SC4107-2021 (2018-03705-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC4107-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03705-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual la autoridad judicial decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Valerio \u00c1ngelo Zamarian (folio 22, expediente digital). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 14 de diciembre de 1991 en Arba (Italia), la convocante, de nacionalidad colombiana, contrajo nupcias con Valerio \u00c1ngelo Zamarian, italiano. <\/p>\n
2. Durante la uni\u00f3n nacieron dos hijos, quienes en la actualidad son mayores de edad y no se adquirieron bienes. <\/p>\n
3. Desde el a\u00f1o 1997 los esposos dejaron de convivir, raz\u00f3n por la cual decidieron, de mutuo acuerdo, solicitar el divorcio, declarado por el Tribunal de Pordenone en sentencia de 3 de mayo de 2001, al haber transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os bajo el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de cuerpos (folios 22 a 24, ib.). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur <\/p>\n
1. El 23 de enero de 2019 se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (folio 28, ib.). <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia indic\u00f3 que \u201ctodas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto (\u2026)\u201d (folios 30 y 31 dorso y anverso, ib.). <\/p>\n
3. En la debida oportunidad, se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia e Italia existen convenios internacionales vigentes sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de nuestro pa\u00eds en Roma (Italia) para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en materia de divorcio (folios 33 dorso y anverso, ib.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se dispuso de manera oficiosa verificar, por intermedio de la Secretar\u00eda, si a prop\u00f3sito de otros tr\u00e1mites de exequatur, se obtuvo informaci\u00f3n de las normas italianas que regulen el divorcio en dicho Estado (folio 35, ib.), labor que fue cumplida oportunamente (folios 79 a 105, ib.). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb, precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, por lo que, si en curso de la actuaci\u00f3n, se encuentra que no existen medios de cognici\u00f3n que deban evacuarse, deber\u00e1 entonces proferirse la correspondiente sentencia, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 ejusdem, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Lo anotado ocurre en el asunto que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, por cuanto se ha configurado con claridad la causal en comento, dado que no existen probanzas para practicar, de ah\u00ed que sea necesario proferir el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb. (CSJ, SC4714-2020, 7 dic.). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, ha de memorarse que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados; su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales que, entre otras cosas, impiden contrariar la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y el que profiri\u00f3 el fallo existan tratados que revistan de valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales convenios, debe cotejar la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00ab(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb, (CSJ SC20806-2017, reiterada en SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Quinto del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 sujetarse a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el art\u00edculo 606 del mismo ordenamiento, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
3. El caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Italia, pa\u00eds frente al cual inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores que \u201cno se encontr\u00f3 instrumento sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias de los que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Italiana sean Estados Parte\u201d (folio 43, cno. Corte), lo que quiere decir, que no existe evidencia de reciprocidad diplom\u00e1tica entre estas dos naciones frente a la homologaci\u00f3n de sentencias en temas civiles; empero s\u00ed, de orden legislativo. As\u00ed lo evidencian las probanzas recaudadas y los precedentes de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. N\u00f3tese del compendio normativo adosado al plenario que la Ley italiana n\u00b0 218 de 1995 (Reforma del Derecho Internacional Privado), la cual \u201cregula la eficacia de las sentencias y de los actos extranjeros\u201d, prescribe para el cumplimiento de ese prop\u00f3sito las siguientes exigencias: <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n, guarda estrecha armon\u00eda con las reglas que regulan la materia en nuestro pa\u00eds que, a m\u00e1s de avalar el reconocimiento judicial de la eficacia de las decisiones adoptadas en el extranjero, lo condiciona al cumplimiento de algunas exigencias contempladas en el canon 606 ya citado. <\/p>\n
4.1. En cuanto toca con la clase de asunto a homologar, igualmente se advierte similitud entre las pautas establecidas por los dos pa\u00edses, tanto as\u00ed que el art\u00edculo 65 de la Ley 218 antes referida, establece que \u201c[t]tienen efecto en Italia, las sentencias extranjeras relativas a la capacidad de las personas, y las relativas a la existencia de relaciones familiares o de derechos de la personalidad, cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades del Estado cuya Ley se refiere a las normas de la presente Ley, o produzcan efectos en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando hayan sido pronunciadas por las autoridades de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden p\u00fablico y los derechos esenciales de la defensa\u201d (se destaca). <\/p>\n
Justamente es presupuesto indispensable en Colombia, que para la procedencia del exequatur no resulta suficiente la demostraci\u00f3n de la mencionada reciprocidad, sino que tambi\u00e9n es forzoso corroborar que la decisi\u00f3n no contraviene el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella, \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb (subrayado para destacar) (CSJ SC, 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequatur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
En cumplimiento de aquella tarea se corrobora que el procedimiento fue promovido por Claudia Fernanda Garc\u00eda Becerra sin oposici\u00f3n del demandado, quien, incluso, corrobor\u00f3 el deseo mutuo de finiquitar la relaci\u00f3n matrimonial, circunstancia que a la par con la falta de convivencia de los involucrados por un lapso superior a dos a\u00f1os como se anot\u00f3 en la providencia for\u00e1nea, llevaron al tribunal extranjero a acoger las pretensiones, es decir, a declarar la disoluci\u00f3n del matrimonio, mediante providencia de 3 de mayo de 2001, actuaci\u00f3n que deviene acorde con nuestra legislaci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulaci\u00f3n contenida en los preceptos 154 (numeral 8\u00ba), 164 y 165 (numeral 1\u00ba) de la codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
4.2. S\u00famese a ello, que con fundamento en los mandatos que vienen de analizarse, esta Sala ha homologado distintas sentencias de divorcio originarias de la Rep\u00fablica de Italia, cuya causa, como en este asunto, hallaba origen en el com\u00fan acuerdo y la separaci\u00f3n prolongada de los c\u00f3nyuges, coincidiendo todas ellas, en la existencia de la reciprocidad legislativa entre dicho Estado y Colombia. Es el caso de los pronunciamientos CSJ SC 17088-2014, 12 dic., rad. 2012-02654; CSJ SC11704-2016, 26 ago., rad. 2013-2919; CSJ SC2224-2018, 19 jun., rad. 2015-00938; CSJ SC2168-2020, 13 jul., rad. 2018-03171 y CSJ SC1424-2019, 24 abr., rad. 2015-01279. <\/p>\n
5. Concl\u00fayase, entonces, que procede la homologaci\u00f3n peticionada, en tanto que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legalizada de la determinaci\u00f3n cuyos efectos pretenden ser acogidos; igualmente se vislumbran cumplidos los requisitos de apostilla, la sentencia en cuesti\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encuentren localizados en el territorio nacional, sino sobre el divorcio de los involucrados, materia que no es de competencia exclusiva de los jueces de este pa\u00eds. <\/p>\n
Adem\u00e1s, alcanz\u00f3 ejecutoria de conformidad con la ley de la naci\u00f3n de origen, no es contraria al orden p\u00fablico y, como se decant\u00f3, tampoco existe discordia entre la decisi\u00f3n judicial y el ordenamiento interno que regula el asunto a que hace m\u00e9rito, pues el fundamento de la decisi\u00f3n se enmarca perfectamente en una de las causales de divorcio contempladas en nuestro C\u00f3digo Civil, de ah\u00ed que resulte ineludible el reconocimiento de sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia proferida el tres de mayo de dos mil uno por el Tribunal de Pordenone Rep\u00fablica de Italia, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por Claudia Fernanda Garc\u00eda Becerra y Valerio \u00c1ngelo Zamarian el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y uno en Arba (Italia). <\/p>\n
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio de las partes y en el de nacimiento de la solicitante. Por Secretar\u00eda, l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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