SC4232-2021 (2013-00757-01)_2<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-006-2013-00757-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes SERGIO ANTONIO ROJAS AVENDA\u00d1O, \u00c1LVARO ANTONIO TORO HERN\u00c1NDEZ y MARGARITA CARDONA GALLO, frente a la sentencia proferida el 22 de julio de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio ordinario que adelantaron contra ELMER LATORRE HERRERA y COLTANQUES S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda rectora del proceso1, se solicit\u00f3 declarar civil y solidariamente responsables a los demandados del accidente de tr\u00e1nsito en el que falleci\u00f3 <\/p>\n
Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, esposa e hija de los reclamantes. En consecuencia, se pidi\u00f3 condenar a los convocados a pagar en favor de: <\/p>\n
1.1. Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o: <\/p>\n
1.1.1 Seis millones de pesos ($6.000.000) por \u201cda\u00f1o emergente y lucro cesante\u201d, relacionados con las lesiones personales que sufri\u00f3. <\/p>\n
1.1.2. Veintis\u00e9is millones ciento sesenta mil ochocientos ochenta y seis pesos con cincuenta centavos ($26.160.886,50) y cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos sesenta pesos ($499.428.260) a t\u00edtulo de lucro cesante consolidado y futuro, en su orden, producidos por el deceso de su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
1.1.3 Cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (100 s.m.l.m.v.) por da\u00f1o moral. <\/p>\n
1.2. \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez: <\/p>\n
1.2.1 Trece millones ochenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con veinticinco centavos ($13.080.443,25) y ciento sesenta y seis millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos ($166.995.875), por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, causados por la muerte de su hija. <\/p>\n
1.2.2. Cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (50 s.m.l.m.v.) por detrimento moral. <\/p>\n
1.3. Margarita Cardona Gallo: <\/p>\n
1.3.1. Trece millones ochenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con veinticinco centavos ($13.080.443,25) y doscientos ocho millones ciento treinta y dos mil doscientos noventa y nueve pesos ($208.132.299), por lucro cesante consolidado y futuro, producidos por el fenecimiento de su hija. <\/p>\n
1.3.2. Cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (50 s.m.l.m.v.) por perjuicio moral. <\/p>\n
2. En sustento de dichas s\u00faplicas, se expusieron los hechos que a continuaci\u00f3n se condensan: <\/p>\n
2.1. Aproximadamente a las 9:30 a.m. del 6 de enero de 2013, ocurri\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito sobre la v\u00eda Fresno-Honda, que involucr\u00f3 a un autom\u00f3vil y a un tractocami\u00f3n, con placas CVQ-772 y UPN-550, respectivamente. <\/p>\n
2.2. El choque lo provoc\u00f3 la invasi\u00f3n del carril contrario por parte del conductor del tractocami\u00f3n, Elmer Latorre Herrera, quien sin detenerse hizo un giro a la izquierda y sobrepas\u00f3 la doble l\u00ednea que separa la v\u00eda, para esquivar los \u201creparcheos\u201d que se realizaban sobre su propio sendero. <\/p>\n
2.3. Con dicha maniobra se cerr\u00f3 el paso al mencionado autom\u00f3vil, manejado por Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o, quien al ir de bajada y por su carril, no pudo evitar la colisi\u00f3n, pese a que presion\u00f3 los frenos. <\/p>\n
2.4. El contacto de los veh\u00edculos caus\u00f3 graves heridas y traumatismos a los cuatro ocupantes del autom\u00f3vil CVQ-772, esto es, a Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o, Mar\u00eda Graciela Avenda\u00f1o Avenda\u00f1o (madre del \u00faltimo), Nora Gallo de Cardona y Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, quienes fueron atendidos en el centro hospitalario de Mariquita, Tolima. <\/p>\n
2.5. Por la gravedad de las heridas de Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, se le traslad\u00f3 a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Ibagu\u00e9, donde falleci\u00f3 el 8 de enero de 2013, a la edad de 34 a\u00f1os, siendo ya para ese momento una reconocida profesional, ingeniera electr\u00f3nica de la Universidad Nacional, con estudios de especializaci\u00f3n en Gerencia Estrat\u00e9gica de Negocios en la Universidad Sergio Arboleda, y vinculaci\u00f3n laboral a la empresa Schenck Process Am\u00e9ricas S.A.S., con salario anual de ochenta y cuatro millones de pesos ($84.000.000), que con prestaciones adicionales y dem\u00e1s beneficios, representaban un ingreso mensual de seis millones novecientos noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos ($6.996.738), que le serv\u00edan para aportar al sostenimiento del hogar conformado con Sergio Antonio, as\u00ed como para auxiliar a sus dos progenitores, \u00c1lvaro Antonio y Margarita, de 67 y 57 a\u00f1os, en su orden. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda con auto del 12 de diciembre de 2013, notificado personalmente a los demandados, quienes por intermedio de la misma apoderada judicial designada para que los representara, ejecutaron los siguientes actos defensivos: (i) se opusieron frontalmente a las pretensiones del pliego inicial; (ii) se pronunciaron sobre cada uno de los hechos de distinta forma, pues aceptaron unos y dijeron no constarles otros; y (iii) excepcionaron como de m\u00e9rito \u201ccobro de lo no debido con el consecuente enriquecimiento sin causa\u201d, \u201cconcurrencia de culpas\u201d, \u201cprejudicialidad\u201d e \u201cinnominada\u201d2. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 10 de septiembre de 2014, mediante la cual: Declar\u00f3 no probadas las defensas invocadas por los accionados; acogi\u00f3 las s\u00faplicas del pliego inicial; e impuso como condenas a cargo de los enjuiciados y en pro de los reclamantes: \u201c$420.894.752,50, por concepto de perjuicios materiales a Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o [\u2026] $210.447.376,25 a \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y [\u2026] $210.447.376,25 a Margarita Cardona Gallo\u2026\u201d. As\u00ed mismo, por da\u00f1o moral reconoci\u00f3 \u201c$25.000.000 a Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o [\u2026] $12.500.000 a \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y [\u2026] $12.500.000 a Margarita Cardona Gallo\u2026\u201d. Por \u00faltimo, conden\u00f3 en costas del proceso a los demandados3. <\/p>\n
5. Apelada la anterior decisi\u00f3n por la parte demandada, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 la reform\u00f3 el 22 de julio de 2015, para revocar lo atinente a la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante y consecuentemente negar su reconocimiento, y modificar lo relativo al da\u00f1o moral, quedando este en veinte millones de pesos ($20.000.000) para Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o, y diez millones de pesos ($10.000.000) para cada uno de los progenitores de la v\u00edctima fatal. En todo lo dem\u00e1s se confirm\u00f3 la providencia censurada y no se impusieron costas en la segunda instancia4. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD-QUEM <\/p>\n
Previa relaci\u00f3n de lo acontecido en el proceso, de los argumentos de la sentencia de primera instancia, de los puntos concretos de la apelaci\u00f3n propuesta, y de predicar el cumplimiento de los presupuestos procesales como la ausencia de vicios que invaliden lo rituado, el Tribunal adujo, en respaldo de la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3, los razonamientos que enseguida se compendian: <\/p>\n
1. Se atacan con la alzada dos aspectos del fallo censurado: la concurrencia de culpas (pues se insiste que el conductor del autom\u00f3vil contribuy\u00f3 a la producci\u00f3n del hecho da\u00f1ino), y la ausencia de prueba del lucro cesante. Es preciso aclarar antes, que los demandados no discutieron con sus excepciones si la responsabilidad era directa o indirecta, menos la existencia de un v\u00ednculo contractual entre el conductor del cami\u00f3n y la empresa transportadora, y tampoco la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. En cuanto al primer punto: <\/p>\n
2.1. La prueba muestra que Rojas Avenda\u00f1o influy\u00f3 causalmente en la realizaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, porque super\u00f3 la velocidad permitida para el sitio en el que ocurri\u00f3 el accidente, esto es, 30 km por hora, la cual, estaba anunciada \u201cen la se\u00f1al de circulaci\u00f3n prohibitiva instalada antes del ingreso\u201d a la zona. Por supuesto que el desconocimiento de las reglas de tr\u00e1nsito sobre se\u00f1ales prohibitivas, como son los art\u00edculos 55, 74 y 109 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, comport\u00f3 \u201cuna evidente imprudencia de quien manejaba el carro en que viajaba la v\u00edctima, puesto que al superar la velocidad exigida en un sector de la v\u00eda (curva cerrada) y de alto flujo vehicular obr\u00f3 sin la precauci\u00f3n requerida para sortear situaciones como la que aqu\u00ed acaeci\u00f3, m\u00e1xime que conoc\u00eda la carretera y su peligrosidad [y] muy seguramente, si hubiese ido a una velocidad menor la magnitud del hecho da\u00f1ino hubiese sido menor\u201d. <\/p>\n
2.2. Lo expuesto queda acreditado con el trabajo pericial aportado por los propios demandantes, que se\u00f1al\u00f3 respecto de la v\u00eda: \u201cdemarcaci\u00f3n horizontal de l\u00ednea de borde, l\u00ednea doble amarilla continua, con se\u00f1alizaci\u00f3n vertical SR-30 \u2018velocidad m\u00e1xima 30 km\/h\u2019\u201d; frente al autom\u00f3vil, que su velocidad inicial se situ\u00f3 \u201centre 33 y 53 km\/h\u201d; y en cuanto a la del tractocami\u00f3n, que \u201coscil\u00f3 entre 17 y 27 km\/h\u201d. Del mismo modo, en la reconstrucci\u00f3n de la secuencia del accidente, la experticia precis\u00f3 que \u201cun instante antes del impacto, el veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplazaba por el carril derecho en sentido Fresno-Honda en el km 23 + 220 m, a una velocidad comprendida entre treinta y tres (33km\/h) y cincuenta y tres (53 km\/h) kil\u00f3metros por hora\u201d, concluyendo: que el veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplaza a una velocidad inadecuada (superior a 30 km\/h), que en el IPAT del accidente la hip\u00f3tesis del accidente fue \u201cfalta de precauci\u00f3n al tomar una curva\u201d, y que si bien \u201cla causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tracto-cami\u00f3n\u201d, ello fue \u201ccoadyuvado por la maniobra de frenada de emergencia y la p\u00e9rdida de control por parte del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil\u201d. <\/p>\n
2.3. Los autores del dictamen reiteraron lo dicho en el interrogatorio que absolvieron en el proceso, y si bien afirmaron que la causa fundamental del accidente fue la ocupaci\u00f3n del carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2, tractocami\u00f3n, con claridad sustentaron que \u201cla velocidad y las maniobras realizadas por el conductor del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, no son factores que originen riesgo sino que complementan la severidad del mismo\u201d, concluyendo que \u201cla velocidad superior a 30 del autom\u00f3vil puede generar una mayor severidad\u201d. <\/p>\n
2.4. Igualmente, el Informe Policial de Accidentes de Tr\u00e1nsito refiere que la calzada por la que se desplazaba el veh\u00edculo conducido por Rojas Avenda\u00f1o, antes de tomar la curva en la que se ocasion\u00f3 el accidente, contaba con la se\u00f1al SR-30, velocidad m\u00e1xima 30 km\/h, y adem\u00e1s, en su interrogatorio el demandante asever\u00f3 que conduc\u00eda a una velocidad aproximada de 30 y 40 km\/h., y asinti\u00f3 que \u201cla carretera es peligrosa, pero que [ya] hab\u00eda transitado por all\u00ed y nunca pas\u00f3 nada\u201d. Mientras que el conductor del tracto-cami\u00f3n dijo en su declaraci\u00f3n, que sub\u00eda a una velocidad de 15 o 12 km\/h, es decir, muy lento porque iba cargado, cuando vio venir un veh\u00edculo ligero, que al frenar perdi\u00f3 el control. <\/p>\n
2.5. Desde esa \u00f3ptica, y al amparo del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se debi\u00f3 reducir la indemnizaci\u00f3n a los demandantes, puesto que la actuaci\u00f3n de Rojas Avenda\u00f1o puso en riesgo la vida de su c\u00f3nyuge. Por consiguiente, la indemnizaci\u00f3n respecto de los demandantes deber\u00e1 verse reducida en un veinte por ciento (20%). <\/p>\n
3. En lo que concierne con el segundo punto de inconformidad, correspond\u00eda a los accionantes la carga de acreditar que la v\u00edctima fatal del accidente les prove\u00eda los ingresos reclamados, pues la relaci\u00f3n familiar no hac\u00eda presumir la dependencia econ\u00f3mica alegada. Sin embargo, tan solo trajeron la certificaci\u00f3n salarial de la occisa como trabajadora de Schenck Process Am\u00e9ricas S.A.S., y los pocos medios de persuasi\u00f3n obrantes en el expediente no dan cuenta de la forma en la que Toro Cardona distribu\u00eda sus ingresos, y mucho menos que con ellos asum\u00eda los gastos familiares en cuesti\u00f3n, presupuesto necesario para reconocer el lucro cesante reclamado. <\/p>\n
Y no es cierto que la falta de prueba del mencionado hecho, como lo estableci\u00f3 el a-quo, comporte el allanamiento de los demandados, porque ellos ni lo dieron por cierto ni se avinieron al derecho invocado por la parte actora. Adem\u00e1s, no hay prueba de hecho alguno del que, \u201cmediante una presunci\u00f3n \u2018hominis facti\u2019, pueda inferirse que el aludido auxilio econ\u00f3mico realmente se proporcionaba\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, no se desconoce que en el juramento estimatorio se tas\u00f3 el lucro cesante, y que esa prueba no fue refutada. No obstante, esa estimaci\u00f3n no exime a la parte demandante de demostrar el da\u00f1o reclamado, pues el juramento no acredita otra cosa que la cuantificaci\u00f3n del perjuicio, mas no el da\u00f1o en s\u00ed mismo considerado. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, la ausencia de prueba de la supuesta ayuda econ\u00f3mica que la se\u00f1ora Toro Cardona dispensaba a sus padres y esposo, imped\u00eda tener por demostrado el lucro cesante, por lo que se debe revocar en tal aspecto la sentencia del a-quo, para en su lugar denegar tal s\u00faplica. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, como el reconocimiento de los perjuicios morales a los demandantes, en cuant\u00eda de $50.000.000, no fue materia de apelaci\u00f3n, sino que simplemente se pidi\u00f3 su reducci\u00f3n en proporci\u00f3n a la contribuci\u00f3n del se\u00f1or Rojas Avenda\u00f1o en la producci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, a ello se acceder\u00e1 disminuyendo dicha condena en un 20%. Entonces, la parte demandada pagar\u00e1 al prenombrado accionante $20.000.000, y a cada uno de los padres de la v\u00edctima $10.000.000. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene cuatro cargos, que la Corte resolver\u00e1 en el orden propuesto, precisando que el tercero y cuarto se conjuntar\u00e1n, por versar sobre un mismo tema, esto es, la compensaci\u00f3n de culpas. <\/p>\n
Es del caso advertir, desde ya, que la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata est\u00e1 sometida a las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, comoquiera que tal estatuto era el que estaba vigente al momento de su formulaci\u00f3n (30 de julio de 2015), acatando as\u00ed el mandato del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1nsito de aquella legislaci\u00f3n a \u00e9sta, previ\u00f3 que \u201clos recursos\u201d se \u201cregir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los c\u00e1nones 2341 del C\u00f3digo Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de error de derecho cometido por esa Corporaci\u00f3n, consistente en no decretar pruebas de oficio para acreditar la dependencia econ\u00f3mica de los demandantes \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo, respecto de Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, con lo que se transgredieron los art\u00edculos 37, numeral 4\u00ba, 169 y 170 del mencionado estatuto adjetivo civil. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n discurri\u00f3 por el siguiente trazado: <\/p>\n
1. En diferentes pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha admitido el error de derecho por la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio, aspecto que en el presente caso adquiere dimensiones especiales y par\u00e1metros m\u00e1s exigentes, por estar involucrada la protecci\u00f3n de personas con 66 y 72 a\u00f1os (madre y padre de la v\u00edctima fallecida), situadas en condici\u00f3n de especial vulnerabilidad, a quienes la indemnizaci\u00f3n que les fue reconocida por el Tribunal, en cuant\u00eda de 20 millones de pesos por perjuicios morales, es insuficiente, am\u00e9n de irrisoria, para suplir sus carencias en la edad mayor. <\/p>\n
3. En el proceso, para demostrar la mencionada dependencia econ\u00f3mica, se pidi\u00f3 por la parte demandante (al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito) recibir las declaraciones de Beatriz y Clara In\u00e9s Cardona Gallo, las que no obstante haber sido decretadas, por un mal entendido relacionado con la celeridad del proceso, se termin\u00f3 desistiendo de ellas. Sin embargo, el Tribunal debi\u00f3 ordenar de oficio esos testimonios, para no dejar desamparadas a personas de la tercera edad, y de paso garantizar mandatos de equidad, protecci\u00f3n integral y asistencia, consagrados en los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 46 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Al estar probada la capacidad econ\u00f3mica de la fallecida, al ser incontrovertido el v\u00ednculo de parentesco entre padres e hija, al surgir por mandato legal la obligaci\u00f3n de prestar alimentos por mandato de la ley, y evidenciarse que \u00c1lvaro Antonio Toro no ten\u00eda buenas condiciones f\u00edsicas, al punto que no acudi\u00f3 a la audiencia en Bogot\u00e1 donde se le deb\u00eda recibir interrogatorio, y se dej\u00f3 constancia que presentaba \u201cd\u00e9ficit cognitivo en estudio\u201d, debi\u00f3 primar la sensatez por parte del Tribunal en el decreto de la prueba oficiosa, habida cuenta de las condiciones de debilidad manifiesta de los demandantes, padres de la v\u00edctima fallecida. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al margen, \u201cla dependencia econ\u00f3mica que inspiraba el juramento estimatorio y la prueba pericial\u201d, no fue objetada por la parte demandada, y, adem\u00e1s, \u201chac\u00eda parte de los hechos 20 y 34 de la demanda, que recibieron una respuesta elusiva\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico y esquema para su resoluci\u00f3n <\/p>\n
De acuerdo con el compendio realizado, corresponde a la Corte determinar, en este cargo, si en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del presente proceso, se incurri\u00f3 en error de derecho al no haberse decretado pruebas de oficio para establecer el lucro cesante reclamado por los padres de la v\u00edctima fatal del accidente mencionado, respecto de quienes, en la demanda, se indic\u00f3 que recib\u00edan apoyo o soporte econ\u00f3mico de su hija. <\/p>\n
Para dar soluci\u00f3n a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica as\u00ed planteada, la Sala (i) har\u00e1 una breve rese\u00f1a sobre la carga de la prueba y su importancia para decidir litigios donde las pruebas son insuficientes para superar el estado de duda inicial; (ii) mencionar\u00e1 despu\u00e9s las circunstancias en las que es viable predicar la existencia de un yerro de derecho por la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas de oficio; y (iii) por \u00faltimo, a la luz de las particularidades que subyacen al caso, se analizar\u00e1 la censura y se extractar\u00e1n las conclusiones correspondientes. <\/p>\n
2. El principio de la carga de la prueba <\/p>\n
No hay ninguna duda acerca de que este principio resulta esencial en el desarrollo y definici\u00f3n de un proceso pues, a menudo, las partes y los juzgadores se hallan ante la dif\u00edcil y muy importante cuesti\u00f3n de saber qu\u00e9 hechos se deben probar, qui\u00e9n debe probarlos, y cu\u00e1les son las consecuencias de no hacerlo. <\/p>\n
Pero, dejando aparte la dificultad que conlleva determinar a qui\u00e9n corresponde demostrar un hecho relevante, cumple decir que en garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica y del derecho fundamental a la igualdad, las partes tienen el derecho de conocer por anticipado, c\u00f3mo fallar\u00e1 el juzgador ante la falta de prueba del mismo. <\/p>\n
Por eso, es que en la mayor\u00eda de sistema jur\u00eddicos, incluido el colombiano, es el legislador quien, en principio, determina las reglas imperantes para asignar la carga probatoria correspondiente en un proceso, las que debidamente aplicadas, permitir\u00e1n entonces a las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio, anticipar c\u00f3mo decidir\u00e1 el juez de conocimiento, cuando las pruebas no hayan sido suficientes, o simplemente no las hay para acreditar un hecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los preceptos que rigen la materia de la carga de la prueba dotan al sentenciador de unas directrices encaminadas a resolver el problema del hecho que, siendo relevante, es incierto, por no haber sido probado. Por ello se dice que \u201cdesde MICHELLI, se entiende que estas normas en realidad constituyen una regla de juicio, esto es, una norma que le muestra al juez c\u00f3mo ha de actuar en el caso de falta de prueba\u201d5. <\/p>\n
Por supuesto que, sin ser lo mismo, las directrices relacionadas con la carga de la prueba est\u00e1n estrechamente relacionadas con las que ata\u00f1en al \u201cdeber de aportaci\u00f3n\u201d de la prueba, pues, como se sabe, primero por v\u00eda jurisprudencial y hoy en d\u00eda por mandato del legislador, se puede exigir a una parte acreditar determinado hecho, dependiendo si se encuentra \u201cen una situaci\u00f3n m\u00e1s favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos\u201d6. <\/p>\n
Sin embargo, lo verdaderamente trascendental ac\u00e1, es que las normas sobre la carga de la prueba est\u00e1n dirigidas al juez, para guiar su decisi\u00f3n ante un supuesto de incertidumbre, y evitar as\u00ed un pronunciamiento que no decida sobre el fondo de la controversia (non liquet). <\/p>\n
Ahora bien, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto que guio la solicitud, decreto, pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n de las pruebas en las instancias del presente proceso, la norma estelar en torno a la carga de la prueba es el art\u00edculo 177, que en su inciso primero indica: \u201cIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d. Con esta, el legislador opt\u00f3 por atribuir la carga de la prueba no con un criterio subjetivo simplista, relacionado con que la parte que alega el hecho debe probarlo, sino con uno emparentado con los supuestos f\u00e1cticos del precepto en que se soporta la posici\u00f3n de cada una de las partes en el proceso, es decir, que \u201cpara afrontar el tema probatorio, lo primero que tiene que hacer el juez, despu\u00e9s de averiguar qu\u00e9 tipo de hecho es el que hay que probar, es determinar a qui\u00e9n corresponde su prueba en funci\u00f3n de la naturaleza del mismo y de la relevancia que dicho hecho ocupe en relaci\u00f3n con la posici\u00f3n procesal de quien lo haya alegado en su favor\u201d7. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la carga de la prueba y su importancia en el proceso, la Corte ha expuesto como pauta que <\/p>\n
[L]as reglas de distribuci\u00f3n que gobiernan la materia comportan, entre otras, las siguientes trascendentales consecuencias: de una parte, la de determinar cu\u00e1l de las partes de un litigio asume el riesgo que se deriva de la circunstancia de que un hecho medular no est\u00e9 suficientemente probado en el proceso; y, de otra, la de fijar el sentido de la decisi\u00f3n que el juez deber\u00e1 adoptar ante la anotada omisi\u00f3n, vale decir, que desde este punto de vista las normas concernientes con la distribuci\u00f3n del \u201conus probandi\u201d encarnan una verdadera regla de juicio en cuanto prefiguran la resoluci\u00f3n judicial; por supuesto que aqu\u00e9l resolver\u00e1 adversamente a quien teniendo la carga de probar ese hecho no la satisfizo. Desde esta perspectiva, la regla de distribuci\u00f3n de la carga probatoria adquiere una especial dimensi\u00f3n en cuanto contribuye vigorosamente a la eficacia del proceso, habida cuenta que a pesar de las omisiones en materia demostrativa, \u00e9ste concluir\u00e1 inevitablemente en una sentencia, de modo que no queda espacio para la justicia privada. Hechas las anteriores precisiones, es oportuno establecer ahora el \u00e1mbito en el que se desenvuelve la referida regla de juicio. Al respecto es menester empezar por acotar que luego de examinar la prueba recaudada en un proceso, el juzgador puede estar, respecto de la existencia de un hecho, en las siguientes circunstancias: a) de un lado, puede tener la certeza de que, conforme lo acreditan los medios probatorios, el hecho realmente existi\u00f3; b) por el contrario, con base en esos elementos de persuasi\u00f3n puede adquirir la convicci\u00f3n rotunda de que los hechos no existieron, es decir, que conforme al material probatorio recaudado se infiera que el hecho aducido no existi\u00f3; y, c) puede acontecer, por \u00faltimo, que no le era dado concluir ni lo uno ni lo otro, esto es, que ninguna de las anteriores hip\u00f3tesis se ha realizado. Tr\u00e1tase, entonces, de una situaci\u00f3n de incertidumbre en la que no le es dado aseverar la existencia del hecho o su inexistencia. Es aqu\u00ed donde cobra particular vigor la regla de juicio que la carga de la prueba comporta, habida cuenta que en las cosas en las que las omisiones probatorias no le permitan al juzgador inferir con la certidumbre necesaria, la existencia o inexistencia del hecho aducido, el fallador deber\u00e1 resolver la cuesti\u00f3n adversamente a quien ten\u00eda la carga probatoria del hecho respectivo. Ya se ha dicho, fatigosamente, por dem\u00e1s, que no hay en el proceso prueba que permita colegir con alguna certidumbre, siguiera, que el contrato termin\u00f3 por decisi\u00f3n unilateral de la demandada, y mucho menos, en la fecha se\u00f1alada por el actor, la cual no pod\u00eda variar antojadizamente el Tribunal, a riesgo de quebrantar el principio de la congruencia, pues en asuntos como el de esta especie, el momento en el que efectivamente ocurri\u00f3 la terminaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico es un dato sumamente relevante, habida cuenta que sirve como punto de partida para el c\u00f3mputo del plazo con el que debi\u00f3 efectuarse el aviso respectivo8. <\/p>\n
En el terreno de lo concreto, por ejemplo, los hechos relacionados con la p\u00e9rdida de un ingreso, que justifican la reclamaci\u00f3n de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, corresponde demostrarlos a la parte que eleva la respectiva pretensi\u00f3n, pues es evidente que su inter\u00e9s es obtener el efecto previsto -si se trata de responsabilidad aquiliana-, en los art\u00edculos 2341 y 1613 del C\u00f3digo Civil, que en su orden consagran el deber de indemnizar el da\u00f1o causado a otro, y la clase de perjuicios patrimoniales a los que hay derecho a solicitar. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte ha apuntado sobre la carga de la prueba, en lo tocante al lucro cesante, que <\/p>\n
\u201cCuando se busca la indemnizaci\u00f3n de perjuicios patrimoniales en el rubro de lucro cesante, el afectado tiene la doble carga de llevar al convencimiento, por un lado, de que \u00e9stos ocurrieron ante la disminuci\u00f3n o interrupci\u00f3n de unos ingresos que se tornaban ciertos y, del otro, de c\u00f3mo cuantificarlos, bajo la premisa de que su prop\u00f3sito es netamente de reparaci\u00f3n integral, sin que pueda constituirse en fuente de enriquecimiento. Las falencias que se presenten en uno u otro campo tienen distintas connotaciones, puesto que de no comprobarse la existencia del perjuicio fracasar\u00edan las pretensiones por la ausencia de uno de los supuestos imprescindibles de viabilidad de la acci\u00f3n, mientras que existiendo conciencia de ese aspecto pero frente a la indeterminaci\u00f3n del monto, dificult\u00e1ndose as\u00ed una condena cierta, el art\u00edculo 307 id impone el uso de las facultades oficiosas del fallador para concretarlo, so pena de incurrir en falta disciplinaria. De todas maneras las dificultades que se presenten en la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, que no se diluciden a pesar de la proactividad del sentenciador, pueden ser superadas con patrones de equidad brindando una soluci\u00f3n que aminore en justicia cualquier desbarajuste existente entre los involucrados. Respecto de esa dualidad, en la providencia CSJ SC, 28 Feb. 2013, Rad. 2002-01011-01, se enfatiz\u00f3 en \u2018(\u2026) la autonom\u00eda e independencia de cada uno de esos labor\u00edos, pese a su estrecha relaci\u00f3n, y que, por consiguiente, no debe confund\u00edrseles como si se tratara de una misma actividad y, menos a\u00fan, sujetarse la demostraci\u00f3n del da\u00f1o a la de su quantum, pues, como se aprecia, la regla que al respecto pudiera elaborarse ser\u00eda exactamente la contraria, es decir, que la comprobaci\u00f3n de la cuant\u00eda del perjuicio depende de la previa y suficiente constataci\u00f3n de la lesi\u00f3n patrimonial sufrida por el afectado (\u2026) Ello explica que en el plano procesal el incumplimiento de uno u otro deber provoque efectos diversos. Mientras que la falta de acreditaci\u00f3n del da\u00f1o conducir\u00eda a colegir la insatisfacci\u00f3n del m\u00e1s importante elemento estructural de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y, por ende, el fracaso de la correlativa acci\u00f3n judicial, la insatisfacci\u00f3n del segundo impone al juez decretar \u201cde oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias\u201d para condenar \u201cpor cantidad y valor determinados\u201d, entre otros supuestos, al pago de los \u201cperjuicios\u201d reclamados (art. 307, C. de P.C.). (\u2026) Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del da\u00f1o, en aquellos casos l\u00edmite, en que, habi\u00e9ndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda se torna extremadamente dif\u00edcil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante\u2019\u201d9. <\/p>\n
Justamente que, cuando de da\u00f1o futuro se trata, la jurisprudencia de la Corte, como lo evidencia el anterior pasaje, no admite duda de que es a la v\u00edctima o solicitante del resarcimiento a quien compete probar los supuestos f\u00e1cticos para su reconocimiento, precis\u00e1ndose, claro est\u00e1, que si hay certeza sobre la entidad del lucro cesante pero no de su extensi\u00f3n cuantitativa o monto, ah\u00ed no opera el rigor propio del principio de la carga de la prueba, sino que entra en juego la facultad-deber del juzgador de decretar pruebas de oficio para concretar la condena. <\/p>\n
Cumple se\u00f1alar, ya casi para finalizar este ac\u00e1pite, que en virtud de lo que acaba de exponerse, la regla general de distribuci\u00f3n, seg\u00fan el cual, \u201cincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, por lo menos en el esquema del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es insoslayable, salvadas las excepciones, como la anotada sobre la oficiosidad para concretar el monto de una condena, o las introducidas en virtud de la figura de la de la carga din\u00e1mica de la prueba, que aten\u00faan el rigor de dicho principio en circunstancias especiales, donde por cuestiones t\u00e9cnicas, o de cercan\u00eda con medio suasorio, o incluso de indefensi\u00f3n, se impone a un extremo diferente al que inicialmente corresponde hacerlo, la aportaci\u00f3n de una prueba. <\/p>\n
Por \u00faltimo, conviene se\u00f1alar que, desde la \u00f3ptica constitucional, la figura de la carga de la prueba no ha generado reparo alguno, toda vez que, lo ha pregonado la Corte Constitucional, la misma <\/p>\n
\u201c[O]pera como regla de distribuci\u00f3n procesal en la demostraci\u00f3n de los hechos que le interesan a cada parte y [\u2026]<\/p>\n
en nada afecta la presunci\u00f3n de buena fe y el derecho de igualdad [\u2026] As\u00ed, sin perjuicio del papel que se ha otorgado al juez en la b\u00fasqueda de la verdad dentro del procesalismo contempor\u00e1neo, las normas de procedimiento civil se han basado en tres reglas generales sobre la carga de la prueba, que explica con claridad Rocha Alvira de la siguiente manera: \u2018a) Onus probandi, incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acci\u00f3n; b.) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acci\u00f3n del demandante, si este no logr\u00f3 en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda.\u2019 Como se\u00f1ala Rocco, la carga de la prueba no apunta a que una parte deba probar m\u00e1s que la otra, sino al inter\u00e9s que cada una tenga, seg\u00fan su posici\u00f3n en la respectiva relaci\u00f3n jur\u00eddica, en la demostraci\u00f3n de los hechos a los cuales el ordenamiento objetivo reconoce los efectos jur\u00eddicos deseados. Por tanto, en la medida que ambas partes llegan al proceso en igualdad de condiciones, como personas libres unas de otras, la carga de la prueba impone compromisos distintos a cada una de ellas en la protecci\u00f3n o defensa de sus intereses. Al demandante el deber de acreditar que su contraparte se ha obligado por la ley o por su voluntad a un determinado comportamiento que debe declararse o cumplirse (hecho constitutivo); al demandado la demostraci\u00f3n del hecho modificatorio, extintivo o impeditivo del nacimiento de la obligaci\u00f3n reclamada. As\u00ed, desde la perspectiva del Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y para la defensa de su inter\u00e9s particular dentro del proceso, cada parte tiene la facultad de acercarse a los medios de prueba desde dos perspectivas distintas: (i) para solicitar y aportar aquellas pruebas que apoyan su causa -donde asume la inacci\u00f3n o desaciertos en ese cometido- y (ii) para conocer y contradecir las que pretenden oponerse en su contra. Una vez practicadas, las pruebas pasar\u00e1n a ser parte del proceso (principio de comunidad de la prueba) y deber\u00e1n ser analizadas por el juez de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica o persuasi\u00f3n racional acogidas por nuestro ordenamiento procesal\u201d10. <\/p>\n
Consolidado es el pensamiento de la Corte sobre el decreto oficioso de pruebas, en el sentido que es una potestad conferida a los juzgadores para que acerquen \u201cla verdad procesal a la real\u201d, y por ese sendero, adopten las decisiones que sean \u201cacordes con la legalidad, la justicia y la verdad\u201d11. Pero si bien ese loable prop\u00f3sito, que es \u00ednsito a las pruebas de oficio, tambi\u00e9n se ha dicho que el deber de acudir a ellas no es absoluto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) puesto que \u00e9l goza de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisi\u00f3n de su parte de un yerro de derecho. Fuera de lo anterior, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia f\u00e1ctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador\u2026\u201d12 <\/p>\n
Pues bien, cuando al mandato que se impone al juez para procurar la verdad material en el proceso (art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), se enfrenta la regla atinente a la carga de la prueba, necesariamente surge la pregunta sobre, en qu\u00e9 punto al administrador de justicia puede adjudic\u00e1rsele un error de derecho en la valoraci\u00f3n de las probanzas, al no haber decretado pruebas de oficio en un evento de incertidumbre sobre un hecho relevante para la soluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
El cuestionamiento no es novedoso para la Corte, siendo varias las providencias que marcan el derrotero a seguir. As\u00ed, en un pronunciamiento se dijo que <\/p>\n
\u201cNo puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no representa una actividad heur\u00edstica despojada de norte, tiempo y medida, sino del hallazgo de un elemento de juicio que ex ante se vislumbra como necesario, y cuyo contenido sea capaz, por s\u00ed, para cambiar el curso de la decisi\u00f3n, todo en procura de lograr el restablecimiento del derecho objetivo, reparar el agravio recibido por las partes y hacer efectivo el derecho sustancial, como manda la Constituci\u00f3n en sus art\u00edculos 2\u00ba y 228. Desde luego que en ese contexto, no siempre resulta de recibo el ataque a un tribunal por cometer error de derecho como consecuencia de la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio, porque, en todo caso, tal yerro no puede configurarse en el vac\u00edo, esto es, no tiene cabida sobre pruebas de contenido o alcance incierto, sino que -por regla general- su alcance debe aparecer sugerido o insinuado en el expediente, cual acontece con aqu\u00e9llas que tienen la condici\u00f3n de incompletas. Como tiene dicho la Corte, \u2018admitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. Con arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerarlo por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Exp. No. 1998-0056-02). (CSJ SC, 18 Ago. 2010. Rad. 2002-00101-01, reiterada en CSJ SC, 2. Jun. 2015. Rad. 2004-00059-01). En consecuencia, el juzgador incurre en yerro de iure si existiendo motivos serios para que acuda a las facultades conferidas por los art\u00edculos 179 y 180 del estatuto procesal no lo hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren para \u2018impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019 (CSJ SC, 24 Nov. 2008, rad. 1998-00529-01) y en el evento de ser \u2018necesarias en la verificaci\u00f3n\u2019 de \u2018los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisi\u00f3n tenga relevancia en la forma como se desat\u00f3 el pleito. (\u2026) Sin embargo, una recriminaci\u00f3n por este sendero s\u00f3lo se verifica si el medio de convicci\u00f3n est\u00e1 claramente sugerido o insinuado en el expediente, porque de no ser as\u00ed, se estar\u00eda desconociendo la discrecionalidad con que cuenta el fallador al respecto. Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hip\u00f3tesis en la cual, de ser trascendente en la decisi\u00f3n, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo se produce una grave desatenci\u00f3n de los elementos que conforman el plenario\u201d13. <\/p>\n
Conservando la misma orientaci\u00f3n del prove\u00eddo anterior, en una sentencia posterior se expuso por la Corte que <\/p>\n
\u201c[E]xceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles. Bajo esas consideraciones, para que a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, m\u00e1s concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla\u2026\u201d14. <\/p>\n
La exposici\u00f3n que antecede permite asegurar, entonces, que la falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado. <\/p>\n
No sobra mencionar, que la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de una prueba que por mandato legal es forzoso tenerla en el proceso, en sede de casaci\u00f3n ha de ser atacada por v\u00eda de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como ocurrir\u00eda, por ejemplo, ante la desatenci\u00f3n de ordenar la inspecci\u00f3n judicial en el proceso de pertenencia, o la prueba cient\u00edfica en los juicios de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto y en vigencia de dicho estatuto, la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) en determinadas circunstancias, la omisi\u00f3n del decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas \u2018que el propio legislador, ab initio, ha ordenado decretar y recaudar en determinado tipo de pleitos\u2019 o asuntos, en cuanto desconozca el derecho a la prueba inherente al debido proceso, \u2018constituye nulidad procesal, en los t\u00e9rminos del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C. de P.C.\u2019 (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis concreto del cargo <\/p>\n
De conformidad con las premisas anteriores, la acusaci\u00f3n de que ac\u00e1 se trata no est\u00e1 llamada a prosperar, por cuanto: <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque legalmente no existe dicho mandato en los procesos civiles, esto es, que no hay una regla espec\u00edfica que ordene, frente a las s\u00faplicas que involucren a personas de ese grupo, (i) hacer ejercicio exhaustivo de la potestad oficiosa para decretar pruebas, a\u00fan en hip\u00f3tesis de desinter\u00e9s de la parte interesada en la aportaci\u00f3n de la probanza, o (ii) aminorar las consecuencias de la regla de juicio derivada de la carga de la prueba, o (iii) aplicar los lineamientos de criterio de la carga din\u00e1mica de la prueba. <\/p>\n
Es cierto que la jurisprudencia primero y hoy en d\u00eda la ley (art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso), se\u00f1alan que dentro de los eventos en los que es posible predicar una redistribuci\u00f3n de las cargas probatorias por fuera de los par\u00e1metros generales, est\u00e1 el estado de \u201cindefensi\u00f3n o de incapacidad\u201d en la que se halle algunas de las partes para probar, lo que en principio le corresponde demostrar. <\/p>\n
Sin embargo, respecto de los accionantes \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo no es posible predicar tal estado de indefensi\u00f3n16, entendida como la condici\u00f3n en la que no es posible ejercitar o hacer valer derechos, pues lo real es que acudieron al proceso por intermedio de apoderado judicial (abogado) debidamente constituido, quien fue el que a su nombre solicit\u00f3 pruebas en apoyo de sus pretensiones, entre ellas, los testimonios de Beatriz Cardona Gallo y de Clara In\u00e9s Cardona Gallo, para que declararan sobre \u201ccomo era la difunta Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona quien prove\u00eda alimentos a sus padres para promover su congrua subsistencia\u201d17, de las que finalmente desisti\u00f318. <\/p>\n
En ese orden, no cabe reproche al Tribunal por no haberse apartado en este caso de las reglas generales de la carga de la prueba -que finalmente aplic\u00f3 en lo atinente al lucro cesante- porque respecto de los dos mencionados demandantes no hab\u00eda una situaci\u00f3n o condici\u00f3n especial que lo ameritara, ya que, se insiste, no estaba en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, no es acertado el reclamo que en el cargo se hace de un trato diferenciado en materia probatoria para el par de aludidos demandantes (de 66 y 72 a\u00f1os para la \u00e9poca del fallo de segunda instancia), atendiendo criterios de vejez, porque si bien ellos son adultos mayores (por contar con m\u00e1s de sesenta a\u00f1os), en estricto sentido no son personas de la tercera edad, que es el grupo poblaci\u00f3n al que constitucionalmente se le ofrece un tratamiento especial19. <\/p>\n
En efecto, conviene memorar que los conceptos de personas de la tercera edad y de adultos mayores son distintos, porque mientras que el \u00faltimo lo otorga la Ley 1276 de 2009 para los que sobrepasen los 60 a\u00f1os de edad, aqu\u00e9l se centra en quienes han superado la esperanza o expectativa de vida certificada por el DANE, que para el periodo comprendido entre 2015 y 2020, se encuentra en setenta y seis (76) a\u00f1os, seg\u00fan el documento denominado \u201cIndicadores Demogr\u00e1ficos Seg\u00fan Departamento 1985-2020. Conciliaci\u00f3n Censal 1985-2005 y Proyecciones de Poblaci\u00f3n 2005-2020\u201d, proveniente de ese organismo. En consecuencia, se considerar\u00e1 de la tercera edad y por lo mismo, objeto de especial protecci\u00f3n, al que supere la precitada edad, o aquella que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edsticas para cada periodo espec\u00edfico20. <\/p>\n
Es m\u00e1s, de asumirse como postulado que en todos los procesos en los que interviene un adulto mayor es menester aligerar la carga de la prueba o agotar hasta el l\u00edmite la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, ello dar\u00eda como resultado que, en los litigios en que estas personas intervienen, la naturaleza de los mismos ser\u00eda netamente inquisitiva, y que la regla de juicio de la carga de la prueba no ser\u00eda aplicable, voluntad legislativa que en la sistem\u00e1tica del ordenamiento procesal vigente no se vislumbra. <\/p>\n
4.2. Am\u00e9n de lo dicho, un obst\u00e1culo importante surge para acoger la censura que en casaci\u00f3n se hace por no decretarse pruebas de oficio para determinar el da\u00f1o econ\u00f3mico que los demandantes \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo reclamaron en la modalidad de lucro cesante, y radica en el desistimiento que el apoderado de ellos voluntariamente elev\u00f3 respecto de los dos testimonios cuyo decreto hab\u00eda pedido para acreditar ese detrimento econ\u00f3mico, el cual se acept\u00f3 por el juzgado de conocimiento en la audiencia preliminar prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En efecto, es criterio de la Corte que el decreto oficioso de pruebas \u201cno puede constituirse en un mecanismo imperativo para subsanar la negligencia de las partes\u201d21, por lo que se entiende que es la inacci\u00f3n que ellas asumen, la que da el resultado final a la contienda que civilizadamente se surte en el proceso. Es por eso mismo que esta Corporaci\u00f3n, en otro pronunciamiento, destac\u00f3 que \u201chay casos en los cuales la actitud asumida por la parte, que tiene cargas probatorias por satisfacer, es la responsable del fracaso, bien de las pretensiones ora de su defensa, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador [\u2026] Es claro, entonces, que pretender estructurar un yerro de derecho por no haber hecho uso de la mencionada prerrogativa [el decreto de pruebas de oficio] no es atendible dadas las especiales circunstancias que rodean el tr\u00e1mite de este proceso que se ha caracterizado por la pasividad de la parte demandada\u201d22. <\/p>\n
De lo anterior fluye que, a pesar de las potestades inquisitivas que se otorgan al juzgador en materia de instrucci\u00f3n, en este caso no es posible predicar una falta del Tribunal en esa materia, porque la no pr\u00e1ctica de los dos testimonios solicitados para acreditar el lucro cesante de los padres de la v\u00edctima fatal del accidente sobre el que versa el presente juicio, obedeci\u00f3 a la posici\u00f3n que procesalmente asumi\u00f3 el apoderado que voluntariamente designaron para representar sus intereses. <\/p>\n
Por lo mismo, si en los albores del proceso esa parte evalu\u00f3 la importancia de las declaraciones inicialmente pedidas para soportar la s\u00faplica patrimonial, y estim\u00f3 que no era del caso escucharlas por lo que renunci\u00f3 a ellas, ning\u00fan error es posible atribuirle al ahora al ad-quem por no ordenar la pr\u00e1ctica oficiosa de esos testimonios, que el propio extremo interesado desech\u00f3. <\/p>\n
4.3. Si el error de derecho por no decretar oficiosamente pruebas presupone que el juzgador respectivo ignor\u00f3 que en el proceso se contaba con un grado de certeza previa indicativo de que ciertos medios demostrativos esclarecer\u00edan alguno de los puntos sustanciales materia del proceso, en el asunto bajo an\u00e1lisis no hay tal presupuesto, porque sobre la alegada ayuda econ\u00f3mica y alimentos que la difunta Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona daba a sus padres \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo, lo que existi\u00f3 fue una absoluta orfandad probatoria, propiciada por los propios demandantes, al desistir de la prueba para demostrar ese perjuicio econ\u00f3mico. <\/p>\n
Y si bien en el hecho vig\u00e9simo de la demanda se afirm\u00f3 ese aporte de la hija para sus progenitores, y el v\u00ednculo de consanguinidad se demostr\u00f3 en el proceso, esos no pueden ser tenidos como aspectos indicativos s\u00f3lidos de la manutenci\u00f3n peri\u00f3dica que se afirma dejaron de recibir los ascendientes, hoy demandantes, porque en materia de alimentos, se sabe, no basta con el t\u00edtulo legal que reconozca la obligaci\u00f3n, que en este caso ser\u00eda el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, sino que se requieren otros elementos, como por ejemplo, que verdaderamente se depositara dinero para suplir las necesidades de los padres para subsistir o vivir congruamente. <\/p>\n
Sobre el juramento estimatorio del da\u00f1o, para finalizar, bueno es recordar que el Tribunal descart\u00f3 su idoneidad para acreditar la existencia del perjuicio (cosa diferente a su cuant\u00eda), mediante razonamientos que no se desvirtuaron con este cargo, y que, por lo mismo, no precisan ser retomados por la Corte, al estar cobijados de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El error de derecho denunciado no existe, porque no aparec\u00edan en el proceso los presupuestos indispensables para que el Tribunal tuviera que acceder necesariamente a la potestad de decretar pruebas de oficio, y por cuanto fue, principalmente, la actitud procesal de la parte demandante, la que provoc\u00f3 la orfandad probatoria sobre el lucro cesante solicitado, que no es posible suplir con la mencionada potestad instructiva. <\/p>\n
El cargo, de esa manera, no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con respaldo en el mismo motivo de casaci\u00f3n invocado en la acusaci\u00f3n anterior, se le reproch\u00f3 a la sentencia cuestionada ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 2341, 2347 y 2357 del C\u00f3digo Civil, y 16 de la Ley 44 de 1998, como consecuencia de haber incursionado el Tribunal en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial, ya que la \u201calter\u00f3 y cercen\u00f3 en su contenido esencial, para hacer decir a ella cosa distinta de lo que concluyeron los peritos\u201d. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, se adujo: <\/p>\n
1. El juzgador de segundo grado, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, redujo la indemnizaci\u00f3n reconocida a los demandantes en un veinte por ciento, luego de inferir que la prueba pericial demostraba la concurrencia de culpas, derivada de la participaci\u00f3n de aquellos en los hechos y que se expusieron imprudentemente al da\u00f1o recibido. <\/p>\n
2. Pero para llegar a esa conclusi\u00f3n sobre la compensaci\u00f3n de culpas, el Tribunal \u201centresac\u00f3 con pinzas\u201d la parte \u201cm\u00e1s negativa de la experticia\u201d, relacionada con que el choque fue \u201ccoadyuvado por la maniobra de frenada de emergencia y la p\u00e9rdida de control por parte del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil\u201d; con el hecho de que la rapidez de este \u201cera mayor que la m\u00e1xima permitida en el lugar de treinta kil\u00f3metros\u201d; y con el dato, seg\u00fan el cual, \u201cla velocidad y las maniobras realizadas por el conductor del veh\u00edculo n\u00famero uno autom\u00f3vil [\u2026] no son factores que originan el riesgo sino que complementan la severidad del mismo\u201d. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, la descontextualizaci\u00f3n en la que incurri\u00f3 el Tribunal comprendi\u00f3 la declaraci\u00f3n rendida por los peritos ante el juzgado, ya que, en efecto, el f\u00edsico de profesi\u00f3n Diego Manuel L\u00f3pez Morales se\u00f1al\u00f3 como explicaci\u00f3n t\u00e9cnica causal del accidente, que \u201csi el veh\u00edculo tractocami\u00f3n realiza su desplazamiento por su carril derecho, as\u00ed el veh\u00edculo autom\u00f3vil se desplace entre 30 y 53 km hora, el accidente no se presenta\u201d. <\/p>\n
Y, sin embargo, \u201cel Tribunal omiti\u00f3 esa parte de la prueba pericial, cercen\u00f3 su contenido, extrajo solo pasajes de la misma, fragmentos del estudio escrito que aniquilan su sentido, si no se los coteja con la unidad y la conclusi\u00f3n que acaba de copiarse. Las credenciales del perito y su papel en el proceso, impide sustituir su juicio cient\u00edfico de causalidad como lo hizo\u201d ese fallador. <\/p>\n
4. De igual forma, la declaraci\u00f3n del segundo perito, ingeniero mec\u00e1nico Wilson Francisco Pulido Baro, tambi\u00e9n fue preterida. En ella se indic\u00f3 que \u201cla causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada, y partes del carril contrario, por parte del veh\u00edculo n\u00famero dos, tractocami\u00f3n, y al decir o explicar la causa fundamental, se dice, que es desde un punto de vista t\u00e9cnico cient\u00edfico, la causa que directamente dio origen al hecho, lo cual al hacer el ejercicio de quitarla dentro de la secuencia cronol\u00f3gica del mismo, no se hubiera generado dicho evento, es decir, que as\u00ed el veh\u00edculo n\u00famero uno autom\u00f3vil circulara entre 33 y 53 km hora, si el veh\u00edculo n\u00famero dos tractocami\u00f3n no hubiese ocupado el carril de dicho veh\u00edculo el accidente no se hubiera presentado\u201d. <\/p>\n
5. No hay duda, en consecuencia, del error evidente y trascendente cometido por el Tribunal al apreciar la prueba pericial, de la que a partir de fragmentos solo extrajo aspectos negativos para los demandantes, dejando de lado el \u201cescenario general\u201d y las declaraciones de los peritos, que tienen un sentido distinto, del cual, no se hubiera \u201cpodido concluir que Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o contribuy\u00f3 causalmente a la producci\u00f3n del resultado nocente y menos que lo hicieron los padres de la persona fallecida ausentes del lugar de los hechos\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico y esquema para resolverlo <\/p>\n
Se plantea en el presente cargo la existencia de un error de hecho en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial y de las declaraciones que sobre el mismo rindieron sus autores, por lo que, en ese sentido, cumple determinar s\u00ed, como afirma la parte recurrente, el Tribunal desatin\u00f3 al apreciar esas pruebas, extractando de ellas fragmentos que perjudicaban la posici\u00f3n de dicho extremo procesal, y no apreciando como integridad la probanza, con lo cual, se hubiera concluido que en el accidente de tr\u00e1nsito que ac\u00e1 ocupa la atenci\u00f3n, la causa \u00fanica que lo produjo fue la imprudencia del conductor del tracto-cami\u00f3n. <\/p>\n
Para responder a ese cuestionamiento jur\u00eddico, se mostrar\u00e1, en primer orden, (i) en qu\u00e9 consiste el error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas; (ii) despu\u00e9s se har\u00e1 una descripci\u00f3n detallada de los medios de acreditaci\u00f3n sobre los que recae la censura; (iii) posteriormente se expondr\u00e1 la doctrina de la Corte sobre la concurrencia de culpas; y (iv) al final, se efectuar\u00e1 el an\u00e1lisis espec\u00edfico del ataque y se extraer\u00e1 la conclusi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas <\/p>\n
En m\u00faltiples ocasiones ha destacado la Sala, que en la determinaci\u00f3n que el juzgador haga de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica a fin de subsumir la voluntad abstracta de la ley, es posible que cometa errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que cuando son de hecho, se materializan en el evento en el que el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de acreditaci\u00f3n en el proceso, o cuando al existente le da una \u201cinterpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido\u201d23. <\/p>\n
Ahora bien, el error de hecho que posibilita el rompimiento del fallo impugnado en casaci\u00f3n, presupone como requisitos que sea evidente y trascendente; lo primero tiene que ver con su notoriedad y gravedad, esto es, que \u201ca simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso\u201d24; y lo segundo, ata\u00f1e a que haya sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n confutada, \u201cvale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u201d25. <\/p>\n
En ese orden, es la voluntad del legislador y as\u00ed lo ha comprendido la jurisprudencia de la Corte, que en la tarea de apreciaci\u00f3n de las pruebas existe una discreta autonom\u00eda de los jueces, la cual, solo puede ser reprochada en sede de casaci\u00f3n, si se est\u00e1 en presencia de yerros que cumplen con las exigencias mencionadas. <\/p>\n
Al respecto, \u00fatil resulta citar un fragmento de una sentencia de la Corte sobre la autonom\u00eda de los juzgadores para ponderar las pruebas, y las hip\u00f3tesis en las que se presenta desatino en esa tarea: <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, el juez goza de una prudente autonom\u00eda para apreciar los medios probatorios y formar su convencimiento en torno a los hechos debatidos en el proceso; autonom\u00eda que, por regla general, es intocable en casaci\u00f3n, a menos que se demuestre la existencia de un error evidente y trascendente. <\/p>\n
\u201cObviamente que la selecci\u00f3n de una particular probanza comporta para el juez una carga argumentativa en virtud de la cual est\u00e1 obligado a exponer las razones por las cuales ha preferido un elemento de convicci\u00f3n por sobre los dem\u00e1s; por lo que esa libertad no es absoluta sino relativa y se enmarca dentro de lo que se ha denominado \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d, expresi\u00f3n con la cual se da a entender que el juez, en tan delicada y trascendental materia, est\u00e1 sujeto a la l\u00f3gica, a la raz\u00f3n y a la realidad objetiva que emerge del medio probatorio escogido. <\/p>\n
\u201cDesde esta perspectiva, si el fallador se funda en un medio inveros\u00edmil, o lo pondera sin mayores reflexiones, o lo cercena o desfigura para alterar su contenido, o lo hace decir lo que aqu\u00e9l no expresa en realidad, esa valoraci\u00f3n podr\u00e1 ser combatida eficazmente en casaci\u00f3n, si se demuestra que mediante ella se cometi\u00f3 un error trascendente que produjo una decisi\u00f3n contraria a derecho\u201d26. <\/p>\n
La prudente autonom\u00eda para apreciar las pruebas, en general, a la que se acaba de hacer menci\u00f3n, no es ajena a la probanza t\u00e9cnica en particular, pues ya lo expuso la Sala, <\/p>\n
\u201cel sentenciador de instancia goza de autonom\u00eda para calificar y apreciar la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos del dictamen pericial, [motivo por el cual] mientras la conclusi\u00f3n que \u00e9l saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son inmodificables\u201d27. <\/p>\n
3. El dictamen pericial aportado y las declaraciones de sus autores <\/p>\n
3.1. La prueba sobre la que recae el desatino f\u00e1ctico denunciado, consiste en un \u201cInforme T\u00e9cnico-Pericial de Reconstrucci\u00f3n de Accidente de Tr\u00e1nsito\u201d, aportado por los demandantes junto con la demanda, que fue elaborado el 19 de junio de 2013 por la empresa \u201cInvestigaci\u00f3n Forense, Reconstrucci\u00f3n y Seguridad Vial\u201d, y firmado por Diego Manuel L\u00f3pez Morales (F\u00edsico Forense) y Francisco Pulido Var\u00f3n (Ingeniero Mec\u00e1nico). <\/p>\n
En la introducci\u00f3n del trabajo, cuya extensi\u00f3n es de cuarenta y un folios, se indica que \u201cmuestra los procedimientos t\u00e9cnicos desarrollados durante la investigaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n del siniestro ocurrido en la v\u00eda que conduce de Fresno a Honda en el Km 23 + 220 m\u201d28. <\/p>\n
En cuanto a la \u201cfecha, hora y lugar de ocurrencia\u201d del insuceso, se se\u00f1ala que de acuerdo con el reporte de las autoridades de tr\u00e1nsito <\/p>\n
\u201c[O]curri\u00f3 el domingo 6 de enero de 2013, a las 9:30 horas, en la v\u00eda que conduce de Fresno a Honda en el Km 23 + 220 m, siendo las caracter\u00edsticas de la v\u00eda curva, pendiente, en asfalto, una calzada con dos carriles en doble sentido vial, con demarcaci\u00f3n horizontal de l\u00ednea de borde, l\u00ednea doble amarilla continua, con se\u00f1alizaci\u00f3n vertical SR-30 \u2018velocidad m\u00e1xima 30 km\/h\u2019, para el momento del accidente las condiciones de la v\u00eda era seca con iluminaci\u00f3n natural\u201d29. <\/p>\n
Previa relaci\u00f3n de las condiciones de la v\u00eda, de los veh\u00edculos involucrados (No. 1 autom\u00f3vil Renault, Logan, placas CVQ 772, y No. 2 tractocami\u00f3n, Kenworth T-800, modelo 2012, placa UPN 550), de las marcas y evidencias sobre el terreno, de las v\u00edctimas, de las versiones recogidas, de la posici\u00f3n relativa al momento del impacto, y del desarrollo anal\u00edtico de la din\u00e1mica de movimientos de los rodantes, se expuso, en relaci\u00f3n con la secuencia del accidente de tr\u00e1nsito, que <\/p>\n
\u201cUn instante antes del impacto, el veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplazaba por el carril derecho en sentido Fresno \u2013 Honda en el Km. 23 + 220 m, a una velocidad comprendida entre treinta y tres (33 km\/h) y cincuenta y tres (53 km\/h); mientras tanto, el veh\u00edculo No. 2 tracto-cami\u00f3n, se desplazaba en sentido contrario (Honda \u2013 Fresno) por el centro de la calzada, m\u00e1s hacia el carril izquierdo, a una velocidad comprendida al momento del impacto entre diecisiete (17 Km\/h) y veintisiete (27 Km\/h) Kil\u00f3metros por hora. El conductor del autom\u00f3vil inicia una maniobra de giro a la derecha para tomar la curva, el conductor del cami\u00f3n percibe un riesgo delante e inicia un giro hacia la derecha, impacta con el autom\u00f3vil haciendo que este inicie un giro anti-horario y se desplace hasta su posici\u00f3n final\u201d30. <\/p>\n
Enseguida, los expertos presentaron como hallazgos de su investigaci\u00f3n, que <\/p>\n
\u201c . El \u00e1ngulo de impacto de los veh\u00edculos indica que el tractocami\u00f3n realiza una maniobra de giro hacia la derecha. <\/p>\n
\u201c . La ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y con el carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n se presenta por los comportamientos (h\u00e1bitos) de conducci\u00f3n al tomar una curva de radio peque\u00f1o (curva cerrada) por veh\u00edculos de gran tama\u00f1o en v\u00edas sin Berma; as\u00ed como por la presencia de reparcheos en su carril de desplazamiento. <\/p>\n
\u201c . El veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplaza a una velocidad inadecuada (superior a 30 Km\/h), al percibir el riesgo (tractocami\u00f3n en el centro de la calzada) inicia una maniobra de frenada de emergencia donde se pierde maniobrabilidad en la conducci\u00f3n, lo cual hace que el veh\u00edculo siga en l\u00ednea recta y hacia el centro de la calzada. <\/p>\n
\u201c . Es importante anotar que en el informe IPAT del accidente de tr\u00e1nsito, la autoridad de tr\u00e1nsito indic\u00f3 como hip\u00f3tesis del accidente para el conductor del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil la causa No. 157 otra, se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores, \u2018falta de precauci\u00f3n al tomar una curva\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201c . Es importante anotar que en el informe IPAT del accidente de tr\u00e1nsito, la autoridad de tr\u00e1nsito indic\u00f3 como hip\u00f3tesis del accidente para el conductor del veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n la causa No. 157 otra, se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores, \u2018invasi\u00f3n del carril contrario por parte del tr\u00e1iler del tractocami\u00f3n\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201c . Es importante anotar que en el informe IPAT del accidente de tr\u00e1nsito, la autoridad de tr\u00e1nsito indic\u00f3 como hip\u00f3tesis del accidente para la v\u00eda la causa No. 308 \u2018otra, se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores, reparcheos en la v\u00eda y falta de curvatura la curva (sic)\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201c . La causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n, coadyuvado por la maniobra de frenada de emergencia y la p\u00e9rdida de control por parte del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil\u201d31. <\/p>\n
Por \u00faltimo, los profesionales que confeccionaron el informe t\u00e9cnico presentaron las siguientes conclusiones: <\/p>\n
\u201c1. Un instante antes del impacto, el veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplazaba por el carril derecho en sentido Fresno \u2013 Honda en el Km 23 + 220 m, a una velocidad comprendida entre treinta y tres (33 Km\/h) y cincuenta y tres (53 Km\/h); mientras tanto, el veh\u00edculo no. 2 tractocami\u00f3n, se desplazaba en sentido contrario (Honda \u2013 Fresno) por el centro de la calzada, m\u00e1s hacia el carril izquierdo, a una velocidad comprendida al momento del impacto entre diecisiete (17 Km\/h) y veintisiete (27 Km\/h). <\/p>\n
\u201c (\u2026) <\/p>\n
\u201c3. El impacto se produce en el carril derecho (Fresno \u2013 Honda, en el carril de circulaci\u00f3n del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil, es decir, el veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n se encontraba ocupando con su lado izquierdo el carril contrario. <\/p>\n
\u201c4. El \u00e1ngulo de impacto de los veh\u00edculos indica que el tractocami\u00f3n realiza una maniobra de giro hacia la derecha. <\/p>\n
\u201c5. La ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y con el lado izquierdo el carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n se presenta por los comportamientos (h\u00e1bitos) de conducci\u00f3n al tomar una curva de radio peque\u00f1o (curva cerrada) por veh\u00edculos de gran tama\u00f1o en v\u00edas sin berma; as\u00ed como por la presencia de reparcheos en su carril de desplazamiento. <\/p>\n
\u201c10. La causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tractocami\u00f3n, coadyuvado por la maniobra de frenada de emergencia y la p\u00e9rdida de control por parte del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil\u201d32. <\/p>\n
3.2. Complementariamente al anterior informe t\u00e9cnico, se escucharon en el proceso las declaraciones de los dos expertos que lo realizaron. <\/p>\n
3.2.1. Diego Manuel L\u00f3pez Morales dijo haberse graduado como f\u00edsico, y tener experiencia en f\u00edsica forense desde 1994. En relaci\u00f3n con el informe que elabor\u00f3, precis\u00f3 que a partir del croquis que efectu\u00f3 la Polic\u00eda y las fotograf\u00edas que se le tomaron a los rodantes comprometidos en el choque, se pudo establecer \u201cpara el veh\u00edculo n\u00famero 1, autom\u00f3vil, una velocidad entre 33 y 53 Km\/hora, y para el veh\u00edculo n\u00famero 2, tractocami\u00f3n, una velocidad entre 17 y 27 km\/hora\u201d, destacando as\u00ed que la velocidad de aqu\u00e9l \u201cera mayor que la permitida en el lugar de treinta kil\u00f3metros por hora\u201d. <\/p>\n
A la pregunta de si el conductor del autom\u00f3vil, instantes previos del accidente, hizo o no una maniobra apropiada, el declarante contest\u00f3 que \u201cla velocidad del veh\u00edculo n\u00famero 1, autom\u00f3vil, sugiere que se present\u00f3 una maniobra de frenada de emergencia antes del impacto. Al presentarse un riesgo un conductor inicia un proceso de reacci\u00f3n el cual puede demorar entre unos 1.2 y 1.5 segundos, normalmente. Despu\u00e9s se inicia la maniobra evasiva, en este caso la frenada. Para este tipo de veh\u00edculos, Renault Logan, que no posee frenos ABS, al presentarse una frenada de emergencia, se pierde maniobrabilidad en la conducci\u00f3n, es decir, el veh\u00edculo sigue movi\u00e9ndose sin control, y el conductor no puede maniobrar\u201d. <\/p>\n
Interrogado el testigo sobre la causa fundamental que provoc\u00f3 la colisi\u00f3n, contest\u00f3 que en correspondencia con la conclusi\u00f3n diez plasmada en el trabajo, \u201cla causa fundamental del accidente, es decir, la que origina el riesgo, es la ocupaci\u00f3n del carril contrario por parte del veh\u00edculo n\u00famero dos, tractocami\u00f3n [pues] la velocidad y las maniobras realizadas por el conductor del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, no son factores que originen riesgo, sino que complementan la severidad del mismo\u201d. <\/p>\n
Indagado el declarante sobre la posibilidad que ten\u00eda el conductor del autom\u00f3vil para esquivar el choque, se\u00f1al\u00f3 que \u201cen el caso presente el conductor decidi\u00f3 por las maniobras de frenada, las cuales no fueron efectivas, toda vez que al perder maniobrabilidad se present\u00f3 la colisi\u00f3n. En cuanto a si hab\u00eda podido tomar una maniobra de giro hacia la derecha para pasar por una zona de carril, y parte de la cuneta, este tipo de maniobra le requiere mayor agilidad, lo cual, por el tiempo de reacci\u00f3n y la aparici\u00f3n del riesgo, es poco probable que un conductor la realice\u201d. <\/p>\n
Preguntado el testigo sobre la incidencia de la velocidad del veh\u00edculo n\u00famero uno en la ocurrencia del accidente, el declarante indic\u00f3 que \u201cla generaci\u00f3n del riesgo se presenta por un factor diferente a la velocidad del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, sin embargo, como se anot\u00f3 anteriormente, la velocidad superior a 30 del autom\u00f3vil puede generar una severidad mayor, se anota que la causa fundamental del accidente obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del tractocami\u00f3n, es decir, si el veh\u00edculo tractocami\u00f3n realiza su desplazamiento por su carril derecho, as\u00ed el veh\u00edculo autom\u00f3vil se desplace entre 33 y 53 Km\/hora, el accidente no se presenta\u201d. <\/p>\n
Finalmente, a la pregunta de si una velocidad menor del veh\u00edculo, a la que se dice que llevaba al tiempo de la colisi\u00f3n, hubiera evitado esta, contest\u00f3 que \u201cen este caso, no es posible determinar con exactitud la distancia que separaba a los veh\u00edculos justo en este momento, sin embargo por las caracter\u00edsticas del mismo y de la v\u00eda, esta distancia no es grande, es decir, es un riesgo s\u00fabito y dependiendo de esta distancia un conductor puede maniobrar para evitar el accidente. Si el veh\u00edculo autom\u00f3vil se hubiera desplazado a 30 km\/hora, necesita una distancia menor para detenerse, sin embargo, por la aparici\u00f3n s\u00fabita del riesgo, es probable que esta distancia no sea suficiente para detenerse, es decir, no es posible determinar si el autom\u00f3vil se hubiera desplazado a menor velocidad se hubiera podido evitar el accidente\u201d33. <\/p>\n
3.2.2. Francisco Pulido Var\u00f3n, el otro autor del informe t\u00e9cnico de accidente, dijo ser ingeniero mec\u00e1nico y especialista en investigaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n de accidentes de tr\u00e1nsito. Interrogado sobre si la velocidad del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, superior a 30 Km\/h, fue determinante en la causaci\u00f3n del choque, contest\u00f3 que \u201cla causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada, y parte del carril contrario, por parte del veh\u00edculo n\u00famero dos, tractocami\u00f3n, y al decir o explicar sobre causa fundamental, se dice que es desde el punto de vista t\u00e9cnico cient\u00edfico, la causa que directamente dio origen al hecho, lo cual al hacer el ejercicio de quitarla dentro de la secuencia cronol\u00f3gica del mismo, no se hubiera generado dicho evento, es decir, que as\u00ed el veh\u00edculo n\u00famero uno autom\u00f3vil circulara entre 33 y 53 Km\/hora, si el veh\u00edculo n\u00famero dos tractocami\u00f3n no hubiera ocupado el carril de dicho veh\u00edculo, el accidente no se hubiera presentado\u201d. <\/p>\n
Preguntado el declarante respecto de si el veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, har\u00eda alcanzado a pasar por el carril en el que se desplazaba, pese a la invasi\u00f3n de la v\u00eda por el tractocami\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u201cen condiciones normales de circulaci\u00f3n y tomando el ancho del veh\u00edculo y el espacio dejado por el tractocami\u00f3n, existe un espacio por donde podr\u00eda caber el veh\u00edculo n\u00famero dos, para estas condiciones particulares debemos tener en cuenta que para el veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, se presenta una situaci\u00f3n de emergencia con una curva presente sobre la v\u00eda y una actuaci\u00f3n del veh\u00edculo sin los elementos de seguridad pasiva y activa de \u00faltima tecnolog\u00eda, como es el ABS, por lo cual para estas condiciones y reiterando la situaci\u00f3n de emergencia no es viable poder evitar o evacuar la colisi\u00f3n para poder seguir sobre dicho espacio libre y evitar el accidente\u201d. <\/p>\n
4. La concurrencia de culpas y su incidencia en la fijaci\u00f3n de la condena por perjuicios <\/p>\n
No es infrecuente que el perjuicio, como presupuesto esencial de la responsabilidad civil, sea causado no solo por la actuaci\u00f3n de quien es el sujeto demandado en la acci\u00f3n resarcitoria, sino tambi\u00e9n que en su producci\u00f3n haya podido intervenir el perjudicado. <\/p>\n
Por ello, dejando de lado los supuestos en los que el da\u00f1o se produce teniendo por \u00fanica causa la conducta de la v\u00edctima (hecho exclusivo de ella), es en esos otros eventos en los que hay confluencia o combinaci\u00f3n de cursos causales en la concreci\u00f3n del da\u00f1o, donde entra en juego el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, consagratorio de la figura que tradicionalmente se ha denominado concurrencia de culpas, pero de manera m\u00e1s exacta se le llama \u201cincidencia causal,\u201d y que impone la reducci\u00f3n de la suma a reconocerse por concepto de indemnizaci\u00f3n, si el que sufri\u00f3 la lesi\u00f3n \u201cse expuso a \u00e9l imprudentemente\u201d. <\/p>\n
La tambi\u00e9n denominada compensaci\u00f3n de culpas es una forma de con causalidad, que en verdad no califica la negligencia o imprudencia del sujeto, sino el grado en que su conducta incidi\u00f3 en el da\u00f1o. En torno a esa figura, un fallo reciente de la Corte ilustra, con el debido detalle, su doctrina de sobre la materia. <\/p>\n
En efecto, en la SC5125-2020 se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la \u201ccompensaci\u00f3n de culpas\u201d, como con cierta impropiedad se ha denominado la figura contemplada en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil [\u2026] debe ubicarse en el marco de la causalidad y, por ende, refiere a la coexistencia de factores determinantes del da\u00f1o, unos atribuibles a la persona a quien se reclama su resarcimiento y otros a la propia v\u00edctima. Por ello, no es suficiente que al perjudicado le sea atribuible una culpa, sino que se requiere que \u00e9l con su conducta, haya contribuido de forma significativa en la producci\u00f3n del detrimento que lo aqueja, independientemente de si su proceder es merecedor o no de un reproche subjetivo o, si se quiere, culpabil\u00edstico. Cuando ello es as\u00ed, esto es, cuando tanto la actuaci\u00f3n del accionado como la de la v\u00edctima, son causa del da\u00f1o, hay lugar a la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n imponible al primero, en la misma proporci\u00f3n en la que el segundo colabor\u00f3 en su propia afectaci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte, en tiempo ya algo lejano, doctrin\u00f3 que \u201c(…) para que opere la compensaci\u00f3n de culpas de que trata el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil no basta que la v\u00edctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producci\u00f3n del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la v\u00edctima efectivamente contribuy\u00f3 con su comportamiento a la producci\u00f3n del da\u00f1o, pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fen\u00f3meno es el de que para deducir responsabilidad en tales supuestos \u2018…la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jur\u00eddica del da\u00f1o, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempe\u00f1ado un papel preponderante y trascendente en la realizaci\u00f3n del perjuicio. De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producci\u00f3n del accidente da\u00f1oso, el que no habr\u00eda ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fen\u00f3meno de la concurrencia de culpas, que para los efectos de la gradaci\u00f3n cuantitativa de la indemnizaci\u00f3n consagra el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. En la hip\u00f3tesis indicada s\u00f3lo es responsable, por tanto, la parte que, en \u00faltimas, tuvo oportunidad de evitar el da\u00f1o y sin embargo no lo hizo\u2019 (CLII, 109)\u201d (CSJ, SC del 17 de abril de 1991, proceso ordinario de Jorge Gonz\u00e1lez Mu\u00f1oz, Ana Tulia Fern\u00e1ndez Guerrero y Roosvelt Vergara contra Ingenio La Caba\u00f1a \u2013 Mois\u00e9s Seinjet, no publicada; se subraya). <\/p>\n
Con posterioridad se\u00f1al\u00f3 que la figura contemplada en la precitada norma, \u201cpor definici\u00f3n presupone que a la producci\u00f3n del perjuicio hayan concurrido tanto el hecho imputable al demandado, como el hecho imprudente de la v\u00edctima\u201d y que, por lo tanto, \u201ccabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n debida por el agente, pues para tales efectos ser\u00e1 menester, y las razones son obvias, que la actividad de la v\u00edctima concurra efectivamente con la de aqu\u00e9l en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d (CSJ, SC del 6 de mayo de 1998, Rad. n.\u00b0 4972; se subraya). <\/p>\n
M\u00e1s tarde tuvo a bien puntualizar que, \u201cpara aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta da\u00f1osa como el damnificado concurran en la generaci\u00f3n del perjuicio, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil consagra una regla precisa, seg\u00fan la cual \u2018[l]a apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u2019. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominaci\u00f3n \u2018compensaci\u00f3n de culpas\u2019. No obstante, como lo ha destacado la jurisprudencia nacional, la designaci\u00f3n antes se\u00f1alada no se ajusta a la genuina inteligencia del principio, pues no se trata \u2018como por algunos se suele afirmar equivocadamente que se produzca una compensaci\u00f3n entre la culpa del demandado y la de la v\u00edctima, porque lo que sucede, conforme se infiere del propio tenor del precepto, es que entre la denominada culpa de la v\u00edctima y el da\u00f1o ha de darse una relaci\u00f3n de causalidad, como tambi\u00e9n debe existir con la del demandado. Por eso, cuando ambas culpas concurren a producir el da\u00f1o, se dice que una y otra son concausa de este\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 29 de noviembre de 1993, exp. 3579, no publicada). Este criterio corresponde, igualmente, al de la doctrina especializada en la materia, como lo destaca De Cupis, al se\u00f1alar que \u2018[d]e antiguo se ha utilizado una expresi\u00f3n poco afortunada para referirse a la concurrencia de culpa en el perjudicado, y es el t\u00e9rmino compensaci\u00f3n de la culpa. Su falta de adecuaci\u00f3n puede verse pr\u00e1cticamente con s\u00f3lo observar que el estado de \u00e1nimo culposo del perjudicado ni puede eliminar ni reducir el estado de \u00e1nimo culposo de la persona que ocasiona el da\u00f1o (\u2026)\u2019\u201d (CSJ, SC del 16 de diciembre de 2010, Rad. n.\u00b0 1989-00042-01; se subraya). <\/p>\n
En ese mismo fallo, luego se expres\u00f3: <\/p>\n
Precisado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pac\u00edfica en se\u00f1alar que para que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producci\u00f3n del da\u00f1o y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que \u00e9l haya provocado esa reacci\u00f3n en la v\u00edctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuaci\u00f3n, independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella. Ciertamente, los ordenamientos cl\u00e1sicos que regularon el tema, como el C\u00f3digo Civil colombiano, hacen referencia a una actuaci\u00f3n culpable o imprudente de la v\u00edctima y, en tal virtud, un sector de la doctrina se inclina por considerar que el comportamiento del perjudicado debe ser negligente o imprudente para que se puedan dar los efectos jur\u00eddicos arriba rese\u00f1ados, particularmente cuando en la producci\u00f3n del da\u00f1o concurren la actuaci\u00f3n de la v\u00edctima y la del demandado, supuestos en los que algunos distinguen si se trata de un caso en el que se deba aplicar un sistema de culpa probada o, por el contrario, uno de culpa presunta. Otra corriente doctrinal estima, por el contrario, que de lo que se trata es de establecer una consecuencia normativa para aquellos casos en los que, desde el punto de vista causal, la conducta del damnificado haya contribuido, en concurso con la del presunto responsable, a la generaci\u00f3n del da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se persigue, hip\u00f3tesis en la cual cada uno debe asumir las consecuencias de su comportamiento, lo que traduce que el demandado estar\u00e1 obligado a reparar el da\u00f1o pero s\u00f3lo en igual medida a aquella en que su conducta lo gener\u00f3 y que, en lo restante, el afectado deber\u00e1 enfrentar los efectos nocivos de su propio proceder. Es decir, se considera que el asunto corresponde, exclusivamente, a un an\u00e1lisis de tipo causal y no deben involucrarse en \u00e9l consideraciones atinentes a la imputaci\u00f3n subjetiva. <\/p>\n
En todo caso, as\u00ed se utilice la expresi\u00f3n \u2018culpa de la v\u00edctima\u2019 para designar el fen\u00f3meno en cuesti\u00f3n, en el an\u00e1lisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto t\u00e9cnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputaci\u00f3n es de car\u00e1cter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracci\u00f3n de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relaci\u00f3n de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio inter\u00e9s. Esta reflexi\u00f3n ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la \u2018culpa de la v\u00edctima\u2019 corresponde -m\u00e1s precisamente- a un conjunto heterog\u00e9neo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no s\u00f3lo comportamientos culposos en sentido estricto, sino tambi\u00e9n actuaciones an\u00f3malas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producci\u00f3n del da\u00f1o, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, aun cuando all\u00ed se aluda a \u2018imprudencia\u2019 de la v\u00edctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son \u2018capaces de cometer delito o culpa\u2019 (art. 2346 ibidem) o a comportamientos de los que la propia v\u00edctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuaci\u00f3n (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el da\u00f1o). As\u00ed lo consider\u00f3 esta Corporaci\u00f3n hace varios lustros cuando precis\u00f3 que \u2018[e]n la estimaci\u00f3n que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acci\u00f3n civil de reparaci\u00f3n, no hay para qu\u00e9 tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fen\u00f3meno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la v\u00edctima, porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual, que exigir\u00eda la aplicaci\u00f3n de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado como un elemento extra\u00f1o a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jur\u00eddica patrimonial en relaci\u00f3n con otra persona\u2019 (Cas. Civ. 15 de marzo de 1941. G.J. L, p\u00e1g. 793. En el mismo sentido, Cas. Civ. 29 de noviembre de 1946, G.J. LXI, P\u00e1g. 677; Cas. Civ. 8 de septiembre de 1950, G.J. LXVIII, p\u00e1g. 48; y Cas. Civ. 28 de noviembre de 1983. No publicada). Por todo lo anterior, la doctrina contempor\u00e1nea prefiere denominar el fen\u00f3meno en cuesti\u00f3n como el hecho de la v\u00edctima, como causa concurrente a la del demandado en la producci\u00f3n del da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se demanda (ib\u00eddem; se subraya). <\/p>\n
De manera, entonces, que al estar relacionado el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil con un asunto de causalidad, para que su aplicaci\u00f3n pueda darse es preciso que el da\u00f1o tambi\u00e9n sea objetiva o materialmente imputable a la conducta de la v\u00edctima, de modo que, a contrario sensu, no lo ser\u00e1 s\u00ed, por ejemplo, su conducta no ha incrementado el riesgo de que se produzca el evento da\u00f1oso, o ha supuesto \u00fanicamente la desatenci\u00f3n de una norma, directriz o deber de cuidado, o no ha sido causa eficiente o adecuada del suceso desafortunado. <\/p>\n
Y, una vez establecido que el da\u00f1o es imputable igualmente al actuar de la v\u00edctima, se debe indicar que la proporci\u00f3n en la que se rebaja la indemnizaci\u00f3n, ha de atender la contribuci\u00f3n causal de quienes concurrieron a producir el da\u00f1o, tarea que es del resorte del juzgador, a partir de su prudente juicio fundado en el examen de las pruebas recaudadas para determinar la incidencia causal de cada una de las conductas de los intervinientes en el hecho causante del da\u00f1o. <\/p>\n
5. An\u00e1lisis concreto de la censura <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten a la Corte establecer que en el juicio del Tribunal sobre las pruebas relacionadas con la concurrencia de culpas o de la incidencia causal de la conducta de cada uno de los conductores del tractocami\u00f3n y del autom\u00f3vil, no emerge el error de hecho denunciado, por cuanto, es ostensible, que dicho fallador s\u00ed repar\u00f3, en su integridad, en el contenido material del Informe T\u00e9cnico del Accidente de Tr\u00e1nsito, as\u00ed como en las declaraciones que sus dos autores rindieron dentro del proceso, no siendo la conclusi\u00f3n que extrajo de ellos, por lo dem\u00e1s, contraevidente. En efecto: <\/p>\n
5.1. En la sentencia censurada se reconoci\u00f3, citando textualmente la experticia, que \u201cla causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del veh\u00edculo No. 2 tractocamin\u00f3n\u201d, y que ello fue corroborado en las declaraciones de sus dos autores. <\/p>\n
Pero, igualmente, se destac\u00f3 que en el dictamen y la declaraci\u00f3n de quienes la elaboraron, se consign\u00f3 que el insuceso fue \u201ccoadyuvado por la maniobra de frenada de emergencia y la p\u00e9rdida de control por parte del veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil\u201d. <\/p>\n
Es decir, que la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal, en punto de esas probanzas, no supuso deduccciones diferentes a lo que materialmente ellas contienen, y si bien, puede resultar discutible que, en el dif\u00edcil terreno de evaluar la causalidad, el exceso de velocidad del autom\u00f3vil No. 1 haya sido tambi\u00e9n causa eficiente o adecuada del accidente de tr\u00e1nsito en cuesti\u00f3n, lo cierto es que el raciocinio del juzgador de segunda instancia no es contrafactual, ya que arranc\u00f3 de los propios hallazgos y conclusiones de los expertos, quienes anotaron all\u00ed, entre otras cosas, que \u201cEl veh\u00edculo No. 1 autom\u00f3vil se desplaza a una velocidad inadecuada (superior a 30 Km\/h) [y que] al percibir el riesgo (tractocamin\u00f3n en el centro de la calzada) inicia una maniobra de frenada de emergencia donde se pierde maniobrabilidad en la conducci\u00f3n, lo cual hace que el veh\u00edculo siga en l\u00ednea recta y hacia el centro de la calzada\u201d. <\/p>\n
5.2. No resulta acertada as\u00ed la censura, cuando afirma que el ad-quem, para obtener su conclusi\u00f3n, extrajo del dictamen los apartes que m\u00e1s desfavorec\u00edan los intereses de los demandantes, porque, ya se apunt\u00f3, ese sentenciador no pretiri\u00f3 la deducci\u00f3n central de aqu\u00e9l, atinente a que \u201cla causa fundamental del accidente de tr\u00e1nsito\u201d fue la invasi\u00f3n del carril contrario por parte del tractocami\u00f3n que sub\u00eda en curva, y tampoco centr\u00f3 su atenci\u00f3n en un \u00fanico segmento del trabajo presentado. <\/p>\n
Solo que, en el ejercicio de la facultad que le ha sido conferida por la ley para apreciar aut\u00f3noma y cr\u00edticamente el peritaje y las dem\u00e1s pruebas, hall\u00f3 dicho fallador que am\u00e9n de esa \u201ccausa fundamental34\u201d concurr\u00eda otra que \u201ccontribuy\u00f3 a la severidad del accidente\u201d, relacionada con el exceso de velocidad del autom\u00f3vil No. 1., que dedujo no solo de aquella experticia y de los testimonios de quienes la elaboraron, sino, adicionalmente, del \u201cMapa de carreteras Inv\u00edas 2014\u201d, del \u201cInforme ejecutivo FPJ-3\u201d, del \u201cInforme del Laboratorio M\u00f3vil de Criminal\u00edstica\u201d, del \u201cCroquis contenido en el Informe Policial de Accidentes de Tr\u00e1nsito No. C-1205622\u201d, del interrogatorio de parte al demandante Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o, y de la declaraci\u00f3n rendida por el demandado Elmer Latorre Herrera. <\/p>\n
5.3. Tampoco es de recibo el reproche del cargo, seg\u00fan el cual, se descontextualiz\u00f3 por el Tribunal la declaraci\u00f3n de los expertos Diego Manuel L\u00f3pez Morales y Wilson Francisco Pulido Baro, quienes elaboraron el informe sobre accidente de tr\u00e1nsito aportado conjuntamente con la demanda. <\/p>\n
Lo anterior, puesto que lo que dijo ese juzgador de segundo grado sobre esas declaraciones, esto es, que \u201cla causa fundamental del accidente, es decir, la que origina el riesgo, es la ocupaci\u00f3n del carril contrario por parte del veh\u00edculo n\u00famero dos, tractocami\u00f3n\u201d; que \u201cla velocidad y las maniobras realizadas por el conductor del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, no son factores que originen el riesgo sino que complementan la severidad del mismo\u201d; y que \u201cla velocidad superior a 30 del autom\u00f3vil puede generar una mayor severidad\u201d, tienen genuina correspondencia con el contenido de las declaraciones que aparecen en las respectivas actas, y que anteriormente se trasunt\u00f3 en esta providencia. <\/p>\n
Valga anotar, entonces, que no hay tergiversaci\u00f3n o descontextualizaci\u00f3n de esas narraciones, las que es bueno repetirlo, no son m\u00e1s que la explicaci\u00f3n o el detalle de lo que los expertos anotaron en el Informe de Accidente de Tr\u00e1nsito que rindieron a solicitud de la parte demandante. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que los declarantes tambi\u00e9n se\u00f1alaron en el proceso, que el accidente no se hubiera presentado \u201csi el veh\u00edculo tractocami\u00f3n realiza su desplazamiento por su carril derecho, as\u00ed el veh\u00edculo autom\u00f3vil se desplace entre 30 y 53 km hora\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, esa declaraci\u00f3n la efectuaron en el contexto creado para explicar lo que se entend\u00eda por causa fundamental, sin descartar, que el exceso de velocidad representaba un riesgo, percutor de una mayor severidad en el da\u00f1o, que fue precisamente lo que llev\u00f3 al Tribunal a aplicar la figura de la concurrencia de culpas. <\/p>\n
N\u00f3tese, al respecto, lo que el testigo L\u00f3pez Morales indic\u00f3 no solo en el fragmento tra\u00eddo a cuento por la parte recurrente, sino en la totalidad de la respuesta a la pregunta de acerca de la incidencia de la velocidad del veh\u00edculo n\u00famero uno en la ocurrencia del accidente: <\/p>\n
\u201cLa generaci\u00f3n del riesgo se presenta por un factor diferente a la velocidad del veh\u00edculo n\u00famero uno, autom\u00f3vil, sin embargo, como se anot\u00f3 anteriormente, la velocidad superior a 30 del autom\u00f3vil puede generar una severidad mayor, se anota que la causa fundamental del accidente obedece a la ocupaci\u00f3n del centro de la calzada y parte del carril contrario por parte del tractocami\u00f3n, es decir, si el veh\u00edculo tractocami\u00f3n realiza su desplazamiento por su carril derecho, as\u00ed el veh\u00edculo autom\u00f3vil se desplace entre 33 y 53 Km\/hora, el accidente no se presenta\u201d. <\/p>\n
5.4. Para finalizar, debe indicarse que si \u201cel sistema legal concede al juez amplios poderes para valorar, en concreto, y a la luz de las probanzas, el hecho y las circunstancias del da\u00f1o, no solo en la tarea de deducir hasta d\u00f3nde fue evitable, sino tambi\u00e9n en cuanto respecta saber en qu\u00e9 medida la propia culpa de quien sufri\u00f3 el perjuicio puede atenuar y aun suprimir la responsabilidad\u201d35; no puede de contera cuestionarse al Tribunal por haber inferido la convergencia de culpas en este caso, cuando es lo cierto que las pruebas efectivamente apuntaron a la conducci\u00f3n del autom\u00f3vil en exceso de velocidad, superando el l\u00edmite 30 km\/h en una zona de descenso y previa curva, y a la ejecuci\u00f3n de una maniobra de frenado que no tuvo efecto, por el sistema de frenos del carro peque\u00f1o (sin ABS), y por el derrape que le condujo a la parte posterior del cami\u00f3n, con el que finalmente colision\u00f3. <\/p>\n
Es decir, que bajo esos par\u00e1metros f\u00e1cticos, no es contraevidente concluir, como lo hizo el Tribunal, en una concurrencia de culpas, porque lejos est\u00e1 el actuar del conductor del autom\u00f3vil No. 1 de poder ser considerado como inocuo o irrelevante en la producci\u00f3n del perjuicio, sin olvidar, claro est\u00e1, que la causa fundamental de la colisi\u00f3n en cuesti\u00f3n, provino de quien manejaba el tractocami\u00f3n. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por todo lo explicado, ning\u00fan error de apreciaci\u00f3n probatoria puede endilg\u00e1rsele al ad-quem, cuando dentro del marco de su discreta autonom\u00eda para valorar las pruebas, incluida la experticia y las declaraciones de sus autores, extrajo de ellas, razonablemente, una convergencia de cursos causales en el accidente de tr\u00e1nsito de que trata este proceso, siendo el fundamental, la invasi\u00f3n del carril contrario por parte del tractocami\u00f3n No. 2, y el que aument\u00f3, potenci\u00f3 o transfiri\u00f3 mayor severidad al da\u00f1o, la excesiva velocidad del autom\u00f3vil No. 1. <\/p>\n
En ese orden, el ataque no prospera. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Sobre la misma causal y en relaci\u00f3n con id\u00e9nticas normas, se denuncia su violaci\u00f3n indirecta a consecuencia de error de hecho, porque el Tribunal \u201csupuso como hecho del proceso, sin haber prueba de ello en el expediente, la participaci\u00f3n activa de los demandantes \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo, en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, cuando ni estos ni su hija, fallecida en el accidente, pueden ser sujetos pasivos de la imputaci\u00f3n que se hace al demandante Sergio Antonio Rojas Andrade, de conducir uno de los veh\u00edculos\u201d. <\/p>\n
Al desenvolver la mencionada censura, se expuso: <\/p>\n
1. El juzgador de segunda instancia aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil al reducir la indemnizaci\u00f3n reconocida a \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo, pues parti\u00f3 del supuesto no demostrado de que estos se expusieron al riesgo, cuando era imposible su presencia en el sitio del accidente o la conducci\u00f3n del veh\u00edculo, ya que Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona era pasajera y sus padres no estaban all\u00ed, a quienes, por tanto, \u201cno se puede endilgar culpa para ser compartida\u201d. <\/p>\n
2. Si el criterio del Tribunal es una concausa en la producci\u00f3n del resultado da\u00f1oso, de todas formas Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona ser\u00eda v\u00edctima de dos causantes, esto es, Coltanques S.A. y de su esposo Sergio Antonio Rojas Andrade, \u201cquienes ser\u00edan solidariamente responsables\u201d. <\/p>\n
3. La denominada \u201ccompensaci\u00f3n de culpas\u201d no es aplicable a los herederos de una persona fallecida, si esa persona no conduc\u00eda ninguno de los rodantes comprometidos en el accidente, por lo que debe casarse la sentencia recurrida, y en sede de instancia confirmar la de primer grado. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Montado sobre la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se hace consistir en la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2341, 2347 y 2357 del C\u00f3digo Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, subrogado por el 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sustento, se afirma por parte de los recurrentes que, sin discutir las conclusiones de hecho tomadas por el Tribunal, se censura que este haya aplicado indebidamente el canon 2357 del C\u00f3digo Civil, para reducir la indemnizaci\u00f3n respecto de terceros que son v\u00edctimas y que no se expusieron al da\u00f1o imprudentemente, pues, \u201cni Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona ni su padre \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez, tampoco su madre la se\u00f1ora Margarita Cardona Gallo, se expusieron imprudentemente al da\u00f1o. Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona no conduc\u00eda ninguno de los veh\u00edculos, no exced\u00eda el l\u00edmite de velocidad, esa imputaci\u00f3n solo se puede hacer al se\u00f1or Sergio Antonio Rojas Andrade. Por supuesto que los demandantes \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez [y] Margarita Cardona Gallo no participaron en la acci\u00f3n y a ellos no se les puede imputar haberse expuesto imprudentemente al da\u00f1o a partir de la conducci\u00f3n de uno de los autos\u201d. <\/p>\n
Para finalizar, los censores se\u00f1alaron que la compensaci\u00f3n de culpas no es predicable a los herederos de una persona fallecida que no manejaba ninguno de los rodantes comprometidos en el accidente, y pidieron, consecuentemente, casar la sentencia recurrida, para en sede de instancia ratifica la determinaci\u00f3n del a-quo, que no aplic\u00f3 el mencionado precepto 2357 a los padres de la difunta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n jur\u00eddica y esquema para dilucidarla <\/p>\n
Pese a que en el tercer cargo se esgrime la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial y en el cuarto la directa, ambos apuntan a un mismo prop\u00f3sito, esto es, mostrar que el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicar la compensaci\u00f3n de culpas respecto de los dos demandantes que son los padres de la v\u00edctima falta del accidente en comento, cuando ni ellos como tampoco su hija fallecida tuvieron participaci\u00f3n activa en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, pues la conducci\u00f3n del veh\u00edculo estuvo a cargo del otro accionante, Sergio Rojas Andrade. Para los censores, en \u00faltimas, la figura consagrada en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, no es predicable de los herederos de una persona fallecida (v\u00edctima directa) que no manejaba ninguno de los rodantes comprometidos en el accidente sobre el que fija su atenci\u00f3n el litigio. <\/p>\n
En ese orden, se precisa determinar si hubo violaci\u00f3n de la ley, concretamente del precitado canon sustantivo, al aplicarlo indebidamente para un evento en el que el par de mencionados reclamantes aduce no haber tenido ninguna participaci\u00f3n material en el desarrollo de las circunstancias que derivaron en el accidente de tr\u00e1nsito, as\u00ed como tampoco su hija, respecto de cuya muerte, parte su petici\u00f3n de condena por los perjuicios morales y patrimoniales sufridos. <\/p>\n
De forma tal que, para dar respuesta a ese problema jur\u00eddico, (i) se empezar\u00e1 por recordar la doctrina de la Sala sobre la oponibilidad a los herederos de la v\u00edctima de la culpa en que haya podido incurrir su causante; (ii) enseguida se realizar\u00e1n algunos apuntes sobre la concurrencia de culpas en el caso en que la v\u00edctima directa del da\u00f1o no era quien conduc\u00eda ninguno de los veh\u00edculos involucrados en el accidente de tr\u00e1nsito; y (iii) al final, se estudiar\u00e1n, en concreto y en conjunto, los cargos tercero y cuarto, para obtener la conclusi\u00f3n pertinente. <\/p>\n
2. La concurrencia de culpas frente a los herederos de la v\u00edctima directa del da\u00f1o <\/p>\n
A la jurisprudencia de la Corte tampoco ha sido ajeno en tema de este encabezado, toda vez que, en sentencia de 17 de mayo de 1982, tuvo la ocasi\u00f3n de marcar pautas espec\u00edficas en punto de la concurrencia de culpas, cuando quienes demandan son los herederos de la v\u00edctima. <\/p>\n
Pues bien, entrada en materia, esta Corporaci\u00f3n dijo en ese pronunciamiento, que <\/p>\n
\u201cLa aplicaci\u00f3n de la concurrencia de culpas, que no presenta problemas cuando la acci\u00f3n indemnizatoria es ejercida por la propia v\u00edctima, se torna en cambio compleja cuando esta no sobrevive al accidente y entonces son sus parientes quienes la instauran. Se cuestiona si en este especifico supuesto el demandado tiene derecho a oponer a sus demandantes la culpa en que incurri\u00f3 el difunto. Al efecto este expediente ofrece dos tesis: negativa la una, que es la que acoge la sentencia del Tribunal ad-quem; y positiva la otra, prohijada obviamente por el recurrente en casaci\u00f3n. Para la Corte esta \u00faltima es la que de tiempo atr\u00e1s, aparece jur\u00eddica y por ello la ha aplicado en m\u00faltiples sentencias de casaci\u00f3n [\u2026] No encuentra hoy razones la Corte para modificar su doctrina en el punto, pues si bien es cierto que en casos como el que aqu\u00ed se estudia no puede afirmarse inequ\u00edvocamente que hubo culpa de los demandantes en la producci\u00f3n del da\u00f1o, es evidente que para dicho acontecer s\u00ed concurri\u00f3 la culpa de su pariente, muerto como resultado de ese accidente. Y si se trata en verdad de un solo hecho da\u00f1oso, esa unicidad no aconseja escindirle para estudiar separada y sucesivamente la proporci\u00f3n en que tales culpas determinaron la ocurrencia del acto il\u00edcito. Trat\u00e1ndose personas que al fin y a la postre van a resultar rec\u00edprocamente deudoras y acreedoras, los demandantes por raz\u00f3n del \u00f3bito de la v\u00edctima directa, tanto la equidad como la econom\u00eda procesal insin\u00faan la conveniencia, sin que en verdad se vislumbre impedimento para ello, de que en el mismo proceso se decidan esas relaciones materiales que se hallan \u00edntimamente relacionadas entre s\u00ed: la equidad, porque no parece justo que parientes de la misma v\u00edctima, al reclamar la reparaci\u00f3n del perjuicio causado con el hecho il\u00edcito a que contribuy\u00f3 decisivamente su propio causante, reciban en un solo caso indemnizaci\u00f3n integral y solamente parcial en otros, por el solo hecho de que act\u00faen, en el primero, jure propio y en el otro como sucesores del muerto; tampoco la econom\u00eda, sencillamente porque no se acompasa con la necesidad de pronta justicia que los parientes de la v\u00edctima demanden al culpable que vive, quien, en ese procedimiento, ser\u00e1 condenado al pago total de la indemnizaci\u00f3n; y luego, a rengl\u00f3n seguido, venga otro proceso para que el condenado en el primero obtenga de sus demandantes la restituci\u00f3n de parte de lo que a ellos entreg\u00f3 en cumplimiento de una primera sentencia, cuando dichos dos aspectos del litigio pueden decidirse simult\u00e1neamente en un solo fallo judicial\u201d. <\/p>\n
Con las precisiones anteriores, queda claro que a los herederos del causante, bien cuando act\u00faan jure proprio en petici\u00f3n de los perjuicios que directamente les ocasiona el deceso de su familiar, o cuando lo hacen jure hereditario para que a la sucesi\u00f3n ingrese el monto del resarcimiento que corresponde a la v\u00edctima directa, les es imputable, trat\u00e1ndose de la concurrencia de culpas, el accionar de su pariente, cuando haya lugar a la reducci\u00f3n de la condena ante la evidencia de un concurso o confluencia de cursos causales, en la proporci\u00f3n que surja de las pruebas y que pondere el juzgador de conocimiento. <\/p>\n
Se asume as\u00ed, como criterio reinante, que la culpa o intervenci\u00f3n causal del perjudicado directo, le es oponible a cualquiera que demande en relaci\u00f3n y con fundamento en los mismos hechos originarios del reclamo de responsabilidad. <\/p>\n
3. La concurrencia de culpas en accidentes de tr\u00e1nsito, cuando la v\u00edctima no conduc\u00eda ninguno de los veh\u00edculos que choc\u00f3 <\/p>\n
Dada la incuestionable importancia que reviste el hecho de la v\u00edctima en la exoneraci\u00f3n de responsabilidad del demandado o en la disminuci\u00f3n del da\u00f1o que a este corresponde resarcir, no es casual que el legislador patrio haya incluido un precepto para regular la materia, esto es, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, de acuerdo con el cual, \u201cLa apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u201d (se resalta). <\/p>\n
Ahora bien, ese texto sugiere -dejando de lado el supuesto de la demanda que interponen los herederos de la v\u00edctima del da\u00f1o y que fue explicado anteriormente-, que solo es viable \u201creducir\u201d el da\u00f1o resarcible, cuando el hecho o la culpa concurrente sea propia del perjudicado que depreca el resarcimiento, o respecto de quien se solicita. <\/p>\n
Por ello, si ante una pluralidad de damnificados con el hecho lesivo, el que pide la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o no tuvo ninguna injerencia o intervenci\u00f3n en la producci\u00f3n del mismo, no puede verse perjudicado con la disminuci\u00f3n de su resarcimiento, por cuenta de la actuaci\u00f3n de otros damnificados, que s\u00ed participaron en la gestaci\u00f3n del perjuicio. En otras palabras, solo a la v\u00edctima que colabor\u00f3 causalmente en la producci\u00f3n del da\u00f1o, le ser\u00eda aplicable a su situaci\u00f3n el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La doctrina m\u00e1s moderna no ha pasado por alto la problem\u00e1tica descrita, y es as\u00ed como ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cEs conveniente distinguir la culpa directa de la v\u00edctima en el da\u00f1o por repercusi\u00f3n [\u2026] de la mera concurrencia de culpas. As\u00ed ocurre, por ejemplo, cuando un choque que causa da\u00f1os corporales a la demandante se debe tanto a la culpa de un tercero como de quien la transporta. En este caso, se produce la concurrencia de responsabilidades por un mismo hecho, de modo que habr\u00e1 acci\u00f3n solidaria contra ambos responsables por el total de los da\u00f1os, en la medida que ninguna culpa puede serle atribuida a la v\u00edctima directa en la producci\u00f3n del accidente. <\/p>\n
\u201c[\u2026] <\/p>\n
\u201cUna extensi\u00f3n injustificada de la culpa de la v\u00edctima se sigui\u00f3, sin embargo, en el caso de una v\u00edctima cuya indemnizaci\u00f3n fue reducida en consideraci\u00f3n a la culpa del conductor del veh\u00edculo donde viajaba, a pesar de que la v\u00edctima no ten\u00eda relaci\u00f3n alguna con ese conductor (CS, 24.6.1980, F. del M. 259, 168): lo correcto parece ser en estos casos reconocer la plena responsabilidad de ambos responsables, seg\u00fan las reglas generales, sin perjuicio de la contribuci\u00f3n a la deuda que proporcionalmente les corresponda. M\u00e1s problem\u00e1tico ser\u00eda el caso de la v\u00edctima que no tiene acci\u00f3n en contra del conductor, en raz\u00f3n de una inmunidad pasiva, en cuyo caso habr\u00eda acci\u00f3n por el total contra el tercero, quien no pudiendo subrogarse en la acci\u00f3n contra el conductor (porque la v\u00edctima carec\u00eda de esa acci\u00f3n), solo dispondr\u00eda de la acci\u00f3n personal de reembolso contra el otro responsable\u201d36. <\/p>\n
En resumen, la concurrencia de culpas que potencialmente puede disminuir el quantum indemnizatorio presupone que la v\u00edctima directa haya sido agente efectivo del da\u00f1o, no pudiendo serlo as\u00ed, por ejemplo, el pasajero de un veh\u00edculo que carece de un control o poder dispositivo sobre el mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. An\u00e1lisis concreto de los cargos <\/p>\n
3.1. Empieza la Corte por se\u00f1alar, que no se advierte una aplicaci\u00f3n indebida por parte del Tribunal del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil ni de las dem\u00e1s normas sustanciales invocadas, en cuanto predic\u00f3 la concurrencia de culpas para los padres de la v\u00edctima fatal del accidente de tr\u00e1nsito, pues, el precedente vigente, se\u00f1ala que a los sucesores, bien si act\u00faan como herederos del perjudicado o a t\u00edtulo personal, les aplica la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, porque la responsabilidad ha de ser medida en relaci\u00f3n o en consonancia con la conducta o participaci\u00f3n causal del directo perjudicado en el accidente. Lo contrario, ser\u00eda hacer recaer en el demandado una carga excesiva, que no terminar\u00eda compadeci\u00e9ndose con su verdadera incidencia en la producci\u00f3n del da\u00f1o. Criterios de equidad y de justicia, tan importantes y presentes en la tarea de administrar justicia, lo exigen, adem\u00e1s. <\/p>\n
En ese orden, si bien las pruebas analizadas por el Tribunal (pericial, documentos e interrogatorios de parte) dan cuenta de que \u00c1lvaro Antonio Toro Hern\u00e1ndez y Margarita Cardona Gallo no estuvieron presentes en el accidente de tr\u00e1nsito, ya que no se transportaban en el veh\u00edculo que colision\u00f3, su condici\u00f3n de herederos (padres) de la v\u00edctima fatal, Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, permit\u00eda reducirles las condenas reconocidas, en proporci\u00f3n con la colaboraci\u00f3n causal que tuvo el accionar del autom\u00f3vil No. 1, que seg\u00fan el Tribunal, fue de un veinte por ciento (20%) sobre el total. <\/p>\n
3.2. En las consideraciones del Tribunal para deducir en el caso concreto la concurrencia de culpas, se dijo: <\/p>\n
(i) \u201cLa verdad es que la prueba recaudada muestra que el se\u00f1or Rojas Avenda\u00f1o [conductor del autom\u00f3vil] tuvo una influencia causal en la realizaci\u00f3n del hecho da\u00f1oso\u2026\u201d. <\/p>\n
(ii) \u201c\u2026 hab\u00eda lugar a reducir la indemnizaci\u00f3n reconocida a los demandantes, puesto que la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Rojas Avenda\u00f1o puso en riesgo la vida de su c\u00f3nyuge, por la que ahora reclama reparaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
(iii) \u201c\u2026 atendiendo las circunstancias que vienen de exponerse, es del caso reconocer que la intervenci\u00f3n del afectado en el fatal resultado, si bien no fue causa exclusiva, s\u00ed contribuy\u00f3 a la severidad del accidente, por lo cual la indemnizaci\u00f3n respecto de los demandantes deber\u00e1 verse reducida en un veinte por ciento (20%) \u2026\u201d (resaltados no est\u00e1n en el texto original). <\/p>\n
Esos pasajes muestran que el Tribunal tuvo como par\u00e1metro \u00fanico para inferir la compensaci\u00f3n de culpas respecto de todos los demandantes, \u00fanicamente la actuaci\u00f3n o participaci\u00f3n en la generaci\u00f3n de los hechos, del conductor del autom\u00f3vil Sergio Antonio Rojas Avenda\u00f1o. <\/p>\n
Y as\u00ed, atendiendo las pautas que han marcado la jurisprudencia y la doctrina, podr\u00eda avizorarse una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, en lo relativo a las reclamaciones de perjuicios que se hacen derivar del fallecimiento de Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, porque ella, como pasajera del autom\u00f3vil, materialmente no lo manejaba u operaba, raz\u00f3n de peso para sostener, en principio, que si ella no tuvo una intervenci\u00f3n en el curso de los acontecimientos que derivaron en el accidente de tr\u00e1nsito, ninguna culpa puso para ser sopesada en la balanza de las compensaciones. <\/p>\n
No obstante la estrechez de los razonamientos del Tribunal, por no haber justificado la extensi\u00f3n de la concurrencia de culpas para todos los demandantes, conductor del veh\u00edculo y padres de la v\u00edctima fatal, una situaci\u00f3n relevante impide casar el fallo, y consiste en el hecho probado en el expediente de que la v\u00edctima Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, era copropietaria junto con su esposo del veh\u00edculo involucrado en el choque, y por lo mismo, guardiana de la actividad peligrosa, y por ello tambi\u00e9n, presunta responsable de los actos relativos a la conducci\u00f3n de ese rodante. <\/p>\n
En efecto, dentro de las copias aut\u00e9nticas de la investigaci\u00f3n penal que por homicidio culposo se le sigue a Elmer Latorre Herrera, y que fueron tra\u00eddas a este proceso civil, obra la licencia de tr\u00e1nsito 1779143 del veh\u00edculo particular, marca Renault-Logan, de placas CVQ 772, en la que figuran como propietarios \u201cROJAS A. SERGIO A., TORO C. MAR\u00cdA DEL P.\u201d37. Tambi\u00e9n milita el seguro obligatorio expedido para esa m\u00e1quina, donde para la vigencia 2012-2013, es tomadora \u201cTORO CARDONA MAR\u00cdA DEL PILAR\u201d38. <\/p>\n
De ah\u00ed resulta que como copropietaria de uno de los veh\u00edculos que colision\u00f3, Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona resultaba ser guardiana de la actividad peligrosa, pues, en palabras de la Corte, esa guardian\u00eda comprende \u201ctodas aquellas personas naturales o jur\u00eddicas de quienes se pueda predicar potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento mediante el cual se realizan aquellas actividades\u201d39. <\/p>\n
Y el hecho de la copropiedad hac\u00eda patente, adem\u00e1s, la guardia compartida, porque \u201cen el ejercicio de actividades peligrosas no es extra\u00f1a la concurrencia de varias personas que, desde diversos \u00e1ngulos y en atenci\u00f3n a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la direcci\u00f3n o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jur\u00eddico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros\u201d40. <\/p>\n
Ahora bien, la presunci\u00f3n de guardi\u00e1n que recae en el d\u00f3mine del veh\u00edculo, puede revertirse, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, si este o el interesado, prueba que se \u201ctransfiri\u00f3 a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t\u00edtulo jur\u00eddico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada\u201d41. <\/p>\n
Y ac\u00e1, como en el curso del proceso nada se aleg\u00f3 y menos prob\u00f3, para desestimar esa presunci\u00f3n de guardian\u00eda, la participaci\u00f3n causal del conductor del veh\u00edculo No. 1, necesariamente debe entenderse extensiva a la copropietaria del veh\u00edculo Mar\u00eda del Pilar Toro Cardona, y por supuesto a sus herederos, que hoy en d\u00eda son los reclamantes de perjuicios propios, de linaje moral y patrimonial. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No prospera ninguno de los dos cargos analizados, en los que, desde diferente \u00f3ptica, se pretendi\u00f3 descalificar la aplicaci\u00f3n para los padres de la v\u00edctima fatal, la concurrencia de culpas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 22 de julio de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio ordinario que adelantaron SERGIO ANTONIO ROJAS AVENDA\u00d1O, \u00c1LVARO ANTONIO TORO HERN\u00c1NDEZ y MARGARITA CARDONA GALLO contra ELMER LATORRE HERRERA y COLTANQUES S.A.S. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la parte recurrente. Como la demanda presentada para sustentar dicho recurso, fue replicada en tiempo por el extremo demandado, se se\u00f1ala, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000. La Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00fae la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-006-2013-00757-01 <\/p>\n
Con el irrestricto respeto por la Sala mayoritaria me permito aclarar mi voto en lo relativo al despacho del primer cargo, dado que la acusaci\u00f3n se endereza a poner en tela de juicio la actitud del Tribunal en cuanto no decret\u00f3 alguna prueba oficiosa que pudiera favorecer a los demandantes, que son adultos mayores, y la Corte estim\u00f3 no demostrada esa imputaci\u00f3n, fundada, entre otras razones, en que no hay una regla espec\u00edfica que otorgue protecci\u00f3n especial para ese grupo poblacional. <\/p>\n
Y, esa aserci\u00f3n pudiera ser cierta para la \u00e9poca del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Empero, con el advenimiento de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington D. C. el 15 de junio de 2015 y aprobada por Colombia mediante la Ley 2055 de 2020, esa afirmaci\u00f3n no emerge completamente correcta cuandoquiera que su art\u00edculo 31 establece el compromiso estatal de \u00abgarantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor\u00bb en los tr\u00e1mites de estirpe judicial, luego s\u00ed existen hoy mandatos legales y supraconstitucionales destinados a mirar con enfoque diferencial la actividad procesal de que hacen parte los adultos mayores (de m\u00e1s de 60 a\u00f1os) y, en especial, las personas de tercera edad (mayores de 78, en Colombia). <\/p>\n
Ahora bien, como otros argumentos acompa\u00f1an la decisi\u00f3n de no casar en este punto y yo las comparto, no procede el salvamento sino la aclaraci\u00f3n que aqu\u00ed expongo. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-006-2013-00757-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por la decisi\u00f3n mayoritaria, paso a exponer las razones por las cuales aclaro el voto emitido a favor de la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de la referencia. <\/p>\n
La elucidaci\u00f3n, en lo pertinente, recae sobre el punto 4to de las consideraciones del cargo segundo, denominado \u00abconcurrencia de culpas y su incidencia en la fijaci\u00f3n de la condena por perjuicios\u00bb, pues el desarrollo del argumento es desatinado y no lo comparto conceptualmente, no solo por contradecir la teor\u00eda relacionada con el nexo de causalidad y la respectiva concausalidad trat\u00e1ndose de la responsabilidad por actividades peligrosas, sino porque, tambi\u00e9n contradice la doctrina que viene imperando en la Corte sobre la materia. <\/p>\n
Es evidente que en la responsabilidad objetiva o por riesgo se requiere esencialmente de la presencia de unos elementos estructurales como, una conducta antijur\u00eddica, la existencia de un da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal o nexo de vinculatoriedad entre la conducta y el resultado da\u00f1oso. Pero con frecuencia, se presentan no s\u00f3lo uno, sino m\u00faltiples fen\u00f3menos causales. <\/p>\n
La causa, viene entonces a edificar uno de los soportes de la responsabilidad civil. La categor\u00eda alude al motivo, al origen, a la fuente, a \u201c(\u2026) aquello que se considera como fundamento u origen de algo (\u2026) motivo o raz\u00f3n para obrar\u201d42. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puede hallarse en el conjunto de factores concurrentes, de diversa intensidad e importancia, que inciden en la producci\u00f3n de un resultado. El concepto es utilizado por las m\u00e1s variadas disciplinas, pero, tiene una abierta connotaci\u00f3n filos\u00f3fica, y cuando se aborda la pluralidad causal, se debe seleccionar entre la infinidad de condiciones necesarias, la determinante o determinantes a los fines propios que inciden en el resultado. <\/p>\n
El nexo causal, cuyo nervio es la causa, entonces en el \u00e1mbito de la responsabilidad, es la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una conducta de un sujeto de derecho que engendra un resultado da\u00f1oso que permite atribuir este \u00faltimo a la primera. Es una cuesti\u00f3n muy distinta del reproche subjetivo o culpa, y no puede confundirse con \u00e9sta otra categor\u00eda porque causa y culpa son cosas diferentes, entidades de diverso orden y naturaleza. La relaci\u00f3n causal, implica, la determinaci\u00f3n del enlace existente entre la conducta, el acto o hecho del sujeto y el resultado material y jur\u00eddico, el da\u00f1o o mengua patrimonial para efectos de la responsabilidad civil. <\/p>\n
A manera de s\u00edmil, si investigamos la causa de la muerte de una persona, si se trata de la disciplina m\u00e9dica, buscar\u00e1 la causa som\u00e1tica, como por ejemplo el paro cardiorespiratorio; si en el Derecho act\u00faa el fiscal instructor, escrutar\u00e1 si la causa de ella fue un veneno, un disparo o una enfermedad; cuando interviene el juez buscar\u00e1 y valorar\u00e1 de acuerdo a lo acopiado quien puede ser el responsable de ese acto, y si el mismo ofende al ordenamiento. Todos de una u otra manera indagaran la causa en los respectivos campos, para establecer la fuente u origen de determinado resultado. En el caso del juez civil, si se demanda la responsabilidad civil, investigar\u00e1, cu\u00e1l es la causa determinante o adecuada del da\u00f1o para disponer eventualmente las indemnizaciones del caso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El papel protag\u00f3nico de la relaci\u00f3n de causalidad en el derecho de da\u00f1os se ha agigantado en las \u00faltimas d\u00e9cadas, luego de haber permanecido ignorado o relegado a un plano secundario por la doctrina civilista que, a lo largo de un prolongado per\u00edodo de la historia, resolvi\u00f3: \u00abLas dudas acerca del alcance del nexo causatorio acudiendo en situaciones concretas a pautas emp\u00edrica\u00bb, impregnadas de una elevada dosis de intuici\u00f3n y del particular sentimiento de justicia de cada magistrado (\u2026)\u201d43. <\/p>\n
Un aspecto problem\u00e1tico en la responsabilidad se presenta cuando concurren varias causas que desencadenan un determinado resultado que impacta los derechos subjetivos afect\u00e1ndolos. El punto es crucial porque incide en el establecimiento de la responsabilidad, en la eventual exoneraci\u00f3n, en su cuant\u00eda y gradualidad, sea para ampliarla, nivelarla, compensarla o reducirla entre los diferentes agentes intervinientes o entre victimario y v\u00edctima, circunstancias que difieren cuando interviene un solo agente. Por ello, repito con Enneccerus: \u201c(\u2026) el ordenamiento jur\u00eddico no puede permitir que el da\u00f1o padecido vaya exclusivamente a cargo del agente cuando el propio perjudicado haya contribuido culposamente a causar el da\u00f1o descuidando su propio inter\u00e9s\u201d44. <\/p>\n
En la evoluci\u00f3n de la responsabilidad los sistemas giraban en torno a un criterio eminentemente culpabilista, y en los casos de responsabilidad objetiva, la hermen\u00e9utica de los mismos se asimilaba con ese criterio subjetivo, motivo por el cual se hablaba del \u201c(\u2026) quod quis ex culpa sua damnun sentit, no intelligetur sentire\u201d, al decir del Digesto romano que plasmaba la lex aquilia, para referir que cuando la v\u00edctima interviene en el da\u00f1o queda roto el nexo causal y nada puede reclamar, o bajo la tendencia del contributory negligence, antecedente de las tesis del all or nothing (todo o nada), en el sistema del Common Law; aludiendo a la participaci\u00f3n decisiva de la culpa de la v\u00edctima en el da\u00f1o, de modo tal que por su propia culpa o negligencia la v\u00edctima no pod\u00eda ser indemnizada. Empero, hoy no puede verse la cuesti\u00f3n como un problema de culpa, cuando de enfrentar la concurrencia de causas nos hallamos en la responsabilidad objetiva. <\/p>\n
En consecuencia, aludir a la compensaci\u00f3n de culpas como instituto que gobierna la concurrencia causal en materia de responsabilidad objetiva resulta desatinado, por entra\u00f1ar un car\u00e1cter inexacto y equ\u00edvoco, ante la incompensabilidad de la culpa o la imposibilidad de la rec\u00edproca neutralizaci\u00f3n, porque en la responsabilidad objetiva nada tiene que ver el problema subjetivo, y de neutralizarse o compensarse las dos culpas en igual grado, acontecer\u00eda una anulaci\u00f3n del elemento culpa y ser\u00eda, forzoso hablar de da\u00f1o sin culpa, todo lo cual dar\u00eda lugar a una patente contradicci\u00f3n al hablar de compensaci\u00f3n de culpas, si las dos est\u00e1n neutralizadas. <\/p>\n
Por otra parte dar\u00eda lugar a una carencia en la posibilidad reparativa. En puridad de verdad las culpas rec\u00edprocas, no son neutralizables, sino las indemnizaciones o consecuencias reparadoras o da\u00f1osas, las pretensiones y condenas que puedan disponerse en su aspecto gradual, porque son las que traducen econ\u00f3micamente el grado de responsabilidad. Si la culpa es el reproche que se hace a quien le es imputable una actuaci\u00f3n contraria a derecho por \u201c(\u2026) omisi\u00f3n de diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o da\u00f1oso resultante motive su responsabilidad civil o penal. (\u2026) la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que provoca un sentimiento de responsabilidad por un da\u00f1o causado\u201d45, no puede entenderse c\u00f3mo ese elemento subjetivo pueda compensarse y aplicarse en las hip\u00f3tesis de responsabilidad objetiva o por riesgo, si justamente este tipo de responsabilidad se edifica en la ausencia de culpa. Por consiguiente, las nociones de causalidad y de culpa no se pueden confundir, porque aqu\u00e9lla, es categor\u00eda objetiva estrictamente como relaci\u00f3n entre fen\u00f3menos, mientras la culpa, es categor\u00eda estrictamente subjetiva <\/p>\n
En estas hip\u00f3tesis de responsabilidad sin culpa u objetiva, no hay concurrencia alguna de culpas de los agentes y v\u00edctimas sino la presencia de conductas y de factores causales. Referirse al concepto de concurrencia de culpas, trat\u00e1ndose de responsabilidad objetiva resulta inadecuado porque no puede existir intervenci\u00f3n culposa alguna de los sujetos en estos casos, puesto que la culpa no cumple funci\u00f3n alguna para ser objeto de ruptura del nexo, ni se relaciona con la presencia de los factores aniquiladores del nexo: caso fortuito, fuerza mayor o el hecho de la v\u00edctima o del tercero. Estos eximentes rompen el nexo pero no la culpa. <\/p>\n
Cuando se trata de la denominada causa extra\u00f1a, resulta impertinente y contradictorio, presentar los supuestos que la edifican, como factores excluyentes de la culpa, puesto que la culpa jur\u00eddica, \u00fanicamente puede ser excluida o eximida con la diligencia y el cuidado, pero no con aqu\u00e9llos, elementos que nada juegan en relaci\u00f3n con la culpa. Existiendo o no culpa en los copart\u00edcipes, aquellos elementos brotan al margen de la misma, exclusivamente como factores frente a la relaci\u00f3n causal entre la conducta antijur\u00eddica o acci\u00f3n y el resultado da\u00f1oso, los cuales al emerger fracturan \u00fanicamente el nexo. <\/p>\n
Del mismo modo, la concurrencia de sujetos agentes y de la v\u00edctima en la acci\u00f3n u omisi\u00f3n frente al resultado da\u00f1oso, engendra graduaci\u00f3n y distribuci\u00f3n indemnizatoria cuando concurren diversas causas, por consiguiente, propiamente no se est\u00e1n distribuyendo culpas, aspecto que jam\u00e1s ocurre, sino que de acuerdo a la participaci\u00f3n en el nexo causal hay distribuci\u00f3n en las indemnizaciones o, de nexos, si se quiere; de manera que otra terminolog\u00eda diferente a la de concurrencia de causas es impropia e inadecuada. <\/p>\n
Ahora, tampoco resulta pertinente hablar de que se trata de la culpa de la v\u00edctima, sino del hecho o de la conducta de la v\u00edctima, cuya participaci\u00f3n incide en la modulaci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a cargo del agente. Su efecto se traduce en disminuci\u00f3n o en la inexistencia de indemnizaci\u00f3n a cargo del agente da\u00f1oso. <\/p>\n
Y es la concurrencia de causas, no de culpas, la instituci\u00f3n que genera, expl\u00edcitamente: (i) la distribuci\u00f3n de las cuotas de responsabilidad ante la diferente contribuci\u00f3n causal que fracciona la gravedad de la intervenci\u00f3n, (ii) La modulaci\u00f3n de la responsabilidad que aminora la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, en proporci\u00f3n al porcentaje de intervenci\u00f3n causal, y (iii) la distribuci\u00f3n de la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n entre los diversos agentes. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el criterio de \u201cconcurrencia de causas\u201d, debe partir del entendimiento de ella como \u201ccosa que, juntamente con otra, es causa de alg\u00fan efecto\u201d46; siendo la denominaci\u00f3n m\u00e1s coherente para abordar los problemas de nexo causal cuando varios hechos son concausa de un da\u00f1o que se traduce en la modificaci\u00f3n de la cuant\u00eda del reparto indemnizatorio; por consiguiente, la utilizaci\u00f3n de las categor\u00edas concurrencia de culpas o de compensaci\u00f3n de culpas resulta totalmente equivocada o err\u00f3nea, para efectos de la distribuci\u00f3n de las cuotas de responsabilidad. <\/p>\n
El punto sobre el particular es de trascendencia porque en lugar de tales categor\u00edas, cuando nos encontramos con problemas de nexo causal y como uno de los elementos de la responsabilidad por riesgo u objetiva se hace referencia a la concurrencia de causas y no de culpas. <\/p>\n
En efecto, existiendo actividades peligrosas, no hay lugar a una responsabilidad con culpa probada o de neutralizaci\u00f3n de culpas, sino de una participaci\u00f3n concausal o concurrencia de causas. En otras palabras, la concausalidad se cimienta en el hecho de que la responsabilidad demandada se adjudic\u00f3 en el \u00e1mbito de la objetiva, en cuyo escenario ninguna circunstancia subjetiva jugaba, por tal raz\u00f3n, no es correcto denominarla \u201cconcurrencia de culpas\u201d. <\/p>\n
Una actividad peligrosa no deja de serlo por el simple hecho de ser protagonista con otra acci\u00f3n de la misma naturaleza. <\/p>\n
En tal caso, entonces, corresponde determinar la incidencia del comportamiento de cada uno de los agentes involucrados en la producci\u00f3n del resultado, para deducir a cu\u00e1l de ellos el da\u00f1o le resulta imputable desde el punto de vista f\u00e1ctico y, luego, en el \u00e1mbito jur\u00eddico. Corresponde valorar la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada las circunstancias causales, establecer su relevancia no en raz\u00f3n al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal. <\/p>\n
Empero, para establecer su grado, peso y vigor en la concurrencia de causas, debe escrutarse si las mismas pueden ser anteriores, coincidentes, concomitantes, rec\u00edprocas o posteriores, al punto de que el perjuicio no se causar\u00eda sin la pluralidad de fen\u00f3menos causales, pues de lo contrario, dicho instituto no tendr\u00eda aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, dijo esta Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o obstante, como lo ha destacado la jurisprudencia nacional, la designaci\u00f3n antes se\u00f1alada no se ajusta a la genuina inteligencia del principio, pues no se trata \u2018como por algunos se suele afirmar equivocadamente que se produzca una compensaci\u00f3n entre la culpa del demandado y la de la v\u00edctima, porque lo que sucede, conforme se infiere del propio tenor del precepto, es que entre la denominada culpa de la v\u00edctima y el da\u00f1o ha de darse una relaci\u00f3n de causalidad, como tambi\u00e9n debe existir con la del demandado. Por eso, cuando ambas culpas concurren a producir el da\u00f1o, se dice que una y otra son concausa de este\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 29 de noviembre de 1993, exp. 3579, no publicada). Este criterio corresponde, igualmente, al de la doctrina especializada en la materia, como lo destaca De Cupis, al se\u00f1alar que \u2018[d]e antiguo se ha utilizado una expresi\u00f3n poco afortunada para referirse a la concurrencia de culpa en el perjudicado, y es el t\u00e9rmino compensaci\u00f3n de la culpa. Su falta de adecuaci\u00f3n puede verse pr\u00e1cticamente con s\u00f3lo observar que el estado de \u00e1nimo culposo del perjudicado ni puede eliminar ni reducir el estado de \u00e1nimo culposo de la persona que ocasiona el da\u00f1o\u2019 (De Cupis, Adriano. El da\u00f1o. Teor\u00eda General de la Responsabilidad Civil. Editorial Bosch. Barcelona, 1966. P\u00e1gs. 275 y 276) (\u2026)\u00ab47 (se resalta). <\/p>\n
Pero la doctrina igualmente ha distinguido entre culpa y causa. Precisamente los PETL48, Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil o Principles of European Tort Law, a prop\u00f3sito de la causalidad adoctrinan en el cap\u00edtulo tercero todo lo relacionado con la causa y la concurrencia de las mismas, distingui\u00e9ndola de la culpa. Precisamente a prop\u00f3sito de la causa y sus diferentes hip\u00f3tesis, se\u00f1alan: <\/p>\n
\u201cCap\u00edtulo 3. Relaci\u00f3n de causalidad <\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 1. La conditio sine qua non y sus l\u00edmites <\/p>\n
\u201cArt. 3:101. Conditio sine qua non <\/p>\n
\u201cUna actividad o conducta (en adelante, actividad) es causa del da\u00f1o de la v\u00edctima si, de haber faltado tal actividad, el da\u00f1o no se hubiera producido. <\/p>\n
\u201cArt. 3:102. Causas concurrentes <\/p>\n
\u201cEn caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas hubiera causado el da\u00f1o por s\u00ed sola al mismo tiempo, se considerar\u00e1 que cada actividad es causa del da\u00f1o de la v\u00edctima. <\/p>\n
\u201cArt. 3:103. Causas alternativas <\/p>\n
\u201c(1) En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas ha sido suficiente por s\u00ed sola para causar el da\u00f1o, pero es dudoso cu\u00e1l de ellas efectivamente lo ha causado, se considera que cada actividad es causa en la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda haber causado el da\u00f1o de la v\u00edctima. <\/p>\n
\u201c(2) Si, en el caso de una pluralidad de v\u00edctimas, es dudoso que una actividad haya causado el da\u00f1o de una v\u00edctima concreta, pero es probable que no haya causado da\u00f1o a todas las v\u00edctimas, se considera que la actividad es causa del da\u00f1o sufrido por todas las v\u00edctimas en proporci\u00f3n a la probabilidad de que pueda haber causado el da\u00f1o a una v\u00edctima concreta. <\/p>\n
\u201cArt. 3:104. Causas potenciales <\/p>\n
\u201c(1) Si una actividad ha acarreado un da\u00f1o a la v\u00edctima de modo irreversible y definitivo, toda actividad posterior que por s\u00ed misma hubiera causado el mismo da\u00f1o debe ser ignorada. <\/p>\n
\u201c2) No obstante, deber\u00e1 tenerse en cuenta esa actividad posterior si conlleva un da\u00f1o adicional o agravado. <\/p>\n
\u201c(3) Si la primera actividad ha causado un da\u00f1o continuado y la actividad posterior tambi\u00e9n lo hubiera causado m\u00e1s tarde, ambas actividades deben ser consideradas como causa del da\u00f1o continuado a partir del momento en que concurran. <\/p>\n
\u201cArt. 3:105. Causalidad parcial incierta <\/p>\n
En el caso de una pluralidad de actividades, si es seguro que ninguna de ellas ha causado todo el da\u00f1o o una parte determinable del mismo, se presume que aqu\u00e9llas que probablemente han contribuido (m\u00ednimamente) a causarlo lo han causado a partes iguales. <\/p>\n
La v\u00edctima tiene que cargar con la p\u00e9rdida sufrida en la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda haber sido causada por una actividad, acontecimiento o cualquier otra circunstancia perteneciente a su propia esfera\u201d. <\/p>\n
Y respecto de la participaci\u00f3n de pluralidad de agentes en el da\u00f1o, los principios orientan la cuesti\u00f3n en el titulo quinto, cap\u00edtulo noveno. <\/p>\n
Ahora, el tema de la culpa, es tratado por los PETL en forma aut\u00f3noma en el titulo tercero al abordar la responsabilidad por culpa, incluy\u00e9ndola como requisito de esta responsabilidad y defini\u00e9ndola en el art\u00edculo cuarto, en relaci\u00f3n con los criterios de intenci\u00f3n, cuidado o diligencia en la conducta del agente, es decir, por el elemento subjetivo, sin confundirla con la causa: \u201cUna persona responde con base en la culpa por la violaci\u00f3n intencional o negligente del est\u00e1ndar de conducta exigible\u201d. <\/p>\n
Lo rese\u00f1ado sirve adem\u00e1s para destacar que la jurisprudencia de esta Sala, ha optado por denominar al fen\u00f3meno de la concurrencia de conductas desplegadas por el agente y el damnificado en la producci\u00f3n del da\u00f1o, cuya reparaci\u00f3n pretende este \u00faltimo, como una cuesti\u00f3n propia del \u00abhecho de la v\u00edctima\u00bb y no de la \u00abculpa de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Dicha afirmaci\u00f3n halla fundamento porque la expresi\u00f3n \u00abculpa\u00bb corresponde a un \u00abfactor de imputaci\u00f3n (\u2026) de car\u00e1cter subjetivo\u00bb49, situaci\u00f3n que supone la violaci\u00f3n de deberes de diligencia y cuidado asumidos por una persona \u00aben una relaci\u00f3n de alteridad para con otra u otr[o]s\u00bb, no respecto de s\u00ed mismo, ni contra su propio inter\u00e9s50. En igual sentido, no existe un deber jur\u00eddico de la v\u00edctima frente al agente, en cuya virtud est\u00e9 obligado el primero a prevenir o reducir el da\u00f1o tanto como le sea posible51. <\/p>\n
Tal aspecto, entonces, solo impone al lesionado a soportar la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n reclamada al causante del perjuicio, situaci\u00f3n que \u00ablo desvincula de la esfera de los deberes jur\u00eddicos para situarse en el terreno de las cargas\u00bb52. <\/p>\n
En ese sentido, dijo esta Colegiatura: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n todo caso, as\u00ed se utilice la expresi\u00f3n \u2018culpa de la v\u00edctima\u2019 para designar el fen\u00f3meno en cuesti\u00f3n, en el an\u00e1lisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto t\u00e9cnico de culpa. <\/p>\n
\u00ab(\u2026). <\/p>\n
\u00abEsta reflexi\u00f3n ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que la \u2018culpa de la v\u00edctima\u2019 corresponde -m\u00e1s precisamente- a un conjunto heterog\u00e9neo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no s\u00f3lo comportamientos culposos en sentido estricto, sino tambi\u00e9n actuaciones an\u00f3malas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producci\u00f3n del da\u00f1o, con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, aun cuando all\u00ed se aluda a \u201cimprudencia\u201d de la v\u00edctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son \u2018capaces de cometer delito o culpa\u2019 (art. 2346 ib\u00eddem) o a comportamientos de los que la propia v\u00edctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuaci\u00f3n (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el da\u00f1o) (\u2026) (Cas. Civ. 15 de marzo de 1941, citada en G.J. L, p\u00e1g. 793; 29 de noviembre de 1946, G.J. LXI, p\u00e1g. 677; 8 de septiembre de 1950, G.J. LXVIII, p\u00e1g. 48; 28 de noviembre de 1983. No publicada) (\u2026)\u00bb53. <\/p>\n
As\u00ed, al proceder el an\u00e1lisis sobre la causa del da\u00f1o, el juzgador debe establecer \u00abmediante un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia del comportamiento desplegado por cada [parte] alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamaci\u00f3n pecuniaria\u00ab54, en particular, cuando \u00e9sta proviene del ejercicio de una actividad peligrosa y, al mismo tiempo, se alegue concurrencia de conductas en la producci\u00f3n del hecho lesivo. <\/p>\n
La concurrencia de causas, no concurrencia de culpas, tampoco compensaci\u00f3n de culpas, advierte que en materia de responsabilidad extracontractual de naturaleza objetiva, resulta contradictorio referirse a la culpa, por cuanto ese elemento es determinante en materia de responsabilidad subjetiva, no en el \u00e1mbito de la responsabilidad objetiva. Trat\u00e1ndose de \u00e9sta debe establecer cu\u00e1les son los hechos, circunstancias o conductas que concurren para la producci\u00f3n del da\u00f1o con suficiencia para que alguno o algunos sujetos de derechos sean declarados responsables, dado que con frecuencia se presentan variadas o plurales causas, de las cuales el juez debe elegir las id\u00f3neas o relevantes en la causaci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Ante la presencia de variadas situaciones o de diversos eventos multicausales, no todo hecho que causa un da\u00f1o constituir\u00e1 necesariamente su causa en sentido jur\u00eddico; esto con el fin de evitar responsabilizar a determinados sujetos que no lo son, o a exonerar a quienes de verdad han contribuida total o parcialmente al resultado da\u00f1oso. <\/p>\n
En el campo jur\u00eddico han prevalecido los an\u00e1lisis aristot\u00e9licos, y las Cortes en general han aludido a la conditio sine quen non, a la equivalencia de condiciones, a la \u00faltima condici\u00f3n o causa m\u00e1s pr\u00f3xima al resultado, a la condici\u00f3n preponderante o m\u00e1s eficiente (buscando la l\u00ednea aristot\u00e9lica), a la teor\u00eda de la adecuaci\u00f3n, a las probables o probabil\u00edsticas, a la conexi\u00f3n probable o proporcional, los deberes de utilizaci\u00f3n, las reglas but for test de la jurisprudencia norteamericana, al balance de probabilidades. Esta Corte, a\u00fan cuando con variaciones, por regla general se ha inclinado por la causalidad adecuada, tesis desde la cual, en mayor o menor grado aborda la soluci\u00f3n de variadas controversias de este talante. <\/p>\n
Sobre el asunto, afirm\u00f3 esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de la concurrencia de causas que se produce cuando en el origen del perjuicio confluyen el hecho il\u00edcito del ofensor y el obrar reprochable de la v\u00edctima, deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producci\u00f3n del da\u00f1o, habida cuenta que una investigaci\u00f3n de esta \u00edndole viene impuesta por dos principios elementales de l\u00f3gica jur\u00eddica que dominan esta materia, a saber: que cada quien debe soportar el da\u00f1o en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro (G. J. Tomos LXI, p\u00e1g. 60, LXXVII, p\u00e1g. 699, y CLXXXVIII, p\u00e1g. 186, Primer Semestre, (\u2026); principios en los que se funda la llamada \u2018compensaci\u00f3n de culpas\u2019, concebida por el legislador para disminuir, aminorar o moderar la obligaci\u00f3n de indemnizar, en su expresi\u00f3n cuantitativa, hasta o en la medida en que el agraviado sea el propio art\u00edfice de su mal, compensaci\u00f3n cuyo efecto no es otro distinto que el de \u2018repartir\u2019 el da\u00f1o, para reducir el importe de la indemnizaci\u00f3n debida al demandante, ello, desde luego, sobre el supuesto de que las culpas a ser \u2018compensadas\u2019 tengan virtualidad jur\u00eddica semejante y, por ende, sean equiparables entre s\u00ed (\u2026)\u201d (resaltado propio)56. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, para declarar la concurrencia de consecuencias reparadoras, o de concausas, cuyo efecto pr\u00e1ctico es la reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en proporci\u00f3n a la participaci\u00f3n de la v\u00edctima, su implicaci\u00f3n deber\u00e1 resultar influyente o destacada en la cadena causal antecedente del resultado lesivo, a\u00fan, a pesar del tipo de tarea arriesgada que gobierna el caso concreto. <\/p>\n
Cuando el da\u00f1o es consecuencia de la convergencia de roles riesgosos realizados por v\u00edctima y agente, el c\u00e1lculo de la contribuci\u00f3n de cada uno en la producci\u00f3n del menoscabo atiende, si bien al arbitrio iuris del juez, su an\u00e1lisis no debe ser desmesurado ni subjetivo, pues debe tener en cuenta la circunstancia incidental que corresponda en cada caso57. <\/p>\n
Si bien, en un principio la doctrina de esta Corte resolvi\u00f3 el problema de las concausas o de la concurrencia de actividades peligrosas, adoptando diversas teor\u00edas como la \u00abneutralizaci\u00f3n de presunciones\u00ab58, \u00abpresunciones rec\u00edprocas\u00bb59, y \u00abrelatividad de la peligrosidad\u00bb60, fue a partir de la sentencia de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-0161, en donde retom\u00f3 la tesis de la intervenci\u00f3n causal62. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La (\u2026) graduaci\u00f3n de \u2018culpas\u2019 en presencia de actividades peligrosas concurrentes, [impone al] (\u2026) juez [el deber] de (\u2026) examinar a plenitud la conducta del autor y de la v\u00edctima para precisar su incidencia en el da\u00f1o y determinar la responsabilidad de uno u otra, y as\u00ed debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonom\u00eda axiol\u00f3gica de los elementos de convicci\u00f3n allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garant\u00edas procesales y legales. <\/p>\n
\u201cM\u00e1s exactamente, el fallador apreciar\u00e1 el marco de circunstancias en que se produce el da\u00f1o, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetr\u00eda de las actividades peligrosas concurrentes, sus caracter\u00edsticas, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos espec\u00edficos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cu\u00e1l es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jur\u00eddico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la problem\u00e1tica de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de v\u00edctima y agente, y en la secuencia causal de las mismas en la generaci\u00f3n del da\u00f1o, siendo esa la manera de ponderar el quantum indemnizatorio. <\/p>\n
En estos t\u00f3picos, y en otros, resulta relevante diferenciar el nexo causal material y el nexo jur\u00eddico, a fin de determinar la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y la correspondiente imputaci\u00f3n jur\u00eddica, en orden a establecer la incidencia de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, en la imputatio iuris para calcular el valor del perjuicio real con que el victimario debe contribuir para con la v\u00edctima. <\/p>\n
Tal enfoque deviene importante, porque al margen de corresponder con la circunstancia puramente f\u00e1ctica, su c\u00e1lculo obedece a determinar la posibilidad real de que el comportamiento del lesionado haya ocasionado da\u00f1o o parte de \u00e9l, y en qu\u00e9 proporci\u00f3n contribuye hacerlo. Cuanto mayor sea la probabilidad, superior es la cuota de causalidad y su repercusi\u00f3n en la realizaci\u00f3n del resultado. De esa manera, se trata de una inferencia tendiente a establecer \u201cel grado de interrelaci\u00f3n jur\u00eddica entre determinadas causas y consecuencias\u201d63. <\/p>\n
En rigor, cuando la causa del da\u00f1o corresponde a una actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, \u00e9ste ser\u00e1 responsable \u00fanico, y contrario sensu, concurriendo ambas, se determina su contribuci\u00f3n para atenuar el deber de repararlo. <\/p>\n
De esta manera, el juzgador valorar\u00e1 la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada tambi\u00e9n una culpa o dolo del afectado, establecer\u00e1 su relevancia no en raz\u00f3n al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando la entidad causal, trat\u00e1ndose de la convergencia de actividades peligrosas, es determinante para establecer el grado de participaci\u00f3n de la v\u00edctima en el siniestro, y por esa l\u00ednea calcular la deducci\u00f3n del quantum resarcitorio, tal elemento de an\u00e1lisis no es exclusivo para ese tipo de eventos concurrentes, pues resulta igual de preponderante en situaciones donde el lesionado, pese a no desarrollar una labor riesgosa, pero actuando de manera culposa, contribuye efectivamente en la coproducci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Dicho criterio lo aplic\u00f3 esta Sala, en el caso de una familia que viajaba en una camioneta de carga, quienes transportaban a unas personas en la parte trasera, resultando embestidos por un autob\u00fas con \u201cfallas en los frenos\u201d64. <\/p>\n
Si bien, la Corte determin\u00f3 la culpa del conductor de la camioneta por \u201cllevar pasajeros en un autom\u00f3vil para carga\u201d, la causa real del accidente no fue otra que la imprudencia del maquinista del bus al guiarlo abarrotado de pasajeros y con en el sistema de frenos averiado, \u201clo que [provoc\u00f3] su desenfreno y como consecuencia arroll\u00f3 [al otro rodante]\u201d65. <\/p>\n
De tal manera, concluy\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que no hab\u00eda raz\u00f3n para reducir la indemnizaci\u00f3n, porque la \u201cculpa del conductor de la camioneta [ni de las personas por \u00e9l transportadas] no fue concausal a los da\u00f1os por el responsable del bus\u201d66. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara que opere la compensaci\u00f3n de culpas de que trata el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil no basta que la v\u00edctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la producci\u00f3n del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que la v\u00edctima efectivamente contribuy\u00f3 con su comportamiento a la producci\u00f3n del da\u00f1o, pues el criterio jurisprudencial en torno a dicho fen\u00f3meno es el de que para deducir responsabilidad en tales supuestos (…) la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jur\u00eddica del da\u00f1o, sino la actividad que, entre las concurrentes, ha desempe\u00f1ado un papel preponderante y trascendente en la realizaci\u00f3n del perjuicio. De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producci\u00f3n del accidente da\u00f1oso, el que no habr\u00eda ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fen\u00f3meno de la concurrencia de culpas, que para los efectos de la gradaci\u00f3n cuantitativa de la indemnizaci\u00f3n consagra el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. En la hip\u00f3tesis indicada s\u00f3lo es responsable, por tanto, la parte que, en \u00faltimas, tuvo oportunidad de evitar el da\u00f1o y sin embargo no lo hizo (CLII, 109. – Cas. 17 de abril de 1991). <\/p>\n
\u201cEn este orden de ideas, cabe concluir que la sola circunstancia de que el perjudicado estuviese desarrollando en el momento del suceso una actividad que en abstracto pudiera merecer el calificativo de imprudente, no es causa de atenuaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n debida por el agente, pues para tales efectos ser\u00e1 menester, y las razones son obvias, que la actividad de la v\u00edctima concurra efectivamente con la de aqu\u00e9l en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o (\u2026)\u201d67 (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
De ese modo, si bien el c\u00e1lculo de la contribuci\u00f3n de cada uno de los participantes en la producci\u00f3n del da\u00f1o, y por esa v\u00eda, la moderaci\u00f3n del valor a resarcir, atiende al arbitrio iuris del juez, su an\u00e1lisis no debe ser arbitrario ni subjetivo, pues frente a la v\u00edctima tendr\u00e1 que examinar, la conducta, la gravedad del da\u00f1o y el factor de causalidad. <\/p>\n
En el derecho comparado, por ejemplo, en el sistema jur\u00eddico norteamericano, a la concurrencia de culpas se le conoce como \u201ccomparative negligence\u201d68, el cual centra su valoraci\u00f3n en la exclusiva consideraci\u00f3n del elemento \u201cculpabil\u00edstico\u201d. Otros, como el italiano69, el alem\u00e1n70 y el ingl\u00e9s71, centran su estudio solo en la entidad causal de los respectivos comportamientos. El Tribunal Supremo espa\u00f1ol recoge ambas tesis, es decir, la de la causalidad y la gravedad de las culpas, \u201caunque en la pr\u00e1ctica valora tambi\u00e9n alg\u00fan otro elemento, como el dolo o el riesgo creado por el agente\u201d72. <\/p>\n
Esta Corte, igual a su similar espa\u00f1ol, seg\u00fan se expuso, ha acogido ambos enfoques para cuantificar la cuota de participaci\u00f3n de la v\u00edctima como corresponsable de la producci\u00f3n del da\u00f1o, teniendo como criterios de valoraci\u00f3n la causalidad y la conducta de la v\u00edctima. <\/p>\n
Las anteriores precisiones conceptuales se deben tener en cuenta trat\u00e1ndose de da\u00f1os causados con veh\u00edculos o en accidentes de tr\u00e1nsito, por cuanto la conducci\u00f3n de automotores, en atenci\u00f3n a su naturaleza, y en los t\u00e9rminos de su propio r\u00e9gimen jur\u00eddico, contenido en la Ley 769 de 200273 (C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre), se define como una actividad riesgosa. <\/p>\n
Basta entonces observar que las disposiciones del referido estatuto imponen, entre otras exigencias, directrices espec\u00edficas a fin de prevenir o evitar el \u201criesgo\u201d inherente al peligro que conlleva su ejercicio, como la sujeci\u00f3n de los peatones, conductores y veh\u00edculos a las normas de tr\u00e1nsito y el acatamiento \u201c(\u2026) de los requisitos generales y las condiciones mec\u00e1nicas y t\u00e9cnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes (\u2026)\u201d (art. 27). <\/p>\n
Igualmente, el conductor debe en su actividad comportarse en \u201c(\u2026) forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las dem\u00e1s y debe[n] conocer y cumplir las normas y se\u00f1ales de tr\u00e1nsito que le sean aplicables, as\u00ed como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tr\u00e1nsito (\u2026)\u201d (art. 55), y \u201c(\u2026) abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducci\u00f3n del veh\u00edculo automotor, mientras \u00e9ste se encuentre en movimiento (\u2026)\u201d (art. 61). <\/p>\n
Para dar cuenta de la orientaci\u00f3n seguida por el legislador sobre la rese\u00f1ada actividad, \u201c(\u2026) las disposiciones jur\u00eddicas reguladoras de los da\u00f1os causados con veh\u00edculos y derivados del tr\u00e1nsito automotor, actividad l\u00edcita y permitida, claramente se inspira en la tutela de los derechos e intereses de las personas ante una lesi\u00f3n in potentia por una actividad per se en su naturaleza peligrosa y riesgosa (\u2026)\u201d74. <\/p>\n
De ah\u00ed, que cuando concurren roles riesgosos en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, tampoco resulta congruente aludir a la compensaci\u00f3n de culpas, sino a la participaci\u00f3n concausal o concurrencia de causas75. Y ello, no puede ser de otro modo, por cuanto demostrada la conducta, el comportamiento o la actividad peligrosa como primer elemento, establecido el da\u00f1o como requisito consecuencial, y comprobado el v\u00ednculo de causalidad entre la acci\u00f3n y el resultado, el agente \u00fanicamente puede exonerarse demostrando causa extra\u00f1a76; de manera que a \u00e9ste, no le basta justificar ausencia de culpa sino la ruptura del nexo causal para liberarse de la obligaci\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la problem\u00e1tica de la concurrencia de actividades peligrosas, tal cual prescindi\u00f3 la posici\u00f3n mayoritaria, se resuelve en el campo objetivo de las conductas de lesionado y actor, y en la secuencia causal de las mismas en la generaci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Tal entendimiento debe hacerse, claro, considerando aspectos relevantes sobre la forma como se gener\u00f3 el da\u00f1o, como el tipo de rol peligroso (vgr. conducci\u00f3n de automotores; transformaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, etc.), sus particularidades (c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde), y qui\u00e9n increment\u00f3 o disminuy\u00f3 el riesgo frente a la actividad (vgr. cuando al conducir se decide cambiar de carril sin hacer uso de direccionales, o se transita en contrav\u00eda). <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado la anunciada aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 28 del c.1. <\/p>\n
2\u0002 Folios 149 a 173 del c. 1. <\/p>\n
3\u0002 Folios 525 a 538 ib. <\/p>\n
4\u0002 Folios 48 a 68 del c. 3. <\/p>\n
5\u0002 DAMI\u00c1N MORENO, Juan, Nociones Generales sobre la Carga de la Prueba, en: Carga de la Prueba y Responsabilidad Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p\u00e1g. 15. <\/p>\n
6\u0002 Aparte del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7\u0002\u0002 DAMI\u00c1N MORENO, Juan, Ob. Cit., p\u00e1g. 19. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC de 18 de enero de 2010, Rad. 2001-00137-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC20950-2017 <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional, C-790-06. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC de 7 de noviembre de 2000, exp. 5606. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC, 14. Feb. 1995, Rad. 4373, reiterada en CSJ SC, 14. oct. 2010, Rad. 2002-00024-01. <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC, 21 de octubre de 2013, Rad. 2009-00392-01 <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC5676-2018 <\/p>\n
16\u0002 La indefensi\u00f3n en su sentido gramatical y jur\u00eddico coinciden, toda vez que se le considera como \u201cSituaci\u00f3n en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial\u201d. Definici\u00f3n consultable en: del.rae.es. <\/p>\n
17\u0002 Folio 178 del c. 1. <\/p>\n
18\u0002 Folio 196 del c. 1. <\/p>\n
19\u0002 Al respecto, Corte Constitucional, sentencia T-598 de 2017. <\/p>\n
20\u0002 La diferencia entre adulto mayor y persona de la tercera edad, as\u00ed como los efectos que ella tiene, la ha puesto de presente la Corte Constitucional en sus sentencias, una de ellas T-105 de 2019. <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC de 15 de julio de 2008, Rad. 00689-01. <\/p>\n
22\u0002 CSJ SC de 3 de octubre de 2013, Rad. 2000-00896-01 <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC de 18 de mayo de 1983, GJ CLXXII, p\u00e1gs. 64 a 71. <\/p>\n
24\u0002 GJ, CXLVIII, p. 54. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC5186-2020 <\/p>\n
26\u0002 CSJ SC de 14 de diciembre de 2012, reiterada en CSJ SC de 9 de agosto de 2013, Rad. 1998-00729-01. <\/p>\n
27\u0002 CSJ SC de 8 de agosto de 2001, Rad. 6182, reiterada CSJ SC, 29 de abril de 2005, Rad. 12720-02. <\/p>\n
28\u0002 Folio 66 del c. 1. <\/p>\n
29\u0002 Folio 67 ib. <\/p>\n
30\u0002 Folio 95 ib. <\/p>\n
31\u0002 Folios 99 y 100 ib. <\/p>\n
32\u0002 Folios 101 y 102 ib. <\/p>\n
33\u0002 Folios 217 a 222 del c.1. <\/p>\n
34\u0002 Fundamental, seg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola en su vig\u00e9sima primera edici\u00f3n, es lo \u201cQue sirve de fundamento o es lo principal de una cosa\u201d, por lo cual, en el sentido natural del vocablo, lo fundamental en manera alguna viene a ser lo \u00fanico o exclusivo. <\/p>\n
35\u0002 CSJ SC de 1\u00ba de octubre de 1992. <\/p>\n
36\u0002 BARROS BOURIE, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago de Chile, p\u00e1g. 439. <\/p>\n
37\u0002 Folio 74 del c. 2. <\/p>\n
38\u0002 Folio 75 ib\u00eddem. <\/p>\n
39\u0002 CSJ SC 4750 de 31 de octubre de 2018, Rad. 2011-00112-01 <\/p>\n
40\u0002 CSJ SC de 22 de abril de 1997, Rad. 4753. <\/p>\n
41\u0002 CSJ SC de 18 de mayo de 1972, reiterada en CSJ SC de 17 de mayo de 2011, Rad. 2005-00345-01. <\/p>\n
42\u0002 RAE, REAL ACADEMIA ESPA\u00d1OLA. Diccionario esencial de la lengua espa\u00f1ola. 22 ed. Madrid: Espasa, 2006 p. 298. <\/p>\n
43\u0002 L\u00f3pez Meza, Marcelo, toma la idea de Ram\u00f3n Daniel Pizarro. La cita es de su \u201cElementos de la responsabilidad civil\u201d Dik\u00e9 y U. Javeriana, Medell\u00edn y Bogot\u00e1, 2009, p\u00e1g. 343. <\/p>\n
44\u0002 ENNECERUS, L. \u201cDerecho de obligaciones\u201d en Tratado de Derecho civil. T. II. 11 edici\u00f3n revisada por HEINRICH LEHMAN. Traducci\u00f3n de P\u00c9REZ GONZ\u00c1LEZ, Y ALGUER. Barcelona: Bosch, Barcelona, 1966. <\/p>\n
45\u0002 RAE, REAL ACADEMIA ESPA\u00d1OLA. Diccionario esencial de la lengua espa\u00f1ola. 22 ed. Madrid: Espasa, 2006 p. 447. <\/p>\n
46\u0002 RAE, REAL ACADEMIA ESPA\u00d1OLA. Diccionario esencial de la lengua espa\u00f1ola. 22 ed. Madrid: Espasa, 2006 p. 377. <\/p>\n
47\u0002 CSJ SC 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-00042-01. <\/p>\n
49\u0002 VISINTINI, Giovanna. \u00abTratado de la Responsabilidad Civi\u00ab. Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999, p\u00e1g. 292. SANTOS BRIZ, Jaime. \u00abLa responsabilidad civil\u00bb. Derecho sustantivo y Derecho procesal, s\u00e9ptima edici\u00f3n, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1993. P\u00e1g. 118. <\/p>\n
50\u0002 DE CUPIS, Antonio. \u00abTeor\u00eda General de la Responsabilidad Civil\u00bb 2d\u00aa. Edici\u00f3n. Editorial Bosch, S.A. M\u00e9xico, 1975, p\u00e1gs. 278 y s.s. <\/p>\n
51\u0002 SOTO NIETO, Francisco. \u201cLa llamada compensaci\u00f3n de culpas\u2019\u201d. Revista de Derecho Privado, Madrid, mayo de 1968. Tomo LII. <\/p>\n
52\u0002 ROSELLO, Carlo, \u00abIl danno evitabile. La misura della responsabilit\u00e0 tra diligenza ed efficienza\u00bb. Editorial CEDAM, Roma 1990, p\u00e1gs. 40 a 44. <\/p>\n
53\u0002 CSJ SC 2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01, citada el 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-00042-01, entre otras. <\/p>\n
54\u0002 CSJ SC 14 de diciembre de 2006. 1997-03001-01. <\/p>\n
55\u0002 La vertiente subjetiva de esta teor\u00eda se refiere a un juicio de previsibilidad a efectos de indagar aquello que el agente conoc\u00eda o pod\u00eda conocer (Von Kries). La objetiva contempla ese juicio a partir de lo que un hombre promedio pudiera prever. <\/p>\n
56\u0002 CSJ SC 25 de noviembre de 1999, rad. 5173. <\/p>\n
57\u0002 CSJ SC 16 de abril de 2013, rad. 2002-00099. <\/p>\n
58\u0002 Ten\u00eda aplicaci\u00f3n en los eventos de responsabilidad donde se habla de presunci\u00f3n de culpa, es decir, cuando se ejerce una actividad riesgosa. Dicha teor\u00eda afirmaba que las presunciones se aniquilaban, para dar paso a la culpa probada (CSJ SC 5 de mayo de 1999, rad. 4978). Durante su implementaci\u00f3n, un sector de la doctrina se opon\u00eda a la misma, por \u00ab(\u2026) carecer de fundamento normativo, toda vez que el hecho de haberse causado el da\u00f1o por la intervenci\u00f3n encontrada de dos cosas riesgosas no puede provocar una mutaci\u00f3n normativa, es decir, pasar del riesgo como factor de imputaci\u00f3n, a la culpa probada (\u2026)\u00bb (PIZARRO, Ram\u00f3n Daniel, \u201cResponsabilidad por riesgo creado y de empresa. Contractual y extracontractual\u201d, t. II. Buenos Aires. La Ley, 2006, pp. 274-277). <\/p>\n
59\u0002 En este evento, las presunciones de culpa por quienes desarrollan labores riesgosas no se neutralizan sino que permanecen inc\u00f3lumes. Significaba que cuando una de las partes era la que sufr\u00eda el da\u00f1o, la presunci\u00f3n subsist\u00eda en contra de quien no lo padeci\u00f3, quien podr\u00e1 destruir la presunci\u00f3n probando la incidencia del hecho de la v\u00edctima en la producci\u00f3n del evento da\u00f1oso (CSJ SC 26 de noviembre de 1999, rad. 5220). Su cr\u00edtica radicaba en que \u00ab(\u2026) la soluci\u00f3n de apoyaba en una falsa idea de la responsabilidad civil, cuya esencia se fundamenta en la idea de indemnizaci\u00f3n y no de pena, por tal motivo no se pod\u00eda determinar la responsabilidad seg\u00fan la culpa del ofensor o la v\u00edctima (\u2026)\u00bb (PEIRANO FACIO, Ram\u00f3n Daniel. \u201cResponsabilidad extracontractual\u201d, 3\u00aa ed. Bogot\u00e1. Temis, 1981, p\u00e1g. 442). <\/p>\n
60\u0002 Se tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la actividad o mayor o menor grado de potencialidad da\u00f1ina (CSJ SC 2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01). Su censura consist\u00eda en que dicha tesis se preocupaba m\u00e1s por establecer que labor era m\u00e1s riesgosa en relaci\u00f3n con otra, dejando de lado considerar cu\u00e1l de ellas hab\u00eda causado el da\u00f1o. <\/p>\n
61\u0002 Reiterado en sentencias de 26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01, y 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-000042-01. <\/p>\n
62\u0002 Teor\u00eda que en todo caso hab\u00eda sido acogida originariamente por esta Corte en sentencia de 30 de abril de 1976, G.J. CLII, n\u00ba. 2393, p\u00e1g. 108. <\/p>\n
63\u0002 LANGE, Schadenersatz, \u00abHandbuch des Schuldrecht in Einzaeldarstellungen Bd.1\u00bb (Manual de ley de obligaciones). Tubingen, Mohr, 1979. <\/p>\n
64\u0002 CSJ SC 6 de mayo de 1998, rad. 4972. <\/p>\n
65\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
66\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
67\u0002 CSJ SC 6 de mayo de 1998, rad. 4972. <\/p>\n
68\u0002 Sistema reconocido en varias legislaciones estatales norteamericanas, como en las leyes de Louisiana (act 2323) o Kansas (s. 60-258\u00aa), as\u00ed como en la jurisprudencia, vgr. State v. Kaatz, 572 p.2d 775, 782 (Alaska, 1977), Danculovich v. Brown, 593, p.2d 187 (Wyoming, 1979). <\/p>\n
69\u0002 As\u00ed lo establece el art\u00edculo 1227 del C\u00f3dice Civile italiano, el cual habla de disminuci\u00f3n conforme con la gravedad de la culpa y la entidad de las consecuencias derivadas de la conducta de la v\u00edctima sobre el da\u00f1o total (Bessone, Mario. \u00abLa Responsabilit\u00e0 Civile\u00bb. Editorial Utet, Torino, 1987, p\u00e1gs. 165 a 166). <\/p>\n
70\u0002 Canon 254 del BGB (C\u00f3digo Civil Alem\u00e1n). <\/p>\n
71\u0002 Ver secci\u00f3n primera de la Law Reform (Contributory Negligence) Act de 1945. <\/p>\n
73\u0002 Modificada por las leyes 1503 de 2011, 1548 de 2012, 1696 de 2013, 1730 de 2014, 1753 de 2015, 1811 de 2016, y 1843 de 2017. <\/p>\n
74\u0002 CSJ SC 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-01. <\/p>\n
75\u0002 Por ello, en este caso, nada obsta para del mismo modo aludir a la existencia de presunci\u00f3n de causalidad en forma concordante con Henry Mazeaud; pero no puede entenderse que se trate de presunci\u00f3n de culpa. Es decir, da lugar a presumir la existencia del nexo causal, el cual podr\u00eda quedar a la deriva con la presencia de causa extra\u00f1a. <\/p>\n
76\u0002 CSJ. Civil. Cas. 17 de abril de 1970, G.J. T. LXXXIV, p. 41; Cas. 27 de abril de 1972, G.J. T. CLXII, pp. 173-174. <\/p>\n
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SC4232-2021 (2013-00757-01)_2 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-006-2013-00757-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57254","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57254"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57254\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}