STC11279-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11279-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01475-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Pedro Mauricio Daza frente a la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, el Instituto de Desarrollo Urbano, Transmilenio S.A., la Caja de Vivienda Popular, el Departamento de Espacio P\u00fablico y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, extensiva a los intervinientes en el reivindicatorio con radicado n\u00b0 2005-00502-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas i). \u00abanalizar\u00bb sus alegadas condiciones de vulnerabilidad respecto de los procedimientos y tr\u00e1mites que han conocido, ii). realizar una \u00abpropuesta digna de expropiaci\u00f3n\u00bb, iii). actualizar el aval\u00fao de su predio y, iv). \u00abofrecer\u00bb apoyo econ\u00f3mico para obtener una \u00abvivienda digna\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que en virtud de la sucesi\u00f3n tramitada en el Juzgado 13 de Familia de Bogot\u00e1 le fue adjucada (19 feb. 2007) la titularidad del dominio del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50S-93159, cuya edificaci\u00f3n fue demolida en el a\u00f1o 1999 para la realizaci\u00f3n de obras de \u00abTransmilenio Troncal Caracas\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que demand\u00f3 la reivindicaci\u00f3n de su predio ante el juzgado querellado quien fall\u00f3 en contra de sus intereses (31 mar. 2011) al igual que lo hizo el respectivo superior funcional (19 ene. 2012), de lo que deriv\u00f3 un embargo (6 dic. 2016) en su contra y sobre el citado fundo con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n continuada que el demandado adelant\u00f3 a fin de obtener el pago de las costas procesales fijadas en ese juicio. Se duele del valor de dicho rubro al que fue condenado. <\/p>\n
Critic\u00f3 que se le endilgue el pago de impuestos sobre el referido predio a pesar de que su uso es p\u00fablico por las obras que all\u00ed adelant\u00f3 el Distrito. Tambi\u00e9n censur\u00f3 el aval\u00fao actual del terreno. Se\u00f1al\u00f3 que padece dificultades econ\u00f3micas para garantizar la vivienda digna de su familia por lo que reprocha el no contar con un subsidio relativo a tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado encartado se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos fallos no favorables a sus pretensiones se emitieron desde el a\u00f1o 2013 y en la etapa de ejecuci\u00f3n el ahora reclamante se notific\u00f3 personalmente del mandamiento de pago sin proponer excepciones, por lo que se profiri\u00f3 auto ordenando seguir la ejecuci\u00f3n, que tampoco fue recurrido\u00bb. <\/p>\n
Departamento Administrativo de la Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa fincado en que \u00abno tiene competencia alguna en los hechos descritos en la tutela\u00bb. Recalc\u00f3 la \u00abinexistencia\u00bb de perjuicio irremediable. <\/p>\n
El Director General de la Caja de la Vivienda Popular tambi\u00e9n predic\u00f3 la falta de soporte de su vinculaci\u00f3n al sumario. Se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan sus bases de datos, el actor no \u00abhace parte de los programas misionales liderados por estas dependencias\u00bb. <\/p>\n
El Instituto de Desarrollo Urbano se\u00f1al\u00f3 que \u00abel pasado 16 de julio de 2021, fue atendido el accionante y su apoderada defensora publica en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano donde funciona la Direcci\u00f3n T\u00e9cnica de Predios, en dicha reuni\u00f3n se recibieron las inquietudes del se\u00f1or Pedro Mauricio Daza respecto de la adquisici\u00f3n del predio y en donde se le manifest\u00f3 que se adelantar\u00e1n las actuaciones tendientes para aclarar y formalizar la titularidad del predio\u00bb. En ese orden, pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital manifest\u00f3 que \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la accionante\u00bb . Agreg\u00f3 que una vez revisadas sus bases de datos \u00abno se encontraron radicaci\u00f3n de tr\u00e1mites a nombre\u00bb del promotor. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo \u00abpor falta del requisito de la subsidiariedad, visto que el accionante no prob\u00f3 haber agotado los medios de defensa judicial previstos en la ley para invocar los argumentos que aqu\u00ed expone\u00bb. <\/p>\n
4. El recurrente reiter\u00f3 sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado por falta de inmediatez y subsidiariedad como se pasa a exponer. <\/p>\n
2. En efecto, en lo que respecta a las censuras contra el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pronto se advierte que las providencias criticadas, contentivas de las costas que se acusan y con base en las cuales se inci\u00f3 la respectiva ejecuci\u00f3n, datan de los a\u00f1os 2011 al 2016, de lo que emerge con facilidad que desde esa \u00e9poca hasta la interposici\u00f3n del amparo (15 jul. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio frente a ese particular se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
Con todo, si se superara la falta de inmediatez, con base en la alegada permanencia y actualidad del perjuicio, tambi\u00e9n se hace ostensible el tropiezo del resguardo como quiera que del paginario, del informe de la autoridad accionada y de la consulta del expediente en la base de datos p\u00fablica de consulta de procesos de la Rama Judicial, se colige que el gestor no impugn\u00f3, y en algunos casos no lo hizo oportunamente, las decisiones de las que ahora se duele, de lo que emerge su incuria frente a la posibilidad que tuvo de reprochar las determinaciones que por esta senda cuestiona y el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
De otro lado, no resulta de recibo el argumento del gestor referente a su desconocimiento de la Ley y las actuaciones reprochadas, dado que del mismo escrito de tutela y de la revisi\u00f3n del expediente cuestionado, se observa que conoc\u00eda de la existencia del proceso hasta el punto que durante la disputa cont\u00f3 con apoderado de confianza, de lo que se infiere la inobservancia del deber de vigilancia del proceso, sobre el que en otras ocasiones se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) la excusa de la compa\u00f1\u00eda accionante consistente en que no se enter\u00f3 de la resoluci\u00f3n censurada ni \u00abesperaba que el despacho vulnerara de esta forma el debido proceso\u00bb en verdad pone de relieve un descuido injustificable al admitir que no revis\u00f3 cuidadosamente el pleito, a prop\u00f3sito de lo cual se destaca que: \u00abSobre la desatenci\u00f3n de los deberes, cargas procesales y responsabilidades al interior del proceso, en casos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abno se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos (\u2026) ni tampoco puede perderse de vista que existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (STC7071-2018, reiterado en STC 2020-00119-01, 24 jul. 2020 y STC12010-2020, 16 dic. 2020). <\/p>\n
As\u00ed, queda develada la incuria del libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar en tiempo las decisi\u00f3nes que por esta senda acusa a trav\u00e9s de los los mecanismos que el legislador le otorg\u00f3. <\/p>\n
3. En lo referente a los reproches por la falta de an\u00e1lisis de sus alegadas condiciones de vulnerabilidad, de apoyo econ\u00f3mico para expensas de vivienda digna y de actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del predio cuyo dominio ostenta, pronto se advierte de los informes de las convocadas (rendidos bajo la gravedad de juramento seg\u00fan el canon 19 del Decreto 2591 de 1991) y de los anexos del escrito de tutela, que el gestor no ha acudido primigeniamente ante las encartadas a fin de exponer las situaciones de las que deriva la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, con lo que se reitera la ausencia de subsidiariedad expuesta en precedencia y la inobservancia de la naturaleza residual de este tr\u00e1mite supra legal. <\/p>\n
4. De otra parte, se destaca del plenario el pronunciamiento del Instituto de Desarrollo Urbano quien inform\u00f3 que para la \u00e9poca en que se impetr\u00f3 el auxilio \u00abfue atendido el accionante y su apoderada defensora publica\u00bb a los que se inform\u00f3 del inicio de las gestiones tendientes a \u00abaclarar y formalizar la titularidad del predio\u00bb objeto de la inconformidad. As\u00ed, se hace patente lo presuroso de la salvaguarda como quiera que se acudi\u00f3 a ella sin esperar las resultas del escrutinio previo que se halla en tr\u00e1mite por parte la entidad accionada. <\/p>\n
5. Finalmente, a pesar de las manifestaciones de urgencia y perjuicio insalvable que acot\u00f3 el recurrente, se echa de menos la prueba de su existencia, situaci\u00f3n suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria, toda vez que \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
6. Luego, como en el sub lite se hecha de menos la inmediatez, subsidiariedad y acreditaci\u00f3n de un perjuicio insalvable, requeridos para la viabilidad del auxilio, no queda alternativa diferente a confirmar el fallo objetado por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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