STC11281-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11281-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02987-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rosa Mar\u00eda Le\u00f3n Mu\u00f1oz frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en el marco del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Manuel Jos\u00e9 Chitiva Rodr\u00edguez (q.e.p.d.). <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, revocando el prove\u00eddo calendado 4 de agosto de 2021, y que como consecuencia de ello, se \u00abprofiera la providencia que en derecho corresponda\u00bb en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que en el trabajo de inventarios y aval\u00faos adicionales presentados al interior del litigio referido en l\u00edneas anteriores, se incluy\u00f3 como acreencias a su favor la suma de $6.936.000,oo que fueron cancelados por cuenta de la obligaci\u00f3n perseguida en el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, que correspondieron a \u00abun tratamiento m\u00e9dico recibido por el causante\u00bb, y adem\u00e1s, $3.200.000,oo por concepto de gastos de inhumaci\u00f3n del cujus, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, exponiendo argumentos ajenos a los planteados en el recurso de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo de Familia de Gachet\u00e1 para declarar fundada la objeci\u00f3n formulada a las citadas partidas. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la citada determinaci\u00f3n se omiti\u00f3 que, si bien esos rubros fueron excluidos en el primero de los inventarios porque \u00abfueron mal relacionados\u00bb, seg\u00fan la decisi\u00f3n adiada 27 de abril de 2020 de la citada Corporaci\u00f3n, en el adicional \u00abse cumpli\u00f3 con la exigencia de indicar que la primera correspond\u00eda a un tratamiento m\u00e9dico (\u2026) y se solicit\u00f3 que se tuviera como prueba la certificaci\u00f3n expedida. De igual manera se incluy\u00f3 la partida segunda, por tratarse de un gasto herencial, soportado con los documentos que acreditaban su pago\u00bb, circunstancia que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de agosto de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Promiscuo de Familia de Gachet\u00e1, remiti\u00f3 copia de todas las actuaciones surtidas en el marco del proceso sucesoral. <\/p>\n
b. La se\u00f1ora Yency Loreno Chitiva Le\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que coadyuva la protecci\u00f3n rogada, insistiendo en los hechos objeto de queja. <\/p>\n
c. Luis Alfonso Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez, quien adujo representar a \u00absiete (7) de los herederos Chitiva Rodr\u00edguez\u00bb, precis\u00f3 que la accionante \u00abtraslada a la administraci\u00f3n de justicia, una responsabilidad que solo estuvo en cabeza de ella y del abogado que para aquel momento la representaba, pues como ella misma lo manifiesta \u201cno se relacionaron en debida forma\u201d, y el yerro no puede conllevar volver a revivir lo decidido; pues el no hacerla las cosas en derecho, es un hecho no atribuible a los operadores judiciales que emitieron las decisiones correspondientes, con fundamento en lo solicitado y probado\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura de la se\u00f1ora Le\u00f3n Mu\u00f1oz est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el pasado 4 de agosto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que resolvi\u00f3 \u00abMODIFICAR\u00bb lo decidido el 28 de octubre de 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Gachet\u00e1, en el sentido de \u00ab[d]eclarar fundadas las objeciones presentadas a las partidas primera y segunda del pasivo del inventario y aval\u00fao adicional presentado el 4 de agosto de 2020\u00bb, dentro del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Manuel Jos\u00e9 Chitiva Rodr\u00edguez, pues seg\u00fan su criterio, existe causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Tribunal Superior de Cundinamarca, para en \u00faltimas, declarar fundada la objeci\u00f3n formulada a las dos primeras partidas del trabajo de inventarios y aval\u00faos que se present\u00f3 en el decurso criticado, precis\u00f3 que la aqu\u00ed inconforme y otros herederos, con antelaci\u00f3n ya hab\u00edan denunciado las citadas partidas relacionadas con pagos por servicios funerarios y el tratamiento m\u00e9dico suministrado al se\u00f1or Chitiva Rodr\u00edguez, las que en aqu\u00e9lla oportunidad fueron excluidas, tras considerar en sede de apelaci\u00f3n, que \u00ab\u201cla primera partida por la suma de $6\u2019936.000.oo a favor de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, porque cancel\u00f3 la deuda quirografaria de la sociedad conyugal cobrada en el proceso No. 2015-999, contenida en letra de cambio que se alleg\u00f3 para soportarla, como se encontr\u00f3 suscrita por la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite luego de disuelta la sociedad conyugal y la se\u00f1alaba deudora de Miguel Arturo Monroy, se concluy\u00f3 que era una obligaci\u00f3n propia de ella y no social, razonamiento l\u00f3gico que atiende la regulaci\u00f3n legal y debe mantenerse. <\/p>\n
Pues ocurre que s\u00f3lo en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n es que se informa que los dineros adeudados y en ella representados, corresponden a un tratamiento m\u00e9dico recibido por el causante; y es hasta la formulaci\u00f3n de la alzada, 3 de julio de 2019, que se alleg\u00f3 una certificaci\u00f3n proveniente del m\u00e9dico acreedor dando cuenta di dicho origen; y lo cierto es que esa argumentaci\u00f3n y documento de prueba no puede ser ac\u00e1 valorado pues no se alleg\u00f3 oportunamente, no se surti\u00f3 su solicitud y decreto ni se gener\u00f3 una ocasi\u00f3n de contradicci\u00f3n para los dem\u00e1s interesados, lo que conlleva, so pena de la nulidad consagrada en el art\u00edculo 29 de la C.P., la exclusi\u00f3n de la prueba y con ello que su objeci\u00f3n no fuese desvirtuada.\u201d <\/p>\n
Y que la ac\u00e1 denunciada como partida segunda del pasivo y all\u00e1 como partida cuarta que: \u201cPor \u00faltimo, se denunci\u00f3 como pasivo social la suma de $2\u2019000.000.oo, gastos f\u00fanebres de las exequias del causante que se afirma cubri\u00f3 la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y que se excluy\u00f3 porque, aunque ser\u00eda su cubrimiento un gasto herencial, requer\u00eda la acreditaci\u00f3n de su pago, nada se discuti\u00f3 por el apelante de esa exclusi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa puso de presente, que \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de seguridad procesal, la ley no permite que el juez pueda modificar sus decisiones, cuando ello no deriva de la declaratoria de nulidad o es el resultado del ejercicio oportuno de los recursos judiciales ya horizontales o verticales. (\u2026) Car\u00e1cter vinculante de las decisiones que no solo se predica de las sentencias, sino en general de las providencias judiciales que cobran ejecutoria; (\u2026) Por ello, se establen mecanismos extremos o de \u00faltima ratio para corregir los errores que conducen al desconocimiento del mencionado principio, cuando no se pudieron subsanar a trav\u00e9s de otros mecanismos procesales; as\u00ed el numeral segundo del art\u00edculo 133 del C.G.P. consagra la causal de nulidad consistente en la actuaci\u00f3n del juez que procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite la instancia\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, luego de recordar que el proceso judicial es un conjunto de actuaciones preclusivas que no permite reabrir el debate respecto de las tem\u00e1ticas ya zanjadas delanteramente, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el caso la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y algunos de los herederos, que hab\u00edan sido vencidos en su prop\u00f3sito de hacer valer en el tr\u00e1mite liquidatorio sus dos denunciados pasivos sociales, volvieron a traer en una nueva relaci\u00f3n de inventario y avalu\u00f3 adicional, las dos partidas del pasivo cuya inclusi\u00f3n que otrora fuera negada por el Juzgado y confirmada por el Tribunal. <\/p>\n
Y ocurre que la inclusi\u00f3n de estas dos partidas, que es el objeto del recurso de apelaci\u00f3n, no pod\u00eda lograrse adelant\u00e1ndose un nuevo inventario y aval\u00fao adicional, pues como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 502 del C.G.P., es requisito para su gesti\u00f3n que \u201cse hubieren dejado de inventariar bienes o deudas\u201d lo que en el caso no acontece, pues respecto de las partidas que se orden\u00f3 incluir en el pasivo herencial no puede predicarse que no se hubieren inventariado, pues ya lo hab\u00edan sido en la relaci\u00f3n de pasivo adicional anterior, s\u00f3lo que en decisi\u00f3n ejecutoriada de dos instancias se dispuso su exclusi\u00f3n y ese asunto all\u00e1 definido, no pod\u00eda volverse a presentar pues se volvi\u00f3 ley del proceso que no se puedan ya hacer valer en este tr\u00e1mite sucesoral\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite reconocida), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, si bien los argumentos expuestos en el recurso vertical se dirigieron a plantear aspectos de \u00edndole probatorio para objetar las partidas, lo cierto es que ante lo acaecido en el proceso judicial, era deber del Tribunal analizar la procedencia de la objeci\u00f3n teniendo en cuenta la decisi\u00f3n que hab\u00eda proferido con antelaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, entonces, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica adecuada del art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los inventarios y aval\u00faos adicionales, y, la preclusi\u00f3n de las etapas procesales refieren, pues de admitir la postura de la inconforme, ser\u00eda tanto como desquiciar la citada figura para que los interesados hagan uso de ella indiscriminadamente, presentando tantos trabajos adicionales como ellos consideren con las mismas partidas, aun cuando en pret\u00e9rita oportunidad ya se hubiese resuelto sobre la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de los activos o pasivos que se pretenda que hagan parte de la masa sucesoral a liquidar. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. De otra parte, cabe recordar, que esta herramienta excepcional fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y no para invocar pretensiones de \u00edndole patrimonial o de contenido eminentemente econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando no se demostr\u00f3, como se dijo, un da\u00f1o irreparable; as\u00ed lo explic\u00f3 en pasada oportunidad la Corte cuando se\u00f1al\u00f3 que \u00abesta v\u00eda excepcional no es adecuada para estudiar las reclamaciones patrimoniales deprecadas por el interesado, salvo que se estructure un perjuicio irremediable, circunstancia que no se acredit\u00f3 en el sub lite\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC5513-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11281-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC11281-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02987-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rosa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57277\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}