STC11277-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11277-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02812-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Parque Residencial Plaza de las Am\u00e9ricas Etapa 1 Fases 1 y 2 contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y, el Ministerio del Interior y de la Justicia, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio concursal a que alude el escrito inaugural. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante a trav\u00e9s de su administradora y representante legal, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, al debido proceso y a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con la mora judicial en desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n del se\u00f1or Gerardo Minotta Valentierra, en el que obra como acreedor, radicado bajo el consecutivo No. 2014-00101-00. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que en t\u00e9rmino perentorio i) \u00abresponda la petici\u00f3n radicada el 22 de abril de 2021 y se avoque conocimiento del caso, para el darle estudio y celeridad que amerita, al proceso [mencionado]\u00bb; y, ii) \u00abse\u00f1ale las razones del por qu\u00e9 se sigui\u00f3 dando tr\u00e1mite a un proceso de reorganizaci\u00f3n que no cumple con las tarifas establecidas en la (\u2026) Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Y de conformidad a lo indicado en el escrito de subsanaci\u00f3n, aun cuando no insta ninguna pretensi\u00f3n concreta frente al Consejo Superior de Judicatura, de las manifestaciones all\u00ed efectuadas se extrae, que lo solicitado es que ordene a tal autoridad, iii) manifestarse de fondo acerca de la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, referente a la mora en el desarrollo del juicio de reorganizaci\u00f3n memorado. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, que desde el a\u00f1o 2014 el se\u00f1or Minotta Valentierra adelant\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n, el cual correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1; que en el a\u00f1o 2015, el asunto fue trasladado al hom\u00f3logo Cincuenta y Uno, y sin que \u00e9ste realizara \u00abninguna actuaci\u00f3n importante\u00bb, lo restituy\u00f3 a la oficina judicial originaria, autoridad que nuevamente lo devolvi\u00f3, \u00absustentado en las medidas de descongesti\u00f3n y acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que no han servido para nada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y ante la inercia del pleito, en el 30 de abril de 2018 present\u00f3 una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura, \u00abcon el objeto de que investigara el mal manejo que hab\u00eda tenido el tr\u00e1mite\u00bb, asunto archivado luego que se determinara que ninguna actuaci\u00f3n pod\u00eda reproch\u00e1rsele a los Despachos judiciales involucrados. <\/p>\n
Indica que ya en el a\u00f1o 2019, el litigio fue trasladado al Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de esta urbe, sin que ninguna providencia fuera emitida, motivo por el cual, el 18 de julio de 2020 elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante el Consejo Superior, con el fin de que se asignara un nuevo Despacho para el tr\u00e1mite del proceso, frente a lo que se le inform\u00f3, que \u00abse hab\u00eda registrado la solicitud (\u2026) a trav\u00e9s del Sistema de Gesti\u00f3n de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales SIGOBius, con el c\u00f3digo EXPCSJ20-4327\u00bb. <\/p>\n
Comenta que el 9 de septiembre siguiente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio profiri\u00f3 auto corriendo traslado de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de acreencias y derechos de voto, pero a paso seguido envi\u00f3 el asunto al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito debido a la terminaci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n por las que fue creado, autoridad ante la cual el 22 de abril del a\u00f1o em curso elev\u00f3 una petici\u00f3n con el fin de exigir que se impartiera celeridad al tr\u00e1mite procesal, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n excepcional de la referencia se hubiera brindado respuesta alguna, o impulsado la contienda, motivo por el que acude a la presente v\u00eda, por no contar con otro mecanismo judicial de defensa. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 19 de agosto hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Interior, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la entidad a la que representa por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que ninguna injerencia tiene en los hechos y pretensiones narrados por la gestora de la salvaguarda en la demanda introductoria. <\/p>\n
b. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, aun cuando coincidi\u00f3 tambi\u00e9n en solicitar su desvinculaci\u00f3n por los mismos motivos expresados por la Cartera Ministerial referenciada en el literal anterior, adujo que debido a los planteamientos del censor, decidi\u00f3 remitir copia del traslado recibido, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, Sala Disciplinaria. <\/p>\n
c. A su turno, la titular del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que desde el \u00aba\u00f1o 2015 el proceso fue remitido al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en cumplimiento de las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que reg\u00edan para ese momento. Es por esta raz\u00f3n que es[e] Despacho no es el competente para pronunciarse acerca de los inconformismos exteriorizados por la tutelante, ya que las actuaciones y omisiones cuestionadas son de responsabilidad del Juzgado Cincuenta y Uno en menci\u00f3n por ser quien tiene bajo su custodia y cuidado el tr\u00e1mite del expediente aducido\u00bb. <\/p>\n
d. De otro lado, la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 adujo en lo fundamental, que de acuerdo con el informe rendido por la Secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n, \u00abuna vez revisadas las bases de datos de Registro de Correspondencia Externa, Sigobius, Correos Electr\u00f3nicos y los archivos pertinentes, no se encontr\u00f3 radicado en esta Secretar\u00eda escrito por los se\u00f1ores LUZ NELLY HERNANDEZ BETANCOURTH y GERARDO MINOTTA VALENTIERRA\u00bb, por lo que considera que \u00abque se debe denegar la acci\u00f3n de tutela respecto de este Consejo Seccional, frente al amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
e. El titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de este distrito capital, adem\u00e1s de remitir el link para el acceso al expediente base del reclamo, dijo que en esa sede se han adelantado las siguientes actuaciones: <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00ab[e]n auto del 7 de octubre de 2015, se avoc\u00f3 conocimiento y se se\u00f1al\u00f3 fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia prevista en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006; fecha que fue reprogramada en auto del 2 de agosto de 2016, conforme a la solicitud que en oportunidad elevara la apoderada de la acreedora Flor Abigail Rojas Ramo.<\/p>\n
* Posteriormente, en autos del 23 de junio de 2017, se efectu\u00f3 control de legalidad y se orden\u00f3 oficiar a los Juzgados 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Familia y se orden\u00f3 al promotor judicial rehacer la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, as\u00ed como los derechos de voto; a su vez se fij\u00f3 el 4 de agosto de 2017, para la celebraci\u00f3n de la audiencia de que trata el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006.<\/p>\n
* En auto del 2 de agosto de 2017, se orden\u00f3 oficiar nuevamente al Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Familia y se requiri\u00f3 al promotor judicial a fin de que aclarara la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, indicando que una vez se aportara la referida aclaraci\u00f3n se dar\u00eda aplicaci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 29 de la Ley 116 de 2006, modificado por el art\u00edculo 36 de la Ley 1429 de 2010.<\/p>\n
* Mediante prove\u00eddo del 29 de mayo de 2018, se requiri\u00f3 al promotor a fin de que procediera a actualizar el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos.<\/p>\n
* En auto del 9 de julio de 2018, se tuvo a Angie Dahanne Coop como sucesora procesal de la acreedora Flor Abigail Rojas Ramos, y se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a la apoderada de la referida sucesora procesal, as\u00ed como al apoderado de la Secretaria de Hacienda.<\/p>\n
* En auto del 28 de mayo de 2019, se relev\u00f3 al promotor Pedro Alexander Sabogal Olmos designado en el asunto y se design\u00f3 al deudor Gerardo Minotta Valentierra, lo anterior atendiendo que el primero no dio cumplimiento a los JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 a los requerimientos que se le hiciera por el Despacho referentes a allegar la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito.<\/p>\n
* Posteriormente, en auto del 30 de julio de 2019 se orden\u00f3 el env\u00edo del expediente al Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, conforme a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del Acuerdo PCSJA-19-11335 del 12 de julio de 2019 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hizo \u00e9nfasis en que el mentado asunto fue devuelto a esa sede judicial el 12 de enero del a\u00f1o que avanza, siendo digitalizado hasta el mes de julio postrero debido a la alta carga laboral, y a la terminaci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n que ocasion\u00f3 la devoluci\u00f3n de m\u00e1s de 250 procesos; que han \u00abadoptado esfuerzos ingentes para la digitalizaci\u00f3n de expedientes y el tr\u00e1mite de estos, no obstante, se debe tener presente el c\u00famulo de trabajo activo, la existencia de procesos voluminosos para la digitalizaci\u00f3n, con el agravante que algunos de los funcionarios que han acudido a las instalaciones del Juzgado han resultado positivos para Covid-19\u00bb. <\/p>\n
Finalmente inform\u00f3, que \u00abest\u00e1 pendiente de emitir pronunciamiento frente al derecho de petici\u00f3n que radicara la administradora y representante legal del Conjunto Parque Residencial Plaza De Las Am\u00e9ricas Epata I Fases 1 y 2, advirtiendo que las solicitudes que se eleven en ejercicio del derecho constitucional de petici\u00f3n para poner en marcha el aparato jurisdiccional o solicitar el cumplimiento de etapas procesales, son improcedentes por cuanto su atenci\u00f3n por fuera de los t\u00e9rminos preestablecidos derivar\u00eda en una vulneraci\u00f3n del debido proceso, no obstante, se estudiara la solicitud de la peticionara, por lo que el expediente se ingresara el Despacho el d\u00eda 23 de agosto, a fin de que la decisi\u00f3n que se adopte en derecho sea publicada en estado m\u00e1s pr\u00f3ximo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC9715-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado que, \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. En el caso bajo estudio, el Parque Residencial Plaza de las Am\u00e9ricas Etapa 1 Fases 1 y 2 reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en \u00faltimas, que el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no haya emitido respuesta a la petici\u00f3n que le present\u00f3 el 22 de abril del presente a\u00f1o, con el prop\u00f3sito que se d\u00e9 impulso al proceso de reorganizaci\u00f3n iniciado por el se\u00f1or Minnota Valentierra, requerimiento en cuyo sustento narraron que el mismo inici\u00f3 desde el a\u00f1o 2014, sin que a la fecha se hubiera efectuado mayor pronunciamiento. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, y de conformidad con el informe allegado por la autoridad judicial criticada, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por el gestor de la salvaguarda, se refiere a temas propios del proceso especial en comento, por lo que debe ser expuesto en el marco de dicho tr\u00e1mite por medio de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento, y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 que se haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no pueden pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
5. No obstante, a partir de esta arista, y aunque la queja en comento corresponde analizarla es a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 demostrado por lo informado por el Juez enjuiciado al intervenir en este tr\u00e1mite, que el expediente fue ingresado al Despacho el pasado 24 de agosto para resolver lo pertinente, quedando as\u00ed superado lo requerido por la accionante a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en tanto que, el expediente contentivo del proceso en cuesti\u00f3n ya fue digitalizado para proseguir con su tr\u00e1mite, y ha ingresado al Despacho para proceder a su impulso, por lo que ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abel hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC0436-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, y dado que en todo caso, la paralizaci\u00f3n del comentado asunto ces\u00f3 con su ingreso al Despacho y la pr\u00f3xima decisi\u00f3n que el titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 emita en el \u00abestado m\u00e1s pr\u00f3ximo\u00bb, tal y como as\u00ed lo puso aqu\u00ed de presente, la Sala estima que la tardanza presentada para finiquitar lo solicitado, obedeci\u00f3 a varias situaciones de car\u00e1cter administrativo y laboral, como son la terminaci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n, que ocasion\u00f3 la devoluci\u00f3n de m\u00e1s de 250 procesos, entre ellos, el aqu\u00ed cuestionado, sumado a las vicisitudes por las que atraviesan los despachos judiciales del pa\u00eds en general debido a la emergencia sanitaria que en la actualidad nos aqueja, situaciones no atribuibles exclusivamente a la desidia o desinter\u00e9s de la autoridad accionada lo que, entonces, descarta la posibilidad de intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues, como ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1; de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC438-2021). <\/p>\n
7. Ahora, frente a las quejas enrostradas al Consejo Superior de la Judicatura debe decirse, que en efecto, tal y como dicha autoridad lo puso de presente en el informe allegado a las presentes diligencias, cualquier actuaci\u00f3n de tipo disciplinario que se pretenda entablar frente a las autoridades que han conocido del proceso de reorganizaci\u00f3n reprochado, corresponde ser conocida y adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 \u2013Sala disciplinaria, quien inform\u00f3 que a la fecha ninguna petici\u00f3n o queja se ha presentado ante sus dependencias por parte de la parte aqu\u00ed interesada, por lo que de considerarlo pertinente, le corresponde entonces al Parque Residencial Plaza de las Am\u00e9ricas Etapa 1 Fases 1 y 2 acudir directamente ante las respectivas autoridades para promover las acciones a que hubiere lugar, naturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven, pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9513-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone desestimar la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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