STC11288-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11288-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00576-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Becerra Moreno frente a la sentencia de 23 de junio de 2021 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 24 de Familia de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria No. 2020-00214-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La libelista solicit\u00f3 que se revoque la sentencia proferida por la autoridad accionada en el tr\u00e1mite en comento (23 junio 2021), para que, en su lugar, se le ordene que fije la cuota de alimentos en derecho y conforme a las necesidades de la menor beneficiaria. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujo que, en favor de su menor hija, promovi\u00f3 proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria en contra del abuelo paterno H\u00e9ctor Aguirre P\u00e1ez, asunto del cual conoci\u00f3 el Juzgado fustigado, quien fij\u00f3 cuota de alimentos provisional equivalente al 25% de lo devengado por el demandado (04 agosto de 2020); sin embargo, en la sentencia que defini\u00f3 la instancia se negaron las pretensiones (23 de junio 2021). <\/p>\n
A juicio de la gestora, el fallo desconoce el inter\u00e9s superior del menor y antepone los derechos de una persona de la tercera edad que devenga una pensi\u00f3n por valor de $1.794.279, tiene vivienda, veh\u00edculo propio y atiende la manutenci\u00f3n de otro nieto mayor de edad quien no aporta a los gastos del hogar. <\/p>\n
2. El Juzgado 24 de Familia de Bogot\u00e1 adujo que la decisi\u00f3n censurada se adopt\u00f3 a partir de una adecuada valoraci\u00f3n de los medios de prueba acopiados; se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que luego de efectuar el respectivo test de proporcionalidad entre los derechos de la menor y los del demandado no encontr\u00f3 viable fijar la cuota alimentaria solicitada, pues se pondr\u00eda en riesgo el m\u00ednimo vital y el derecho a la vida digna de los abuelos. <\/p>\n
El Defensor de Familia invoc\u00f3 la prevalencia del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y la protecci\u00f3n del derecho de alimentos, por lo que considera necesario evaluar si en el caso concreto podr\u00eda configurarse una v\u00eda de hecho seg\u00fan los presupuestos jurisprudenciales. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el resguardo tras considerar como razonable el proceder del estrado convocado. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el libelo genitor a los que agreg\u00f3 que la sede judicial desconoci\u00f3 que es madre cabeza de familia y debe asumir todos los gastos propios de su m\u00ednimo vital; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado \u00abda por hecho de que por que el padre de mi menor hijo ya tiene una cuota fijada este me la da, cuando en el caso en particular no es as\u00ed, el se\u00f1or se encuentra sin trabajo y como consta en los correos del juzgado no ha consignado la cuota desde el mes de mayo, incluso me cito a la reducci\u00f3n de la cuota de alimentos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Al confrontar los reproches puntuales de la promotora con lo sucedido en el expediente, se advierte que el desenlace opugnado debe respaldarse comoquiera que los raciocinios de la autoridad judicial accionada no lucen arbitrarios o caprichosos. <\/p>\n
Analizados en conjunto los escritos de tutela y el de alzada, se advierte que la promotora del amparo estima que para decidir el proceso de fijaci\u00f3n de cuota que instaur\u00f3 en favor de su hija, debieron prevalecer los derechos de la menor frente a los de las personas de la tercera edad, calidad que tiene el demando quien es abuelo paterno de la alimentada. <\/p>\n
Ahora, revisada la sentencia cuestionada, encuentra la Sala que el Juzgado fustigado s\u00ed expuso argumentos para negar las pretensiones de la demanda y de entrada advirti\u00f3 la tensi\u00f3n de derechos que exist\u00eda por la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional que ten\u00edan las partes. Al respecto consign\u00f3: <\/p>\n
El reproche empero no es de esa dimensi\u00f3n en la sentencia acusada porque el an\u00e1lisis del caso, empieza ponderando la presencia de derechos de rango constitucional en conflicto, consagrados en favor de quienes se consideran sujetos de especial protecci\u00f3n: los ni\u00f1os y las personas de la tercera edad. Los primeros, vulnerables por el estado de dependencia asociado a su condici\u00f3n de personas en proceso de desarrollo reconocido en el art\u00edculo 44 constitucional; las personas de edad avanzada amparados en el art\u00edculo 46 superior, tambi\u00e9n merecedoras de trato especial necesario para apaciguar las consecuencias del deterioro a su salud y calidad de vida propios del paso del tiempo, vinculadas seg\u00fan la doctrina constitucional a limitaciones f\u00edsicas y jur\u00eddicas, cuando \u201c(i) les impiden trabajar, (ii) les ocasiona restricciones originadas en las prohibiciones legales que hacen obligatorio el retiro forzoso de su trabajo al arribar a cierta edad, y en consecuencia, (iii) los inhabilita para poder proveerse sus propios gastos\u201d. (Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2013). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El alcance del principio de prevalencia de los derechos los menores de edad, transversal y ciertamente exigible en todas las actuaciones judiciales o administrativas, no conlleva, sin embargo, al desconocimiento total de otros derechos o la afectaci\u00f3n del n\u00facleo esencial de los reconocidos a las dem\u00e1s personas, en particular de quienes, por raz\u00f3n de la edad, son tambi\u00e9n sujetos de especial protecci\u00f3n; en otros t\u00e9rminos, no es un principio absoluto ni excluyente, por tanto, en su aplicaci\u00f3n, ser\u00e1 necesario ponderar las circunstancias espec\u00edficas de cada caso y determinar as\u00ed su contenido tutelar… <\/p>\n
N\u00f3tese que sobre el marco anterior el Juzgado procedi\u00f3 a efectuar el test de proporcionalidad y para tal fin contrast\u00f3 las probanzas que acreditaban las condiciones econ\u00f3micas y sociales de cada uno de los sujetos involucrados. El an\u00e1lisis se efectu\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
El test de ponderaci\u00f3n eval\u00faa 1) la necesidad de tutela jur\u00eddica a derechos con arraigo constitucional, los de MAAB a recibir alimentos por ser menor de edad y el derecho de los abuelos paternos demandados, personas de la tercera edad, a la garant\u00eda del m\u00ednimo vital; 2) Sobre la necesidad de los alimentos de MAAB, adolescente de 17 a\u00f1os, se sabe que tiene gastos mensuales aproximados a $651.300, actualmente a cargo exclusivo de la madre y accionante, porque el padre falleci\u00f3 el 21 de agosto de 2004. La progenitora, es abogada litigante con ingresos mensuales de entre $1.000.000 y $1.500.000, con lo que debe solventar, adem\u00e1s, el sostenimiento de otro hijo menor de edad, lo que hac\u00eda antes con ayuda de los abuelos maternos, actualmente se ha independizado; 3) Acerca de la capacidad del alimentante, H\u00e9ctor Aguirre P\u00e1ez abuelo paterno, se conoce su edad, persona de 70 a\u00f1os, tiene una asignaci\u00f3n de retiro de $1.794.279 y descuentos por tres cr\u00e9ditos de libranza en un monto total de $777.350. Los gastos mensuales por concepto de servicios, alimentaci\u00f3n y administraci\u00f3n de vivienda ascienden a $895.600, sin incluir gastos de salud no cubiertos por el sistema, citas m\u00e9dicas y desplazamiento. Para el mes de octubre de 2020, por ejemplo, con el descuento correspondiente a la cuota de alimentos provisional fijada en beneficio de MAAB y sin uno de los cr\u00e9ditos de libranza, demandado recibi\u00f3 la suma de $1.168.303. Los ingresos del demandado se destinan a cubrir los gastos del hogar conformado con la se\u00f1ora [MMAA] quien es ama de casa, sufre varias patolog\u00edas, tumor benigno del conducto anal y del ano, riesgo cardio vascular y neuropat\u00eda del nervio mediano en el t\u00fanel del carpo bilateral, con los abuelos reside un nieto a cuyo sostenimiento provee su progenitora. <\/p>\n
Luego, a partir del estudio se\u00f1alado advirti\u00f3 la necesidad de garantizar el m\u00ednimo vital de los dos sujetos de especial protecci\u00f3n y con ese fin estableci\u00f3 que los ingresos del demandado no tiene capacidad para soportar la obligaci\u00f3n alimentaria reclamada, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que \u00e9l tiene a su cargo a su esposa, quien es una persona de la tercera edad y tiene afectaciones de salud, mientras que el m\u00ednimo vital de la menor est\u00e1 garantizado por la progenitora. Sobre este \u00edtem precis\u00f3: <\/p>\n
En la perspectiva constitucional la evaluaci\u00f3n del Juzgado al acoger la tesis de protecci\u00f3n mayor al derecho al m\u00ednimo vital de las personas de la tercera edad, se sustenta en las siguientes razones: 1) los derechos en conflicto tienen similar nivel 8 de protecci\u00f3n; 2) la obligaci\u00f3n alimentaria de los abuelos es subsidiaria, no es id\u00e9ntica a la de los padres; 3) el hecho de no establecer alimentos para MAAB, por s\u00ed solo no genera desprotecci\u00f3n total de sus derechos porque su se\u00f1ora madre atiende sus necesidades b\u00e1sicas; 4) En cambio disminuir los ingresos o capacidad econ\u00f3mica del demandado imponi\u00e9ndole una la obligaci\u00f3n alimentaria adicional, afecta su m\u00ednimo vital y el de su esposa, quien depende de los ingresos del pensionado y sufre graves patolog\u00edas acreditadas en el proceso, 5) No es posible obviar la existencia de obligaciones patrimoniales adquiridas por el demandado, pues a su edad, situaci\u00f3n laboral y de salud, no le permiten generar ingresos adicionales cumplir con ellas, por lo que, irremediablemente cualquier incumplimiento en garant\u00eda de otros derechos, lleva a la grave afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital y dem\u00e1s derechos fundamentales personas de la tercera edad. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que contrario a lo aducido por la impugnante, en el sub judice, los derechos de la menor, en s\u00ed mismos, no pueden primar sobre los del demandado, pues como qued\u00f3 consignado en la sentencia que defini\u00f3 el asunto, en la causa exist\u00eda una tensi\u00f3n entre las garant\u00edas de dos sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, una adolescente y una persona de 70 a\u00f1os, perteneciente al grupo poblacional de la tercera edad. De ah\u00ed que el asunto se definiera a partir de los requisitos m\u00ednimos de la asistencia alimentaria que la jurisprudencia ha reconocido como \u00ab\u00abi) la necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia\u00bb, a lo que se suma, para su consecuci\u00f3n, la existencia del v\u00ednculo jur\u00eddico que lo origine (STC10750-2017)\u00bb (STC13837-2017), a partir de los cuales se pudo establecer, conforme a los medios suasorios adosados, que el demandado no tiene capacidad econ\u00f3mica para respaldar la obligaci\u00f3n que se le demanda, sin que ello afecte de forma ostensible a la menor, pues su madre sufraga su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Debe precisarse que el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el citado razonamiento, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo discurrido, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve CONFIRMAR el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC11288-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC11288-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00576-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Becerra Moreno […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}