SC4162-2021 (2005-00284-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC4162-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-31-03-005-2005-00284-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesiones virtuales de veintisiete de mayo y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luz Eugenia Sarria de Granobles, frente a la sentencia de 9 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, dentro de los procesos acumulados que la recurrente promovi\u00f3 contra Germ\u00e1n Alonso, Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda y Camilo Ernesto Sarria Orozco, al cual se vincularon Luz \u00c1ngela y Carmen Elena Sarria Orozco como litisconsortes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, en procesos independientes que posteriormente se acumularon, deprec\u00f3 que se declarara la simulaci\u00f3n absoluta de las compraventas que se listan en lo sucesivo, con la orden para que los bienes enajenados fueran reintegrados a Miguel \u00c1ngel Sarria Diago (q.e.p.d.) o, en su defecto, su valor dinerario, con las restituciones y prestaciones mutuas, as\u00ed como las anotaciones correspondientes: <\/p>\n
a) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1483 de 30 de diciembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso Sarria Orozco la nuda propiedad de los inmuebles La Laguna, San Pedro y Pamplonita; <\/p>\n
b) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1484 de 30 de diciembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la nuda propiedad de los inmuebles Hatochico y El Hato; <\/p>\n
c) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 791 de 2 de marzo de 1995, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Popay\u00e1n, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la nuda propiedad del inmueble La Estancia; <\/p>\n
e) Actos jur\u00eddicos celebrados entre Miguel \u00c1ngel Sarria Diago y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco sobre los equinos Chuvasco de la Estancia, Arist\u00f3teles de la Estancia, Balalaika de La Estancia, Chiripa de La Estancia y Gaita de La Estancia; <\/p>\n
f) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1485 de 30 de diciembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la nuda propiedad de la finca La Palma; <\/p>\n
g) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1485 de 30 de diciembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la nuda propiedad del inmueble Las Huacas; <\/p>\n
h) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 333 de 30 de junio de 2001, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la propiedad del inmueble El Porvenir (matr\u00edcula n.\u00ba 122-0004201); <\/p>\n
i) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 333 de 30 de junio de 2001, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la propiedad de los inmuebles con matr\u00edculas n.\u00ba 122-0012646, 122-0006462 y 122-0007210; <\/p>\n
j) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 333 de 30 de junio de 2001, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco la propiedad del inmueble con matr\u00edcula n.\u00ba 122-0006463; y <\/p>\n
k) Compraventa contenida en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1486 de 30 de diciembre de 1998, otorgada en la Notar\u00eda de Timb\u00edo, mediante la cual Miguel \u00c1ngel Sarria Diago dijo vender a Camilo Ernesto Sarria Orozco la nuda propiedad de los inmuebles La Colonia y La Esperanza. <\/p>\n
Subsidiariamente solicit\u00f3 se accediera a declarar la simulaci\u00f3n relativa de los mencionados negocios jur\u00eddicos, por encubrir realmente donaciones, las cuales pidi\u00f3 declarar nulas por falta de insinuaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico (folios 45 a 84 del cuaderno 1 expediente 2006-00039 y 112 a 152 del cuaderno 1 expediente 2005-00284), la pretendiente asegur\u00f3: <\/p>\n
2.1. Miguel \u00c1ngel Sarria Diago fue un hombre de gran fortuna, con activos cuantiosos, am\u00e9n de su actividad como caballista, siendo pionero en la exportaci\u00f3n equina, con ejemplares de amplio reconocimiento nacional e internacional. <\/p>\n
2.2. Durante su vida procre\u00f3, adem\u00e1s de la demandante, a los se\u00f1ores Germ\u00e1n Alonso, Luz \u00c1ngela, Carmen Elena, Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda y Camilo Ernesto Sarria Orozco. <\/p>\n
2.3. A partir de 1995, el se\u00f1or Sarria Diago comenz\u00f3 a radicar sus bienes en cabeza de Camilo Ernesto, Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco, lo que condujo a la progresiva desaparici\u00f3n de su patrimonio, hecho coincidente con el proceso de filiaci\u00f3n promovido por la demandante, instaurado el 23 de octubre de 2000 y fallado en primera instancia el 19 de julio de 2002. <\/p>\n
Clarific\u00f3 que, el 12 de octubre de 2000, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba con marcadores gen\u00e9ticos como diligencia anticipada, en raz\u00f3n de la cual se tomaron muestras de sangre el d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Al momento del fallecimiento de Sarria Diago \u00fanicamente figuraban en su patrimonio un derecho com\u00fan y proindiviso sobre el predio con matr\u00edcula n.\u00ba 132-20277, y los inmuebles con folio n.\u00ba 120-65592 y 120-2838, pues previamente transfiri\u00f3 los catorce (14) inmuebles identificados en las pretensiones, as\u00ed como el denominado Santa B\u00e1rbara que se enajen\u00f3 a Luz \u00c1ngela Sarria Orozco. <\/p>\n
2.5. Precis\u00f3 que algunos de los activos adquiridos por sus hijos fueron enajenados a terceras personas, por altos precios, para los que reclam\u00f3 se hicieran las restituciones dinerarias. <\/p>\n
2.6. Arguy\u00f3 los siguientes indicios como demostrativos de la simulaci\u00f3n reclamada: <\/p>\n
(i) Retentio posesionis: el enajenante, adem\u00e1s de reservarse el usufructo de varios bienes, continu\u00f3 ocupando, explotando, habitando, administrando y disponiendo de todos ellos; <\/p>\n
(ii) Causa simulandi y tempus: varias de las ventas fueron coincidentes con el acercamiento de la demandante al occiso, lo que deriv\u00f3 en su progresiva descapitalizaci\u00f3n, aunque segu\u00eda present\u00e1ndose al p\u00fablico como comerciante y ganadero. Los actos dispositivos se celebraron de forma simult\u00e1nea o sucesiva, y la fecha de registro se difiri\u00f3 en el tiempo; <\/p>\n
(iii) Omnia bona: se enajen\u00f3 la parte m\u00e1s representativa del patrimonio de Sarria Diago, sin una justificaci\u00f3n, pues era una persona con amplio respaldo financiero; <\/p>\n
(iv) Habitus: Sarria Diago simul\u00f3 m\u00faltiples negocios jur\u00eddicos con Luz \u00c1ngela, Germ\u00e1n Alonso, Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda y Camilo Ernesto Sarria Orozco, quienes carec\u00edan de recursos econ\u00f3micos; <\/p>\n
(v) Endoprocesales y transactio: el causante utiliz\u00f3 diversas maniobras para eludir la muestra de ADN, as\u00ed como la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda; y <\/p>\n
(vi) Affectio: los supuestos compradores son hijos del vendedor, entre quienes se dispensaban un trato afectuoso, como se infiere de la nota social publicada con ocasi\u00f3n del fallecimiento de aqu\u00e9l en el peri\u00f3dico El Liberal. <\/p>\n
2.6. Precis\u00f3 que, en las ferias equinas, algunos ejemplares de Sarria Diago aparec\u00edan a nombre de Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco, frente a los cuales tambi\u00e9n hubo simulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez agotado el proceso de enteramiento, Camilo Ernesto Sarria Orozco propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de la simulaci\u00f3n\u00bb (folios 120 a 129 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039 y 772 a 796 del cuaderno 4 del proceso 2005-00264); Luz \u00c1ngela Sarria Orozco las de \u00abcarencia de objeto\u00bb e \u00abinexistencia de simulaci\u00f3n\u00bb (folios 321 a 340 del cuaderno 1(2) del proceso 2006-00039 y 637 a 654 del cuaderno 4 del proceso 2005-00264); y Germ\u00e1n Alonso y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco las tituladas \u00abcarencia de objeto\u00bb e \u00abinexistencia de simulaci\u00f3n\u00bb (folios 435 a 450 del cuaderno 3 del proceso 2006-00039 y 211 a 221 del cuaderno 2 del proceso 2005-00264). <\/p>\n
Los curadores ad litem de los herederos indeterminados manifestaron desconocer los hechos y, por tanto, no oponerse a las pretensiones, aunque uno de ellos aleg\u00f3 \u00abpoder insuficiente\u00bb (folios 478 y siguientes del proceso 2006-00039 y 687 a 691 del cuaderno 4 del proceso 2005-00264); y el de Carmen Elena Sarria Orozco plante\u00f3 las defensas llamadas \u00abfalta de poder o poder insuficiente\u00bb, \u00abfalta de requisitos de procedibilidad\u00bb y la \u00abinnominada\u00bb (folios 544 y siguientes del cuaderno 4 del proceso 2006-00039). <\/p>\n
5. El sentenciador de primera instancia, despu\u00e9s de resumir las actuaciones judiciales y enlistar las pruebas practicadas, desestim\u00f3 las pretensiones, fundado en que los indicios enarbolados en el libelo genitor fueron desvirtuados por la prueba arrimada a la foliatura. M\u00e1xime por cuanto, salvo las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 718 de 29 de diciembre de 2000 y 333 de 20 de junio de 2001, las negociaciones demandadas se celebraron con mucha antelaci\u00f3n del proceso de filiaci\u00f3n, sin que se probara que los contratantes conoc\u00edan de la existencia de la demandante; incluso, frente a los se\u00f1alados actos p\u00fablicos, se demostr\u00f3 que fueron precedidos de negocios preparatorios que ten\u00edan una fecha anterior a la reclamaci\u00f3n de paternidad (folios 1332 a 1382 del cuaderno 11 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
6. Al desatar la alzada interpuesta, el superior confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida (folios 124 a 159 del cuaderno 1 Tribunal), con los argumentos que se compendian. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Una vez transcrita la regla probatoria de la carga de la prueba, estim\u00f3 que la demandante no prob\u00f3 los supuestos de hecho de las pretensiones enarboladas, para lo cual rememor\u00f3 el contenido de los contratos de promesa compraventa suscritos por los demandados y el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Sarria Diago, el acta de 20 de marzo de 1998, la comunicaci\u00f3n de 2 de diciembre de 1999, la cuenta de cobro por servicios profesionales del m\u00e9dico interviniente, las liquidaciones de servicios m\u00e9dicos con fechas posteriores a 1990, los formatos de afiliaci\u00f3n de empleados a la seguridad social y la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, los contratos de arrendamiento suscritos por los hijos Sarria Orozco, el oficio de la Superintendencia de Notariado y Registro, la constancia de la Federaci\u00f3n Nacional colombiana de Asociaciones Equinas, la certificaci\u00f3n del SENA, los interrogatorios de Luz Eugenia Granobles, Germ\u00e1n Alonso, Luz \u00c1ngela, Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda y Camilo Sarria Orozco, y los testimonios de Antonio Valencia Fajuri, Luis Eveiro Palomino Saenz, Pedro Sussma Lewin, Jorge Granobles, Mar\u00eda Fernanda Granobles y Jes\u00fas Hernando Ramos. <\/p>\n
A partir de estos insumos estableci\u00f3 que: (i) la mayor\u00eda de los ejemplares equinos pertenec\u00edan a los hijos del se\u00f1or Sarria Diago; (ii) el causante tuvo una grave situaci\u00f3n de salud; (iii) su patrimonio pudo afectarse en raz\u00f3n de gastos m\u00e9dicos, extorsiones y vacunas; (iv) los contratos se celebraron cuando se desconoc\u00eda la existencia de la demandante, lo que excluye que la causa de la simulaci\u00f3n fuera una defraudaci\u00f3n; (v) los demandados ten\u00edan capacidad econ\u00f3mica; (vi) en algunos casos el precio fue pagado en presencia del notario; (vii) los demandados ejercieron actos de se\u00f1ores y due\u00f1os sobre los predios adquiridos; y (ix) el usufructo se limit\u00f3 a la crianza de los caballos y reses que le quedaban al fallecido. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la simulaci\u00f3n relativa ante las pruebas tocantes al pago del precio, lo que excluye que entre las partes se celebrara una donaci\u00f3n, al margen de la justicia en el mismo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que los contratos preparatorios que las partes celebraron tienen una fecha anterior al inicio del tr\u00e1mite de filiaci\u00f3n, lo que desestima este m\u00f3vil como raz\u00f3n del fingimiento. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor propuso dos (2) embistes (folios 9 a 52 del cuaderno Corte), los cuales fueron admitidos por auto de 7 de marzo de 2017, que se resolver\u00e1n en el orden de formulaci\u00f3n por referirse el primero a un yerro in procedendo, dejando el otro para despu\u00e9s. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Al amparo de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aleg\u00f3 invalidez de la sentencia por falta de motivaci\u00f3n, en tanto el ad quem no tuvo en cuenta que la \u00absimulaci\u00f3n relativa no apuntaba a que en lugar de venta se dijera que era donaci\u00f3n, sino a que siendo mayor el precio real del bien, al no ser pagado ese mayor valor, el acto encubr\u00eda donaci\u00f3n\u00bb (folio 26). <\/p>\n
Achac\u00f3 una manipulaci\u00f3n en el contenido de la pretensi\u00f3n, de all\u00ed que no se revelaran las razones que permitieron negarla, m\u00e1xime porque \u00absi el valor real o comercial era mayor (fue probado) que el que apareci\u00f3 en las escrituras de los actos atacados, hay simulaci\u00f3n\u00bb (idem). <\/p>\n
Ech\u00f3 de menos una explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones derivadas del examen cr\u00edtico de las pruebas, en tanto el juzgador se limit\u00f3 a individualizarlas, con un resumen de su contenido o caracter\u00edsticas, pero sin incluir una evaluaci\u00f3n concreta, esto es, las dilucidaciones por las que esos medios probatorios que enunci\u00f3 lo llevaron a la convicci\u00f3n de que no hubo simulaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para resolver conviene precisar que, a pesar de la entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso (CGP), la presente decisi\u00f3n estar\u00e1 regida por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (CPC), al ser la norma adjetiva en vigor para el momento de formulaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, conforme lo previene el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, a saber: \u00ablos recursos interpuestos\u2026 se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
Como el remedio extraordinario se present\u00f3 el 17 de septiembre de 2015 (folio 163 del cuaderno Tribunal), deber\u00e1 regirse por el estatuto procesal entonces vigente. <\/p>\n
2. Las sentencias, conforme al art\u00edculo 302 del CPC, son manifestaciones judiciales \u00abque deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el car\u00e1cter de previas, cualquiera fuera de la instancia en que se pronuncien\u00bb, las cuales deben referirse a \u00abtodos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 55 de la ley 270 de 1996 -LEAJ-. <\/p>\n
Estructuralmente, adem\u00e1s del encabezado y las firmas de los funcionarios judiciales, se componen de (i) una motivaci\u00f3n breve y precisa (art\u00edculo 303 del C.P.C.), limitada \u00abal examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios\u00bb, y (ii) una \u00abparte resolutiva\u2026 [que] deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios\u2026 y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir\u00bb (art\u00edculo 304 del CPC). <\/p>\n
La motivaci\u00f3n, en breve, consiste en la sumatoria de razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que el juez plantea para soportar su decisum, con el fin de alejar los riesgos de la arbitrariedad o subjetividad; de esta forma se garantizan los principios de publicidad, igualdad, debido proceso y seguridad jur\u00eddica, de profundo raigambre constitucional, al permitirse que las providencias judiciales puedan someterse al escrutinio p\u00fablico, por medio de una contrastaci\u00f3n entre los motivos de la decisi\u00f3n y el derecho vigente, los precedentes vinculantes y dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente, de all\u00ed que su formulaci\u00f3n deba hacerse con sencillez, precisi\u00f3n y concreci\u00f3n. <\/p>\n
Corresponde, por tanto, a un mecanismo legitimador de la administraci\u00f3n de justicia, reflejado en el an\u00e1lisis objetivo, reflexivo y jur\u00eddico de los elementos de juicio incorporados al plenario, en relaci\u00f3n con las normas que gobiernan el litigio sometido a su composici\u00f3n. <\/p>\n
No en vano la Sala ha dicho que la motivaci\u00f3n \u00abes inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u00bb (SC5408, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00691-00). <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional asegur\u00f3: <\/p>\n
La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u2026 (T-214\/2012). <\/p>\n
3. Am\u00e9n de la trascendencia de la motivaci\u00f3n, como componente de los fallos judiciales y garant\u00eda de un orden judicial justo, la Corte estim\u00f3 que su ausencia absoluta, as\u00ed como los defectos graves en su enunciaci\u00f3n, pod\u00edan ser cuestionados por medio de las nulidades procesales al amparo del remedio casacional. <\/p>\n
En palabras literales de la Corte: \u00abaunque la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia no se hallaba enlistada en las causales de nulidad que establec\u00eda el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy tampoco en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, era viable alegarla al abrigo de la causal 5\u00aa del art\u00edculo 368 del derogado estatuto procesal civil, hoy causal 5\u00aa del canon 336 del CGP, toda vez que para activar el derecho de defensa, se requiere conocer al menos un m\u00ednimo de motivaci\u00f3n (CSJ, sentencia 29 de abril y 12 de diciembre de 1988, 31 de mayo 1991, 23 de enero de 2006, expediente No.5969, entre otras)\u00bb (AC5139, 3 dic. 2019, rad. n.\u00ba 2012-00193-01). <\/p>\n
Posici\u00f3n clarificada, en el sentido de que, \u00abpara que la causal de nulidad procesal se estructure[,] debe provenir del incumplimiento del deber de fundamentar en forma adecuada las decisiones, hip\u00f3tesis en las que cabe (i) la motivaci\u00f3n meramente aparente, como cuando se dejan de lado los aspectos centrales de la controversia, y (ii) la ausencia de argumentaci\u00f3n\u00bb (SC14018, 18 nov. 2014, rad. n.\u00ba 2000-00784-01). <\/p>\n
4. Sin embargo, con el fallo SC3943 de 19 de octubre de 2020 (rad. n.\u00b0 2006-00150-01) la Corporaci\u00f3n cambi\u00f3 la direcci\u00f3n entonces marcada, pues neg\u00f3 categ\u00f3ricamente que los defectos de motivaci\u00f3n pudieran dar lugar a la invalidez de la sentencia, en aplicaci\u00f3n del principio de especificidad de las nulidades; de forma literal asegur\u00f3: <\/p>\n
Es verdad que la Corte durante un amplio per\u00edodo de tiempo, en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, admiti\u00f3 que la total carencia de fundamentaci\u00f3n de un fallo judicial, mas no la motivaci\u00f3n precaria o desafortunada, daba lugar a la nulidad del mismo\u2026 <\/p>\n
Pero hoy, en materia de nulidad opera, y as\u00ed lo ha aceptado la doctrina, el principio de especificidad\u2026 <\/p>\n
Aunadas las premisas que se dejan sentadas, forzoso es concluir, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son yerros que por versar, como viene de decirse, sobre el juzgamiento de la cuesti\u00f3n litigada, s\u00f3lo pod\u00edan y pueden proponerse en casaci\u00f3n a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, hoy en d\u00eda, de los motivos inicial y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
Desde ning\u00fan punto de vista es admisible pensar que la fundamentaci\u00f3n de las sentencias es cuesti\u00f3n de mera forma y que, por ello, su alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n proced\u00eda y procede por una de las restantes causales de las precitadas normas, alusivas todas a los defectos de construcci\u00f3n del proceso (vicios de actividad)\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, tanto cuando es total la carencia de fundamentos, as\u00ed como cuando los esgrimidos carecen de sentido y, por lo mismo, son incomprensibles, es obvio que mal podr\u00eda exigirse al recurrente en casaci\u00f3n cuestionar unos argumentos que no existen, o que por vac\u00edos, ambiguos e inextricables, no pueden determinarse. <\/p>\n
En esos supuestos, basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
Es que en los supuestos de que ahora se trata, la ausencia total de motivaci\u00f3n o la ininteligibilidad de la fundamentaci\u00f3n dada, lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto de la sinraz\u00f3n, estado de cosas que trasluce que el sentenciador de instancia resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y, por ende, aplic\u00f3 o hizo actuar la ley sustancial de manera igualmente antojadiza y caprichosa. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, ora indirecta, en los casos que comprometa la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (negrilla fuera de texto, rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
Cambio jurisprudencial que recibi\u00f3 apoyo, aunque con algunas disidencias, en los fallos SC4656 de 30 de noviembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2009-00186-01) y SC4857 de 7 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
Trasluce que mayoritariamente se abandon\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial y se defini\u00f3 un nuevo criterio, el cual resulta vinculante para toda la jurisdicci\u00f3n civil, comercial, agraria y de familia. <\/p>\n
5. Y es que la Corte Suprema de Justicia, como \u00abm\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y \u00abtribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 235 idem), tiene el encargo de unificar la jurisprudencia nacional (arts. 365 del CPC y 333 del CGP). <\/p>\n
En cumplimiento de este deber, la Corporaci\u00f3n \u00abha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea\u2026 de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad\u00bb (negrilla fuera de texto, SC10304, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2006-00936-01). <\/p>\n
Por doctrina probable se entiende la conjunci\u00f3n de \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho\u00bb, imponi\u00e9ndose a los dem\u00e1s jueces se aplicaci\u00f3n \u00aben casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb (art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 169 de 1896). <\/p>\n
Labor de reconocido valor constitucional, como se asegur\u00f3 en la declaratoria de exequibilidad de la norma trascrita: <\/p>\n
La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla y de su funci\u00f3n como \u00f3rgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligaci\u00f3n de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que dicha autoridad ha construido, confront\u00e1ndola continuamente con la realidad social que pretende regular. <\/p>\n
Este \u00faltimo fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, muestra porqu\u00e9 la norma dispone que la doctrina probable est\u00e1 constituida por un n\u00famero plural de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho). Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al confrontar reiteradamente la doctrina judicial con un conjunto m\u00e1s o menos amplio de situaciones sociales concretas, pueda formular adecuadamente el alcance de los principios que fundamentan su decisi\u00f3n. Aun as\u00ed, dada la complejidad de la realidad social, tres decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza a los jueces respecto del alcance de los principios formulados, y de ah\u00ed que la doctrina dictada por la Corte como juez de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, se repute probable. Sin embargo, el car\u00e1cter probable de la doctrina no debe interpretarse como una facultad omn\u00edmoda para desconocer las interpretaciones del ordenamiento jur\u00eddico hechas por la Corte Suprema (negrilla fuera de texto, C836\/01). <\/p>\n
Ins\u00edstase, por fuerza de la obligatoriedad de la doctrina probable deviene irrefutable que todos los operadores judiciales se sometan a ella, sin perjuicio de los casos leg\u00edtimos en que resulte posible alejarse de ella, tales como cambios significativos de las condiciones sociales o diferencias f\u00e1cticas relevantes entre los casos. <\/p>\n
Trasluce de lo expuesto que las discrepancias interpretativas, por razonables que aparezcan, no justifican un apartamiento de la jurisprudencia decantada del \u00f3rgano de cierre, so pena de que reine la inseguridad jur\u00eddica y la desigualdad, por cuanto los asociados se ver\u00edan sometidos a respuestas diferentes frente a casos an\u00e1logos; por tanto, una vez la m\u00e1xima cabeza de la jurisdicci\u00f3n fija la hermen\u00e9utica de los c\u00e1nones legales, los dem\u00e1s integrantes de la jurisdicci\u00f3n deben sujetarse a la misma, de suerte que los interesados puedan pronosticar la respuesta que los jueces brindar\u00e1n a sus controversias. <\/p>\n
La Corte Constitucional no ha sido extra\u00f1a a este entendimiento, pues exige que el apartamiento de la doctrina probable \u00abno sea caprichoso, sino que requiere una justificaci\u00f3n de acuerdo con la seguridad jur\u00eddica, en concordancia con los principios de la buena fe y la igualdad frente a la ley\u00bb (C-621\/2015), de all\u00ed que \u00abpara justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretaci\u00f3n actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jur\u00eddico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no s\u00f3lo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisi\u00f3n en el pasado sino, adem\u00e1s, sobre las consideraciones de seguridad jur\u00eddica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho\u00bb (C-400\/98). <\/p>\n
6. En consecuencia, una vez decantado que la Sala cambi\u00f3 su doctrina probable sobre la invalidez de los fallos por deficiencias graves de motivaci\u00f3n, la nueva tesis deviene de forzosa aplicaci\u00f3n, de all\u00ed que el reclamo efectuado por la casacionista deba rehusarse. <\/p>\n
Por tanto, como en el momento actual no resulta dable invalidar un veredicto por cr\u00edticas tocantes a su fundamentaci\u00f3n, la proposici\u00f3n de un ataque tendiente a este objetivo debe denegarse, por contrariar el principio de taxatividad que regula las nulidades, seg\u00fan el cual \u00abes indispensable un texto legal reconociendo la causal, al punto que el proceso s\u00f3lo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales\u00bb (SC3148, 28 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00403-02). <\/p>\n
Se agrega a lo dicho que, como a partir del cambio de la doctrina probable, las referidas incorrecciones deben invocarse al abrigo de la causal primera, esto es, la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial, resulta contrario a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n acudir al motivo final. <\/p>\n
La Sala asegur\u00f3: <\/p>\n
Es que en los supuestos de que se trata, ausencia total de motivaci\u00f3n o aducci\u00f3n de unos argumentos indescifrables, lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto del capricho del respectivo juzgador, estado de cosas que trasluce que \u00e9l resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y que, por ende, hizo o dej\u00f3 de hacer actuar la ley de forma igualmente antojadiza. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, o por la indirecta, si las razones aducidas comprometen la apreciaci\u00f3n que de la plataforma f\u00e1ctica efectu\u00f3 el administrador de justicia, ya sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (SC4857, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
Por tanto, al haber acudido el casacionista a una v\u00eda inadecuada, el embate propuesto debe rehusarse, en tanto \u00abcada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada\u2026 Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento\u00bb (SC3172, 28 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00149-01). <\/p>\n
7.1. Justamente, con el fin de denegar la solicitud de simulaci\u00f3n absoluta, el ad quem extract\u00f3 de las diferentes pruebas que informan el expediente, los datos que consider\u00f3 relevantes para desmentir los indicantes del acuerdo simulatorio, en concreto, el estado de salud del causante, las circunstancias que pudieron afectar sus finanzas, la titularidad del dominio de los equinos, la fuente de los recursos de los adquirentes y las personas que explotaban los inmuebles despu\u00e9s de su enajenaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, frente a los documentos, mencion\u00f3 varios contratos, actas y misivas que dejaron al descubierto las condiciones de las compraventas confutadas, los responsables de las actividades deportivas patrocinadas por \u00abLa Estancia\u00bb, las amenazas contra \u00abMilo\u00bb Sarria, las cuentas impagadas por este \u00faltimo, los encargados de la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los contratos de trabajo para la administraci\u00f3n de las heredades y para su arriendo (folios 151 y 152 del cuaderno Tribunal-1). <\/p>\n
Frente a los interrogatorios resalt\u00f3 el momento en que los descendientes de Miguel Sarria conocieron a la demandante, las actividades econ\u00f3micas de las que derivaban su sustento, la pr\u00e1ctica familiar consistente en contratar entre s\u00ed y la demostraci\u00f3n del pago del precio (folios 152 a 154 ejusdem). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a los testimonios, remarc\u00f3 que el abogado de Miguel Sarria advirti\u00f3 la situaci\u00f3n de decadencia econ\u00f3mica del de cujus; y que sus socios comerciales y el m\u00e9dico tratante dijeron celebrar negocios con sus hijos y conocer de los elevados gastos para la atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
Con estos insumos, analizados en conjunto, el Tribunal estim\u00f3 probado que \u00abla mayor\u00eda de ejemplares equinos pertenec\u00edan a los hijos del se\u00f1or Sarria\u2026 que la situaci\u00f3n de salud de este era grave, que su patrimonio pudo verse afectado debido a los gastos m\u00e9dicos y al pago de extorsiones y vacunas, que la mayor\u00eda de escrituras y celebraci\u00f3n de compraventa (sic) se efectuaron en un momento en el cual desconoc\u00edan la existencia de la demandante, y por lo tanto defraudarla como heredera no pudo ser la causa de la negociaci\u00f3n\u2026, [que] est\u00e1 plenamente probada la capacidad econ\u00f3mica de los compradores, [que] no se pudo desvirtuar el contenido de los contratos donde consta que en algunos casos parte del precio fue pagado en presencia tanto del Notario como del apoderado\u2026, [que] los demandados ejercieron actos de se\u00f1ores y due\u00f1os sobre los predios adquiridos con anterioridad\u00bb (folios 156 y 157). <\/p>\n
Refulge, entonces, que el juzgador de alzada fue claro en identificar los medios probatorios que le brindaron los insumos para fallar, as\u00ed como los datos que, en su criterio, eran merecedores de credibilidad, con el fin de desvirtuar los indicios izados como demostrativos del fingimiento absoluto. <\/p>\n
Es cierto que en el fallo no se hizo un enlazamiento entre las pruebas rememoradas y las conclusiones probatorias, pero esto no desvirt\u00faa que el sentenciador precis\u00f3 los medios de convicci\u00f3n que le sirvieron de apoyadura y las conclusiones que extrajo de su an\u00e1lisis global, lo que evidencia la existencia de una motivaci\u00f3n, aunque caracterizada por una parquedad asombrosa. <\/p>\n
Ahora bien, si lo que pretendi\u00f3 la casacionista fue cuestionar la falta de razones para ponderar unas pruebas en dem\u00e9rito de las otras, o por pretermitir algunas de ellas, esta cr\u00edtica debi\u00f3 encausarse por el error de hecho o de derecho, propio de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
7.2. En punto a la negativa de las s\u00faplicas por simulaci\u00f3n relativa, que seg\u00fan la impugnante est\u00e1 vac\u00eda de justificaci\u00f3n por una indebida interpretaci\u00f3n de su contenido, sea lo primero indicar que tal reclamo debi\u00f3 formularse por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por suponer un cuestionamiento a la interpretaci\u00f3n que en segunda instancia se dispens\u00f3 al libelo genitor. <\/p>\n
Tr\u00e1igase a la memoria lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C.P.C., seg\u00fan el cual, la transgresi\u00f3n de disposiciones materiales se origina, entre otros casos, del \u00aberror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de determinada prueba\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte tiene dicho que cuando \u00abel fallo es dictado como resultado de \u2018haber apreciado e interpretado la demanda, a ra\u00edz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce\u2019\u2026, la censura\u2026 ha de canalizarse por la causal primera (Sentencia de agosto 13 de 2003. expediente N\u00ba 7667 \u2013ordinario de Carlos Enrique Morales Vs. Norbey Castro Gil)\u00bb (SC6037, 19 may. 2015, rad. n.\u00ba 2002-00485-01). <\/p>\n
Visto lo anterior se tiene que la casacionista seleccion\u00f3 inadecuadamente la causal de casaci\u00f3n, ya que, en lugar de fundarse en el error de hecho por tergiversaci\u00f3n de la demanda, acudi\u00f3 a la nulidad procesal, en una pifia t\u00e9cnica que hace inviable el estudio de esta acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, la sentencia de segundo grado, aunque con cierta parvedad, fij\u00f3 el razonamiento que le sirvi\u00f3 para denegar la s\u00faplica por simulaci\u00f3n relativa, lo que descarta ausencia de motivaci\u00f3n o deficiencias graves en la misma. <\/p>\n
Esto debido a que, despu\u00e9s de descartar el fingimiento absoluto, entre otras razones, porque no se desvirtu\u00f3 \u00abel contenido de los contratos donde consta que en algunos casos parte del precio fue pagado en presencia tanto del Notario como del apoderado\u00bb, estim\u00f3 que \u00abal estar acreditado el pago del precio de los bienes, independientemente de que el mismo se ajuste o no al valor real o comercial, la presunta donaci\u00f3n se desvirt\u00faa por ser \u00e9sta a t\u00edtulo gratuito\u00bb (folio 157 del cuaderno Tribunal-1). <\/p>\n
Inferencia que, si bien carece de desarrollo, lo cierto es que fue incorporada en la sentencia confutada y guarda correlaci\u00f3n con las pretensiones subsidiarias, tocantes a que se declarara relativamente simulados los contratos de compraventa \u00abpor contener realmente una donaci\u00f3n realizada por el supuesto vendedor al supuesto comprador\u00bb (folios 56 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141 y 143 del cuaderno 1 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
Luego, una vez el sentenciador de segundo grado expuso su raciocinio para desechar la existencia de donaciones encubiertas entre las partes, conforme a los extremos del litigio, mal podr\u00eda acusarse una ausencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
8. En consecuencia, no s\u00f3lo porque el ad quem cumpli\u00f3 con el deber de justificar su determinaci\u00f3n, sino porque su existencia, correcci\u00f3n o profundidad no pueden cuestionarse por la causal quinta de casaci\u00f3n acorde con la doctrina probable vigente de la Corte, se cierra paso a la impugnaci\u00f3n propuesta en el embiste inicial. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por error de hecho denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1766, 1045, 1226, 1240, 1243 del C\u00f3digo Civil y 267 del CPC, en tanto el Tribunal pretermiti\u00f3 y tergivers\u00f3 los medios de prueba que a continuaci\u00f3n se listan, lo que condujo a tener por probada la capacidad econ\u00f3mica de los demandados, las dificultades econ\u00f3micas del causante y la fecha en que los accionados conocieron de la existencia de la demandante. <\/p>\n
1. Escritura p\u00fablica n.\u00ba 1468 de 30 de noviembre de 1992 y declaraciones de renta de Miguel Sarria para los a\u00f1os 1994 a 2001, pues estos documentos muestran que no present\u00f3 dificultades econ\u00f3micas o de liquidez, en tanto vendi\u00f3 al INCORA un predio por $353.327.380 y para este per\u00edodo tuvo grandes ingresos, con un significativo patrimonio bruto, raz\u00f3n para desestimar que tuviera que enajenar otros activos; m\u00e1xime porque en el proceso, seg\u00fan su dicho, no se demostraron los supuestos gastos acaecidos entre 1985 y 1992. <\/p>\n
Relat\u00f3 que las erogaciones por servicios m\u00e9dicos de 1992 a 1998 ascendieron a $134.000.000, aunque el egreso m\u00e1s significativo ocurri\u00f3 en 1998, lo que no condujo a una mengua en su patrimonio seg\u00fan las declaraciones de renta (a 31 de diciembre de 1998 era de $1.523.576.000). <\/p>\n
2. Declaraciones de renta de los accionados, a la luz de los precios comerciales de los inmuebles Hatochico, El Hato, La Elvira, Potrero las Mercedes, El Porvenir, Las Delicias, La Palma y Las Huacas, los cuales dejan en evidencia que: <\/p>\n
(i) Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria Orozco debi\u00f3 acreditar ingresos por $110.000.000 para el a\u00f1o 1998, seg\u00fan las promesas de compraventas suscritas con su padre, pero \u00fanicamente obtuvo $8.450.000; adem\u00e1s, por adeudar $45.000.000 del precio, debi\u00f3 hacer la anotaci\u00f3n en su declaraci\u00f3n de renta, lo que reluce por su ausencia. <\/p>\n
Frente al a\u00f1o 1994, en el que se adquiri\u00f3 un predio valuado en $1.032.658.372, la liquidaci\u00f3n por prestaciones sociales \u00fanicamente pudo ascender a $9.000.000, de considerarse cierto el sueldo contenido en el documento; adem\u00e1s, para los a\u00f1os 1997 y 1998 no declar\u00f3 ingresos laborales. <\/p>\n
En las anualidades 1999, 2000 y 2001 debi\u00f3 efectuar pagos por $12.000.000; empero, los ingresos declarados fueron de tan solo $10.400.000, $12.480.000 y $27.999.000, respectivamente. <\/p>\n
(ii) Germ\u00e1n Alonso Sarria Orozco, si bien dijo pagar $24.000.000 en 1998 y $100.000.000 en 1999, en sus declaraciones report\u00f3 ingresos de $23.527.289 y $26.574.868. <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a los predios La Laguna, San Pedro y Pamplonita, asegur\u00f3 que el pago se har\u00eda con el remate de un bien de sus hijas, sin tener en cuenta que el mismo se efectu\u00f3 incluso antes de la promesa y \u00aben la escritura de venta [no] se dej\u00f3 constancia de deuda a favor de las hijas ni consta en el expediente que hubiere pasivo a favor de las mismas\u00bb (folio 38 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Ech\u00f3 de menos la prueba del pago de la suma de $388.000.000, en el a\u00f1o de 1999. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en las partes simularon las compraventas, en raz\u00f3n de la diferencia entre los precios de enajenaci\u00f3n y los comerciales asignados por el perito, los que guardan coherencia con el valor de venta de un predio al INCODER el 29 de diciembre de 2003, por $1.070.676.150. <\/p>\n
(iii) Camilo Ernesto Sarria Orozco declar\u00f3 una renta l\u00edquida que no le permit\u00eda efectuar los pagos a que se comprometi\u00f3 en los a\u00f1os 1995 a 1998. <\/p>\n
3. Reproch\u00f3 que el dictamen pericial no fuera valorado, a pesar de que el experto estableci\u00f3 el valor de mercado de los activos, previa aplicaci\u00f3n de un descuento por las condiciones de orden p\u00fablico, lo que habr\u00eda dejado en evidencia que \u00ablos accionados no ten\u00edan como (sic) pagar el precio que realmente ten\u00edan los bienes y porque (sic) dicho precio era sensiblemente superior al de la hipot\u00e9tica negociada\u00bb (folio 40). <\/p>\n
4. Record\u00f3 que los convocados asintieron en su incapacidad de pago, porque al justificar la demora en el registro de los actos traslaticios, mencionaron razones econ\u00f3micas. <\/p>\n
5. La respuesta suministrada por la Federaci\u00f3n Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas \u00fanicamente se\u00f1al\u00f3 qui\u00e9n era el titular del registro, sin precisar su propiedad o transferencias, de all\u00ed que no pudiera servir para concluir que los hijos del causante eran propietarios de varios animales. <\/p>\n
A partir de la promesa que reposa a folios 235 y siguientes del cuaderno 2, resalt\u00f3 que debi\u00f3 admitirse que Miguel Sarria era titular de diversos caballos, como fue admitido por los demandados al contestar el hecho 2 de la demanda, sin que pudiera acotarse a unos pocos ejemplares, pues la informaci\u00f3n de ASDECCA indica lo contrario. <\/p>\n
6. Declaraci\u00f3n de parte de Yimi Sarria en la que admiti\u00f3 no tener v\u00ednculos laborales, en descr\u00e9dito del precio se\u00f1alado en el contrato de promesa que reposa en el folio 226 del cuaderno 2, que habla de un pago por prestaciones sociales de $45.715.000. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que no se tuviera, como indicio en contra, el comportamiento de Yimi Sarria frente a la exhibici\u00f3n de documentos, quien en su calidad de propietario del establecimiento Hacienda La Estancia se excus\u00f3 de permitirlo por carecer de los mismos. <\/p>\n
7. Testimonio de Antonio Valencia Fajury y declaraci\u00f3n de Luz Eugenia Sarria, demostrativos de que Miguel \u00c1ngel Sarria Diago conoc\u00eda de la existencia de aqu\u00e9lla y su condici\u00f3n de hija extramatrimonial, informaci\u00f3n que transmiti\u00f3 a los accionados al celebrar los actos tachados como simulados. <\/p>\n
Record\u00f3 que Antonio Valencia fue informado, por el causante, que la supuesta hija quer\u00eda acomod\u00e1rsela a una t\u00eda de Luz Eugenia, lo que es arm\u00f3nico con la afirmaci\u00f3n de la accionante en el sentido de que visit\u00f3 a su padre con el acompa\u00f1amiento de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
8. Indicio originado de los acuerdos que el fallecido y sus hijos pretendieron alcanzar con la demandante, como fue relatado por el abogado Valencia Fajury y se desprende de los correos de 3, 5 de octubre, 19, 25 de noviembre y 12 de diciembre de 2005. <\/p>\n
9. Declaraci\u00f3n de Luz \u00c1ngela Sarria, que desestima que la raz\u00f3n para vender fuera la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico o gastos m\u00e9dicos, pues lo realmente pretendido por el padre era dejar los bienes a sus hijos en raz\u00f3n de sus problemas de salud. <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a los predios La Laguna, San Pedro y Pamplonita, cuya venta se hizo en 1998, no se prob\u00f3 una situaci\u00f3n de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, el precio fue sustancialmente inferior al se\u00f1alado por el perito incluso en un escenario convulsionado y pocos a\u00f1os m\u00e1s tarde se vendi\u00f3 por un precio muy superior ($1.070.676.150). <\/p>\n
10. Denuncias por invasi\u00f3n y robo de ganado, pues las mismas no prueban que se hubieren consumado los actos delictivos y, en todo caso, se refieren a hechos posteriores a las supuestas negociaciones y ventas. <\/p>\n
Lo mismo sucede con la comunicaci\u00f3n de diciembre de 1999, por la que se pide protecci\u00f3n para \u00abMilo\u00bb Sarria, \u00abpues atendidas las reglas de evaluaci\u00f3n de prueba documental ese documento da fe de su fecha y contenido, para 1999 y los supuestos contratos con los accionados y su padre son de 1994, 1995 y 1998\u00bb (folio 51). <\/p>\n
Igual apreciaci\u00f3n extendi\u00f3 frente a los documentos que reposan a folios 1156 y siguientes del cuaderno 10, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que se trata de una prueba traslada; \u00aby desde otra perspectiva, poco sentido tendr\u00eda, si los adquirentes son sus hijos, su propia familia, esos s\u00ed v\u00edctimas de hurtos y similares\u00bb (idem). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente se advierte que el cargo no prosperar\u00e1 pues, adem\u00e1s de incurrir en incompletitud, los errores de hechos denunciados no resultan ostensibles de cara a la existencia de m\u00faltiples pruebas cuya ponderaci\u00f3n es una labor exclusiva del juez de instancia, no susceptible de cr\u00edtica en casaci\u00f3n, como se explicar\u00e1 en lo subsiguiente. <\/p>\n
1. Incompletitud de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
1.1. En atenci\u00f3n a que el recurso de casaci\u00f3n naci\u00f3 como un mecanismo extraordinario de control a la actividad judicial, circunscrito a discusiones de puro derecho o a afectaciones graves y trascendentes del ordenamiento jur\u00eddico, los sistemas procesales que lo acogieron fueron rigurosos al establecer condiciones gravosas para su procedencia. <\/p>\n
Y es que este remedio fue concebido para \u00abresolver un problema que consiste \u2018en encontrar los l\u00edmites dentro de los cuales es l\u00edcito admitir, despu\u00e9s de la apelaci\u00f3n, una renovaci\u00f3n del proceso, con el fin de garantizar la justicia de sus resultados; limitaci\u00f3n que se traduce en la necesidad de no declarar viable el recurso m\u00e1s que cuando existan determinados motivos que hagan m\u00e1s probable y m\u00e1s grave la injusticia de la sentencia\u2019\u00bb1. <\/p>\n
Se definieron, entonces, restricciones relativas al tipo de providencias susceptibles de impugnaci\u00f3n, las causales y requisitos para su procedencia, con el fin de evitar su utilizaci\u00f3n como una instancia adicional del proceso, en garant\u00eda de la intangibilidad de las decisiones de instancia. <\/p>\n
El CPC, tributario de esta tradici\u00f3n, estableci\u00f3 un listado numerus clausus de sentencias susceptibles de casaci\u00f3n (art\u00edculo 366), causales taxativas de procedencia (art\u00edculo 368), reglas de oportunidad y legitimaci\u00f3n para su proposici\u00f3n (art\u00edculo 369), requisitos espec\u00edficos para la presentaci\u00f3n de la demanda (art\u00edculo 374), entre otras exigencias que cualifican el acceso a este instrumento extraordinario. <\/p>\n
1.2. Dentro de los requerimientos establecidos por el legislador, a efectos de que el escrito de sustentaci\u00f3n del remedio casacional sea susceptible de estudio por el \u00f3rgano de cierre, se encuentra \u00ab[l]a formulaci\u00f3n por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u00bb (negrilla fuera de texto, numeral 3\u00ba del canon 374). <\/p>\n
Claridad que, en la arista de la completitud, impone al casacionista que ataque la totalidad de las bases fundantes de la decisi\u00f3n de instancia, pues de otra forma las presunciones de acierto y legalidad que abrigan a las determinaciones de los jueces de conocimiento prevalecer\u00e1n, en detrimento de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
[E]n trat\u00e1ndose de cargos fincados en la causal primera de casaci\u00f3n, la se\u00f1alada exigencia de que su fundamentaci\u00f3n sea clara\u2026 comporta que las censuras\u2026 sean\u2026 sim\u00e9tricas, esto es, que guarden armon\u00eda con los genuinos argumentos en los que el respectivo juzgador soport\u00f3 las decisiones que adopt\u00f3, \u2018porque l\u00f3gica y jur\u00eddicamente debe existir cohesi\u00f3n entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia del ad quem (\u2026). La simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino tambi\u00e9n como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, seg\u00fan el caso\u2019 (CSJ, SC del 10 de diciembre de 1999, Rad. No. 5294) (SC15437, 11 nov. 2014, rad. n.\u00b0 2000-00664-01). <\/p>\n
1.3. Trat\u00e1ndose de reproches por error de hecho, la completitud se expresa en que los supuestos yerros por pretermisi\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o suposici\u00f3n comprendan todas las pruebas que fueron valoradas por el sentenciador de instancia como apoyo de su decisi\u00f3n, porque de lo contrario los razonamientos f\u00e1cticos de aqu\u00e9l abrevar\u00e1n val\u00eda en las pruebas indiscutidas. <\/p>\n
Esto debido a que de nada sirve que en la instancia se cometan dislates en la apreciaci\u00f3n de algunos instrumentos persuasivos, si existen otras pruebas, que valoradas por el fallador y no discutidas, sirven para apuntalar el veredicto cuestionado, por resultar intangibles en sede extraordinaria. <\/p>\n
La jurisprudencia ha preciado que, constituye un requisito de t\u00e9cnica para la adecuada formulaci\u00f3n de un cargo por error de hecho, \u00abcomprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud)\u00bb y \u00abenfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque)\u00bb (AC5032, 27 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2009-00063-01). <\/p>\n
Total que, rem\u00e1rquese, la simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n \u00abdebe entenderse no s\u00f3lo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n, sino como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica\u2026 entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, 14 jul. 1998, exp. n.\u00ba 4724). <\/p>\n
1.4. Descendiendo al caso, se advierte en que la acusaci\u00f3n se endilgaron m\u00faltiples reproches por la pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de varios documentos y atestaciones que, en criterio de la opugnante, demuestran que Miguel \u00c1ngel Sarria era una persona solvente; adem\u00e1s las declaraciones de renta los demandados carec\u00edan de capacidad econ\u00f3mica, los precios de las ventas eran sustancialmente bajos, no es posible una compensaci\u00f3n entre los valores de enajenaci\u00f3n y supuestas prestaciones laborales en favor de Yimi Sarria, el causante conoc\u00eda de tiempo atr\u00e1s la existencia de su hija extramatrimonial, los accionados buscaron arreglar sus diferencias con la demandante, la causa simulatoria fue la intenci\u00f3n de dejar los bienes del padre en manos de su descendencia marital, y no hay una conexi\u00f3n temporal entre la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico y la compraventa de las heredades. <\/p>\n
Empero, en este an\u00e1lisis se dejaron de lado importantes conclusiones probatorias a las que arrib\u00f3 el fallador de segunda instancia, que fueron esgrimidas como soporte de la sentencia absolutoria, como se muestra enseguida: <\/p>\n
(i) Contratos de promesa de compraventa sobre los predios Hatochico, El Hato, Hacienda el Para\u00edso, La Estancia, La Laguna, San Pedro y Pamplonita, de los cuales el sentenciador de segundo grado extrajo que (i) el usufructo tuvo como \u00fanica finalidad que el ganado del vendedor siguiera pastando en los predios vendidos, y que (ii) en algunos negocios se pag\u00f3 parcialmente el precio en presencia del notario; <\/p>\n
(ii) Acta de 20 de marzo de 1998, formatos de afiliaci\u00f3n de trabajadores al sistema de seguridad social, contratos de arrendamiento, denuncias por robos y pagos de impuestos prediales, de los que se extrajo que los compradores realizaron actividades por su cuenta y riesgo sobre los predios adquiridos; <\/p>\n
(iii) Recorte de peri\u00f3dico de 31 de agosto de 1991, sobre la titularidad del dominio de unos equinos en cabeza de los hijos del causante; <\/p>\n
(iv) Cobro pre-jur\u00eddico impulsado por el abogado de confianza del de cujus, que devela sus dificultades para cancelar oportunamente las obligaciones de \u00e9ste; <\/p>\n
(v) Interrogatorio de Luz Eugenia Granobles, en el que se admiti\u00f3 que conoci\u00f3 a sus hermanos al momento de la toma de muestras para la prueba de ADN; <\/p>\n
(vi) Interrogatorio de Germ\u00e1n Alonso Sarria, en el que se explic\u00f3 que las enajenaciones se debieron a la inseguridad, dificultades m\u00e9dicas y econ\u00f3micas de su padre, y a los bajos precios de mercado; que trabaj\u00f3 en Estados Unidos y en diferentes entidades p\u00fablicas; que \u00fanicamente conoci\u00f3 a la demandante con ocasi\u00f3n de la prueba cient\u00edfica; que el usufructo se hizo para la cr\u00eda de ganado; y que despu\u00e9s de adquiridos algunos predios siguieron abandonados; <\/p>\n
(vii) Interrogatorio de Luz \u00c1ngela Sarria, tocante a que las ventas criticadas se hicieron por los problemas de salud e iliquidez de su padre; que conoci\u00f3 a la demandante en el a\u00f1o 2000; que sus hermanos eran comerciantes de caballos y ganado; y que su progenitor recibi\u00f3 el precio de las enajenaciones, de lo cual se dio cuenta por haber convivido con \u00e9l; <\/p>\n
(viii) Interrogatorio de Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria, referente a las fuentes de sus ingresos como negociante de ganado; el conocimiento de su hermana extramatrimonial en el a\u00f1o 2000; y los problemas econ\u00f3micos de su padre por razones m\u00e9dicas y de p\u00e9rdida de caballos; <\/p>\n
(ix) Interrogatorio de Camilo Sarria, del que se extrajo que trabaj\u00f3 como ganadero y comerciante de inmuebles; y que las ventas se hicieron por la necesidad de dinero para atender gastos de salud; <\/p>\n
(x) Testimonio de Antonio Valencia Fajuri, referente a que el causante tuvo dificultades patrimoniales por la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico, hurto de ganado, extorciones, crisis del sector rural y graves problemas de salud; que varios caballos eran propiedad de Camilo y Yimi; que se ofertaron los inmuebles objeto del proceso a terceros, sin recibir propuestas para su adquisici\u00f3n; que la venta a los demandados se hizo por el valor que el mercado estaba dispuesto a pagar para esa \u00e9poca, por dem\u00e1s bastante exiguo; que Miguel Sarria le inform\u00f3 que no conoci\u00f3 a su hija extramatrimonial sino hasta el a\u00f1o 2000; y que el usufructo se constituy\u00f3 para garantizar el pago del precio y mantener unos rezagos de ganado; <\/p>\n
(xi) Testimonio de Eveiro Palomino Saenz, quien relat\u00f3 los negocios que celebr\u00f3 con los hijos de \u00abdon Milo\u00bb; que desde 1990 la actividad ganadera se fue a pique; que el mercado de inmuebles era muy est\u00e1tico; que Camilo tom\u00f3 la direcci\u00f3n de los negocios sobre equinos desde la d\u00e9cada de los 80; y que el causante fue v\u00edctima de robos y extorsiones; <\/p>\n
(xii) Testimonio de Pedro Sussma Lewin, sobre las actividades econ\u00f3micas de los descendientes de Miguel Sarria; las restricciones del mercado inmobiliario en el Cauca; y las complejidades de orden p\u00fablico en la regi\u00f3n; y <\/p>\n
A pesar de este c\u00famulo de inferencias probatorias, extra\u00eddas por el fallador de segunda instancia de un amplio caudal demostrativo, en el cargo propuesto no se hizo menci\u00f3n a ninguna de ellas, ni se mostr\u00f3 c\u00f3mo las pretermitidas permiten desacreditar el contenido de las analizadas, pues en casaci\u00f3n simplemente se mostr\u00f3 la existencia de otros instrumentos suasorios que permit\u00edan arribar a la conclusi\u00f3n de que existi\u00f3 una simulaci\u00f3n, pero sin correlacionarlas con las que conduc\u00edan al puerto contrario. <\/p>\n
En particular, y a riesgo de agobiar, ninguna censura se elev\u00f3 sobre las pruebas que, en criterio del ad quem, serv\u00edan para acreditar que los compradores eran negociantes reconocidos; que Miguel Sarria fue objeto de despojos, saqueos e intimidaciones que mermaron su fortuna; que el mercado inmobiliario en el departamento del Cauca, para la \u00e9poca y zona de los hechos, se encontraba paralizado por cuestiones de orden p\u00fablico, siendo la \u00fanica alternativa disponible la venta a bajos precios de mercado; que en presencia del notario y de Luz \u00c1ngela Sierra hubo pagos parciales del precio de venta; que Miguel Sarria tuvo problemas de liquidez para solucionar sus cr\u00e9ditos; y, finalmente, que los compradores actuaron como se\u00f1ores y due\u00f1os sobre los predios, sin el concurso de su padre, quien \u00fanicamente dispon\u00eda de los mismos para mantener su inventario de ganado y equinos. <\/p>\n
1.5. Refulge la incompletitud del cargo, por dejar de lado las pruebas que sirvieron para sustentar el fallo y no demostrar c\u00f3mo las conclusiones probatorias a las que se arrib\u00f3 en instancia eran contraevidentes, raz\u00f3n suficiente para rechazar su estudio. <\/p>\n
2. Falta de notoriedad de los dislates <\/p>\n
Se suma a lo anterior que el recurso propuesto deja en evidencia que las pruebas allegadas al expediente pod\u00edan agruparse en dos (2) bloques, correspondi\u00e9ndole al fallador de grado fijar el peso demostrativo de cada uno de ellos, sin que pueda alzarse un reproche en casaci\u00f3n por este proceder. <\/p>\n
2.1. Ll\u00e1mese la atenci\u00f3n de que nuestro sistema procesal consagr\u00f3 un sistema impuro de casaci\u00f3n, caracterizado por permitir el control de los hechos del caso a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de cr\u00edticas a la valoraci\u00f3n probatoria, como forma de propender por la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a las partes (art\u00edculo 365 del CPC). <\/p>\n
As\u00ed se previ\u00f3 de forma expresa en el numeral 1\u00ba del mandato 368 del CPC: \u00abLa violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial, puede ocurrir tambi\u00e9n como consecuencia de error de derecho por violaci\u00f3n de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, cuando se endilga un dislate facti in judicando resulta imperativo que sea \u00abmanifiesto\u00bb y \u00abque el recurrente lo demuestre\u00bb, seg\u00fan lo previene el canon 374 del CPC; huelga explicarlo, debe tratarse de una pifia notoria, por reflejar una conclusi\u00f3n contraria a la ontolog\u00eda de los medios demostrativos que hacen parte de la foliatura. <\/p>\n
Tiene explicado la Corte que el error de hecho debe ser \u00abtan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso\u00bb (SC006, 12 feb. 1998, exp. n.\u00ba 4730). Por ende, no es notorio el yerro que requiere de complicados esfuerzos hermen\u00e9uticos para su demostraci\u00f3n, ni aquel que pretende desvelar una mejor interpretaci\u00f3n del material demostrativo, pues en estos eventos lo que realmente sucede es una alegaci\u00f3n de instancia, ajena a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
El recurso extraordinario \u00abno est\u00e1, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, \u2018para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dial\u00e9ctico o con mayor rigor l\u00f3gico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casaci\u00f3n, y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentarse a \u00e9sta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibici\u00f3n haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista\u00bb (SC073, 20 ab. 2001, exp. 6014; reiterado SC, 9 ag. 2010, rad. n.\u00ba 2004-00524-01). <\/p>\n
2.3. Puestas las consideraciones precedentes en el contexto del cargo bajo escrutinio, reluce que la equivocaci\u00f3n achacada por el casacionista a la actividad heur\u00edstica del Tribunal dista de corresponder a un desacierto evidente, pues lo \u00fanico que muestra es que este \u00f3rgano colegiado privilegi\u00f3 unas pruebas sobre otras, sin que el recurso de casaci\u00f3n pueda utilizarse para descalificar este proceder. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que los jueces, por mandato constitucional, est\u00e1n revestidos de independencia en su quehacer de administrar justicia, la cual les otorga, dentro de las reglas de la sana cr\u00edtica, la libertad de ponderar el material suasorio, siendo permitida una intromisi\u00f3n extraordinaria \u00fanicamente en los casos en que \u00abel recurrente demuestra errores manifiestos, evidentes, en la apreciaci\u00f3n de tales medios de convicci\u00f3n\u00bb (SC, 30 may. 1995, exp. n.\u00b0 4148). <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
En el sub examine, la impugnante se limit\u00f3 a remarcar el contenido de algunas pruebas, con el objetivo de infirmar la decisi\u00f3n de denegar la simulaci\u00f3n, a pesar de que \u00e9sta, como ya se explic\u00f3, se fund\u00f3 en otros instrumentos persuasivos, la mayor\u00eda de los cuales fueron ignorados. Significa que, en lugar de patentizarse una incorrecci\u00f3n absoluta o incontrastable del ad quem, en el recurso se devel\u00f3 la existencia de dos (2) conjuntos de medios demostrativos, el primero tendiente a comprobar la seriedad de las compraventas cuestionadas, privilegiado por el ad quem, y el segundo indicante de un fingimiento negocial, que sirvi\u00f3 para la sustentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esta disyuntiva, la decisi\u00f3n del juzgador de segunda instancia de asignar mayor valor probatorio al primero y, por esta senda, entender insatisfecha la carga probatoria de la demandante, no puede calificarse como un exabrupto, sino que es resultado de la autonom\u00eda valorativa de la cual se encuentra investido, que ciertamente le permite hacer este tipo de dilucidaciones, siempre que en este proceder no incurra en conclusiones contraevidentes, las que se descartan en el caso por la viabilidad de encontrar apoyadura tanto a los argumentos de cargo como a los de descargo. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene decantado que \u00abla prevalencia que el Tribunal le dio a las pruebas que denomin\u00f3 de \u2018cargo\u2019, est\u00e1 amparada por la discreta autonom\u00eda que ten\u00eda de escrutar los elementos de juicio disponibles en el proceso, pues la antag\u00f3nica posici\u00f3n de los dos grupos de pruebas que avizor\u00f3 en su interior, lo obligaba a optar por lo que uno de ellos contemplaba, sin que la selecci\u00f3n que ante tal circunstancia efectu\u00f3, hubiese comportado la comisi\u00f3n de un error de juicio, con causa en la apreciaci\u00f3n material y\/o jur\u00eddica de las pruebas\u00bb (SC3404, 23 ag. 2019, rad. n.\u00ba 2011-00568-01). <\/p>\n
Posici\u00f3n reiterada: \u00abcuando se est\u00e1 frente a dos grupos de pruebas, el juzgador de instancia no incurre en error evidente de hecho al dar prevalencia y apoyar su decisi\u00f3n en uno de ellos con desestimaci\u00f3n del restante, pues en tal caso su decisi\u00f3n no estar\u00eda alejada de la realidad del proceso\u00bb (SC, 18 sep. 1998, exp. n.\u00ba 5058). <\/p>\n
2.4. En resumen, como el cargo en casaci\u00f3n \u00fanicamente dej\u00f3 en evidencia la existencia de pruebas que, en criterio de la demandante, sirven de soporte al reclamo simulatorio, las cuales se contraponen a las que sirvieron de apoyadura al Tribunal para arribar a la conclusi\u00f3n contraria, en realidad se est\u00e1 frente a grupos de pruebas, cuyo peso persuasivo queda en manos exclusivas del Tribunal, sin que la Corte pueda calificar este proceder como un dislate evidente que permita la casaci\u00f3n, raz\u00f3n que se agrega a la anterior para denegar la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Intrascendencia de los errores f\u00e1cticos <\/p>\n
Con todo, previene la Sala que, aunque se asintiera en la existencia de los errores por pretermisi\u00f3n y tergiversaci\u00f3n probatoria a que se hace referencia en el escrito de sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, una vez ubicada en sede de instancia la decisi\u00f3n que habr\u00eda de tomarse es la misma a la que lleg\u00f3 el ad quem, pues los instrumentos suasorios evocados en las instancias, sumados a los pasaron inadvertidos, son indicadores de que las partes ten\u00edan la intenci\u00f3n real de disponer onerosamente de los inmuebles objeto de litigio. <\/p>\n
3.1. En efecto, la existencia de contratos preparatorios que datan de 1994 y 1998 (folios 223 a 242 del cuaderno 2 del proceso 2005-00284), a\u00f1os atr\u00e1s de que los compradores conocieran de la reclamaci\u00f3n de su hermana extramatrimonial (folios 509 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284, 295 del cuaderno 6, 712 del cuaderno 8, 21 y 22 del cuaderno 5), permiten desvirtuar que la causa simulatoria fuera la defraudaci\u00f3n de su colateral. <\/p>\n
Y es que, al margen de su padre conociera de la existencia de un v\u00e1stago no reconocido, el proceso est\u00e1 ayuno de la demostraci\u00f3n de que esta informaci\u00f3n se dio conocer a su descendencia matrimonial y que, por esta circunstancia, decidieran realizar m\u00faltiples actos para distraer los derechos sucesorales. Se descarta, entonces, el concilio simulatorio, requisito sine qua non para la prosperidad de una pretensi\u00f3n de este tipo, como lo ha dicho la Sala: \u00abla simulaci\u00f3n en un contrato solamente puede ofrecerse cuando quienes participan en \u00e9l se conciertan para crear una declaraci\u00f3n aparente que oculte ante terceros su verdadera intenci\u00f3n\u00bb (SC5631, 8 may. 2014, rad. n.\u00b0 2012-00036-01). <\/p>\n
Por el contrario, al ser interrogada Luz Eugenia Sarria de Granobles sobre el momento en que \u00ablos hermanos Sarria Orozco\u2026 conocieron de su existencia y cual el motivo y raz\u00f3n de su dicho\u00bb, contest\u00f3: \u00abYo no conoc\u00eda a ninguno de ellos hasta que mi papa falleci\u00f3, yo fui al entierro de mi pap\u00e1 y los vi en el cementerio, creo que ese d\u00eda no estaban ni Germ\u00e1n, ni Carmen Helena\u2026 Yo conoc\u00ed a Yimmi y a Camilo las dos veces que fuimos con lo de la prueba del ADN que me toco ir a la Estancia\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 21 del cuaderno 5 del proceso 2005-00284), dejando en claro que el primer contacto personal que se realiz\u00f3 entre los colaterales fue a\u00f1os despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n de las convenciones precontractuales, lo que impide tener certeza sobre un conocimiento anterior. <\/p>\n
Y como seg\u00fan el testigo Antonio Jos\u00e9 Valencia Fajuri, abogado de confianza de Miguel Sarria, como su cliente ten\u00eda la convicci\u00f3n de que la demandante no era su hija2, de estos insumos es dable razonar que el tema \u00fanicamente devino p\u00fablico con el tr\u00e1mite de prueba anticipada, en el a\u00f1o 2000. <\/p>\n
3.2. En algunos de estos negocios preparatorios se dej\u00f3 expresa constancia de que se hicieron pagos parciales, algunos en presencia del notario ante quien se hizo el tr\u00e1mite de autenticaci\u00f3n de firmas, como consta en los documentos de 5 de septiembre de 1994 (folio 237 del cuaderno 2 del proceso 2005-00284) y 30 de junio de 1998 (folios 226 y 232 ibidem), lo que desmiente un fingimiento negocial. <\/p>\n
Esto debido a que, de haberse querido una simulaci\u00f3n absoluta, o el encubrimiento de una donaci\u00f3n, no encuentra explicaci\u00f3n que los adquirentes cumplieran con las cargas propias de la compraventa en favor del vendedor, en particular, principiar con el pago del precio; su realizaci\u00f3n, por el contrario, es indicativa del inter\u00e9s de querer el acto dispositivo. <\/p>\n
3.3. Que las escrituras p\u00fablicas contentivas de las compraventas y los negocios traslaticios se celebraran a\u00f1os m\u00e1s tarde, encuentra explicaci\u00f3n en las mismas manifestaciones precontractuales, pues all\u00ed se defini\u00f3 que el precio se pagar\u00eda por instalamentos, siendo una garant\u00eda del mismo la no realizaci\u00f3n de la transferencia de dominio. <\/p>\n
Mal podr\u00eda leerse esta postergaci\u00f3n temporal como demostrativa del fingimiento reclamado, pues el sentido com\u00fan indica que haber sido \u00e9sta la intenci\u00f3n seguramente los negociantes habr\u00edan agilizado su celebraci\u00f3n, con la esperanza de que el tiempo borrara los rastros de su enga\u00f1o; luego, el haberse tomado un tiempo para el perfeccionamiento de las compraventas y la correspondiente tradici\u00f3n, sin ninguna t\u00e1ctica tendiente a la ocultaci\u00f3n de estos actos, permite descartar un m\u00f3vil torticero. <\/p>\n
3.4. Miguel Sarria, desde la d\u00e9cada de los 80, incurri\u00f3 en elevados gastos para la atenci\u00f3n de sus problemas de salud, lo que deriv\u00f3 en que desatendiera paulatinamente sus negocios y, con el trasegar de los a\u00f1os, los delegara a sus hijos, lo que explicar\u00eda que decidiera enajenar sus activos, en especial, a estos \u00faltimos, sin que, de esta determinaci\u00f3n, per se, se infiera un fin simulatorio. <\/p>\n
As\u00ed se extrae de las atestaciones de Antonio Jos\u00e9 Valencia Fajuri, Pedro Sussman Lewin, Jes\u00fas Hernando Ramos Torres y Camilo Alberto Sarria Orozco, quienes dan cuenta de las afecciones cardiacas del causante, su traslado a diversas ciudades para la atenci\u00f3n gal\u00e9nica y los costos asociados a las mismas (folios 388 del cuaderno 6, 489 del cuaderno 7, 668 y 779 del cuaderno 8 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
Problemas de salud que condujeron a que Miguel Sarria se separara de su actividad econ\u00f3mica, como fue relatado por Luis Eveiro Palomino Saenz, ganadero del sector, quien al remembrar las relaciones comerciales con el de cujus, dijo: \u00abla \u00e9poca mas (sic) o menos desde mediados de los a\u00f1os 60 para ac\u00e1, mas (sic) o menos hasta los a\u00f1os 90, con el directamente, 80, finales del 90 y de all\u00ed para ac\u00e1 las relaciones han sido con los hijos, la mayor\u00eda, los que yo conozco, Camilo, Germ\u00e1n y Yimmi (sic)\u00bb (folio 462 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284); y con posterioridad insisti\u00f3: \u00abdespu\u00e9s de los a\u00f1os mas (sic) o menos por ahi (sic) 88 para aca (sic), las riendas de los caballos y los negocios los tomo (sic) Camilo, pro (sic) que antes todos los negocios de equinos se hac\u00edan con don Milo Sarria\u00bb (idem). <\/p>\n
Argumento que tiene sentido frente al hecho de que los ejemplares equinos y vacunos que eran de su propiedad fueron reduci\u00e9ndose, al punto de contar con unos pocos remanentes con el paso del tiempo, descontados los robos de que fue v\u00edctima, seg\u00fan lo declarado por Antonio Jos\u00e9 Valencia Fajuri (folio 390 del cuaderno 6). <\/p>\n
3.5. Los problemas de liquidez, y que sirven para justificar las ventas a los hermanos Sarria Orozco (folios 23, 27 del cuaderno 5, 709 y 710 del cuaderno 8), quedan en evidencia con la cuenta de cobro de 18 de julio de 2001, por honorarios adeudados a \u00d3scar Tobar G\u00f3mez, los cuales datan de mayo de 1999 y que se encontraban pendientes de soluci\u00f3n (folio 136 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039) <\/p>\n
Lo mismo que la factura emitida por la Fundaci\u00f3n Cl\u00ednica Abood Shaio, por cuant\u00eda de $119.570.933, ya que \u00fanicamente da cuenta de abonos por $40.350.000, con un saldo pendiente de $79.220.933. <\/p>\n
Ahora bien, argumenta la demandante que de estos formularios tributarios reluce que el fallecido era una persona solvente y con elevados recursos; no obstante, para arribar a tal colof\u00f3n se dejaron de lado los costos y deducciones de la actividad empresarial, los cuales tambi\u00e9n eran cuantiosos, al punto que para ninguno de los a\u00f1os estudiados (cfr. folios 405 a 417 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284) la renta gravable super\u00f3 el l\u00edmite se\u00f1alado por el legislador para generar impuesto a cargo; asimismo, se ignor\u00f3 que los mayores ingresos recibidos corresponden al a\u00f1o en que se redujo su patrimonio, lo que es propio del registro contable de las compraventas. <\/p>\n
3.6. Los negocios de aprovechamiento forestal de los predios La Colonia y La Esperanza (folios 133, 157 y 158 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039), de arrendamiento de La Estancia (folio 289 del cuaderno 2 del proceso 2005-00284) y La Palma (folios 324 y 325 idem), y de dep\u00f3sito y levante de ganado (folios 526 a 551 del cuaderno 3), celebrados por los adquirentes, sin el concurso de su padre, ense\u00f1a que efectuaron actos de se\u00f1or\u00edo en repudio de los del vendedor, lo que es una consecuencia connatural de los negocios traslaticios celebrados, que debilita la idea de una simulaci\u00f3n. <\/p>\n
La misma inferencia puede hacerse respecto a la utilizaci\u00f3n de los predios para fines agropecuarios, pues los compradores comenzaron a fungir como los responsables de las heredades para estos fines, en desplazamiento de su padre. As\u00ed se extracta de: <\/p>\n
(i) las denuncias por hurto de 29 de octubre de 1999 (folio 179 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039), 9 de diciembre de 2000 (folio 184 idem), 26 de enero de 2001 (folios 182), 12 de diciembre de 2001 (folio 451 del cuaderno 3) y 23 de junio de 2002 (folios 591 y 592 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284), que dan cuenta de la existencia de ganado a nombre de Yimi y Camilo Sarria para estas datas; <\/p>\n
(ii) el pago de los impuestos prediales de los a\u00f1os 2002 (folio 159 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039), 2003 (folios 163 y 164 ibidem), 2005 (folio 167 ejusdem) y 2006 (folio 165), que fueron solventados por los compradores, en satisfacci\u00f3n de las cargas que gravan el dominio; y <\/p>\n
(iii) contrataci\u00f3n, pago y liquidaci\u00f3n de trabajadores vinculados a las haciendas, por cuenta y riesgo de los adquirentes, reveladora de un animus domini, como reluce de los formularios de vinculaci\u00f3n a seguridad social, formatos de pago de prestaciones sociales y cartas de terminaci\u00f3n de contratos laborales (cfr. folios 200, 209, 213 del cuaderno 1 del proceso 2006-00039, 276, 317, 320, 322, 323, 387 del cuaderno 2, 398, 399, 404, 406 y 407 del cuaderno 3 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
Al respecto, es ejemplificativo el relato efectuado por el mayordomo de la finca El Para\u00edso, Elido \u00c1lvarez, quien al ser inquirido por la fecha hasta la cual trabaj\u00f3 con Miguel Sarria, dijo: \u00abHasta el a\u00f1o 2000 o 2001, no recuerdo exactamente, porque en esa fecha el (sic) me dijo que hab\u00eda vendido la finca a sus hijos Yimmy y Germ\u00e1n Sarria\u00bb (folio 684 del cuaderno 8 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
3.7. Los bajos precios de los negocios dispositivos, comparado el valor de los contratos de promesa y compraventa con los dict\u00e1menes periciales practicados en el proceso, se explica, no necesariamente por el hecho de un fingimiento, sino por las dificultades del mercado inmobiliario en el departamento del Cauca que llev\u00f3 a su depresi\u00f3n, as\u00ed como por el asedio de los diversos grupos que dificultaban la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las fincas. <\/p>\n
A tal colof\u00f3n se llega con fundamento en los testimonios recabados en el proceso. En efecto, Pedro Sussman Lewin asegur\u00f3: <\/p>\n
Durante esos a\u00f1os [se refiere al per\u00edodo 1996 a 2000] puedo expresar por experiencia propia que el Cauca se consideraba como zona roja, debido a la presencia permanente de grupos insurgentes, FARC, e ind\u00edgenas que alteraban completamente el orden p\u00fablico… por lo cual dentro del gremio agropecuario se dec\u00eda que \u2018todo el Cauca est\u00e1 en venta\u2019, debido a que los propietarios ante las amenazas de secuestro, robos, con grandes p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, extorsi\u00f3n, hac\u00edan que los propietarios trataban de vender sus tierras las cuales en ning\u00fan momento encontraban comprador y adem\u00e1s los valores eran infinitamente bajos… El se\u00f1or Milo Sarria dentro de las conversaciones me preguntaba a quien se le podr\u00eda vender una propiedad por que no se encontraba ning\u00fan postor para el efecto, solamente el INCORA era la entidad que efectuaba negociaci\u00f3n de compra de predios a precios irrisorios (folio 486 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
Jos\u00e9 Valencia Fajuri, al ser indagado sobre los problemas econ\u00f3micos de Miguel Sarria, identific\u00f3 como causa que \u00ablas posibilidades de negociaci\u00f3n de sus propiedades que era otro de sus fuertes econ\u00f3micos, se redujo, precisamente por la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico alterado\u00bb; adem\u00e1s record\u00f3: <\/p>\n
Con anterioridad a los actos de transferencia fue invitado por don Milo Sarria a su residencia en la Estancia para colaborar en el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n financiera por la que estaba atravesando. Reuni\u00f3n o reuniones en las que estuvieron presentes algunos de sus hijos, creo que Camilo, Yimmi (sic) y Germ\u00e1n. Frente a dichas crisis se exploro (sic) la posibilidad de transferir inmuebles a terceros y me consta que se hicieron ofertas a varias personas, recuerdo a un se\u00f1or de apellido Castro de Cali… pero ellos manifestaron que ellos tambi\u00e9n estaban vendiendo sus propiedades en el Cauca. Lo acompa\u00f1e en una oportunidad hasta la hacienda el Troje creo que era de un se\u00f1or de nombre Camilo… el se\u00f1or le manifest\u00f3 de igual manera que estaba vendiendo su hacienda el Troje por las mismas circunstancias… Fue entonces si no me falla la memoria que se pens\u00f3 en la posibilidad de transferirles bienes a los hijos en circunstancias de precio y condiciones de pago que les permitieran adquirirlos en situaciones similares a las d ofertas de terceros, esto es por valores irrisorios (folio 390 del cuaderno 6). <\/p>\n
Elido \u00c1lvarez record\u00f3, refiri\u00e9ndose al predio El Para\u00edso: \u00absegu\u00ed trabajando con ellos [se refiere a Yimi y Germ\u00e1n Sarria] y me dieron hierva para un ganado y tambi\u00e9n se me lo llevo la guerrilla con todo y ganado porque los guerrilleros dec\u00edan que esa finca era de ellos\u2026 no se pod\u00eda colocar ganado, porque la guerrilla se lo robaba, la finca estuvo desocupada como cinco a\u00f1os\u00bb (folios 684 y 685 del cuaderno 8). <\/p>\n
La ausencia de posibles adquirentes, sumado a la actuaci\u00f3n de grupo no oficiales que efectuaron diversas acciones disruptivas del dominio, como hurto de ganado, extorsiones u ocupaciones temporales, justifica que los precios de las transacciones fuera muy reducido, en comparaci\u00f3n con las aseveraciones efectuadas por el perito, pues \u00e9ste hizo el c\u00e1lculo por medio de un valor hist\u00f3rico resultante de llevar al pasado los precios del presente, sin tener en cuenta que para la fecha de la pericia hab\u00edan mejorado sustancialmente las condiciones de seguridad en el pa\u00eds. No en vano el experto, en su estudio, afirm\u00f3 que \u00ab[n]o se tiene en cuenta la urgencia, financiaci\u00f3n, garant\u00edas y la capacidad de negociaci\u00f3n, viables que entran a influir en el momento de una transacci\u00f3n\u00bb (folio 995 del cuaderno 9) y, al efectuar las aclaraciones, asegur\u00f3: \u00abno sin antes dejar en claro que el aval\u00fao de inmuebles en \u00e9poca de crisis, se encuentra afectada su comercializaci\u00f3n y por lo tanto no es normal. El verdadero valor del inmueble depende de la capacidad de producci\u00f3n del predio y lo m\u00e1s acertado seria tener contabilidad\u00bb (folio 1255 del cuaderno 10). <\/p>\n
3.8. Por \u00faltimo, el hecho indubitado de que los compradores eran negociantes desde muy temprana edad, seg\u00fan las atestaciones de Luis Eveiro Palomino Saenz (folios 460 a 465 del cuaderno 7), Pedro Sussman Lewin (folio 485), Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria (folio 508), Camilo Alberto Sarria (folios 709 y 710), Germ\u00e1n Alonso Sarria (folio 23 del cuaderno 5) y Luz \u00c1ngela Sarria (folios 27 y 28), incluso con operaciones fuera del pa\u00eds (folio 753 del cuaderno 7), permite concluir que contaban con la capacidad econ\u00f3mica para solventar los precios se\u00f1alados en las convenciones preparatorias. <\/p>\n
Apalancamiento que reluce de los formularios tributarios presentados a la DIAN, para fines del impuesto a la renta. As\u00ed, Camilo Ernesto Sarria, para los a\u00f1os 1994 a 2004, declar\u00f3 un patrimonio bruto promedio de $458,016,745, con ingresos anuales equivalentes a $114,496,442 (folios 417 a 429 del cuaderno 7 del proceso 2005-00284); Germ\u00e1n Alonso Sarria, para el per\u00edodo 2002 a 2005, tuvo en promedio un patrimonio bruto de $917,338,750 e ingresos de $314,536,250; y Yimi Jes\u00fas Mar\u00eda Sarria, para el interregno 1997 a 2005, en iguales conceptos, report\u00f3 un promedio de $370,032,111 y $49,102,333. <\/p>\n
Ha dicho esta Corporaci\u00f3n que la casaci\u00f3n no procede cuando \u00ablas omisiones endilgadas al Tribunal no [tengan] la trascendencia necesaria para aniquilar la sentencia cuestionada, pues aun cuando [sea] cierto que los instrumentos preteridos\u2026 dar\u00edan cuenta de imprecisiones\u2026, estas vaguedades no ten\u00edan la suficiente entidad para desvirtuar los elementos de convicci\u00f3n que sirvieron de pilar al fallo atacado\u00bb (SC12241, 16 ag. 2017, rad. n.\u00ba 1995-03366-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las razones precedentes, se cierra la prosperidad al recurso extraordinario. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas a la recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 9 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda de Tribunal incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de ocho (8) s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Ed. ABC, 1991, p. 639. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl me manifest\u00f3 que no era cierto que el tuviera hijos por fuera de sus dos relaciones y que esa supuesta hija se le quer\u00eda acomodar una t\u00eda de la se\u00f1ora Luz Eugenia, yo le insist\u00ed en que como al confesor me dijese la verdad y el reiter\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de la existencia de tal hija\u00bb (folio 390 del cuaderno 6 del proceso 2005-00284). <\/p>\n
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SC4162-2021 (2005-00284-01)_1 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC4162-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-31-03-005-2005-00284-01 (Aprobado en sesiones virtuales de veintisiete de mayo y diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}