STC11280-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11280-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02984-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Graciela Dur\u00e1n Romero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, a la dignidad humana, al m\u00ednimo vital y a la vida, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, con i) la mora en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de 19 de diciembre de 2018 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, adicionada el 14 de marzo de 2019, mediante la cual se conden\u00f3 a Iv\u00e1n Roberto Duque Gaviria y 273 postulados m\u00e1s, todos exintegrantes de la macro estructura del Bloque Central Bol\u00edvar -juicio en el que obr\u00f3 en calidad de v\u00edctima; y, ii) la falta de pago de la indemnizaci\u00f3n y reparaci\u00f3n administrativa a la que alega tener derecho por el homicidio de sus esposo Arturo G\u00f3mez Jim\u00e9nez y el desplazamiento que sufri\u00f3 de la Vereda San Pedro La Tigra del Municipio del Play\u00f3n, Santander. <\/p>\n
Por lo anterior, exige la accionante para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar en un t\u00e9rmino \u00abprudencial\u00bb; y, que se conmine a la UARIV, para que \u00abproceda con los tr\u00e1mites respectivos [tendientes al] (\u2026) pago de la indemnizaci\u00f3n a la que tiene derecho junto con [su] n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
2. Como cimiento de los anteriores pedimentos comenta la se\u00f1ora Dur\u00e1n Romero de manera sucinta en el escrito inicial, que el 1\u00b0 de Noviembre de 1999, su \u00abesposo ARTURO GOMEZ JIMENEZ (Q.E.P.D.) fue masacrado\u00bb, data en la cual tambi\u00e9n sufri\u00f3 el desplazamiento atr\u00e1s descrito; que aun as\u00ed, a la fecha no recibido la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb a la que tiene derecho; que por los hechos que rodearon el asesinato de su c\u00f3nyuge y otras muertes perpetradas por los integrantes del Bloque Central Bol\u00edvar, se abri\u00f3 la respectiva acci\u00f3n penal, la cual fue zanjada en primer grado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de Mayo de 2018, determinaci\u00f3n apelada por los representantes de las v\u00edctimas; que as\u00ed las cosas, dicha actuaci\u00f3n fue remitida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien a\u00fan no ha resuelto sobre el particular, \u00absituaci\u00f3n que no s\u00f3lo [la] re victimiza, sino que se [la] pone en vilo con cada d\u00eda que pasa, [y] la incertidumbre de saber si en realidad se har\u00e1 justicia en [su] caso\u00bb, motivo por el cual acude a esta v\u00eda residual, por no contar con otro mecanismo judicial que resulte efectivo para mitigar dicha falta. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de agosto de la anualidad que avanza se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
Dentro del citado radicado la Sala con ponencia del se\u00f1or Magistrado Gerson Chaverra Castro profiri\u00f3 sentencia el 3 de marzo de 2021, la cual fue allegada a Secretar\u00eda el 9 de ese mismo mes y a\u00f1o, para su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
El 8 de abril del cursante se elaboraron los oficios en consecutivo del 10322 al 10355 comunicando la determinaci\u00f3n adoptada a partes e intervinientes, entre las cuales se encuentran los delegados de la Fiscal\u00eda, la Procuradur\u00eda, los postulados, sus apoderados y los apoderados de v\u00edctimas, tanto contractuales como los adscritos a la defensor\u00eda del pueblo, luego de lo cual se procedi\u00f3 a la organizaci\u00f3n del expediente, que consta de 1005 cds, 2 memorias USB, un legajo con 39 sustituciones de poder, y dos mil quinientos veintiocho (2.528) cuadernos, para su devoluci\u00f3n al Tribunal de origen, lo que ocurri\u00f3 el 15 siguiente con oficio 11490, que fue recibido en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 20 de abril de 2021\u00bb, motivos los anteriores por los que solicit\u00f3 que la protecci\u00f3n rogada, fuera desestimada. <\/p>\n
b. Por su parte, la Magistrada Sustanciadora con Funciones de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras realizar un breve recuento de las actuaciones surtidas ante esa dependencia, pidi\u00f3 que \u00absea negada la acci\u00f3n de amparo de la referencia y se desvincule a es[e] Despacho judicial, toda vez que no se evidencia una acci\u00f3n u omisi\u00f3n que constate un actuar arbitrario por parte de es[a] Jurisdicci\u00f3n y que sea violatorio de los derechos fundamentales invocados por la demandante Graciela Dur\u00e1n Romero\u00bb. <\/p>\n
c. De otro lado, la titular del Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional adujo, que el 7 de mayo del a\u00f1o en curso avoc\u00f3 conocimiento de la ejecuci\u00f3n del fallo modificado en algunos sentidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de marzo de los corrientes, tr\u00e1mite en el que \u00abse reconoci\u00f3 como v\u00edctima indirecta a GRACIELA DURAN ROMERO y a otros miembros de su n\u00facleo familiar, de los delitos de Homicidio en persona protegida respecto de ARTURO GOMEZ JIMENEZ, p\u00e1gina 5442 y desplazamiento forzado, los cuales fueron incluidos en el hecho 640, decisi\u00f3n que no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n alguna en el fallo de segunda instancia\u00bb; tambi\u00e9n inform\u00f3, que \u00abla primera audiencia de seguimiento a las medidas de reparaci\u00f3n ordenadas en fallo parcial transicional tendr\u00e1 lugar los d\u00edas viernes y jueves 10 y 11 de diciembre de 2021, de manera virtual y se retrasmitir\u00e1 v\u00eda streaming por la p\u00e1gina de la Rama Judicial, precisando que a los apoderados de v\u00edctimas oportunamente se les informar\u00e1n los links de conexi\u00f3n, para que el universo de v\u00edctimas pueda presenciar la misma, cuyo n\u00famero a\u00fan se desconoce comoquiera que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas a\u00fan est\u00e1 caracterizando la sentencia, es decir, estableciendo cu\u00e1ntas v\u00edctimas directas e indirectas fueron incluidas, qu\u00e9 reconocimientos se le hicieron a cada una de ellas y medidas de reparaci\u00f3n, aclarando que en esa audiencia se informar\u00e1 cu\u00e1l es el esquema de pagos de las indemnizaciones, rubros con que se cuenta y en general toda la informaci\u00f3n relacionada con la cancelaci\u00f3n de las mismas. Quedo a la espera de atender cualquier otro requerimiento que sobre el particular considere necesario hacer ese Despacho\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que el descontento de la se\u00f1ora Graciela Dur\u00e1n Romero radica, en esencia, en que ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde que el asunto penal objeto de an\u00e1lisis fue remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para tramitar la alzada presentada por las v\u00edctimas contra el fallo de primer grado, sin que haya habido pronunciamiento alguno, m\u00e1xime cuando tampoco ha recibido a\u00fan la indemnizaci\u00f3n a la que tiene derecho como v\u00edctima reconocida dentro de la mentada causa. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa la Corte que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si en cuenta se tiene que antes de la interposici\u00f3n del amparo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante fallo SP651-2021 del 3 de marzo de los corrientes, zanj\u00f3 las apelaciones referidas confirmando o dispuesto frente a la aqu\u00ed interesada respecto de su reconocimiento como v\u00edctima, remitiendo a su apoderada judicial el oficio No. 10345 del 8 de abril postrero, con el fin de notificarla de lo determinado, siendo claro, entonces, la inexistencia de actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna de la convocada que deba enmendarse a trav\u00e9s de este mecanismo especial. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (STC3695-2021). <\/p>\n
4. Por otra parte, y en lo relativo al pago de la indemnizaci\u00f3n a la que la gestora del amparo afirma tener derecho en su calidad de v\u00edctima, se advierte que resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, quien inform\u00f3 a las presentes diligencias que el 7 de mayo del a\u00f1o que avanza avoc\u00f3 conocimiento de la ejecuci\u00f3n del fallo emitido por Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de marzo de los corrientes, en el que se mantuvo inc\u00f3lume el reconocimiento como v\u00edctima indirecta a Graciela Dur\u00e1n Romero, aqu\u00ed tutelante, y a otros miembros de su n\u00facleo familiar, de los delitos de Homicidio en persona protegida respecto de Arturo G\u00f3mez Jim\u00e9nez, y de desplazamiento forzado, tr\u00e1mite dentro del cual ya se se\u00f1al\u00f3 fecha para la consecuci\u00f3n de la primera audiencia de seguimiento a las medidas de reparaci\u00f3n ordenadas en fallo parcial transicional, para los d\u00edas 10 y 11 de diciembre de 2021, data para la cual la cual la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas ya debe haber terminado el proceso de caracterizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
De este modo, no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos judiciales de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC462-2021). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
5. Por tanto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se denegar\u00e1 lo pretendido por la promotora de la protecci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela que en esta sede se resuelve. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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