STC11276-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11276-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00836-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 6 de mayo de 2021 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que William P\u00e1ez Trigos le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 se le conceda el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Del compendio factual adosado se extrae que P\u00e1ez Trigos se halla privado de la libertad por acumulaci\u00f3n de penas (480 meses de prisi\u00f3n) tras ser hallado responsable de los punibles de extorsi\u00f3n agravada y de homicidio en concurso; que la vigilancia de la condena correspondi\u00f3 al Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, donde inst\u00f3 la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, sustentada en que cumpli\u00f3 m\u00e1s de la mitad de la pena por lo que en su sentir cumpl\u00eda los presupuestos del art\u00edculo 38 G de la Ley 599 de 2000; no obstante, fue negada (23 sep. 2020), decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el ad quem (15 mar. 2021). <\/p>\n
El actor acus\u00f3 a los funcionarios encartados de incurrir en v\u00eda de hecho, dado que cumpli\u00f3 los presupuestos se\u00f1alados por la norma arriba citada. <\/p>\n
2. La Magistratura acusada se\u00f1al\u00f3 que confirm\u00f3 el interlocutorio del juez que vigila la pena en raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n legal consignada en el art\u00edculo 38 G del C\u00f3digo Penal (\u2026). El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas defendi\u00f3 su prove\u00eddo ya que se emiti\u00f3 con apego a la ley. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir que en virtud de la prohibici\u00f3n legal para el delito de extorsi\u00f3n por el cual fue condenado el demandante, no era dable acceder a su pedimento y que lo que se pretende \u00abes revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes (\u2026). <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor apoyado en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle prisi\u00f3n domiciliaria, en reemplazo del tratamiento intramural, no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Pues bien, revisado el interlocutorio del Tribunal de Villavicencio (15 mar. 2021), \u00e9ste se edific\u00f3 en la pauta 38G de la Ley 599 de 2000, adicionada por el art\u00edculo 28 de la Ley 1709 de 2014, que regula la reclusi\u00f3n domiciliaria, as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 28. Adici\u00f3nese un art\u00edculo 38G a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor: <\/p>\n
Art\u00edculo 38G. La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del art\u00edculo 38B del presente c\u00f3digo, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparici\u00f3n forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de menores; uso de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos; tr\u00e1fico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales; extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas con fines terroristas; financiaci\u00f3n del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administraci\u00f3n de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en el art\u00edculo 375 y el inciso 2o del art\u00edculo 376 del presente c\u00f3digo. (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Luego explic\u00f3, que si bien el promotor hab\u00eda purgado doscientos cuarenta y nueve (249) meses y veinticinco punto cinco (25.5) d\u00edas de prisi\u00f3n, lo que efectivamente es m\u00e1s de la mitad de los cuatrocientos ochenta (480) meses que suman la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, por la naturaleza de uno de los delitos perpetrados, esto es, el de extorsi\u00f3n agravada en el grado de tentativa, hac\u00eda inviable la concesi\u00f3n de tal beneficio, por ello adujo que: <\/p>\n
(\u2026) resulta inane analizar el cumplimiento de los dem\u00e1s presupuestos legalmente establecidos, toda vez que por expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 28 de la Ley 1709 del 2014, no se permite su concesi\u00f3n cuando la condena se impone, entre otros, por el delito de extorsi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, debe se\u00f1alar la Sala que en este evento al sentenciado le fue fijada la sanci\u00f3n punitiva en raz\u00f3n a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, sin que tenga relevancia cual fue el delito base que se tuvo en cuenta para redosificar la sanci\u00f3n privativa de la libertad, pues como lo estableci\u00f3 el Juzgado encargado de resolver tal pretensi\u00f3n, la pena definitiva a cumplir ser\u00eda de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisi\u00f3n, por los deferentes delitos por los que fue condenado, esto es \u201chomicidio agravado en concurso y extorsi\u00f3n en grado de tentativa\u201d, pues se reitera uno de los delitos es la extorsi\u00f3n que impide la concesi\u00f3n del beneficio requerido (\u2026).(resalta la Sala). <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) en expl\u00edcita r\u00e9plica a otro de los planteamientos del recurrente en el que indic\u00f3 que en el auto impugnado, el a quo hizo alusi\u00f3n a una decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en espec\u00edfico, SP1207-2017 Radicado 45900 del primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la cual, en su sentir, contrario a lo aludido es aplicable al caso concreto la Corporaci\u00f3n debe precisar al abogado defensor, que no es posible hacer un an\u00e1lisis ligero y desprevenido de dicho pronunciamiento para adecuarlo al caso concreto, pues en esa oportunidad la Corte concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria del art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal, b\u00e1sicamente bajo el argumento de que, en su momento, el Juez de Conocimiento no le era \u201cdable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el art\u00edculo 68A del mismo estatuto, sino que deber\u00e1 ce\u00f1irse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma\u201d, y para ese caso se trataba de delitos de conservaci\u00f3n y financiaci\u00f3n de plantaciones, y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, descritos en los art\u00edculos 375, inciso 2, y 376, inciso 2, del C\u00f3digo Penal, conductas que no fueron excluidas por el art\u00edculo 38G. <\/p>\n
Situaci\u00f3n totalmente diferente a la considerada en esta oportunidad, dado que la negativa no se fundamenta en que el reato se encuentre enlistado dentro de las conductas punibles del inciso segundo del art\u00edculo 68 A de la Ley 599 del 2000, sino en los consagrados expresamente en el art\u00edculo 38G del mismo estatuto penal, el cual, se itera ahora, s\u00ed contempla la conducta por la que fue condenado William P\u00e1ez Trigos, esto es, extorsi\u00f3n, por lo tanto excluida de su concesi\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas el otorgamiento del subrogado no pod\u00eda tener \u00e9xito porque, si bien cumpl\u00eda uno de los presupuestos, esto es el cumplimiento intramural de m\u00e1s de la mitad del castigo, tambi\u00e9n se tuvo en cuenta que el delito de extorsi\u00f3n, por expresa prohibici\u00f3n legal, estaba incorporado en las exclusiones descritas en la norma. <\/p>\n
En un asunto que guarda simetr\u00eda con lo aqu\u00ed ventilado, tiene asentado la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
(\u2026) el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 38 G y 79 de la Ley 599 de 2000, neg\u00f3 el permiso administrativo de hasta 72 horas y el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria demandado, tras concluir que la conducta por la que fue condenado (\u2026), extorsi\u00f3n agravada, se encuentra excluida de beneficios y subrogados por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en sentencias C-073 de 2010 la Corte Constitucional declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, conforme con el cual se excluyen beneficios y subrogados cuando se trate de delitos como la extorsi\u00f3n, conducta punible atribuida a la condenada. <\/p>\n
En ese orden, hizo propias las consideraciones del legislador al referir que la extorsi\u00f3n afecta ostensiblemente a la sociedad y, por ello, debe sancionarse de manera ejemplarizante. <\/p>\n
De ah\u00ed que, los motivos expuestos por el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas de Ibagu\u00e9 para negar las peticiones de la demandante no sean constitutivos de v\u00eda de hecho. Son, por el contrario, razonables, fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia, cuyo contraste con el caso concreto solamente permite al juez constitucional arribar a la misma conclusi\u00f3n. (CSJ STP Radicaci\u00f3n n\u00b0 109932, 14 abr. 2020) <\/p>\n
Y en otra determinaci\u00f3n en la que se pidi\u00f3 la misma prerrogativa se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de tutela, sobre un caso con tintes similares al presente, indic\u00f3 sobre la aplicaci\u00f3n de todas las normas de la ley 1709 de 2014 en relaci\u00f3n [con] la prisi\u00f3n domiciliaria, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cA su vez, de cara a los argumentos relativos a la inaplicaci\u00f3n de la Ley 1709 de 2014, nota esta Sala que el actor pretende verse beneficiado del instituto consagrado en el canon 38G del C.P. (ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en el lugar de residencia), creado a partir del art\u00edculo 4\u00b0 de la aludida norma, pero no acepta las restricciones que esa misma disposici\u00f3n estipul\u00f3 de manera general, modificatorias del precepto 38 ejusdem; propuesta que no se ofrece adecuada de cara a la aplicaci\u00f3n integral y sistem\u00e1tica de la ley.(STP6068-2020 Rad. No. 733\/110692) <\/p>\n
De manera que para situaciones como las que aqu\u00ed se examina, los requisitos que condicionan el otorgamiento de los sustitutos no pueden ser estimados aisladamente, sino interpretados sistem\u00e1ticamente dado que todos configuran una unidad. Las normas que regulan la domiciliaria pretendida por el condenado exigen un estudio integral de cara a los presupuestos del 38 G y 38 del C.P., de tal forma que, si no se cumplen alguno de ellos, la prisi\u00f3n domiciliaria no procede (CSJ STP7584-2021, 8 jun.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios. <\/p>\n
(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada en STC4613-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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