SC4186-2021 (2017-00154-01)_1<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4186-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-10-005-2017-00154-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n que Ana Dila Gonz\u00e1lez Reina interpuso frente a la sentencia proferida el 16 de julio de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que sigui\u00f3 contra los herederos de Enrique Rojas Meneses, siendo los determinados Julieta, Henry, Nancy y Diego Fernando Rojas Tapiero. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar que entre ella y Enrique Rojas Meneses existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre el 3 de marzo de 2000 y el 13 de agosto de 2016 y, en consecuencia, se conform\u00f3 una sociedad patrimonial, disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Expuso que, entre tales fechas, en la \u00faltima de las cuales falleci\u00f3 su compa\u00f1ero, sostuvieron una relaci\u00f3n marital permanente y singular, \u201ccon mutua ayuda tanto econ\u00f3mica y social de esposos\u201d (sic), en la que no celebraron capitulaciones, adquirieron algunos bienes y no procrearon hijos (fls. 98 y 99, c.1). <\/p>\n
2.- Los sucesores determinados del causante se opusieron y propusieron diversas excepciones: <\/p>\n
Henry aleg\u00f3 \u201cinexistencia de la comunidad de vida entre la demandante y el se\u00f1or Enrique Rojas Meneses\u201d e \u201cinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho por ausencia de los elementos que la configuran\u201d (fls. 119 al 123, idem). <\/p>\n
Julieta y Nancy formularon las que denominaron \u201cinexistencia total de los elementos con los cuales se integra la uni\u00f3n marital de hecho, como son la vida en com\u00fan, la ayuda mutua, la procreaci\u00f3n, el sostenimiento y la educaci\u00f3n de los hijos en la pretendida uni\u00f3n entre la demandante y el se\u00f1or Enrique Rojas Meneses\u201d y \u201causencia de pruebas que indiquen que la demandante y el se\u00f1or Enrique Rojas (\u2026) hubieran convivido bajo un mismo techo\u201d (fls. 136 al 140 ibidem). <\/p>\n
Diego Fernando plante\u00f3 la que llam\u00f3 \u201causencia de los presupuestos objetivos para la configuraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, tales como las relaciones sexuales, la ayuda y el socorro mutuo\u201d (fls. 147 al 151 ejusdem). <\/p>\n
La curadora ad litem que represent\u00f3 a los herederos indeterminados manifest\u00f3 que se aten\u00eda a lo probado (fls. 186 a 187 id.). <\/p>\n
3.- El 6 de febrero de 2019, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 que del 3 de marzo de 2004 al 13 de agosto de 2016 existieron la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial, y que esta \u00faltima est\u00e1 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelaron los contradictores (fls. 252 al 253 ib.). <\/p>\n
4.- El Tribunal modific\u00f3 el fallo en cuanto a los extremos temporales del v\u00ednculo, que fij\u00f3 entre el 15 de marzo de 2015 y el 13 de agosto de 2016, de lo que a rengl\u00f3n seguido concluy\u00f3 que no se conform\u00f3 la universalidad de bienes (fls. 14 al 17). <\/p>\n
A vuelta de se\u00f1alar que los elementos objetivos de la relaci\u00f3n examinada son la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, as\u00ed como las relaciones sexuales, la permanencia y la singularidad, en tanto que los subjetivos son \u201cel \u00e1nimo mutuo de permanecer en esa uni\u00f3n, la unidad y la affectio maritalis\u201d, constat\u00f3 que la alzada se fund\u00f3 en que los testimonios no permiten vislumbrar el primer componente ni cu\u00e1ndo inici\u00f3. <\/p>\n
Acometiendo la \u201cvaloraci\u00f3n integral\u201d de las pruebas, comenz\u00f3 por singularizarlas e identificar su contenido, as\u00ed: interrogatorios absueltos por los contradictores; escrituras p\u00fablicas en las que intervino el de cujus, cuatro en 2008, una en 2012 y otra en 2014; denuncia penal que el precitado formul\u00f3 ante la Fiscal\u00eda en 2009; su historia cl\u00ednica entre el 14 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016; oficio que el 11 de marzo de 2015 le fue remitido a la carrera 39 B No. 21 A 73 de Ibagu\u00e9, relacionado con los requerimientos para vincularse al programa adulto mayor; inspecci\u00f3n judicial practicada el 22 de enero de 2019 en esa direcci\u00f3n, donde se hallaron algunos de los objetos personales del difunto; y testimonios de C\u00e9sar Augusto Pe\u00f1a Lara, Mario Plinio Riveros Acevedo, P\u00eda Mar\u00eda Celmira Guti\u00e9rrez, Marco Tulio Meneses S\u00e1nchez, Osman Guarnizo Bustos, Mariana Bustos Motta, Ana Maritza Madrigal y Hamilton Wilmer Sabogal Guti\u00e9rrez, ordenados de oficio. <\/p>\n
A partir de tales pruebas consider\u00f3 que \u201cno se cristalizan\u201d los presupuestos de la uni\u00f3n marital desde la fecha que fij\u00f3 el a quo, en tanto la testimonial \u201cno es un\u00edvoca y precisa al referirse al hito inicial (\u2026) raz\u00f3n por la que no puede tenerse dicha fecha como cierta al existir diversas razones sobre el inicio de dicha relaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que \u201cel requisito de la comunidad de vida entendido como el \u00e1nimo de conformar una familia no se encuentra consolidado\u201d, comoquiera que en los instrumentos notariales que Rojas Meneses suscribi\u00f3 entre 2008 y 2014 \u201cexpresaba que era viudo, circunstancia que revela que en [su] fuero interno (\u2026) no se encontraba la intenci\u00f3n de conformar un v\u00ednculo de \u00edndole familiar con Ana Dila Gonz\u00e1lez Reina\u201d, lo que recalca el hecho que en las mismas y en la denuncia penal que instaur\u00f3 en 2009 por hurto inform\u00f3 que resid\u00eda en una direcci\u00f3n diferente a la aducida por la prenombrada como domicilio de la pareja. <\/p>\n
Eventualidad que \u201cdeja en entredicho\u201d las cinco primeras declaraciones de los terceros \u201cen cuanto a la comunidad de vida que ten\u00edan Rojas Meneses y Gonz\u00e1lez Reina desde el a\u00f1o 2000\u201d, en la medida que \u201cno se pueden contraponer a las manifestaciones que voluntariamente realiz\u00f3 Enrique Rojas Meneses en vida y las cuales fueron realizadas sin el prop\u00f3sito de que obraran o fueran tenidas en cuenta dentro de un debate judicial\u201d, corroboradas por Ana Maritza Madrigal cuando relat\u00f3 que el mismo dec\u00eda que \u201cno ten\u00eda esposa y que era viudo\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, esa falta de inter\u00e9s para constituir un v\u00ednculo familiar \u201cno se mantuvo hasta el \u00faltimo de sus d\u00edas\u201d, pues en su historia cl\u00ednica del 14 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016 inform\u00f3 que era casado, que lo acompa\u00f1aba su esposa Dila y que resid\u00eda en la nomenclatura donde esta dijo que tuvo asiento la familia que conformaron, dato \u00faltimo que reiter\u00f3 al registrarse en el programa de adulto mayor, seg\u00fan se aprecia en el oficio que el 11 de marzo de 2015 le remiti\u00f3 la Secretar\u00eda de Bienestar Social de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ese lapso guarda relaci\u00f3n con lo expresado por Henry, Nancy y Julieta Rojas Tapiero, quienes la vieron acompa\u00f1ando a su padre en 2014, cuando debi\u00f3 ser intervenido de una peritonitis, lo que hall\u00f3 corroborado por la anamnesis, el testigo C\u00e9sar Augusto Pe\u00f1a y la inspecci\u00f3n judicial. Descart\u00f3 que aquello hubiese sucedido en 2012, como la promotora refiri\u00f3. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que los elementos de la uni\u00f3n solo se configuraron desde el 14 de enero de 2015, de tal manera que no se cumplieron los dos a\u00f1os previstos en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990 para constituir la universalidad de bienes. <\/p>\n
5.- La promotora interpuso oportunamente recurso de casaci\u00f3n, que le fue concedido (fls. 18 y 20, c. 2). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la inconforme la sustent\u00f3 en tiempo formulando dos cargos, de los cuales solo fue admitido el primero, a cuyo examen se contrae esta decisi\u00f3n, fincado en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, este \u00faltimo modificado por el 1\u00ba de la Ley 979 de 2005; 4, 6, 11, 176, 280 y 281 (no dice de qu\u00e9 compendio); y 13, 16, 28, 29, 31, 42, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
La recurrente argument\u00f3 que el Tribunal acogi\u00f3 \u201cen bloque\u201d los documentos y los testimonios solicitados por su contraparte y de la misma manera rechaz\u00f3 los recibidos a instancia suya y de oficio, sin satisfacer lo dispuesto en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso y dejando \u201cde lado\u201d todo el esfuerzo jur\u00eddico y t\u00e9cnico que realiz\u00f3 el a quo, quien decret\u00f3 y recibi\u00f3 tales versiones y \u201cles dio el verdadero valor\u201d. <\/p>\n
Su contraparte no plante\u00f3 objeci\u00f3n al segundo grupo de deponentes, por lo que \u201cmal podr\u00eda el ad quem entrar a desestimar la prueba testimonial y m\u00e1s de esa forma tan sesgada\u2026\u201d, simplemente porque estim\u00f3 que \u201c\u2026no hubo consistencia en la informaci\u00f3n entregada, cosa totalmente contraria a la que determin\u00f3 el a quo quien s\u00ed sopes\u00f3 la correspondencia de la realidad, la coherencia del relato he (sic) hizo un an\u00e1lisis contextual de los hechos que suceden en la realidad social, aplicando las normas de la experiencia a cada una de las versiones recaudadas\u201d. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que el fallador de segundo grado concediera m\u00e1s valor a la prueba documental y se\u00f1alara que es indicativa del estado civil, \u201cpretendiendo dar aplicaci\u00f3n a una tarifa legal\u201d, en vez de aplicar \u201clas reglas de la sana cr\u00edtica y las reglas de la experiencia\u201d, toda vez que \u201cpor naturaleza los hombres le tememos a realizar este tipo de manifestaciones y que por el contario (sic) se oculta la verdad sobre nuestro estado civil. Por muchos factores, algunos por temor, por verg\u00fcenza, por el inter\u00e9s de atraer o repeler las (los) pretendientes en fin entre otros factores\u201d, como asegur\u00f3 demostrar con un art\u00edculo extra\u00eddo de un portal de Internet para el caso de Rusia, porque \u201clas autoridades colombianas\u2026no se han dedicado a este tipo de an\u00e1lisis estad\u00edsticos\u201d. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a la Corte determinar si la casacionista demostr\u00f3 la violaci\u00f3n por parte del Tribunal de las disposiciones que regulan la conformaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, al resolver que la primera solamente tuvo existencia entre el \u201c15 de marzo de 2015\u201d y el 13 de agosto de 2016 y que, por ende, la segunda no se conform\u00f3, a ra\u00edz de la aparente comisi\u00f3n de \u201cerrores de hecho\u201d en la apreciaci\u00f3n del material probatorio por descartar \u201cen bloque\u201d lo relatado por un grupo de declarantes y, de la misma manera, acoger lo expresado por otro y lo consignado en los documentos acopiados; adem\u00e1s porque, a juicio de la censora, no aplic\u00f3 \u201clo previsto en el art\u00edculo 176 del C.G.P.\u201d, en especial, la \u201cregla de la experiencia\u201d que dar\u00eda cuenta de la propensi\u00f3n de los hombres a mentir a la hora de manifestarse sobre su estado civil. <\/p>\n
2.- Desde sus or\u00edgenes en Francia, la casaci\u00f3n ostenta un car\u00e1cter esencialmente dispositivo, que en nuestro ordenamiento vigente se expresa en la necesidad de que la parte agraviada con una sentencia de instancia que sea susceptible de ese ataque interponga el recurso, pues la Corte no puede atraer un caso al margen de ese mecanismo; la obligatoriedad de formular una demanda cuyos cargos se mantengan en las lindes del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso; y la perentoriedad de desarrollarlos con una t\u00e9cnica apropiada, que de acuerdo con la causal escogida demuestre el error in judicando o in procedendo que se denuncia. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que no sufre mengua por las finalidades que actualmente se asignan de manera paralela a este remedio extraordinario, que seg\u00fan la legislaci\u00f3n patria son las de \u201cdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u201d (art. 333 ibidem), por cuanto, en principio, la satisfacci\u00f3n de tales cometidos debe alcanzarse en tal escenario dispositivo. <\/p>\n
De ah\u00ed que, seg\u00fan se ha dicho, una vez transitada esa senda formal que va hasta la admisi\u00f3n total o parcial de los cargos que el impugnante ha propuesto, no sea posible que la Corte al fallar tenga en cuenta motivos de inconformidad distintos de aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que (\u2026) compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del canon 336 ejusdem. <\/p>\n
3.- Por lo anterior, bajo el postulado que presume que la sentencia del Tribunal llega a esta sede revestida de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, en la \u00f3rbita de la trasgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial, compete al impugnante derruir todos los fundamentos f\u00e1cticos que necesariamente le dan sustento, sin que para lograr ese cometido le baste proponer una visi\u00f3n alternativa que, acorde con sus intereses y desde otra perspectiva hermen\u00e9utica, resulte plausible, pues debe hacer patente la infracci\u00f3n del fallador, ora al establecer la ritualidad y eficacia de los medios suasorios (error de derecho), ora al asumir su materialidad (error de hecho), y que semejante dislate fue trascendente en la resoluci\u00f3n final. <\/p>\n
En tal sentido, en SC 29 ag. 2000, exp. 6417, reiterada en SC 24 oct. 2001 exp. 6722, que conserva validez en el nuevo r\u00e9gimen procesal, en cuanto en lo esencial mantuvo las exigencias que el anterior compendio procedimental fijaba, la Sala predic\u00f3 que corresponde al casacionista <\/p>\n
(\u2026) desvertebrar esa presunci\u00f3n de acierto mediante la demostraci\u00f3n de los errores de hecho patentes en la sentencia y evidenciados en los autos o en la infracci\u00f3n de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios probatorios, como medio a su vez de la infracci\u00f3n de normas sustanciales b\u00e1sicas en la decisi\u00f3n impugnada, am\u00e9n de la trascendencia o incidencia marcada del error demostrado, en el sentido de la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal. Por consiguiente, si el ejercicio de las facultades de los jueces de instancia en el terreno de las probanzas no es susceptible de control en sede de casaci\u00f3n sino en los eventos espec\u00edficos de evidentes errores de hecho o de errores de derecho, resulta obligatorio para el recurrente demostrar tales errores, no con una cr\u00edtica de las conclusiones f\u00e1cticas del fallador que implique quiz\u00e1s una exposici\u00f3n m\u00e1s razonada, pues en tal caso la casaci\u00f3n trocar\u00eda en instancia ulterior, sino en la demostraci\u00f3n de los yerros del Tribunal, individualiz\u00e1ndolos uno a uno y mostrando respecto de cada uno de ellos, el craso desacierto que \u00ab… debe aparecer de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuarse un \u00e1pice de duda …\u00bb (G.J. Tomo CXLVII, p\u00e1g. 52), cuando el error que se le achaca al Tribunal es de hecho, vale decir, en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba\u201d. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, es pertinente memorar la \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d que invariablemente la Corte ha reconocido a los jueces de instancia para la apreciaci\u00f3n del material suasorio, entendida como el n\u00facleo intangible de libertad de que gozan para desarrollar esa labor en el marco del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena adelantarla \u201c(\u2026) en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u201d, exponiendo razonadamente el m\u00e9rito que le asignan a cada prueba, todo ello porque la casaci\u00f3n no es un mecanismo para volver a juzgar el proceso ni para imponer una visi\u00f3n sobre el mismo a manera de una tercera instancia, sino para corregir yerros may\u00fasculos y determinantes en que pudo incurrir el ad quem. <\/p>\n
Por ello, la Corporaci\u00f3n ha predicado la <\/p>\n
(\u2026) facultad inherente a la funci\u00f3n de determinar si un hecho alegado es susceptible o no, en raz\u00f3n de su prueba, de subsumirse en la hip\u00f3tesis legal que el actor o el demandado pretenden. Esa discreta autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n de las pruebas, ha de ser respetada en casaci\u00f3n, y por eso es que, conforme ya se indic\u00f3, la demostraci\u00f3n del error de hecho en la apreciaci\u00f3n del caudal probatorio debe hacer patente la equivocaci\u00f3n del Tribunal hasta el punto de que dicho error \u201csalte a la vista\u201d, como ha sido usual describirlo. En consecuencia, la ponderaci\u00f3n acerca de la calidad del testigo y del testimonio -sus antecedentes, preparaci\u00f3n, cultura, locuacidad, relaci\u00f3n con las partes, cercan\u00eda espacio temporal con lo narrado, conocimiento detallado, concordante o no en lo esencial o en el conjunto, en los detalles, explicitaci\u00f3n de la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho, olvidos, respuestas evasivas o preguntas sugestivas, entre otros factores- queda al arbitrio del Tribunal, el cual deber\u00e1, como acontece en el derecho positivo actual, aplicar las reglas de la sana cr\u00edtica a efectos de sacar sus conclusiones, las que deber\u00e1 plasmar en la sentencia, no solo respecto del m\u00e9rito que le otorga a cada prueba, sino de lo que ellas le dicen, sint\u00e9ticamente tomadas. Y, se repite, s\u00f3lo una conclusi\u00f3n absurda, il\u00f3gica, ser\u00e1 la que en el recurso de casaci\u00f3n conlleve el quiebre del fallo, en la medida en que su incidencia en la decisi\u00f3n sea definitiva (SC 24 oct. 2001, exp. 6722, reiterada en SC11334-2015). <\/p>\n
4.- En el anterior orden de ideas, lo primero que resulta preciso evidenciar de cara al ataque examinado es que la recurrente lo encasill\u00f3 en la causal de error de hecho, pero pronto abandon\u00f3 cualquier esfuerzo argumentativo que, acorde con el mismo, le permitiera salir avante, por cuanto a pesar de que centr\u00f3 gran parte de su descontento en la valoraci\u00f3n de los testimonios que por iniciativa suya o del a quo se recibieron para acreditar la uni\u00f3n marital de hecho y su fecha de iniciaci\u00f3n, en ninguna parte puso de presente los aspectos puntuales que probar\u00edan el dislate del Tribunal, para lo cual ha debido seguir el proceso l\u00f3gico trazado reiteradamente por la Corte, esto es, individualizar los elementos suasorios que a su juicio fueron materia de suposici\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o cercenamiento, el contenido que, seg\u00fan piensa, es el genuino y lo que el ad quem extract\u00f3, para enseguida realizar una labor de contraste que le permita hacer brillar la divergencia trascendente entre uno y otro planteamiento. <\/p>\n
Al respecto, en SC007-2021, la Sala dijo que <\/p>\n
Si se tiene en cuenta que el error de hecho por err\u00f3nea apreciaci\u00f3n probatoria puede presentarse cuando el fallador se equivoca ostensiblemente al valorar materialmente los medios demostrativos, por suposici\u00f3n, pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n, ello significa que no cualquier equivocaci\u00f3n es v\u00e1lida para soportar esta acusaci\u00f3n, siendo menester que sea manifiesta y adem\u00e1s trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone al inconforme un labor\u00edo de individualizaci\u00f3n de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparaci\u00f3n entre \u00e9stos y las conclusiones que de su valoraci\u00f3n se extrajeron, encaminada a demostrar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error y cu\u00e1l fue su incidencia en la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Sin embargo, la censora se limit\u00f3 a quejarse de manera general de que el Tribunal hubiera desechado \u201cen bloque\u201d unas declaraciones de terceros y en esa misma medida hubiera acogido otras y los documentos acopiados, en lo que se desentendi\u00f3 completamente del car\u00e1cter t\u00e9cnico y dispositivo del remedio que impuls\u00f3, presentando un alegato totalmente deshilvanado enfilado a anteponer su criterio de parte interesada al que aquel verti\u00f3, fin para el que, se itera, no est\u00e1 concebido este mecanismo extraordinario, por lo que mal podr\u00eda la Corte, motu proprio, adentrarse en disquisiciones que aquella no propici\u00f3. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, frente al reparo por la predilecci\u00f3n del fallador por unas versiones apoyadas en otros medios suasorios, y el consecuente descarte de otros, es preciso recordar que <\/p>\n
(\u2026) si en un proceso se encuentran, por ejemplo, dos grupos de testigos que afirman posiciones contrarias, dando cada uno la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho, no puede cometer per se el Tribunal error evidente si se inclina por uno de esos grupos de testigos, m\u00e1xime si en apoyo de su elecci\u00f3n se sustenta en otras pruebas que corroboran el dicho del grupo escogido. Se trata, en efecto, de que en casos como el que abstractamente se plantea, el Tribunal hace uso racional de su discreta autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no pudiendo en consecuencia, cometer yerro f\u00e1ctico en esa tarea (CSJ SC 11 feb. 2003, rad. n\u00ba 6948, reiterada en SC11151 de 2015 y SC3140-2019) <\/p>\n
5.- El reproche tambi\u00e9n resulta inane en cuanto enrostra al Tribunal no haber efectuado el examen conjunto de las pruebas que ordena el art\u00edculo 176 procedimental, pues, en principio, desborda los confines del error de hecho que se invoc\u00f3, en cuanto de configurarse violar\u00eda una regla de valoraci\u00f3n probatoria y, por ende, ha debido plantearse como error de derecho. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha dicho que <\/p>\n
Las pruebas deben ser \u00abapreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb, sin perjuicio de que el juez deba exponer \u00abrazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. Su invocaci\u00f3n en casaci\u00f3n debe hacerse por la v\u00eda indirecta, error de derecho, al comportar un desacierto en el proceso de \u00abdesentra\u00f1amiento, develaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de su significado\u00bb: SC18595-2016, reiterada en SC4848-2020. <\/p>\n
Tal observaci\u00f3n no obsta para verificar que el fallador de instancia no cometi\u00f3 un atropello de ese talante, por cuanto no solo reconoci\u00f3 de manera individual, por su contenido y alcance, los elementos de persuasi\u00f3n recaudados, sino que en forma racional y cr\u00edtica los relacion\u00f3 entre s\u00ed, buscando elementos de enlace, convergencia y divergencia, y precisamente, en esa labor encontr\u00f3 que, a pesar de las manifestaciones de un grupo de testigos, lo dicho por otros, por los demandados y, especialmente, lo consignado en los documentos arrimados a los autos perfilaba una realidad distinta, por cuanto en estos \u00faltimos, de manera espont\u00e1nea y libre, sin el prop\u00f3sito de que obraran o fueran tenidos en cuenta dentro de un debate judicial, Enrique Rojas Meneses manifest\u00f3 consistentemente entre 2008 y 2014 que era viudo y que viv\u00eda en una direcci\u00f3n diferente de aquella en la que, seg\u00fan la gestora, la pareja tuvo asiento por esa \u00e9poca. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, determin\u00f3, mut\u00f3 a partir de 2015 cuando, al asistir a citas m\u00e9dicas, el causante expres\u00f3 encontrarse \u201ccasado\u201d con Ana Dila Gonz\u00e1lez Rivera y suministr\u00f3 la nomenclatura que esta aduce, en la que con ocasi\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial practicada en 2019 fueron encontrados algunos de sus efectos personales, lo que encaj\u00f3 con las versiones de los demandados, quienes reconocieron la convivencia a partir de que aquel enferm\u00f3 y fue operado de peritonitis en 2014, hecho este que tambi\u00e9n encontr\u00f3 anotado en la historia cl\u00ednica, descartando de paso la afirmaci\u00f3n err\u00f3nea de aquella, en el sentido que esa dolencia acaeci\u00f3 dos a\u00f1os antes, en 2012. <\/p>\n
6.- Sin embargo, en tributo a la verdad, tambi\u00e9n es cierto que la jurisprudencia ha reconocido que la violaci\u00f3n de las reglas de la experiencia, por aplicarlas indebidamente o preterirlas, se sit\u00faa en el terreno del error de hecho, porque las mismas no se encuentran insertas en ning\u00fan texto normativo, sino que tienen una ra\u00edz emp\u00edrica, en la medida que quien las formula lo que hace es extraer de forma inductiva una consecuencia a partir de una observaci\u00f3n cient\u00edfica, estad\u00edstica o humana, con la pretensi\u00f3n de que opere en el caso concreto. <\/p>\n
(\u2026) De ah\u00ed que deba decirse que si el sentenciador valor\u00f3 determinada prueba en forma arbitraria e irracional, es decir, distanciado de toda l\u00f3gica, o si es manifiestamente absurda su inferencia respecto de ella por haber aplicado una inexistente regla de la experiencia, o haber dejado de aplicar una que en criterio del censor debi\u00f3 tomarse en cuenta, tal yerro de estimaci\u00f3n probatoria constituye un error de hecho que debe demostrarse como tal, no de derecho, cabalmente porque, como ya se dijera, las m\u00e1ximas de la experiencia no son normas jur\u00eddicas cuyo quebrantamiento sea el medio que conduzca a la violaci\u00f3n de la norma sustancial. <\/p>\n
Qui\u00e9rese poner de presente, entonces, que si, como ha quedado establecido, el sistema de valoraci\u00f3n de las pruebas se fundamenta en la libertad del juzgador para discernir sobre ellas, librado, por consiguiente, de las ligaduras propias de la tarifa legal, es patente, igualmente, como ya lo dijo esta Corporaci\u00f3n, que \u00e9l \u201cgoza de autonom\u00eda o, mejor, soberan\u00eda en el ejercicio de tal labor, sin que le sea dado a la Corte, como tribunal de casaci\u00f3n, imponer l\u00edmites a esa facultad legal o establecer confines dentro de los cuales ella puede realizarse, pues de ese modo la tasa legal que el estatuto procedimental repudia, se ver\u00eda sustituida por una tarifa de car\u00e1cter jurisprudencial. <\/p>\n
\u201cComo la soberan\u00eda del juzgador de instancia en el punto no puede desbocarse hac\u00eda la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderaci\u00f3n debe ser razonada, es decir, fundada en el sentido com\u00fan y las m\u00e1ximas de la experiencia, la labor del recurrente en casaci\u00f3n sube de punto cuando trata de cuestionar la cr\u00edtica que de la prueba haga el Tribunal, pues puede acontecer que \u00e9ste la hubiese percibido en su realidad objetiva, solo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que el sentido com\u00fan y las reglas del saber emp\u00edrico conforman, le reste credibilidad, de modo que ser\u00eda vana una confrontaci\u00f3n entre lo que el medio dice con lo que el Tribunal afirm\u00f3 de \u00e9l, desde luego que en tal evento ambos coincidir\u00edan. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda l\u00f3gica y sensatez, valor\u00f3 antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hip\u00f3tesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista\u201d (casaci\u00f3n del 24 de marzo de 1998). Y tal incorrecci\u00f3n de la sentencia debe denunciarse, como ha quedado asentado y all\u00ed mismo se dijera, como un error de facto en la apreciaci\u00f3n de la misma. [subraya intencional]. <\/p>\n
(\u2026) Infi\u00e9rese de lo dicho que, en tal hip\u00f3tesis, la acusaci\u00f3n del recurrente debe orientarse a denunciar la comisi\u00f3n de un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, no de derecho, cabalmente, porque dichas reglas carecen de contenido normativo, es decir, no son normas legales reguladoras de la actividad probatoria. (Subraya intencional). <\/p>\n
Por supuesto, habr\u00e1 veces en que podr\u00e1n denunciarse errores de derecho en relaci\u00f3n con las reglas de la experiencia, como en ocasiones lo ha advertido la Corte, en la medida que la discusi\u00f3n que se plantee no verse sobre su existencia sino en torno a la falta de valoraci\u00f3n conjunta de los elementos de convicci\u00f3n a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica, entre las que am\u00e9n de aquellas se encuentran las que orientan la l\u00f3gica y la ciencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, la censora no anduvo equivocada al encuadrar dentro del error de hecho la omisi\u00f3n de la m\u00e1xima de la experiencia que a su juicio existe, consistente en que \u201cpor naturaleza los hombres le tememos a realizar este tipo de manifestaciones y que por el contario (sic) se oculta la verdad sobre nuestro estado civil. Por muchos factores, algunos por temor, por verg\u00fcenza, por el inter\u00e9s de atraer o repeler las (los) pretendientes en fin entre otros factores\u201d, la que bien podr\u00eda clasificarse como \u201ccomportamental\u201d, en cuanto se refiere a \u201cm\u00e1ximas relativas a los fen\u00f3menos relacionados a comportamientos humanos o influidos por ellos, los cuales, como tal, son el objeto de estudio de las ciencias sociales (por ejemplo, psicolog\u00eda, sociolog\u00eda, econom\u00eda, etc.).\u201d1. <\/p>\n
Lo que no conlleva a rengl\u00f3n seguido admitir que demostrara su ocurrencia ni su trascendencia, pues, por un lado, acudi\u00f3 a un argumento estad\u00edstico, al invocar un estudio realizado en un contexto for\u00e1neo sin acreditar su validez en el nuestro; m\u00e1s relevante a\u00fan, desatendi\u00f3 el principio l\u00f3gico de no contradicci\u00f3n, conforme el cual una cosa no puede ser y no ser a la vez. <\/p>\n
En efecto, si lo que sostiene es la propensi\u00f3n de los hombres a mentir en sus declaraciones p\u00fablicas sobre su estado civil, no explica c\u00f3mo es que de manera consistente el finado hubiese expresado ser viudo entre 2008 y 2014, y desde principios del siguiente a\u00f1o y en lo sucesivo igualmente de forma reiterada manifestara lo contrario, debiendo aceptarse que ment\u00eda en el primer periodo y que en el segundo no. <\/p>\n
En otras palabras, para que pudiera reconocerse como una m\u00e1xima de la experiencia que v\u00e1lidamente impidiera al juzgador de instancia tener en cuenta las manifestaciones del declarante, tendr\u00eda que haber explicado la censora por qu\u00e9, si en un caso el de cujus neg\u00f3 esa condici\u00f3n de compa\u00f1ero permanente y posteriormente la reconoci\u00f3 sin entremezclarlas en el tiempo, el Tribunal deb\u00eda concluir que all\u00e1 faltaba a la verdad y aqu\u00ed no. <\/p>\n
Es del caso advertir que precisamente el propio juzgador plante\u00f3 una m\u00e1xima de la experiencia opuesta que pas\u00f3 inadvertida para la casacionista, quien por lo mismo no se ocup\u00f3 de controvertirla y de demostrar su inaplicabilidad al sub judice, que puede resumirse en que frente a las declaraciones de parte resultan m\u00e1s relevantes probatoriamente las manifestaciones voluntarias que una persona realiza \u201cen vida\u201d, si lo hace \u201csin el prop\u00f3sito de que obraran o fueran tenidas en cuenta dentro de un debate judicial\u201d, con mayor raz\u00f3n porque la aplic\u00f3 para establecer el elemento volitivo o affectio maritalis. <\/p>\n
Postulado a cuyo fondo no es pertinente entrar, porque ata\u00f1endo a los hechos correspond\u00eda a la opugnante controvertir y demostrar que el fallarlo se equivoc\u00f3. <\/p>\n
Para rematar, no se explica c\u00f3mo, ante semejante precariedad probatoria, si en verdad el v\u00ednculo marital se desarroll\u00f3 durante el lapso que la gestora alega, no arrim\u00f3 elementos contundentes que ilustraran su existencia antes de 2015, de aquellos que seg\u00fan la experiencia quedan abundantes cuanto una relaci\u00f3n de esa \u00edndole se ha prolongado por muchos a\u00f1os. <\/p>\n
7.- Cabe a\u00f1adir que el recurrente hace una heterog\u00e9nea invocaci\u00f3n de normas constitucionales que aluden a la igualdad (13), libre desarrollo de la personalidad (16), libertad (28), debido proceso (29), protecci\u00f3n a la familia (42), acceso a la administraci\u00f3n de justicia (228) y autonom\u00eda e independencia de los jueces (230), pero am\u00e9n de que no les da ning\u00fan desarrollo concreto, la Corte no encuentra trasgresi\u00f3n alguna, en cuanto precisamente, conforme lo ha determinado, la decisi\u00f3n examinada se encuentra enmarcada dentro de las facultades que el legislador y la jurisprudencia reconocen al fallador de instancia. <\/p>\n
Por lo anterior, el cargo no prospera. <\/p>\n
8.- Como la decisi\u00f3n es adversa a la recurrente, se le condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. Para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que el extremo contradictor se pronunci\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de julio de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el proceso en referencia. <\/p>\n
Se condena en costas a la parte impugnante. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de seis millones de pesos ($6.000.000). <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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SC4186-2021 (2017-00154-01)_1 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC4186-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-10-005-2017-00154-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n que Ana Dila Gonz\u00e1lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57251\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}