SC4213-2021 (2015-02364-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC4213-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02364-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Miller Fernando Guzm\u00e1n Moreno, frente a la sentencia de 26 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso declarativo adelantado por el aqu\u00ed impugnante y Fernando Bustos Gonz\u00e1lez contra Edgar Mora Criollo y la Alcald\u00eda Municipal de Cogua. <\/p>\n
a). ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Miller Fernando Guzm\u00e1n Moreno y Fernando Bustos Gonz\u00e1lez solicitaron declarar responsables de la violaci\u00f3n a sus derechos morales y patrimoniales de autor, a la Alcald\u00eda Municipal de Cogua (Cundinamarca) y Edgar Mora Criollo, por haber plagiado la obra arquitect\u00f3nica -Complejo Educativo Agro-T\u00e9cnico La Plazuela- creada y presentada por ellos como proyecto de grado para optar al t\u00edtulo de arquitectos de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia. <\/p>\n
En consecuencia, incoaron condena en su favor por valor de $205.113.410 a t\u00edtulo de perjuicios patrimoniales, m\u00e1s el equivalente a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por concepto de da\u00f1o moral (fls. 203 a 223, cno. 1). <\/p>\n
2. El 19 de mayo de 2005, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 admiti\u00f3 la demanda (fol. 224, \u00eddem). El 29 de agosto siguiente, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del Alcalde Municipal del ente territorial convocado (fol. 238, \u00eddem), quien manifest\u00f3 oposici\u00f3n alegando \u201cno ser el sujeto pasivo de la presente acci\u00f3n\u201d e \u201cinexistencia de la conducta que configura plagio, por parte de la administraci\u00f3n del municipio de Cogua\u201d. <\/p>\n
A su turno, Mora Criollo fue notificado mediante curador ad litem (fol. 296). El auxiliar de la justicia indic\u00f3 estarse a lo probado en el curso de la lid. <\/p>\n
3. El 12 de octubre de 2012, el a-quo accedi\u00f3 a las pretensiones de los actores, imponiendo a los demandados la obligaci\u00f3n de indemnizar el da\u00f1o material y moral causado a los verdaderos coautores de la obra arquitect\u00f3nica (fls. 684 a 712, cno. 2) <\/p>\n
4. En desacuerdo, la Alcald\u00eda de Cogua apel\u00f3 y, en providencia de 26 de septiembre de 2013, el Tribunal, en decisi\u00f3n mayoritaria, modific\u00f3 la determinaci\u00f3n confutada para decretar que los accionantes son \u201ctitulares de los derechos de autor sobre el anteproyecto\u201d del memorado dise\u00f1o y en tal calidad \u201ctienen derecho a que su nombre figure en los planos y en el proyecto denominado ‘Complejo Educativo La Plazuela’\u201d, declarando a Edgar Mora Criollo como responsable de las infracciones endilgadas en el petitum y conden\u00e1ndolo a resarcir los perjuicios tasados en un total de $9.000.000. La apelante fue absuelta (fls. 183 a 229 cno. Tribunal). <\/p>\n
b). EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
2. En la misma direcci\u00f3n, estim\u00f3 consolidado el motivo quinto de revisi\u00f3n, por cuanto se encuentra en curso una investigaci\u00f3n criminal, por \u00e9l impulsada, contra los magistrados \u201cque integraron la posici\u00f3n mayoritaria por las conductas que desplegaron en la producci\u00f3n y expedici\u00f3n del fallo objeto de esta demanda\u201d. <\/p>\n
3. Por otra parte, calific\u00f3 de fraudulenta la actuaci\u00f3n desplegada por el Alcalde de Cogua \u201cy sus secuaces\u201d, al \u201cno allegar la totalidad de documentos que estaban en poder de la administraci\u00f3n municipal\u201d, que daban cuenta de la entrega de la totalidad de los dise\u00f1os de la obra plagiada y de su calidad de arquitectos para cuando se llev\u00f3 a cabo la contrataci\u00f3n y edificaci\u00f3n del Complejo, elementos que habr\u00edan permitido al sentenciador determinar correctamente la autor\u00eda del proyecto y la violaci\u00f3n de sus derechos, as\u00ed como apreciar adecuadamente el da\u00f1o causado, todo lo cual configura, en su sentir, la hip\u00f3tesis sexta del memorado precepto. <\/p>\n
4. Para finalizar, apoyado en la causal octava de revisi\u00f3n (n\u00fam. 8\u00ba, art. 380 del C.P.C.), el inconforme aleg\u00f3 la nulidad de la sentencia opugnada por: i) haber omitido \u201cun tr\u00e1mite previo equiparable a un alegato concluyente, como ser\u00eda el Concepto que emitiese el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones\u201d; ii) no suspender el proceso por prejudicialidad, como lo establece el art\u00edculo 123 de la Decisi\u00f3n 500 de 2001 de la Comunidad Andina de Naciones1, aprobada por la Ley 457 de 1998, en concordancia con los c\u00e1nones 170 ejusdem y 161 del C\u00f3digo General del Proceso; y, iii) por carecer de atribuciones el juez plural nacional para \u201cinterpretar la norma comunitaria y adoptar la decisi\u00f3n de fondo sin la inclusi\u00f3n de[l concepto] de tal componente normativo internacional que procediera del \u00f3rgano judicial [facultado] para ello, es decir, el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones\u201d2. <\/p>\n
Con soporte en lo antelado, el recurrente pidi\u00f3 invalidar la sentencia materia de impugnaci\u00f3n y disponer las determinaciones a que haya lugar, de acuerdo con el motivo de revisi\u00f3n acogido (fol. 3 a 18 y 22 a 27, cno. Corte). <\/p>\n
c).EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n
1. El 4 de abril de 2016 se admiti\u00f3 la demanda disponiendo su enteramiento y el traslado de ley, auto notificado al opugnador mediante anotaci\u00f3n en estado del d\u00eda siguiente (fol. 42, anverso y reverso, cno. Corte). <\/p>\n
2. El municipio de Cogua (Cundinamarca), fue notificado personalmente el 2 de noviembre de 2016 (fol. 42, ib.) y en memorial visible a folios 64 a 79, manifest\u00f3 oposici\u00f3n a los reparos del revisionista, por considerarlos subjetivos y carentes de trascendencia y tempestividad. <\/p>\n
Fernando Bustos Gonz\u00e1lez fue notificado mediante curador ad litem, el 18 de octubre de 2019 (fol. 151, ib.). <\/p>\n
Lo propio ocurri\u00f3 respecto de Edgar Mora Criollo, el 19 de noviembre posterior (fol. 157, ib.), cuyo procurador aleg\u00f3 la caducidad del recurso extraordinario, por haber sido presentado con posterioridad al vencimiento del bienio exigido por el legislador y ser la sentencia acorde al ordenamiento jur\u00eddico (fol.158 a 161, ib.). <\/p>\n
3. En auto de 20 de septiembre de 2017 se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, autoridad que, enterada, guard\u00f3 silencio (fol. 108 a 110, ib.). <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n fue abierta a pruebas el 11 de diciembre de 2019 (fol. 163, ib.) y el 19 de mayo de 2021 se corri\u00f3 traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n (fol. 186, ib.). <\/p>\n
d).CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como quiera que el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u201clos recursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d, el presente asunto ser\u00e1 resuelto de conformidad con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues la censura fue formulada durante su vigencia -25 de septiembre de 2015-. <\/p>\n
2. De acuerdo con la regla 381 del \u00faltimo compendio, el recurso extraordinario debe interponerse \u201cdentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria\u201d del fallo confutado, empero, trat\u00e1ndose de las causales 2\u00aa a 5\u00aa, \u201csi el proceso penal no hubiere terminado, se suspender\u00e1 la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva. Esta suspensi\u00f3n no podr\u00e1 exceder de dos a\u00f1os.\u201d <\/p>\n
La presentaci\u00f3n del petitum por fuera de ese lapso establece el legislador, conlleva su rechazo \u201csin m\u00e1s tr\u00e1mite\u201d (inc. 4\u00ba, art. 383 ibid.), pues, trat\u00e1ndose de una herramienta excepcional, a trav\u00e9s de la cual es dable quebrar la firmeza de un fallo, resulta l\u00f3gica la imposici\u00f3n de un plazo perentorio, con el fin de salvaguardar la seguridad jur\u00eddica de las decisiones emitidas por la administraci\u00f3n de justicia. As\u00ed lo ha sentado esta Corporaci\u00f3n en reiterada jurisprudencia: <\/p>\n
\u00abEl legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros\u00bb (CSJ SC2313-2018, 25 jun., rad. 2013-01848-00, reiterada en CSJ SC4065-2020, 26 oct., rad. 2016-02066-00). <\/p>\n
3. No obstante, la presentaci\u00f3n oportuna del libelo introductor, en tanto actuaci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente del litigio subyacente a la revisi\u00f3n, no es suficiente para impedir la configuraci\u00f3n del memorado fen\u00f3meno preclusivo, pues compete al interesado, adem\u00e1s, cumplir con la carga procesal de integrar diligentemente el contradictorio, como lo dispone el inciso sexto del aludido precepto 383, en concordancia con las reglas 87 y 90 del mismo ordenamiento. <\/p>\n
Ergo, para que la tempestividad de la demanda surta los efectos de interrupci\u00f3n esperados, el recurrente debe velar por notificar el auto admisorio a los convocados, dentro del lapso de un a\u00f1o, contado a partir del d\u00eda siguiente a su enteramiento de tal providencia3. As\u00ed lo ha explicado la Sala: <\/p>\n
\u00abPresentada oportunamente la demanda, este acto impedir\u00e1 que el t\u00e9rmino extintivo de la caducidad contin\u00fae corriendo, si es que el demandante en revisi\u00f3n cumple la carga de notificarla al demandado dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 del mismo C\u00f3digo. Caso contrario, equivale a decir, cuando esta carga es incumplida, pierde la presentaci\u00f3n de la demanda aquel efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendr\u00e1 sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hip\u00f3tesis esta que alude a una consumaci\u00f3n de caducidad sobreviniente, la que, por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 31 oct. 2012, rad. 2003-00004-01, reiterada en CSJ SC588-2020, 27 feb., rad. 2013-02478-00). <\/p>\n
4. Ahora bien, el numeral 2\u00ba del canon 382 ibidem, impone la formulaci\u00f3n del recurso contra \u201clas personas que fueron parte en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, para que con ellas se siga el procedimiento de revisi\u00f3n\u201d, de donde emerge con claridad un litisconsorcio necesario, sin el cual no es dable dirimir la impugnaci\u00f3n, pues \u00abla uni\u00f3n de los litigantes obedece a una imposici\u00f3n legal o resulta determinada por la naturaleza de la relaci\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica controvertida, siendo ellos, todos, titulares de la misma pretensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u201cno puede ser v\u00e1lidamente propuesta sino por varios sujetos, o frente a varios sujetos, o por varios y frente a varios a la vez\u201d (Guasp), por cuanto la decisi\u00f3n adem\u00e1s de uniforme, l\u00f3gicamente aparece como inescindible\u00bb (SC588-2020 citada, que reitera CSJ SC 24 oct. 2000, rad. 5387). <\/p>\n
En ese orden de ideas, para que pueda impedirse la ocurrencia de la caducidad con la presentaci\u00f3n en tiempo de la censura excepcional, en un juicio donde fueron dos o m\u00e1s los integrantes de cualquiera de los extremos de la lid, es indispensable la notificaci\u00f3n a todos ellos, dentro del plazo fijado para tal efecto. <\/p>\n
5. En el sub lite, el revisionista contaba con un plazo de dos a\u00f1os, desde la fecha de ejecutoria del fallo criticado (2 oct. 2013) para presentar su censura y, en efecto, el respectivo libelo fue radicado en la Secretar\u00eda de la Corte el 25 de septiembre de 2015, esto es, dentro del interregno concedido por el legislador. <\/p>\n
Ello, porque al tenor del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u201c(\u2026) [l]as providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos (\u2026)\u201d, de donde se desprende que la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al no ser pasible de casaci\u00f3n4, cobr\u00f3 firmeza en la data arriba indicada y no el mismo d\u00eda de su emisi\u00f3n, como lo asever\u00f3 el curador ad litem del vinculado Edgar Mora Criollo. <\/p>\n
Por lo antelado, dable es entrar a determinar si la presentaci\u00f3n de la demanda descrita tuvo la virtud de impedir la consumaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad. <\/p>\n
El auto admisorio fue notificado al convocante, por estado del 6 de abril de 2016, luego, el a\u00f1o para enterar a sus contendientes, venc\u00eda el mismo d\u00eda de la anualidad 2017, lapso durante el cual el interesado \u00fanicamente logr\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de la Alcald\u00eda Municipal de Cogua, que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2016 (fol. 60, cno. Corte), pues el codemandante Fernando Bustos Gonz\u00e1lez solo fue intimado el 18 de octubre de 2019 (fol. 151 idem), mientras Edgar Mora Criollo lo fue el 19 de noviembre siguiente, vale decir, por fuera del interregno ya establecido y, naturalmente, de los dos a\u00f1os de que trata el canon 381 citado. <\/p>\n
6. Con vista en lo anterior, se impone declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, presentado frente a la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2013, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, torn\u00e1ndose inviable analizar el fondo de la censura en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas y perjuicios al aqu\u00ed gestor. Las costas se tasar\u00e1n por Secretar\u00eda y los eventuales perjuicios se liquidar\u00e1n mediante incidente; para el pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la caducidad del recurso extraordinario de revisi\u00f3n presentado por Miller Fernando Guzm\u00e1n Moreno, frente a la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso declarativo adelantado por el aqu\u00ed impugnante y Fernando Bustos Gonz\u00e1lez contra Edgar Mora Criollo y la Alcald\u00eda Municipal de Cogua. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente, para cuyo pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n otorgada. Los \u00faltimos liqu\u00eddense mediante incidente. La Secretar\u00eda practique la liquidaci\u00f3n de costas, incluyendo la suma de $2.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO: Devu\u00e9lvase el expediente contentivo del proceso declarativo al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: Cons\u00e9rvese el cuaderno de la Corte y arch\u00edvese en su debida oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) De oficio o a petici\u00f3n de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de \u00fanica o \u00faltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina, deber\u00e1 suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretaci\u00f3n del Tribunal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 En SU 263 de 2015, la Corte Constitucional estableci\u00f3 este requisito como de procedibilidad en estos asuntos. <\/p>\n
3\u0002 Art. 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4\u0002 Ante la insuficiencia del inter\u00e9s para recurrir, pues el resultado adverso a las pretensiones de la demanda no superaba el quantum fijado en el art\u00edculo 370 adjetivo. <\/p>\n
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