STC11283-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11283-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01487-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Ana Cecilia Tolosa Acevedo formul\u00f3 frente a la sentencia de 28 de julio de 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que ella instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades y el auxiliar de justicia Luis Enrique Buitrago Garz\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el proceso de insolvencia de persona natural comerciante No. 68890. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 suspender cualquier enajenaci\u00f3n de activos en el proceso en comento hasta tanto se resuelvan en su respectivo orden: \u00aba) la petici\u00f3n de nulidad constitucional, b) la solicitud de remoci\u00f3n y sustituci\u00f3n del liquidador con la aprobaci\u00f3n del 78% de los acreedores, c) la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de los derechos de voto y d) la aprobaci\u00f3n de un nuevo acuerdo de reorganizaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En lo medular, indic\u00f3 que en su contra y ante la Superintendencia de Sociedades se tramita proceso de insolvencia de persona natural comerciante. Precis\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite se han desconocido sus garant\u00edas fundamentales toda vez que no se le permiti\u00f3 objetar el aval\u00fao del inmueble denominado \u00abFinca La Guitarra\u00bb (audiencia 28 abril 2021) y aunque promovi\u00f3 dos solicitudes de nulidad por tal circunstancia, las mismas no han sido decididas (12 y 17 de mayo 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que solicit\u00f3 copia de los estados financieros, pero los mismos le fueron remitidos incompletos (11 junio 2021); adem\u00e1s, peticion\u00f3 \u00abla remoci\u00f3n del liquidador por el 78% de los acreedores\u00bb, sin que hasta ahora se hubiera emitido pronunciamiento alguno. De igual forma, adujo que pidi\u00f3 copia del acta y de la audiencia realizada el 28 de abril de 2021, pero le remitieron un enlace en que solo se observa el documento requerido (24 junio 2021). Finalmente adujo que objet\u00f3 los derechos de voto, pero su memorial no aparece radicado en la baranda virtual. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la pretensi\u00f3n del acci\u00f3n de tutela la invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que en el a\u00f1o 2018 el liquidador designado vendi\u00f3 algunos de los semovientes secuestrados sin permiso de la Superintendencia de Sociedades y sin que algunos de ellos pertenecieran a la aqu\u00ed actora, circunstancia por la cual promovi\u00f3 sendas demandas contra el liquidador y la Superintendencia enjuiciada. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades adujo que no ha vulnerado garant\u00eda alguna de la solicitante. Respecto a las actuaciones surtidas en el proceso precis\u00f3 que del aval\u00fao existente corri\u00f3 traslado a la interesada entre el 11 y el 24 de febrero de 2020; sin embargo, como consta en el consecutivo 415-000034 de 10 de febrero de 2020, no hubo objeci\u00f3n y solo trascurrido un a\u00f1o despu\u00e9s la deudora censur\u00f3 el mismo. Indic\u00f3 que en la audiencia celebrada el 28 de abril de 2021 resolvi\u00f3 la diversidad de solicitudes elevadas por el apoderado de la deudora las cuales torpedearon el impulso del proceso. <\/p>\n
Inform\u00f3 que la actuaci\u00f3n pendiente dentro del proceso mencionado es la aprobaci\u00f3n de los derechos de voto los cuales fueron motivo de objeci\u00f3n y se estaba surtiendo el respectivo traslado que finalizaba el 9 de julio de 2021; una vez en firme el auto que aprueba los derechos de voto se dar\u00eda tr\u00e1mite a la solicitud de remoci\u00f3n de liquidador y a la aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial a la que alude el apoderado de la deudora. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, solicit\u00f3 que se acumule el tr\u00e1mite constitucional con las acciones de tutela que en otrora oportunidad ha presentado la gestora (radicados 11001400302220180103000, 11001400302220180103000, 11001400300120190064400). <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo reclamado por encontrar que la solicitud no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la interesada no impugn\u00f3 oportunamente el aval\u00fao existente en el proceso; adem\u00e1s, hall\u00f3 que de las objeciones presentadas se surti\u00f3 el traslado de rigor, cumpli\u00e9ndose as\u00ed con las etapas previstas en la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Para tal fin adujo que fue debidamente acreditado en el plenario la imperiosa necesidad de suspender cualquier enajenaci\u00f3n de activos en el proceso en comento. Precis\u00f3 tambi\u00e9n que si bien no emiti\u00f3 pronunciamiento durante el t\u00e9rmino de traslado del aval\u00fao, lo cierto es que el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso no prev\u00e9 dicho traslado, por lo que la oposici\u00f3n que frente al mismo promovi\u00f3 en la audiencia debi\u00f3 ser atendida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente advierte la Sala que la decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 ratificada habida cuenta que la s\u00faplica elevada no cumple con todos los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela por ausencia del denominado subsidiariedad; amen que en el sub judice no fue acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Previo a proceder con el estudio del asunto, es necesario precisar que no hay lugar a acceder a la petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n elevada por la Superintendencia de Sociedades, toda vez que las acciones constitucionales a las que aludi\u00f3 dicha entidad fueron decididas en los a\u00f1os 2018 y 2019, es decir que su tr\u00e1mite ya culmin\u00f3. <\/p>\n
Ahora, circunscrita la Corte a los reparos formulados en la impugnaci\u00f3n se encuentra que la gestora insiste en la necesidad de suspender cualquier enajenaci\u00f3n de activos en el proceso de insolvencia en el que se encuentra, pues a su juicio la labor del liquidador ha sido desproporcionada; adem\u00e1s, acusa a la Superintendencia de Sociedades de haber incurrido en defecto procedimental por haber dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de General del Proceso para correr traslado del aval\u00fao obrante en el plenario sin que dicha norma sea la aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con los cuestionamientos elevados por la funci\u00f3n desempe\u00f1ada por el liquidador, se hall\u00f3 que para la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, no se hab\u00eda decidido la solicitud de remoci\u00f3n presentada contra \u00e9l, lo cual sucedi\u00f3 en raz\u00f3n a que se estaba corriendo traslado de las objeciones instauradas frente a los derechos de voto. La circunstancia descrita permite colegir que sobre este \u00edtem el ruego resulta prematuro, habida cuenta que es ante el Juez natural donde primigeniamente deben presentarse las quejas que se tengan frente a la labor realizada por el auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, la Sala ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate, <\/p>\n
\u2018Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2019\u00bb (CSJ STC6908-2020 citada en STC8626-2020, CSJ STC12050-2020 entre otras). <\/p>\n
Asimismo, tampoco se podr\u00eda proceder de forma transitoria para evitar un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, porque no se observ\u00f3 de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria el acaecimiento de un menoscabo de tal magnitud, es decir, actual, inminente y serio que determine la necesidad de otorgar el auxilio en esas condiciones, pues aunque la gestora aludi\u00f3 a da\u00f1os patrimoniales, su decir no fue acreditado. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que por las faltas alegadas por la gestora, seg\u00fan lo aducido en el libelo genitor, ella ya instaur\u00f3 sendas demandas ante la jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, por lo que all\u00ed puede solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes. <\/p>\n
De otro lado, en lo que tiene que ver con el traslado del aval\u00fao, se encuentra acreditado en el expediente que cuando dicha actuaci\u00f3n se surti\u00f3, esto es en febrero de 2020, la actora guard\u00f3 silente conducta, de forma tal que no puede, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s, venir a cuestionar dicho tr\u00e1mite a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional, toda vez que era en dicha oportunidad que pod\u00eda exponer sus argumentos de disenso frente a la actuaci\u00f3n surtida. En otras palabras, la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como mecanismo para subsanar la incuria en la incurri\u00f3 la aqu\u00ed solicitante toda vez que este mecanismo es \u00abeminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad\u00bb (CSJ STC3761-2018, reiterado en CSJ STC8962-2019, CSJ STC12049-2020, CSJ STC560-2021). <\/p>\n
Finalmente debe se\u00f1alarse que si la gestora tuvo problemas de acceso al enlace de la audiencia remitido por la Superintendencia de Sociedades, previo acudir al Juez Constitucional, tal circunstancia debe inform\u00e1rsele a la entidad con el fin de brindarle la oportunidad de superar percances propios del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC). Advi\u00e9rtase que hasta que dicha entidad no tenga conocimiento de la dificultad en el acceso o de la inexistencia del video en la contestaci\u00f3n remitida, no puede predicarse vulneraci\u00f3n de garant\u00eda constitucional alguna. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la ausencia del requisito de subsidiariedad y comoquiera que no fue acreditada la ocurrencia de perjuicio irremediable alguno, se ratificar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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