STC11240-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11240-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02732-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Anay Serenela Leiva Mej\u00eda instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva a los intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b0 08-001-31-10-006-2019-00324-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque parcialmente el auto del 9 de abril de 2021 en que el Tribunal accionado resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n relativa a los inventarios y aval\u00faos correspondientes al juicio cuestionado. <\/p>\n
En sustento, adujo que ante el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla se adelanta la sucesi\u00f3n objeto de observaci\u00f3n en la que ostenta la calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante. Relat\u00f3 que los inventarios y aval\u00faos que fij\u00f3 la juez del asunto fueron apelados por el apoderado de los herederos y por quien la representa. Se\u00f1al\u00f3 que al resolver la alzada el despacho querellado incluy\u00f3 en el haber de la sociedad conyugal el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0040-116571, lo que considera desacertado dado que fue adquirido por ella antes de las nupcias mediante escritura p\u00fablica 3283 de junio 7 de 2001, mientras que el matrimonio con el causante tuvo lugar el 29 de marzo de 2008. <\/p>\n
De lo anterior deduce la lesi\u00f3n a sus prerrogativas pues considera que el citado predio comporta un bien propio que no debi\u00f3 ser incluido en la masa social y, por ende, en los inventarios del juicio liquidatorio de su exc\u00f3nyuge. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado indic\u00f3 que tom\u00f3 la decisi\u00f3n acusada conforme a las declaraciones extrajuicio obrantes en el plenario y a las manifestaciones que los apoderados de las partes expusieron en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, de lo cual coligi\u00f3 que entre el causante y la tutelante existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el \u00ab25 de septiembre de 1992 hasta el 28 de marzo de 2008\u00bb previa al matrimonio que ellos mismos contrajeron el 29 de marzo de 2008. De lo anterior consider\u00f3 que los bienes adquiridos \u00abestando vigente la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb deb\u00edan hacer \u00abparte del patrimonio universal conformado por\u00bb los exc\u00f3nyuges. <\/p>\n
En ese orden, predic\u00f3 que el predio se\u00f1alado deb\u00eda incluirse dentro de la diligencia de inventarios y aval\u00faos por haber sido adquirido por la accionante en vigencia de la \u00absociedad patrimonial\u00bb derivada de la \u00abuni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
El juzgado de primer grado hizo un relato de las actuaciones surtidas y remiti\u00f3 la copia del expediente. <\/p>\n
Marla Johana y Jenifer Zohara Sanchez Contreras solicitaron declarar la improcedencia del amparo \u00abpor haber estado ajustado a derecho la decisi\u00f3n\u00bb fustigada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la prosperidad del amparo ante la indebida apreciaci\u00f3n probatoria desplegada por el convocado y los efectos jur\u00eddicos que de ella deriv\u00f3 para el caso concreto. <\/p>\n
2. Ha sido ampliamente decantado por esta Corporaci\u00f3n que la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial, que de ella se puede derivar, comportan instituciones dis\u00edmiles con efectos jur\u00eddicos propios que apuntan, respectivamente, al campo personal y patrimonial de quienes la conforman. En efecto, para la conformaci\u00f3n de la primera, y en l\u00ednea con lo dispuesto por el legislador, ha compilado esta Sala los siguientes presupuestos: <\/p>\n
(a) comunidad de vida entre los compa\u00f1eros, quienes deciden unirse con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y desarrollar un proyecto de vida compartido (CSJ, SC, 12 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2003-01261-01); <\/p>\n
(b) singularidad, que se traduce en que los consortes no pueden establecer compromisos similares con otras personas, ‘porque si alguno de ellos, o los dos, sostienen adem\u00e1s uniones con otros sujetos o un v\u00ednculo matrimonial en el que no est\u00e9n separados de cuerpos los c\u00f3nyuges, esa circunstancia impide la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno’ (CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00162- 01); <\/p>\n
(c) permanencia, entendida como la conjunci\u00f3n de acciones y decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan inferir la decisi\u00f3n de conformar un hogar y no simplemente de sostener encuentros espor\u00e1dicos (CSJ, SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117); <\/p>\n
(d) inexistencia de impedimentos legales que hagan il\u00edcita la uni\u00f3n, como sucede, por ejemplo, con el incesto (CSJ, SC, 25 mar. 2009, rad. n.\u00b0 2002-00079-01); y <\/p>\n
(e) convivencia ininterrumpida por dos (2) a\u00f1os, que hace presumir la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (CSJ, SC268, 28 oct. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00591-01)… (SC128, 12 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00331-01). (Reiterado en SC 003-2021) <\/p>\n
De otro lado, frente a la existencia de la sociedad patrimonial, se ha se\u00f1alado que se requiere, no solamente el cumplimiento de los requisitos de la uni\u00f3n marital de hecho sino la satisfacci\u00f3n de las exigencias consagradas en el art\u00edculo art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, esto es: <\/p>\n
(\u2026) debe entenderse la doctrina probable de la Corporaci\u00f3n, que de forma lineal ha se\u00f1alado que la declaraci\u00f3n judicial de la sociedad patrimonial de hecho exige la comprobaci\u00f3n, tanto de los requisitos generales de la uni\u00f3n marital, como los especiales a que se refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene depurado: <\/p>\n
[S]on requisitos fundamentales para su estructuraci\u00f3n [de la uni\u00f3n marital de hecho], la diversidad de sexos entre los miembros de la pareja, pues se acepta como tal \u00fanicamente la conformada por un hombre y una mujer; que no sean casados entre s\u00ed, pues obviamente de estarlo quedan sujetos a las reglas del matrimonio; y que exista comunidad de vida con las caracter\u00edsticas de permanente y singular. Y para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, sobre la existencia de esta \u00faltima se tiene dicho que para su existencia se requiere la declaraci\u00f3n de la primera, sin que denominados legalmente compa\u00f1eros permanentes, que habilite declararla Judicialmente, el art\u00edculo segundo exige una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, ‘que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho’ (negrilla fuera de texto, se, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117). <\/p>\n
Tesis reiterada el 15 de noviembre de 2012 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que refiere el art\u00edculo 20 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la ‘uni\u00f3n marital de hecho’, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma, esto es, que el v\u00ednculo se haya extendido por m\u00e1s de dos a\u00f1os y, que de estar impedido legalmente uno o ambos compa\u00f1eros permanentes para contraer matrimonio, hayan disuelto sus sociedades conyugales, as\u00ed se encuentren il\u00edquidas… <\/p>\n
De tal manera que no puede predicarse la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes sin que se acredite la uni\u00f3n marital de hecho, pero establecida esta \u00faltima, no quiere decir que se produzca espont\u00e1neamente aquella, debi\u00e9ndose demostrar los dem\u00e1s elementos que le dan origen (negrilla fuera de texto, SC, rad. n.\u00b0 2008-00322-01). (SC 003-2021) (Subrayas de ahora) <\/p>\n
As\u00ed, resulta dable afirmar que los efectos econ\u00f3micos de la sociedad patrimonial tienen cabida una vez demostrada su existencia conforme a los requisitos transcritos. <\/p>\n
3. Establecido el anterior panorama y escrutada la providencia cuestionada, se observa que el Tribunal convocado resolvi\u00f3 sobre los inventarios y aval\u00faos del pleito fustigado sobre la base de que el causante y la promotora sostuvieron una uni\u00f3n marital de hecho entre el 25 de septiembre de 1992 y el 28 de marzo de 2008 de la cual, a su juicio, se conform\u00f3 la respectiva sociedad patrimonial. A esa premisa arrib\u00f3 por medio de las declaraciones extrajuicio aportadas al plenario y las intervenciones de los apoderados en el pleito, lo que, a su parecer, fue suficiente para acreditar tal evento. Ello se extrae de su considerativa que al respecto predic\u00f3: <\/p>\n
Del acervo probatorio, se desprende: <\/p>\n
Declaraci\u00f3n juramentada realizada por el causante se\u00f1or PABLO EMILIO SANCHEZ GONZALEZ, ante la Notaria Segunda de Barrancabermeja, de fecha septiembre 25 de 1995, y las se\u00f1oras ANA DOLORES BARBA IGLESIAS y VIVIANA OTALVAREZ, donde expresan que el se\u00f1or PABLO EMILIO SANCHEZ GONZALEZ convive en uni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora ANAY SERENELA LEYVA MEJIA, desde hace tres (3) a\u00f1os. <\/p>\n
En la intervenci\u00f3n de la apoderada judicial de los herederos, minuto 2:11, al pronunciarse en relaci\u00f3n con el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de la c\u00f3nyuge sup\u00e8rstite, manifest\u00f3 que entre los se\u00f1ores PABLO EMILIO SANCHEZ GONZALEZ y ANAY SERENELA LEYVA MEJIA, existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, pero a partir del a\u00f1o 1995, y no a partir del a\u00f1o 1991, como se\u00f1al\u00f3 el apoderado judicial de la c\u00f3nyuge. <\/p>\n
El apoderado judicial de la c\u00f3nyuge, en el escrito de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, reconoce que tuvo un lapsus calamis al se\u00f1alar que la uni\u00f3n marital comenz\u00f3 en el a\u00f1o 1991, cuando realmente fue en el a\u00f1o 1992. <\/p>\n
Se encuentra demostrado que los se\u00f1ores PABLO EMILIO SANCHEZ GONZALEZ y ANAY SERENELA LEYVA MEJIA, contrajeron matrimonio el d\u00eda 29 de marzo de 2008. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que los se\u00f1ores en menci\u00f3n, constituyeron una Uni\u00f3n Marital de Hecho y conformaron sociedad patrimonial, desde el 25 del mes de septiembre de 1992 hasta el 28 de marzo de 2008, al haber contra\u00eddo matrimonio el dia 29 de marzo de 2008. As\u00ed mismo, conformaron sociedad conyugal desde el 29 de marzo de 2008 hasta el 29 de enero de 2019 (fecha del fallecimiento del se\u00f1or SANCHEZ GONZALEZ). <\/p>\n
As\u00ed, queda en evidencia el yerro del Tribunal por considerar que tales probanzas eran suficientes para develar que entre los exc\u00f3nyuges existi\u00f3 una sociedad patrimonial y que en virtud de ella deb\u00edan ingresar a la universalidad de bienes los adquiridos en la presumida vigencia. Destacase que revisado el paginario, no se otea la presencia de sentencia judicial, escritura p\u00fablica o manifestaci\u00f3n expresa ante centro de conciliaci\u00f3n que de fe de tal circunstancia conforme lo dispone el art\u00edculo 2o. de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 979 de 2005, cuyo tenor literal consagra: <\/p>\n
Se presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Los compa\u00f1eros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: <\/p>\n
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica ante Notario donde d\u00e9 fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la uni\u00f3n marital de hecho y los dem\u00e1s presupuestos que se prev\u00e9n en los literales a) y b) del presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. Por manifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo. <\/p>\n
En ese orden, la decisi\u00f3n de incluir en los inventarios de la sucesi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis bienes inmuebles sobre los cuales no existe certeza de que hagan parte de la masa social, comporta una situaci\u00f3n que evidentemente lesiona el debido proceso de los intervinientes en el tr\u00e1mite. Y es que los medios suasorios apreciados por el Tribunal, bien \u00fatiles pueden ser bajo el postulado de la libertad probatoria consagrada en el canon 4\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificado por el art. 2 de la Ley 979 de 2005, en armon\u00eda con el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro del marco de un proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial; sin embargo, poco provecho prestan al tr\u00e1mite liquidatorio fustigado donde la prueba de la sociedad patrimonial predicada debe guardar conformidad con la legislaci\u00f3n rese\u00f1ada. <\/p>\n
En suma, es innegable que, dentro del marco de un proceso judicial donde la pretensi\u00f3n se enfila a declarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho y su respectiva sociedad patrimonial, impera el principio de la libertad probatoria mediante el cual los hechos constitutivos de tales figuras pueden ser acreditados con cualquiera de los medios probatorios dispuestos tanto por la ley sustancial como la procesal en comento; sin embargo, no ocurre lo mismo cuando en otros litigios, distintos a los citados, se pretende hacer surtir los efectos jur\u00eddicos de tales instituciones, pues en estos casos, su acreditaci\u00f3n se produce con la forma dise\u00f1ada por el legislador, esto es, a trav\u00e9s de sentencia judicial, escritura p\u00fablica o la correspondiente acta de conciliaci\u00f3n, como se dej\u00f3 dicho en precedencia. <\/p>\n
De otro lado, f\u00edjese que el proceso cuestionado ostenta naturaleza liquidatoria y no se avizora del paginario que all\u00ed se planteara alguna pretensi\u00f3n de orden declarativo, o similar, en relaci\u00f3n con la alegada convivencia previa de los contrayentes, por lo que se colige que tales situaciones se encontraban fuera de la \u00f3rbita del Tribunal, pues si bien el art\u00edculo 23 del estatuto adjetivo lo permite para algunos casos, tal suceso no acaeci\u00f3 en el sub lite y por ello al convocado le estaba vedada la apreciaci\u00f3n de medios de prueba, distintos a los dispuestos por el legislador, a fin de otorgar efectos a la predicada uni\u00f3n marital de hecho y su correspondiente sociedad patrimonial. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, para que el Tribunal pudiera deducir la existencia de las instituciones mencionadas con el prop\u00f3sito de determinar el haber social, deb\u00eda sujetarse a lo dispuesto por la ley respecto de los instrumentos por medio de los cuales se pueden tener por existentes tales figuras. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, si lo que pretend\u00edan las partes y sus apoderados era perseguir los efectos patrimoniales derivados de la alegada convivencia previa a las nupcias, bien pudieron acudir a los procedimientos contemplados en la Ley sin que pueda concebirse el proceso cuestionado y mucho menos el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de auto, como la senda apropiada para la consecuci\u00f3n de tales objetivos. <\/p>\n
5. Finalmente, valga indicar que el precedente de esta Corporaci\u00f3n que fue invocado por la autoridad querellada (STC7194-2018) para soportar la decisi\u00f3n criticada, no guarda conformidad con los contornos f\u00e1cticos del sub lite, como quiera que en esa ocasi\u00f3n se cavil\u00f3 sobre el termino de prescripci\u00f3n para acudir ante la jurisdicci\u00f3n a reclamar la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial en aquellos casos en que se constata la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho legalmente declarada y el subsiguiente matrimonio entre los mismos consortes, situaci\u00f3n que evidentemente dista de lo acaecido en el presente asunto. Ciertamente, basta con dirigirse a los apartes citados por el Tribunal fustigado para evidenciar tal circunstancia y desdibujar cualquier sombra de contradicci\u00f3n frente al precedente referido. <\/p>\n
6. En definitiva, ante el apartamiento del Tribunal respecto de las normas que regulaban el caso concreto y su indebida apreciaci\u00f3n sobre el material suasorio aportado, se impone la concesi\u00f3n del auxilio para que se resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que fij\u00f3 los inventarios y aval\u00faos del liquidatorio censurado, pero con observancia de las exposiciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Anay Serenela Leiva Mej\u00eda. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 9 de abril de 2021, a trav\u00e9s del cual el Despacho accionado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revoc\u00f3 el auto que determin\u00f3 los inventarios y aval\u00faos en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b0 08-001-31-10-006-2019-00324-01, para que, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva la impugnaci\u00f3n con observancia de las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes de este tr\u00e1mite por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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