesi\u00f3n9. <\/p>\n
III. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n
1. Luego de subsanadas las deficiencias advertidas en la demanda de revisi\u00f3n10, la Corte orden\u00f3 oficiar al Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9, a efecto de que remitiera el expediente respectivo; recibido \u00e9ste, se admiti\u00f3 aquella y se dispuso correr traslado de esta al demandado del proceso declarativo en comento11, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes, esto es, la Defensor\u00eda y Procuradur\u00eda de Familia, primero que pese a ser notificado mediante aviso, guard\u00f3 silencio12; mientras que dichas autoridades, en escrito separado, pidieron declarar infundada la impugnaci\u00f3n extraordinaria, por improcedente13. <\/p>\n
2. Agotado el tr\u00e1mite sin que hubiese pruebas por practicar, se corri\u00f3 traslado com\u00fan a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, cuyo t\u00e9rmino transcurri\u00f3 en silencio, de manera que la actuaci\u00f3n se encuentra para dictar sentencia, lo que enseguida se proceder\u00e1, con sustento en las siguientes. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n preliminar <\/p>\n
Sea lo primero indicar, que aunque el inciso final del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que, \u201c[s]urtido el traslado a los demandados se decretar\u00e1n las pruebas pedidas, y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y proferir la sentencia\u201d, la presente decisi\u00f3n se toma de conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00ba del canon 278 del citado Estatuto, que autoriza al juez para dictar sentencia anticipada, total o parcial, \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201c[c]uando no hubiere pruebas por practicar\u201d, tal como sucede en el caso que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, puesto que por auto del 20 de junio de 2019, se tuvieron con tales las aportadas por el extremo actor y las actuaciones surtidas dentro del litigio objeto del recurso, sin que se hubiera requerido la pr\u00e1ctica otras pruebas. <\/p>\n
2. Competencia <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia es la facultada para resolver la impugnaci\u00f3n de la referencia, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el fallo opugnado lo dict\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Adem\u00e1s, esta ser\u00e1 definida bajo las previsiones del se\u00f1alado estatuto, comoquiera que fue interpuesta en vigencia del mismo. <\/p>\n
3. Problema jur\u00eddico planteado <\/p>\n
La proponente de este recurso estima que la sentencia cuestionada de 29 de noviembre de 2017, que confirm\u00f3 la del a-quo en cuanto a la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pero no lo concerniente a la sociedad patrimonial, debe ser invalidada porque respecto de ella se estructura la causal octava de revisi\u00f3n prevista en la aludida codificaci\u00f3n adjetiva civil. <\/p>\n
Precisado en breves palabras lo perseguido con este recurso, a la Corte corresponder\u00e1 establecer, preliminarmente, si el remedio de revisi\u00f3n se introdujo oportunamente y la actora est\u00e1 legitimada para ello y, despu\u00e9s, s\u00ed efectivamente, a la luz de lo que indica la norma y la jurisprudencia sobre el particular, la causal invocada es fundada o no. <\/p>\n
4. El recurso de revisi\u00f3n ac\u00e1 propuesto <\/p>\n
4.1. Oportunidad <\/p>\n
Frente a la tempestividad para proponer el recurso de revisi\u00f3n, se precisa que el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que este \u201cpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del art\u00edculo precedente\u201d. Por tanto, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala el fallo atacado fue proferido el 29 de noviembre de 2017, alcanzando ejecutoria el 7 de diciembre siguiente, , se impone concluir que la demanda radicada el 31 de julio de 201814 fue presentada dentro del bienio previsto en la citada normativa procesal. <\/p>\n
4.2. La legitimaci\u00f3n de la accionante para recurrir en revisi\u00f3n <\/p>\n
Como precedentemente se detall\u00f3, con la sentencia del Tribunal se respald\u00f3 la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho deprecada, pero en ella se revoc\u00f3 el reconocimiento de la sociedad patrimonial derivada de esta dispuesta por la a quo, lo que le genera, sin duda alguna, un inter\u00e9s personal para atacar dicha decisi\u00f3n a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional. <\/p>\n
Ahora, contra la anterior decisi\u00f3n no proced\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por no alcanzar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para ello, como bien lo determin\u00f3 el Tribunal en prove\u00eddo del 6 de junio de 2018, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a la parte actora frente a esa resoluci\u00f3n, al no haber aportado el aval\u00fao que le fue solicitado para demostrar este, pues, cierto es que el \u00fanico inmueble que se pretende hacer valer tiene un valor catastral de \u201c$15.904.000\u201d15, por lo que dif\u00edcilmente puede alcanzar un precio comercial igual a 1.000 SMLMV y, resulta inveros\u00edmil que, de haber sido as\u00ed, \u00e9sta se haya desinteresado en aportar la prueba de tal circunstancia, sabiendo las consecuencias que ello traer\u00eda, de ah\u00ed que, es claro que dicho remedio no se ofrec\u00eda pertinente en el presente caso. <\/p>\n
4.3. Un panorama general del recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/p>\n
Sea lo primero indicar, que aunque el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso consagra las reglas que determinan la firmeza de las providencias, y que el canon 303 siguiente define que las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos tienen fuerza de cosa juzgada, el precepto 354 de esa misma legislaci\u00f3n abre la puerta para que decisiones judiciales que en principio ser\u00edan inmutables, puedan ser examinadas a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n s\u00f3lo en los casos estrictamente consagrados en la ley. <\/p>\n
Si bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jur\u00eddica, el recurso de revisi\u00f3n fue concebido como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el canon 355 de la mentada codificaci\u00f3n, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral noveno ib\u00eddem se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias. <\/p>\n
En esa medida, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, la revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n
Es por ello que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido de anta\u00f1o que, este instrumento procesal \u201c[n]o franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna\u201d ( CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada en SC12948-2016 y SC018-2018, entre otras). <\/p>\n
4.4. La causal alegada <\/p>\n
El motivo de impugnaci\u00f3n esgrimido es el preceptuado en el numeral 8\u00ba del canon 355 del citado estatuto procesal, que alude a \u201c[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, la cual surge, seg\u00fan lo ha determinado la Corte, en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n
Ello, por cuanto se ha dicho, de tiempo atr\u00e1s, que \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d (G.J. CXLVIII, 1985, reiterada en SC4415-2016, SC16880-2017 y SC3951-2019). <\/p>\n
De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha aclarado que la nulidad que emana del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d16, es decir, que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Exp. 03001, reiterada recientemente en SC681-2020). <\/p>\n
En ese sentido, se ha indicado en complemento que, este tipo de nulidad puede originarse \u201ccon la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido (\u2026)\u201d17, as\u00ed como \u201ccuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo, y cuando se dicta sentencia \u00b4sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u00b4\u201d (CSJ SC, 29 Ago. 2008. Rad. 2004-00729, citada hace poco en SC3362-2020). <\/p>\n
4.5. Caso concreto <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la impugnante pretende que se declare, con fundamento en la causal octava de revisi\u00f3n, la nulidad de la sentencia adoptada el 29 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, porque a su juicio \u201cel Magistrado Ponente, fue m\u00e1s all\u00e1 de su competencia o act\u00fao por fuera de su competencia, o sin tener competencia, y de forma ilegal\u201d, ya que \u201cel apelante nunca sustent\u00f3, ni pidi\u00f3 que se revocara por el superior, la decisi\u00f3n (\u2026) consistente en la existencia de la sociedad patrimonial entre las partes\u201d y, en consecuencia, \u201cla no disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la misma\u201d, pues su inconformidad \u00fanicamente la circunscribi\u00f3 a la declaratoria de \u201cla uni\u00f3n marital de hecho\u201d, por lo que es innegable que la citada autoridad \u201centr\u00f3 a estudiar la totalidad del caso olvidando que el marco de su competencia estaba limitado por los argumentos de la apelaci\u00f3n\u201d18. <\/p>\n
Sin embargo, a la luz de lo que se acaba de exponer y revisados los requisitos atr\u00e1s se\u00f1alados, la Corte advierte que \u00e9stos no se hallan cumplidos en su totalidad en el presente asunto, pues, aunque la providencia objeto de cr\u00edtica qued\u00f3 en firme por carecer de recurso alguno, dado que, como se concluy\u00f3 en el punto 4.2 de las consideraciones (legitimaci\u00f3n de la accionante), contra dicha determinaci\u00f3n no proced\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ya que el agravio sufrido por la recurrente con dicha decisi\u00f3n no alcanza la cuant\u00eda del inter\u00e9s para su concesi\u00f3n, raz\u00f3n suficiente para tener por atendida tal exigencia, ciertamente \u00e9sta no demostr\u00f3 que el Tribunal haya incurrido en nulidad al momento de proferirla, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.5.1. De acuerdo con los argumentos exhibidos por la antagonista, lo que se plantea con el presente recurso extraordinario es que el ad-quem incurri\u00f3 en nulidad por el factor funcional de competencia, tras desconocer el principio de congruencia que rige el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Aclarado esto, es preciso recordar que la competencia se refiere a la facultad que le otorga el legislador al juez para ejercer la jurisdicci\u00f3n del Estado, con el prop\u00f3sito de resolver el caso concreto que ingres\u00f3 a su despacho. Ahora, la importancia de determinar con precisi\u00f3n si el juez de conocimiento goza o no de dicha facultad, radica en que carecer de ella constituye un vicio de procedimiento que puede desencadenar, seg\u00fan la normatividad aplicable, la nulidad de todo lo actuado en instancia (C.P.C.), ora la invalidaci\u00f3n de lo rituado despu\u00e9s de declarada esta, o en su defecto, solo de la sentencia (C.G.P.). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, el vigente estatuto adjetivo civil brinda cuatro momentos para advertir la falta de competencia en el proceso, sin perjuicio de aquella que tenga el car\u00e1cter de insaneable, que podr\u00e1 ser alegada en cualquier tiempo. El primero, cuando el juez realiza el estudio de admisi\u00f3n del escrito inicial, que en caso de anotar su incompetencia, deber\u00e1 rechazarla y remitir el asunto a quien considere competente19; el segundo, cuando inadvertido por el fallador lo anterior, el convocado la alega dentro del t\u00e9rmino del traslado de la demanda como excepci\u00f3n previa20; el tercero, si la carencia de dicha facultad no se evidenci\u00f3 en dichas oportunidades, el juzgador tiene el deber de realizar control de legalidad para sanear los vicios que puedan constituir causal de nulidad21; sin embargo, valga aclarar, dicha obligaci\u00f3n \u201cse concreta exclusivamente al factor funcional \u2013que es el \u00fanico insaneable\u2013, pues los dem\u00e1s motivos de incompetencia se entender\u00e1n saneados por la voluntad de las partes si \u00e9stas no los alegaron en su debida oportunidad procesal\u201d, de ah\u00ed que, \u201cla ley procesal proh\u00edbe al juez declarar la falta de competencia distinta de la funcional si la parte interesada no la invoc\u00f3 en la forma y t\u00e9rminos previstos en e[l] ordenamiento\u201d22; y, el cuarto, si finalmente, el precitado vicio pas\u00f3 inadvertido durante ambas instancias, las partes en litis tienen como \u00faltimo mecanismo para intentar la declaratoria de nulidad, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de ser procedente, a trav\u00e9s de la causal quinta del art\u00edculo 336 de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, el factor de atribuci\u00f3n de competencia que se acaba de mencionar, que es el que aqu\u00ed interesa, es aquel donde \u201cel legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n (\u2026)\u201d (CSJ SC, 26 jun. 2003, Rad. 7258). <\/p>\n
As\u00ed, ha dicho la Corte, \u201cse incurre en nulidad por falta de competencia funcional cuando un juez de segunda instancia resuelve la apelaci\u00f3n formulada contra una sentencia dictada en un proceso de \u00fanica instancia; o cuando el fallador de segundo grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal funci\u00f3n; cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequ\u00e1tur; cuando un juez de circuito adelanta un proceso contra agente diplom\u00e1tico; o cualquier otro evento que contravenga las disposiciones del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo II del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculos pertinentes del Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera del Libro Primero del C\u00f3digo General del Proceso]\u201d (CSJ, SC4415-2016). <\/p>\n
Ha de se\u00f1alarse, que su presencia en la segunda instancia de los procesos judiciales supone la realizaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appelatum, que se traduce en que la competencia del superior frente a una apelaci\u00f3n solitaria se halla limitada para revisar lo desfavorable y, en esa medida, el marco de competencia del juzgador lo constituyen las referencias f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisi\u00f3n que se impugna. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cabe precisar que, aunque dicha prerrogativa va de la mano en su ejercicio con la competencia funcional del juez, la misma no puede confundirse con esta, pues \u201cno es una regla relativa al reparto de la jurisdicci\u00f3n entre los jueces -distribuci\u00f3n de funciones-, sino una regla operativa para acotar los t\u00f3picos materia de decisi\u00f3n\u201d (CSJ, SC1916-2018), cuyo desconocimiento deber\u00e1 ser cuestionado a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n (Num. 3\u00b0, Art. 336 C.G.P.), cuando este sea procedente, pues en caso contrario, ser\u00e1 mediante la acci\u00f3n constitucional reservada para proteger las referidas garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Sobre la distinci\u00f3n de tales institutos, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u201c[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron materia de la apelaci\u00f3n -ni est\u00e1n \u00edntimamente conectados con ella- no es un problema de competencia funcional del juez ad quem sino un asunto que ata\u00f1e al derecho sustancial que tiene el recurrente para que la resoluci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no toque puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia. De ah\u00ed que cuando, se pretenda atacar la sentencia de segunda instancia susceptible de recurso de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n al principio de la no reformatio in pejus, tal acusaci\u00f3n deber\u00e1 plantearse en el \u00e1mbito de la causal cuarta del art\u00edculo 368 de la ley adjetiva; en tanto que si el fundamento de la acusaci\u00f3n obedece a una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso, el ataque deber\u00e1 dirigirse por la senda de la causal segunda de casaci\u00f3n, por vicio de incongruencia entre lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem (\u2026). <\/p>\n
Para el ataque de ambos tipos de errores en la sentencia de segunda instancia, la ley procesal tiene reservado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que ata\u00f1en al fondo de la decisi\u00f3n, sin que tengan relaci\u00f3n con las nulidades procesales. De ah\u00ed que ninguna de esas figuras est\u00e1 enlistada como motivo de nulidad en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 133 del C.G.P.]\u201d (\u00e9nfasis deliberado, CSJ SC14427-2016)24. <\/p>\n
4.5.2. Conforme a lo expuesto, como es di\u00e1fano que la fundamentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria se refiere a una supuesta inconsonancia entre el fallo de segunda instancia y los reparos planteados en la apelaci\u00f3n por el demandado en el juicio declarativo que se revisa, tal circunstancia no es factible proponerla como una nulidad por falta de competencia funcional, en raz\u00f3n a que no se discute la aptitud del juez plural para resolver la alzada, la que para el caso viene dada por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso25, sino el contenido de la decisi\u00f3n, todo lo cual descarta de tajo la eventual configuraci\u00f3n de la causal invocada. <\/p>\n
4.5.3. Ahora, aunque si en gracia a la discusi\u00f3n se interpretara que la recurrente lo que esgrime con el presente remedio excepcional, es que la incongruencia es un defecto que configura de manera aut\u00f3noma una nulidad, y que esta se origina precisamente en la sentencia, tampoco lo pretendido en este escenario tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Ello, por cuanto, como se explic\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la nulidad a la que alude la causal de revisi\u00f3n alegada ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n\u201d, lo que no sucede con la referida figura, pues, reit\u00e9rese, la misma no constituye una desviaci\u00f3n del tr\u00e1mite que sea constitutiva de nulidad procesal, en la medida que corresponde al fondo de la decisi\u00f3n, es decir, a un aspecto sustancial del debate, de ah\u00ed que, no aparezca enlistada como tal en el art\u00edculo 133 del tantas veces mencionado estatuto adjetivo civil, ni en ning\u00fan otro canon de dicha obra, raz\u00f3n por la que resulta impertinente edificar una censura a trav\u00e9s del motivo de invalidaci\u00f3n escogido con base en la inconsonancia del fallo confutado. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento, la Sala a trav\u00e9s de decisi\u00f3n de ponente, lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n, tras esgrimir lo siguiente: <\/p>\n
\u201c1. Ab initio, resulta necesario reiterar que, <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cen punto de la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales (\u2018especificidad\u2019), la legislaci\u00f3n colombiana sigui\u00f3 a la francesa de la Revoluci\u00f3n y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acu\u00f1\u00f3 la m\u00e1xima pas de nullit\u00e9 sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sint\u00e9ticamente en el encabezamiento del art\u00edculo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso] al decir que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos (…)\u201d, especificidad que reafirma el inciso 4o. del art\u00edculo 143 ib\u00eddem [135 actual], al disponer que \u201cel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este cap\u00edtulo…\u201d. <\/p>\n
La contundencia de esta directriz se pone de presente en estas palabras de la Corte: \u201cLa ley procesal es terminante al se\u00f1alar cu\u00e1les vicios de actividad son generadores de nulidad y cu\u00e1les no, [de] manera que no es dable al int\u00e9rprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analog\u00eda o por mayor\u00eda de raz\u00f3n, alg\u00fan otro tipo de defecto adjetivo, restricci\u00f3n por cierto claramente definida en una larga tradici\u00f3n jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que \u201c…nuestro C\u00f3digo de procedimiento Civil -aludiendo al de 1931 que as\u00ed como el actual consagraba el principio de la especificidad de las nulidades-, siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaci\u00f3n m\u00e1s o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador\u201d (G.J. t. XCI, p\u00e1g. 449)\u00bb (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.). <\/p>\n
2. Con apoyo en la comentada regla orientativa del sistema de nulidades procesales, un sector de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha insistido, de forma consistente, en que la \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb ata\u00f1e, exclusivamente, a la estructuraci\u00f3n de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificaci\u00f3n vigente en la fase conclusiva del juicio. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, en el fallo CSJ SC3892-2020, 19 oct., se precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[E]l motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio (…). De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido (…), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, en CSJ SC674-2020, 3 mar., la Corte dijo: <\/p>\n
\u00abEl motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n
(…) De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de: \u201c\u2026 una irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido\u201d (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u201clos motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001). (…) La nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia\u00bb. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo expuesto, y dado que el legislador no relacion\u00f3 ni la incongruencia, ni los \u00abdefectos f\u00e1cticos\u00bb, ni ninguno de los yerros que denunci\u00f3 la recurrente en su escrito, dentro de los motivos de anulabilidad procesal, las alegaciones compendiadas en los antecedentes de esta providencia no resultan t\u00e9cnicamente aptas para cimentar una censura enrutada por la causal octava de revisi\u00f3n\u201d (subrayas ajenas al texto, CSJ AC458-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no constituir la incongruencia un motivo de nulidad consagrado en la ley, sino un defecto por excesos o deficiencias en el contenido de la sentencia, es incontrovertible que la causal de revisi\u00f3n invocada no tiene cabida y, por ende, debe declararse impr\u00f3spera. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por todo lo expuesto y de lo que consta en la actuaci\u00f3n judicial de la referencia, se llega a la conclusi\u00f3n que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto es infundado, comoquiera que el motivo que la sustenta no cumple con las exigencias legales previstas para hacer prosperar la causal invocada, motivo por el cual se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el mecanismo de impugnaci\u00f3n de que aqu\u00ed se trata, sin lugar a condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 365 del vigente estatuto procesal civil26. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por ALEJANDRINA ELIZABETH CASTILLO JIM\u00c9NEZ contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- Sin costas en el tr\u00e1mite, por no haberse causado. <\/p>\n
TERCERO.- Cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente al juzgado de origen, a excepci\u00f3n de la actuaci\u00f3n relativa al recurso de revisi\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
CUARTO.- Archivar, en su momento, el expediente aqu\u00ed conformado. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Archivo Cdo. 1o. del Juzgado 6o. de Familia de Ibague.pdf, p\u00e1ginas 105 a 107. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1ginas 202 a 2012, Cit. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1ginas 264 a 268, ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo Cdo. Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, p\u00e1ginas 33 y 34. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1ginas 52 a 54, Cit. <\/p>\n
7\u0002 La cual fue admitida, luego de ser subsanada. <\/p>\n
8\u0002 Archivo Cdo. Corte rad. 11001-02-03-000-2018-02233-00, P\u00e1ginas 7 a 9. <\/p>\n
9\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 P\u00e1ginas 17 a 21, Cit. <\/p>\n
11\u0002 Tambi\u00e9n se orden\u00f3 prestar cauci\u00f3n a efectos de resolver sobre la medida cautelar peticionada, la que finalmente no se decret\u00f3 por no haberse prestado esta. <\/p>\n
12\u0002 Se aclara que, en dos ocasiones, quien dijo ser apoderado judicial del convocado alleg\u00f3 escrito denominado \u201cconstancia de ausencia de notificaciones\u201d, alegando que no fue enterado del presente tr\u00e1mite; no obstante, a trav\u00e9s de prove\u00eddos con data de 4 de junio y 18 de julio de 2019, no se tuvieron en cuenta los mismos, habida cuenta que el profesional del derecho que los suscribi\u00f3 no aport\u00f3 el poder que lo facultara para actuar dentro del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pues si bien fue revestido de facultades para adelantar la representaci\u00f3n de la parte pasiva en el aludido juicio, las mismas son insuficientes para desarrollar ese encargo en este particular escenario. <\/p>\n
13\u0002 P\u00e1ginas 108, 109 y 112 a 119, Cfr. <\/p>\n
14\u0002 Archivo Cdo. Corte rad. 11001-02-03-000-2018-02233-00, p\u00e1gina 9. <\/p>\n
15\u0002 P\u00e1gina 6, Ob. <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC, 22 Sep. 1999. Exp. 7421. <\/p>\n
17\u0002 CSJ, SC14427-2016. <\/p>\n
18\u0002 P\u00e1ginas 17 a 21, archivo Cdo. Corte rad. 11001-02-03-000-2018-02233-00, expediente digitalizado. <\/p>\n
19\u0002 Art\u00edculo 90, Cit. <\/p>\n
20\u0002 Numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 100, ib. <\/p>\n
21\u0002 Art\u00edculo 132 y numeral 8\u00b0 del canon 372, ejusdem. <\/p>\n
23\u0002 Sobre la inconsonancia por este mismo aspecto, v\u00e9ase CSJ, SC14427-2016 y AC1385-2020. <\/p>\n
24\u0002 Ver en el mismo sentido, CSJ SC, 1\u00b0 nov. 2013, Rad. No. 1999-00355-01 y SC4415-2016. <\/p>\n
25\u0002 Que es del siguiente tenor: \u201cLos tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil:\/\/1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito.\u201d (Destaco ajeno al texto). <\/p>\n
26\u0002 Que reza: \u201cSolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
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SC4106-2021 (2018-02233-00) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC4106-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02233-00 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Se decide el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}